Dirigiéndose a la Corte Penal Internacional (CPI) en 2019, John Licht, embajador de Vanuatu ante la Unión Europea, recomendó convertir la destrucción del medioambiente en un delito internacional. “Esta idea radical merece un debate serio ante las pruebas científicas que demuestran que el cambio climático plantea amenazas existenciales para las civilizaciones”, dijo.

Como pequeño estado insular amenazado por la subida del nivel del mar, Vanuatu se ha convertido en uno de los principales defensores de una campaña para convertir el “ecocidio” en delito internacional. Sostienen que tales delitos deberían ser competencia de la CPI, que actualmente persigue cuatro crímenes: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión, que es “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad o la independencia de otro Estado”.

¿Qué es el ecocidio?

El concepto de ecocidio describe cualquier tipo de actividad que deliberadamente cause un daño ambiental significativo. En 2021, un grupo independiente de expertos convocado por la organización sin ánimo de lucro Stop Ecocide International (SEI) anunció una definiciónampliamente aceptada: “actos ilícitos o gratuitos cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que causen daños graves y generalizados o a largo plazo al medioambiente”.

El concepto de ecocidio se utilizó por primera vez para describir la devastación humana y medioambiental causada por el defoliante Agente Naranja, un arma química utilizada durante la guerra de Vietnam. Más tarde pasó a formar parte de los debates habituales en la ONU y en 1998 se propuso como crimen internacional contra la paz para el tratado que creó la CPI, llamado Estatuto de Roma.

La definición jurídica del ecocidio como delito no llegó a incluirse en el Estatuto de Roma, pero cambiar esta situación se convirtió en el principal objetivo de la abogada escocesa Polly Higgins. Una de las voces más destacadas del movimiento mundial para el reconocimiento del ecocidio, cofundó la organización Stop Ecocide International en 2017 junto a Jojo Mehta, su actual directora, y realizó una activa campaña hasta su muerte en 2019.

En declaraciones a Diálogo Chino, Mehta confía en que se está avanzando y que es probable que la CPI reconozca el ecocidio antes de 2030.

“La palabra existe desde hace 50 años, pero no ha empezado a popularizarse hasta hace poco”, afirma Mehta. “El Estatuto de Roma designó los crímenes más graves que afectan a la comunidad mundial. Los daños graves al medioambiente pertenecen a esa categoría. La destrucción del ambiente está tan mal como los crímenes contra la humanidad”.

¿Debe el ecocidio ser un delito internacional?

En la actualidad, la CPI reconoce la destrucción del medioambiente en el contexto de la guerra, por lo que tiene jurisdicción para enjuiciar estos daños como crímenes de guerra. Si el tribunal reconociera el ecocidio, ampliaría la posibilidad de procesar a individuos por daños como la deforestación; el tribunal sólo responsabiliza a individuos, lo que significa que los altos cargos de industrias y gobiernos se enfrentarían a cargos de ecocidio, en lugar de organizaciones o Estados.

Según activistas, la penalización del ecocidio también resolvería una laguna jurídica relacionada con el medioambiente, ya que la responsabilidad jurídica suele basarse en los daños causados a las personas o a la propiedad privada o pública. Este marco resulta difícil cuando los contaminadores contribuyen a una destrucción más amplia que causa daños a escala mundial.

Tenemos acuerdos medioambientales, pero no son vinculantes; no hay nada con fuerza real. El ecocidio la proporciona

Jojo Mehta — Cofundadra y directora de Stop Ecocide International

En 2018, el informe de la ONU “Lagunas en el Derecho Ambiental Internacional” concluyó que el régimen jurídico ambiental existente es fragmentado, poco claro y reactivo. “Se caracteriza por la fragmentación y la falta general de coherencia y sinergia entre un gran número de marcos normativos sectoriales”, se lee en el informe, afirmando que esto conduce a un déficit de coordinación a nivel legislativo y de aplicación.

Kate Mackintosh, investigadora de la Universidad de California y cocreadora de la definición de ecocidio de SEI, explica a Diálogo Chino que su penalización afectaría sobre todo a las empresas. “Imagínense sentarse en la sala de juntas para discutir un proyecto de combustibles fósiles y que el equipo jurídico diga que existe riesgo de ecocidio: tiene un alto valor disuasorio”, afirma.

¿Qué tan fuerte es el concepto de ecocidio?

En 2022, el Papa Francisco escribió una carta a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal en la que hacía referencia al ecocidio e instaba al sistema jurídico a “crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y garantice la protección de los ecosistemas.” La activista climática sueca Greta Thunberg también ha apoyado la campaña y ha donado 100.000 euros (109.000 dólares), parte de un premio que recibió, a la Fundación Stop Ecocide en 2020.

En 2021, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley medioambiental que tipificaba el ecocidio como delito civil. Ese mismo año, el Parlamento Federal de Bélgica aprobó una resolución para reconocer el delito de ecocidio a escala nacional e internacional. El pasado noviembre, la Unión Europea acordó actualizar su directiva sobre delitos medioambientales, castigando los casos de destrucción de ecosistemas con penas más duras.

