Las semillas, una vez más, vuelven a ser tema de agenda. La cartera de Desregulación y Modernización del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, impulsó modificaciones en los marcos regulatorios de los organismos de patentes y semillas que habilitan el proceso de privatización de los recursos fitogenéticos. En las sombras y de manera completamente antidemocrática, la aprobación de la Resolución Conjunta N° 3 y la derogación de la Resolución N° 283 modifican aspectos fundamentales de la Ley de Semillas (20.247), vigente desde 1973. Por un lado, habilitan el control de las empresas semilleras sobre lo que los productores plantan en sus campos a partir de la toma de muestras en los acopios. Por el otro, se abre la puerta para permitir la privatización de la vida y, en este marco, de la propia semilla a través de la modificación del régimen de patentes.

Tal y como ocurrió en la década de los 90 —cuando se creó la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, en 1991, y se aprobó la soja Roundup Ready, resistente al herbicida glifosato, en 1996—, los cambios más radicales en torno a la estructura de la producción agraria en Argentina se hicieron, nuevamente, a través de actos reglamentarios de bajo nivel jerárquico.

Aun así, esta avanzada antidemocrática para la privatización de la semilla no es el resultado de una “mera imitación” de las épocas doradas del neoliberalismo, sino el aprendizaje del capital, luego de cuatro décadas de resistencia de las organizaciones sociales, agrarias y urbanas, que evitaron la modificación de la ley y resguardaron las semillas. La necesidad imperiosa de las corporaciones por avanzar sobre este recurso estratégico ha tenido múltiples intentos previos.

La avanzada política, los intentos de modificar la Ley de Semillas

Si bien durante la década de los 90 se configuraron los instrumentos necesarios para consolidar los “derechos de obtentor” —que otorga la propiedad de una nueva variedad de semilla— como la creación del Instituto Nacional de Semillas (Inase), en 1991, y la ratificación del acuerdo de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 78, en 1994, fue recién en 2012 cuando se promovió con fuerza la modificación de la Ley de Semillas.

Ese año, en un contexto de boom de exportación de soja en el que Argentina se posiciona como la tercera productora global de cultivos genéticamente modificados (GM) —con más de 32 millones de hectáreas totales, de las cuales 19 millones correspondían a soja transgénica—, Cristina Fernández se reunió con la corporación Monsanto. En dicho encuentro se acordó la instalación de una planta de semillas GM en Córdoba, la liberación de la soja “Intacta” (una nueva versión GM de Monsanto) y la presentación de un proyecto de ley, que buscaba redefinir los mecanismos de producción, comercialización y propiedad de las semillas en nuestro país, fortaleciéndonos globalmente como “defensores de las patentes”, según declaró la presidenta en ese momento.

La soja Intacta siguió su camino y se sumó a la lista de semillas GM, que crecía sin prisa, pero sin pausa (alcanzando las 29 variedades en ese entonces). En cambio, el pueblo de Malvinas Argentinas, en Córdoba, con una fuerte resistencia que duró cuatro años, consiguió evitar que la planta de Monsanto se instalara. A través de la lucha, los acampes, las presentaciones legales y una exitosa nacionalización del conflicto, se frenó el desembarco de la multinacional.

Mientras tanto, la resistencia contra la reforma de la Ley de Semillas también crecía. La articulación de la Campaña contra la Ley Monsanto de Semillas rechazó los aspectos fundamentales del proyecto de ley que habilitaban la privatización del recurso a través de múltiples estrategias de visibilización, actividades públicas y la intervención en audiencias parlamentarias.

Sólo un par de años después, bajo el gobierno de Mauricio Macri, volvió a abrirse el proceso. Este nuevo intento apuntaba, otra vez, a modificar el corazón de la ley con el objeto de habilitar la privatización. Pero, ¿cuáles eran los aspectos focales de estos cambios?

En primer lugar, se tornaba fundamental catalogar a las semillas como “creaciones fitogenéticas u obtenciones vegetales”. La revalidación conceptual de la semilla permitiría reconocerla como un “descubrimiento” o un “invento”; una especie de tecnología cuyo conocimiento debía ser “apropiado” —según las empresas— para favorecer la innovación. De esta manera, la semilla se volvía susceptible de apropiación privada, sin importar si era genéticamente modificada o si se trataba de variedades criollas y nativas.

