El telón electoral argentino se levanta este domingo, con la provincia del Neuquén yendo a las urnas a elegir su próximo gobernador. Omar Gutiérrez cumplió sus ocho años al mando de la provincia y designó a Marcos Koopmann, el actual vicegobernador, como su sucesor. Su más importante rival es el diputado nacional Rolando Figueroa, quien fue vice del primer gobierno de Gutiérrez. Se trata de un enfrentamiento que lleva años al interior del histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN) y terminó en un cisma en el partido.

Jorge Sapag también fue dos veces gobernador. En 2015 eligió a Gutiérrez, quien lo sucedería al mando de la provincia, gobernada desde 1961 por el MPN. Omar Gutiérrez nació en la capital provincial en 1967, donde se recibió de contador en la Universidad Nacional del Comahue. Luego de varios cargos en el Ministerio de Gobierno y la Legislatura, fue electo concejal. Su salto vendría en 2005, cuando llegó a la presidencia del Banco Provincia del Neuquén (BPN) para después ser ministro de Economía y Obras Públicas en 2011. En la lista del sobrino del histórico Felipe Sapag, Rolando Figueroa era el candidato a vice.

Rolando “Rolo” Ceferino Figueroa nació en Andacollo en 1969, una localidad de cuatro mil personas lejos de la capital, al norte de la provincia y a las orillas de la Cordillera del Viento. Se recibió de contador en la misma universidad y se especializó en Tributación. Fue delegado de las Comisiones de Fomento del norte, electo intendente de Huinganco, después legislador provincial e intendente otra vez, pero de Chos Malal. Antes de llegar a vice, fue presidente de la Convención del MPN.

La dupla Gutiérrez-Figueroa sintetizó en una fórmula dos maneras de hacer política en la Argentina reciente. Aunque en un principio fue en convivencia, el tiempo enfrentaría sus liderazgos: uno tecnocrático de origen burócrata pero con imagen jovial; y otro territorial, rosquero, de la “vieja política” que muchos asocian con el viejo caudillismo, parte de la identidad neuquina y la del MPN, ambas imposibles de desenredar. Aunque son las dos caras de la misma moneda del partido provincial, bastó un mandato para dejar a la vista la gran herida del MPN: la falta de un liderazgo orgánico por la salida del poder del último Sapag.

Tras cuatro años presidiendo la Legislatura, en 2019 Figueroa dejó el cargo de vicegobernador, no pudiendo derrotar a Gutiérrez en la interna por la candidatura a la gobernación: perdió por 49.586 votos. Dos años más tarde, en la interna por las legislativas de 2021, Figueroa logró ganarle a la Lista Azul del sapagismo que adoptó a Gutiérrez.

Ese año Figueroa dio el batacazo y llegó a la Cámara de Diputados, desde donde armaría su estrategia para llegar a la gobernación. De todos modos, los “azules” seguían teniendo las de ganar, debido a que mantienen el control real del Movimiento. Con esa justificación, Figueroa rompió electoralmente con el MPN, evitando así tener que someterse a otra interna donde sus posibilidades de perder aumentan.

“Tanto pujé por desatar el nudo y no he podido, que me di cuenta que es más conveniente cortarlo”, dijo Figueroa sobre su movida. Su sello se llama Comunidad, pero aclaró que no abandonará el partido, aunque Sapag aseguró que por una reforma de la carta orgánica en 2021, queda “automáticamente excluido” por ser candidato de otro frente. Más allá de eso, Figueroa mantiene su banca en la cámara baja. Una candidata de Comunidad le dijo a elDiarioAR: “Veníamos trabajando dentro de líneas partidarias para que nuestra voz tuviera una representación y no se ha dado”. “Todas las autoridades partidarias son de la Lista Azul, es un sector que no permite la diversidad y quedamos afuera”, acusó.

“Rolo se fue porque no quiso estar segundo”, aclara un alto cargo del Movimiento a elDiarioAR. “Él tiene un proyecto personal y no de equipo, y Figueroa quería ser él a cualquier precio”, apuntó. “Él es diputado nacional por el MPN, no por otro partido, y cuando tomás la decisión de dejarlo, lo más ético y moral es renunciar a la banca del partido por el cual se asumió”, dijo. Del lado de Figueroa, plantean que “la persona elige a su representante por un partido, pero elige a la persona”.

De internas, sucesiones e intereses

Gutiérrez, como su padrino político, tuvo que elegir a un sucesor. Marcos Gabriel Koopmann Irizar nació en Zapala en 1974, es contador público y licenciado en administración de empresas. Estudió en la Universidad de Belgrano, en la de San Andrés y la Austral. En 2008 entró al directorio del BPN y en 2011 reemplazó a Gutiérrez en la presidencia. En la Legislatura, sucedió a Figueroa como vicegobernador.

