Con salarios que pierden poder de compra, gastos fijos en alza y una reforma laboral proempresa aún vigente, Omar Maturano redobló la presión sobre la CGT y pidió endurecer la respuesta sindical frente al gobierno de Javier Milei. El secretario general de La Fraternidad reclamó un plenario nacional de gremios y cuestionó una estrategia que distintos sectores sindicales consideran débil y dubitativa.

“Parar también es protestar”, dijo Maturano en una entrevista con Rayos X, por Radio 10. La frase marcó el tono de su intervención. El dirigente ferroviario sostuvo que “me parece poco hacer marchas y no definir un plan de lucha profundo ante lo que se está viviendo” y pidió que la central obrera discuta una respuesta nacional con todos los sindicatos del país.

Maturano no cuestionó la protesta callejera, pero advirtió que las marchas aisladas pueden perder fuerza si no se integran a una estrategia sindical más amplia. “Tantas marchas, la misma gente se cansa”, sostuvo. En su diagnóstico, el problema no es solo la cantidad de movilizaciones, sino la falta de una definición política y gremial sobre cómo enfrentar el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

El planteo llega después de un 1º de Mayo atravesado por el malestar social y gremial. Maturano apuntó contra la conducción de la CGT y dijo que “parece que no pasara nada”. También enumeró reclamos concretos: paritarias libres, rechazo a despidos y suspensiones, defensa de la salud pública, de las obras sociales, de la educación y de los jubilados.

Los datos acompañan parte de ese diagnóstico. La inflación acumuló 9,4% en los primeros tres meses del año y el IPC de marzo fue de 3,4%. En el mismo período, la canasta básica total superó $1,4 millones para una familia tipo, con ingresos que siguen sin acompañar la suba de precios.

El salario perdió terreno frente a precios que no se concentran solo en alimentos: alquiler, servicios, transporte y educación ocupan una parte creciente del presupuesto familiar. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada del período, cercana al 209%. El gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%.

Ese peso sobre los hogares aparece también en el consumo. El Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo registró en marzo una caída interanual del 2,6%, pese a una suba mensual del 0,7%. En el primer trimestre, el consumo acumuló una contracción del 2% respecto del mismo período de 2025. El informe vinculó esa caída con el deterioro del ingreso real de los trabajadores, incluso entre asalariados formales.

Maturano ubicó esa pérdida material en una disputa más amplia. “Para mí es una pelea de clase”, dijo. Según el dirigente, el Gobierno busca retroceder a una Argentina previa a 1943, con “10 por 100 de ricos” y “90 por 100 de pobres”. La lectura del ferroviario enlaza el ajuste económico con una discusión histórica sobre derechos laborales, salario, sindicatos y representación política de los trabajadores.

La Fraternidad es uno de los gremios históricos del país. Fue constituida el 20 de junio de 1887 por maquinistas y fogoneros del Ferrocarril Oeste como sociedad de ayuda mutua. Hoy agrupa principalmente a conductores de trenes y maquinistas ferroviarios. Ese origen aparece en el discurso de Maturano cuando reclama “herramientas de trabajo” y una presencia mayor de los trabajadores en las decisiones políticas.

El secretario general de La Fraternidad también cuestionó que la CGT concentre las definiciones en un grupo reducido de dirigentes. Según dijo, en la reunión del secretariado participan 45 sindicatos, pero en el país existen aproximadamente 252 sindicatos. Por eso propuso convocar “a un plenario de secretarios generales de todo el país” para que cada gremio pueda hablar, opinar, votar y definir cómo enfrentar el modelo económico.

El reclamo interno apunta a cambiar el método de decisión de la CGT: Maturano pide que la respuesta no salga solo del secretariado, sino de un plenario federal de gremios. La propuesta aparece mientras algunos sectores sindicales miran al Frente de Sindicatos Unidos como posible espacio de presión interna, con antecedentes históricos como el MTA durante los años noventa.

La discusión sindical también se cruza con la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La Justicia suspendió provisoriamente 82 artículos tras una presentación de la CGT y abrió una disputa constitucional que continúa en trámite. El planteo de la central obrera cuestionó artículos por considerar que afectan la protección laboral, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.

Maturano no rechaza la vía judicial, pero la considera insuficiente. “No solamente ir a la justicia es la única forma de oponerse a este gobierno”, afirmó. Esa diferencia marca el centro de su crítica: la CGT logró frenar parte de la reforma en tribunales, pero el dirigente reclama que esa estrategia se complemente con medidas gremiales y organización territorial.

El avance judicial tuvo efectos concretos. El juez laboral Raúl Ojeda dispuso la suspensión preventiva de artículos cuestionados mientras continúa el proceso judicial, tras considerar que la aplicación inmediata podría generar efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes. En Córdoba, otro tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, al entender que desnaturalizaba el carácter alimentario del crédito laboral.

El conflicto por la reforma laboral convive con un debate regional sobre tiempo de trabajo. México fijó la jornada máxima en 40 horas semanales con implementación gradual hasta 2030, sin reducción salarial, mientras la Argentina mantiene el límite general de 48 horas. En contraste, la reforma aprobada en el país incorporó el “banco de horas”, cuestionado por sindicatos porque puede alterar la previsibilidad de la jornada y desplazar el pago de horas extra.

Maturano también dirigió sus críticas a la oposición política. Cuestionó al PJ, al radicalismo y al socialismo, y reclamó participación de los trabajadores en la elaboración de listas y programas. “¿Qué estamos pensando en los candidatos si no tenemos un plan cultural, un plan social, un plan político, un plan económico?”, preguntó. Para el dirigente, el movimiento obrero no puede quedar reducido a acompañar candidaturas definidas por otros sectores.

El mensaje de Maturano deja a la CGT ante una presión doble: defender derechos laborales en los tribunales y resolver si transforma el malestar salarial en una medida de fuerza nacional. La pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo, el encarecimiento de la vivienda y la reforma laboral trazan el terreno sobre el que esa discusión sindical ya empezó.

JJD

Los jefes de la CGT salieron hacia el atardecer de la Plaza de Mayo con una certeza: el statu quo sindical no se toca. Así lo pueden haber entendido después de la reunión que la cúpula de la central obrera mantuvo este lunes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien los había convocado para aliviar tensiones después de la promulgación de la reforma laboral incluida en la Ley de Bases.

