El pasado 9 de abril, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, por unanimidad, la nueva Ley Orgánica de Minas con la que se reemplazó dos normas relacionadas con el tema: el Decreto de Ley de Minas vigente desde 1999 y el Decreto de Reserva del Estado de las actividades mineras de oro de 2015, que prohibían la inversión extranjera y del sector privado en minerales estratégicos.

La ley surge en medio de una serie de cambios legislativos orientados a facilitar las inversiones del sector privado, luego de que el pasado 3 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara una incursión militar en el país sudamericano y la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

“Agradezco a la Asamblea Nacional la aprobación unánime de la Ley Orgánica de Minas, instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería en nuestro país. Esta ley fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones e impulsará la riqueza mineral en aras del desarrollo nacional”, dijo en sus redes sociales la presidenta Delcy Rodríguez tras la aprobación de la norma.

Una semana después, durante la promulgación de la ley, Rodríguez señaló que con esta ley se avanza hacia “una minería productiva, ecológica y al servicio del desarrollo de la Nación”. Al mismo tiempo, anunció la creación de la Superintendencia de la Actividad Minera, institución destinada a lograr una mayor coordinación y efectividad en los procesos de inversión, producción y comercialización de los minerales.

Cuando Estados Unidos incursionó en Venezuela, Trump, dijo: “Lo que necesitamos es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, aunque no especificó a qué otras cosas se refería.

Durante su visita a Venezuela en marzo pasado, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, junto con la presidenta Rodríguez, anunció que ambos países trabajarán juntos para desarrollar la minería en Venezuela. Durante esta visita se mencionó la importancia de la explotación de oro, minerales críticos y tierras raras.

La nueva ley ha generado polémica y cuestionamiento de expertos en temas ambientales y de derechos humanos debido a que la norma, sostienen, solo tiene declaraciones de principios muy generales en lo relacionado al medioambiente. Los cuestionamientos también se deben a los graves daños ambientales causados en la Amazonía venezolana por la minería ilegal de oro y a la corrupción y el crimen organizado ligados a esta actividad.

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Los cuestionamientos a la ley

“Esta nueva ley de minas institucionaliza el ecocidio y el blanqueo de oro de sangre en Venezuela”, comenta Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, una organización civil que documenta los problemas ambientales y de derechos humanos causados por la minería ilegal en la Amazonía, Orinoquia y Guayana venezolanas.

Mongabay Latam contactó con miembros del equipo de Rodríguez para preguntar sobre los cuestionamientos a esta nueva ley, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta.

Burelli señala que hay una discrepancia muy peligrosa entre la narrativa oficial de apertura económica y de reinserción financiera con la realidad que se ve en el terreno. “La realidad es que después del 3 de enero la minería ha aumentado. Hemos visto la entrada de dragas ilegales grandes en el río Caroní y en las cabeceras del río Icabarú, es decir, que no faltan los insumos para las minas ilegales, hay más minería que nunca”.

En ese sentido, Burelli asegura que la nueva ley de minas no busca limpiar la cadena de suministros ni prohibir la minería en las áreas naturales protegidas, “no hay ningún esfuerzo para eliminar la minería ilegal, por el contrario, permite que el flujo de capitales siga financiando estructuras de corrupción de un régimen autoritario que mantiene alianzas con los grupos armados de crimen organizado que están en el terreno”.

Un grupo de 15 organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ambientales publicó un pronunciamiento mientras se discutía la ley. En el documento se indica que esta nueva normativa “generará un barniz de legalidad al actual saqueo sistemático de la Amazonía y del Escudo Guayanés, profundizando el grave deterioro ambiental y la violación a los derechos humanos”.

Estas organizaciones también cuestionan el término “desarrollo minero ecológico”, que según la nueva ley se refiere a la “ejecución de las actividades mineras con miras a desarrollar un proyecto minero eficiente y rentable; minimizando el impacto ambiental y de los ecosistemas, con respeto a los derechos humanos, con el objetivo de aprovechar los minerales de manera sostenible y proteger su entorno ambiental”.

Desde las organizaciones civiles señalan en el documento que “la minería de oro es intrínsecamente destructiva” y que este “concepto sólo ha servido para esconder la destrucción de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas bajo una falsa promesa de sostenibilidad”.

“Aquí en Venezuela el ministerio de asuntos mineros se llama Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. Eso es un absoluto contrasentido”, comenta Alejandro Álvarez, coordinador general de la organización Clima 21, quien también cuestiona la reciente norma porque considera que “los temas ambientales en la nueva ley son simples declaraciones de principios, pero en ningún caso contiene elementos que permitan indicar que esas declaraciones van a ser de obligatorio cumplimiento”.

Álvarez asegura que la norma contiene términos muy genéricos y difusos sobre las cuestiones ambientales. Pone como ejemplo los estudios de impacto ambiental y sociocultural que se nombran en la ley, “pero no se establecen como condición para la aprobación de las concesiones mineras”.

Burelli también cuestiona el planteamiento de desarrollo minero ecológico, pues asegura que “no hay nada en la ley que obligue a que se realice una minería sustentable, que se elimine el mercurio o se frene la minería en las áreas naturales protegidas”.

El documento firmado por las organizaciones civiles también incluye otros cuestionamientos. Entre ellos que la ley se limita a exigir responsabilidad posterior al daño, sin enfoque preventivo, y no contempla garantías financieras de restauración, cierre de minas ni regulación de residuos. Tampoco prevé el monitoreo ambiental independiente, el acceso público a información ni auditorías externas.