“Koopmann reúne las cualidades, supo esperar su momento y es parte de un equipo.Va a continuar el legado de Sapag y Gutiérrez, es de una familia histórica y fundadora del Movimiento”, asegura una fuente oficial “Figueroa no midió bien los tiempos. Si no hubiera sacado los pies del plato, estaría siendo él el candidato”, dice.

“No sé por qué Koopmann” cuestiona la fuente disidente. “A mí me parece una excelente persona, pero no recuerdo habérmelo cruzado nunca hasta que fue a candidato vicegobernador, ni en un acto político, ni en una seccional”, recuerda. “Nunca lo escuché hablar”, remata. “Salió de la galera y del interés de alguien”.

En declaraciones a la agencia NA, el propio Figueroa describió al Neuquén comandado por el MPN como “un modelo clientelista también muy vinculado a la corrupción manejado por la familia del poder que sólo se concentran en permanecer”.

No es la primera vez que un histórico del MPN se va del partido. También fue el caso del antecesor de Sapag, Jorge Sobisch, quien se presentó para gobernador e intendente de la capital por el Partido Demócrata Cristiano, aunque sin éxito. En Comunidad, Figueroa promete mantener los “valores auténticos” del partido provincial, pero “regionalizar la provincia para descentralizar el gobierno”. Para ello, eligió como compañera de fórmula a Gloria Ruiz, intendenta de Plottier, la tercera localidad de la provincia y vecina de la capital.

“Vos tenés que tener un proyecto político y no puede ser comandado a 1200 kilómetros que responda a intereses nacionales”. Una fuente del oficialismo se refiere a que Figueroa cosechó acuerdos con espacios que se verían beneficiados por una salida del MPN a la gobernación. El PRO -no la totalidad de Juntos por el Cambio (JxC), que tiene fórmula propia-, con el apoyo del expresidente Mauricio Macri y el Nuevo Compromiso Neuquino del histórico y ya fallecido intendente capitalino Horacio Quiroga, se sumaron a una larga lista de apoyos de peronistas, macristas y sobischistas. “El macrismo quiere quedarse con la caja de Vaca Muerta, estando el MPN nunca lo va a poder manejar”, dice la misma fuente.

“Los partidos que integran Comunidad aceptan el proyecto que no tiene nada que ver con las coyunturas nacionales”, dicen fuentes de Figueroa. “Este proyecto se construyó con las banderas del MPN, pasa que tomamos otras herramientas electorales”, a lo que plantea que “no podíamos correr el riesgo de que las autoridades del partido trabajaran en contra de una interna transparente”.

En cuanto a los partidos nacionales, JxC sin el apoyo del PRO presentó a Pablo Cervi. Es uno de los herederos de la empresa familiar que lleva su apellido, la cual se dedica principalmente a las manzanas, plantación típica del Alto Valle. Elisa Carrió fue una de las líderes de la coalición opositora que le dio su apoyo. El Frente de Todos lanzó a la carrera a Ramón Rioseco, intendente de Cutral Có entre 2007 y 2015 y parlamentario del Mercosur. En su momento, también armó una fuerza con disidentes del MPN y se presentó a gobernador dos veces por el Frente para la Victoria. Javier Milei también puso un pie en la estepa. Su candidato es el periodista local Carlos Eguía, quien fue candidato de la Coalición Cívica pero rompió por sentirse distanciado, un episodio más en el conflicto de intereses de JxC en la provincia.

El MPN y la provincia: 60 años de mutua construcción

“La historia, la trayectoria del partido en la provincia y el sentido de pertenencia de los neuquinos es muy fuerte. No corre ningún peligro la gobernabilidad del partido”, opina una fuente del oficialismo provincial. Ante la pregunta de una hipotética gobernación de Figueroa, plantea que “si alguna vez en la historia llega a perder el MPN, la provincia es ingobernable”. “Muchos años de poder, de militancia y contención social muy fuerte que a un contrario se le vuelven en contra”, explica. Piensa que Figueroa va a terminar regresando a sus orígenes, “porque es parte del partido, y la gente no te vota si no vas por adentro”. “Ir por afuera es la única opción que tuvimos para estar en la elección de este domingo. (En el partido) no aceptaron que Rolando es el candidato natural”, dice una fuente disidente.

Aunque no se despegó del poder, el MPN sufre de cambios, al igual que su provincia: Neuquén creció mucho con poblaciones de otras provincias y países, que transformaron un paraje en medio de un árido Alto Valle en la ciudad más importante de la Patagonia, con el control de la última joya de la corona: Vaca Muerta. Al último gran partido provincial le queda un as bajo la manga: “la estructura de campaña del partido en la provincia es similar a la del PJ en el Conurbano bonaerense. Es muy difícil pelearle al aparato”, dicen orgullosos.

“Cuando son las elecciones a gobernador, el MPN va con todo. Podés perder una de diputado o de senador”. Para entender el rechazo a los partidos nacionales, hay que entender que el origen neoperonista del MPN en la época de la proscripción, que el propio Juan Domingo Perón enfrentó en su regreso en las elecciones de 1973. En el único balotaje en la historia del Neuquén por apenas 120 votos, Felipe Sapag se enfrentó a Ángel Nicanor Romero del Frente Justicialista de Liberación, le ganó y dejó una frase: “Los neuquinos nos hemos puesto los pantalones largos”.