En América Latina, Chile aprobó en agosto de 2023 una ley que añadía un nuevo capítulo a su Código Penal relativo a los delitos contra el medioambiente e incorpora varios elementos de la definición de ecocidio. En junio de ese mismo año, en Brasil, el partido político de izquierda PSOL presentó un proyecto de ley de ecocidio al Congreso, mientras que en México se presentó un proyecto similar en agosto. 

“Existe una sólida base de apoyo al ecocidio; hay debates activos en los parlamentos de todo el mundo”, explica a Diálogo Chino Anna Maddrick, analista jurídica de SEI. “El sentimiento general es que si hay suficiente apoyo de los Estados, el tribunal [de la CPI] estará a favor. El ecocidio es el elemento que falta en el Estatuto de Roma”.

La CPI también ha hecho hincapié en perseguir los delitos medioambientales dentro de las limitaciones de su jurisdicción actual. Un documento de 2016 sobre la selección de casos destacó la inclinación de la Corte a enjuiciar delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales, el acaparamiento de tierras y los daños ambientales. Esto provocó que se presentaran ante la CPI varias denuncias contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, citando su destrucción de las políticas medioambientales y las violaciones de los derechos de los indígenas. Hasta ahora, estos casos no se han llevado ante el tribunal.

“Si ya se hubiera reconocido el ecocidio, algunas de las cosas que ocurrieron en lugares como Brasil habrían ido por otros caminos”, afirma Mehta.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

El movimiento para tipificar como delito el ecocidio ha cobrado impulso en los últimos años, pero deben superarse varios retos para lograr su inclusión en el estatuto de la CPI.

Inicialmente, un país debe proponer una enmienda al Estatuto de Roma. Para que esta propuesta pase a la etapa de negociaciones, debe ser aprobada por la mayoría de los 124 Estados partes del Estatuto. A continuación, la propuesta se somete a múltiples rondas de negociación antes de volver a estos miembros para otra votación. Para ser aprobada, una enmienda necesita el apoyo de al menos dos tercios de los miembros.

Si una enmienda superara con éxito estas fases, los Estados miembros conservarían el derecho a no ratificarla. Este resultado impondría limitaciones a la jurisdicción de la CPI sobre los territorios y ciudadanos de ese territorio. Además, los Estados que no son parte del Estatuto de Roma no se verían afectados, lo que limitaría aún más el alcance de la legislación sobre ecocidio.

Aunque Vanuatu ha planteado la cuestión en la agenda política, el país aún no ha propuesto oficialmente la modificación del Estatuto de Roma. Queda por ver si algún gobierno dará un paso tan audaz, pero Mehta sostiene que la probabilidad es cada vez mayor: “Cuanto más crece la conversación, más rápido se expande a nivel político”.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Cada vez son más los países que se plantean introducir leyes que tipifiquen como delito el ecocidio. México es el ejemplo más reciente en el que los políticos aspiran a desincentivar los daños medioambientales —y conseguir justicia para sus víctimas— mediante la criminalización. Karina Marlen Barrón Perales, diputada por Nuevo León, ha presentado al Congreso mexicano un proyecto de ley que introduce el nuevo delito de “ecocidio”.

Aunque dañar el medio ambiente ya es un delito en la mayoría de los países, el reconocimiento del ecocidio eleva los casos más atroces a la categoría de delito, con las penas correspondientes.

El nuevo proyecto de ley mexicano pretende tipificar como delito “cualquier acto ilícito o gratuito cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que se produzca un daño grave y generalizado o a largo plazo para el medio ambiente”. Si se aprueba, cualquier persona declarada culpable de ecocidio podría ser encarcelada hasta 15 años y multada con hasta 1.500 pesos mexicanos (90 dólares) al día.

El proyecto de ley mexicano utiliza una definición de ecocidio elaborada por un grupo internacional de expertos jurídicos en 2021. La definición estaba destinada principalmente a ser adoptada por la Corte Penal Internacional mediante una enmienda al Estatuto de Roma —objetivo clave de la Stop Ecocide Foundation—, pero ahora también se está utilizando para la legislación nacional.

Sólo unos pocos Estados de todo el mundo han tipificado como delito el ecocidio, entre ellos Vietnam, Ucrania y Rusia. El procurador general de Ucrania ya está investigando un posible caso de ecocidio contra Rusia por la rotura de la represa de Nova Kakhovka.

Francia se convirtió en 2021 en el primer país de la UE en tipificar el ecocidio, aunque la redacción no es tan contundente como esperaban los activistas. Un caso testigo que involucra productos químicos cancerígenos está actualmente en los tribunales.

En otros países, como Holanda, se han presentado proyectos de ley similares. Bélgica está a punto de finalizar su propia versión de la ley, mientras que el Parlamento catalán está liderando los esfuerzos para tipificar el ecocidio como delito en el Código Penal español.

En Escocia, la diputada laborista Monica Lennon está intentando introducir un proyecto de ley sobre ecocidio y lanzará una consulta pública al respecto en otoño.