Se menciona también la posible vulneración de las áreas protegidas porque, si bien se excluye a los parques nacionales y monumentos naturales de la entrega de concesiones mineras, “esta exclusión no se extiende a otras figuras de protección como reservas de biosfera, zonas protectoras y reservas forestales”.

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Puntos geográficos de conflictos

Un tema adicional es el que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas que viven en las zonas donde se realizará la actividad minera. En este caso, la ley “omite referirse al derecho de estos pueblos a la demarcación de sus territorios y no menciona el consentimiento libre, previo e informado”, señala el documento.

“Consideramos que esta nueva ley vulnera los derechos de los pueblos indígenas. No aborda el tema del derecho a la demarcación territorial ni menciona el consentimiento libre previo e informado que sí está en la Constitución. Por último, hay una militarización del territorio”, comenta Cristina Burelli.

A lo que se refiere Burelli es a la creación del “Resguardo Nacional Minero”, que se incluye en la ley. Según la norma publicada, “el servicio de Resguardo Nacional Minero tendrá el carácter de órgano auxiliar del ministerio con competencia en materia de minas en las funciones y competencias de protección, inspección, vigilancia y control de las actividades mineras que se desarrollen en el territorio nacional”.

Quienes cuestionan la ley consideran que este servicio formaliza el dominio militar sobre las zonas extractivas. “La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas”, dice el documento publicado por las organizaciones civiles.

Cristina Burelli agrega que la zona donde existen grandes extensiones de actividad minera ya está militarizada. “Todo el sur de Venezuela está absolutamente controlado por las fuerzas armadas y por la Guardia Nacional. Entonces, la creación del Resguardo Nacional Minero formaliza ese dominio de los militares sobre estas zonas extractivas, porque se trata de una situación que ya existe de facto”.

Los graves problemas en Venezuela como consecuencia de la presencia de la minería ilegal, principalmente en los estados de Bolívar y Amazonas, en el sur del país, han sido expuestos en múltiples oportunidades.

El informe Una mirada a la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental, publicado por Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition, explica que la mayor parte del oro de Venezuela se lava internacionalmente a través de empresas ficticias y cadenas de suministro poco transparentes. En un artículo publicado por Mongabay en octubre de 2025 se precisa que estas operaciones suelen estar controladas por élites militares, grupos guerrilleros y bandas transnacionales que explotan las lagunas y brechas en los sistemas financieros y comerciales de Estados Unidos.

“Es una minería que se hace sin ningún tipo de regulación ni control, bajo el mandato de grupos armados que se imponen utilizando cualquier tipo de acción ilegal y violación a los derechos de las comunidades tanto indígenas como no indígenas”, agrega Alejandro Álvarez. “La minería actual venezolana es muy grave, con serios daños que están ocurriendo bajo los sistemas de gobernanza de la delincuencia organizada y de grupos armados extranjeros”, agrega.

Una serie de reportajes y documentales del proyecto periodístico Amazon Underworld da a conocer que en las zonas mineras del sur de Venezuela, en la frontera con Colombia, no solo se extrae oro de manera ilegal, sino que también los llamados minerales críticos y estratégicos —coltán, bauxita, estaño y otros— y las denominadas tierras raras han despertado el interés de empresarios y grupos armados.

La visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, puso sobre la mesa el interés del país del norte en un mayor acceso a las reservas minerales de Venezuela. En ese momento, la presidenta Rodríguez se comprometió a acelerar el acceso de empresa extranjeras a estos recursos. Lo que siguió fue la aprobación de la nueva ley de minas.

En la nueva ley se establece que los minerales estratégicos poseen un elevado interés económico, con alto atractivo comercial, nacional e internacional; que son imprescindibles para mantener la continuidad operacional de un proceso o industria; así como, fundamentales para el funcionamiento de las cadenas productivas en el desarrollo de la economía nacional, nuevas tecnologías, esenciales para la industria energética, seguridad y defensa, medicina y salud, la industria agroalimentaria, la construcción, transporte automotriz e informática.

La nueva norma establece que cuando se encuentren minerales estratégicos los titulares de los derechos mineros están en la obligación de notificarlo al ministerio con competencia en materia de minas, que evaluará el caso. También especifica que la declaratoria de un mineral como estratégico “no excluye la posibilidad de que el mismo pueda ser objeto de aprovechamiento”.

En momentos en que Estados Unidos y China están en una disputa comercial por los recursos indispensables —como los minerales estratégicos— para continuar con su carrera tecnológica, los territorios con estos minerales terminan colocándose en medio de estas disputas. La reciente reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, y Trump, que llegó al país asiático acompañado de un grupo de empresarios de las empresas más grandes de tecnología a nivel global, expone el interés que existe por los recursos que puedan mantener a flote la creciente industria tecnológica.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, nuestro Presidente anunció la convocatoria a firmar en Córdoba un nuevo “contrato social”. El contrato incluye diez principios, que rápidamente fueron festejados por unos y repudiados por otros, multiplicando las grietas con las que nos hemos acostumbrado a vivir. Para algunos, “no es más que un listado de las cosas que hacen desde hace mucho tiempo los países serios del mundo”; para otros es una mala réplica de los principios del Consenso de Washington, los que argumentan, cuando aplicados en Argentina tuvieron consecuencias devastadoras.

