En uno de los pulmones geográficos del poder económico brasileño, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo conocida por su sigla Fiesp, los grandes empresarios pudieron conversar hoy largo y tendido con el ex presidente Lula da Silva. Y el actual candidato a un tercer mandato en su país, les dijo lo que ellos querían oír. Se comprometió, públicamente a recuperar el superávit fiscal; defendió una reforma tributaria a fondo; y sostuvo que está dispuesto a realizar una amplia “reforma administrativa” del sector público federal.

Así sintetizado, no parecería diferenciarse mucho de lo que comúnmente se escucha en estas latitudes, entre economistas enrolados en la variantes neoliberales. Sólo que en este caso específico, el ex mandatario tuvo argumentos de peso: el superávit de las cuentas públicas, dijo, para él “es una profesión de fe”. Su experiencia en las dos primeras administraciones que le tocó dirigir, entre 2003 y 2010, reveló que siempre preservó una gestión superavitaria del fisco; y eso a pesar de realizar políticas de salud, de educación, de vivienda y de contención social con resultados difíciles de objetar.

Fue contundente al sostener que hay que reformar administrativamente el Estado. “Es preciso porque hay muy poca gente ganando mucho dinero y mucha gente ganando muy poco. Precisamos tener un equilibrio y hay mucha gente preparada para repensar Brasil”. Con todo, esta reestructuración estatal no figura en el plan del gobierno diseñado por el PT donde lo que se afirma es que “hay que valorizar al funcionario público” y acusa al actual presidente Jair Bolsonaro de haber “basureado a las instituciones del Estado”.

Sobre las normas impositivas brasileñas, argumentó que es indispensable modificarlas pues “es la única manera” de garantizar dinero para el Sistema Único de Salud (SUS). “No podemos gastar más de lo que recaudamos ni crear deuda para financiar gastos presupuestarios: ”Precisamos una reforma tributaria que sea justa para todos; que paguen más aquellos más ricos“.

Lula fue acompañado a la Fiesp por una comitiva que incluyó a su vice, Geraldo Alckmin; a André Lara Resende, que presidió el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) en el primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso; por el coordinador de su plan económico, Aloizio Mercadante; y por el ex canciller Celso Amorim.

Entre los Ceos de las principales empresas no pasaron desapercibidas las bromas del líder petista por su sociedad con el ex gobernador paulista Alckmin. Para él, esa unión “es una de las grandes novedades políticas de este país, pues ya fuimos adversarios”. Cuestionó a su adversario, el actual jefe de Estado, a quien acusó de “dilapidar el dinero de los contribuyentes en su campaña política” por el hecho de tomar medidas de auxilio a los más pobres que sólo tendrán vigencia entre este mes y diciembre. “A mí me preocupa si el pueblo aceptará pacíficamente que le retiren esos beneficios después de las elecciones” advirtió.

A la cabeza de los empresarios, que se reunieron en el auditorio de la Fiesp, estaba desde luego el titular de la Fiesp, Josué Gomes da Silva. No se trata de cualquier personaje: es nada menos que el hijo de José Alencar, quien acompañó como vicepresidente a Lula durante los 8 años de gestión. Desde luego, Josué mantiene con Lula una entrañable relación, desde los tiempos de su adolescencia; y su padre murió un año después de dejar Brasilia en 2011.

Describió como su primerísima tarea, luego de asumir, convocar a una inmediata reunión con los 27 gobernadores del país. “Quiero restablecer el pacto federativo”, lo que implicará definir las tres obras prioritarias en cada estado para dinamizar la economía brasileña y generar fuentes de empleo.

Lula aprovechó la cita para dejar un recado para las Fuerzas Armadas, al poner en tela de juicio la idoneidad del cuerpo para controlar los cómputos de los comicios el 2 de octubre próximo. “¿Qué negocio es ese de fiscalizar las urnas por militares? Ellos tienen que fiscalizar las fronteras del país”.

 CC