Con ollas populares, marchas, cortes y asambleas públicas, los movimientos sociales y las centrales sindicales iniciaron este jueves un ciclo de protestas que marcará el ritmo del mes. El epicentro fue en La Plata, donde desde las 10 se realizó una asamblea de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto a gremios estatales y organizaciones piqueteras. La consigna común: resistir el ajuste y frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza.

La movilización en Plaza Belgrano —ubicada entre las calles 13 y 40— fue la primera expresión de lo que los convocantes anunciaron como “un diciembre caliente”. Las agrupaciones participantes —Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)— buscarán confluir en un plan de lucha nacional, que incluirá jornadas de protesta, actividades territoriales y movilizaciones callejeras.

“El eje estará en los problemas vinculados al trabajo, el hambre y el avance del narcotráfico en los barrios”, adelantó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

El rechazo principal es a la reforma laboral que prepara el Ejecutivo, a la que los gremios denuncian como un intento de flexibilización y precarización, “al servicio del FMI y de los grandes grupos empresarios”. Desde el Partido Justicialista se sumaron a la convocatoria con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, en el que advierten sobre el deterioro del mercado de trabajo y la ofensiva contra los convenios colectivos.

Los movimientos populares también exigen una recomposición urgente del Salario Mínimo y del Salario Social Complementario, congelado en $78.000 desde la asunción del nuevo Gobierno. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está pulverizado. Hay hambre, bronca y odio. Si el Estado no actúa, diciembre va a estallar”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP.

Las acciones no se limitarán al AMBA. A lo largo del país, durante el día, organizaciones socioambientales, comunidades indígenas y colectivos territoriales realizaron manifestaciones simultáneas para frenar el intento del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares. Hubo concentraciones en Plaza Congreso (CABA), Plaza Rivadavia (Bahía Blanca), Legislatura (Mendoza), Plaza Güemes (Salta), Monumento a la Bandera (Rosario) y más de 30 localidades desde Ushuaia hasta Jujuy.

“Vamos a estar en las calles denunciando la motosierra libertaria”, expresó Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur. Según explicó, el Presupuesto 2026 elimina la actualización automática de asignaciones, afecta a jubilados y recorta el salario familiar. “Milei y Pettovello le están haciendo la tarea sucia a Donald Trump”, acusó, en referencia a los intereses financieros detrás del ajuste.

En paralelo, los sindicatos estatales como ATE y las dos CTA definieron un plan de lucha propio, que contempla paros escalonados, protestas conjuntas con movimientos sociales y la presentación de una contrapropuesta técnica a la reforma laboral. Entre los ejes propuestos figuran:

“La reforma que propone el Gobierno ya fue declarada inconstitucional por la Justicia Laboral en sus aspectos más regresivos”, remarcaron las dos CTA. Además, alertaron que el objetivo de fondo es fragmentar al movimiento obrero y dividir la representación opositora en el Congreso, en nombre de una modernización sin derechos.

Frente a este escenario, la estrategia de los sectores convocantes es articular resistencias, sumar reclamos parciales a una causa común y proyectar una unidad social, sindical y política. “Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, sostuvieron en un documento conjunto.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que aplicarán el protocolo antipiquetes, lo que anticipa un escenario de tensión en las próximas jornadas.

JJD

En lo que representa una señal de respaldo -la primera pública- desde el cristinismo, la titular del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, dijo que la nueva titular de Economía Silvina Batakis “es una excelente ministra” y advirtió, sin precisar a quiénes: “No la van a amedrentar fácil”.

Di Tullio habló este viernes con la radio AM750 y dejó algunas frases que pasaron extrañamente desapercibidas. Cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Di Tullio es senadora por la provincia de Buenos Aires donde, suele decir, conoció el paso de Batakis por el ministerio de Economía bonaerense.

“Creo que todo el mundo tiene que bajar un cambio menos el Gobierno, que tiene que subirlo”, dijo Di Tullio, en alusión a las críticas que ha recibido la ministra. 

 Consultada por el rechazo de Batakis a una iniciativa de Salario Básico Universal, la senadora advirtió: “Tiene una misión. Estamos en un momento extremadamente complejo”.

Di Tullio, quien preside la comisión de Trabajo y Previsión social del Senado, trabaja en silencio en un proyecto de “ingreso básico complementario” para sacar de la indigencia a 3,8 millones de personas. La iniciativa, según pudo saber elDiarioAR, tiene visto bueno de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El proyecto viene a sustituir la idea de un salario básico universal presentada en Diputados por los legisladores de Patria Grande que responden al líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, uno de sus principales promotores y quien asumió un perfil crecientemente opositor al Gobierno.