No resulta claro, por lo tanto, cómo un listado de este tipo puede ayudar en el camino de la construcción de los acuerdos requeridos para el desarrollo de políticas de Estado que se sostengan en el tiempo, de las que necesitamos para que muchos de los deseos que contienen los principios se empiecen a cumplir. De hecho, si el anuncio unilateral de estos diez puntos fuera el emergente de algún tipo de consenso previo, los principios entonces serían irrelevantes: no habría nada que negociar y todo el frente político estaría actuando en consecuencia. No obstante, si el objetivo es imponerlos sin discusión estaríamos en la presencia de simplemente un oxímoron y no tendrá ninguna consecuencia relevante para la formulación de políticas de Estado. Basta recordar que durante el gobierno de Alberto Fernández también se anunciaron un decálogo de supuestos consensos que rápidamente pasaron a la historia. 

La falta de precisión de los llamados “principios”, y sus ambigüedades tampoco ayuda. Para poner un ejemplo, el punto número 3 del decálogo impone un límite ad-hoc al gasto público, sin ninguna justificación técnica, más allá de que fue el promedio histórico del gasto público de Argentina como si este promedio tuviese un carácter de “equilibrio”. O tomemos el punto 4, el cual promueve una reforma tributaria que “simplifiquen la vida de los argentinos”, olvidándonos que el propio Javier Milei voto a favor de derogar el impuesto a los ingresos que es el pilar de la recaudación de los llamados “países serios”. Y podemos seguir. ¿Qué quiere decir por ejemplo comprometerse a una reforma laboral “moderna”? O ¿la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global? Este último más que un principio es una expresión de un deseo que no necesariamente será consecuencia de lo que proponen. Cualquiera que haya estudiado o trabajado en política económica sabe que la ambigüedad, las generalidades, y expresiones de deseo, no se transforman fácilmente en políticas concretas, y que las políticas concretas requieren la negociación con actores que suelen tener intereses contrapuestos.

Pero nos queremos detener y desglosar con mayor profundidad uno de estos principios, el 6. Este principio pide un compromiso por parte de las provincias para “avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Cada palabra de este supuesto principio es problemática.

Para empezar, ¿cuáles son los recursos naturales que habría que explotar? Presumiblemente, con un enfoque economicista como el de nuestro Presidente, los de mayor valor. Pero ¿valor para quién? ¿cómo se determina su valor? y ¿quién lo determina?

Por ejemplo, si un territorio particular en una provincia sabemos que tiene litio, agua y biodiversidad. ¿Debería avanzarse en la explotación del recurso natural que tiene más valor dictaminado por los “mercados” presentes, digamos litio, sin tener en cuenta que su explotación muchas veces se hace a costa de otros recursos, los cuales tienen valor para otros actores sociales? La biodiversidad y el agua, por ejemplo, tienen valor para los agricultores locales. Pero no solo, porque también tienen valor para las generaciones futuras. Entonces podría convenir cuidarlos ahora para “explotarlos” luego, ya que muy probablemente tenga un valor muy alto en unos años. El mismo dilema se presenta en una región que cuenta con bosques nativos y tierra fértil para la agricultura y/o la ganadería.

Pero entonces, ¿cómo determinamos su valor para decidir que “recurso natural” explotamos y cuál no?

Toda actividad productiva tiene costos y beneficios, y solo tiene valor llevarla adelante si el beneficio es mayor a los costos. Pero el problema es que en la mayoría de las actividades que explotan recursos naturales, el costo público de la explotación supera al privado. Por ejemplo, cuando la extracción de litio contaminan el agua, y las empresas no incluyen en sus costos esa contaminación, como sucede en la mayoría de los casos. Si este costo se tuviera en cuenta, el valor de la explotación disminuiría. Aun más si se buscaran mecanismos de compensación para los habitantes de las tierras afectadas por las explotaciones que enfrentarán dificultades para acceder agua (si fuera posible compensar). Es decir, si se respetaran sus derechos de propiedad (salvo que no todos los derechos de propiedad estén en el primer principio del presidente Javier Milei). 

El problema es que la mayoría de las veces, esos costos no se tienen en cuenta o no se calculan. Así es que podemos terminar explotando recursos naturales con costos mayores que los beneficios que generan, y por lo tanto desvalorizando, más que valorizando nuestra economía. Parte del problema es que es muy difícil calcularlos, es por esto que las decisiones sobre si se explota o no un recurso natural son materia de enormes controversias, y los que se resisten, no sorprendentemente, son en general los que pagan los costos y no reciben los beneficios o para los que como dice Yupanqui, las “penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas”. 

Otra pregunta importante que surge del principio tal como fue anunciado es: ¿Qué significa explotar? ¿Entregar una licencia de producción a una empresa extranjera para que extraiga el litio y lo exporte, a cambios solo de rentas fiscales, o deberíamos esperar que la empresa a la que se le entregó la licencia genere encadenamientos productivos a sectores intensivos en conocimiento y empleo local de calidad?; ¿o explotar en verdad significa que los extraiga una empresa pública poniendo como prioridad la generación de beneficios sociales de largo plazo, siguiendo un camino como lo el que procuran recorrer países como Chile e Indonesia? o ¿qué, aunque con menores beneficios económicos a corto plazo, lo hagan las comunidades locales como lo han hecho por siglos cuidando su preservación? Hoy podemos discutir un largo rato que significa aprovechar -quizás esta es la palabra que deberíamos utilizar en vez de explotar -los recursos de un territorio, sobre todo los no renovables, en un contexto de escasez de estos recursos, en el cual muy probablemente van a adquirir cada vez más valor económico los más escasos a futuro. Si tomamos seriamente el cambio climático, ¿cuánto valen los bosques nativos, la biodiversidad o el agua que tienen el Amazonia, o del Chaco? 