En segundo lugar, las modificaciones tendían a fortalecer el poder de policía del Inase y de los actores privados. Esto garantizaba que las empresas, ante la sospecha de que sus derechos de propiedad intelectual estuvieran siendo vulnerados, pudieran acceder a campos o silos en cualquier lugar y disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción.

Finalmente, como aspecto central, la reforma buscaba eliminar el “derecho de uso propio” de los agricultores para transformarlo, en el mejor de los casos, en una mera “excepción”. Así, las empresas podrían requerir el pago de regalías por una variedad protegida a quien reserve y utilice semilla para su uso propio en cada posterior propagación o multiplicación.

De esta manera, el uso propio dejaría de ser un derecho, garantizado incluso por acuerdos internacionales ratificados por Argentina —como la (UPOV) en su versión de 1978 y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), conocido como Tratado de Semillas—. Así se buscaba borrar de un plumazo el reconocimiento al rol histórico que los productores han tenido en el mejoramiento de la agricultura.

Si bien el trabajo de visibilización y presión de las organizaciones sociales y campesinas, junto con el posicionamiento —a veces ambiguo y a veces moderado— de la Federación Agraria Argentina (FAA), consiguieron frenar la reforma legislativa, la disputa no terminaría allí.

Las grandes corporaciones buscarían múltiples estratagemas para avanzar, habiendo asimilado un aprendizaje fundamental: cuanto más se abriera la discusión parlamentaria, más funcionaria como un caja de resonancia de los diversos posicionamientos sociales y más difícil sería modificar los marcos regulatorios. Por eso, comenzaron a ensayar otros caminos.

La avanzada judicial, una genética corporativa

En noviembre de 2020, el Juzgado Federal Civil y Comercial N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires le reconoció a la empresa Bayer-Monsanto el derecho de patente sobre la secuencia genética MON 89788, la cual otorga tolerancia al herbicida glifosato en los cultivos de soja. El fallo alegaba que la tarea inventiva de la empresa merecía el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial. Este reclamo judicial había sido iniciado en paralelo a las discusiones legislativas, interpelando a otro poder del Estado mucho menos permeable a la participación de la ciudadanía.

Sin embargo, las contradicciones emergieron de la propia estructura estatal. Ese mismo año, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) apeló este fallo favorable a la multinacional. Tras ser ratificado por la Cámara de Apelaciones en 2022, el organismo volvió a apelar, llevando la resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En dicha apelación, el INPI planteaba la incompatibilidad del patentamiento de una semilla con la legislación nacional expresada en la Resolución Administrativa N° 283, la cual clarificaba los principios fundantes de la Ley de Patentes en Argentina. El INPI establecía que:

A pesar del carácter aclaratorio de la intervención del INPI y de la presentación de un amicus curiae por parte de múltiples organizaciones sociales, asociaciones de productores de la agricultura familiar y pueblos originarios —quienes reclamaban una participación democrática—, la Corte Suprema convalidó el derecho de patente de Bayer-Monsanto en 2023. De esta forma, la justicia avaló el patentamiento por vía de los hechos, dando un paso que no se había podido concretar legalmente y desconociendo los reclamos de la sociedad civil.

Resoluciones y tratados comerciales a pedido de las corporaciones semilleras

A principios de junio empezaron a circular las novedades. El proceso de privatización de semillas ya no era necesario discutirlo en el Congreso ni dirimirlo en instancias judiciales. Los cambios vendrían desde lo más profundo de los pasillos institucionales. El Poder Ejecutivo publicó la Resolución Conjunta N° 3 —firmada por el titular del Inase, Martin Famulari; y el titular de la Secretaría de Agricultura, Sergio Iraeta—, en la que establece un protocolo para el control de la identidad varietal de los granos. Este marco habilita a que empresas privadas, de manera descentralizada, tomen muestras e identifiquen la variabilidad genética de los cultivos. Si bien la resolución se adjudica un mero objetivo registral, también plantea que “el titular de la variedad identificada podría efectuar la denuncia”.

