Estados Unidos, el país que más carbono ha inyectado a la atmósfera, acaba de decidir oficialmente que los gases de efecto invernadero no suponen ninguna amenaza para la salud humana y del planeta. El responsable histórico número uno del cambio climático ha revocado el informe científico que determinaba el peligro de estos gases y su relación con los vehículos a motor.

La ofensiva negacionista –y anticientífica– ha obtenido uno de sus grandes trofeos: la derogación exprés, en menos de un año, de la Endangerment Finding, la determinación científica y legal emitida en 2009 por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) sobre el peligro que representan estos gases. Era su objetivo desde hacía mucho tiempo y se lo habían exigido a Trump.

“A partir de ahora se ha establecido el negacionismo como la política oficial de esta administración”, explica el analista de política climática del Centro para el Progreso de EE.UU. (CAP), Leo Banks.

Para los que piensan que el cambio climático es un bulo este informe era el santo grial. Creen que con esta derogación han asestado un golpe en el corazón del movimiento climático

Leo Banks — Analista de política climática del Centro para el Progreso de EEUU

“Para los que piensan que el cambio climático es una mentira [aquello del ”hoax" expandido por Donald Trump], este informe era el santo grial –describe este sociólogo para elDiario.es–. Creen que con esta derogación han asestado un golpe en el corazón del movimiento climático”.

En la práctica, estos documentos de la EPA sirvieron para que existiera una base legal y científica con la que imponer a los emisores de gases en EE.UU. la obligación legal de recortar de emisiones CO₂, metano y otros gases de efecto invernadero. Por eso se había convertido en la pieza de caza mayor para los negacionistas. Sin ellos, esperan que se establezca barra libre para los contaminadores.

El actual director de la EPA, Lee Zeldin, ha dicho que “la administración de Trump no va a sacrificar la prosperidad, la seguridad energética y la libertad de nuestro pueblo por una agenda que socava a nuestras industrias, nuestra movilidad y las opciones de los consumidores al tiempo que beneficia a nuestros adversarios extranjeros”.

El director del Instituto Woods para el medio ambiente de la Universidad de Stanford (EE.UU.), Christopher Field, cuenta a elDiario.es que, desde este momento, “el Gobierno no tiene manera alguna de establecer límites de emisiones de gases a los motores de los vehículos o la generación de electricidad”. El científico estadounidense añade que “aunque esta medida no afecta directamente a los incentivos para las energías limpias, la administración Trump ya ha retirado muchos de estos estímulos con otras regulaciones”.

Leo Banks afirma que nos hallamos ante “una cúspide del negacionismo. La EPA ha hecho de esta derogación su prioridad principal desde el primer día y lo ha perseguido de manera religiosa”. El analista subraya que “al impulsar esta desregulación ambiental se deja a los contaminadores hacer lo que quieran”.

Y lo que quieren es multiplicar el uso de combustibles fósiles (el origen de las emisiones de gases invernadero) y no acotar la contaminación que salga de los tubos de escape de los automóviles. EE.UU. es el principal emisor histórico mundial: acumula el 25% de todo los gases inyectados a la atmósfera (la costra que atrapa el calor y termina por alterar el clima). Europa es el segundo responsable con el 22% desde 1750, China el tercero con el 12%.

'Conspiración' anticientífica

La ofensiva contra esta clave de bóveda climática viene de lejos. Desde que Donald Trump tuvo que dejar la Casa Blanca en 2021, cuatro antiguos colaboradores suyos comenzaron a trabajar para dinamitar el Dictamen de Peligro de la EPA: Russol Vought, Jeffrey Clark, Mandy Gunasekara y Jonahathan Brightbill conformaron un grupo de presión, según reveló New York Times.

Los tres primeros aparecen como autores o colaboradores en el documento llamado Proyecto 2025 elaborado por la Fundación Heritage que afirma: “La EPA debería revisar y rescindir el dictamen de peligro de 2009, que sustenta gran parte de la autoridad reguladora del gobierno federal en materia climática”. Y prosigue: “Deberían eliminarse las oficinas y programas que promueven el activismo en materia de cambio climático”.