Finalmente ¿De quienes en el país? ¿El Gobierno nacional, los provinciales, los municipales, las empresas, las poblaciones locales? Está claro que los llamados recursos naturales no tienen un solo dueño. Nuestras leyes otorgan poder de decisión a los gobiernos provinciales, de ahí parte el problema y la necesidad de pedirles el compromiso a ellas: pero, aun así, la explotación de litio o cobre requiere utilización de agua, y contamine el aire. Tanto el agua como el aire son recursos comunes. No son recursos privados. Es por esto por lo que nuestras leyes ambientales protegen los glaciares o nuestros bosques. Entonces cuando se dice que beneficien al país ¿a qué países se refiere? 

AM/GP

El sexto informe del IPCC atribuye el calentamiento global claramente a la acción humana. Buena parte de la población de los países industrializados cree que un cambio radical en consumo, transportes y energía contribuirá a evitar o mitigar significativamente los efectos del cambio climático. Otra parte de la población, minoritaria, niega que exista el cambio climático. Pero el calentamiento es solo una entre muchas consecuencias de una crisis global.

Población: cada vez somos más

Entre 1700 y 2003, la población humana mundial se multiplicó por diez, desde unos 600 millones a 6.300. A partir de 2050 el crecimiento se irá estabilizando para alcanzar alrededor de 12.000 millones en 2100. Europa y Norteamérica han frenado su crecimiento demográfico pero el resto del mundo representa la mayor parte de la población y está creciendo más.

El nivel actual de población del planeta supone un enorme estrés para su sostenibilidad por la demanda de agua, alimentos y energía, junto con pérdidas considerables de biodiversidad.

Agua dulce: la próxima fuente de conflictos

El crecimiento de la población mundial y el desarrollo económico tendrán un peso aún mayor que el cambio climático sobre la relación entre disponibilidad y demanda de agua dulce. El acceso al agua dulce ya está en riesgo para el 80 % de la población mundial.

Gran parte del mundo se enfrentará a desafíos sustanciales para asegurar el suministro de agua. Esto requerirá un importante esfuerzo en infraestructuras y tecnología, pero también en políticas de distribución y fijación de precios del agua. Cuando el suministro de agua se convierta en limitante, llevará a la reducción de actividades económicas, al abandono de infraestructuras, e incluso a conflictos en torno a cuencas hidrográficas.

Energía: seguiremos quemando combustibles fósiles

Entre 2015 y 2050, las emisiones globales de CO₂, relacionadas principalmente con la energía, aumentarán un 6 %, de 33 a 35 Gt, según las políticas actuales y previstas. Estas emisiones deberían caer a 9,7 Gt en 2050 para cumplir con el objetivo de aumento máximo de 2 °C del Acuerdo de París.

Las visiones más optimistas proponen que las energías renovables pueden aportar dos tercios de la demanda energética global. Eso requiere multiplicar por seis el actual ritmo de crecimiento de estas fuentes.

No obstante, los datos de la Agencia Internacional de la Energía sobre consumo de petróleo para el periodo 2019-2026 todavía prevén un incremento del 4,4 % de la demanda mundial de crudo. El menor uso de combustibles fósiles en algunos países de la OCDE será ampliamente compensado por el mayor consumo en países en desarrollo. En definitiva, los propietarios de combustibles fósiles no van a dejar de aprovechar sus recursos.

Producción y consumo de alimentos

Lograr un equilibrio entre la intensificación agrícola, la lucha contra el hambre y la conservación de la biodiversidad, reduciendo al mismo tiempo los impactos ambientales negativos, es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad.

En principio, las tierras de cultivo y pastizales del planeta tierra pueden producir el alimento necesario para toda la población humana. Sin embargo, en 2019 casi 690 millones de personas (8,9 % de la población) sufrieron malnutrición. Y estas cifras llevan varios años empeorando.

Además, el sistema alimentario mundial tiene importantes impactos en el medio ambiente a través de la extracción de agua, la contaminación, el cambio de usos del suelo y la pérdida de biodiversidad. La producción de alimentos contribuye al calentamiento global a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque en mucha menor medida que el uso de combustibles fósiles.

A nivel mundial, se prevé un incremento de las emisiones derivadas de la producción de alimentos, sobre todo por el crecimiento demográfico y económico del continente africano, que duplicará su contribución en 2030.

Pérdida de biodiversidad

La pérdida de biodiversidad deriva de cambios en el uso del suelo mediados por la agricultura, de cambios en el clima por el uso de combustibles fósiles, así como de otros efectos asociados a la acción del ser humano. Las consecuencias de esta pérdida afectan al funcionamiento de los ecosistemas y a los servicios que proporcionan.

El clima mediterráneo y los ecosistemas de pastizales experimentarán el mayor cambio proporcional, debido a la influencia sustancial de todos los impulsores de pérdida de biodiversidad. Pese a los esfuerzos internacionales, los objetivos de conservación de la biodiversidad no se están alcanzando.

Soluciones a una crisis global

No estamos ante una crisis climática, sino ante una crisis global derivada de la sobreexplotación de recursos en un planeta de dimensiones finitas. Centramos nuestra atención en el calentamiento, la pérdida de biodiversidad y otras consecuencias colaterales de la sobreexplotación de recursos. Pero no queremos ver el elefante en la habitación: un crecimiento demográfico insostenible que necesitamos estabilizar o incluso revertir.

En el Londres de 1798, Thomas R. Malthus escribió que “la tendencia perpetua de la raza humana a crecer más allá de los medios de subsistencia es una de las leyes generales de la naturaleza animada, que no podemos esperar que cambie”.

