Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) rechazó la decisión del Gobierno de autorizar la importación de alimentos con arancel cero para combatir la inflación, por entender que esa medida es “sorpresiva e innecesaria”.

El Ministerio de Economía anunció durante el último fin de semana que el Mercado Central podrá importar alimentos de manera directa, con el fin de reducir el precio efectivo de venta al público de productos frescos.

Según CRA -entidad que forma parte de la Mesa de Enlace- esa medida “no deja de sorprender, dado que el problema inflacionario no se remite a un producto o rama productiva en particular, como los alimentos, sino que es un problema de raíz macroeconómica, responsabilidad únicamente de la política económica”.

Por ese motivo, se preguntó: “¿Tiene sentido usar las muy escasas reservas del Banco Central para gastarlas en importaciones de alimentos? Cuando esas reservas son imprescindibles para importar insumos que no se producen en el país, desde fertilizantes hasta piezas y accesorios de tecnologías varias para distintas actividades productivas”.

“¿Qué y cuáles alimentos se importarían? ¿Qué impacto tendrían en la medición del IPC? ¿Qué impacto tendrían realmente en la canasta de consumo de las familias? ¿Qué implicarían para determinadas producciones de alimentos nacionales, que van a vender aún menos, y así, agravar la crítica situación financiera de las empresas y golpear más la cadena de pagos? ¿Qué pasaría con los productores de frutas, verduras, carne, leche y otras producciones regionales, que reciben un precio interno que no cubre costos, tienen serios problemas de rentabilidad, no pueden ser competitivos con este tipo de cambio, y, paradójicamente, el consumidor no puede pagar el precio de estos alimentos, inflados de impuestos?”, indicó CRA.

En este marco, consideró necesario “aplicar una nueva política antiinflacionaria, eliminando el déficit fiscal. Además, promoviendo la producción y las exportaciones, por ejemplo, avanzando en el Acuerdo Unión Europea- Mercosur, paralizado por este Gobierno, donde se podrían exportar más alimentos, y no sumando importaciones innecesarias”.

Para la entidad agropecuaria, el Poder Ejecutivo no “atiende adecuadamente” la dinámica inflacionaria, por lo cual, alertó, “la situación económico-social se agrava”.

Con información de NA.

IG

El 1° de noviembre en las calles argentinas debería dejar de verse una postal típica: la del trabajador que, vestido de blanco, carga sobre su hombro una media res y la lleva desde el camión frigorífico a la carnicería. Ese día entra en vigencia la resolución que obliga a cambiar el formato y distribuir la carne en trozos de no más de 32 kilos, como una manera de mejorar las condiciones laborales del sector y también de hacer una asignación más eficiente de cortes entre comercios. 

Si bien la medida no es sorpresiva, sino que dispuso un tiempo de adaptación y una prórroga, en la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya) aseguran que es “totalmente inviable”. Su titular, Leonardo Rafael, pidió su “suspensión” hasta tanto se encuentren soluciones “viables y sustentables en el tiempo”. En cambio, oros sectores del rubro, como el consorcio exportador ABC, se manifestaron en total apoyo a la medida. 

Camya participó junto con distintas cámaras del sector en una reunión realizada este lunes en las instalaciones de la Sociedad Rural Argentina, donde unificaron posiciones y elevaron una carta al ministro de Economía, Sergio Massa; a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo. Como punto central, sugieren mantener el formato de la media res y establecer nuevos “medios mecánicos” para descargarla. ¿Qué tipo de medios mecánicos? “Un aparejo que baje la media res y la ponga en una camilla, un carro, o algo que la traslade”, explicó a elDiarioAR Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria de la Carne (CICCRA).

Tras la consulta de este medio, en la Secretaría de Agricultura señalaron que la medida se mantiene y que “Senasa empezará con los controles a partir del 1° de noviembre”, tal como lo establece la resolución.  “Tuvieron casi tres años para acomodar sus instalaciones y se fueron demorando, pensando que no iba a llevarse adelante la medida”, señalaron.

En abril de 2020 la Superintendencia de Riesgos del Trabajo estableció que toda manipulación, transporte y distribución de productos cárnicos, cuyo peso sea superior a los 25 kilos “se deberá realizar con la asistencia de medios mecánicos adecuados”. Una resolución de 2021 elevó ese parámetro a los 32 kilos. 

