Las supermajors, ya sean empresas privadas como ExxonMobil, Shell o BP, o estatales como la saudí Aramco o la emiratí Adinoc, siguen apostando al negro, a sus tradicionales negocios de combustibles fósiles. Aunque sus registros contables consignan millonarios flujos de capital vinculados a criterios Environmental, Social & Governance (ESG). En teoría, los ESG proliferaron entre las preferencias de los inversores y en las configuraciones de sus carteras de capitales.

La premisa que revistió al combate contra la catástrofe climática de un manto de optimismo durante el bienio post-Covid, en el que se acumularon inversiones ESG por valor de 35 billones de dólares anuales en 2020 y 2021 e infundió esperanza para alcanzar las emisiones netas cero de CO₂ en el ecuador del siglo, está dejando en 2023 un rastro de falsedad. Hasta el punto de poner en tela de juicio los esfuerzos de supresión de las huellas de carbono empresariales.

En ocasiones, con el beneplácito y la aquiescencia de gobiernos proclives a la prolongación de la Vieja Economía fósil y poderosos fondos de inversión a los que les atemorizó el primer gran periodo de ralentización de rentabilidades y beneficios en los mercados. Este parón y marcha atrás en el boom de activos ESG tiene orígenes diversos.

Solo en EEUU volaron en septiembre pasado 139.000 millones de dólares con sello medioambiental, social o de buen gobierno corporativo. En su mayoría, fugas de fondos de pensiones ligados a estados con gobernadores republicanos que, como Ron DeSantis, decidieron revertir la estrategia inversora de estos instrumentos de ahorro enfocados entre 2020 y 2021 hacia valores ESG. DeSantis argumenta que es una herramienta progresista al servicio de la causa demócrata de Joe Biden y bendecida por el “perverso woke capitalism”. Término que, en la jerga neoliberal al uso, responde a la corrección política y al igualitarismo extremo que ciertas empresas -critican su acólitos- ponen en liza para promover la justicia socio-laboral o preservar el medio ambiente.

El gran oponente de Donald Trump para las primarias del los Republicanos decidió que los criterios ESG no podían determinar el dinero con el que sus conciudadanos de Florida deben de afrontar su retiro de la población activa.

Pero no solo existe un estigma ideológico detrás de estos avances. También son determinantes en esta cruzada antiESG los petro-estados, países que superan los 1.000 dólares de renta per cápita por ingresos vinculados petróleo o el gas, y que dominan ampliamente el accionariado de sus petroleras de bandera. De igual manera que las supermajors privadas que llevan casi dos años de unos beneficios caídos del cielo -desde el otoño de 2021- por obra y gracia del cierre del grifo de la energía a Europa decretada meses antes de la invasión de Ucrania por Vladimir Putin.

Este cóctel generó incertidumbre sobre las finanzas verdes y los activos ESG, que se habían erigido en los auténticos Caballeros Blancos que dominarían, primero, y reconvertirían, después, a las firmas fósiles en corporaciones sostenibles. Estas estrategias de capital y de negocios con vitolas verdes pretendían impulsar prototipos de economías circulares en sus zonas de influencia que adquirirían el suficiente liderazgo en sus sectores de actividad como para espolear las transiciones energéticas en los mercados en los que operan.

Sin embargo, esta hoja de ruta sostenible se topó, de repente, con un peligroso desfiladero. Hasta el punto de que las sospechas de lavado -greenwashing- se suceden por doquier, en todas las áreas de información empresariales. Al igual que las evidencias de que, paradójicamente, gran parte de las supuestamente rigurosas inversiones ESG fueron a parar a activos de gigantes como Aramco, la mayor petrolera mundial y propiedad de la Casa Real de Saúd; de Adnoc, su hermana de Emiratos Árabes Unidos (EAU); o de Equinor, la petrolera nacional noruega.

En un momento en el que las rusas Rosneft, Gazprom, la mexicana Pemex, la brasileña Petrobras las chinas Sinopec, CNOOC o CNPC, Qatar Energy o la gasista argelina Sonatrach elevaron sus inversiones y sus costos productivos en hidrocarburos desde el estallido del conflicto armado en Europa e incrementaron la recaudación de las arcas de sus estados.