En su llamamiento desde la ciencia, el mundo científico abogaba en 2019 por intentar mitigar y adaptarnos al cambio mediante transformaciones en la forma en que gobernamos, gestionamos, nos alimentamos y utilizamos los materiales y la energía.

En una actualización reciente, propone abordar tres frentes:

Algunos de esos mensajes encajan con la apuesta verde de Europa, el continente que más sufre la escasez de materias primas, donde existe mayor presión social a favor de las políticas verdes, y que mantiene cierto liderazgo en energías alternativas y tecnologías necesarias para mitigar el cambio global. Pero esa visión resulta utópica, pues ninguna sociedad está realmente dispuesta a renunciar a su crecimiento y bienestar por el bien del planeta.

La solución, si es que surge, no vendrá de un repentino acuerdo mundial que logre revertir las tendencias actuales. Solo la ciencia podría aportar soluciones tecnológicas que permitan controlar el clima, aumentar la disponibilidad de agua, maximizar la producción de alimentos y conservar lo que nos queda de biodiversidad. Y es posible que ya sea tarde.

Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Podés leer aquí la versión original.

El Nobel de economía suele ir a manos de economistas ortodoxos y el de 2000 no fue una excepción. Lo ganó el norteamericano James Heckman, profesor de la Universidad de Chicago, que ha dedicado su carrera a relacionar problemas económicos y sociales con la inequidad, la movilidad social, la discriminación, la formación y la regulación. Este verano boreal asistió a la reunión de Nobeles de economía que cada tres años se organiza en Lindau, Alemania, entre los Alpes bávaros y el lago de Costanza, limítrofe con Austria y Suiza. Allí los galardonados dialogan con jóvenes doctores, pero también con periodistas. Heckman, que visitó la Argentina varias veces, la última en 2017, atendió por Zoom a elDiarioAR.

-¿Cómo analiza la economía mundial hoy después de la pandemia y en medio de una guerra con impacto en la inflación?

-Creo que al menos en los Estados Unidos el nivel de inflación es en gran parte el resultado de una política gubernamental irresponsable. Nosotros tenemos un presidente ahora... ¿Usted es de la Argentina, no? Entonces, vería al presidente Biden como una especie de nuestra versión de Juan Perón, en el sentido de que es un populista y es un populista irreflexivo en el sentido de que realmente promete todo a todos y sin pensar en las consecuencias a largo plazo. El ejemplo más reciente es este programa de condonación de la deuda, que está beneficiando a personas que él cree que votarán por él y que tienen enormes consecuencias negativas para el déficit. Y evita casi por completo recortar los primeros años en su proyecto de ley de reducción del déficit. La administración no tiene un buen grupo de economistas trabajando. Estas personas como grupo simplemente no tienen confianza. No sé si el propio Biden es competente, pero sí creo que lo que sucedió es que ha habido muchas políticas inconexas y muchos gastos sin garantía sin pensar en las consecuencias a largo plazo para la inflación, para los impuestos y para la economía estadounidense. Así que honestamente creo que estamos enfrentando un problema muy serio debido a este gobierno. Diría que es que como si no hubiera un plan, en el sentido de un plan coherente. El único plan que veo es conseguir votos para las próximas elecciones.

También está el deseo de Biden de hacer el llamado Green New Deal para la facción socialista demócrata en el Congreso, que básicamente ha librado la guerra a los combustibles fósiles de una manera irresponsable. Creo que podemos pensar en transitar hacia el futuro, y eso es muy importante. No digo que no debamos, pero también digo que lo estamos haciendo de una manera loca e irresponsable, porque en mis conversaciones con la gente de los negocios y la industria petrolera en particular me han sugerido que todas estas amenazas han causado que las compañías petroleras en los Estados Unidos retengan la producción. Estábamos exportando petróleo. Éramos un productor de excedente neto hace dos o tres años, y ahora estamos en déficit y no hay otra razón que el hecho de que la administración ha sido para realmente atacar, atacar y atacar los combustibles fósiles porque es políticamente conveniente para ciertos grupos que están en la izquierda del Partido Demócrata.

Así que creo que es una historia triste, pero creo que en gran parte es la irresponsabilidad estadounidense, tanto en términos de suministro de energía como en términos de inflación y en el pensamiento sobre la planificación a largo plazo. Estábamos teniendo una conversación, aquí en Lindau, con un grupo de premios Nobel y la estructura de toda la conversación fue que el pensamiento subyacente no es para nada a largo plazo. Cuando piensas en cuáles son los planes para el cambio climático, la gente está hablando de volverse eléctrico. Suena muy bien porque parece que mucha gente no pregunta de dónde viene la electricidad, cómo se va a producir y cuánto de esto se generará con combustibles fósiles. Parece ser una aceptación irreflexiva de la idea de que esto lloverá sobre nosotros como maná del cielo o algo así. Es muy extraño. Sabemos que necesitamos combustibles fósiles para producir electricidad y durante bastante tiempo. La energía verde se están desarrollando y eso es bueno. No me opongo a la energía verde, pero creo que lo que se requiere es algún tipo de planificación. En cuánto tiempo podríamos eliminar los combustibles fósiles. La administración simplemente ha estado desorganizada. Y creo que esta desorganización realmente le ha costado mucho a Estados Unidos. Y creo que está generando consecuencias para el mundo. Y luego, por supuesto, está la guerra de Ucrania, y eso tiene otras implicaciones completamente diferentes, especialmente para Europa. Justo estaba escuchando unas charlas hoy sobre el precio de la energía, el precio del gas natural. Va a subir enormemente Causará estragos en las elecciones y en la dislocación de fábricas en Europa. Las personas es posible que ni siquiera puedan pagar sus facturas. El precio de la gasolina ha subido enormemente, como cuatro, cinco, seis veces y ha causado que la producción alemana sea básicamente poco competitiva. Y eso tiene serias implicaciones para China, Alemania y la economía global.