Las intenciones de esta medida quedaron rápidamente al desnudo: la identificación del origen o “dueño” de las variedades genéticas utilizadas en los campos es, tal como muestra la historia, el inicio de una seguidilla de juicios a los productores agropecuarios que utilicen semillas de empresas como Bayer-Monsanto o Syngenta. Al igual que sucedió en Estados Unidos, este es el primer paso necesario para habilitar el cobro compulsivo de regalías por patentes.

Pocos días después, se derogó la mencionada Resolución N° 283 del INPI mediante la Resolución N° 197. Así, la herramienta normativa que había sido utilizada por el propio instituto para frenar el patentamiento de la secuencia genética de la “Soja Intacta” desapareció mediante un simple acto administrativo.

Con estos movimientos se empezaron a barrer los obstáculos para facilitar la reforma fáctica de la Ley de Semillas. Permitir que los privados tomen muestras en los campos implica delegar un poder de policía estatal en manos corporativas. Alterar las dinámicas de aplicación de una ley mediante resoluciones administrativas que contradicen la legalidad vigente genera ruidos que, a mediano y largo plazo, vuelven “inevitable” la modificación legal de fondo. Y en este escenario, está claro quiénes se benefician.

A estas presiones regulatorias domésticas se suma la geopolítica global en su arista más feroz. Las históricas demandas de las corporaciones semilleras para reforzar los marcos de propiedad intelectual se consolidan de manera explícita en el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Argentina. El acuerdo (en su Anexo 3, artículo 1.9) exige que el país ratifique el convenio UPOV 91 —que profundiza el control a favor de las corporaciones, limitando el derecho de uso propio— y el Tratado de Budapest, sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los efectos de los procedimientos en materia de patentes.

La ratificación de esos acuerdos, por un lado, busca la doble protección de las semillas a favor de las corporaciones (vía derechos de obtentor y cobro de patentes) y, por el otro, promover el patentamiento del ADN, líneas celulares, embriones e incluso plantas enteras. Aunque el acuerdo se firme con Estados Unidos, beneficiará a las multinacionales concentradas de todo el mundo.

Este avance profundiza las dinámicas de mercantilización del capitalismo agrario global, habilitando el control oligopólico de un mercado en el que apenas cinco empresas —Syngenta, Corteva, Basf, Bayer-Monsanto— dominan las semillas a nivel mundial. Esto se traducirá en el alza de los precios de los insumos agrarios y, en consecuencia, de los alimentos, obligando a los productores no sólo a comprar la semilla, sino a pagar regalías perpetuas por su uso.

Organizarse y resistir a la privatización de la vida

La historia nos brinda un dato contundente: desde la década de los 90, la privatización de las semillas es un proyecto de Estado. Sin importar el signo político de turno, y buscando diversos recovecos para su implementación, los intentos por avanzar en la apropiación de los bienes comunes por parte del capital han marcado la agenda de la regulación agraria en Argentina.

En este sentido, no es menor que las resistencias más firmes hayan provenido de la sociedad civil y de los sectores que escapan al organigrama estatal de la agricultura transgénica. Tampoco es casualidad que la estrategia actual evite deliberadamente los debates parlamentarios y la discusión democrática.

Lo que está en juego es vital. La semilla es el eslabón inicial de la cadena alimentaria; quien la controle definirá la totalidad del proceso productivo y, en última instancia, qué comemos día a día. En los países donde las corporaciones lograron imponer estas normativas, el panorama es el mismo: persecución de agricultores, criminalización del intercambio de semillas, destrucción de cosechas y un férreo control corporativo sobre los precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica.

Quienes construimos soberanía alimentaria debemos ponernos en alerta. No podemos subestimar estas resoluciones tratándolas como “reformas menores”. Aunque en lo inmediato parezcan afectar a un sector específico del agro, constituyen los cimientos de un proyecto que se intenta imponer desde hace más de 40 años.

Rechazar estas resoluciones, defender la Ley de Semillas frente a las modificaciones corporativas y denunciar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (al igual que todos los tratados que buscan profundizar los marcos de propiedad intelectual) es una tarea urgente e impostergable.

La privatización de las semillas legitima la expropiación de los conocimientos tradicionales de miles de campesinos y productores familiares, lesionando formas de producción sustentables como la agroecología, que nos alimenta respetando el ambiente y la salud, contruyendo dinámicas comunitarias y de compañerismo con un horizonte emancipatorio .