Es una gran abdicación de EEUU. La evidencia científica ya era robusta en 2009 y lo es mucho más hoy. Cualquier evaluación honesta concluye que esos gases de efecto invernadero son, ciertamente, un peligro para la salud y el bienestar de las personas

Christopher Field — Director del Instituto Woods para el medio ambiente de la Universidad de Stanford

No se limitaron a eso. También socavaron la Agencia Meteorológica de EE.UU. al afirmar que “se ha convertido en uno de los principales impulsores de la industria del alarmismo climático”. Llegaban a decir que “sus programas de investigación climática han sido utilizados para impulsar una agenda política más que la ciencia”.

En realidad, la ciencia es la que ha saltado por los aires con esta derogación. Christopher Field no duda en resaltar que “la evidencia científica para la Endangerment Finding ya era robusta en 2009 y lo es mucho más hoy. Cualquier evaluación honesta concluye que esos gases de efecto invernadero son, ciertamente, un peligro para la salud y el bienestar de las personas”.

Banks, por su parte, concluye que hemos asistido a un “ejemplo de política anticiencia”, ya que se ha desmontado un informe “sin tener ninguna evidencia de que los gases no son un peligro. Es una bofetada en la cara de la ciencia que no había hecho nada más que fortalecerse desde 2009”.

El investigador de Stanford admite que esta derogación “representa una gran abdicación de los Estados Unidos como líder global de la acción climática”. El analista del CAP, por su parte, sostiene que esto “deja a los aliados de EE.UU. en una situación delicada. Y lo hemos visto recientemente con el acuerdo entre Canadá y China sobre los coches eléctricos”. Trump reaccionó a ese anuncio con una amenaza: aranceles del 100% a su vecino continental del norte si persiste en el acuerdo.

Ambos investigadores coinciden en que el mundo seguirá avanzando en políticas climáticas aunque EE.UU. se borre. Sin embargo, también se constata un movimiento de arrastre fuera del país norteamericano. En la Unión Europea, por ejemplo, se han aguado hasta cierto punto las medidas contra las emisiones con la prórroga a los motores de combustión decidida hace pocos meses o la revisión de los objetivos de reducción de gases que se tuvo que estirar hasta las puertas de la cumbre climática de Brasil.

Con todo, Christopher Field vaticina que “la acción global continuará con o sin los EE.UU. porque los demás han comprendido que este asunto es importante y también porque las tecnologías verdes son la opción más económica, segura y confiable”.

Es una historia de treinta años que se cifra en miles de millones de euros. Treinta largos años que no quedarán en los anales de la Unión Europea (UE) como los más memorables frente al cambio climático. Durante estas tres décadas, las industrias más contaminantes como el acero, el cemento, el petróleo o el aluminio recibieron de forma gratuita cuotas de emisión de CO2, una especie de derecho a contaminar, para incentivar a las empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

La idea general era que estos derechos a contaminar descenderían con los años. En realidad, las industrias más contaminantes recibieron estas cuotas en grandes cantidades, muy superiores al CO2 que emitían, por lo que acabaron teniendo excedentes que pudieron revender.

El sistema se desvió así de su objetivo original y se convirtió en una herramienta financiera que permitió a los beneficiarios aumentar sus ganancias comerciando con las cuotas. Solo entre 2013 y 2021, según estima el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), las industrias emisoras más grandes obtuvieron 98.500 millones de euros y solo destinaron una cuarta parte de esta cantidad (25.000 millones) a la acción climática.

Tras una investigación que se desarrolló durante ocho meses, con el apoyo financiero del fondo Investigative Journalism for Europe (IJ4EU), elDiario.es y el periódico francés Le Monde revelan las zonas oscuras de un sistema que pretendía ser beneficioso para la transformación sostenible de la industria y ha acabado alimentando la rentabilidad de las empresas más contaminantes. Las pesquisas se centran en las siderúrgicas y cementeras en Francia y España, dos de los sectores que más se han beneficiado de estas cuotas, e implican a compañías como Arcelor Mittal, Cemex, Cementos Portland Valderrivas, Holcim o Heildelberg Materials.

El Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) confirma lo que algunos sospechaban desde hace tiempo: las empresas han revendido parte de sus cuotas gratuitas por cientos de millones de euros

El análisis detallado de sus transacciones financieras registradas en el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) confirma lo que algunos sospechaban desde hace tiempo: las empresas revendieron parte de sus cuotas gratuitas por cientos de millones de euros, e incluso miles de millones en algunos casos.

