OpenAI, la empresa de Sam Altman que desarrolló ChatGPT, y la firma Sur Energy, del empresario satelital argentino Emiliano Kargieman, anunciaron este viernes, un día después de la concreción del rescate de EE.UU. a la Argentina, que se unen para anunciar sus planes para el desarrollo de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de IA que, según ellos, situaría al país a la “vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial”. Ambas empresas han firmado una carta de intención para colaborar en un proyecto de centro de datos (data center) a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW.

Este será el primer proyecto Stargate en América Latina, cuyo objetivo es promover el crecimiento impulsado por la IA y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales, así como un acceso equitativo a esta tecnología transformadora. El clima frío y el suministro de energía son necesarios para mantener estos data centers. Su instalación en países vecinos como Chile han generado, de todos modos, impactos ambientales en términos de energía, agua y ruido molesto, tal como detalló una reciente investigación publicada por elDiarioAR.

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI. Sur Energy es el integrador de energía e infraestructura detrás de Stargate Argentina y liderará la implementación del proyecto, al asegurar que el ecosistema del centro de datos sea alimentado por “fuentes seguras, eficientes y sostenibles”, según ambas empresas.

Estructurado en el marco del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), el proyecto supondrá una inversión de hasta US$25.000 millones a plena escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas tecnológicas y de infraestructura energética de la historia de Argentina. La inversión se llevará a cabo a través de un joint venture entre Sur Energy y un desarrollador de infraestructura cloud (nube) de primer nivel.

“El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país”, declaró Kargieman. “Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial. Esta alianza convierte a Argentina en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial, creando puestos de trabajo de calidad, atrayendo inversiones internacionales y demostrando que la innovación y la energía pueden ser motores complementarios del desarrollo sostenible”.

Esta alianza busca facilitar la adopción de la tecnología de OpenAI en toda Argentina, como parte de la iniciativa OpenAI for Countries, comenzando por el Estado. Se espera que esta tecnología ayude a los empleados del gobierno, la administración pública y las instituciones de investigación argentinas a acelerar su trabajo diario, “lo que en última instancia permitirá ahorrar costes y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos argentinos”, según las compañías involucradas en el negocio.

Sur Energy es una empresa de desarrollo de infraestructura digital enfocada en América Latina, fundada por Kargieman y su compatriota Matías Travizano, junto con el estadounidense Stan Chudnovsky. Implementa proyectos de data center autodenominados sostenibles porque combinan tecnología avanzada y energías renovables para apoyar el crecimiento global de la inteligencia artificial.

OpenAI es una empresa dedicada a la investigación y el desarrollo de la IA que dice que su misión es “garantizar que beneficie a toda la humanidad”. OpenAI ofrece modelos de IA de última generación, como ChatGPT y API empresariales, que “están transformando la forma en que las personas trabajan, aprenden e innovan en todos los sectores de la sociedad”, según relata la firma.

AR/CRM

Las empresas PCR y ArcelorMittal Acindar anunciaron un nuevo acuerdo estratégico a través del cual se comprometen a construir un parque eólico en la localidad de Olavarría de 180 MW de potencia en una primer etapa y una serie de obras de repotenciación del transporte en las estaciones transformadoras de esa localidad y de Ezeiza, que permitirán ampliar la capacidad del sistema de transmisión y, al mismo tiempo, posibilitar la construcción de nuevos centros de generación renovable. Asimismo, realizarán una ampliación en el parque de San Luis Norte mediante la incorporación de un parque solar por 18 MW, convirtiendo ese complejo renovable en el primer parque híbrido del país.

PCR y ArcelorMittal Acindar son accionistas de GEAR I S.A., en un 51% y 49% respectivamente. La sociedad es la titular del “Parque Eólico y Solar San Luis Norte” con una potencia total de 112,5 MW, situado en la localidad de Toro Negro, departamento de Belgrano, Provincia de San Luis. Tanto la energía renovable que genera el Parque San Luis Norte como la prevista que genere el nuevo Parque Eólico Olavarría son para abastecer las plantas industriales de ArcelorMittal Acindar en el país con el propósito de continuar con su objetivo corporativo de descarbonización de sus productos y así cumplir con sus propias metas de sustentabilidad.