Si el proyecto de construcción de la “República Unida de la Soja” se impulsa desde las oficinas del Estado argentino, somos las organizaciones campesinas, los productores de la agricultura familiar, las asociaciones de consumidores y las asambleas ambientales quienes tenemos la obligación de activar el botón que reinicie la lucha contra ese proyecto, en defensa de nuestras semillas, por la agroecología y la soberanía alimentaria.

Carla Poth es politóloga, investigadora y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento

Mauro Colagreco es uno de los mejores chefs del mundo y ganador de tres Estrellas Michelin. El 4 de marzo de 2026, el chef argentino hizo un viaje junto a UNESCO para visitar Spitsbergen, la isla habitada más septentrional de Europa que tiene la particularidad de albergar una de las reservas más importantes de semillas del mundo.

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard y los Archivos Mundiales del Ártico (AWA, por sus siglas en inglés) se encuentran a 1.000 km del Polo Norte, en el archipiélago de Svalbard, Noruega. En un posteo de redes sociales, Colagreco describió el lugar como “catedrales subterráneas de hielo y silencio dedicadas a preservar la biodiversidad natural y cultural del mundo”. Allí, el chef argentino expresó su deseo de iniciar el complejo proceso para depositar una variedad de cebolla proveniente de la zona de Menton, Francia, considerada un “emblema” de ese país. “Esto no es más que una ocasión para recordar que la gastronomía comienza con una semilla”, terminó su posteo.

Las instalaciones son conocidas como la “Bóveda del Juicio Final”, la “Bóveda del Fin del Mundo” o el “Arca de Noé de semillas” porque fue construida para resguardar distintas especies provenientes de 249 países. El objetivo es poder utilizar dichas muestras para resembrar áreas afectadas por plagas, guerras, epidemias e incluso, catástrofes naturales como consecuencia del cambio climático. Según información de la Real Embajada de Noruega en Argentina, el Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas (ICARDA por sus siglas en inglés) ubicado en la ciudad de Alepo, se convirtió en el primer banco genético de semillas en recuperar muestras de su “copia de seguridad” depositadas en la Bóveda Global de Semillas de Svalbard para poder continuar con el cultivo de alimentos, tras el conflicto en Siria de 2015. 

En 2008, el gobierno noruego inauguró la “Svalbard Global Seed Vault” como una contribución a la biodiversidad del planeta y una forma de asegurar el abastecimiento de alimentos para el mundo. Se requirió un costo aproximado de US$ 9 millones y la validación del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La bóveda está construida a 130 metros de profundidad en el interior de una montaña. El hormigón armado, acero y aluminio la protegen de posibles terremotos, explosiones nucleares y del aumento del nivel del mar. También, se utilizó un tipo de roca que mantiene temperaturas bajo cero.

La bóveda cuenta con una capacidad de 4,5 millones de muestras, hoy son 1.378.238 de 6,521 especies almacenadas. La instalación fue estratégicamente pensada para el archipiélago de Svalbard por su baja actividad tectónica y a 130 metros sobre el nivel del mar, lo que garantiza que el suelo esté seco. Según la FAO, la bóveda es considerada la mejor póliza de seguro para el suministro mundial de alimentos, alberga semillas en un entorno controlado (-18 °C/-0,4 °F). El techo de la Bóveda además de ser una obra de arte (Repercusión Perpetua, Dyveke Sanne) sirve ante una catástrofe para poder ser identificada a la distancia. Sobre los aspectos administrativos, la Bóveda de Semillas es financiada por el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Noruega y operada por el Centro Nórdico de Recursos Genéticos (NorGen). La actividad está supervisada por un consejo internacional específico (Global Crop Diversity Trust) establecido para su asesoramiento y cooperación global única, un ejemplo del multilateralismo. Entre los países que han mandado semillas, se encuentra Corea del Norte que a diferencia del resto, sus cajas son de madera y comparten espacio con las cajas plásticas de Estados Unidos.