En Brasil, donde la deforestación de la selva amazónica se ha calificado reiteradamente como delito, el partido político PSOL presentó en junio un proyecto de ley de ecocidio en el Congreso.

Rodrigo Lledó, director de Stop Ecocide Americas y miembro del grupo que elaboró la definición de ecocidio, afirmó que el de Brasil era el primer proyecto de ley de este tipo en América Latina que entraba formalmente en una cámara legislativa nacional. Otros países de la región, como Argentina y Chile, también han manifestado un interés creciente.

Lledó subrayó que todos estos proyectos de ley requieren aún la aprobación parlamentaria y que pocos cuentan con el apoyo del partido gobernante. “Pero es importante que la gente hable de ello y que surjan nuevos proyectos de ley”, afirmó.

Durante una investigación parlamentaria islandesa a principios de año sobre si el país debía reconocer el ecocidio, la primera ministra, Katrín Jakobsdóttir, dijo a los diputados que su gobierno estaba siguiendo “muy de cerca” los trabajos sobre un marco jurídico internacional sobre ecocidio.

Aunque su aplicación sería “complicada”, afirmó que era “sólo cuestión de tiempo que esta cuestión se convirtiera en la más importante en el ámbito de los derechos humanos”.

En enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una resolución en la que pedía a los Estados miembros que actualizaran sus legislaciones para codificar un delito de ecocidio.

Dos meses después, el Parlamento Europeo apoyó la inclusión de los delitos ecológicos en la nueva directiva de la UE sobre delitos contra el medio ambiente. Si se aprueba en el plenario legislativo de la UE, los Estados miembros deberán tipificar el ecocidio como delito en su legislación nacional.

Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocide International, afirmó que el interés por la idea de tipificar como delito el ecocidio ha crecido enormemente en los últimos años.

En su opinión, la amplitud de la definición jurídica, que se centra en las consecuencias medioambientales más que en actividades concretas, ha sido muy útil. “Desde el punto de vista político, parece haber tenido bastante éxito, porque no señala a ningún sector ni a ninguna empresa”.

“También asegura que la definición perdure en el tiempo, porque una de las cosas trágicas de nuestra actitud hacia la extracción del planeta es que nunca podemos saber con certeza de un año para otro qué terribles resultados vamos a obtener”.

La iniciativa de tipificar como delito el ecocidio en México se produce en un momento en que el gobierno del país se enfrenta a críticas por su enorme proyecto de tren maya, que amenaza a las comunidades indígenas y podría causar graves daños medioambientales.

La diputada Barrón Perales, cuyo partido, el PRI, está actualmente en la oposición, instó a sus compañeros legisladores a dejar de ignorar la destrucción del medio ambiente de México con la aprobación del nuevo proyecto de ley. “Es momento de reaccionar y señalar estas fallas en nuestra legislación para que [estos actos nocivos] sean castigados con la gravedad que merecen. Que no sigan quedando impunes”.

Mehta, que lleva muchos años trabajando para que el Tribunal Penal Internacional reconozca el ecocidio, dijo que en el pasado le preocupaba que la atención sobre la legislación nacional fuera una distracción de este objetivo superior.

“Pero en realidad, parece que se refuerzan mutuamente. En última instancia, se supone que el propósito del derecho penal internacional es abordar los peores crímenes en el plano internacional, en lugar de inventar nuevos. Y a medida que más y más gobiernos nacionales empiezan a hablar de ecocidio, más Estados empiezan a escuchar a nivel internacional.”

Traducción de Santiago Armando

David Lizoain (Toronto, Canadá, 1982) se formó como economista en Harvard y en la London School of Economics para, después, establecerse en Barcelona. En la capital catalana fue asesor del expresident de la Generalitat José Montilla. Y, de ahí, voló a Madrid para asesorar en La Moncloa a Pedro Sánchez. Ahora dio un vuelco a su área de estudio y acaba de publicar Crimen Climático (Debate, 2023), un ensayo en el que habla sin tapujos de las consecuencias que las decisiones de empresas y gobiernos pueden tener, causando millones de muertes que, según Lizoain pueden llegar a ser equiparables a los crímenes de guerra.

El libro se titula Crimen Climático, pero en sus páginas habla de genocidio. ¿Por qué?

Creo que es más adecuado. Opté por un lenguaje impactante, pero considero que es más descriptivo que provocativo. Cuantas más emisiones de CO2, mayores son las consecuencias negativas que, en última instancia, provocan más muertes. Si seguimos por esta senda, a sabiendas de las consecuencias, va a haber millones de muertes. Así que, si tenemos en cuenta que el cambio climático es provocado por acciones humanas, en este caso intencionadas, el término más apropiado es el de genocidio.

¿Cree que es posible que se llegue a juzgar este genocidio climático?

No descartaría que veamos unos Juicios de Núremberg climáticos. La tendencia va hacia un sistema jurídico que cada vez tiene más en cuenta este tema y que reconoce que el cambio climático se traduce en una violación de los derechos humanos y de las posibilidades de las generaciones futuras. Y que estas consecuencias están ligadas a comportamientos criminales. La justicia suele ser conservadora, pero responde, en diferido, al sentir mayoritario. Así que, si yo fuera directivo de una gran empresa fósil, me empezaría a preocupar.  