Obstáculos a las reglas de descarbonización

Esta atmósfera no es precisamente favorable ni para desplegar recursos financieros a tecnología verde ni a proyectos renovables. Las estatales y las supermajors se unieron en un doble juego que reniega de la ciencia y abandona el combate contra el calentamiento global. Es como si se hubieran conjurado para duplicar su capacidad extractiva y comercial con unos precios del gas y del petróleo al alza y, al mismo tiempo, acaparar toda la atención de las carteras ESG de los fondos de inversión más poderosos. De forma que estos capitales verdes ayudan a sus ejecutivos a situarlas estratégicamente en el olimpo del conservacionismo ecológico.

Aramco empleó 50.000 millones de dólares el pasado año en gastos de capital para expandir su producción, Adnoc tiene asignados 150.000 millones hasta 2027 para lograr bombear hasta 5 millones de barriles diarios y Qatar Energy está desplegando otros 80.000 millones contabilizados dentro de su plan estratégico 2021-2025 para elevar en dos terceras partes sus ventas de gas licuado a lo largo del lustro en curso.

Eso sí, promoviendo faraónicos proyectos de descarbonización. Riad dentro de su Visión 2030 que abandera su príncipe heredero, Mohammad bin Salmán (MbS) para disponer de 54 GW de capacidad renovable en 2032. Desde Aramco insisten en que capturará con su tecnología punta 11 millones de toneladas de CO2 y pondrá en marcha 12GW de energía eólica y solar para 2035. Minucias en comparación con los 100 GW de producción de fuentes limpias que EAU asegura que conseguirá en 2030.

Para instaurar esta doble moral, los gigantes del petróleo se benefician de las lagunas regulatorias y las deficiencias en la contabilización y la auditoría de los criterios ESG, así como de las embestidas de un mercado que ha dado alas a los valores de la Vieja Economía fósil, donde los porfolios han encontrado un refugio en tiempos convulsos.

La saudí Amraco, por ejemplo, es la indiscutible beneficiaria de fondos sostenibles gracias a una compleja red de estructuras financieras. Su CEO, Amin Nasser, criticó reiterada y rotundamente en el pasado reciente las inversiones ESG al incidir en que “operar en contra de los proyectos energéticos convencionales” resultaría nefasto para la economía global, la seguridad energética y la accesibilidad de los consumidores.

Para poner en marcha este doble rasero, Nasser dividió Amraco en dos subsidiarias, la del crudo y sus oleoductos y la del gas y sus gaseoductos y vendió el 49% de sus respectivos accionariados a inversores privados a través de EIG Global Energy Partners y BlackRock que crearon dos Special Purpose Vehicles (SPV’s) con sede en Luxemburgo, desde los que vendieron bonos que -dijeron- no tenían vínculos con la industria fósil y que obtuvieron puntuaciones por encima de la media de los marcadores ESG de JP Morgan Chase. El pasado 18 de julio BlackRock anunció que incorpora a su junta directiva al presidente y consejero delegado de Aramco, Amin Hassan Ali Nasser, como nuevo miembro independiente.

Una cortina de humo … negro

Ulf Erlandsson, fundador y CEO del Anthropocene Fixed Income Institute, desvela de forma más que elocuente uno de los modus operandi del mercado. En declaraciones a Bloomberg, explica que “la motivación de Aramco no es otra que acceder a capital barato disponible en mercados privados opacos”, pese a la teóricamente rigurosa regulación de estos movimientos de capital.

No pocos inversores ESG -admite- “perfilaron sus carteras con acuerdos empaquetados”, en numerosas ocasiones “sin saber que su adquisición era de bonos de compañías de petróleo o gas”. Sin saber a ciencia cierta dónde depositaron sus patrimonios. Una maniobra que EIG, BlackRock, JP Morgan o UBS declinan corroborar o desmentir.

Aramco, Adnoc y otras petroleras del Golfo Pérsico obtienen ratings altos por sus ingresos y su acceso permanente a financiación del mercado por su valoraciones positivas ESG y anuncios oficiales de recortes de emisiones, mientras admiten en diferido que sus tasas de contaminación se elevarán a medio plazo.

