El atardecer del 4 de julio, las puertas de la Municipalidad en Luján, sobre la calle San Martín, permanecieron cerradas. Adentro, el recinto del Concejo Deliberante vacío. Las y los concejales del Frente de Todos y de Cambiemos habían acordado sesionar por Zoom. Afuera, una movilización popular sin que nadie la escuche.

Así, después de dos sesiones frustradas por la irrupción de la gente en el recinto, se votó de manera virtual la habilitación para una empresa termoeléctrica de tercera generación que de hecho funciona desde 2017. Eso a pesar del rechazo de los vecinos y de que el actual intendente, Leonardo Boto (FdT), quien ahora acompaña la habilitación, había presentado un amparo en su contra.

Entre los muchos cuestionamientos por las implicancias en el medio ambiente, el principal es que la central fue instalada en una zona rural, a 300 metros de una escuela y a 700 de otra. Desde la empresa sostienen que están en regla, que cumplen con las normativas locales, provinciales y nacionales y que el estudio de impacto ambiental los respalda.

La central se instaló en la intersección de las rutas 6 y 34, en el 2017 en el marco de la Emergencia Energética decretada por el entonces presidente Mauricio Macri y el ministro de Energía, Juan José Aranguren. En ese momento se licitaron cuatro plantas en Pilar, Zárate, San Pedro y Luján, todas fueron adjudicadas a Araucaria Energy por plazo y por precio. La de Luján funcionó, de manera intermitente, sin habilitación municipal durante cinco años. En 2018, el sucesor de Aranguren, Javier Iguacel, autorizó el ingreso de la Central Térmica Luján II de 127 megavatios para generar electricidad para el Sistema Argentino de Interconexión. Sin embargo, quedaron pendientes instancias locales y provinciales que permitían el funcionamiento de la planta. La empresa, que ahora es propiedad de MSU Energy, se instaló en medio de dos escuelas, cuando la legislación indica que debe ser en una zona industrial por los riesgos que implica. Legisladores y legisladoras del Frente de Todos y de Cambiemos la rezonificaron y habilitaron así el funcionamiento. 

Fuentes de la empresa consideran que hicieron todas las presentaciones correspondientes y que están amparados por la Ley Federal de Energía, la 15.336. Interpretan que por los artículos 6 y 11 ningún municipio puede poner condiciones restrictivas que afecten el normal funcionamiento industria de energía. “El Poder Ejecutivo nacional otorgará las concesiones y ejercerá las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional”, sostiene la norma.

Otra de las normativas que la Asamblea de Vecinos reclama es la Ordenanza 6224, sancionada en 2013, que prohíbe la radicación de industrias clasificadas como “tercera categoría”. La 6224 no es desconocida, surgió de la movilización vecinal después de que se comprobó que el 39% de las muertes de Jauregui,  la localidad vecina dónde funcionaba la Curtiembre CURTARSA, fueron por cáncer. Después de la resistencia de la comunidad, la empresa fue relocalizada. Para la gente de Araucaria esa legislación no los alcanza porque se refiere a las empresas de tercera categoría, grado 3. Y ellos son tercera categoría, grado 4. Un grado mayor, pero que no está especificado en la ordenanza.

La votación se hizo de manera virtual (algo que se consideró escandaloso por parte de los y las vecinas ya que había los motivos sanitarios impuestos por la pandemia) después de dos intentos frustrados de sesión por la presión de la gente en el recinto. Incluso, el presidente del Concejo Deliberante, el macrista Agustín Musso, denunció penalmente a cinco asambleístas, una denuncia que fue desestimada y archivada. La Asamblea de Luján por el Ambiente viene alertando sobre el riesgo ambiental y para la salud de la instalación de la termoeléctrica en ese lugar. “Lamentablemente priman los intereses de los grupos económicos y no los intereses de la comunidad. Terminamos validando este esquema en Luján, no era inevitable. En Pilar, que está a 25 kilómetros, se hizo algo absolutamente distinto. Se clausuraron las dos termoeléctricas. Ayuda que hay un fallo de la Corte Suprema de la Nación frenando el funcionamiento”, le dijo al elDiarioAR Santiago  Deschutter, uno de los integrantes del colectivo de vecinos. 

En abril de 2020, el intendente de Pilar, el dirigente del Frente de Todos Federico Achaval, y el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS) clausuraron una de las centrales instalada en ese distrito por los altos niveles de ruido. En Luján, le reclamaron una actitud similar al intendente Boto, también de la coalición gobernante, sobre todo porque durante su campaña se comprometió a sacarla. Incluso, en el año 2017 presentó un recurso de amparo para suspender las obras de construcción y actividades de generación de energía. En ese momento, el intendente era Oscar Luciani, de Cambiemos. Un año más tarde, en 2018, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría declarar como “Persona Jurídica no grata a Araucaria Energy en el partido de Luján”. 