En 2009 la operación Blue Sky destapó un fraude millonario a través del IVA de estas cuotas de emisiones. De hecho, la Audiencia Nacional va a juzgar a ocho grupos internacionales por el desfalco que, se calcula, causó una pérdida de 6.000 millones de euros a los países de la UE. Ese caso ha acabado en la justicia, algo que no sucederá en esta ocasión. El negocio de las empresas con la venta de los derechos de emisiones se lleva a cabo de manera completamente legal.

Las cuotas gratuitas, una mina de oro para contaminadores

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Para el acero y el cemento, en millones de toneladas de CO₂

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GRÁFICO: LE MONDE. ADAPTACIÓN: IGNACIO SÁNCHEZ

Las cuotas gratuitas, una mina de oro

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El sistema de cuotas gratuitas, lanzado el 1 de enero de 2005, aún está vigente. Está destinado a desaparecer en 2034. El pasado 18 de abril, el Parlamento Europeo adoptó un nuevo plan climático que prevé reemplazarlo gradualmente por un “mecanismo de ajuste del carbono en las fronteras” de la Unión, con el objetivo de hacer más verdes las importaciones de los sectores con mayores emisiones de CO2. Optar por un sistema más simple es una especie de mea culpa de la UE, aunque oficialmente no haya admitido su error.

Río de Janeiro, Kyoto, Al Gore...

El origen de esta historia se remonta a la cumbre de Río en 1992. Fue en aquel momento cuando surgió la idea de un impuesto al carbono al cual estarían sujetas las industrias europeas para hacer que la economía fuera más responsable frente al medio ambiente. La iniciativa no obtuvo unanimidad entre los Estados miembros. Francia, entre otros, bloqueó esta decisión.

En 1997, el Protocolo de Kyoto volvió a poner este tema sobre la mesa. Al Gore, en aquel entonces vicepresidente de los Estados Unidos, consideró la idea interesante, pero dijo que los republicanos no la aceptarían. Por lo tanto, era necesario imaginar algo más compatible con el modelo capitalista para complacer a los estadounidenses y preparar una posible integración de los mercados transatlánticos en el futuro.

El Viejo Continente creó entonces un mercado europeo de carbono en el cual las industrias podrían comprar y vender cuotas para regular sus emisiones de CO2. “La UE creó desde cero un mercado que nunca antes había existido. Es la primera vez en la historia de la humanidad ”, señala Thomas Pellerin-Carlin, director del programa Europa en el Instituto de Economía para el Clima (IC4E). Hoy en día, este mercado es el más grande de su tipo en el mundo, aunque están surgiendo otros, como en China.

Nos dimos cuenta de que estábamos en terreno resbaladizo, que potencialmente tendríamos que devolver las cuotas asignadas en exceso. Éramos conscientes de que esto no podía durar, que alguien iba a poner fin a la diversión en algún momento

Eric Bourdon — Director general adjunto de la cementera francesa Vicat

“Desde el principio, se plantearon cuestiones centrales. ¿Bajo qué modelo se asignarán las cuotas que las empresas intercambiarán entre sí? ¿Deben ser otorgadas de forma gratuita o vendidas? ¿Quiénes estarán cubiertos por el mecanismo? ¿Las empresas podrán ahorrar cuotas de un año para otro?”, enumera Julien Hanoteau, profesor de economía en la Kedge Business School de Aix-Marseille.

El modelo se desarrolló rápidamente, aunque no de manera uniforme. Cada año, la Unión Europea decide asignar de forma gratuita a las industrias cuotas de CO2, en función de las emisiones de gases de efecto invernadero que estiman que generarán en los siguientes doce meses. Una cuota equivale a una tonelada de CO2. Al final del año, las instalaciones industriales deben devolver la cantidad de cuotas equivalente a las emisiones de CO2 que realmente han realizado.

Si han emitido más CO2 de lo previsto, pueden comprar cuotas adicionales a empresas que no han utilizado todas las suyas, siguiendo el principio de “contaminador-pagador” ideado por los creadores de este mercado. Por el contrario, si han emitido menos CO2 de lo previsto, pueden revender las cuotas sobrantes. Las cuotas asignadas a una instalación –una planta, una fábrica...– no tienen fecha límite de venta. Una vez vendidas, se convierten en simples activos financieros que las empresas pueden utilizar sin contrapartidas reales.