Los organismos de supervisión se conjuraron para estrechar el cerco y solventar las lagunas legales y las inconsistencias de los ratings ESG que operan en el mercado. En junio, la Comisión Europea exige al sector de auditores y firmas de calificación de sostenibilidad que vigilen con un especial énfasis la ingeniería financiera de los grandes conglomerados que mezclan criterios ESG con una multiplicidad de servicios y premien con mejores notas a aquéllas que fuercen a sus proveedores a incorporar estos principios y publiquen su metodología con los requerimientos y exigencias legales adecuadas.

“Es un gran problema el modo como los fondos de inversión están utilizando las lagunas legales e indexan los bonos ESG”, aclara Lara Cuvelier, activista en Reclaim Finance. Pero, sobre todo, “resulta inquietante la correlación de sus productos financieros con emporios como Aramco”.

Entre otras razones, porque desde la cúpula de Aramco, su CEO, Nasser, insiste en que “no existe alternativa para reemplazar al gas y al petróleo” y que los “defensores de la popular transición energética dibujan una narrativa utópica”, mientras la OPEP + pregona a los cuatro vientos que el sector fósil “necesita medio billón de inversiones anuales” por la “descapitalización crónica” a la que se ha sometido a la industria en los recientes años de retórica sostenible.

Quizás por ello, avisan en The Economist, la regulación ESG, bien concebida y profundamente elaborada, debería homologarse y enfocarse más a una única medida, las emisiones reales, con objeto de que las inversiones, que este año volverán a estancarse en los 35 billones, ganen en intensidad y puedan distinguir a las compañías que practican greenwashing de las que combaten el cambio climático.

La actriz Emma Thompson, el presentador de televisión Stephen Fry o el músico Brian Eno forman parte del grupo de artistas que han escrito a bancos como el Santander para pedir que la entidad deje de financiar la expansión de energías fósiles.

La carta, dirigida a las filiales de Reino Unido, también está disponible para que la pueda enviar cualquier ciudadano y ya ha recogido más de 7.500 firmas, entre ellas las de las economistas Christiana Figueres –secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático– y Kate Raworth o el exdirector de la multinacional Unilever, Paul Polman.

La misiva forma parte de la campaña Make My Money Matter (algo así como ‘haz que mi dinero importe’), iniciada por el guionista de la película Notting Hill y activista social Richard Curtis. En ella se señala la operación de blanqueo ecológico o greenwashing de los cinco mayores bancos comerciales de Reino Unido: Santander, Barclays, NatWest, HSBC y Lloyds. A pesar de sus compromisos climáticos recientes, recogidos por la prensa, una investigación ha desvelado que estas entidades aún destinan inmensas cantidades de dinero a proyectos para hacer crecer el carbón, el petróleo y el gas.

130.000 millones en petróleo y gas

Según los datos de un informe publicado en marzo de 2022, entre 2016 y 2021 estos cincos bancos financiaron con 130.000 millones de euros (141.000 millones de dólares) a las 50 mayores empresas con proyectos de crecimiento en petróleo y gas.

“Hasta ahora, la banca ha financiado la expansión de las energías fósiles a una escala sísmica, pero ha conseguido mantener estas actividades ocultas. Solo uno de cada cinco consumidores es consciente de que su banco financia combustibles fósiles o que contribuye a la crisis climática”, explica Jacinta Dillon, directora de alianzas de la campaña Make My Money Matter.        

Hasta ahora, la banca ha financiado la expansión de las energías fósiles a una escala sísmica, pero ha conseguido mantener estas actividades oculta

Jacinta Dillon — Directora de alianzas de Make My Money Matter

Según esta organización, el banco Santander se encuentra por detrás de otras grandes financieras en su compromiso para reducir su vínculo con los combustibles fósiles. “Santander podría unirse a HSCB y Lloyds y dar los primeros pasos para acabar con esta peligrosa relación. Aunque ha eliminado la financiación directa de proyectos de expansión de petróleo, todavía no lo ha hecho con el gas, lo cual es fundamental”, dice Dillon. “A pesar de que nos hemos puesto en contacto con ellos en diversas ocasiones, no hemos tenido éxito. Hoy en día todavía siguen invirtiendo en proyectos que destruyen el planeta”, incide.

