La organización patronal de productores rurales Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó una impugnación legal ante la Justicia Nacional del Trabajo, por la decisión del Gobierno de establecer el pago obligatorio de una suma fija de 60.000 pesos para los trabajadores del sector privado.

“Desde CRA, una organización que representa los intereses de productores y empresas agropecuarias a lo largo y ancho del país, manifestamos nuestra preocupación acerca del impacto negativo que esta medida podría tener en el sector agropecuario”, señala un comunicado.

“Asimismo, queremos destacar que nos vemos en la obligación de impugnar este DNU (438/2023 ) debido a que no podemos dejar de lado los perniciosos efectos y los resultados insatisfactorios y negativos de las políticas económica, tributaria, financiera y cambiaria que se vino desplegando desde 2019 por parte del Poder Ejecutivo, con obvio impacto en el sector”.

La entidad que preside el entrerriano Jorge Chemes añade que “se presentan hoy nuevas y mayores dificultades para desenvolver la actividad del sector a causa de enorme presión tributaria; deficiente y costosa logística; ausencia de adecuada infraestructura vial y de conectividad en muchas regiones, y las persistentes restricciones cambiarias que impiden importar elementales insumos”.

De acuerdo a la información, la impugnación se presentó el día 21 de septiembre ante la Justicia Nacional del Trabajo.

CRM

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) rechazó la decisión del Gobierno de autorizar la importación de alimentos con arancel cero para combatir la inflación, por entender que esa medida es “sorpresiva e innecesaria”.

El Ministerio de Economía anunció durante el último fin de semana que el Mercado Central podrá importar alimentos de manera directa, con el fin de reducir el precio efectivo de venta al público de productos frescos.

Según CRA -entidad que forma parte de la Mesa de Enlace- esa medida “no deja de sorprender, dado que el problema inflacionario no se remite a un producto o rama productiva en particular, como los alimentos, sino que es un problema de raíz macroeconómica, responsabilidad únicamente de la política económica”.

Por ese motivo, se preguntó: “¿Tiene sentido usar las muy escasas reservas del Banco Central para gastarlas en importaciones de alimentos? Cuando esas reservas son imprescindibles para importar insumos que no se producen en el país, desde fertilizantes hasta piezas y accesorios de tecnologías varias para distintas actividades productivas”.

“¿Qué y cuáles alimentos se importarían? ¿Qué impacto tendrían en la medición del IPC? ¿Qué impacto tendrían realmente en la canasta de consumo de las familias? ¿Qué implicarían para determinadas producciones de alimentos nacionales, que van a vender aún menos, y así, agravar la crítica situación financiera de las empresas y golpear más la cadena de pagos? ¿Qué pasaría con los productores de frutas, verduras, carne, leche y otras producciones regionales, que reciben un precio interno que no cubre costos, tienen serios problemas de rentabilidad, no pueden ser competitivos con este tipo de cambio, y, paradójicamente, el consumidor no puede pagar el precio de estos alimentos, inflados de impuestos?”, indicó CRA.

En este marco, consideró necesario “aplicar una nueva política antiinflacionaria, eliminando el déficit fiscal. Además, promoviendo la producción y las exportaciones, por ejemplo, avanzando en el Acuerdo Unión Europea- Mercosur, paralizado por este Gobierno, donde se podrían exportar más alimentos, y no sumando importaciones innecesarias”.

Para la entidad agropecuaria, el Poder Ejecutivo no “atiende adecuadamente” la dinámica inflacionaria, por lo cual, alertó, “la situación económico-social se agrava”.

Con información de NA.

IG

La primera manifestación exigiendo una mayor intervención estatal en el combate del incendio forestal de Tierra del Fuego se produjo este miércoles en la ciudad de Ushuaia, donde un grupo de unas 500 personas autoconvocadas se concentraron frente a la Casa de Gobierno para pedir “mas aviones hidrantes” brigadistas y elementos para contener el fuego en la reserva Corazón de la Isla.

Los vecinos nucleados a traves de las redes sociales y al ritmo de bombos y redoblantes exhibieron consignas contra el Gobierno provincial al que culparon de “inacción” y “desidia” durante los dias posteriores a que el siniestro fuera declarado en las proximidades del municipio de Tolhuin.

Los manifestantes llamaron a “autoorganizarse” para “defender el bosque” sin “banderías políticas” y se refirieron al incendio como un “ecocidio”. “Justicia por nuestros bosques”, “30 mil estadios de futbol arden” y “pidan ayuda a Chile” sostenían algunos de los carteles.

