Enrique Eskenazi, fundador del Grupo Petersen y uno de los hombres clave del empresariado argentino, murió a los 99 años. Así lo informó este lunes su familia en un comunicado. Bajo su direccion, el Grupo amplio sus actividades, desde bancas hasta el sector energético y los agronegocios. Según la revista Forbes, “la fortuna familiar creció considerablemente en los últimos años, pasando de US$ 490 millones en 2020 a US$ 1.150 millones en 2024”, convirtiendo al empresario en uno de los veinte hombres más ricos de la Argentina.

Pero su nombre tambien estuvo rodeado de polemica. En 2015, el estudio inglés Burford Capital, inicio una demanda contra la Argentina luego de comprarle a Petersen Energía y Petersen Energía Inversora los derechos para litigar. En concreto, el juicio comenzo a partir de una denuncia por supuestas irregularidades en la estatización parcial de YPF realizada en 2012, bajo la segunda presidencia de Cristina Fernandez de Kirchner.

La familia Eskenazi fue introducida en el accionariado de YPF en 2008, a instancias de Néstor Kirchner, con el supuesto objetivo de limitar el desmanejo de la española Repsol, que controlaba la petrolera argentina desde fines de la década de 1990s. Petersen –quien llegó a la vicepresidencia– adujo luego que la expropiación, la crisis de reputación y el corte del giro de dividendos derivaron en la quiebra de sus empresas españolas que manejaban su participación en YPF, y entró en liquidación en un juzgado de Madrid. Allí apareció Burford.

Sin embargo, en 2020, la jueza federal estadounidense Loretta Preska dio por hecho que la familia Eskenazi, dueña del Grupo Petersen y exaccionista minoritaria de YPF, tiene un interés económico detrás de la demanda que lleva adelante el fondo angloestadounidense Burford contra la petrolera por miles de millones de dólares. Según dejó asentado Preska en el expediente, Burford y Petersen coordinaron parte de la estrategia legal y a ambos beneficiaría la indemnización reclamada, vinculada a la estatización de la empresa de gas y petróleo en 2012. En septiembre de 2023, Preska condenó al Estado Argentino a pagar hasta US$ 16.000 millones aunque el juicio todavía continúa.

Enrique Eskenazi había nacido el 4 de agosto de 1925 en la ciudad de Santa Fe. Allí estudió en la Universidad Nacional del Litoral donde se graduó como ingeniero químico. También se especializó en ingeniería de alimentos y continuó sus estudios en el Research Department of Continental Can Corp. y el Illinois Institute of Technology, en Estados Unidos.

Pero su carrera empresarial comenzó en Grupo Bunge y Born, donde 1980 fue designado como gerente general en la constructora Petersen, Thiele & Cruz SA. Diez años más tarde, Eskenazi lograba comprar la empresa y se sumaba a la ola privatizadora del gobierno menemista y comenzó a adquirir bancos provinciales.–Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Banco Santa Cruz–. Fue entonces cuando comenzó su vínculo con el kirchnerismo.

En 2007, finalmente le compra a Repsol el 14,9% de YPF por US$ 2.235 millones.

El grupo incursionó también en el sector financiero con la fintech Plus Pagos y en el agro con la empresa Santa Sylvia que manejaba 10.000 hectáreas en San Juan.

El holding de empresas que hoy componen el Grupo Petersen son Petersen, Thiele & Cruz; Banco Santa Fe; Banco Entre Ríos; Banco San Juan; Banco Santa Cruz; Mantenimientos y Servicios; Qualia; ASJ Servicios; Plus Pagos y Santa Sylvia.

Junto a Sylvia Toni Storey de Eskenazi tuvieron cinco hijos –Esteban, Ezequiel, Sebastián, Matías y Valeria–,y 14 nietos y 9 bisnietos.