La novedad de la iniciativa del cristinismo es el alcance, el universo: los 3,8,millones de personas indigentes, un 8,2% de la población, de acuerdo con los datos del Indec del segundo semestre de 2021. Los pobres en la Argentina, incluidos los indigentes, llegan a 17 millones, un 37,3% de la población, según la misma medición.

El monto del ingreso rondaría los $15.000 una cifra que equivale a una canasta básica alimentaria por adulto, que marca la línea de indigencia, a valores de junio, según la referencia que tomó Patria Grande y que también manejan en el Senado. Según datos del Indec, una familia de cuatro miembros necesitó ese mes ingresos por $48.934 para no caer en la indigencia (y $109.613 para no caer en la pobreza).

CC

Ingreso básico complementario. Es el concepto sobre el que trabaja el cristinismo en el Senado, aún de manera incipiente, para sacar de la indigencia a 3,8 millones de personas. La iniciativa se estudia desde hace semanas en el despacho de la senadora Juliana Di Tullio, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión social (un nombre muy peronista) de la Cámara, y tiene visto bueno de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Como ya se ha dicho, el proyecto viene a sustituir la idea de un salario básico universal presentada en Diputados por los legisladores de Patria Grande que responden al líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, hoy su principal promotor y voz crecientemente adversativa al Gobierno. Este miércoles Grabois protagoniza una serie de protestas con epicentro en el Puente Pueyrredón, que une la Ciudad con Avellaneda, detrás de una larga lista de reclamos.

La novedad de la iniciativa del cristinismo es el alcance, el universo: los 3,8,millones de personas indigentes, un 8,2% de la población, de acuerdo con los datos del Indec del segundo semestre de 2021. Los pobres en la Argentina, incluidos los indigentes, llegan a 17 millones, un 37,3% de la población, según la misma medición.

Fuentes familiarizadas con la iniciativa insisten en que la diferencia con los proyectos de Patria Grande no es de carácter semántico. Hay, dicen una cuestión “conceptual” detrás de la denominación de “salario” y lo que esto implica en el universo del trabajo formal, una especie en progresivo deterioro en la Argentina a la que el peronismo aún busca rescatar. Pero se trata también de una cuestión fiscal, a tono con los desafíos que enfrenta de la ministra Silvina Batakis: la iniciativa del cristinismo recorta a la mitad el universo de beneficiarios y con eso, el impacto en el gasto.

El proyecto que inspiró a Grabois implica un universo de alrededor de 8 millones de personas con un costo fiscal de entre 1 y 1,8% del PBI, según se contemple o no el recorte de otros programas vigentes, de acuerdo a cálculos de sus impulsores. Para la iniciativa en elaboración en el Senado, hay que pensar en la mitad del gasto.

El monto del ingreso ronda los $14.401, una cifra que equivale a una canasta básica alimentaria por adulto, que marca la línea de indigencia, a valores de mayo, según la referencia que tomó Patria Grande y que también manejan en el Senado. Según datos del Indec, una familia de cuatro miembros necesitó ese mes ingresos por $44.499 para no caer en la indigencia (y $99.677 para no caer en la pobreza).

Shock corto

Quienes conocen el proyecto consideran que el ingreso complementario podría atemperar el impacto de las medidas fiscalistas con las que avanza Economía. Lo que quiere decir que en el oficialismo en el Senado, un universo bajo control de la vicepresidenta, hay un apoyo velado a la iniciativa de Batakis de recortar el gasto. Allí abundan las medias palabras sobre esa cuestión, aunque una fuente calificada del bloque de Unidad Ciudadana habló más claramente ante elDiarioAR: dijo que lo que se viene es un plan de estabilización con efecto recesivo en la economía. “Batakis va a hacer una política de shock, parecida a la que llevó adelante en su paso por la provincia de Buenos Aires. Pero va a ser de corto alcance, indoloro, ni se va a notar, hasta que ponga en orden los números”, según esa misma fuente. Cristina Kirchner oyó esas mismas palabras; detrás de su silencio hay un ejercicio reflexivo y de evaluación.

En el bloque cristinista consideran a Batakis una “nerd” y elogian su manejo de las cuentas fiscales de todas la provincias y de la Nación. Sin embargo hay más deseo de que las cosas salgan bien que convicción: allí se dice que la empatía con la ministra no implica una identificación con sus concepciones “fiscalistas” ni “ortodoxas” en el manejo de los recurso. Pero parece que un poquito ahora hacen falta.

Estos comentarios representan una primera señal de acompañamiento a Batakis, a quien defienden de las críticas que recibe de los movimientos sociales, nuevo anatema del cristinismo. “No dijeron una palabra sobre (Martín) Guzmán. Ella lleva unos días en el ministerio y ya la llamaron 'Cavallo'”, agrega la misma fuente.

WC