La fase piloto comenzó en 2003 y la distribución de cuotas se inició realmente en 2005, con una lógica inicial que resulta sorprendente a posteriori: cuanto más CO2 prevé emitir una instalación industrial, más derechos a contaminar recibe. A partir de 2008 y hasta 2012, se añade otra rareza: las cuotas se asignan refiriéndose a los años de producción anteriores a la crisis económica, cuyas cifras son mayores. Como resultado, los industriales reciben muchas más cuotas de las que realmente emiten. Cuotas que, como se decía más arriba, luego pueden vender a terceros.

“Nos dimos cuenta de que estábamos en terreno resbaladizo”

Algunas empresas expresaron rápidamente reservas sobre los métodos del sistema EU-ETS, como la española Cementos Tudela Veguín, de Asturias, o la francesa Vicat. “Nos dimos cuenta de que estábamos en terreno resbaladizo, que potencialmente tendríamos que devolver las cuotas asignadas en exceso. Éramos conscientes de que esto no podía durar, que alguien iba a poner fin a la diversión en algún momento”, admite Eric Bourdon, director general adjunto de la cementera francesa.

Ciertamente, las reglas de asignación se modificaron en 2012 y luego en 2018. Pero los abusos continuaron, como muestra el último informe sobre el estado del sistema EU-ETS publicado en 2022 por la Asociación Mesa Redonda Europea sobre Cambio Climático y Transición Sostenible (ERCST). Los excedentes acumulados de cuotas gratuitas solo se estabilizaron en 2013 y aun así, a un nivel muy alto. Solo en 2017 las emisiones de CO2 comenzaron a disminuir significativamente en todos los sectores.

El Estado podría haber recuperado fácilmente el dinero generado por la venta de cuotas para compensar las actividades contaminantes, reducir el IVA o disminuir el impuesto sobre la renta. Sin embargo, permitió que las empresas operaran libremente

Julien Hanoteau — Profesor de economía en la Kedge Business School de Aix-Marseille

Para el diputado europeo ecologista Yannick Jadot, quien ha estado exigiendo la eliminación de las cuotas gratuitas durante años, el diagnóstico resulta amargo. “El poder público creó un mercado desde cero, aceptando de antemano todos los abusos inaceptables de la financiarización de la economía”, denuncia el antiguo candidato a las elecciones presidenciales de 2022 en Francia. El investigador Julien Hanoteau comparte este análisis: “El Estado podría haber recuperado fácilmente el dinero generado por la venta de cuotas para compensar las actividades contaminantes, reducir el IVA o disminuir el impuesto sobre la renta. Sin embargo, no se tomó esta decisión, sino la de permitir que las empresas operaran libremente”, lamenta.

Un sistema financiero complejo y opaco

Las cuotas se subastan todos los días a las 11 de la mañana. Al principio, las transacciones representaban diariamente alrededor de un millón de toneladas de CO2. Desde entonces, el mercado ha ganado profundidad y se ha vuelto más sofisticado. Se extiende a cerca de 18.000 instalaciones y los industriales, a través de bancos, fondos de inversión, corredores y una docena de sociedades mercantiles, ahora intercambian entre 20 y 30 millones de toneladas de CO2 al día, anticipando las futuras fluctuaciones en el precio del carbono.

“El mercado se ha vuelto muy interesante para los inversores. Hay que decir que el precio del carbono era inicialmente de 7 euros por tonelada, luego subió a 24 euros en agosto de 2008 y ahora ronda los 100 euros. Algunos predicen que alcanzará los 150 euros en 2030 y, mientras tanto, más del 80% de las transacciones son especulativas y ya no se relacionan con problemas medioambientales”, indica Ismael Romeo, director de SendeCO2, una sociedad mercantil con sede en Barcelona.

Ahora existen fondos de cobertura especializados en los mercados del carbono que especulan con estas cuotas: en 2021 se intercambiaron casi 11.000 millones de toneladas de CO2 en el mercado, con un valor de 683.000 millones de euros

Ivan Pavlovic, especialista en transición energética de Natixis, lo confirma: “Estas cuotas son un inventario, un activo que se puede monetizar. Son intercambiables y no tienen límite de uso en el tiempo. Ahora existen fondos de cobertura especializados en los mercados del carbono que especulan con estas cuotas, aunque por el momento siguen siendo minoritarios”, explica. En 2021 se intercambiaron casi 11.000 millones de toneladas de CO2 en el mercado, con un valor de 683.000 millones de euros, según la empresa británica de análisis financiero Refinitiv.