La jueza federal del distrito sur de la ciudad de Nueva York Loretta Preska condenó al Estado Argentino a pagar hasta US$ 16.000 millones al fondo especializado en litigios judiciales Burford Capital, por supuestas irregularidades en la estatización parcial de YPF, llevada a cabo en 2012. Esa firma británica había comprado el derecho a litigar al Grupo Petersen, un conglomerado con vínculos sólidos con los Kirchner y otros sectores políticos en la Argentina, y al fondo Eton Park, ambos accionistas minoritarios en la petrolera cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió la participación de la española Repsol.

El Gobierno argentino anunció que apelará “inmediatamente” esta resolución y que el presidente Alberto Fernández ya evaluó la situación con la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini, un hombre con una histórica relación con la familia Eskenazi, propietaria del Grupo Petersen. “Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, indicó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en un posteo en X.

La expropiación de YPF se realizó bajo la segunda Presidencia de Cristina y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como viceministro de Economía e interventor en la petrolera. Tras años de negociaciones y marchas y contramarchas, la jueza Preska ya había fallado contra Argentina en marzo pasado, eximiendo a YPF de responsabilidades. El monto de la indemnización había sido diferido por la magistrada para la segunda mitad de 2023.

Derrota en todos los planos

En los últimos meses el eje del debate en el juzgado de Preska estuvo centrado en qué tasa debía aplicarse a los intereses, y a partir de qué fecha debían correr. En la aspiración del Estado argentino, el monto final no debía exceder los US$ 4.900 millones. Para Burford Capital, debía estirarse hasta US$ 16.000 millones. Preska coincidió con el fondo buitre.

Antes, Argentina había perdido el argumento de fondo. Según los abogados de la Procuración del Tesoro, a cargo de Zannini y del jurista Sebastián Soler, la ley de expropiación de Argentina prevalecía sobre lo establecido en el estatuto de YPF redactado en el momento de la privatización, en 1993, y validado ante las autoridades bursátiles de Nueva York, donde comenzó a cotizar la companía. De allí que Kicillof considerara en su momento que era propio de un “tarado” aplicar el estatuto de la empresa, una declaración mencionada por Preska a la hora de fallar contra Argentina.

Además, la Procuración también cuestionó la jurisdicción, ya que consideraba que el reclamo de Petersen debía ser tratado en tribunales argentinos.

De su lado, Petersen/Burford pretendieron hacer valer el estatuto de 1993 que establecía que un cambio accionaro superior a 15% debería disparar una oferta obligatoria de compra de otros accionistas minoritarios a un precio agravado. Según el Estado argentino, esa previsión, no exótica en el derecho comercial, tenía por destino proteger a los propietarios minoritarios ante una oferta de compra hostil de una parte del equity en manos de un accionista en quiebra.

Petersen adujo que la expropiación, la crisis de reputación y el corte del giro de dividendos derivaron en la quiebra de sus empresas españolas que manejaban su participación en YPF, y entró en liquidación en un juzgado de Madrid. Allí apareció Burford.

Tras ocho daños de litigio, la jueza Preska rechazó todos los argumentos del Estado argentino. Terminó dándose la situación llamativa de que la magistrada se arrogó el derecho de establecer una indemnización según lo que establece el Código Comercial argentino en cuanto a intereses y derechos de las partes en litigio. Para ello, debió hacerse de copias traducidas de la ley argentina, que aplicó con desconocimiento de la jurisprudencia local.

Documentos aportados a la causa demuestran que, en el convenio firmado el 4 de marzo de 2015, se estableció que el fondo radicado en Londres recibiría 70% de los eventuales beneficios del juicio y Petersen, 30%.

Para YPF, el de Preska es “es un fallo positivo” porque “la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional” y que por eso “sus activos están fuera de riesgo”. La contracara es la del Estado argentino, controlante del 51% de la petrolera que estaba en manos de Repsol. La condena de Preska es por el máximo monto demandado por el fondo buitre británico. No obstante, tanto la jueza como Burford admiten en sus textos oficiales que se abre una vía de negociación sobre el monto final y la forma de pago, en caso de que la sentencia sea confirmada.