Si bien el argumento central fue mejorar las condiciones de trabajo de los “hombreadores”, también se consideró que una distribución por trozos de menor peso le permitiría a los abastecedores realizar una asignación más eficiente del producto de acuerdo a las necesidades de cada mercado minorista. Por ejemplo, podrían distribuir más cantidad de cortes baratos en las carnicerías de las zonas más humildes y más cortes de mayor valor en las zonas más acomodadas. Así, la oferta no sería uniforme ni estaría limitada a la integración de cada media res. 

Las medidas ya contemplaban que el nuevo sistema de comercialización requeriría de transformaciones para adecuar la infraestructura de varios de los frigoríficos existentes: agregar espacios de oreo, aumentar las instalaciones, incorporar algunas maquinarias y equipamientos de frío. Por eso disponía implementar programas de asistencia financiera para frigoríficos y faenadores y establecía la entrada en vigencia para el 1° de enero de 2022, fecha que luego fue postergada al 1° de noviembre. 

Schiariti, que participó de la reunión realizada ayer en la Rural, señaló que se trata de una decisión unilateral del Gobierno Nacional y que “no hubo tres años de diálogo sobre este tema”. “No hubo ni un minuto de diálogo”, señaló. 

Según dijo, todos están de acuerdo y hay predisposición para evitar que sea una persona la que cargue más de 100 kilos en su espalda, pero que la resolución del Gobierno o se queda a “mitad de camino”. “Lo que se tiene que hacer es obligar a salir de fábrica con cortes anatómicos, pero para eso hace falta una ley y un estudio muy importante en cuanto a la financiación necesaria para que la industria se adecue y también un estudio sobre la logística de distribución”. ¿Así es como se distribuye la carne en los países más desarrollados?, le preguntó este medio a Schiariti. “No en todos. Vengo de Inglaterra donde he visto bajar cerdo al hombro”. 

Por otro lado, cuestionó las “amenazas” que hay sobre quienes no cumplan, que incluyen clausuras de frigoríficos y la pérdida de matrículas para poder faenar y se preguntó si los gobernadores de las provincias “van a permitir que les cierren 370 fábricas”. Según anticipó, el 1° de noviembre “algunos saldrán [con la res] en tercios, algunos con medios mecánicos y muchos otros con ninguna de las dos cosas”. 

En un comunicado oficial, la Camya señaló que al día de hoy la mayor parte de las plantas faenadoras no cuentan con instalaciones adecuadas para realizar el corte de las medias reses. “Los plazos establecidos para su adecuación no han podido cumplirse debido al alto costo y la complejidad de las obras a realizar y por razones ajenas a la industria, tales como la financiación de las obras comprometida por el Gobierno no se ha hecho efectiva”, detalla.   

En la Secretaría señalan que de ninguna manera se oponen a los medios mecánicos para descargar, pero señalan que las carnicerías de barrio no cuentan con esos recursos, por lo que es de esperar que de suspenderse la medida los trabajadores deban seguir cargando la media res al hombro. Señalaron que buscarán coordinar una reunión, aunque no se las han solicitado formalmente.

La cámara de matarifes y abastecedores consideran que la medida propuesta “no ofrece ventajas sanitarias por tratarse de cuartos sin ningún tipo de protección o envase”. “Tampoco genera economías ni mejoras ambientales por mejor aprovechamiento de subproductos ya que los huesos y grasa seguirán siendo trasladados a las carnicerías y desde allí a las graderías del mismo modo en que se lo hace actualmente con las medias reses”. 

Camya  también buscó rebatir el argumento de la asignación más eficiente de la mercadería. “No responde al concepto de abastecer con cortes según demanda ya que los cuartos que integran cada media res se comercializarán en conjunto por falta de capacidad de la industria para organizar su trazabilidad y logística de acopio y distribución”, aseguró.

En la reunión realizada ayer en la Sociedad Rural Argentina estuvieron presentes, además de la Camya, Ciccra, CAF, representantes de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa), de la Cámara de Consignatarios de Hacienda, del Mercado Agroganadero, del Centro de Consignatarios de Productos del País y decenas de matarifes, dueños de frigoríficos y carniceros de todo el país.

DT

El ministro de Economía, Sergio Massa, tiene previsto reunirse este viernes con los dirigentes de la Mesa de Enlace y se aguarda que los ejes del encuentro pasen por la liquidación de divisas, como reclama el Gobierno, y una baja gradual de las retenciones, como pretende el campo.

La reunión iba a realizarse el viernes último, apenas 48 horas después de la asunción de Massa, pero finalmente se postergó una semana.