Tan complejo resultó ese trámite para todas las partes —Gobierno, empresarios y gremios— que el farragoso capítulo laboral de esa ley todavía no fue promulgado del todo en el Boletín Oficial, y hacia esa vacante apunta todos sus cañones la CGT.

Los “Gordos” —tal como llaman a los representantes de los gremios de servicios, que son los más numerosos— buscan proteger el orden establecido que ven amenazado ante el avance del gobierno libertario, que con sus ínfulas de refundación del sistema político argentino apunta especialmente a la “casta” que componen los sindicalistas.

En esos términos se cifró la negociación que los “Gordos” mantuvieron este lunes con Francos: los gremialistas aceptan algunos puntos de la reforma laboral a cambio de que, en otro poder del Estado, el Congreso, los libertarios y sus aliados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica no avancen con un proyecto de ley de “democracia sindical” que podría amenazar el sostenimiento de todo el poder sindical.

“Se está auspiciando una nueva etapa de diálogo y eso es fructífero. Estamos convencidos de que hay que dialogar con los que gobiernan, pero eso no quiere decir que quedamos impedidos de tomar las medidas que correspondan si no estamos de acuerdo”, aclaró, al salir de la reunión, el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez.

Francos; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el multiasesor estrella Santiago Caputo se reunieron por la tarde con la comitiva “dialoguista” de la CGT que encabeza el cotitular Héctor Daer, sin la presencia del camionero Pablo Moyano, otro de los triunviros que no sólo no quiere saber nada con el gobierno de Javier Milei sino que incluso alienta una nueva medida de fuerza de todos los sindicatos del transporte.

Además de Daer y de Carlos Acuña, el tercer cotitular cegetista, también participaron Andrés Rodríguez (UPCN); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio); Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Robustiano Geneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); Luz Marina Jaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA) y Daniel Ricci (FEDUN).

Qué quiere cada parte

La CGT fue a la reunión con un reclamo puntual: el artículo 242 del capítulo laboral de la Ley de Bases, que establece las asambleas y bloqueos como causa justificada de despido por parte de los empleadores, sin necesidad de intervención de la Justicia. 

Conscientes de que ese es un punto sensible para el sindicalismo, Francos y Caputo mantuvieron esa norma al margen de la reglamentación de la reforma laboral, a la espera de un nuevo acercamiento con la CGT, que por su parte se había retirado del diálogo social promovido por el Gobierno en el marco del Consejo de Mayo.

Y los jefes gremiales se llevaron, efectivamente, una señal positiva del mileísmo. “Armamos un capítulo específico para discutir la reglamentación del artículo 242”, explicó Martínez, que aclaró que “la metodología del bloqueo no es parte de la esencia del sindicalismo de la CGT”.

Y abogó por encontrar una “respuesta” junto al Gobierno para “no darle la derecha al sector empresario para que determinen si es un bloqueo o no y generar la injuria a favor de ellos”. “Apostamos a que los argumentos que tenemos son suficientes y valederos. Somos la voz de la demanda ante la pobreza y la desigualdad”, afirmó Martínez.

En este sutil juego de cartas con el Gobierno, los libertarios conceden a la “casta” la vía libre para los bloqueos y la CGT se resigna a “entregar” la habilitación para que un trabajador independiente pueda contar con hasta tres trabajadores autónomos a su cargo sin relación de dependencia, como de hecho ya fue reglamentado, en lo que para los gremios implica un camino hacia la precarización laboral. La reforma laboral también incorporó, de manera optativa, el fondo de cese laboral en reemplazo del sistema de indemnizaciones.

La central obrera permitió además la implementación de otro artículo que resistía, y que también ya fue promulgado: la norma que establece que el período de prueba en cualquier relación laboral pasa de 3 a 6 meses, 8 meses o hasta un año, dependiendo de la cantidad de empleados, lo que prolonga la incertidumbre de un trabajador que empieza a prestar funciones.

Pero con esta negociación en curso el Gobierno se anota un punto aún más importante: la posibilidad de “desinflar” el paro de todos los gremios de transporte que Pablo Moyano y otros “duros” como Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Pablo Biró (APLA) impulsan para el 17 de octubre próximo, a falta de una medida de fuerza general de toda la CGT.

El jefe de los colectiveros de la UTA, Roberto Fernández, estuvo en la reunión en Gobierno y, según pudo saber elDiarioAR, su presencia fue leída como un aval al diálogo y al acercamiento de posiciones entre las partes en medio de la desconfianza mutua. Una cosa por otra. Un toma y daca. Se sube una carta y se baja otra. El ala dialoguista se impone.

Hoy por tí, mañana por mí

A cambio, la CGT se queda, por ahora, con su statu quo: la semana pasada, por intervención del Gobierno, se frenó el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de “democracia sindical” que apunta contra el corazón del sindicalismo, porque busca limitar la reelección indefinida de los secretarios generales, eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria y establecer la ficha limpia para los sindicalistas, entre otros puntos.

Ese proyecto, que reúne una serie de propuestas hechas por la UCR, el PRO, LLA, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, establece además la representación de las minorías en los cuerpos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para “democratizar las obras sociales”. Un reinicio.

El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, el radical Martín Tetaz, estaba entusiasmado con obtener dictamen la semana pasada, pero una orden a último momento de Guillermo Francos paralizó el trámite legislativo. Se verá si en los próximos días el proyecto retoma su cauce o si se impone, finalmente, la reconciliación con la CGT.

NP/JJD

Lo que parecía un avance hacia la democratización sindical se convirtió en una novela de traiciones políticas. A último minuto, el radical Martín Tetaz, presidente de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, se vio obligado a suspender una reunión que tenía como objetivo dejar lista para ser votada en el recinto una reforma que prometía más transparencia y límites a las reelecciones sindicales. La CGT movió sus hilos, y el gobierno de Javier Milei decidió ceder, dejando en ridículo a parte de la oposición, que ya había festejado el consenso.

En la quinta de sus reuniones destinadas a debatir la reforma sindical, la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados tenía previsto este martes emitir un dictamen sobre los proyectos presentados que impulsan modificaciones a las leyes de Asociaciones Sindicales, la de Convenciones Colectivas de Trabajo y la de Empleo tras el consenso alcanzado entre la oposición dialoguista y el oficialismo. El objetivo era que la iniciativa quede lista para ser debatida en el recinto.