La pista madrileña

En 2015, Burford Capital compró al Grupo Petersen el derecho a litigar en España, donde tramitaba la quiebra de dos empresas creadas por los Eskenazi. Esa familia accionista del Banco de Santa Cruz —donde Zannini fue director por la provincia homónima entre 2015 y 2019— y de firmas agropecuarias había creado dos sellos fantasma en Madrid como controlantes de la participación de 25% en YPF.

A través de esas empresas, los Eskenazi recibían giros y pagaban a Repsol su ingreso a YPF, que a su vez era financiado por los propios dividendos de la petrolera argentina. Para que el esquema funcionara, Repsol y los Eskenazi aceleraron el reparto de dividendos de YPF, en detrimento de las inversiones y de la producción. Eton Park, por su parte, había comprado 1,63% del capital de YPF en 2010, por unos US$ 250 millones.

En junio de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un pedido de la Argentina para ponerle fin a la demanda de los exaccionistas de YPF. A partir del próximo lunes, los representantes del Estado Nacional tendrán la oportunidad de apelar o negociar y Burford Capital podrá solicitar embargos sobre los activos soberanos.

Tras la noticia, las acciones de Burford tuvieron un salto superior al 30% en la plaza londinense. El derecho a litigar en nombre de Petersen es el principal activo del fondo buitre, que podría recibir en poco tiempo un beneficio que multiplicaría por cientos de veces su capital inicial.

Los Eskenazi, con derechos sobre el reclamo

En 2008, la familia Eskenazi fue introducida en el accionariado de YPF a instancias de Néstor Kirchner, con el supuesto objetivo de limitar el desmanejo de la española Repsol, que controlaba la petrolera argentina desde fines de la década de 1990s.

El primer paso de Petersen/Eskenazi en YPF consistió en el compromiso de pago de US$ 2.235 millones a cambio de una participación de 15%. Más tarde, el grupo de los Eskenazi amplió su inversion hasta 25% de YPF con otros US$ 1.000 millones.

Las vinculaciones de los Eskenazi con los Kirchner eran estructurales en territorio patagónico. El litigio por YPF no impidió que el grupo mantuviera el control del Banco de Santa Cruz

Como informó la agencia estadounidense REDD Intelligence, la jueza Preska dio por probado que los empresarios argentinos mantuvieron múltiples reuniones con negociadores de Buford para discutir la estrategia legal. Documentos aportados a la causa demuestran que, en el convenio firmado el 4 de marzo de 2015 mediante el que Burford compró a la filial de los Eskenazi en España el derecho a litigar, por USD 15,1 millones, se estableció que el fondo radicado en Londres recibiría 70% de los eventuales beneficios y Petersen, 30%.

El vendedor de los derechos fue el síndico de la quiebra de los sellos de Petersen en España. Fuentes con acceso a la causa indicaron que habría que dilucidar cuánto del 30% que les toque a los Petersen deberá saldar deudas con otros acreedores.

Las vinculaciones de los Eskenazi con los Kirchner eran estructurales en la provincia de Santa Cruz. El litigio por YPF no impidió que el grupo mantuviera el control del Banco de Santa Cruz, que funciona hasta el día de hoy como casa financiera principal en ese territorio patagónico.

Además de intereses financieros, el Grupo Petersen tiene activos en el agronegocio y en la obra pública. Es uno de los aportantes clave de la Fundación Mediterránea, que acaba de presentar el programa económico de Patricia Bullrich a cargo de Carlos Melconian. A su vez, el Grupo era señalado dentro del PRO como el principal sustento privado de la fallida candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, con quien Sebastián Eskenazi tendría una relación cercana.