Muy rápidamente, el sistema se reveló defectuoso. Las transacciones son difíciles de rastrear, incluso para los expertos en el sector. “El sistema es bastante opaco. En todos los niveles, incluida la Comisión Europea, nadie tiene una visión global y unánime. Es una caja negra. Solo los directores financieros o los directores industriales de las empresas involucradas saben exactamente qué se hace con dichas cuotas”, reconoce el líder de una empresa de comercio de cuotas de CO2.

Valores que dependen del clima o del precio del gas

A veces, las transacciones no están justificadas únicamente por razones financieras. “También pueden estar inspiradas en eventos climáticos o políticos. Los proveedores de energía, excluidos del sistema de cuotas gratuitas desde 2013 porque lo utilizaban para aumentar el precio de la electricidad, ahora se ven obligados a comprarlas por su cuenta. A veces las revenden al final del invierno si la temperatura ha sido más alta de lo esperado y, por lo tanto, sus emisiones de CO2 han sido menores. Lo mismo ocurre si hay inflación en los precios de la energía, como durante el verano de 2022, cuando el precio del gas se disparó”, señala Gregory Idil, comerciante en Vertis Environmental Finance, una empresa con sede en Bruselas.

En cualquier caso, las empresas se resisten a divulgar esta información, la consideran confidencial para su competitividad industrial. “Las transacciones son un reflejo de la actividad económica. Si una empresa dice que ha vendido cuotas, potencialmente está reconociendo que su producción ha disminuido”, explica el trader barcelonés Ismael Romeo.

Vendedor, comprador... No todos son iguales en cuanto a los derechos a contaminar. El acerero británico British Steel lo aprendió a su costa. Después de deshacerse de sus cuotas gratuitas para compensar sus pérdidas financieras, tuvo que volver a comprarlas a un precio muy alto para poder seguir emitiendo carbono. Al final, se endeudó en exceso y se declaró en quiebra en 2019.

'Minas de oro' de varios millones de toneladas

Las empresas adoptan diversas estrategias frente a las cuotas gratuitas. Algunas han vendido en gran parte sus excedentes para obtener beneficios, otras han optado por conservarlas y otras las han recomprado. “Vendimos un poco al principio, pero pronto dejamos de hacerlo. Ahora tenemos 4,5 millones de toneladas de cuotas de CO2. Tendremos que tomar decisiones sobre su buen uso”, explica Eric Bourdon, subdirector general del fabricante de cemento francés Vicat.

Las empresas que vendieron cuotas a discreción tampoco se quedaron atrás, especialmente cuando las recompraron. Solicitada en el marco de nuestra investigación, la organización internacional de periodistas Finance Uncovered, con sede en Londres, confirmó el fenómeno de la financiarización aplicada a estas cuotas de CO2, tras examinar la base de datos global Orbis, que proporciona acceso a información empresarial pasada o reciente. ArcelorMittal, por ejemplo, indica en su informe anual de 2022 que tenía 154 millones de euros en “activos financieros intangibles” relacionados con cuotas de CO2 al 31 de diciembre de 2021 y 691 millones de euros al 31 de diciembre de 2022. Según explica la empresa, esto es resultado de compras que han “madurado”, lo que le ha permitido fortalecer el activo de su balance con cantidades considerables.

Aunque se espera que los volúmenes de cuotas disminuyan con el tiempo, estas existencias pueden convertirse potencialmente en auténticas minas de oro, dado que el precio del CO2 alcanzó los 100 euros por tonelada en febrero de 2023. Algunas previsiones incluso lo sitúan en 700 euros por tonelada en unos años.

El incremento acelerado de la capa de gases de efecto invernadero que recalienta el planeta es el resultado de las emisiones de CO2 –también metano u óxido nitroso– que han provocado las actividades humanas como quemar carbón para obtener energía o usar petróleo para los combustibles que utilizan los automóviles, los aviones y los barcos.

Estas emisiones comenzaron, básicamente, a partir de la revolución industrial del siglo XIX y no ha hecho otra cosa que aumentar. Si en 1950 las emisiones conjuntas mundiales eran unos 6.000 millones de toneladas de CO2, al acabar el siglo XX fueron de 25.000 millones. El pico se marcó justo el año pasado: en 2021 se superaron los 39.000 millones de toneladas de CO2.