Este viernes, el titular de la cartera de Economía se verá con los directivos de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace en la localidad bonaerense de General Las Heras; también participará el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

Antes de verse a cara a cara con el jefe del Palacio de Hacienda, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, anticipó alguno de los planteos que llevarán a la mesa de discusión.

“Hay que solucionar temas básicos de la macroeconomía porque es muy difícil trabajar con una inflación de 60 o 70%. También es básico evitar todas estas cuestiones como los derechos de exportación, los dos tipos de cambio o los fideicomisos. Estas cosas no ayudan en nada a proyectarnos”, dijo Pino el martes, en una charla organizada por un matutino porteño.

En tanto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Jorge Chemes, reclamó una baja de los derechos de exportación: dijo que de esa manera se daría una “señal”, a partir de un cronograma de eliminación de las retenciones hasta legar a cero.

El dirigente adelantó esta semana que quieren escuchar la propuesta oficial sobre los derechos de exportación y luego negociar una disminución.

Cuando anunció los principales lineamientos de su gestión, Massa comentó que para fortalecer las reservas se acordó “un esquema de adelanto de divisas por exportaciones con las cadenas de la pesca, el agro, la minería y otros sectores, que ingresarán en los próximos días US$ 5.000 millones”.

El malestar de CONINAGRO

Carlos Lannizotto, presidente de CONINAGRO, aseguró este viernes que una de las alternativas para que haya dólares “es más producción. El mismo Gobierno genera inflación e impide la entrada de dólares”, remarcó.

Asimismo, expresó su malestar por “los cupos, cepos y límites” y que le da tristeza “escuchar a los jubilados así”. Por otra parte, consideró como “bueno lo de la tasa de interés, pero frena la economía”.

De acuerdo al directivo de CONINAGRO, “no se sale de la inflación poniendo restricciones a la moneda, al dólar. Es un tema político. Si no nos alejamos del relato del kirchnerismo y no vamos hacia la producción y la alianza del sector público y privado, estamos en problemas”, concluyó en declaraciones a A24.

Con información de agencias.

IG

Entidades que representan a agricultores de Argentina rechazaron este jueves la posibilidad de que el Gobierno de Alberto Fernández avance con el cobro de un canon por el uso propio de semillas obtenidas a partir del cultivo de eventos modificados genéticamente y patentados por empresas de biotecnología.

“Rechazamos cualquier intento unilateral e inconsulto de modificar un tema tan sensible para el productor que representamos”, expresó la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, una de las cuatro mayores patronales rurales de Argentina.

El martes pasado, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se reunió con los representantes de empresas de semillas para avanzar en un proyecto que impulse el cobro a los productores rurales por el uso de semillas de soja y de trigo transgénicos.

Argentina tiene una ley de semillas aprobada en 1973, cuando no existía esta tecnología, y desde hace dos décadas hay pujas entre las empresas desarrolladoras y las patronales de agricultores que han impedido en la práctica una actualización normativa en el Parlamento.

Los “obtentores”, como técnicamente se denominan a los desarrolladores de eventos genéticamente modificados, cobran regalías al momento de vender una bolsa de semillas a un agricultor para su cultivo.

Pero desde hace años reclaman además cobrar regalías también por el denominado “uso propio”, aquel que hace un agricultor cuando destina a la resiembra parte de los granos obtenidos en una cosecha.

Los agricultores no rechazan que los derechos de propiedad intelectual en el mejoramiento fitogenético sean debidamente reconocidos, pero reclaman que este cobro se haga exclusivamente sobre la semilla al momento en que el agricultor la compra al “obtentor”.

Años atrás, ya hubo una fuerte polémica cuando la multinacional Monsanto intentó cobrar regalías sobre los embarques con soja transgénica cultiva en Argentina y exportados a diversas partes del mundo.

“La solución debe ser equilibrada entre las partes, obtentores, usuarios y Estado”, dijeron este jueves en un comunicado las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), otra de las grandes patronales del sector agropecuario, que sostuvo que la eventual imposición de una tasa tecnológica sobre la venta de granos solo beneficiaría a los obtentores.

Las entidades rurales también se quejaron por no haber sido convocadas para discutir este asunto.

“Siempre somos convocados para ser informados de una decisión ya tomada. Lo que necesitamos es que se nos convoque a intercambiar opiniones y propuestas que terminen en una decisión que comprenda e integre a todas las partes”, dijo CRA.

Argentina es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja, el tercero de porotos de soja y el quinto de harina de trigo.

Con información de EFE.

IG