LC

A días de las elecciones de Neuquén del próximo 16 de abril, el candidato a gobernador Rolando Figueroa del partido Comunidad remarcó de cara a los comicios: “Estamos viviendo la espera con mucha intensidad, con mucho optimismo. Sentimos el acompañamiento de la gente y es la primera elección donde el oficialismo tiene grandes posibilidades de perder”. Desafía al Movimiento Popular Neuquino (MPN), el cual gobierna la provincia ininterrumpidamente hace décadas.

“Nosotros sostenemos que no estamos confrontando al MPN, si no a la Lista Azul. Muchos migramos y armamos este frente provincial pensando en lo que necesita Neuquén. Es tan fuerte el poder que generamos que se quebrantaron todos los partidos por eso creemos que es un gran ejemplo de que debemos romper con la grieta”, declaró Figueroa. Esa lista es la del exgobernador Jorge Sapag; su sucesor, Omar Gutiérrez y la del postulante oficialista Marcos Koopmann.

Al ser consultado sobre la situación de la provincia patagónica, el candidato enumeró las incongruencias del poder actual: “Tenemos récord de producción de gas y petróleo, eso se traduce en récord de ingresos, pero después leemos que el índice de pobreza creció a un 38% y está casi pegado al nacional. Después está el desempleo que bajó un 20% en la zona más próspera y además subió el endeudamiento. Ahora sabemos que somos la tercera provincia con mayor tasa de homicidios per cápita, primero está Santa Fe, después Formosa y por último Neuquén, es decir que superamos a la provincia de Buenos Aires”.

“Se están construyendo en promedio más de 300 viviendas por año cuando los números indican que se necesitan 70 mil. Otro ejemplo claro es que Añelo, el corazón de Vaca Muerta, le da gas al país y al mundo, pero no tiene dicho suministro, es una incongruencia”, añadió.

En esta línea, Figueroa dio algunos de sus ejes: “Queremos que Neuquén crezca a partir de generar un clima de negocios en el cual se llegó a un acuerdo con intendentes, concejales y diputados para generar una armonización tributaria con rebaja de impuestos y hacer subir los recursos públicos solicitando, por ejemplo, un reajuste en la coparticipación”.

Asimismo, el exvicegobernador habló sobre el programa de becas que piensan realizar: “Estamos manteniendo diálogo con todas las empresas petroleras en unificar en un fondo específico para la distribución de las becas para que no sea cada empresa un compartimento estanco sino que entre todos generemos un programa provincial que permita a más neuquinos puedan tener acceso a la educación superior o incluso a poder obtener trabajos propios que genera Vaca Muerta”.

“Fui diputado provincial ahora diputado nacional y viceversa, entonces eso me da la experiencia de estar sentado y ver la función pública de distintos planos, pero sí es muy importante el contacto con la gente y el ponerse en su lugar y en eso siempre nos hemos destacado al haber recorrido la provincia escuchando muchas voces silenciosas, que es la gran mayoría y que muchas veces no son tenidos en cuenta”, resaltó.

“Muchos no entienden cómo podemos tener una provincia tan rica y tener tantas carencias y necesidades”, sentenció sobre la actualidad de Neuquén.

Con respecto a las elecciones, el político sostuvo que lo ve con optimismo “pero la carrera se corre hasta el último día”: “Tenemos una provincia que éramos un modelo de desarrollo de crecimiento en el país y hoy pasó a ser un modelo clientelista también muy vinculado a la corrupción manejado por la familia del poder que sólo se concentran en permanecer”.

“Me comprometí a tomar este puesto porque en mi espacio vimos un modelo agotado. Los que amamos Neuquén de verdad nos da mucha pena que seamos una provincia tan rica pero que nuestra gente esté tan mal es así. Los que gobiernan mi provincia tienen una visión miope, egoísta, egocéntrica y también de avaricia, eso por supuesto no nos llamó a movilizarnos para poder gobernar y tener fundamentalmente una elección limpia y transparente en donde un régimen feudal también quería intervenir a toda costa en cómo poder lograr o torcer la voluntad”, se explayó el diputado.

“Nosotros pensamos que Neuquén va a poder tener la transformación que necesita de la mano de un cambio que no es un salto al vacío si no transformar lo que está mal. Queremos dar un mensaje a toda la Nación que se puede crecer sin grietas”, concluyó Figueroa.

LC con información de agencia NA

Lo dejó escrito y firmado el presidente Alberto Fernández en un comunicado del jueves último por la noche: “En un fallo político, de cara al año electoral”. También lo es la respuesta del Gobierno. El trasfondo de la aparente crisis institucional que desató la decisión de la Corte Suprema de ordenar el aumento de los fondos coparticipables que el Ejecutivo Nacional envía a la Ciudad de Buenos Aires para financiar la Policía porteña es netamente político y electoral.