-¿Tiene información sobre cómo marcha la economía argentina?

-Tengo un colega argentino en el departamento de la universidad, Fernando Álvarez, muy buen economista. Y me reuní con una de las candidatas que se está postulando, Patricia Bullrich. ¿Cuándo son las elecciones?

-El próximo año.

-Hablé con ella sobre política social en general. Leí sobre la economía argentina. Y con Fernando hemos hablado mucho sobre la economía argentina, los problemas y las posibilidades. Me refiero a la irresponsabilidad fiscal. Hace años, tuve una alumna que estuvo en el gobierno de Menem como secretaria de Equidad Fiscal, Carola Pessino. Ella está trabajando ahora en Washington. Interactuamos todavía. Escribimos un plan de política para tratar de reformar el Estado de bienestar, el seguro de desempleo, los beneficios de atención médica. Así que estoy familiarizado en un sentido amplio con lo que está pasando en la Argentina. Y reconozco que tienen muchas posibilidades. La Argentina es un país rico, potencialmente muy rico. Como saben, no necesitan que les diga cuánto le ha costado al país la inestabilidad política, yo diría que el peronismo, o al menos el tipo de populismo que ahora también se está infiltrando en las discusiones estadounidenses. Cuando Trump fue elegido, recuerdo que estaba hablando de cómo íbamos a reemplazar todas nuestras importaciones con nueva industria fabricada solo en Estados Unidos. Entonces dije que debían reeditarse todos los estudios que se hicieron de sustitución de importaciones en Argentina por los desastres que sabemos que pasaron. Ellos no lo hicieron. Todo fue una buena broma. Pero publicaron algunos de los documentos, pero no una respuesta explícita a Trump. Pero literalmente creo que la estructura de toda la discusión sobre la Argentina siempre ha sido una oportunidad perdida. La gente mira pensando que realmente podría haber más de la Argentina de lo que ha habido. Cuando Menem era presidente, había toda esta discusión sobre cómo la irresponsabilidad de ciertas empresas y los gobiernos estatales emitían deuda y creaban problemas fiscales. Y solo había una sensación de que la gobernanza no era estable. Creo que el legado del peronismo es realmente horrible. Creo que el tema es más político que lo puramente económico. Siempre va a haber políticas muy locas, que son anticompetitivas, redistribucionistas, peronistas, las llamaría, aunque no quiero insultar a nadie. Pero la imagen del peronismo aquí en los Estados Unidos no es muy favorable solo por el hecho de que llevó a una tremenda inflación y todo tipo de inestabilidad social que podría haberse evitado. Pero no creo que ninguna agencia estadounidense o externa pueda venir y decir “esto es lo que debería hacer la Argentina”. La crisis de la deuda soberana ha sido real. Sigue repitiéndose. Y la Argentina está crónicamente bajo el control de diferentes organismos internacionales, el Banco Mundial y en particular el FMI. Entonces se necesita alguna manera de lograr una política económica y social más mesurada y consistente. No es que necesite una moneda en particular o una reforma en particular. Se han intentado muchas reformas, muchas monedas, tipos de análisis, reformas de la moneda, dolarización, etc., etc. Sin embargo, atar las manos de los políticos para evitar la forma más descarada de populismo sería probablemente la vía del éxito.

-La Argentina tiene todos los recursos naturales que el mundo está buscando: minerales, energía, alimentos. ¿Pero cree que países emergentes como la Argentina, con 47 millones de habitantes, podrían lograr el desarrollo sólo con recursos naturales o necesitan otra forma de lograr el desarrollo como lo ha hecho Corea del Sur?

-Muchos países han tomado el camino hacia los recursos naturales sin mucho éxito. No considero que Arabia Saudita sea un éxito, y no considero algunas de estas otras áreas ricas en minerales como África, incluso Sudáfrica, como historias de éxito. Entonces, creo que lo que se debe hacer es desarrollar más una infraestructura comercial, tal vez tal vez participar en la economía global, tal vez de manera más creativa en los mercados financieros y lograr socios comerciales. Ha habido estas tentaciones de tratar de crear bloques comerciales como Mercosur y otros grupos. Y creo que si esos bloques comerciales pudieran hacerse más efectivos, podría haber una genuina producción de algunos bienes, pero también productos financieros. Hay mucho margen para que los mercados financieros se expandan para tratar de volverse más flexibles y más creativos sin endeudarse excesivamente. Creo que la estructura de la industria argentina podría mejorarse y, con ello, cambiar la naturaleza del empleo y cambiar el tipo de oportunidades. Pero las oportunidades son ​​oportunidades que realmente deben cultivarse con mucho, mucho cuidado. Y eso es lo que falta ahora mismo. Entonces, lo que sugeriría sería tratar de producir los servicios, que son obviamente el objetivo del futuro. Entonces hacer que la gente se involucre más en la economía internacional, que todavía va a expandirse en un sentido global. China se recuperará. El sur de Asia todavía va a crecer. Llegar y establecer vínculos con esos países creo que sería muy poderoso y útil. Deberían tratar de expandir la base de Comercio. No quiero decir industria. No estoy sugiriendo que la Argentina deba hacer más sus propios autos o construir sus propios aviones, aunque podría tener una buena idea. Pero creo que lo que requiere es permitir un mayor espíritu empresarial.