Según Martín Federico Brandi, CEO de PCR: “Para nuestra empresa se trata de un nuevo hito muy importante en la asociación que establecimos con ArcelorMittal Acindar, empresa industrial líder de la Argentina, afianzando aún más la relación comercial, dando continuidad a las importantes inversiones que ya venimos llevando adelante en el sector de energías renovables, y confirmando de esta manera el fuerte compromiso con el país y la transición energética”.

Por su parte, Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar expresó: “Estamos orgullosos de ser impulsores junto a PCR de la generación renovable del país y al mismo tiempo estar liderando la reducción de emisiones de CO2 para la industria siderúrgica Argentina. Con esta nueva inversión reafirmamos nuestro compromiso con el objetivo de reducir en un 30% la huella de carbono para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050”.

Desde petroleras hasta fabricantes de colchones forman parte de este grupo de firmas que comienzan a liderar el camino hacia la energía verde.

YPF Luz selló un acuerdo con el Grupo Piero, conocido por fabricar colchones y almohadas, que a través de su división Bitali comenzará a operar con electricidad de origen limpio. El acuerdo es por cinco años, le permitirá a la firma abastecer la totalidad del consumo energético de su planta industrial Talar, en la provincia de Buenos Aires. Equivalente al consumo de 630 hogares, la demanda anual del complejo es de unos 2.300 megawatts/hora.

YPF Luz es una las divisiones clave a las que apunta Horacio Marin, el presidente y CEO de YPF en su “Plan 4x4” para valorizar la empresa de mayoría estatal.

Genneia es otro de los casos. Cerró dos acuerdos uno con el Grupo Bunge y otro con Shell y con este último comenzarán a abastecer de energía limpia a las operaciones de Vaca Muerta.

En el marco de su compromiso con la transición energética, Shell Argentina firmó un acuerdo con Genneia, para abastecer con energía limpia la demanda energética de sus bloques operados en Vaca Muerta.

La alianza se enmarca a través del sistema privado Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), con un contrato de provisión de energía verde que tiene una duración de 7 años para cubrir las operaciones de Shell en Argentina, iniciando el próximo 1° de mayo de 2024.

La energía renovable será suministrada desde un pool de activos de Genneia, conformado por parques eólicos y solares de la compañía.

En el caso de Bunge, el acuerdo es por 10 años en sus plantas de Campana y Ramallo (en la provincia de Buenos Aires), San Jerónimo Sud y Puerto General San Martín (en Santa Fe) y empezó a regir a partir del 1 de marzo. Posibilitará el abastecimiento de un 58% del consumo anual de electricidad en los complejos lo que equivale a cerca de un 40% del total de energía eléctrica que Bunge requiere en la Argentina.

El acuerdo con Gennia equivale a cerca de un 40% del total de energía eléctrica que Bunge requiere en la Argentina.

En la misma línea, Arcos Dorados, propietaria de la franquicia de comida rápida McDonald’s en Latinoamérica, selló un acuerdo con Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) para cubrir con fuentes limpias un 30% de sus exigencias energéticas en el país.

Según lo pactado, McDonald’s recibirá 60.000 Mwh producidos en los parques eólicos Vivorata y Mataco III, a cargo de PCR y que fueron puestos en marcha el año pasado. Este volumen equivale a los requerimientos anuales de 17.000 hogares. Para el año 2030 la marca aspira a dotar de un consumo energético limpio a la mitad de su actual red de establecimientos en la Argentina.

Otras iniciativas

El año pasado, YPF Luz y McEwen Copper, subsidiaria de la corporación canadiense McEwen Mining, sellaron un acuerdo de colaboración para satisfacer con fuentes renovables el consumo eléctrico del proyecto de cobre Los Azules, en San Juan.