A principios de este año, el Concejo Urbanístico Ambiental de Luján (CUA), un organismo consultivo no vinculante, emitió un dictamen de mayoría en el que rechazaron el funcionamiento de la empresa por sus consecuencias sobre la calidad del agua, el aire y el impacto del ruido. El biólogo integrante del CUA e investigador del CONICET, Juan Ignacio Tunez, explicó las consecuencias. “Hay un montón de riesgo de deterioro ambiental en una zona que es rural. Por un lado, el uso del agua subterránea y la freática ( el agua que está en la superficie). La empresa calienta el agua con gasoil para hacer funcionar las turbinas. Usa mucha agua, puede ser entre 8.000 y 80.000 litros por día porque a veces funciona cuatro horas, otras ocho. También hay un problema de contaminación del agua superficial porque no se sabe que es lo que ocurre con el agua pesada ( con altas concentraciones de sales y metales) que genera la empresa”, le dijo a este diario. 

Además, indicó que provoca contaminación en el aire porque genera óxido nitrógeno que tiene alto riesgo para la salud. “Otro problema es el ruido, los vecinos se quejan de que es mucho. También está el almacenamiento de los efluentes, de los combustibles, diesel o gasoil, no hay información de medidas de seguridad”, agregó el investigador. Durante las movilizaciones que se hicieron en contra de la instalación de la central, participaron entre otros, integrantes de la comunidad educativa por la cercanía a las escuelas, representantes del barrio privado Comarcas y también se movilizó el sindicato de cerveceros y trabajadores de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) porque consideran que el uso del agua los perjudica en la fábrica que está ubicada a pocos metros de allí. Ambas empresas utilizan el agua del Acuífero Puelche, que se extiende en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y Buenos Aires. Desde el gremio consideran que están en riesgo los más de 600 puestos laborales, en contra de una treintena que tiene la central. 

Desde la empresa señalaron que el uso del agua que realizan están dentro de los límites que estableció la Autoridad del Agua (ADA), de extraer 1.400.000 litros por día. Señalaron que consumen poca cantidad en comparación al resto de las empresas que funcionan allí. “La planta enciende menos del 10% del año, en promedio utiliza 2000 litros por hora. En términos industriales es muy poco. Un pivot de riego de plantaciones consume 100.000 litros por hora, un campo de golf 160.000, una cervera 500.000 litros por hora. En términos industriales, nuestra planta es chica”, afirmaron. También indicaron que el agua que devuelven “cumple con los parámetros y tiene los mismos minerales con los cuales fue extraído”.

Tunez, que también es vicedirector del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES), que depende de la Universidad Nacional de Luján y del CONICET, indicó que desde el organismo se ofrecieron a hacer un estudio sobre efluentes, calidad de agua, ruidos y gases y la empresa no lo aceptó. En cambio, en junio de este año, días previos a la votación, presentó un estudio de impacto ambiental hecho por la Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional que concluye que “ninguno de los contaminantes excede los niveles guía al momento de los controles”, que “los puntos monitoreados en horario diurno, descanso y nocturno los ruidos emitidos por la empresa son clasificados como ruidos no molestos para el vecindario”, y con respecto a los efluentes los valores “son característicos de un efluente tratado y se encuentran dentro de los valores límites permitidos para descarga de efluentes a conducto pluvial o agua superficial”.

La empresa, que ingresó durante el macrismo con capitales de Canadá y los fondos de inversión BlackRock, Gramercy y Fidelity, depende ahora de MSU. Después de procesos judiciales en los tribunales de Nueva York, en los que participó también Integra, la firma de José Luis Manzano, la firma se hizo cargo de las cuatro plantas.

Finalmente, en julio, después de más de cinco años de discusiones, el Concejo Deliberante aprobó la rezonificación con los votos de Eva Rey, Joaquín Martucci, Agustina Torres, Ignacio Lopollito, Gabriel Jurina, Romina Grossi del Frente de Todos y Rita Sallaberry, María de la Paz Elías, Matías Bratisevich, María Alejandra Júares, Marcela Manno y Héctor Griffini de Juntos. Los opositores Alberto Trisciuzzi  y Silvina Mendoza se abstuvieron, mientras que Susana Busso de la Coalición Cívica no participó en desacuerdo con la modalidad virtual. 

“Hay un montón de cosas que son escandalosas. Una sesión que se convoca violando los propios reglamentos. Además, hubo dos pedidos de licencia de concejales que debían ser reemplazados. En el caso de la concejala Vanina Pascualín que le dieron licencia porque asumió en otro cargo, fue reemplazada por Ignacio Lopolitolo que votaba a favor de la termoeléctrica. En el caso del otro concejal, Dardo Sonnerberg, que votaba en contra y era reemplazado por Mirta Courtade, que también iba a votar en contra, no le autorizaron la licencia. Llegamos a una sesión donde se autorizó una licencia para una concejala, pero no para otra”, afirmó Deschutter. 

Ante esta situación, la Asamblea trabaja en presentaciones judiciales para impugnar la sesión y dar marcha atrás con la rezonificación que cambió la nominación de rural a industrial para permitir el funcionamiento de la termoeléctrica en Luján. 

CDB/MG