Estamos atravesando una profunda crisis civilizatoria (multidimensional y multiescalar) que afecta la vida en el planeta Tierra. Aquí, el componente ambiental es uno más entre otros, en una conjunción sinérgica de las fallas de la racionalidad/modernidad: crisis económica y financiera; de seguridad y justicia; ecológica, ambiental, climática, epidemiológica, bélica, ontológica, moral y existencial.

En este marco, los poderes corporativos, estatales, multilaterales e incluso científico-tecnológicos, vienen construyendo respuestas a la crisis sin alterar los patrones de dominación que articulan en el sistema mundo: capitalismo, colonialismo y patriarcado. Centrados en la métrica de la descarbonización, proponen una transición energética corporativa bloqueando dinámicas de transiciones justas, populares y democráticas.

Luego de décadas de debates, acuerdos internacionales, informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y COPs, la situación relacionada con el cambio climático no sólo no ha mejorado sino que empeora minuto a minuto. Las soluciones propuestas siguen siendo las mismas: crecimiento sostenido en un marco neoliberal y antropocentrista, sin plantear la histórica deuda ecológica del Norte Global.

La transición energética corporativa tiene una impronta netamente mercantilista, colocando la energía en la esfera de la mercancía capitalista y adoptando abordajes estrictamente físicos y tecno-económicos. Es decir, de cómo intercambiar recursos naturales no renovables por renovables para diversificar la matriz energética persiguiendo la acumulación de capital por descarbonización (Argento & Kazimierski, 2022) y la adaptación para articular la nueva red de poder global.

Para que China, Estados Unidos y Europa transiten hacia la desfosilización se crean nuevas zonas de sacrificio en las periferias mundiales. Este proceso empieza a conocerse en el activismo y en la academia crítica como “extractivismo verde” o “colonialismo energético”: una nueva dinámica de extracción capitalista y de apropiación de materias primas, bienes naturales y mano de obra, especialmente en el sur global (aunque no de modo exclusivo), con el propósito de llevar a cabo la “transición energética verde”.

Sostener este nuevo ciclo de acumulación capitalista energívoro y encapsulado en la descarbonización requiere deglutir más materiales, más cuerpos, territorios y biodiversidad. En este sentido, la neocolonialidad de América Latina continúa su expoliación.

Hace solo unos meses se publicó el “Reporte de la economía circular”, un trabajo realizado por la Fundación Economía Circular en colaboración con la CEPAL, el BID y el PNUMA (Circle Economy Foundation, 2023).

El informe aporta información sensible producida por fuentes insospechadas de ser parte de una propuesta ecologista radical, información que nos permite observar el contexto en el cual se está dando el incremento de presión sobre los territorios para abastecer de materiales al norte global. Si bien los datos son de 2018 (ya que según los autores no hay información consolidada más reciente), los mismos brindan una referencia ineludible para pensar en la actitud de la región frente al crecimiento de la demanda de materiales por parte de la Unión Europea a partir de sus nuevas y agresivas políticas en este sentido, en particular el requerimiento de los llamados materiales críticos para la transición energética.

Como sabemos, América Latina es una región rica en naturaleza, en “recursos” y desde la época de la conquista es fuente de materiales de todo tipo. En un principio, lo movilizado era básicamente biomasa y minerales metálicos (oro y plata, por ejemplo); a esto se sumaron con el tiempo combustibles fósiles y minerales no metálicos.

Tal es la riqueza material de América Latina que es una de las regiones que menos materiales importa, pero proporcionalmente es la región que más materiales extrae y exporta.

En este caso no hablamos de dinero, sino de cantidades físicas de “cosas”, de toneladas de “cosas” que se generan o se extraen de nuestro continente y se van a otros. Por eso el análisis de la extracción y circulación se mide en toneladas, toneladas de cosas.

La estadística analizada contempla cuatro tipos de materiales: biomasa que incluye desde la soja, el trigo, la caña de azúcar, el aguacate, la palma, la madera balsa y muchos más; combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón básicamente; minerales metálicos como el oro, la plata, el cobre, el zinc y el hierro y minerales no metálicos como el azufre o la estrella mayor el litio.

En los últimos 50 años, América Latina y el Caribe cuadruplicó la extracción doméstica de materiales. En el año 2018, la región tuvo una extracción doméstica de materiales de 10.684 millones de toneladas de “cosas”. De ese total, la biomasa extraída es un 48% del total, los minerales metálicos un 24%, los minerales no metálicos un 21% y los combustibles fósiles un 6%.

Por supuesto, en todas las regiones del mundo se extraen materiales para ser procesados de alguna manera, que luego se utilizan básicamente para viviendas e infraestructuras, alimentación, productos manufacturados, movilidad, servicios, sanidad, educación y comunicación. Si bien todas las regiones extraen materiales, en América Latina y el Caribe se dan dos particularidades.