Dice que, para los nacidos después del 2000, la crisis climática es una preocupación con la que nacen. ¿Por qué no nos hemos preocupado antes, teniendo en cuenta que la comunidad científica viene avisando desde los 80?

1982 fue el último año en que la temperatura anual no superó la media de la época preindustrial. Ese fue un punto de inflexión. Las personas nacidas entre los 80 y los 2000 viven la crisis climática como una amenaza que siempre estaba a punto de llegar. Se instaló la idea de que había tiempo para actuar, así que nunca se hizo nada. De tanto esperar, el problema ya nos supera y el tiempo se agotó.

Lo vamos a ver este verano: el año pasado tuvimos olas de calor impresionantes, con muchas muertes, y fue en el contexto de La Niña [ciclo natural-global climático de entre cinco y siete años que coincide con una fase fría y que viene seguida de El Niño, la fase caliente]. Este año estamos en el ciclo de El Niño y ya estamos viendo anomalías térmicas que van a traer un verano muy caluroso. Y los siguientes serán peores, encadenados hasta que frenemos esto.

Se lo preguntaba en un artículo reciente, si abril es julio, ¿cómo será julio en el hemisferio norte?

La cuestión es que para mucha gente un verano más caluroso será horrible, pero para otra mucha puede ser mortal. El cambio climático afecta de manera desigual. A las personas mayores, a los niños, a la gente pobre. No atender a las consecuencias es desproteger a las personas más vulnerables.

En el libro habla de los paliativos que tienen las clases dirigentes. ¿Qué consecuencias tiene que quienes toman las decisiones no sufran el cambio climático?

Soy optimista porque, de alguna manera, las clases dirigentes se están enterando de la emergencia gracias a la gran concienciación cívica. La reacción todavía es insuficiente y se debe acelerar, pero están habiendo cambios. En España, por ejemplo, estamos en plena revolución de las energías renovables. Es una señal de que el sistema no es impermeable a las necesidades de cambio que la emergencia climática está despertando en la sociedad.

Que la COP se vaya a celebrar en Dubái, que es la máxima expresión de la distopía climática, supondrá que haya más lobistas de las energías fósiles que activistas

Pero todavía encontramos grandes ejemplos de blanqueamiento o 'greenwashing'. ¿Qué le parece que la próxima COP se vaya a celebrar en Dubái, una ciudad que define como “el paradigma del absurdo en la era de los combustibles fósiles. Un escaparate para exhibir riqueza y, por tanto, despilfarro”?

Hay ejemplos alarmantes y este es uno. Que la COP se vaya a celebrar en Dubái, que es la máxima expresión de la distopía climática, supondrá que haya más lobistas de las energías fósiles que activistas. Es un ejemplo de que no podemos dar ningún avance por hecho y de que debemos seguir luchando, apretando, movilizándonos y organizándonos porque, ante cualquier despiste, las empresas y regímenes van a remitir al statu quo. Es decir: tratar de maximizar sus beneficios sin preocuparse por el impacto sobre el planeta o, lo que es lo mismo, el impacto sobre los seres humanos.

Los genocidios se dirigen hacia un segmento de población o etnia. En su caso, apunta que las víctimas serán las poblaciones vulnerables. ¿Qué dimensiones puede tener este genocidio?

Vayamos de la micro escala a la macro. En España, no es lo mismo tener un chalet con aire acondicionado y posibilidades de irte de vacaciones, que vivir de alquiler, sin aire acondicionado y sin poder salir de tu ciudad en verano. Para estos últimos, las olas de calor pueden suponer condiciones inasumibles y un claro riesgo para su salud y su vida. Si ampliamos el foco, vemos cosechas que no se dan, sequías, hambrunas y millones de personas obligadas a migrar. Los fenómenos climáticos extremos no sólo generan desigualdades económicas, sino desigualdades en la esperanza de vida.

Es un ejercicio un poco macabro, pero hace poco un informe de la ONU hablaba de que, en el peor de sus escenarios, habría 100 millones de muertes extra en 2100. No creo que sean tantas, porque aunque vamos tarde ya estamos actuando. Pero lo que nos dice este informe es que es casi igual de malo no actuar que actuar mal. Hablamos de 100 millones de personas cuyas vidas serán imposibles y que, en el mejor de los casos, deberán migrar.

Los peores efectos del cambio climático se registran en el hemisferio sur. ¿Qué relación tiene esta crisis con el colonialismo?

Están íntimamente relacionados. Los máximos responsables son quienes menos sufren sus consecuencias. Y los menos responsables, los que más padecen. Esto está muy ligado con el colonialismo porque son las grandes potencias coloniales las que se han beneficiado de la extracción de recursos del sur global, mientras esta zona se ha ido empobreciendo por el colonialismo, el neocolonialismo, las políticas de ajuste estructural, la dependencia de la deuda y, ahora, por la explotación de la contaminación de parte del norte global. Es imposible hablar de cambio climático sin hablar de justicia global.