Sin embargo, aunque se hable de emisiones mundiales, los causantes no se distribuyen de forma uniforme por el planeta. Países como Reino Unido –que lideró la revolución industrial–, luego EEUU al convertirse en superpotencia mundial, Europa, Rusia y actualmente China son los principales emisores.

Así han evolucionado las emisiones de CO2 en los principales países

Evolución anual de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) per capita y totales en cada país* desde 1790. Haz clic en los botones para cambiar de gráfico

Totales Per capita

A medida que países empobrecidos han conseguido desarrollar sus economías tras su pasado colonizado, se han incorporado a la obtención de energía a base de combustibles fósiles. El ejemplo de China, que se activó en la década de los 80 y ha acelerado de manera espectacular desde 2000, e India desde 2005 ejemplifican este fenómeno. 

No por esperado ha resultado menos alarmante. En abril se presentó la tercera y última parte del Sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU.

En informes previos, se planteaban medidas tecnológicamente más accesibles y recortes más progresivos. Ahora, la urgencia que exige limitar el calentamiento global a 1,5 ℃ (o de forma más realista, a 2 ℃) hace que los expertos planteen la necesidad de implementar políticas drásticas en el corto plazo combinadas a medio plazo con tecnologías como la captura de carbono, cuya aplicación a gran escala aún se enfrenta a importantes retos técnicos.

Una novedad importante del nuevo informe es que incorpora un análisis centrado en las decisiones que las personas y hogares toman como consumidores. Es sobre el consumo de energía directo e indirecto de los hogares sobre el que recaen las acciones de choque a corto plazo (de aquí a 2050).

En el contexto actual –precios de los productos energéticos al alza, alta dependencia de países no democráticos–, el debate sobre qué impacto pueden tener nuestras acciones se agudiza.

La huella de carbono de los ciudadanos es una medida adecuada para medir su responsabilidad, pues considera las emisiones directas e indirectas asociadas a las decisiones que toman. Un cambio en las pautas de consumo ayuda a guiar a la economía por una senda de desarrollo más sostenible y puede contribuir a mitigar el cambio climático.

El enfoque “evitar-cambiar-mejorar”

El informe estructura las medidas siguiendo el enfoque “evitar-cambiar-mejorar”, que originalmente se aplicó al transporte sostenible, pero que ahora se emplea de forma más general al comportamiento de los consumidores.

El panel de expertos estima el potencial de mitigación de estas medidas en un 40-70 % de reducción de emisiones. Se podría alcanzar un 5 % de forma muy rápida solo con cambios en nuestros hábitos (principalmente en los países desarrollados). Además de en estos factores socioculturales, las medidas también se centran en el uso de infraestructuras y la adopción de nuevas tecnologías que permitan dichas modificaciones.

Entre los cambios de comportamiento, en la categoría “evitar”, encontramos la no utilización del coche y la reducción de un vuelo de larga distancia al año como los dos elementos con mayor potencial mitigador a nivel individual, seguidos a distancia por el aumento del trabajo remoto, un menor uso y mayor reciclaje de envases y la reducción del desperdicio alimentario.

Como “cambios”, se incluyen un mayor uso del transporte público, la reducción del consumo de carne, una mayor movilidad activa (bicicleta y caminar) y la sustitución del avión, cuando sea posible, por el tren.

Dentro de las “mejoras”, las medidas estrella son el vehículo eléctrico movido cada vez más por energías renovables, que también deberían proporcionar la electricidad de nuestros hogares, y las mejoras en el aislamiento y formas de calentar nuestros hogares.

En términos individuales, cambiar el auto por uno eléctrico (o aún mejor, caminar y usar la bicicleta), podría reducir 2 toneladas de CO₂ equivalente al año por persona. Y otro tanto la reducción de un vuelo al año.

En total, podría llegarse a un ahorro de 9 toneladas de CO₂ equivalente con las medidas indicadas. Pero esto sería para consumidores con alto gasto en países desarrollados. Para la población mundial en su conjunto, la medida más relevante sería el cambio en la dieta, puesto que la mayoría no vuela, su gasto es muy reducido y sus emisiones están muy por debajo de la media mundial de 7,8 toneladas.

La huella de las empresas y el greenwashing

Las contribuciones por parte de los consumidores nos permitirían ganar tiempo –que ya hemos perdido casi por completo– mientras se profundiza en los cambios para deshacernos de la energía fósil. Eliminarla requiere todavía superar, no solo obstáculos tecnológicos (aplicación del hidrógeno en aviones y barcos, por ejemplo), sino también relativos a la transferencia de conocimiento y la financiación.