Si bien las consecuencias son abiertamente económicas (el Estado Nacional percibirá menos fondos públicos que deberá enviar a la Ciudad), la contienda es entre contrincantes que darán la pelea por la Presidencia en 2023 y que contarán con más o menos dinero público para financiar obras en un año electoral, y así, en adelante.

elDiarioAR analizó el fallo y las posiciones de ambos Estados, consultó a constitucionalistas y buscó antecedentes de la Corte para responder algunas de las preguntas tapadas por el ruido de la pelea política. Estas son algunas de las respuestas para entender las consecuencias e implicancias de la decisión del máximo tribunal.

Mauricio Macri había asumido la Presidencia hacía apenas tres semanas cuando el 5 de enero de 2016, firmó un convenio con la Ciudad de Buenos Aires para que Nación transfiera al gobierno porteño las funciones de seguridad pública en materias no federales. 

Con su aliado en la Casa Rosada, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, concretó uno de los reclamos para ampliar la autonomía de la Ciudad fijada en la Constitución de 1994. 

El convenio implicó que el Estado Nacional transfiera a la Ciudad “la totalidad del personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes que se encontraban afectados hasta ese momento a la prestación de dicho servicio”, incluyendo gran parte de la estructura porteña de la Policía Federal Argentina (PFA), que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Nació así la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de una serie de decretos, el Poder Ejecutivo Nacional también traspasó los fondos para financiar la Policía porteña: aumentó el coeficiente de coparticipación de la Ciudad en la masa de impuestos recaudados a nivel nacional y que se reparte entre Nación, las 23 provincias y el Estado porteño. 

Desde 2003, la Ciudad recibía el 1,4% de la masa de los impuestos recaudados. Macri elevó ese porcentaje a 3,75% (luego en 2017, lo reduciría, con acuerdo de la Ciudad, a 3,5%) y por decreto, estableció que la diferencia entre ese 1,4% y el 3,75% de la coparticipación que empezaría a recibir la Ciudad debía destinarse a la Policía de la Ciudad y la seguridad pública local. Es decir que la fuerza de seguridad, su implementación y todo lo relacionada a la política de seguridad se llevaba el 2,35% de la coparticipación de Argentina. 

A casi un año de la asunción de Alberto Fernández, y tras años de críticas y debates en torno a la decisión de Macri, el Presidente firmó en septiembre de 2020 un primer decreto para bajarle el porcentaje de coparticipación a la Ciudad y destinar esos fondos al aumento de salarios de los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires; y en diciembre de ese mismo año, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.606, mediante la cual lo restableció en el 1,4% de la masa de impuestos recaudados.

La ley también determinó que la Ciudad recibiría, además, “el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transf‌irió en el año 2016”, según afirmó el propio Fernández en un comunicado oficial este jueves por la noche. Ese adicional es equivalente a unos 180.000 millones de pesos, según el Presidente.

Existe una diferencia central entre el costo que calcula la Ciudad y el que realiza Nación: Larreta reclama sobre el total de fondos que destinó a la Seguridad pública, mientras que Fernández lo hace exclusivamente sobre el costo del personal policial transferido.

El decreto de Fenrández, firmado en septiembre de 2020, y la sanción de la Ley 27.606 llevaron el conflicto a la Corte Suprema.

Tras la firma del decreto de Fernández y de la sanción de la ley 27.606 en septiembre y diciembre de 2020, el Gobierno porteño presentó ante la Corte Suprema una demanda por inconstitucionalidad de la normativa, alegando que “genera una disminución en los fondos coparticipados que le corresponden” y vulnera su autonomía constitucional. Además, solicitó que el máximo tribunal ordene de manera cautelar la reposición de los fondos a la Ciudad. 

En su demanda, el Gobierno porteño afirmó que el decreto y la ley de 2020 lo obligaron a “reformular su presupuesto para el ejercicio 2021 a fin de incorporar una reducción de gastos por $32.193.000.000 y un incremento de recursos por $19.600.000.000”, además de “una pérdida adicional por la suma de $ 13.290.048.744”. 

La Administración de Rodríguez Larreta sostuvo que “para incrementar los recursos propios necesarios para afrontar los gastos en seguridad se resolvió el aumento del 1% en la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos que alcanza al sector financiero”, y que los ciudadanos porteños pagan a través de sus gastos en tarjetas de crédito, y aseguró que debió “suspender y ralentizar obras en la red de subterráneos, el traslado de la cárcel de Devoto, la construcción de 52 kilómetros de túneles del Plan Hidráulico, la compra de 8.000 cámaras de seguridad, de 700 patrulleros y de 200 motos, entre otros gastos”. 