En primer lugar, la alta cantidad de extracción por habitante. Mientras la extracción mundial per cápita es de 12,2 toneladas y la de la Unión Europea de 10,3 toneladas, la de América Latina y el Caribe es de 16,6 toneladas. El mismo estudio estima en 8 toneladas per cápita el consumo “sostenible” de materiales.

En segundo lugar, y un dato sumamente relevante, es que de las 10.684 millones de toneladas extraídas en 2018, se exportaron 4.305 millones. Es decir, de cada 10 toneladas de “cosas” que se extraen, 4 se exportan. El 60% de estas extracciones se destinan a la región de Asia-Pacífico y el 13% a Europa. Es importante resaltar que en el caso de los minerales metálicos es casi el doble lo exportado que lo utilizado regionalmente.

Así, Estados Unidos, a través de su Servicio Geológico (USGS por sus siglas en inglés), actualiza regularmente su listado de minerales críticos, que incluye en su última versión 50 minerales. La Unión Europea cuenta con su propio listado, que incluye 34 minerales y otras materias primas, y China posee 28 minerales. Algunos de estos minerales son: zinc, litio, magnesio, manganeso, aluminio, cobalto, cobre, disprosio, acero, níquel, platino, praseodimio, silicio, carburo de silicio, terbio y las llamadas tierras raras (escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometeo, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio).

Las tecnologías para aprovechar las fuentes renovables de energía utilizan muchos de estos minerales. La investigadora Alicia Valero, en su estudio, no solo da cuenta de los minerales que demanda la fabricación de tecnologías de energías renovables, sino también de los limitantes de los mismos para un crecimiento sostenido de la demanda de energía, concluyendo que no hay posibilidad de sostener un crecimiento infinito de la demanda de energía debido a la escasez de estos minerales.

América Latina posee gran parte de las reservas de muchos de estos minerales y bienes energéticos comunes. En este contexto, en el que el Norte Global demanda más energía y más minerales, articulan distintas estrategias para obtener los tan preciados minerales. Desde golpes de Estado a un delicado delineado de normativas internacionales. Recordar el golpe de Estado en Bolivia en 2019, seguido de las declaraciones de Elon Musk en Twitter: “¡Golpearemos a quien queramos! Asúmelo” (“We will coup whoever we want! Deal with it”). Recientemente, el actual presidente de Argentina, Javier Milei, declaró: “Musk está sumamente interesado en el litio, al igual que el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de ese país”.

En el mismo sentido, Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, en 2022 declaró la necesidad de “cuidar” los recursos estratégicos de la región, amenazados por China y Rusia. Además, en una entrevista del Atlantic Council (2023), el 19 de enero de 2023, sostuvo que: “(…) tuvimos una reunión por Zoom con los embajadores de Argentina y Chile, y luego, también el vicepresidente de operaciones globales de Albemarle [empresa que opera en Argentina y Chile] para hablar sobre el litio (…) y cómo podemos ayudar, a quién más podemos traer a la mesa para ayudarnos a resolver este problema y eliminar a nuestros adversarios al formar equipo entre nosotros y con otros”.

Por su parte el Parlamento Europeo en marzo de 2023 votó la Ley de Materias Primas Fundamentales.

La necesidad del poder corporativo mundial es tal debido a que bajo el paradigma energívoro y de crecimiento ilimitado, para lograr emisiones de carbono neutrales a 2040 es necesario multiplicar por 42 veces la extracción de littio, por 25 la de grafito, por 21 la de cobalto, 19 la de niquel y 7 veces las de tierras raras (IEA, 2021).

Esta compleja red de poder articula el Norte Global a partir de la narrativa de transición energética corporativa, permea algunas organizaciones de América Latina. Así la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) publicó en febrero de 2024 el documento “Los minerales críticos para las transiciones energéticas de América Latina y el Caribe” (Siroit, 2024). Donde alineándose con las necesidades impuestas plantea: “ALC tiene ante sí grandes retos. Duplicar la producción de cobre si quiere descarbonizarla economía para 2050 (Net-Zero). Multiplicar diez veces la producción de litio en los próximos 20 años”.

En este sentido, el documento plantea una serie de desafíos sociales, ambientales, económicos y de gobernanza. Enuncia también que “la minería se convierta en un nuevo vector de desarrollo socioeconómico”; la pregunta: ¿desarrollo para quienes?

Los modelos implementados hasta el momento solo han profundizado aún más las brechas de desigualdades además de incrementar todos los indicadores que dan cuenta de un colapso civilizatorio inminente. Es necesario pensar transiciones energéticas populares, con justicia socioambiental y democrátizadoras, enmarcadas en una transición ecosocial y en otras epistemologías del desarrollo y la felicidad.