Dice en el libro que un futuro descarbonizado será más democrático. Pero también cuenta que en los campos de trabajo de población uigur en China se fabrican placas solares y relaciona el abaratamiento de la energía solar con la esclavitud moderna. ¿Qué tiene eso de democracia?

Hay un libro muy bueno, Carbon Democracy, de Timothy Mitchell, que vincula el sistema energético y las relaciones de clase con sus consecuencias políticas. Sostiene que, como la extracción del carbón es intensiva en mano de obra, supone que haya muchos mineros y, en todas partes, están a la vanguardia de la sindicación y la lucha por la democracia. Y los mineros de Asturias son un gran ejemplo. En cambio, el petróleo, es intensivo en capital, no en mano de obra. Por eso, los oleoductos se prestan más a sistemas autoritarios y antidemocráticos, porque solo requieren unos pocos trabajadores, bajo control casi militar.

En esta línea, aunque las energías renovables y la extracción de los recursos naturales necesarios plantean una lucha para evitar caer en lógicas extractivas y explotativas, el riesgo es más bajo. Se trata de un sector más competitivo y descentralizado y, por tanto, habrá menos oligopolios.

Pero tampoco se pueden negar las consecuencias negativas de la industria de las renovables. Las baterías de los coches eléctricos requieren litio y ya se están viendo minas en Extremadura, por ejemplo. ¿Seguirán siendo las comunidades más vulnerables, las que necesitan empleos, las que sufran los efectos negativos de la transición energética?

La descarbonización tendrá sus luchas y contradicciones, por supuesto. No conllevará automáticamente más democracia, pero sí más condiciones democráticas. No se trata sólo de acabar con los combustibles fósiles, sino con el contrato social que comportan.

No se trata sólo de acabar con los combustibles fósiles, sino con el contrato social que comportan

Dice que la crisis climática puede ayudar a hacer crecer a los extremismos. ¿Qué es el ecofascismo?

Es una manera de señalar que la derecha radical puede usar la crisis climática para fortalecerse, alentando, por un lado, el miedo a la migración, porque sabemos que la emergencia climática genera más tensiones migratorias. Y, por otro, elogiando una serie de conductas vitales íntimamente ligadas a agravar la crisis climática, que sabemos que tendrían que cambiar.

¿Por ejemplo?

Los debates sobre la alimentación, tal como vimos con la polémica sobre el chuletón. Son cosas desde lo cotidiano, reivindicando la libertad individual a la hora de alimentarse, consumir o moverse, hasta preocupaciones más abstractas como el proteccionismo o el nacionalismo. Ahora que tenemos la enésima tragedia en el Mediterráneo, veremos que algunos gobiernos estarán tentados a cerrar fronteras para quedarse con sus propios recursos e impedir la llegada de personas de fuera. Pero las fronteras no estarán en el Mediterráneo, sino directamente en el Sahel o más allá, en connivencia con regímenes autoritarios.

Para explicar las muertes por el cambio climático habla del concepto de 'matar a distancia' y de la dificultad que implica encontrar culpables cuando no hay nadie que apriete el gatillo. ¿Cómo identificar a los responsables?

Uso la taxonomía del filósofo alemán Karl Jaspers para diferenciar entre responsabilidad política, moral y criminal. En la criminal hablamos de grandes empresas de combustibles fósiles y de instituciones financieras y representantes políticos que les permiten seguir desplegando sus negocios. Es importante diferenciar entre gente con gran poder, cuyas decisiones contribuyen directamente al calentamiento, y la responsabilidad de personas individuales, que existe pero es menor. Está bien reciclar o consumir de forma más ética, pero no tiene nada que ver con abrir un nuevo gaseoducto. Los ciudadanos tienen la responsabilidad de actuar colectivamente para generar cambios políticos.

La cuestión ecologista no fue un gran tema en las pasadas elecciones en España y parece que no lo va a ser tampoco en las generales. ¿Puede tener que ver con el hecho de que el segmento de población más concienciada es muy joven y, en parte, todavía no tiene derecho a voto?

Sin duda, la generación que viene está más concienciada porque les va la vida. No es lo mismo tener un horizonte en 2080 en que las opciones son quedarnos como estamos o Mad Max, que mirar a 2040. Pero entre los jóvenes, no todos son ecologistas, también hay hueco para la extrema derecha. Además, la pirámide demográfica se ha invertido, así que no podemos confiar sólo en una solución generacional, pero sí creo que los jóvenes van a ir convenciendo a sus padres y abuelos. Hay motivos para la esperanza. De momento hay más conciencia que acción, pero esta conciencia, unida a la organización, se va a traducir en cambio.

SV

Según sus realizadores, la intención fue “reconocer y relevar la lucha de mujeres activistas por la defensa del medio ambiente y contra el ecocidio (destrucción de la naturaleza), en distintas zonas de sacrificio de Chile”. Con esta premisa como motor, se lanzó por estos días el podcast documental Sacrificadas, que cuenta con la narración de la actriz y comunicadora Blanca Lewin. 