El Gobierno Nacional no sólo rechazó la demanda del Gobierno porteño sino que planteó ante la Corte que se condene a la Ciudad a devolver “lo percibido en exceso” mientras estuvieron vigentes los decretos firmados por Macri entre 2016 y 2018 porque se trató de “aumentos carentes de todo fundamento”, en base a “afinidad política” y sin “respaldo jurídico, presupuestario o económico”.

Además, sostuvo que la transferencia de los servicios de seguridad no federales de la Nación a la Ciudad debe hacerse junto con el traspaso de los fondos, como marca la Constitución, pero contemplando también criterios objetivos de reparto de los fondos recaudados por impuestos: que sea equitativo, solidario y dando prioridad “al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”, como también marca la Carta Magna. 

En el sentido contrario a los fundamentos de la Ciudad, Nación afirmó que el Ejecutivo Nacional cuenta con facultades para dejar sin efecto los decretos firmados por Macri y que la fijación unilateral por el Estado Nacional del porcentaje de coparticipación que corresponde a la Ciudad es “una práctica constante y aceptada”. 

También adujo que los cálculos de los fondos que Nación fijó en 2020 para el financiamiento de la Policía porteña “responden a estudios y análisis previos que demuestran cuál es el costo real del servicio de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2016, debidamente actualizado”.

El máximo tribunal instó a Nación y Ciudad a llegar a un acuerdo que evitara el fallo judicial. Celebró una audiencia de conciliación en la que los ministros de la Corte participaron como árbitros. Tras uno de los encuentros celebrados en el Palacio de Justicia, ante lo que ya se vislumbraba como un fracaso en las negociaciones, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, incluso convocó de manera informar al ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y a los funcionarios del Gobierno porteño que participaron de la audiencia para instarlos a llegar a un acuerdo y evitar que la Corte tuviera que intervenir en una disputa que los jueces supremos consideran política. 

La conciliación fracasó. A pesar de las divisiones que atraviesa la Corte entre sus miembros, los cuatro ministros, Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, firmaron un fallo unánime.

Resolvieron sólo sobre la medida cautelar solicitada por la Ciudad, mientras dejan pendiente el fondo de la cuestión, que terminará resolviendo la contienda de manera definitiva. 

Los jueces ordenaron que mientras llega el fallo definitivo, el Estado Nacional entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y dispuso que las transferencias sean realizadas en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. 

Además, ordenaron al Estado Nacional que, durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606.

El fallo resalta la autonomía de la Ciudad y la equipara como Estado frente a las provincias, algo que garantiza la Constitución de 1994, afirmó a elDiarioAR el jurista Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional y derechos humanos en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

De acuerdo al fallo del miércoles último, las autoridades nacionales nunca terminaron de hacer efectiva esa autonomía. Rosatti y Maqueda fueron constituyentes de la reforma de la Carta Magna en 1994 y han fijado el criterio de la autonomía de los gobiernos locales en fallos y escritos. “”La Ciudad de Buenos Aires, por consiguiente, se ve en la actualidad impedida de ocupar el puesto que le corresponde en el federalismo organizado por la Constitución“, sostiene el fallo.

Sobre la necesidad de hacer lugar a la medida cautelar, la Corte aseguró que buscó “atenuar, durante el curso del proceso, la alteración que causan las normas impugnadas en el normal desempeño presupuestario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por consiguiente, en la calidad y cantidad de los servicios y bienes públicos que provee a su población”.

Además, resaltó que de acuerdo a las distintas normas que rigen la coparticipación, la transferencia de competencias y sus implicancias “deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones”, algo que se cumplió durante el gobierno de Macri pero que el decretó de Fernández no contempló, ya que fue una decisión unilateral.

Según la Corte, no. “Los recursos de las provincias y sus competencias propias no se ven en absoluto involucrados, pues la cuota de la Ciudad se conforma únicamente con los fondos coparticipados de la Nación”, asegura el fallo. Perjudica entonces a Nación, ya que antes de que la Ciudad sea autónoma dependía de Nación y recibía fondos de la coparticipación que le quedaba al Estado Nacional. De hecho, la Ciudad podrá solicitar que se le reintegren los fondos no percibidos entre 2021 y 2022, es decir, de forma retroactiva, cuando el fallo central le termine dando la razón, como todo indica en base al primer fallo del caso firmado el miércoles último.

“Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”, respondió el presidente Fernández en el comunicado del jueves por la noche, que firmó junto a 14 gobernadores oficialistas y aliados. Lo dijo en referencia a los fondos nacionales que el Ejecutivo destina a financiar obras públicas en las provincias, por fuera del porcentaje de coparticipación que las provincias reciben. 

Si, varios. La Corte ha fallado en distintos precedentes sobre otras provincias que reclamaron contra Nación por la quita de recursos coparticipables, como Córdoba y Santa Fe (fallos que esperaban también Río Negro y Neuquén), además de San Luis. Los gobernadores Juan Schiaretti, Omar Perotti, Arabela Carreras y Omar Gutierrez no integraron la lista de mandatarios provinciales que acompañaron el reclamo de Fernández, aunque sí lo hizo Alberto Rodríguez Saá. 