Holcim Argentina, por su parte, suscribió un contrato con 360Energy para garantizarse la provisión a largo plazo de energía solar en sus cuatro plantas productivas, ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Jujuy.

A partir de este convenio, la prestadora de soluciones para la construcción obtendrá 245.000 Mwh, cubriendo así un 75% de su consumo energético mediante fuentes verdes.

Por último, Natura adquirió unas 200.000 Tn de bonos de carbono de Genneia para compensar sus emisiones en cinco países de la región: Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Con este anuncio, la firma especializada en la elaboración de artículos de cosmética e higiene personal, que logró la neutralidad de carbono en 2007, dio un paso más para cumplir con su meta de alcanzar las cero emisiones líquidas para 2030.

DM con información de agencia NA

El director del mayor fondo multilateral del mundo para la acción medioambiental ha declarado que la comunidad internacional debe encontrar un “nuevo paradigma” para la financiación del clima y la biodiversidad que aumente el acceso directo de las comunidades indígenas y locales a los recursos financieros.

Carlos Manuel Rodríguez, Director General del Fondo Mundial para el Medioambiente (FMAM), hizo este llamamiento mientras los delegados de 185 países donantes se reunían en la Asamblea del FMAM en Vancouver, Canadá, junto a líderes de los sectores financiero, empresarial y de la sociedad civil.

Aumentar la financiación internacional para la protección del medioambiente es el principal objetivo de la reunión de cinco días, la séptima asamblea del FMAM, que ha proporcionado más de 23.000 millones de dólares en subvenciones a los países en desarrollo desde su puesta en marcha en 1992.

Para Rodríguez, sin embargo, no se trata sólo de conseguir más dinero. En la inauguración de la asamblea, el martes 22, dijo que los países también deben reconsiderar cómo asignan los recursos, pidiendo un aumento de la financiación directa para las personas que ya están protegiendo la naturaleza. En todo el mundo, menos del 1% de la ayuda exterior para hacer frente al cambio climático se destina directamente a las comunidades indígenas y locales, o a proyectos de apoyo a la tenencia de sus tierras y a la gestión de sus bosques. Y ello a pesar de los estudios que han demostrado el importante papel que desempeñan a la hora de impulsar una conservación y una protección del medio ambiente eficaces y equitativas.

“Reconocemos el papel que desempeñan [estas comunidades] y el FMAM quiere proporcionarles más fondos”, dijo Rodríguez.

La financiación del FMAM procede de los países donantes y se pone a disposición de los países en desarrollo a través de organismos gubernamentales, empresas e instituciones de investigación. Sólo el 1% de sus subvenciones y financiación se entrega directamente a la sociedad civil, dijo Rodríguez, una cifra que espera que alcance el 10% en 2030.

La financiación directa del Fondo proviene principalmente de su Programa de Pequeñas Donaciones, que comenzó hace más de 30 años y ha proporcionado un total de 725 millones de dólares a más de 26.000 proyectos en todo el mundo. En Ecuador, por ejemplo, el FMAM ha financiado iniciativas de conservación para comunidades indígenas y locales, así como trabajos para ayudar a desarrollar actividades económicas que utilicen la biodiversidad local de forma sostenible. Darío Mejía Montalvo, Presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, afirmó en un acto paralelo celebrado en Vancouver que la financiación para la protección del medioambiente tiende a destinarse a organizaciones que pueden cumplir los requisitos legales y financieros, pero que no están familiarizadas con los territorios en los que van a trabajar. Así se corre el riesgo de que la financiación no llegue a las comunidades indígenas, añadió.

“Necesitamos que las comunidades indígenas generen sus propias capacidades para ser independientes del sistema financiero que se basa en gran medida en el individualismo, la competencia y la especulación”, afirmó Mejía Montalvo. Añadió que si no se replantea el enfoque actual de la financiación de estas comunidades, se corre el riesgo de seguir dependiendo de mecanismos “basados en las reglas del mercado” que pueden imponer un “cambio en los sistemas de valores de las comunidades indígenas”.