SL/JJD

En días recientes, voces prominentes de Juntos por el Cambio (JxC) pusieron sobre la mesa temas que consideran cruciales para la Argentina que viene. Ninguno estuvo relacionado a la recuperación del nieto 133 por parte de Abuelas de Plaza de Mayo. La identidad del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, del hermano de Camilo, Miguel y Florencia, del nieto de Nélida Navajas, del primo y sobrino de tantas víctimas de una misma familia, se mantuvo secuestrada durante 46 años, hasta horas atrás.

Por algún motivo que la historia juzgará, la coalición conservadora decide que los asuntos vinculados a los crímenes de lesa humanidad no son de su incumbencia —ni siquiera los esperanzadores, como una identidad recuperada— , mientras le dedica energía a personajes como Roberto García Moritán, o temas como los siguientes.

Uno: Varios de sus dirigentes se prendieron a la versión de que la ministra Carla Vizzotti autorizó que una conocida despidiera a su marido antes de morir de COVID-19, en agosto de 2020, cuando visitas de ese tipo, según la denuncia, estaban prohibidas. El caso transitó una ruta conocida. Los portales y diarios de mayor difusión dieron aire a la denuncia, los canales de noticias y las radios oficiaron de altavoz de la “polémica”, y líderes de JxC prometieron el fin de los privilegios inaceptables.

Dos: María Eugenia Vidal creyó ver “otro relato K” en el precario acuerdo con el FMI anunciado por Sergio Massa y arriesgó que “el peronismo” negoció más préstamos con el organismo multilateral que “los militares” y cualquier otro Gobierno. En el cómputo de la exgobernadora bonaerense, el mérito mayor se lo lleva Cambiemos, que solamente contrajo un único crédito con el Fondo, en 2018.

Tres: Uno de los precandidatos presidenciales de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, hizo de la baja en los homicidios en la Ciudad de Buenos Aires uno de los ejes de su campaña. Atribuye el logro a su “gestión”. El lema “la capital más segura de América Latina” resuena decenas de veces por semana.

La conversación

Con intermitencias, cuando quedan estacionadas promesas de cárcel, combates a todo o nada contra las “mafias” y alegorías eliminatorias del adversario, el imaginario de JxC se ilusiona con un ágora pacífico y civilizado: “la conversación pública”. Una discusión en torno a datos, argumentaciones elaboradas y ejemplos de virtud. Es decir, una Argentina de debates cordiales en el MALBA, no ocupada en historias de desaparecidos, sin peronismo ni una izquierda más disruptiva que la corporizada en el Partido Socialista de Santa Fe.

No es objeto de esta nota abundar en los ejes mencionados (Vizzotti, FMI, homicidios en CABA), pero algunas aclaraciones básicas son ilustrativas para enmarcar la verdadera calidad de la “conversación pública”. 

La ilusión de una Argentina de debates cordiales en el MALBA, no ocupada en historias de desaparecidos, sin peronismo ni una izquierda más disruptiva que la corporizada en el Partido Socialista de Santa Fe

En el momento en que Vizzotti supuestamente habilitó el privilegio excepcional para su conocida (el marido de la mujer en cuestión murió el 24 de agosto de 2020), ya era pública la vigencia de protocolos para acompañar a pacientes graves de coronavirus. El dato es crucial, porque echa por tierra la intención de reeditar el justificado enojo colectivo ante el festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos o la vacunación de algunas decenas de personalidades VIP cuando comenzó la inmunización.

Sobre la deuda externa, el macrismo dio muestras de una osadía difícil de medir. El 40% de los votos con el que se despidió Cambiemos de la Casa Rosada en 2019 permitía prever que continuaría dando batalla, pero cabía esperar que sus dirigentes evitaran hablar del endeudamiento, dado el traumático experimento de Macri. La intuición fue errónea. No bien dejaron el Ejecutivo, los dirigentes de JxC sacaron a relucir todo tipo de alquimias para denunciar que el verdadero “endeudador serial” era Alberto Fernández. ¿Mercados de deuda en pesos y dólares cerrados, con un default prácticamente consumado? ¿FMI con la cuota de endeudamiento excedida en 1.000% por el préstamo a Cambiemos? ¿Pandemia? ¿Guerra en Ucrania? Pequeños detalles.