Los clientes consideran que los bancos necesitan asumir su responsabilidad. Según una investigación de esta organización, el 70% de los clientes en Reino Unido quiere que su entidad contribuya a evitar el cambio climático y el 44% quisiera que dejara de financiar la expansión de combustibles fósiles.

Las acciones de Make My Money Matter intentan ayudar, en palabras de su fundador Richard Curtis, “a que las personas se den cuenta del poder de su dinero”. Además de exigir acciones a los bancos, su otro gran objetivo es concienciar a la ciudadanía de la importancia de las inversiones que se hacen con sus pensiones.

Más eficaz que hacerse vegetariano

Una pensión dedicada a inversiones sostenibles es, según sus investigaciones, 21 veces más eficaz en reducir la huella de carbono que hacerse vegetariano, cambiar a un proveedor de energía renovable o dejar de volar, todo ello junto. “Sin embargo, apenas se conoce”, dice Jacinta Dillon.

Los cinco bancos a los que se dirige esta campaña han contestado públicamente a la carta y han reiterado su compromiso con la transición energética. Las entidades, que firmaron una alianza financiera lanzada por el exgobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney en la Conferencia del Clima en 2021 en Glasgow, se han comprometido a alcanzar cero emisiones netas para el año 2050. Esto significa, en palabras de Naciones Unidas, recortar las emisiones de efecto invernadero hasta dejarlas lo más cerca posible de las emisiones nulas, con algunas emisiones residuales que sean reabsorbidas por la atmósfera.

Sin embargo, grupos como Reclaim Finance consideran que, si las inversiones a corto plazo siguen financiando la expansión de combustibles fósiles, el tratado resulta una mera acción de “lavado verde”.

Como resume Dillon: “Make My Money Matter apela a los bancos para que dejen de financiar la expansión de combustibles fósiles tal y como advierte la ciencia climática y demandan sus clientes”.

La ONU busca frenar el llamado “greenwashing” con el que empresas o entidades financieras anuncian pomposos planes de emisiones cero de carbono, cuando en verdad apenas lo reducen. Por eso, anunció una serie de directrices contra este blanqueo ecológico.

Entre las proclamas que el grupo de expertos considera inaceptables están “declararse cero neto” a pesar de que continúan “invirtiendo o construyendo en proyectos relacionados con los combustibles fósiles”, utilizar de “créditos baratos” en el mercado de emisiones para computar como que redujeron el CO2 que lanzan a la atmósfera –en lugar de recortarlo– ejercer presión en los gobiernos para aguar las políticas climáticas (hacer lobby) o centrarse solo en una parte de sus emisiones en lugar de su volumen total a lo largo de la cadena de valor de sus productos.

“Se trata de reducir las emisiones reales sin hacer trampas”, explicó la presidenta de este grupo Catherine Mckenna. Su trabajo cuestionó las promesas que carecen de solidez. “Nuestro documento facilita una hoja de ruta crucial para la integridad de los compromisos”, insistió.

Estas líneas rojas lo que buscan, en definitiva, es acabar con el falseamiento a la hora de contabilizar cuánto CO2 emiten estas entidades en realidad con su actividad. No vale, por ejemplo, lucir un recorte por haber aislado los edificios de oficina o recurrir a un suministro de renovables al tiempo que se participa en la construcción de un oleoducto que sirve para utilizar más petróleo como combustible fósil.

O comprar derechos de emisión a bajo costo sin acometer directamente las emisiones que una corporación está liberando a la atmósfera para maquillar la contabilidad de CO2.

El informe llega a pedir que se pase de un modelo voluntario a considerar “la obligatoriedad de unos criterios mínimos” para dar un visto bueno a las declaraciones públicas de que una empresa concreta será de cero emisiones netas en un momento determinado. “Pasar de esas iniciativas voluntarias a un marco obligatorio que regule la neutralidad de carbono para las grandes empresas e instituciones financieras”.