Sin embargo, Tetaz, principal promotor de la reforma, decidió suspenderla a último minuto, según publicó el portal especializado Parlamentario, luego de que trascendiera que ni La Libertad Avanza ni el PRO iban a acompañar con su firma el despacho de mayoría tras un acuerdo que hizo el Gobierno nacional con la CGT para frenar la Reforma Sindical en el Congreso. El PRO aclaró después en un comunicado que sí está de acuerdo con el dictamen.

Sin esos 10 apoyos, Tetaz se quedaría sin la mitad más uno de las 31 firmas en ese grupo legislativo, cifra necesaria para que pueda llegar al recinto la iniciativa que propone profundas modificaciones en las leyes 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales.

La decisión del gobierno de Milei, que se transmitió en la noche del lunes, respondió directamente a un pedido de la CGT al ala dialoguista del Gobierno, conformada por la dupla Guillermo Francos y Santiago Caputo, y a la vez a negociaciones entabladas en el Congreso por el diputado nacional Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, líder del gremio bancario y vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que viene conversando entre algunos legisladores para que le quiten su apoyo al proyecto.

“Este es el tipo de cosas miserables de la política que dan bronca y ganas de abandonar a los que realmente queremos el cambio”, dijo Tetaz y resaltó los puntos del dictamen:

• Límites a las reelecciones indefinidas de los sindicalistas

• Participación de las minorías en los cuerpos directivos.

• Transparencia de los fondos de sindicatos y sindicalistas.

• Fin de los descuentos forzosos en los recibos de sueldo, como las cuotas solidarias, los cursos de capacitación, los seguros y otros curros.

• Más libertad para la elección de la obra social.

“Estamos confiados en que el Gobierno recapacite y que la semana que viene revele su verdadera preferencia. No se puede cachetear a [Pablo] Biró para la foto y después acordar con los gordos de la CGT. Hay que elegir de qué lado están”, disparó el radical.

Este es el tipo de cosas miserables de la política que dan bronca y ganas de abandonar a los que realmente queremos el cambio

Martín Tetaz — diputado nacional de la UCR

“Para todos los que queremos limitar las reelecciones indefinidas. Para todos los que queremos más transparencia en los gremios. Para todos los que queremos que se terminen los descuentos forzosos en los recibos de sueldo. Para todos los que queremos más libertad en la elección de la obra social, esta decisión del Gobierno de frenar la reforma es miserable”, expresó Tetaz.

El proyecto era impulsado hasta ahora por los diputados de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza, Hacemos Federal e Innovación Federal, con el rechazo de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda. En el radicalismo estaban seguros de contar con 18 votos en la comisión para emitir el dictamen de mayoría, mientras el peronismo y la izquierda sumaban 13. El viraje del Gobierno, sin embargo, le quitó al proyecto 10 firmas (5 de La Libertad Avanza y 5 del Pro), por lo que quedará empantanado: se requiere de la mitad más uno para aprobar el dictamen.

Ejes centrales del proyecto

Según detalló el portal Parlamentario, el proyecto de Democracia Sindical, que unifica textos presentados por Tetaz, Verónica Razzini (Pro), María Eugenia Vidal (Pro), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Ricardo López Murphy, entre otros, contempla modificaciones a la Ley 23.551 (Asociaciones Sindicales) y a la Ley 14.250 (Convenciones Colectivas de Trabajo).

Además, propone limitación de mandatos de los dirigentes a fin de “garantizar la efectiva democracia interna”, a través de medidas como “la elección directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales”, “la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos cuando las mismas hubieran obtenido más del 3% de los votos válidos emitidos de sus afiliados”, y “el establecimiento de un código de conducta ética para afiliados y miembros de los órganos de dirección y administración”. En suma, la eliminación de cuotas solidarias obligatorias, la publicación obligatoria de informes financieros y auditorías por parte de la AGN.

“Los mandatos de quienes integran los órganos de dirección y administración tendrán las mismas restricciones de extensión de período y cantidad de reelecciones que las exigidas para Presidente y Vicepresidente de la Nación” y aclara que “se entiende por mandato completo desde el momento de su iniciación, independientemente de que hayan transcurrido los 4 años o menos”, agrega.

Por otra parte, incluye la presentación de declaraciones juradas patrimonial integral dentro de los 30 días corridos desde la inscripción de su candidatura y una actualización anual de la información.

Otro punto incluido en la iniciativa es “garantizar la presencia femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales”, sobre lo cual detalla que “el cupo para cubrir la participación femenina en las listas de candidatos y su presencia en los cargos electivos y representativos del gremio no podrá ser menor a la proporción de mujeres afiliadas sobre el total de afiliados”. Y agrega que “no podrá oficializarse ninguna lista que no cumpla” esos requisitos.

También, el proyecto sostiene que “todos los beneficiarios del Sistema de Obras Sociales podrán ejercer el derecho de opción, garantizando así la libre elección de la obra social”, y detalla: “Los trabajadores que inicien una relación laboral podrán ejercer el derecho de opción luego de permanecer 3 meses en la obra social correspondiente a la rama de su actividad”, y que “los afiliados que hubieren cambiado de obra social deberán permanecer como mínimo 3 meses en ella y, vencido ese plazo, podrán volver a ejercer esa opción”.

JJD

La movilización de este miércoles para exigir que el Congreso rechace el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria encontró a una CGT dividida, con “libertad de acción” para sus gremios, en un clima de creciente malestar a raíz de los fuertes cuestionamientos de Cristina Kirchner al sindicalismo a través de su última carta pública.

La cúpula de la central obrera se mostró fracturada: el sector más combativo decidió plegarse a la marcha convocada inicialmente para las 13 por las dos vertientes de la CTA —que encabezan Hugo Godoy y Hugo Yasky—, los movimientos sociales y la izquierda, en un desafío al protocolo antipiquetes con el que amenaza el Gobierno. Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Abel Furlán (Metalúrgicos) serán las caras visibles de la CGT en las inmediaciones del Congreso.

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT e integrante del sector de los autodenominados “independientes”, explicó la postura oficial: “Desde la CGT hemos repudiado el veto. De cualquier manera, hay libertad de acción para quienes quieran acompañar este tipo de manifestación, pero no es un tipo específico que la institución CGT decida hacer”, dijo el último fin de semana en AM 750.