La inercia llevó a Vidal a tuitear sobre acuerdos con el FMI sin considerar que el único que contrajo Macri, por US$ 57.000 millones (de los que se efectivizaron US$ 44.500 millones), fue el mayor de la historia del organismo y largamente superior a la suma de todos los préstamos otorgados al país hasta entonces, que además habían sido, en su mayoría, refinanciaciones de créditos anteriores.

La bandera sobre la baja en los homicidios dolosos en la ciudad de Buenos Aires es algo más sofisticada. El descenso es real. Los 89 asesinatos cometidos en la Capital Federal en 2022 fueron menos que los 96 de 2019 (-7%), o los 185 de 2014 (-50%). Ocurre que ese descenso es consistente con lo que viene ocurriendo en todo el país tras el máximo histórico de homicidios dolosos en 2002. Por caso, en la provincia de Buenos Aires, que es utilizada por Rodríguez Larreta para marcar el contraste con su “gestión”, hubo 740 homicidios en 2022, frente a 877 en 2019 (-15%) y 1.496 en 2014 (-50%). Son datos del Sistema Nacional de Información Criminal. ¿Se trata, entonces, de una excepcionalidad disparada por la eficiencia del precandidato presidencial, o es más bien un patrón nacional que merece explicaciones más detalladas?

La mentira, al galope

La antropóloga estadounidense Eugenie Scott, exdirectora del National Center for Science Education, confrontó durante buena parte de su carrera con el creacionismo, andamiaje que busca refutar con literalidad bíblica las teorías evolucionistas sobre el origen del universo y el ser humano. Preocupada más por el cómo que por el qué discutir con ese movimiento —le interesaba llegar a su público, no dar entidad a sus teorías—, Scott creó el concepto “Gish gallop”, o “galope de Gish”, que remite al bioquímico Duane Gish, mentor del creacionismo.

La prédica de Gish consistía en combatir a la ciencia tradicional con una metralleta de datos, algunos ciertos, muchos falsos, todos hilvanados de forma antojadiza en un loop infinito en el que la certeza pareciera imposible. Mediante el aprovechamiento de hitos inexplicados por el evolucionismo, deslegitimaciones personales (el enemigo tiene intereses ocultos o, directamente, no es persona) y falacias de composición, Gish encontró sus “verdades”.

Preocupada más por el cómo que por el qué discutir con ese movimiento —le interesaba llegar a su público, no daba entidad a sus teorías—, Scott creó el concepto “Gish gallop”, o “galope de Gish”, que remite al bioquímico Duane Gish, mentor del creacionismo

El secreto del galope de Gish radica en que su refutación requiere explicaciones áridas, o tal vez simples, pero que no están a mano en el momento del debate. Bajo el reino de las redes sociales y la comercialización de datos privados para hurgar en las preferencias personales más recónditas, los impulsores de las teorías conspirativas se hacen un festín.

Feijóo naufraga en la repregunta

Aunque la política es mucho menos nítida que la ciencia, el concepto Gish se trasladó de terreno y en las últimas semanas abrevó en España.

El conservador Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular, PP) comenzó la campaña con viento a favor, seguro de su victoria. Así llegó al debate televisivo “cara a cara” con Pedro Sánchez. El gobernante socialista creía que tendría allí una oportunidad de revertir la ola, pero perdió. Según la opinión unánime, el conservador manejó mejor el tono, la actitud, golpeó de entrada y descolocó a su rival. “No es cierto”, “no es así”, atinó a defenderse Sánchez, desencajado, ante datos disparados a repetición por Núñez Feijóo.

El postulante conservador mintió. Maquilló o malversó cifras, citó documentos y fallos judiciales inexistentes, inventó pasados. Lo hizo con convicción; dio mejor en cámara. Fue el “galope de Gish”, identificó el escritor y periodista Guillem Martínez.