Si la industria, las instituciones financieras, ciudades y regiones “realmente cumplen con sus promesas sobre las cero emisiones netas, adoptarán estas recomendaciones”, remarcó uno de los expertos que ha participado en este informe, Bill Hare.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, animó “a todos aquellos que se han comprometido con objetivos de emisiones netas cero, a adoptar las recomendaciones y así poder demostrar la integridad y seriedad de sus promesas”.

No por esperado ha resultado menos alarmante. En abril se presentó la tercera y última parte del Sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU.

En informes previos, se planteaban medidas tecnológicamente más accesibles y recortes más progresivos. Ahora, la urgencia que exige limitar el calentamiento global a 1,5 ℃ (o de forma más realista, a 2 ℃) hace que los expertos planteen la necesidad de implementar políticas drásticas en el corto plazo combinadas a medio plazo con tecnologías como la captura de carbono, cuya aplicación a gran escala aún se enfrenta a importantes retos técnicos.

Una novedad importante del nuevo informe es que incorpora un análisis centrado en las decisiones que las personas y hogares toman como consumidores. Es sobre el consumo de energía directo e indirecto de los hogares sobre el que recaen las acciones de choque a corto plazo (de aquí a 2050).

En el contexto actual –precios de los productos energéticos al alza, alta dependencia de países no democráticos–, el debate sobre qué impacto pueden tener nuestras acciones se agudiza.

La huella de carbono de los ciudadanos es una medida adecuada para medir su responsabilidad, pues considera las emisiones directas e indirectas asociadas a las decisiones que toman. Un cambio en las pautas de consumo ayuda a guiar a la economía por una senda de desarrollo más sostenible y puede contribuir a mitigar el cambio climático.

El enfoque “evitar-cambiar-mejorar”

El informe estructura las medidas siguiendo el enfoque “evitar-cambiar-mejorar”, que originalmente se aplicó al transporte sostenible, pero que ahora se emplea de forma más general al comportamiento de los consumidores.

El panel de expertos estima el potencial de mitigación de estas medidas en un 40-70 % de reducción de emisiones. Se podría alcanzar un 5 % de forma muy rápida solo con cambios en nuestros hábitos (principalmente en los países desarrollados). Además de en estos factores socioculturales, las medidas también se centran en el uso de infraestructuras y la adopción de nuevas tecnologías que permitan dichas modificaciones.

Entre los cambios de comportamiento, en la categoría “evitar”, encontramos la no utilización del coche y la reducción de un vuelo de larga distancia al año como los dos elementos con mayor potencial mitigador a nivel individual, seguidos a distancia por el aumento del trabajo remoto, un menor uso y mayor reciclaje de envases y la reducción del desperdicio alimentario.

Como “cambios”, se incluyen un mayor uso del transporte público, la reducción del consumo de carne, una mayor movilidad activa (bicicleta y caminar) y la sustitución del avión, cuando sea posible, por el tren.

Dentro de las “mejoras”, las medidas estrella son el vehículo eléctrico movido cada vez más por energías renovables, que también deberían proporcionar la electricidad de nuestros hogares, y las mejoras en el aislamiento y formas de calentar nuestros hogares.

En términos individuales, cambiar el auto por uno eléctrico (o aún mejor, caminar y usar la bicicleta), podría reducir 2 toneladas de CO₂ equivalente al año por persona. Y otro tanto la reducción de un vuelo al año.

En total, podría llegarse a un ahorro de 9 toneladas de CO₂ equivalente con las medidas indicadas. Pero esto sería para consumidores con alto gasto en países desarrollados. Para la población mundial en su conjunto, la medida más relevante sería el cambio en la dieta, puesto que la mayoría no vuela, su gasto es muy reducido y sus emisiones están muy por debajo de la media mundial de 7,8 toneladas.

La huella de las empresas y el greenwashing

Las contribuciones por parte de los consumidores nos permitirían ganar tiempo –que ya hemos perdido casi por completo– mientras se profundiza en los cambios para deshacernos de la energía fósil. Eliminarla requiere todavía superar, no solo obstáculos tecnológicos (aplicación del hidrógeno en aviones y barcos, por ejemplo), sino también relativos a la transferencia de conocimiento y la financiación.