La flamante producción internacional tiene cuatro capítulos, que se estrenan cada lunes. El primero, de casi 25 minutos de duración, llegó a todas las plataformas de audio el lunes 16 de enero y los siguientes se irán estrenando semana a semana.

Sacrificadas es un trabajo conjunto llevado adelante por Anfibia Podcast, de Argentina, y la Fundación Friedrich Ebert (FES), de Chile.

De qué se trata cada episodio

Tal como informaron desde Anfibia Podcast, la primera entrega de Sacrificadas se llama Guardiana de un río sagrado y relata la historia de la Machi Millaray Huichalaf, una autoridad ancestral que defiende un lugar sagrado para el pueblo mapuche: el río Pilmaiquén, en la región de Los Lagos, Chile.

El segundo episodio se titula El Chernobyl Chileno y, según informaron los productores, contará la historia de Katta Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia. 

En el tercero, llamado Vivir sin agua, Verónica Vilches narra su lucha en Petorca, una zona azotada por la mega sequía.

Para finalizar, en el cuarto episodio denominado El saqueo del Agua se podrá conocer a Lorena Donaire y su hija Flo quienes sufrieron persecución y el incendio de su casa en Petorca, por defender los derechos del agua. 

MA

El sociólogo colombiano Orlando Fals Borda (1925-2008) recogió un concepto simple y profundo mientras investigaba una comunidad de pescadores en los ríos del norte de su país. Según lo narró poco antes de morir, allí, en la ribera del río San Jorge, un pescador le dijo que -en su comunidad- “actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas así, somos sentipensantes”. De ahí en más, Fals Borda lo difundió como el lenguaje que dice la verdad, porque es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Vale decir que combina la razón con la emoción en una armonía que la falsedad desconoce.

Esta forma de expresar y tomar decisiones es común a muchos pueblos rurales y, en particular, aborígenes. 

Sin caer en idealismos tontos, la realidad es que hay miradas, emociones y valoraciones racionales muy diferentes entre las personas que viven en la urbanidad y las que viven en la ruralidad. Entre estas últimas, la diferencia es mayor si hablamos de las comunidades indígenas. 

Mientras los primeros (los urbanitas) viven en un ecosistema artificial (la ciudad), las comunidades originarias viven en ecosistemas naturales. Pero no solo el ecosistema que nos aloja es diferente. También, lo que sentipiensan sobre la naturaleza. La mayoría de los habitantes urbanos consideran que los ecosistemas silvestres son “tierras improductivas” y que la creación de parques nacionales no hace más que proteger tierras ociosas. Por eso, fuera de las áreas protegidas las destruyen, modifican o reemplazan por campos agrícolas o ganaderos cuando no, por urbanizaciones. Para los pueblos originarios, esos mismos ecosistemas contienen todo lo que necesitan para vivir. En ellos ven su mercado de alimentos, su farmacia, su escuela, su templo, su recreación… 

A diferencia de la enorme mayoría de las personas que vivimos en ciudades, se sienten parten de la naturaleza. Y algo más trascendente: saben que dependen de ella (y no, al revés). Por eso, en la enorme mayoría de los casos, la usan con cuidado y la conservan. Practican lo que llamamos uso sostenible. Es decir, aprovechan los recursos naturales respetando su capacidad de recuperación. Además, tienen seres sobrenaturales protectores de los animales y de las plantas que condenan a quienes les hacen daño. No necesitan, entonces, un poder de policía ni jueces. Necesitan convivir, tomando lo necesario y no, más. Eso acarrea un sentimiento de gratitud y cariño. A tal punto que cuando ven su paisaje en llamas lloran, como si a nosotros se nos prendiera fuego nuestra casa. Es que, precisamente, la naturaleza es su casa, nuestra casa, aunque no lo veamos todos así.

Nosotros, en las ciudades creemos que podemos prescindir de los bosques y de las selvas, de las montañas y de los ríos, de los pastizales y de los mares, porque nos hemos acostumbrado a proveernos de los recursos comprándolos en negocios o mercados, lejos de esos escenarios que los producen. Es una fantasía patológica y peligrosa, porque nos aleja de una conciencia de interdependencia anclada en la realidad.

Cuando se contamina un río, se incendia una selva o se arrasa con un bosque no solo se destruyen unidades ambientales productivas, también la “casa” de todas las formas de vida, incluyendo la de las personas. Pero hay algo más: se desvanece el escenario donde viven los seres espirituales de esa gente, sus deidades y protectores de la fauna y de la flora.