Esta entidad es uno de los edificios más seguros del mundo, ofrece un servicio de resguardo gratuito pero no para cualquier tipo de plantas, Noruega prohíbe explícitamente muestras ilegales o modificadas. Bajo el sistema de “caja negra”, las plantas se disponen en cajas plásticas selladas que son enviadas al Banco de Semillas por los depositantes voluntarios como bancos genéticos (ya sean públicos y privados), sometidas a filtros especiales de seguridad en el aeropuerto y son abiertas sólo por el depositante que previamente ha firmado un contrato con la entidad en cuestión. 

Mauro Colagreco no fue el único argentino que visitó este lugar. En 2015 el entonces embajador Juan Manuel Ortiz de Rozas (hijo del diplomático Carlos Ortiz de Rozas y fundador del CARI, think tank nacional de política exterior) fue invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.

Argentina todavía no ha depositado directamente ejemplares de semillas en la bóveda aunque, un total de 27 bancos genéticos internacionales enviaron 5526 muestras de material recolectado en territorio argentino.

Según datos de la Real Embajada de Noruega en Argentina, la Bóveda de Semillas es un lugar seguro, desmilitarizado y protegido ambientalmente. En caso de falla eléctrica, el “permafrost” –que es la capa de suelo permanentemente congelada que facilita la conservación de bajas temperaturas– actúa como un refrigerante natural asegurando la supervivencia de las semillas.

La Bóveda de Semillas funciona como una suerte de fortaleza en clara similitud con la “Fortaleza de la Soledad”, la base secreta de Superman. Ambas instalaciones están ubicadas en el Círculo Polar Ártico, excavadas dentro de una montaña y preservan, como dijo Colagreco, la memoria y la cultura.

Es que el auge de la agricultura moderna, la unificación de la producción de alimentos de tipo industrial y la pérdida masiva de biodiversidad cultivada pusieron en peligro de extinción a la Oignon rose de Menton,un ingrediente clave en los platos de Mirazur, el restaurante insignia de Colagreco. Según la FAO, el 75% de las variedades cultivables de cebolla desapareció en cien años por las grandes áreas de monocultivo, nueva maquinaria agrícola y tecnología eficiente de fertilización y riego como el surgimiento de cultivos transgénicos (organismos genéticamente modificados). En el texto debajo del posteo, el chef junto a UNESCO dieron testimonio del compromiso con promover el cultivo y la preservación de la biodiversidad, el emblema de la cebolla rosa de Menton.

Según contaron desde Mirazur, durante su visita a Svalbard, el chef argentino también acudió al AWA (Archivo Ártico Mundial), donde se preserva la memoria cultural y el patrimonio intangible de distintos pueblos. Allí sí realizó un depósito que incluye: una receta de tarta elaborada con cebolla rosa de Menton, el protocolo de cultivo de esta variedad, una receta de Nendo Dango (método ancestral de siembra difundido por la permacultura), el segundo libro de Mirazur —centrado en la experiencia de los jardines y la creación del menú basado en el calendario lunar biodinámico lanzado tras el confinamiento por la COVID-19—, y una carta de intención que fue tan bien recibida que será expuesta enmarcada a la entrada del archivo para los visitantes.

El ministro de Economía Sergio Massa formalizó este martes los anuncios de financiamiento en la compra de insumos para los pequeños agropecuarios y economías regionales y anticipó la conformación de una mesa de trabajo, para dar definir medidas que respondan a la situación de sequía.

“Buscamos que de alguna manera tengamos la oportunidad de ampliar la superficie sobre la que Argentina regenera recursos. Aspiramos a tener más de un millón de hectáreas sembradas”, dijo Massa en un acto realizado en la localidad bonaerense de General Las Heras, donde remarcó: “Sabemos que estamos frente a una sequía única. Sabemos que eso nos está poniendo riesgos y dificultades, no solo en trigo sino también en maíz”.

El funcionario destacó que la asistencia estatal estará enfocada en pequeños y medianos productores que no ingresaron al programa de incremento exportador, el cual estableció un tipo de cambio diferencial para la soja y que solo estuvo vigente durante septiembre. Indicó que no se va al modelo “de crédito” sino que, por el contrario, la modalidad es para “esas unidades pequeñas que tienen dificultades de cumplir con los bancos” al momento de acceder a un préstamo.

