El gobierno de Venezuela dio un paso más en su reclamo contra Argentina por el secuestro del avión de Emtrasur y se presentó formalmente ante el juez federal Federico Villena para oponerse a la incautación de la aeronave de bandera venezolana y solicitar acceso al expediente, según reveló este jueves CNN en Español. 

La gestión de Nicolás Maduro le dio un poder judicial al abogado Gabriel Palmeiro, socio del estudio de Maximiliano Rusconi, informó la corresponsal del medio en Caracas. Ambos son abogados del ex ministro de Planificación y otrora aliado del fallecido presidente Hugo Chávez, Julio de Vido, a quien representan en el juicio oral y público por el caso Vialidad, entre otras causas.

Palmeiro realizó su presentación en la causa días después de que Rusconi visitara Venezuela la semana pasada y mantuviera una reunión con la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, y el canciller Carlos Faría para asesorar al gobierno de Maduro en la causa del avión de carga, informó CNN en Español en base a fuentes del gobierno argentino y de la defensa.

Villena ordenó la incautación conjunta del Boeing modelo B747-3B3 a pedido de un tribunal de Columbia, Estados Unidos, por lo que el avión, que estaba secuestrado a disposición de la Justicia argentina, quedó retenido en el país a disposición de ambos países. Palmeiro afirmó en un escrito presentado este miércoles ante el juez que la medida “representaría una arbitraria injerencia en el  patrimonio público de la República Bolivariana de Venezuela y en los derechos que atañen a su soberanía”, de acuerdo con el escrito al que accedió CNN. 

Maduro y miembros de su gobierno se han manifestado públicamente contra la Justicia argentina tras la decisión del juez del caso pero esta es la primera vez que el gobierno de Venezuela se presenta ante el juzgado. Palmeiro informó en su escrito que representa a Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, procurador general de Venezuela y principal abogado del Estado de ese país. 

Palmeiro acompañó el escrito con un poder especial judicial firmado por el Procurador venezolano y solicitó acceso a la causa para extraer copias “con el objeto de analizar los caminos procesales tendientes al aseguramiento de los  derechos” del Estado de Venezuela por tratarse de un avión de bandera venezolana y “en razón del carácter público de la firma Consorcio Venezolano  de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (CONVIASA)”, accionista de Emtrasur. El abogado también solicitó representar a Emtrasur, que ya tiene otro abogado en el expediente.

El avión de matrícula venezolano, se encuentra retenido en Ezeiza desde el 8 de junio principios de junio mientras se investiga si la tripulación tendría vínculos con posibles actividades terroristas en el país. La tripulación, integrada por catorce venezolanos y cinco iraníes, tiene prohibición de salida del país. El juez había levantado esta restricción para doce de ellos (once venezolanos y un iraní), tras el análisis de sus dispositivos electrónicos, pero la fiscal Cecilia Incardona apeló la medida a favor de los imputados y ahora la Cámara Federal de La Plata debe analizar su planteo.

La aeronave fue objeto de una inspección de rutina de la Policía Federal Argentina y con la participación del agregado del FBI en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, previa al secuestro conjunto autorizado por el juez.

La fiscal Incardona había dictaminado que era “formalmente procedente” el reclamo de la Justicia de los Estados Unidos.

Palmeiro también adelantó en el escrito que planteará que “el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con el gobierno de Estados Unidos de América no resulta aplicable al caso que nos ocupa y por lo tanto, no puede utilizarse dicho instrumento  con el objeto de cercenar los derechos de mi poderdante”, ya que el juez se basó en este tratado de cooperación internacional para hacer lugar al pedido de Estados Unidos.

Este tratado, dijo Palmeiro “resulta de exclusiva aplicación en los procedimientos relacionados con cuestiones penales mientras que la pretensión que pretende canalizar en autos el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica resulta de otra naturaleza (comercial), cuestión que, además, lo priva de legitimación activa en estos actuados”.