Cuando se contamina un río, se incendia una selva o se arrasa con un bosque no solo se destruyen unidades ambientales productivas, también la “casa” de todas las formas de vida y se desvanece el escenario donde viven los seres espirituales de esa gente

Sólo en la Argentina hay más de medio millar de seres sobrenaturales de la cultura popular. Cerca de un 10% son protectores de la naturaleza. En los cerros, valles y planicies precordilleranas, encontramos a Coquena o Llastay (calchaquí) protegiendo los rebaños de vicuñas de las planicies precordilleranas. En las montañas de los Andes a los Apu Wamani (quechua) y al dios huarpe Hunuc Huar. En los bosques chaqueños, el pícaro Tokjuaj de los wichi y el heroico Nowet de los qom, mientras que está el dueño pilagá de los ríos, Wédayk, y su par de los esteros, Lek. En las selvas litoraleñas, el popular Pombero y el temido Caá Porá de los mbyá guaraní. En los bosques patagónicos, el poderoso Ngenemapun (mapuche) y el pequeño Kohlah de los selk’nam en Tierra del Fuego. Esto por mencionar solo unos pocos de los muchos ejemplos que existen.

En buena medida, estos seres espirituales son más vulnerables que otros que cuentan con templos que resguardan su memoria y espacios para reunir a sus creyentes o devotos. La existencia de la enorme mayoría de los primeros depende exclusivamente de la conservación de los paisajes salvajes que los contienen. Y es ahí donde la voladura de los cerros con dinamita, el incendio de las selvas, la deforestación de los bosques, el drenaje de un estero o la contaminación de las aguas desangra y esfuma ese panteón de divinidades que no sólo habitan en esos ecosistemas: también los protegen.

Por consiguiente, la destrucción de la naturaleza tiene un impacto doble en los pueblos originarios o rurales. Por un lado, los desampara en su universo espiritual y, desde el punto de vista material, los despoja de su fuente de alimentos, medicinas, maderas, frutos, semillas, cueros, plumas, fibras vegetales y otros numerosos recursos.

Desde un punto de vista cultural, el reemplazo de las áreas silvestres por urbanizaciones, cultivos o campos de pastoreo intensivo, constituye un epistemicidio. Es decir, el asesinato de las posibilidades de aprender, generar conocimientos y transmitir saberes comunitarios y ancestrales sobre su entorno histórico. Hace mucho tiempo, el antropólogo Claude Lévi-Strauss (1908-2009) lo explicó claramente: “cuanto menores eran las posibilidades de las culturas humanas para comunicarse entre sí (…) menos capaces eran sus respectivos emisarios de percibir la riqueza y la significación de esa diversidad”. Desde luego, el epistemicidio tiene su correlato natural: el ecocidio. Cuando ambos se integran el resultado podría llamarse cosmocidio, es decir, la destrucción de un paisaje que conjuga la naturaleza con su cultura asociada.

Desde luego, el epistemicidio tiene su correlato natural: el ecocidio. Cuando ambos se integran el resultado podría llamarse cosmocidio, es decir, la destrucción de un paisaje que conjuga la naturaleza con su cultura asociada.

Vivimos en un tiempo donde muchas personas tienen conciencia sobre la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies y, en particular, el sufrimiento de los animales. Pero la mayoría no imagina ni lamenta con igual intensidad la compleja trama de pérdidas ecológicas, materiales y espirituales que implica la destrucción de la naturaleza. No se trata de una competencia de empatías, sino de ver la magnitud de cada escala para que los casos de mayor gravedad sean enfrentados de un modo sentipensante.

El autor es naturalista, museólogo y docente. Es profesor de la Cátedra UNESCO de Patrimonio y Turismo Sostenible, doctor honoris causa de la Universidad Maimónides y asesor científico de la Fundación Azara.

Integrantes de organizaciones ambientalistas y movimientos sociales manifiestan este jueves frente al Congreso para que se apruebe la Ley de Humedales y denunciaron la existencia de “un lobby que presiona para que no salga” esa iniciativa, luego de que suspendiera el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que tenía previsto reunirse hoy para emitir dictamen sobre el tema.

Con carteles con leyendas como “Basta de ecocidio al servicio del FMI”, “Destruir humedales es ecocida-No sancionar la Ley también” y “Basta de extractivismo. Ley de humedales ya”, los manifestantes cortaban desde las 10 el tránsito sobre la avenida Rivadavia a la altura de calle Riobamba, frente al Palacio Legislativo.

Ayer, a instancia de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios, fue suspendido el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto que hoy trataría los proyectos de ley para la protección y gestión sostenible de los humedales.

Con las firmas de los presidentes de bloque Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), se solicitó que “se fije una nueva fecha” para la continuidad del debate, “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”.

Así sucedió luego de una carta enviada por los gobernadores de la región Norte Grande, que pidieron que en el debate sea tenida en cuenta una propuesta elaborada en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente que, no obstante, aún no fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso.

En este sentido, indicaron que ese proyecto de ley “representa la expresión más federal y de mayor consenso en los últimos años” y plantearon que “debería ser tomada en cuenta en este debate”.

En ese contexto, las organizaciones ambientalistas que se habían convocado para reclamarle al plenario de comisiones la urgente sanción de una norma -en un contexto agravado por los recurrentes incendios forestales que afectan a esos ecosistemas- redoblaron el reclamo frente a la suspensión del encuentro en el que las expectativas estaban puestas en dar un paso clave con la emisión de un dictamen de mayoría.