“Por eso, estamos yendo a un modelo para subsidiar el 40% de los gastos del productor en fertilizantes y en semillas, para que pueda seguir ampliando su capacidad productiva y para que el Estado pueda devolver el esfuerzo que el sector agropecuario hizo a la hora de poner en marcha el programa de fomento exportador”, puntualizó el funcionario. La medida, que beneficiará a unos 19.000 productores, se financia con los recursos generados por el Programa de Incremento Exportador (PIE) conocido como “dólar soja”, señaló.

En cuanto a la sequía, instruyó “al secretario de Agricultura -Juan José Bahillo- al armado de una mesa con las entidades, con el INTA, con los sectores de comercialización para que evaluemos las mejores medidas para responder a esta emergencia”. Massa admitió que con las entidades del sector agropecuario “nos vamos a pelear un montón de veces, ponernos de acuerdo en otras tantas, pero lo importante es poder sentarnos a dialogar”.

Por su parte, Bahillo remarcó la importancia “estratégica” del sector e invitó a “producir impactando menos” en el medio ambiente. Hizo énfasis en que estas políticas destinadas al campo “son consecuencia de un camino que empezamos a recorrer de construir una agenda positiva tanto en el sector primario, como en las economías regionales” y aseguró que las medidas positivas son las que “están basadas en la escucha” de los sectores.

“Las economías regionales tienen importancia y gravitación en la generación de arraigo y, fundamentalmente, de empleo; solo el sector fruti-hortícola genera 200.000 puestos de trabajo” detalló, y sobre la asistencia a los pequeños productores, dijo: “Es un compromiso que asumimos en el marco del programa de incremento exportador, que pusimos en marcha con una ventana de oportunidades para la soja”.

“Si escuchamos y nos dejamos ayudar por las entidades que representan a la producción, las medidas van a ser más concretas y más exitosas”, finalizó el secretario.

LC con información de agencias

Entidades que representan a agricultores de Argentina rechazaron este jueves la posibilidad de que el Gobierno de Alberto Fernández avance con el cobro de un canon por el uso propio de semillas obtenidas a partir del cultivo de eventos modificados genéticamente y patentados por empresas de biotecnología.

“Rechazamos cualquier intento unilateral e inconsulto de modificar un tema tan sensible para el productor que representamos”, expresó la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, una de las cuatro mayores patronales rurales de Argentina.

El martes pasado, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se reunió con los representantes de empresas de semillas para avanzar en un proyecto que impulse el cobro a los productores rurales por el uso de semillas de soja y de trigo transgénicos.

Argentina tiene una ley de semillas aprobada en 1973, cuando no existía esta tecnología, y desde hace dos décadas hay pujas entre las empresas desarrolladoras y las patronales de agricultores que han impedido en la práctica una actualización normativa en el Parlamento.

Los “obtentores”, como técnicamente se denominan a los desarrolladores de eventos genéticamente modificados, cobran regalías al momento de vender una bolsa de semillas a un agricultor para su cultivo.

Pero desde hace años reclaman además cobrar regalías también por el denominado “uso propio”, aquel que hace un agricultor cuando destina a la resiembra parte de los granos obtenidos en una cosecha.

Los agricultores no rechazan que los derechos de propiedad intelectual en el mejoramiento fitogenético sean debidamente reconocidos, pero reclaman que este cobro se haga exclusivamente sobre la semilla al momento en que el agricultor la compra al “obtentor”.

Años atrás, ya hubo una fuerte polémica cuando la multinacional Monsanto intentó cobrar regalías sobre los embarques con soja transgénica cultiva en Argentina y exportados a diversas partes del mundo.

“La solución debe ser equilibrada entre las partes, obtentores, usuarios y Estado”, dijeron este jueves en un comunicado las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), otra de las grandes patronales del sector agropecuario, que sostuvo que la eventual imposición de una tasa tecnológica sobre la venta de granos solo beneficiaría a los obtentores.

Las entidades rurales también se quejaron por no haber sido convocadas para discutir este asunto.

“Siempre somos convocados para ser informados de una decisión ya tomada. Lo que necesitamos es que se nos convoque a intercambiar opiniones y propuestas que terminen en una decisión que comprenda e integre a todas las partes”, dijo CRA.

Argentina es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja, el tercero de porotos de soja y el quinto de harina de trigo.

Con información de EFE.

IG