La mentira enseñoreada en política tiene un aliado fundamental en el periodismo, sea por complicidad, mala praxis, recursos insuficientes o la vocación equilibrista para dar lugar a las dos campanas. Ya lo dijo el poeta. Si nada es verdad porque a cada uno le cabe un poco de razón, terminamos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos.

Una periodista del canal público Televisión Española no dejó pasar una falsedad del candidato en cuanto a los aumentos jubilatorios durante los gobiernos del PP. Ante esa experiencia inédita (la repregunta), el galope de Gish-Feijóo tropezó. El candidato se ofuscó y las redes conservadoras pidieron la cabeza de la cronista.

A partir de allí se desencadenó una seguidilla de episodios que sacaron de libreto a Núñez Feijóo. Algunas voces sostienen que la victoria del conservador en el debate le terminó propinando una derrota. Que el KO a Sánchez haya sido tan notorio hizo que los argumentos del Núñez Feijóo quedaran demasiado expuestos y, con ellos, su falsedad. Por esa u otras causas, se produjo una oscilación en el voto de los españoles que permaneció imperceptible para las encuestas y alejó al opositor de derecha de un puesto para el que ya se había calzado el traje.

Se llama “galope de Gish” porque la antropóloga Scott no conoció a Jaime Durán Barba.

El manual del buen mentir

“Pobreza cero”, “un tercio de los argentinos son pobres” (2015), “la mitad de los argentinos son pobres” (2023), “catorce toneladas de piedras”, “se robaron un PBI”, “sus únicos aliados son Irán y Venezuela”, “hace cuarenta años que Argentina no crece”, “setenta años de populismo”, “sumamos 110 hectáreas de espacios verdes”, “cada vez viaja menos gente en subte, no tiene sentido construir más”, “rechazaron las vacunas de Pfizer, las mejores, por ideología”.  

Se llama 'galope de Gish' porque la antropóloga Scott no conoció a Jaime Durán Barba

Todas ellas son frases rectoras, de comprensión inmediata, algunas de las cuales parecen contener un dato. Allí hay una combinación de falsedades rotundas y aseveraciones que requerirían una explicación de método y contexto. Las definiciones sobre períodos largos (cuarenta años, setenta, un siglo) son un atajo útil para saltearse lustros virtuosos y otros lacerantes.

Federico Sturzenegger explicitó en una conferencia académica los cuatro consejos de Durán Barba a la hora de enfrentar un debate, que se pueden resumir en una palabra: mentir. .

Según se cansó de explicar el asesor ecuatoriano del PRO, el ciudadano vota de acuerdo a emociones, y la estrategia proselitista debe estar destinada a conmoverlas. No importa la verdad ni la razón. Llegado el punto, si el rival quiere debatir sobre pruebas y planes concretos, “hablá de tus hijos”, aconsejó Durán Barba a Sturzenegger.

Esa reducción de la política a un mero artificio es, además de nefasta, muy poco sólida. Probablemente el propio Durán Barba, un hombre con lecturas en su haber, difunda esos consejos, pero no los crea del todo. Por lo pronto, está demostrado que el galope de Gish puede ser efectivo un tiempo, hasta que se transforma en pólvora mojada. Durán Barba probó ser más efectivo para ayudar a ganar elecciones que para mantener a presidentes a salvo de crisis terminales o de derrotas categóricas cuando intentan la reelección. “Cuando seas Gobierno hacé lo que quieras, pero no lo digas” en la campaña, dijo el consejero en aquella memorable lección al inexperto candidato. Quizás allí hay un indicio de ciertas performances.

Para falsear, mejor el INDEC

Hacer frente a un galope de falsedades favorecidas por el sistema mediático dominante supone todo un desafío. El kirchnerismo tiene un largo recorrido en dar la batalla de manera poco lúcida, retirándose de los debates o enviando representantes poco prestigiados a lo que considera territorio hostil, mientras se recluye en sus propios ámbitos de discusión. Sopor endogámico autosatisfactorio.