“Sí, se puede recusar a los jueces de la Corte. Luego, los jueces de la Corte deciden si aceptan o no apartarse de la causa”, respondió Gil Domínguez. 

La constitucionalista Adelina Loiano, coordinadora de la Especialización en Derecho Constitucional en la UBA, sostuvo, en cambio, que la recusación está fuera de término, ya que debía realizarse al inicio de la causa, no al final, tras el fallo adverso. 

La excepción podría basarse en argumentos nuevos que demuestren la parcialidad de los magistrados a favor de la Ciudad.

“Si los ministros de la Corte aceptan la recusación, se sortean cinco jueces entre los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones del país, quienes pasarían a decidir sobre el recurso”, explicó Gil Domínguez. 

Si bien hay antecedentes de excusaciones de jueces de la Corte en casos determinados, como en la demanda contra Farmacity, lo más probable es que los ministros rechacen esta recusación, aseguró el jurista, con amplia experiencia en litigios ante el máximo tribunal. 

Luego de rechazar la recusación, los jueces estarán en condiciones de decidir sobre el recurso de reposición in extremis“, estimó Gil Domínguez, con amplia experiencia en litigios ante la Corte. 

Loiano asegura que no, que el fallo de la Corte es la palabra final del Poder Judicial. Gil Domínguez, en cambio, explicó que el recurso al que recurrirá el Gobierno Nacional, denominado “reposición in extremis” fue establecido por la propia Corte en su jurisprudencia para habilitar una etapa excepcional de revisión de sus decisiones en casos muy particulares. 

“Los fallos de la Corte Suprema se cumplen -aclaró Gil Domínguez-. Ante un fallo del máximo tribunal, es procesalmente posible interponer un recurso de reposición in extremis, que es la herramienta jurídica mediante la cual el Gobierno Nacional deberá argumentar por qué considera que el fallo es irracional”, 

En junio último, la Corte determinó en un caso que “los fallos y resoluciones de la Corte no son, salvo casos excepcionalísimos, susceptibles de recursos o incidentes de nulidad o revocatoria” y que  el recurso de reparación in extremis se puede presentar sólo cuando el fallo implica “supuestos de error esencial -material-, en los que se hace ostensible el riesgo de consumar una injusticia notoria”. Ahora bien, el criterio sobre si la situación cuestionada es o no una injusticia notoria lo fijan los propios jueces de la Corte.

La Corte trasladará el recurso al gobierno de la Ciudad para que le responda a Nación. “Si la Corte rechaza el recurso -el escenario más probable-, el fallo del miércoles quedará firme y deberá cumplirse”, aseguró Gil Domínguez.

Una vez firme, el Gobierno Nacional deberá transferir el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables a la Ciudad hasta que la Corte trate el fondo de la cuestión y determine un nuevo porcentaje.

Si, aunque ninguno lo anunció públicamente con la impronta que le dio Fernández. Por ejemplo, en 2019, la Corte ordenó al gobierno de Macri que le devuelva a la provincia de San Luis 15.000 millones de pesos de coparticipación. Fue luego de que el Ejecutivo desoyera un fallo anterior del máximo tribunal de finales de 2015, como informó en su momento Página/12.

Entonces, en 2015, la Corte había declarado inconstitucional la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que Nación le quitaba a las provincias para financiar la ANSeS desde 1992. El fallo le dio la razón a Santa Fe, San Luis y Córdoba, que reclamaban la restitución de los fondos e instó a las partes a llegar a un acuerdo para cumplir la orden. Pero pasaron tres años y la única provincia que llegó a un acuerdo fue Córdoba. Ante los reclamos del resto, debieron ordenar a Macri que cumpla la sentencia.

Otro antecedente de un mandatario, esta vez provincial, que desobedeció a la Corte sin consecuencias es el Néstor Kirchner, quien como gobernador de Santa Cruz removió a Eduardo Sosa, entonces procurador general de la provincia, en 1995. A pesar de cuatro órdenes del máximo tribunal del país, Sosa nunca pudo volver a ocupar su cargo.

No tiene plazos. Todo indica que los jueces buscarán bajar la tensión política desatada por el fallo del miércoles. Ante la consulta de elDiarioAR, una fuente con acceso directo a los ministros del máximo tribunal aseguró que no se habilitaría la feria para tratar las eventuales presentaciones de la Ciudad -que acudirá a la Corte nuevamente para exigir que Nación cumpla con la medida cautelar- ni el recurso del Gobierno Nacional, que hasta el cierre de esta nota no había sido presentado. 