Protesta en Rosario

“No saben producir sin devastar”

Al respecto, Ivo Peruggino, integrante de la Multisectorial Humedales, declaró a Télam que “la situación es verdaderamente vergonzosa, estos son los lobbies que vienen presionando desde hace más de 10 años para que la ley no salga y que durante todo el año operan desde las sombras, pero que en algún momento cuando lo consideran estratégico salen a la luz como lo vimos esta semana con falacias y falsos estudios”.

“La verdad que es lamentable que se expongan tantas mentiras y que queda completamente a la vista de todos que esto es una ley que viene a diferenciar lo que es producir de lo que es destruir y es evidente que hay gente que no le conviene porque no saben producir sin devastar los territorios y sin someter a la población a la enfermedad y a la pobreza”, denunció.

Por su parte, Jésica Gentile, coordinadora del Colectivo Socioambiental Red Eco Socialista, sostuvo que la movilización es porque “el escándalo que volvió a protagonizar la clase política ayer cuando decidió de manera unilateral e improvisada suspender el plenario de comisiones para tratar la Ley de Humedales cuando había un cuarto intermedio de la semana pasada donde había un compromiso de que saliera un dictamen hoy”.

“Sigue existiendo la misma orientación de hace 10 años de seguir ralentizando algo que democráticamente han decidido las comunidades con un proyecto de ley consensuado por más de 300 organizaciones, donde están universidades públicas, científicos, asambleas y asociaciones medioambientales. Es crucial proteger nuestros principales aliados para enfrentar la crisis climática como son los humedales”, sentenció Gentile, en declaraciones a Télam.

En el mismo sentido, Bruno Rodríguez, miembro de Jóvenes por el Clima, afirmó que “la dilatación del debate del proyecto de Ley de Humedales consensuado por la sociedad civil y distintos actores, no surge por generación espontánea, nuestros servidores públicos en este contexto están respondiendo ante otros intereses que no son los que participaron en la configuración del proyecto que hoy tenemos.

“Esto no solamente atenta contra un reclamo histórico, como lo es la exigencia por la aprobación de una ley que no solo protege a los ecosistemas sino también interviene directamente sobre la calidad de vida de la gente, sino que también es un atentado contra la calidad democrática”, aseveró Rodríguez.

Con información de agencias.

IG

El director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías De Bueno, advirtió este martes sobre las “consecuencias irreversibles” que tienen los incendios que se registran en las islas del Delta del río Paraná y que desde el fin de semana consumieron 10.000 hectáreas, propuso la creación de una “policía del humedal” y pidió incorporar la figura de “ecocidio” al Código Penal.

“Nosotros detectamos que durante el fin de semana y hasta este lunes se incendiaron 2.500 hectáreas en las islas frente a Rosario, otras 2.500 que vienen hace varios días enfrente a la zona de San Nicolás y unas 5.000 frente a la localidad de San Pedro”, explicó a la agencia Télam De Bueno y precisó que el humo llegó hasta la ciudad de Rosario por el viento este y sureste de las últimas horas.

El abogado especialista en derecho ambiental agregó que “se mantiene el foco de calor en 10.000 hectáreas”, según la última información satelital relevada, por lo que “la gravedad del asunto es que se siga prendiendo fuego”.

En este sentido, graficó que “la intensidad del fuego en ese lugar arrasa con todo, con flora y fauna, y le genera un daño estructural al suelo”.

“No es un suelo igual a la llanura pampeana que es tierra firme, la isla se va regenerando con el pulso del río y es un suelo más frágil”, agregó.

Para De Bueno, “no hay una acción de prevención” sobre los incendios y “si bien el Estado va permanentemente atrás del fuego para ir apagándolo, la acción es permanentemente ex post”.

Sobre este punto, el abogado señaló que desde la Universidad de Rosario proponen la creación de una “policía del humedal” que sea interjurisdiccional y permita monitorear con poder de policía para apresar a quienes queman las islas.

Por otro lado, también pidió que se convoque entre las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos a una “búsqueda de soluciones para ver qué actividad económica se puede hacer en el delta para que no sea la única estar incendiando”.

“Hoy la rentabilidad del lugar se está manejando por cuestiones agrícolas, ganaderas o por emprendimientos inmobiliarios”, describió De Bueno y subrayó la necesidad de “buscar políticas de desarrollo que permitan cambiar los incendios por negocios que sean ambientalmente amigables y sostenibles”.

El especialista también señaló que desde la UNR se está elaborando un proyecto académico para incorporar la figura del ecocido al Código Penal.

“Cuando se genera un daño de tal magnitud que puede tener consecuencias irreversibles sobre un espacio natural y sobre el ambiente pedimos que se castigue de la forma máxima, con sanciones desde multas o inhabilitación hasta penas de prisión”, concluyó.

Por su parte, la Multisectorial Humedales, que viene reclamando con fuerza y desde hace tiempo la sanción de una ley, convocó a una movilización para este miércoles a las 18 en el Monumento a la Bandera. Además hay una iniciativa para juntar un millón de firmas por la Ley de Humedales.

Con información de agencias.

IG