Ninguna acción fue tan dañina y deslegitimadora para la voz kirchnerista como malversar la inflación medida por el INDEC, entre 2007 y 2015. Esa acción venal orquestada durante largos años por el actual candidato presidencial del sello Principios y Valores y continuada por otros no sólo causó un daño enorme al Estado, sino que restó al cristinismo capital simbólico para argumentar sobre el que había sido uno de sus principales logros: el descenso de la pobreza.

El creacionista Gish habría cruzado el Mar Rojo de rodillas si hubiera podido probar que Charles Darwin había inventado especies para construir la teoría de la evolución. Los Gish criollos tuvieron un regalo servido en bandeja que les da oxígeno hasta hoy.

Las huellas del Grupo Petersen

Esa forma vulgar de administrar el Estado tuvo un correlato que puede salir caro al país. En semanas se sabrá si la jueza estadounidense Loretta Preska condena a la Argentina a pagar US$ 4.920 millones o US$ 16.000 millones al fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigar al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi. La sentencia, obviamente, será apelable.

Que un juzgado federal de un distrito de Nueva York tenga la potestad de dictar una sentencia por un monto equivalente al presupuesto anual de varias provincias argentinas, en una causa originada en empresas fantasma creadas por los Eskenazi en España y vendida a un fondo radicado en Londres, dice mucho sobre la seguridad jurídica del caso. Ante la tendencia a admirar la seriedad de sistemas judiciales de países del norte, cabe consignar la opinión de Joseph Biden y los máximos dirigentes demócratas frente a la andanada de fallos cavernícolas dictados por la Corte Suprema estadounidense: un tribunal capturado por el trumpismo. Con esos bueyes hay que arar.

Un dato. Esta trama jurídica, por cuestionable que sea, existía en el momento de la expropiación del 51% de YPF, y la letra del estatuto de de la empresa aprobado con la privatización, en 1993, le dio las líneas suficientes a la jueza Preska para otorgar la razón al demandante.

Uno de los aspectos cruciales del caso no logra cobrar vuelo, pese a su enorme relevancia. Detrás o al lado de Burford están los Eskenazi, la familia introducida en el accionariado de YPF a instancias de Néstor Kirchner, con el supuesto objetivo de limitar los desmanes de Repsol.  

La trama jurídica de EE.UU., por cuestionable que sea, existía en el momento de la expropiación del 51% de YPF, en 2012, y la letra del estatuto de YPF le dio las líneas suficientes a la jueza Preska para otorgar la razón a Burford

Como informó la agencia estadounidense REDD Intelligence, la jueza Preska dio por probado que los empresarios argentinos mantuvieron múltiples reuniones con negociadores de Buford para discutir la estrategia legal. Documentos aportados a la causa demuestran que, en el convenio firmado el 4 de marzo de 2015 mediante el que Burford compró a la filial de los Eskenazi en España el derecho a litigar, por USD 15,1 millones, se estableció que el fondo radicado en Londres recibiría 70% de los eventuales beneficios y Petersen, 30%.

Será cuestión de investigar qué queda y dónde terminan los sellos creados por los Eskenazi en España, pero no parece haber muchos interesados. Al kirchnerismo, el asunto le resulta inabordable. Muestra su peor faceta por su concepción del capitalismo de amigos, cuando auspició el fraudulento ingreso de los empresarios santacruceños a YPF, y por la forma incorrecta en que llevó a cabo una estatización estratégica y positiva para el futuro de Argentina.

Un poco más llamativo es el poco énfasis de los aguerridos dirigentes de JxC en iluminar a los Eskenazi, al parecer, sus nuevos amigos.

El elemento sórdido es que la defensa legal del Estado argentino corre a cargo del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el mismo que ocupó la silla del Estado santacruceño en el directorio del Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi, durante los años de Macri en la Casa Rosada.

SL