Un enfoque alternativo para la financiación

Se calcula que las comunidades indígenas y locales ocupan, poseen o gestionan en la actualidad al menos la mitad de la superficie terrestre del planeta, con cerca del 40% de esos paisajes protegidos o clasificados como en buen estado ecológico. Se cree que los indígenas protegen el 80% de la biodiversidad que queda en el mundo, a pesar de que sólo representan el 6% de la población mundial.

Estas comunidades son protectoras del planeta, pero se enfrentan a muchos y diversos desafíos, como brotes de enfermedades, violaciones de los derechos humanos, violencia, falta de tenencia de sus tierras y limitaciones financieras.

En la cumbre de la ONU sobre el clima COP26 de 2021, los líderes mundiales prometieron 1.700 millones de dólares para apoyar a los pueblos indígenas y las comunidades locales en la protección del medioambiente y su papel en el cumplimiento de los objetivos forestales mundiales para 2030. Pero garantizar que esta financiación llegue a estos grupos podría significar superar prácticas arraigadas en la canalización de los fondos.

Una investigación de la Rainforest Foundation Noruega descubrió que de los 2.700 millones de dólares prometidos para apoyar la tenencia y la gestión forestal de los pueblos indígenas y las comunidades locales entre 2011 y 2020, solo el 17% se destinó a proyectos realmente dirigidos por estas comunidades o sus organizaciones.

Según este estudio, más de la mitad de esta financiación se distribuyó a través de cinco organizaciones: el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La otra mitad se repartió mediante agencias de la ONU, ONG y empresas de consultoría.

Con frecuencia, este enfoque intermediario hace que la financiación no llegue realmente a las comunidades. En busca de una solución, muchas organizaciones indígenas y de comunidades locales están abordando el problema creando sus propios mecanismos de financiación. Por ejemplo, Shandia, una plataforma financiera creada por la Alianza Global de Comunidades Territoriales, espera recaudar y distribuir directamente 300 millones de dólares en la próxima década.

En América Latina, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, plataforma de derechos sobre la tierra de organizaciones indígenas de México y Centroamérica, lleva varios años desarrollando un mecanismo de financiación directa. La alianza trabaja ahora para capitalizar el fondo, con un objetivo de 50 millones de dólares en los próximos cinco años, que, según afirma, utilizará para financiar 10 grandes y 50 pequeños proyectos comunitarios que beneficiarán a unos 5 millones de personas en la región.

Actualmente los fondos pasan por muchos intermediarios y organizaciones; están muy fragmentados

María Pia Hernández — Gestora del fondo mesoamericano de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques

“Actualmente los fondos pasan por muchos intermediarios y organizaciones; están muy fragmentados”, dijo María Pia Hernández, gestora del fondo mesoamericano, en un acto paralelo a la asamblea del FMAM. “El problema no es sólo cuánto dinero llega realmente a las comunidades, sino también que falta participación de ellas como beneficiarias finales”.

Las comunidades indígenas y locales también se enfrentan a muchas barreras dentro de sus propios países, que suelen tener requisitos y leyes complejos que restringen la financiación que les llega a través de instituciones internacionales. Además, las comunidades carecen con frecuencia de personalidad jurídica o capacidad para recibir y gestionar grandes fondos, y viven en zonas remotas de sus países donde a menudo no hay bancos.

Hernández pidió que se trabaje para reforzar las capacidades de gobernanza de las organizaciones indígenas y comunitarias, reconociendo que muchas tienen puntos débiles que les impiden administrar grandes fondos y cumplir los requisitos de los donantes. Añadió que estos grupos necesitan formación y apoyo, y que no se les deben exigir los mismos requisitos que a otras organizaciones ejecutoras.

Este artículo fue realizado con el apoyo de la red Earth Journalism Network de Internews y publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/