Los Gobiernos deben implantar políticas más ambiciosas que las aplicadas hasta el momento. El plan Objetivo 55 que se está debatiendo en la UE para la transición ecológica propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % para 2030 (comparado con 1990) y lograr la neutralidad climática para 2050. Este plan se centra, entre otros ámbitos, en la energía, la movilidad y la alimentación en la línea de las recomendaciones del Sexto Informe del IPCC. Es un paso en la dirección adecuada, pero sin un compromiso firme de la población será insuficiente.

Sin embargo, las medidas de mitigación centradas en la demanda (los consumidores), al trasladar la responsabilidad a los hogares, permiten que los principales responsables de las emisiones de carbono se “laven las manos”. Hablamos de las empresas y, sobre todo, de las multinacionales.

Un análisis de las emisiones de carbono directas muestra que para la economía mundial, 90 compañías públicas y privadas de energías fósiles son responsables directamente del 63 % de las emisiones históricas.

Las filiales de multinacionales representan el 22,5 % de la huella de carbono de la economía mundial y solo las filiales de EE.UU. operando en el resto del mundo representan el 1,5 % del total de emisiones.

Existen iniciativas para luchar contra el cambio climático en el ámbito privado en las que se implican cada vez más empresas –Science based targets, SBTi, normativas ISO 14064 de huella de carbono de organización, GHG Protocol, Carbon Disclosure Project, la plataforma NAZCA de la ONU, etc.–. Cada vez están más concientizadas sobre la reducción de su huella de carbono por la creciente presión de los consumidores e inversores. No obstante, queda mucho por hacer. También para asegurar que las medidas tomadas no sean un mero “lavado verde” (greenwashing).

Las Naciones Unidas (y la Unión Europea) son conscientes de la existencia creciente de este greenswashing. Por ello, las Naciones Unidas acaba de lanzar en el mes de abril de 2022 un grupo de expertos de alto nivel para combatirlo. El objetivo es empujar a las empresas, los inversores y las ciudades a cumplir sus promesas de cero emisiones.

¿Cambiaremos los consumidores nuestro comportamiento?

La perspectiva positiva de esta visión del IPCC es que los cambios en nuestros hábitos pueden ser compatibles con la mejora global del bienestar: contribuyen a reducir las diferencias debidas a la desigualdad económica –los países desarrollados y los hogares con mayor renta son los mayores responsables de las emisiones y su reducción– y las desigualdades por sexo –los hombres tienden a comer más proteína animal y desplazarse en mayor medida en coche– y a mejorar la gobernabilidad al reducir la concentración de poder de ciertos países y colectivos y aumentar la participación ciudadana.

La adopción y efectividad de las medidas estarán muy condicionadas por las enormes desigualdades económicas y por la injusta distribución de las responsabilidades climáticas entre individuos. Todos debemos esforzarnos por cambiar hábitos, aunque las predicciones para 2030 apuntan a que el 50% de la población mundial más pobre producirá emisiones muy por debajo del objetivo, mientras que el nivel de emisiones del 1% más rico será 30 veces superior a lo fijado en el Acuerdo de París.

Los expertos reconocen que la motivación de los consumidores para implementar estos cambios necesarios es reducida a nivel mundial. Por ello, van a ser imprescindibles políticas de incentivos y penalizaciones que tengan en cuenta los contextos sociales y culturales en cada país.

A la hora de evitar medidas muy contaminantes o promover aquellas sostenibles, no podemos solo pensar en soluciones relacionadas con impuestos a los gases de efecto invernadero que supongan aumentos de precios, ya que dichas medidas pueden ser regresivas y tienen un escaso efecto sobre los hogares de mayor renta.

Es muy importante regular y limitar actuaciones y, en ocasiones, incluso prohibir. Establecer zonas de bajas emisiones en los centros urbanos, prohibir el uso de plásticos de un único uso y la venta de vehículos de combustibles fósiles, etc., son medidas que ya se han tomado o que hay que ir tomando con para acompañar y promover o limitar la actuación de los consumidores.

Tal vez sea ahora el momento de parafrasear a John F. Kennedy, y plantearnos no solo qué puede hacer nuestro país por el planeta, sino qué podemos hacer nosotros por el planeta y si estamos dispuestos a hacerlo.

Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Podés leer aquí la versión original.