Aunque una ventana climática de algunos días volvió a traer alivio a los brigadistas que combaten el incendio forestal en el centro de Tierra del Fuego, las autoridades del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) prefieren no hacer pronósticos acerca de cuánto tiempo se demorará en controlar el mayor desastre ambiental de la historia de la provincia y preparan a la población para una batalla de largo aliento.

El fuego iniciado el 30 de noviembre a 1,5 kilómetros de la ex estancia Carmen, al parecer a raíz de un fogón mal apagado por pescadores, se extendió a través de la reserva natural “Corazón de la Isla”, un área de unas 100 mil hectáreas ubicada a unos 30 kilómetros del municipio de Tolhuin, en el centro geográfico de la isla fueguina.

El lugar alberga un bosque milenario de lengas y ñires, dentro de un ecosistema con un complejo sistema de lagos y lagunas y una variada fauna y avifauna autóctonas. La situación del incendio se complicó debido a la sequía que afecta la zona y a la presencia de fuertes vientos con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora en los días iniciales.

“Estamos trabajando para que el fuego se extinga lo más rápido posible, pero queda claro por lo sucedido en estos días que, aún en condiciones que no son tan tremendas en materia climática, el escenario que ofrece la sequía continuada es tan propicio para que el fuego prospere, avance y se mantenga, que hace muy difícil tener una perspectiva sobre en qué momento se va a poder controlar definitivamente”, aseguró hoy el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, luego de un sobrevuelo por la zona junto con el gobernador fueguino Gustavo Melella.

En su paso por la provincia, Federovisky dejó claro que lo mejor en estos casos es trabajar sin metas temporales, e incluso se mostró contrario a cuantificar la cantidad de superficie afectada.

Si bien la coordinadora regional patagónica del SNMF, Carolina Juárez, habló de 9000 hectáreas involucradas, aclaró que “no se sabe bien si dentro de esa área todo el bosque está quemado” y advirtió que “posiblemente sea mucho menos”.

El viceministro anunció el envío de 20 nuevos brigadistas nacionales, que se sumarán a los 80 ya afectados al operativo. 50 de ellos serán relevados por otro grupo similar el próximo lunes, y el viernes 23 habrá un nuevo recambio de la dotación. La tarea terrestre es apoyada por cinco medios aéreos, dos helicópteros con helibalde y tres avionetas hidrantes, una aportada por el SNMF y dos alquiladas por la provincia.

“Hoy la situación está un poco más calma comparativamente con días anteriores. Ha soplado muchísimo menos viento. Hemos sobrevolado la zona con el Gobernador y lo que hemos visto es una situación más calma, sin que esto signifique que esté definitivamente controlada”, declaró Federovisky.

La mejora de las condiciones fue confirmada a este medio por habitantes de La Rinconada, la única urbanización del “Corazón de la Isla” donde habitan 60 familias, y por propietarios de las estancias establecidas en la zona.

“Después de lo que pasamos el lunes a la noche (cuando el fuego se acercó a metros de la propiedad) hoy estamos mucho más tranquilos. También cayó un poco de lluvia y eso dio tiempo a hacer nuevos cortafuegos. Fue un gran alivio, aunque todo es paso a paso”, contó Noelia Ruiz, integrante de la familia propietaria de la ex estancia Carmen, hoy reconvertida en el refugio turístico “Corazón Fueguino”.

Lo mismo confirmaron allegados a los emprendimientos que funcionan en Isla Guanaco, ubicada a unos 200 metros de la costa del Lago Yehuin y también alcanzada por las llamas.

Los expertos coinciden en que la sequía que afecta el lugar, producto del impacto del cambio climático, fue un desencadenante clave del desastre.

Durante cuatro años consecutivos se registraron precipitaciones inferiores al período anterior, y ello origina una acumulación de materia orgánica sobre el suelo, mientras que el aumento de la temperatura impone un “estrés hídrico” sobre la vegetación. 

Con esos argumentos científicos, el Gobierno nacional declaró la emergencia ígnea y el Consejo Federal de Medio Ambiente instó a todas las provincias a declarar la prohibición de encendido de fuego en lugares agrestes, medida que está vigente en Tierra del Fuego.

Si bien el incendio en el “Corazón de la Isla” es atribuido a negligencia humana, los lugareños no ocultaron su molestia con la respuesta estatal, sobre todo en las primeras jornadas posteriores a la aparición de las llamas.