En base a mi experiencia al escribir este informe para el gobierno de Menem, luego escribí un libro sobre este tema hace años llamado 'Derecho y regulación en América Latina y el Caribe'. Toda la legislación laboral fue un legado del peronismo. El sindicalismo y demás regulaciones muy severas dificultan contratar y despedir y tratar de impartir mayor flexibilidad en el mercado laboral. Hay que hacer sistemas de seguro social menos corruptos, mejor financiados. Tener una regulación que esencialmente previene la contratación y el despido de trabajadores funciona muy bien para un enclave protegido, pero arruina a los demás participantes. Así que tienes este gran sector informal, que podría desarrollarse, podrías formalizarlo, pero lo haces al reducir impuestos, reducir regulaciones. Sé que los sindicatos se oponen. Sé que habría mucha oposición allí. Por eso es que vuelvo a la voluntad política si puedes conseguir a alguien que esté realmente dispuesto a luchar. La gente no entiende la economía. Realmente no entienden que la economía no se trata sólo de una ganancia de suma cero, de que mi ganancia es tu pérdida, sino de tratar de mostrar cómo se pueden compartir estas ganancias, aumentar el capital de manera más amplia y aún más flexible. La actividad de las empresas que invierten en la economía sería increíblemente útil. Aunque muchos empresarios argentinos son muy inteligentes, pero en realidad no han sido lo suficientemente abiertos. No se les ha dado suficiente libertad. Y creo que más libertad sería muy útil.

AR

-¿Es usted bostero? -es lo primero que pregunta el Nobel de economía Finn Kydland en una entrevista con elDiarioAR por Zoom desde Lindau, Alemania.

Cada año allí, en los Alpes de Bavaria, sobre el lago de Costanza, que este país comparte con Austria y Suiza, se reúnen los ganadores del Nobel de distintas disciplinas en el verano boreal para conversar con jóvenes doctores de esas ramas. Cada tres años se juntan los Nobeles de economía. Uno de los asistentes este 2022 fue el noruego Kydland, de 78 años, que ganó el premio en 2004 por estudiar la consistencia en el tiempo de la política económica y las fuerzas impulsoras detrás del ciclo económico. Actual profesor de la Universidad de California Santa Barbara, ha visitado varias veces la Argentina como docente honorario de la Di Tella y ha escrito algunos papers elogiosos sobre la apertura económica de Carlos Menem en los 90, aunque después debió admitir su fracaso y lo atribuyó a la falta de inversiones, de confianza y de instituciones creíbles. Se define com hincha de Boca.

-¿Cómo ve la economía mundial hoy después de la pandemia en medio de una guerra y con el alza de la inflación?

-Actualmente sé más sobre Estados Unidos porque vivo en California. Entonces sé algo acerca de por qué la inflación es un problema potencial en los Estados Unidos. Y eso es porque han estado imprimiendo dinero demasiado rápido. Eso es algo que ustedes los argentinos deben saber muy bien. Sé un poco de la Argentina porque he escrito un par de artículos con un economista argentino en el Banco de la Reserva Federal de Dallas. Su nombre es Carlos Zarazaga. La inflación se define como un aumento continuo del nivel de precios, no solo como algo que podría suceder a corto plazo debido a un problema temporal de suministro o algo así. Y casi siempre la causa es porque el banco central está imprimiendo dinero demasiado rápido.Y es algo que puede suceder incluso en un país como los Estados Unidos, porque he visto las cifras de cuán rápido ha estado creciendo el stock de dinero y las cifras han aumentado alrededor de 7 u 8% por año. Y eso es inconcebible.

-¿La inflación pone en riesgo el crecimiento de la economía de Estados Unidos?

-No es tan obvio eso. Normalmente lo haría. Basado en mi propia investigación, tiendo a pensar que los factores monetarios son mucho menos importantes que los factores reales, como cambios en tasas impositivas o cambios en la política pública en general. Pero sé que en la Argentina el problema siempre fue que el gobierno nunca pudo comprometerse con una política monetaria estable en la que todos pudieran creer.

-Me gustaría preguntarle sobre Argentina, que, como siempre, está con una gran inflación, pero al mismo tiempo el mundo la mira con renovada interés porque tiene comida, tiene energía, tiene litio también. ¿Cómo ve esta paradoja?

-La Argentina siempre estuvo en una buena posición debido a la extensión de sus recursos. Es un país muy rico en recursos. Pero el problema siempre fue- y no sé porque no lo he seguido recientemente- pero el problema siempre fue el alcance de las restricciones comerciales que impondría Argentina. Restricciones diciendo “no puedes exportar” pensando que al exportar la inflación aumentaría. Quiero decir que las restricciones comerciales siempre dañan la economía de una nación. Y la Argentina es un ejemplo de eso porque las restricciones son completamente innecesarias.

-¿Y usted cree que el mundo ahora está mirando con nuevos ojos a estos recursos naturales que tiene la Argentina?

-No sé por qué en el mundo no estarían interesados en los recursos de la Argentina si ellos son sensatos. Ellos agradecerían la oportunidad de comerciar con ingenio. Usted mencionó el litio. Sé que es un recurso valioso. Y debería ser parte de lo que potencialmente Argentina podría intercambiar a cambio de otras importaciones importantes.