Pablo Bertinat, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional.

Jorge Chemes, dirigente agropecuario, UNRN - CONICET - Energía y Equidad.

JJD

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió a la Argentina una línea de crédito condicional de 1.140 millones de dólares para proyectos que promuevan la descarbonización del sector energético en el país, según informó en un comunicado.

En el marco de la línea de crédito se aprobó una primera operación de 200 millones de dólares del BID, la cual contará con un aporte adicional de 100 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otros 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El organismo multilateral aseguró que continúa comprometido con apoyar la agenda de desarrollo de Argentina con proyectos que tienen impacto directo en el desarrollo. Mientras el Gobierno nacional continúa con el reclamo de un préstamo “sin condiciones” por US$500 millones destinados a las reservas que ya había sido preaprobado por el BID, pero que su titular, Mauricio Claver-Carone, ya dijo que deseaba que Argentina “cumpla los compromisos con el FMI para mejorar las condiciones macroeconómicas. Los compromisos, mucho más modestos que los exigidos a otros países, son clave para promover el crecimiento sostenible y garantizar que el BID pueda ofrecer a Argentina nueva financiación”.

En cambio, esta primera operación tiene como objetivo contribuir a la descarbonización del sector eléctrico al disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero y al desarrollo humano, a través de la ampliación y modernización de los sistemas de transporte de energía eléctrica. Y va en sintonía con los dichos de días pasados de Claver-Carone: “A diferencia del Fondo Monetario Internacional, cuyo mandato incluye el apoyo a las necesidades de liquidez de los países en crisis, la función principal del BID es promover el impacto del desarrollo a través de préstamos para proyectos específicos y asistencia técnica”, aclaró, al tiempo que cuestionó la llegada del avión iraní a la Argentina “que disparó una investigación por posibles vínculos con el terrorismo”, como uno de los argumentos para cuestionar la integridad y transparencia financiera del país.

Dentro de las inversiones a realizar con los fondos aprobados, se encuentran obras que permitirán el fortalecimiento y modernización de los sistemas de transmisión localizados en distintas provincias del país. Asimismo, se priorizarán obras que permitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el aumento de la capacidad para el transporte de energía renovable, la reducción de pérdidas técnicas, y la eliminación de generación eléctrica a base de diésel.

Adicionalmente, el programa destinará fondos para reforestación de árboles y especies nativas, en áreas a ser acordadas con las autoridades forestales de cada provincia.

La operación además apoyará el desarrollo de una política de género y diversidad para el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, junto a un plan de acción con medidas específicas para las obras de transmisión con el objetivo de alcanzar una mayor participación de las mujeres en el sector (actualmente menor al 20%), y mitigar la violencia basada en género durante todas las etapas del proyecto.

El rol de la eficiencia energética en la descarbonización

Desde 2019, el BID destaca en sus informes “la frecuencia y la magnitud de los eventos meteorológicos extremos que impactan en nuestra forma de vida; por el otro, la prevalencia de enfermedades y el surgimiento de nuevos virus señalan la fragilidad de nuestros sistemas de salud pública, con consecuencias devastadoras”.

Asimismo, remarcan que los reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) “indican que las pérdidas por eventos climáticos extremos entre 2000 y 2013 ocasionaron pérdidas económicas por USD 52.3 mil millones de dólares y afectaciones al 8.5% de la población (53.8 millones de habitantes). Adicionalmente, señala que los incrementos en la temperatura provocarán menor disponibilidad de agua para las grandes ciudades, la producción alimentaria y la generación hidroeléctrica; además de más inundaciones; así como mayor frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos y un aumento en enfermedades como dengue, fiebre amarilla o malaria”.

Ante esta realidad, la forma más efectiva de ajustarse es a través de la adopción de un modelo de desarrollo de descarbonización profunda. Este modelo cambia la forma de producción y consumo. Si bien la región sólo contribuye con el 5 % de las emisiones mundiales de gases de efecto de invernadero (GEI), hay grandes áreas de oportunidad para abrir nuevas oportunidades de mercado y hacer más competitiva a nuestra industria, al mismo tiempo que se reduce la huella ambiental de la región.[i]

De acuerdo con el IPCC, una condición para reducir emisiones es la eficiencia energética (EE) en la industria. La Agencia Internacional de Energía establece que de no haberse aplicado medidas de EE desde el año 2000, las emisiones de CO2, hubieran sido un 12% mayores a las registradas en 2017.