Los Gobiernos deben implantar políticas más ambiciosas que las aplicadas hasta el momento. El plan Objetivo 55 que se está debatiendo en la UE para la transición ecológica propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % para 2030 (comparado con 1990) y lograr la neutralidad climática para 2050. Este plan se centra, entre otros ámbitos, en la energía, la movilidad y la alimentación en la línea de las recomendaciones del Sexto Informe del IPCC. Es un paso en la dirección adecuada, pero sin un compromiso firme de la población será insuficiente.

Sin embargo, las medidas de mitigación centradas en la demanda (los consumidores), al trasladar la responsabilidad a los hogares, permiten que los principales responsables de las emisiones de carbono se “laven las manos”. Hablamos de las empresas y, sobre todo, de las multinacionales.

Un análisis de las emisiones de carbono directas muestra que para la economía mundial, 90 compañías públicas y privadas de energías fósiles son responsables directamente del 63 % de las emisiones históricas.

Las filiales de multinacionales representan el 22,5 % de la huella de carbono de la economía mundial y solo las filiales de EE.UU. operando en el resto del mundo representan el 1,5 % del total de emisiones.

Existen iniciativas para luchar contra el cambio climático en el ámbito privado en las que se implican cada vez más empresas –Science based targets, SBTi, normativas ISO 14064 de huella de carbono de organización, GHG Protocol, Carbon Disclosure Project, la plataforma NAZCA de la ONU, etc.–. Cada vez están más concientizadas sobre la reducción de su huella de carbono por la creciente presión de los consumidores e inversores. No obstante, queda mucho por hacer. También para asegurar que las medidas tomadas no sean un mero “lavado verde” (greenwashing).

Las Naciones Unidas (y la Unión Europea) son conscientes de la existencia creciente de este greenswashing. Por ello, las Naciones Unidas acaba de lanzar en el mes de abril de 2022 un grupo de expertos de alto nivel para combatirlo. El objetivo es empujar a las empresas, los inversores y las ciudades a cumplir sus promesas de cero emisiones.

¿Cambiaremos los consumidores nuestro comportamiento?

La perspectiva positiva de esta visión del IPCC es que los cambios en nuestros hábitos pueden ser compatibles con la mejora global del bienestar: contribuyen a reducir las diferencias debidas a la desigualdad económica –los países desarrollados y los hogares con mayor renta son los mayores responsables de las emisiones y su reducción– y las desigualdades por sexo –los hombres tienden a comer más proteína animal y desplazarse en mayor medida en coche– y a mejorar la gobernabilidad al reducir la concentración de poder de ciertos países y colectivos y aumentar la participación ciudadana.

La adopción y efectividad de las medidas estarán muy condicionadas por las enormes desigualdades económicas y por la injusta distribución de las responsabilidades climáticas entre individuos. Todos debemos esforzarnos por cambiar hábitos, aunque las predicciones para 2030 apuntan a que el 50% de la población mundial más pobre producirá emisiones muy por debajo del objetivo, mientras que el nivel de emisiones del 1% más rico será 30 veces superior a lo fijado en el Acuerdo de París.

Los expertos reconocen que la motivación de los consumidores para implementar estos cambios necesarios es reducida a nivel mundial. Por ello, van a ser imprescindibles políticas de incentivos y penalizaciones que tengan en cuenta los contextos sociales y culturales en cada país.

A la hora de evitar medidas muy contaminantes o promover aquellas sostenibles, no podemos solo pensar en soluciones relacionadas con impuestos a los gases de efecto invernadero que supongan aumentos de precios, ya que dichas medidas pueden ser regresivas y tienen un escaso efecto sobre los hogares de mayor renta.

Es muy importante regular y limitar actuaciones y, en ocasiones, incluso prohibir. Establecer zonas de bajas emisiones en los centros urbanos, prohibir el uso de plásticos de un único uso y la venta de vehículos de combustibles fósiles, etc., son medidas que ya se han tomado o que hay que ir tomando con para acompañar y promover o limitar la actuación de los consumidores.

Tal vez sea ahora el momento de parafrasear a John F. Kennedy, y plantearnos no solo qué puede hacer nuestro país por el planeta, sino qué podemos hacer nosotros por el planeta y si estamos dispuestos a hacerlo.

Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Podés leer aquí la versión original.