-Ahora en un mundo donde Estados Unidos y Rusia están en conflicto, Estados Unidos y China también, ¿cree que la Argentina tendrá que elegir a quién vender estos recursos o puede comerciar con todos?

-Lo racional sería comerciar con quien esté interesado en comprar esos recursos.

-Usted viene de Noruega, que también tiene sus recursos naturales, pero sólo 5 millones de habitantes. La Argentina tiene muchos recursos, pero 47 millones de personas que no pueden trabajar todos en soja, gas y minería y ocupa el puesto 89 en PBI per cápita. ¿Cuál es la solución para países como la Argentina: tienen que apoyar el crecimiento de estos recursos naturales o tratar de desarrollar tecnología e industria como países como Corea del Sur, que han logrado el desarrollo?

-El secreto tiene que ser la voluntad o la capacidad de desarrollar tecnologías, porque el cambio tecnológico es siempre la fuerza impulsora detrás de una economía en crecimiento constante. Mi sospecha es que en Argentina hay demasiadas restricciones comerciales, lo que les dificulta aprovecharlas. Para que los recursos puedan aprovecharse como en Noruega parte tiene que ver con la política. Un gobierno típico dura cuatro años. Entonces, en períodos de cuatro u ocho años, ha habido un gobierno de orientación izquierdista, el Partido Laborista, y luego otros períodos de cuatro u ocho años con una coalición de partidos más orientados a la derecha. Pero no notas ninguna diferencia. Evidentemente, hay una gran cantidad de acuerdos entre los políticos sobre lo que es una política razonable. Es parte del secreto de por qué a Noruega le está yendo tan bien. Si piensas en establecer una empresa en Noruega, vas a estar bastante seguro de que el gobierno no va a hacer nada estúpido o introducir alguna estúpida política económica. En la Argentina es mucho más difícil hacer esa suposición porque ha habido demasiados casos a lo largo de las décadas que se remontan a la hiperinflación a finales de los años ochenta y así sucesivamente. Y entonces Argentina no tiene la credibilidad para llevar a cabo políticas. Una vez que se ha perdido esa credibilidad, es más difícil recuperarla. Y entonces eso es probablemente parte de la lucha que la Argentina tiene que enfrentar.

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La relación entre desarrollo económico, ambiente y recursos naturales parece siempre estar en tensión ¿Es posible encontrar un equilibrio? ¿Cuáles son las posiciones intermedias? ¿Cómo se puede impulsar una explotación segura de los recursos naturales?

En este episodio de “Esto no es un tweet” nos sentamos a pensar sobre el impacto ambiental de la extracción de recursos naturales para el desarrollo económico y productivo (y las distintas estrategias para abordarlo).

Del debate participan la economista Verónica Roberts (directora del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo de IDAES-UNSAM) y el politólogo Carlos Freytes (Director del Área de Recursos Naturales de Fundar). Modera la periodista y directora de Estrategia de elDiarioAR Silvina Heguy. 

“Esto no es un tweet: 7 diálogos para pensar la Argentina” es un nuevo espacio para detenerse a conversar sobre temas complejos que no se resuelven en pocos caracteres. Una propuesta de Fundar, Escuela Idaes y elDiarioAR. El diálogo completo se puede seguir en el canal de Youtube de elDiarioAR.

Fundar es una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva. La Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Escuela IDAES) fue creada hace más de 20 años como instituto de posgrado y, a lo largo de su historia, se transformó en un espacio de formación en grado, posgrado e investigación de excelencia de la Universidad de San Martín. elDiarioAR como medio de comunicación, además de informar, es una ámbito donde se fomentan el debate de ideas. En esta primera alianza formal entre las tres instituciones la urgencia es abordar temas de la agenda pública con profundidad y fuera de las formalidades.

Entre una postura extractivista hasta una que no acepta bajo ningún concepto la explotación de los recursos naturales. El debate sobre la relación entre los recursos naturales, las estrategias de desarrollo y el ambiente siempre parece estar en tensión. En este nueve episodio de “Esto no es un tweet” llega un tema clave para el futuro argentino. Para ello dialogan la economista Verónica Roberts de la Escuela Idaes y el politólogo Carlos Freytes de Fundar y cuenta con la conducción de la periodista Silvina Heguy, de elDiarioAR.

El diálogo completo se puede seguir en el canal de Youtube de elDiarioAR y el video es parte de los siete diálogos para pensar el desarrollo argentino para los que se convocaron a académicos e investigadores.

Este ciclo de conversaciones surgió de la creencia de que hay debates en los que vale la pena detenerse. Por eso desde Fundar, IDAES y elDiarioAR se lanzó “Esto no es un tweet: 7 diálogos para pensar la Argentina”.

Fundar es una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva. La Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Escuela IDAES) fue creada hace más de 20 años como instituto de posgrado y, a lo largo de su historia, se transformó en un espacio de formación en grado, posgrado e investigación de excelencia de la Universidad de San Martín. elDiarioAR como medio de comunicación, además de informar, es una ámbito donde se fomentan el debate de ideas. En esta primera alianza formal entre las tres instituciones la urgencia es abordar temas de la agenda pública con profundidad y fuera de las formalidades.

En el capítulo de hoy intervienen:

.• Verónica Roberts: licenciada y doctora en Economía; Investigadora adjunta CONICET y directora del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo de IDAES-UNSAM.

• Carlos Freytes: doctor y magíster en Ciencia Política; Director del Área de Recursos Naturales de Fundar; profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad Nacional de Hurlingham.

• Silvina Heguy: escritora, periodista y editora. Es actualmente directora de Estrategia de elDiarioAR.

PP