La tensión entre las distintas facciones es indisimulable. “Repudiamos la represión que vimos en los últimos dos miércoles y a los diputados que quieren darse vuelta y apoyar el veto”, se diferenció Pablo Moyano y afirmó: “Ojalá sea una marcha masiva y ojalá los diputados se enteren de que hace 20 días votaron la reforma de $13.000, es vergonzoso decirlo. Se armó toda esta pelea por $13.000 para los jubilados y estos delincuentes aprobaron un presupuesto de $100.000 millones para inteligencia”. 

En diálogo con elDiarioAR, un representante de la CGT presente en la marcha afirmó: “Creemos que es necesario acompañar todas las demandas de la sociedad en la calle, y hoy la demanda más fuerte es la de los jubilados. El ala ‘dialoguista’ insiste con bajar el perfil de confrontación con el Gobierno”. En ese sentido, cuestionó la estrategia: “¿Y qué consiguieron hasta ahora? Su resultado es cero. Ser dialoguista hasta ahora no tuvo ninguna eficacia; sostienen esa posición por un tema de confort. Milei no les dio nada, todo lo que pudo modificarse se lo hizo a través del Congreso”. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los primeros en cuestionar el veto de Milei tildándolo de “mentiroso, cruel e insensible”, decidió sumarse a marchar con los movimientos sociales como la UTEP, los sectores agrupados en el Frente Sindical, la Corriente Federal, las dos CTA, organizaciones de izquierda y organismos de derechos humanos. La columna bonaerense se reunirá a las 11, encabezada por el mandatario provincial, sus funcionarios y un grupo de intendentes bonaerenses. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso. El sector se encuentra en estado de alerta por el intento de congelar los salarios en la administración pública y los despidos que anunció Milei en diferentes áreas. Durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno. 

La tensión por la carta de Cristina 

En el último documento que publicó contra Milei, Cristina también realizó una crítica profunda hacia el peronismo al afirmar que “se torció” y “se desordenó” por varios motivos, entre ellos no haber advertido la modificación de las relaciones laborales. Según la expresidenta, de la minoría que representan hoy los trabajadores registrados en la actividad privada, sólo el 40% de ellos está sindicalizado.  

“La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”, lanzó en la carta, en una frase que se interpretó como un cuestionamiento hacia el rol de la actual conducción sindical. 

Al ser consultado por este tema, Pablo Moyano reaccionó visiblemente molesto, pidiéndole a Cristina “que dé nombres”. “La leí muy por encima. Esa crítica se tiene que dar en un debate interno y no hacerla público. Volvemos a las peleas anteriores que llevaron a este cachivache a presidente (por Milei)”, analizó el líder camionero en Radio 10. 

Andrés Rodríguez fue más duro y opinó que Cristina debe “revisar mejor los números” a los que hizo referencia. “En la población económicamente activa hoy el trabajo formalizado está reducido a la mitad. Esto no es producto de que el movimiento obrero haya querido informalidad, es producto de la falta de políticas de los gobiernos de hace bastante tiempo”, dijo y contraatacó: “Durante los gobiernos que presidió la señora Cristina Kirchner tampoco se hizo una política de empleo formal firme porque siguió existiendo el subsidio a la gente que estaba en la informalidad, agravado después en el gobierno de Macri y mucho más en el de Alberto Fernández”.

Las críticas de Cristina tampoco fueron bien recibidas por los dirigentes gremiales más cercanos al kirchnerismo. Un sindicalista de la CTA, de buen vínculo con el Instituto Patria, opinó en diálogo con elDiarioAR: “Son afirmaciones del sector político que no coinciden con los embates que estamos recibiendo permanentemente. La tesis de Cristina es que el sindicalismo está disminuido en su capacidad de acción, pero hay 28 proyectos presentados en comisión para impedir la reelección en sindicatos, eliminar cuota sindical, prohibir que alguien procesado -con un proceso judicial en curso- pueda tener un cargo, un protocolo creación de fuerza especial en centros sindicales, y la lista sigue”.

En ese sentido, resumió: “Desde el lado del Gobierno ven al sindicalismo como una amenaza latente. Nadie pierde tiempo en patear a un perro muerto… si efectivamente el sindicalismo estuviera reducido a la nada, como se desprende de lo que plantea Cristina, el Gobierno no perdería tiempo en generar protocolos y toda una andanada de iniciativas con las que busca desactivar el poder de fuego de los gremios”. 

“No sirve que presente eso ahora. Interpreto que Cristina lo plantea porque es una mirada que pretende tender cierta transversalidad a sectores de clase media que miran con mucho prejuicio al sindicalismo, pero no es oportuno”, cerró. El tema signó la antesala de la protesta y promete continuar en las próximas semanas, cuando la cúpula de la CGT y el resto de los dirigentes sindicales sientan, una vez más, la presión de sus bases para salir a la calle a protestar contra las medidas del Gobierno.

LA/JJD

Transcurría una reunión con un importante embajador cuando el diplomático soltó la frase que le sacó una sonrisa a los invitados. “A Milei le tienen que dejar ganar una”. Los aludidos eran un grupo de sindicalistas que por estas horas debate no ya el próximo paro general, que será un hecho, sino el cómo, el cuándo y el con quién. “Para iniciar un conflicto antes tenes que saber cómo salir”, dice uno de los máximos referentes cegetistas, que sabe que gran parte de la supervivencia pasa por administrar los tiempos de lo que será una batalla eterna. 

Esta CGT cree que tiene a mano más victorias que derrotas y apuesta todo al trabajo sigiloso en el Congreso, donde creen tener agujeros por donde filtrar la mayoría de sus reclamos. Parte de la táctica tiempista a la que apelan depende en gran medida del propio Javier Milei. El paro, para el que hay un amplio consenso, está atado a lo que defina el Gobierno con la reforma laboral que le quedó trunca. Si se avanza en estos días en un proyecto de ley réplica de lo que se plasmó vía decreto, la huelga general será un hecho que se anunciará el próximo jueves, día en el que volverán a juntarse los jefes gremiales. 