ED

“Nadie invierte seriamente en un país que no tiene políticas de Estado”. En esa sentencia resumió el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, el fondo de su mensaje. Este martes, acompañado por el gobernador neuquino,Omar Gutiérrez, y el director de Techint, Luis Betnaza, convocó a una mesa con periodistas en la sede central de la entidad para retomar la agenda prevista para el viernes, que fue postergada por el atentado que sufrió el jueves por la noche la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Concretamente, el industrial reclamó algún tipo de norma que le de incentivos y un margen de acción previsible a las empresas que deciden avanzar con las inversiones que requiere el desarrollo del sector. El viernes pasado la plana mayor de la UIA viajó a Neuquén para celebrar el Día de la Industria y darle centralidad a ese mensaje, pero por los acontecimientos de última hora el acto se transformó en una manifestación de repudio. Dos días hábiles más tarde, fue el gobernador neuquino el que se trasladó a Buenos Aires para retomar la línea. 

Funes de Rioja, del mismo modo que quienes lo acompañaron en la mesa, resaltaron la oportunidad que el mundo le ofrece a la Argentina en materia energética, y coincidieron en la necesidad de “aprovechar la ventana”. Gutiérrez, que gobierna la provincia donde se ubica Vaca Muerta, señaló que “la potencialidad no genera por sí solo la creación de riqueza” y que “ el puente entre una cosa y la otra son los consensos”. 

Betnaza, director de Techint, el grupo dueño de Tecpetrol, fue quien resumió de manera más directa qué es lo que se le exige al Estado. En primer lugar, “entrada y salida de capitales que permitan el financiamiento” y, en segundo lugar “estabilidad tributaria”. Luego Funes de Rioja sumó “infraestructura física y social” para posibilitar los desarrollos y puso como ejemplo de las trabas actuales las deficiencias y altos costos logísticos. 

“El desarrollo de Vaca Muerta va a demandar decenas de miles de millones de dólares; está fuera de escala de lo que manejamos en la Argentina”, dijo Betnaza. “En volúmenes tan enormes de inversión no podemos agregarle riesgos comerciales locales. Esto implica tener reglas claras para el ingreso y egreso de capitales y un régimen impositivo que de estabilidad”, sumó el empresario. 

Como contrajemplo de lo que piden, el titular de la UIA citó el adelanto del pago de impuesto a las Ganancias que la AFIP les exigió para este año a las empresas de altos ingresos, con lo que se financiará un refuerzo en las asignaciones familiares para trabajadores registrados. “Es un anticipo de anticipos, esto significa adelantar capital de trabajo, en una etapa en que la tasa de interés es alta. Es un cambio de reglas del juego”, cuestionó. 

¿Exigen que se sancione la tan prometida ley de hidrocarburos? ¿Un decreto? “Lo importante es acordar políticas de Estado con las fuerzas mayoritarias. A partir de ahí le corresponde a los políticos definir los instrumentos”, esquivó Funes de Rioja. “Hace falta falta consensos; luego se instrumentan con la jerarquía administrativa necesaria”, refrendó el gobernador Gutiérrez. Puso como ejemplo la ley 27.007, que impide aumentarle impuestos a la actividad petrolera no tradicional por 35 años. 

A fines de mayo pasado el entonces ministro de Economía Martín Guzmán convocó a un acto en el Museo del Bicentenario en el que anticipó la decisión de flexibilizar por decreto el  régimen cambiario para las petroleras. El propio Paolo Rocca, sentado en primera fila, señaló la medida como “muy positiva”. Finalmente, según dijo Funes de Rioja a elDiarioAR este martes, ese decreto no vio la luz, del mismo modo que la prometida ley de hidrocarburo que intentaba reemplazar. 

Respecto de la situación de las importaciones de insumos, Funes de Rioja dijo que están “muy apretados” y que este miércoles se reunirán con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, para tratar de resolver el problema. “Le vamos a transmitir la situación con todo realismo porque no queremos que el país se pare. Pedimos insumos para la producción, para la maquinaria y maquinaria para reinversión de capital, no estamos hablando de ninguna otra cosa. Entendemos la situación de emergencia, pero pedimos que entiendan que parar la producción sería complicado para todos y no lo digo en términos de amenaza”, señaló. 

Funes de Rioja también se refirió a los salarios de los trabajadores industriales y consideró que la mejor manera de recomponerlos es por medio de las negociaciones paritarias en curso en cada sector. Asimismo, señaló la necesidad de aggiornar las condiciones de trabajo a la “nueva realidad”. “Este tema es un tabú. Si querés creer que un Convenio Colectivo de Trabajo del año 70 que tiene un adicional por computación o en el que no hay posibilidad de trabajo continuo o polivalencias responde a estas nuevas realidades…”, señaló. “Hay que construir consenso sobre esto. La otra es mirar para otro lado y  dejar que la informalidad y la anomia te gane”

Consultado por el avance de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, Betnaza dijo que Techint (que ganó la licitación de los caños) contrató a 400 personas a partir de ese proyecto y que se hicieron las órdenes de compra para las chapas que se traerán de Brasil. “Vamos a estar con una logística muy estresante porque son 180 camiones diarios de tubería que van a salir desde Valentín Alsina porque tenemos casi la imposibilidad garantizada de poder usar el ferrocarril como medio de transporte”, anticipó. 