“Nos abandonaron”, “nos dejaron solos”, tardaron en reaccionar“, son frases que se repitieron durante toda la primera semana de la catástrofe forestal. De hecho, los vecinos mostraron cortafuegos hechos por ellos mismos, valiéndose de herramientas y maquinaria propia. 

Pero la respuesta de las autoridades es que en esos primeros días el clima hacía imposible cualquier otra actividad a la que se desarrolló, y que en ningún caso existieron o existe falta de recursos.

“Si solo se tratara de acumulación de recursos, no habría incendios regulares en Estados Unidos que tiene el sistema forestal mejor equipado del mundo, o en Australia”, refutó hoy el viceministro de Ambiente.

También dijo que no hace falta ayuda internacional para combatir el fuego y que el SNMF tiene en la actualidad “más medios aéreos que en toda su historia”.

Sin embargo, el secretario de Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, admitió que se hicieron gestiones para obtener cooperación internacional y que uno de los países consultados fue Chile, aunque “el país trasandino está atravesando una situación similar en materia de incendio forestales, por lo que nos ha comunicado de manera oficial que los aviones hidratantes de gran porte estarían recién disponibles para el mes de enero”. precisó.

En tanto, otro organismo que se expidió sobre el incendio en tierras fueguinas fue Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que se solidarizó con los productores de la zona y fue muy crítica del Gobierno nacional. 

“Nos preguntamos donde están las brigadas nacionales de manejo y control del fuego, los aviones hidrantes, los recursos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Necesitamos soluciones para los productores del sur argentino, hoy desamparados y un Estado nacional ausente”, fustigó la entidad en un comunicado.

Así, mientras continúan los chisporroteos entre sectores y personas con posturas antagónicas, las otras chispas, las del fuego real, siguen saltando entre los árboles del bosque milenario fueguino, a la espera de que la situación quede definitivamente bajo control.

GR/MG

Entidades que representan a agricultores de Argentina rechazaron este jueves la posibilidad de que el Gobierno de Alberto Fernández avance con el cobro de un canon por el uso propio de semillas obtenidas a partir del cultivo de eventos modificados genéticamente y patentados por empresas de biotecnología.

“Rechazamos cualquier intento unilateral e inconsulto de modificar un tema tan sensible para el productor que representamos”, expresó la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, una de las cuatro mayores patronales rurales de Argentina.

El martes pasado, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se reunió con los representantes de empresas de semillas para avanzar en un proyecto que impulse el cobro a los productores rurales por el uso de semillas de soja y de trigo transgénicos.

Argentina tiene una ley de semillas aprobada en 1973, cuando no existía esta tecnología, y desde hace dos décadas hay pujas entre las empresas desarrolladoras y las patronales de agricultores que han impedido en la práctica una actualización normativa en el Parlamento.

Los “obtentores”, como técnicamente se denominan a los desarrolladores de eventos genéticamente modificados, cobran regalías al momento de vender una bolsa de semillas a un agricultor para su cultivo.

Pero desde hace años reclaman además cobrar regalías también por el denominado “uso propio”, aquel que hace un agricultor cuando destina a la resiembra parte de los granos obtenidos en una cosecha.

Los agricultores no rechazan que los derechos de propiedad intelectual en el mejoramiento fitogenético sean debidamente reconocidos, pero reclaman que este cobro se haga exclusivamente sobre la semilla al momento en que el agricultor la compra al “obtentor”.

Años atrás, ya hubo una fuerte polémica cuando la multinacional Monsanto intentó cobrar regalías sobre los embarques con soja transgénica cultiva en Argentina y exportados a diversas partes del mundo.

“La solución debe ser equilibrada entre las partes, obtentores, usuarios y Estado”, dijeron este jueves en un comunicado las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), otra de las grandes patronales del sector agropecuario, que sostuvo que la eventual imposición de una tasa tecnológica sobre la venta de granos solo beneficiaría a los obtentores.

Las entidades rurales también se quejaron por no haber sido convocadas para discutir este asunto.

“Siempre somos convocados para ser informados de una decisión ya tomada. Lo que necesitamos es que se nos convoque a intercambiar opiniones y propuestas que terminen en una decisión que comprenda e integre a todas las partes”, dijo CRA.

Argentina es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja, el tercero de porotos de soja y el quinto de harina de trigo.

Con información de EFE.

IG