En esa espera, miran encuestas. Un trabajo reciente y reservado de Poliarquía Consultores explica, de algún modo, esa dilación en la toma de decisiones. Ese trabajo revela que la aprobación de Javier Milei marcó en diciembre 67%, bajó a 58% en enero, volvió a caer a 56% en febrero y se recuperó otra vez, 2 puntos, en marzo. Lo que muestra también el sondeo es que el tiempo se le va a acortando al Presidente. Ante la afirmación de que “el gobierno sabe resolver los problemas pero necesita tiempo”, en diciembre ese indicador tenía 65% de adhesión, pero en marzo, ya estaba en 55%. Sube también la percepción de que la situación económica del país será mejor en un año y que los precios no aumentaron tanto en marzo, pero el sindicalismo mira con atención otro dato. Ante la afirmación de que “los ingresos familiares mensuales no alcanzan”, en diciembre esa respuesta alcanzaba al 49% de la muestra, y en marzo, al 54%. A pesar de que se modera la inflación, el bolsillo no aguanta. 

Ante el discurso (todavía efectivo) de Milei contra la casta, la CGT piensa estrategias para no quedarse sola en el reclamo sectorial. Saben que un paro general tiene rechazo en buena parte de la sociedad. También los tiempos los define la necesidad de encontrar un factor aglutinante del reclamo más allá de la reforma laboral. Por eso, si a la primera huelga sumaron la movilización al Congreso con el trasfondo de la pelea de la Casa Rosada con los artistas, que le dio un paraguas popular por fuera del reclamo puro y duro sindical, para la próxima parada idean un despliegue con los referentes universitarios que les aporte más masa crítica y consenso social ante el claro desfinanciamiento educativo. “No alcanza sólo con los laburantes”, reflexiona un dirigente.  

Mientras tanto, el sindicalismo juega el juego de la política, ese que se hace sigilosamente, con aliados que cruzan la frontera del peronismo, como ocurrió con el rechazo al DNU en el Senado, donde la marca se la llevó Martín Lousteau.

Reforma laboral propia

En Azopardo se preparan para lo que será el nuevo debate de la reforma laboral, esta vez vía proyecto de ley. Empezaron a leer y ¿retocar? la presentación que hizo en los últimos días el bloque de senadores de la UCR. Ese texto se repartió impreso el miércoles pasado, en la reunión de la mesa chica que se hizo en UPCN. Plasma la voluntad sindical de avanzar en una reforma laboral light, como anticipó el periodista Mariano Martín. 

En la CGT niegan que estén trabajando en una iniciativa propia. Otra vez es el juego de la política. Lo presenta otro espacio, y van viendo. Sí reconocen que no están cerrados al debate, y es evidente. Nadie se toma el trabajo de imprimir un texto y repartirlo si no hay alguna intención detrás de explorarlo. Menos aún lo dejarían trascender. “Es una alternativa a mejorar”, plantea un alto dirigente cegetista. Si la reforma se impone, mejor intervenirla, sería el lema actual. El proyecto va por un carril medio que no toca los recursos sindicales, pero sí elimina multas por contrataciones irregulares y crea el fondo de cese laboral. La alternativa que encuentran, para no bloquear el debate, es que se termine aprobando esta versión más suave. Incluso hay quienes no descartan que al no salir como él quiere, el Presidente después opte por el veto.   

En la estrategia política, la CGT pone todas las fichas al Congreso. El miércoles próximo recibirán al bloque de senadores de Unión por la Patria, uno de los grandes actores del rechazo al DNU y en Diputados trabajan por abajo. Dicen estar cerca de conseguir el número para darle al decreto 70 la estocada final, pero todavía no llegan. “Dependerá de lo que pase con la ley bases”, aportan en un gremio. En los pronósticos cegetistas, que hasta ahora no les dieron nada mal, apuntan al malestar de los gobernadores. Detrás de las palabras más amenas de los mandatarios que se reunieron con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y con el ministro del Interior, Guillermo Francos, persiste el reclamo por los fondos que el gobierno nacional dejó de enviar a las provincias, un polvorín. En la CGT hablan con los gobernadores más de lo que se sabe.

Sin contactos con la Rosada

El diálogo con la Casa Rosada no existe. Hasta el momento, sólo hubo una reunión, tras bambalinas, entre Francos y un grupo de dirigentes, informal, en la Uocra. Fue el 15 de diciembre, 5 días antes de que el Gobierno presentara por cadena nacional el DNU con la reforma laboral. En aquel encuentro ya aparecía en escena Julio Cordero, el actual secretario de Trabajo. Actuaba como una suerte de interventor sin cargo, enviado por Posse, el gran cerebro de la dureza de Milei hacia el sindicalismo. “Es un besuqueiro”, lo describe un hombre de la CGT, para dar cuenta del poco margen de acción que tiene. Simpatía, pero nada más. Responde a las órdenes del jefe de Gabinete.

Todos los líderes gremiales lo conocen, compartieron con él varios viajes a Ginebra en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando Cordero representaba a Techint. Por ahora, no parece tener juego propio en una secretaría diezmada por las internas libertarias, que ya se cobró la cabeza de Omar Yasín y Horacio Pitrau, por haber negociado con Armando Cavalieri relajar las restricciones de la cuota solidaria para su gremio. Y algunas otras cosas más, sospechan en la CGT, que no lograron aún confirmar. Ellos siempre vieron a Cordero como un espía de la Jefatura de Gabinete. Fue Héctor Daer, de hecho, el que lo deschavó en enero, en una reunión del Consejo del Salario, cuando le preguntó si estaba participando en calidad de funcionario. No, estaba ahí como representante de la Unión Industrial Argentina. 

Su cargo está en tensión por estas horas en las que crece la conflictividad sindical con amenazas de paro por parte de Camioneros y los metalúrgicos, completamente en guerra por las paritarias que el Gobierno se niega a homologar. Ya lo dijo sin tapujos el propio Luis Caputo. Con esos porcentajes de suba acordados no cierra su modelo. De rol de mediador, Trabajo pasa ahora a ser un férreo interventor del poder adquisitivo. Se abre para el sindicalismo, pendiente de una táctica tiempista, otro frente urgente.

MV/DTC

De vez en cuando el cine sirve para algo. Esa idea utópica de que una película puede cambiar el mundo a veces tiene sentido. Una obra ayuda a poner el foco en lugares donde normalmente no se mira, y a veces incluso pone en la mesa temas que estaban fuera del debate y los convierte en el centro de la discusión. Ocurrió con Mar adentro, donde gracias al éxito de la película de Alejandro Amenábar se recuperó el debate sobre la eutanasia en España; o con Rosetta, de los hermanos Dardenne, cuyo éxito –Palma de Oro incluida– provocó la llamada ‘Ley Rosetta’ en Bélgica que promovió varias reformas laborales juveniles en el país.