De hecho, una de las principales áreas de oportunidad en materia de eficiencia energética es la promoción de Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) dentro de los sectores comercial, servicios y principalmente el industrial. La experiencia internacional muestra que la implementación de SGEn permite lograr ahorros energéticos del 10 % al 40 %.

En América Latina y el Caribe (ALC) la industria representa el 30 % del consumo de energía y 16.6 % de las emisiones de GEI. Aprovechar al máximo los SGEn mejoraría la productividad y competitividad y, a nivel regional, podría alcanzarse un ahorro de USD $23.2 billones y reducir a la mitad las emisiones de la industria.

Para aprovechar esta oportunidad el BID y la OLADE desarrollaron el Observatorio de Sistemas de Gestión de la Energía en Latinoamérica y el Caribe (OSGELAC).

¿Qué es el OSGELAC?

De acuerdo al BID, el OSGELAC “operará como un centro de intercambio de información de mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre la implementación de SGEn, para difundir casos exitosos y brindar apoyo técnico y financiero a fin de facilitar su adopción. Identificará las instituciones que promueven e implementan los SGEn en la región y brindará orientación sobre el diseño de políticas y regulación que contribuyan a impulsarlos”.

“Como resultado del primer mapeo de políticas y programas de promoción de SGEn, se concluye que:

Las 15 transformaciones

En un estudio publicado el pasado 20 de julio, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presenta “transformaciones claves para que los países alcancen economías libres de carbono en el estudio titulado: Prosperidad libre de carbono, cómo los Gobiernos pueden habilitar 15 transformaciones esenciales”. El BID lanzó el estudio durante la Semana Regional del Clima de América Latina y el Caribe que se celebra en Santo Domingo, organizada por la Convención Marco de la Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y el Gobierno de República Dominicana.

“Nuestro objetivo es informar las políticas climáticas. Este informe es un aporte valioso para las estrategias de descarbonización nacionales o sectoriales y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés). Sin embargo, no habrá una solución única para todos”, indicó Graham Watkins, Jefe de la División de Cambio Climático del BID durante la presentación del informe. “Desde el BID, estamos comprometidos en apoyar a nuestros países en alcanzar los objetivos del Acuerdo de París en la región, y por ello motivamos a los diferentes actores a utilizar las herramientas y recursos que proveemos para sus planes nacionales”, agregó.

Estudios previos del BID mostraron que para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de hacer las economías resilientes y de mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2°C, los países tendrían que redireccionar entre el 7 % y el 19 % del PIB en gasto privado y público anualmente. Estos números no representan un costo neto dado que los beneficios de la acción climática superan los costos de la crisis climática. Además, el BID estima que se pueden generar 15 millones de empleos netos y 1 % de crecimiento adicional en América Latina y el Caribe al avanzar hacia una economía sin emisiones de carbono.

Este nuevo estudio, que fue financiado por el Fondo Frances para el Clima del BID y se realizó junto con el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), explica que quiere decir descarbonizar una economía, y como hacerlo. Presenta 15 opciones para que los Gobiernos inicien la transición hacia un futuro próspero sin emisiones de carbono, como fomentar la energía solar y eólica; diseñar ciudades que faciliten el desplazarse en bicicleta, a pie, o en transporte público seguro y de calidad; conservar y expandir los bosques y otros ecosistemas; desarrollar dietas saludables y bajas en emisiones; electrificar el transporte, los edificios, y la industria; o avanzar hacia una economía circular con menos desperdicio y más reciclaje.

El informe también demuestra cómo se pueden conseguir ventajas de estas transformaciones. Ejecutando ciertas reformas, los países obtendrían beneficios sociales y económicos, tales como la reducción de costos de la energía y del transporte, mejoras de salud, reducción de accidentes y congestión vehicular, mejoras en la calidad de vida y el reforzamiento de los servicios ecosistémicos que provee la naturaleza, incluyendo protección de la biodiversidad y generación de ingresos por turismo.

El análisis muestra las barreras que impiden que entidades públicas y privadas puedan alcanzar los objetivos de neutralidad de carbono. Pero, al mismo tiempo, indica a los Gobiernos qué podrían hacer para eliminar esas barreras y habilitar así la descarbonización.

Asimismo, el estudio aspira a llamar a la acción, demostrando que el cambio no se producirá solo, requiere un enfoque integral que va mucho más allá de fijar precios de carbono o el trabajo unilateral de los Ministerios de Medio Ambiente. 

Hasta la fecha, 11 países en América Latina y el Caribe han afirmado su compromiso en alcanzar las cero emisiones netas, muchos de ellos para 2050. Alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C y cerca a los 1.5°C, manteniendo el desarrollo sostenible requerirá de la acción conjunta del sector público, privado, la sociedad civil, y diversos sectores de la economía.

Sobre el BID

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región.

Con información de Europa Press.

IG