El pedido se suma al ya realizado por otro abogado argentino, Daniel Ramón Trava, quien representa a Emtrasur en el expediente y ya apeló la decisión de incautar el avión a disposición de Estados Unidos, argumentando que “se está produciendo un gravamen irreparable”, según otro documento al que accedió CNN.

En la orden de incautación de la Justicia de Columbia se indicaba que el avión de fabricación estadounidense “está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones” de ese país y que en este caso la violación estaría relacionada “con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní” a una firma venezolana. Mahan Air estaría vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a las Fuerzas Quds, calificada como supuesta organización terrorista por Estados Unidos.

La venta del avión, según surge de un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue por parte de Mahan Air a Emtrasur, aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A (Conviasa), una empresa pública de Venezuela.

ED

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, hizo lugar este jueves al pedido de los Estados Unidos de incautar el avión venezolano retenido en Argentina por haber estado supuestamente involucrado en acciones terroristas, informaron fuentes judiciales. La decisión se conoce en momentos en que escaló la tensión con el gobierno de Venezuela, que reclamó vehemente a la Argentina que libere la aeronave y deje salir del país a la tripulación venezolana.

El avión, retenido en Ezeiza desde hace más de dos meses, quedó en manos de agentes del FBI de los Estados Unidos, que hicieron una nueva inspección de la nave. El avión, que permanece en el aeropuerto internacional de Ezeiza, quedará en la Argentina a disposición de la justicia local y, ahora también, de la de Columbia, que había reclamado su incautación.

El juez Villena tomó la decisión en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con Estados Unidos aprobado por la ley 24.034, informaron las fuentes consignadas por la agencia oficial Télam.

Más temprano la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, había dictaminado que era “formalmente procedente” el reclamo de la Justicia de los Estados Unidos de incautar el Boeing 747-300 de la empresa Emtrasur.

A principios de agosto el Departamento de Justicia de Estados Unidos transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para incautar un avión de carga Boeing 747-300, luego de que se revelara una orden de incautación emitida por la corte de Distrito de Columbia el 19 de julio pasado.

En la orden de incautación de la Justicia de Columbia se indicaba que el avión de fabricación estadounidense “está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones” de ese país y que en este caso la violación estaría relacionada “con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní” a una firma venezolana.

Cuando se comunicó la decisión de la Justicia de Columbia, el departamento de Justicia norteamericano recordó también el supuesto vínculo de Mahan Air al Hezbollah con a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF), una organización sindicada como terrorista por los Estados Unidos.

La venta, según surge del comunicado, fue de Mahan Air a la “Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur, S.A. (Emtrasur), una aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A (Conviasa) , una empresa estatal venezolana”, algo que también fue expuesto en la causa judicial que tramita en Lomas de Zamora, por los propios tripulantes del avión.

El dictamen de la fiscalía de Lomas de Zamora se conoció después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela criticara en duros términos al gobierno de Alberto Fernández y a la fiscal Incardona.

Las criticas siguieron a declaraciones, el lunes, del presidente Nicolás Maduro y del diputado, vicepresidente del Partido Socialista Unido y uno de los hombres fuertes de régimen, Diosdado Cabello, quienes exigieron a Fernández que devuelva el avión.

Maduro lanzó fuertes críticas contra el gobierno argentino. “Ahora se nos quiere embargar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de La Florida. O sea que a partir de ahora un tribunal de La Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo”, dijo Maduro. “¿No hay dominio soberano? ¿No hay respeto a la soberanía? ¿No hay respeto a la ley internacional o es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos?”, preguntó en una alocución transmitida por la televisora estatal VTV.

Esas críticas generaron que la Procuración General de la Nación (PGN), interinamente a cargo de Eduardo Casal, enviara una nota a la cancillería argentina para expresar su “profunda preocupación institucional”. El texto lleva la firma del titular de la secretaría de Coordinación Institucional de la PGN, Juan Manuel Olima Espel, y fue dirigido al secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Pablo Tettamanti.

Con información de Télam