La última en lograr algo parecido es Un blanco fácil (La syndicaliste), el filme francés dirigido por Jean-Paul Salomé –y basado en un caso real– donde Isabelle Huppert da vida a Maureen Kearney, una sindicalista de la empresa Areva, que recibió un soplo de que el Gobierno estaba negociando con China para vender la tecnología nuclear francesa. Cuando se acercaba a la verdad, fue atacada en su casa. Le hicieron una A en el abdomen y la violaron introduciéndole un cuchillo por el mango en la vagina. El caso no solo no fue un escándalo nacional, sino que dio un giro cuando Kearney pasó de víctima a sospechosa. Fue acusada y condenada por haber hecho todo para llamar la atención. Años después, Areva quedaba desmantelada y Francia vendía la tecnología nuclear a China. Ella tenía razón.

A Maureen Kearney nadie le pidió perdón, pero un libro escrito por Caroline Michel-Aguirre, una periodista de Le Nouvel Observateur (L’Obs), y sobre todo el filme de Huppert han colocado el caso en la opinión pública y han provocado que 54 diputados franceses pidan una investigación parlamentaria para hacer justicia y devolver el honor robado a aquella sindicalista a la que se juzgó por comportarse como una ‘mala víctima’. Por maquillarse. Por haber sido violada anteriormente. “Sí, es algo raro que una película consiga eso, pero creo que fue Clémentine Autain, que le chocó muchísimo la historia y puede que por fin el caso vaya más lejos”, cuenta Huppert, que ha presentado el filme –que llega este viernes a las salas españolas– en el marco de las jornadas de cine francés organizadas por Unifrance en Madrid.

Huppert no tiene miedo en reconocer que no conocía el caso de Kearney, “como la mayoría de la gente”. Una parte de la historia de Francia que los poderes intentaron esconder. “Los espectadores, los periodistas… no lo conocían. Es curioso, es una historia que fue olvidada. Sin embargo había hasta un libro, pero poca gente se acordaba, y lo bueno es que la película ha servido para que el tema vuelva a estar muy presente. Es muy curioso y no tengo explicación para que la gente no la conociera. Es lo que tiene la vida moderna, que una historia empuja a la anterior y la aparta. Lo que es un escándalo un día, al día siguiente es una banalidad, un lugar común”, dice la actriz.

Uno de los elementos que más llamó su atención fue que “después de todo lo que vivió, y de la agresión, llegó la suspicacia, Maureen Kearney vivió una doble condena”. Eso hacía que “el material cinematográfico fuera tan rico y el personaje tan interesante y a la vez tan inquietante, porque nunca se sabe lo que piensa, y eso fue lo que hizo que se sospechara de que no fuera verdad lo que contaba”. Eso sí, Huppert señala que también fue su condición de mujer y su comportamiento lo que hicieron que se la señalara como una “mala víctima”. “Ella es una víctima, porque lo que le ocurre le hace mucho daño, pero por desgracia, y lo vemos demasiado a menudo, a una víctima no se le cree porque se le considera una mala víctima. Por su pasado, por cómo se comporta… Se sospecha de ellas, y ocurre a menudo. Hemos visto muchos casos, y las mujeres hoy en día pasan por esto”.

Lo vemos demasiado a menudo, a una víctima no se le cree porque se le considera una mala víctima. Hemos visto muchos casos, y las mujeres hoy en día pasan por esto

Isabelle Huppert — Actriz

Una ‘mala víctima’ que hace que este personaje se emparente, de alguna forma, con el que interpretó en Elle, de Paul Verhoeven, algo que comparte Huppert. “Sí, ambas no se presentan como una víctima. En Elle era alguien que quería tomarse la justicia por su mano, pero con la ironía que tiene Paul Verhoeven y era una película muy compleja. Sí que tienen un paralelismo, y también visualmente, con ese carmín de labios, y las dos rubias, con ese cabello… Que en este caso era el color real y el aspecto físico de Maureen, pero vimos rápidamente que había en ella algo muy Hitchcock, con ese moño, ese pelo… Y doce años después sigue igual, con el moño, su maquillaje… Es su marca de fábrica, pero también es una máscara, y eso es muy cinematográfico, porque me permite jugar con los límites de la realidad y la ficción”, añade.

Es la segunda vez que repite con Salomé, con quien se convirtió en una capo de la droga improvisada en Mamá María, y cuando se le menciona ella misma recuerda que trabajó hasta en cuatro ocasiones con Chabrol, algo que siente como la confirmación de que entre ambos se forma “un efecto mutuo de disfrute que crea condiciones muy armoniosas”. Unas condiciones que han ayudado a que esta sea “una buena película”, pero se encarga de dejar claro que no lo es solo por el poder de la historia real que hay detrás. “Eso no es una garantía de una buena película, sino de una buena historia, pero luego hay que crear todo alrededor, y eso no es tan fácil”.

Un blanco fácil muestra cómo el Estado siempre antepone los intereses económicos a los de sus ciudadanos, y algo así ocurre en el cine francés que, como denunció Justine Triet al recoger la Palma de Oro por Anatomía de una caída, ve cómo la defensa de la excepción cultural francesa está en peligro por la entrada de las políticas neoliberales. Huppert, alérgica a meterse en líos y experta en esquivar balones, desvía la pregunta diciendo lo mucho que le apetece ver el filme, pero termina mojándose y diciendo que “hay que ser vigilante”. “En el cine francés tenemos muchos privilegios, pero hay que ser vigilantes, porque tenemos que cuidarlos. Es importante estar pendiente”, dice, y vuelve a añadir las ganas que tiene de ver el filme porque “dicen que es genial”. 

Más tranquila se muestra cuando se le recuerda que hace dos años, antes del éxito de As bestas, ella aseguró que le encantaría trabajar con Sorogoyen, algo que vuelve a decir tras el éxito del filme también en Francia. “Es que nunca he trabajado con un director español y me encantaría, hay grandísimos realizadores aquí. Todos nos alegramos muchísimo por el éxito de As bestas, pero ya la anterior que hizo me gustó muchísimo. En Francia tenemos la posibilidad de ver mucho cine, porque no solo tenemos una producción muy fuerte, sino también una exhibición muy fuerte”, dice y de alguna forma contesta, aunque de nuevo sin mojarse, otra vez a la importancia de esa excepción cultural francesa.