DT

Un grupo reducido de cinco gobernadores se sentaron en la mesa de Silvina Batakis en el salón Scalabrini Ortiz del Palacio de Hacienda, para conocer de primera mano su hoja de ruta económica, una semana después de que la flamante ministra anunciara un paquete de medidas de ajuste fiscal para controlar a los mercados. 

Apadrinados por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, del cónclave participaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Omar Gutiérrez (Neuquén). Todos mandatarios peronistas –aunque de tribus distintas–, la señal más importante la dio el bonaerense como satélite de Cristina Kirchner, quien mantiene un sugestivo silencio desde que asumió Batakis, aunque le dio su aval en las sucesivas conversaciones que mantuvo con Alberto Fernández.

Ante el número acotado de gobernadores, desde el Gobierno aclararon que mañana habrá una reunión similar en el Ministerio de Economía en la que Batakis y Manzur recibirán a los mandatarios provinciales de San Juan, Sergio Uñac, de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet. No descartan que pueda sumarse a último momento otro gobernador. Según explicaron, el objetivo es hacer reuniones mas chicas para que cada uno tenga tiempo de desarrollar sus problemáticas. Y agregaron que la intención es sumar también a los mandatarios opositores.

El encuentro con Batakis se inició apenas antes de las 14 y duró aproximadamente una hora y media, según supo elDiarioAR, luego de que los mandatarios provinciales participaran de un acto que encabezó el Presidente en el Museo del Bicentenario. De allí tuvieron que recorrer pocos metros hasta la sede de Economía, también contigua a la Plaza de Mayo. 

“Tenemos que ajustar algunos números de las cuentas públicas, pero eso no se va a hacer a costa de parar ni la obra pública ni la vivienda”, dijo en su discurso Fernández, de alguna manera dando el marco de la promesa que los gobernadores fueron a buscar de la ministra: que no habrá recorte de fondos para obras en sus distritos. 

Siendo tan pocos, lejos estuvieron de darle un fuerte respaldo político a Batakis, tal como quiso transmitir el oficialismo. “​​Mantuvimos una productiva reunión con Batakis, y los gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, Neuquén, Santiago del Estero y Tucumán, quienes manifestaron su apoyo a la ministra. El objetivo fue tomar nota de las prioridades de cada provincia para potenciar su desarrollo”, apuntó Manzur a través de su Twitter.

El jefe de Gabinete también se hizo eco formal del intercambio que tuvieron los mandatarios con la funcionaria. “La ministra brindó su análisis sobre la situación económica actual las oportunidades del país para seguir mejorando los índices de empleo y producción, las condiciones de crecimiento con estabilidad e inclusión y, sobre todo, trabajar en conjunto para reducir brechas”, señaló.

Como un suerte de celestino, Manzur oficiará en los próximos días como coordinador de otros encuentros de la ministra con los demás gobernadores del país. Del acto con el Presidente participaron también el mendocino Rodolfo Suárez (de la UCR), el salteño Gustavo Sáenz y el chaqueño Jorge Capitanich (aislado por Covid), pero de manera virtual, por lo que no viajaron a Buenos Aires y finalmente no estuvieron con Batakis. 

Ya conocido el apoyo de los gobernadores oficialistas a la ministra –varios la felicitaron aquel fin de semana en que renunció sorpresivamente Martín Guzmán–, más reticentes son los opositores, aunque la conocen en su época como funcionaria en el ministerio del Interior: en la cartera de Wado de Pedro, Batakis era la encargada de las relaciones con las provincias. “Se la pondera muy bien y conoce perfectamente bien cómo están las economías regionales”, apuntaron cerca de un importante dirigente del interior.

En la vereda de enfrente, el senador mendocino y ex gobernador Alfredo Cornejo le espetó al Gobierno: “Alberto Fernández anuncia obras para distintas provincias, pero las de Mendoza ya están en marcha y algunas incluso se iniciaron en el gobierno anterior. Esto habla de su ignorancia y la de sus colaboradores. Mendoza siempre estuvo en el radar del kirchnerismo, pero para discriminarla”, se quejó.

Según se informó oficialmente, el plan “Argentina Grande” de 120 obras estructurales y de gran escala representan una inversión total de $837 mil millones. De estas obras, 48 son de infraestructura vial, 55 son hídricas y de saneamiento, y 17 de infraestructura rural, urbana y del cuidado. Aunque la iniciativa la presentó el ministro Gabriel Katopodis, quien termina bajando el dinero a las provincias es Bakatis, más ahora que unificó el control de todas las cuentas del Estado y propuso explícitamente “no gastar más de lo que hay”.

Ya con Guzmán, la Nación “pisó” los fondos para las provincias en el año: hasta junio, las transferencias corrientes a los distritos fue de 257.975 millones de pesos, el 45,1% de lo estimado para todo el periodo 2022, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

MC