Otra vez, protestas; otra vez, un funcionario público agredido por los manifestantes. En esta oportunidad, el intendente de la ciudad santafesina de Rufino, Natalio Lattanzi, fue atacado por sindicalistas y manifestantes en una protesta por mejoras salariales.

Tal como sucedió con el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni en la movilización de colectiveros, el intendente fue abordado al llegar al lugar de la movilización. En este caso, los sindicalistas reclamaban en la entrada de la Municipalidad por suba de salarios, falta de asignaciones familiares y conflictos vinculados a la obra social provincial.

Cuando el jefe comunal arribó a su lugar de trabajo, los manifestantes lo acorralaron e insultaron. Luego, según filmaciones del incidente, le tiraron agua y golpearon. Una vez que Lattanzi ingresó al edificio, asistido por el personal de seguridad, los sindicalistas continuaron arrojando piedras contra el establecimiento.

Lattanzi habló con los medios locales expresó que no se dejará intimidar por sus agresores. “Nosotros, lejos de que nos metan miedo, vamos a sostener la cultura del trabajo y el que no trabaja no cobra. Hay gente perdiendo trabajo, hay pérdida de puestos laborales y esta gente, que debería tener la responsabilidad institucional de ver cómo resuelve el tema, viene a empeorar la situación, siendo que el de Rufino es un municipio que viene mejorando sustancialmente en el pase a planta permanente”, aseguró.

El ataque fue repudiado por referentes provinciales del PRO, entre los que destaca la precandidata a gobernadora y senadora nacional, Carolina Losada. “No voy a tolerar aprietes ni violencia como gobernadora en mi provincia”, sentenció vía Twitter.

ACM con información de NA

Once gobernadores y dirigentes de la “mesa chica” de la CGT se reunieron este lunes en la sede del CFI (Consejo Federal de Inversiones) para poner en marcha una mesa política tendiente a “reordenar al peronismo”, luego del cimbronazo que significó la renuncia de la vicepresidenta Cristina Kirchner a ser candidata en las elecciones presidenciales del año próximo.

Se trató del primer encuentro que se lleva a cabo en este sentido y se anticipó que la semana próxima habrá otro en el que se sumarán más actores del peronismo, como Intendentes y dirigentes de movimientos sociales.

“No hablamos todavía de candidatos, hablamos de reordenamiento del peronismo y que tenga fuerza de reacción, en eso estamos empeñados. Hay que debatir porque el peronismo tiene posibilidades de ganar el año que viene”, dijo a la salida del encuentro el referente de la CGT y titular de UPCN, Andrés Rodríguez.

Participaron de la reunión once gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires); Ricardo Quintela (La Rioja); Sergio Ziliotto (La Pampa); Sergio Uñac (San Juan); Mariano Arcioni (Chubut); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gildo Insfrán (Formosa); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mientras que Jorge Capitanich (Chaco) lo hizo mediante Zoom.

Por la CGT estuvieron dos de sus secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, como también Andrés Rodríguez, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez, Jorge Sola y Juan Carlos Schmid.

Llamó la atención que no hubo ningún emisario del presidente Alberto Fernández, quien también es el titular del Partido Justicialista.

Si bien hay dirigentes alejados del kirchnerismo que se entusiasman con que, luego de lo anunciado por Cristina Kirchner, el peronismo adquiera otra dinámica más horizontal y menos dependientes del dedo de la ex mandataria, lo cierto es que aún resta bastante para los comicios del año próximo y aún se desconoce el camino que seguirá el peronismo para afrontar las elecciones.

De hecho, en la reunión hubo algunos dirigentes del kirchnerismo duro, como Kicillof, Alicia Kirchner y Capitanich y los dirigentes consultados aclararon que ese sector participará de los encuentros.

Uno de los referentes de la CGT, consultado por el anuncio de Cristina Kirchner de que no se candidateará el año próximo en medio de su situación judicial, sostuvo: “No creo que vaya a cambiar la decisión”. En tanto, otro sindicalista consideró que es necesario que el peronismo vuelva a “enamorar” a la sociedad, que adquiera más “capacidad de reacción” y consideró viene habiendo “fallos” en esos aspectos. “Hay que poner el peronismo en movimiento”, insistió.

En el sector cegetista más distancia de la figura de Cristina, ven con buenos ojos una candidatura del actual ministro de Economía, Sergio Massa, para el año que viene, pero reconocen que primero será necesario que la situación económica mejore para que tenga chances.

Por su parte Cavalieri fue consultado sobre la vicepresidenta: “Ella parece que no quiere ser más candidata, está pasando por una situación ingrata”.

Sobre si cree que el presidente Alberto Fernández buscará su reelección, el referente del gremio de Comercio tomó algo de distancia luego del apoyo que le manifestaron durante todo este tiempo: “Hay que ver si él tiene consenso en el peronismo, desde la pandemia para acá lo de Alberto es lamentable”, sostuvo.

Antes de iniciada la reunión, Ricardo Quintela aseguró que hay muchos mandatarios provinciales que pueden ser “precandidatos del justicialismo” por “la experiencia y la capacidad demostrada de gestionar una provincia”.

Con información de NA.

IG

El presidente Alberto Fernández dijo este martes, a dos días de conocerse el índice de precios al consumidor de julio por parte del Indec y que se estima en valores cercanos al 8%, que en el transcurso de esta semana convocará a empresarios y a sindicalistas para acordar precios y salarios por los próximos 60 días, en un contexto de alta inflación y caída del salario real.

El mandatario dijo que acordó con el ministro de Economía, Sergio Massa, “en el transcurso de esta semana”, convocar a los empresarios y a los sindicalistas de Argentina y “sentarlos en una mesa para marcar una hoja de ruta para alinear precios y salarios por los próximos 60 días para que los argentinos dejen de padecer la inestabilidad que hoy viven en materia de precios”.

De acuerdo a Fernández, la Argentina “pudo volver a crecer en una situación mundial muy difícil”, al tiempo que pidió “adecuar los precios a los ingresos de la gente” y advirtió que “los especuladores no harán cambiar el rumbo” del Gobierno, al encabezar junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, la inauguración de un mercado concentrador de alimentos que ofrecerá productos a precios populares en el municipio de Lomas de Zamora.

“Nos tocó un tiempo muy difícil, pero a pesar de todo pudimos volver a crecer y a generar puestos de trabajo. Ahora tenemos que adecuar los precios a los ingresos de la gente y evitar la especulación”, señaló Fernández en uno de los tramos de su discurso.

En esa línea, el jefe de Estado aseguró además que quiere que “los salarios les ganen a la inflación”, y consideró que “hay que evitar la intermediación en la cadena de valor” de los precios para evitar a los especuladores.

“Queremos que el Estado esté presente para compensar las desigualdades. Por eso también es importante el trabajo de las organizaciones sociales y su producción”, destacó el Presidente en relación a la puesta en funcionamiento de este centro concentrador.

El Mercado Lomas se realizó con una inversión conjunta del Gobierno nacional, mediante el plan Mercados MultiplicAR, y de la provincia de Buenos Aires, a través del programa Mercados Bonaerenses, con el objetivo de “acercar a las vecinas y vecinos productos de calidad a precio accesibles”, según se precisaron.

El predio comercial, que beneficiará a más de 800.000 personas, incluye carnicería, verdulería, fiambrería, pollería, pescadería, panadería, artículos de limpieza y productos de elaboración local y así “disminuirá la intermediación de agentes en los precios” y podrá “poner en marcha la economía social” con “precios populares”.

Al respecto, Fernández reiteró: “Este mercado es muy importante porque va en camino de lo que queremos hacer, que es volver a poner en orden a los precios y adecuarlos a los ingresos de la gente”.

A la hora de hablar de la inflación, recordó que el Gobierno del Frente de Todos (FdT) “asumió con 54 puntos de inflación anual”, pero luego señaló que “hay que hacerle frente a ese problema que es uno de los problemas que más preocupan a los argentinos”.

“Quiero decirles que es uno de los problemas que más preocupa al Presidente de la Nación, que quiere que los salarios le ganen a la inflación y quiere que una vez por todas los precios se contengan y los especuladores desaparezcan de la escena. No queremos que (los empresarios) no ganen plata, sino que queremos que ganen lo justo”, sentenció.

Fernández adelantó hoy que junto al ministro de Economía, Sergio Massa, convocará a los empresarios y sindicalistas en los próximos días para “fijar una hoja de ruta para que los argentinos dejen de padecer con la inestabilidad de los precios”. En ese punto, no dudó en afirmar: “Unos pocos especuladores no nos pueden hacer cambiar el rumbo a nosotros”.

“No nos pueden obligar a torcer el rumbo quienes aumentan el valor del dólar en tres días. Tenemos que romper la lógica del individualismo y entender que somos una comunidad en la que todos necesitan de todos”, puntualizó.

Previo a las palabras del Presidente, el gobernador Kicillof afirmó que “en la cadena de valor los más débiles son los de ambas puntas: los productores y el que consume”.

“Por eso, la virtud de estos mercados es que eliminan eslabones, costos, precios artificiales, especulaciones porque estos mercados unen al productor con el consumidor directamente”, argumentó.

En su discurso, Kicillof aseveró: “Vamos a terminar con la especulación como fuente artificial de precios con estos instrumentos para abaratar los productos en la góndola y para que también los pequeños productores agropecuarios, que son explotados, reciban un precio justo por su trabajo”.

“Con esta política contribuimos a cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas”, sentenció el mandatario bonaerense.

Por su parte, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, contó: “Ni bien asumimos, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente Alberto Fernández nos dieron una sola misión: cuidar el bolsillo de los argentinos y las argentinas”.

“Ayer me decía Massa que ojalá tengamos 100 intendentes más que se animen a dar esta pelea contra aquellos que quisieron abusar con los precios en tiempos turbulentos”, dijo el funcionario.

Y en ese sentido, adelantó: “Vamos a generar todas las iniciativas como este Mercado para que haya precios justos en el marco de un capitalismo distinto guiado por otros valores”.

El flamante secretario de comercio marcó que “lo que tenemos por delante tiene que ver con este concepto de comercio justo. Eso genera alternativa para que los productores tengan acceso mucho más directo a la comercialización, para que la distancia entre la producción y la venta sea más corta y así haya precios justos sin tanta especulación ni abusos”, apuntó.

Otro de los oradores del acto fue el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien sostuvo que “bajar los precios para nosotros –el Frente de Todos- es un contrato electoral porque es una deuda que tenemos con nuestros votantes”.

En esa línea, reafirmó que “en cada municipio de la provincia va a haber un mercado para que se pueda garantizar la mesa de los argentinos con productos a precios justos”.

En el marco del acto, firmaron una carta de intención para construir mercados en 11 municipios, los intendentes: Marina Lesci (Lomas de Zamora); Juan José Fabiani (Almirante Brown); Andrés Watson (Florencio Varela); Karina Menéndez (Merlo); Lucas Ghi (Morón); Fernando Moreira (San Martín); Mayra Mendoza (Quilmes); Carlos Ramil (Escobar); Noelia Correra (Malvinas Argentinas); Mario Secco (Ensenada); y Alejo Chornobroff (interino de Avellaneda).

Participaron además de la inauguración en Lomas, la titular de Consejo Nacional de Coordinación de las Políticas Sociales, Marisol Merquel; el secretario general de la Presidencia, Julio Vittobelo; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y la titular del PAMI, Luana Volnovich, entre otros.

La inflación que viene

La inflación argentina, una de las más altas de América Latina, ya corría en junio pasado al 64 % anual y al 5,3 % mensual, pero las expectativas de inflación para el año se aceleraron al 90,2 % anual para diciembre de 2022.

El Gobierno de Alberto Fernández espera un dato mayor de inflación esta semana, ya que el jueves próximo el Instituto Nacional de Estadística y Censos difundirá el índice de precios al consumidor de julio de 2022, que el reporte de expectativas del Banco Central prevé en un 7,5 % mensual.

El presidente reconoció que la inflación es uno de los problemas que más preocupan a los argentinos y que quiere que “los salarios le ganen a la inflación”.

La inflación “no es solo un problema que debe resolver el Gobierno, sino responsabilidad de todos y cada uno”, dijo el presidente Alberto Fernández.

Con información de agencias.

IG