En el último tramo del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la fiscalía solicitará que se investigue a al menos tres constructoras que han sido señaladas en las últimas dos semanas como presuntas partícipes de la maniobra para supuestamente defraudar al Estado. La constructora “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, serán denunciadas, según anunció Luciani el viernes 5 de agosto y corroboró elDiarioAR de una fuente de la investigación.

Los fiscales sostienen que estas empresas habrían participado en la “acción delictiva  analizada” durante su alegato y pedirán que se las investigue penalmente cuando llegue el momento del petitorio final, es decir, cuando la fiscalía solicite al tribunal las penas y decomisos contra todos o algunos de los imputados. Todos los acusados han negado siempre haber cometido delitos.

“El Grupo Báez y la Administración pública no actuaron en soledad. Contaron con la cooperación de empresas ajenas al Grupo, que oficiaron de acompañantes en las licitaciones investigadas y que le allanaron el camino a Báez para simular competencia y lograr adjudicaciones por montos muy superiores a los presupuestos oficiales”, dijo Luciani la noche del viernes 5, hacia el final de la audiencia de esa jornada. “Algunos ejemplos muy concretos de estas empresas son Peterser, Esuco y Equimac”, afirmó entonces.

Otras constructoras mencionadas por los fiscales durante las últimas dos semanas de  alegato fueron Eleprint (de Gustavo Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, principal entidad empresaria del rubro) y CPC (de Cristóbal López). Estas también participaron en licitaciones viales que terminó ganando Báez en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, pero lo hicieron en menor medida, por lo que la fiscalía se encuentra analizando si habrían o no participaron en la presunta simulación.

Eleprint, por ejemplo, aparece compitiendo con Báez y Eskenazi en la primera obra vial de Santa Cruz licitada durante la gestión de Fernández de Kirchner, en 2008, por la que el patagónico cobró un adelanto millonario pero comenzó la obra dos años más tarde.

elDiarioAR se comunicó con un vocero de Grupo Petersen, con la sede de la constructora Petersen y con la de Esuco, pero ninguna de las dos constructoras ni el holding respondieron sobre su versión de los hechos. En Equimac, nunca contestaron las llamadas ni respondieron un correo electrónico. Tampoco en CPC. En Eleprint, aseguraron a este medio que la empresa no tiene causas judiciales y que no abordarán el tema “por el momento”. También declinaron de hacer comentarios sobre la denuncia en la Cámara Argentina de la Construcción, que integran las cinco compañías. 

Una fuente ligada a Esuco descartó la acusación de la fiscalía y dijo a este medio que Báez siempre compitió con costos más bajos que sus competidoras “por la cantidad de obras ordinarias que realizaba”. También dijo que la constructora de Wagner tenía en esa época una base en Santa Cruz porque la provincia era uno de sus mercados.

Patrón

Un punto recurrente en la supuesta maniobra es que la Administración pública permitió sistemáticamente que las distintas empresas del Grupo Báez participaran en las mismas licitaciones, compitiendo entre sí, lo cual está expresamente vedado por la ley de contrataciones públicas, según los expedientes administrativos que expusieron los fiscales.

En muchos de los 51 casos analizados en el juicio, dos compañías de Báez se presentaban a las mismas licitaciones y competían con una tercera empresa para “simular” que las constructoras de Báez tenían competencia en la provincia, afirmaron Mola y Luciani. Este tercer oferente quedaba sistemáticamente descalificado porque no se ajustaba a las exigencias del pliego: ofertaba por encima de lo permitido (20% del presupuesto oficial), presentaba una garantía que de entrada se sabía que no iba a ser aceptada, entre otros “errores”. 

Luciani denominó a esta empresa como “acompañante de cortesía”. Esto implicaba, afirmaron los fiscales, que existía un acuerdo entre las empresas de Báez, los funcionarios y la empresa perdedora: ninguna de las empresas descalificadas se quejó, interpuso impugnaciones o denunció irregularidades porque eran parte de la maniobra en los doce años que duró la maniobra denunciada, dijeron los fiscales durante su alegato.

Petersen, de Eskenazi

El Grupo Petersen es de la familia Eskenazi y su presidente es Enrique Eskenazi, un empresario que supo construir excelentes vínculos con la familia Kirchner y llegó a adquirir el 25% de las acciones de YPF, cuando la petrolera era controlada por la española Repsol y a instancias de un intento de Néstor Kirchner por dotar de “capital nacional” a la empresa.

Petersen se presentó en 38 de los 51 procedimientos “ficticios”. Sin embargo, “en esas 38 oportunidades, no logró una sola adjudicación”, aseguró Luciani al exponer los detalles de los expedientes administrativos.

En 15 de las 38 licitaciones, la constructora presentó un presupuesto por arriba del 20% permitido por la ley, afirmó el fiscal. “Nos preguntamos si era razonable que una empresa que opera desde 1920, emita más de una treintena de ofertas inválidas, viciadas con los mismos errores”, agregó.

Enrique Eskenazi tenía y sigue manteniendo la concesión del Banco de Santa Cruz, luego de que la institución fuera privatizada por Néstor Kirchner, recordó Luciani en su alegato. Antes de convertirse en empresario de la obra pública, Báez había sido empleado en el banco.

Además, el fiscal mostró los ingresos de distintos empresarios de la familia Eskenazi, quienes “visitaron con asiduidad la quinta presidencial de Olivos, en donde residían Néstor Kirchner y Cristina Fernández”. Entre 2007 y 2011, suman 61 ingresos, según las planillas obtenidas del Ejecutivo por parte de la ONG Poder Ciudadano.

En 2008, la familia Kirchner obtuvo cuatro créditos por más de US$10 millones por parte del Banco Santa Cruz, “pocos días antes de que se concretara la adquisición del paquete accionario de la firma Hotesur, explotadora del hotel El Alto Calafate”, dijo el fiscal.

“Los estrechos vínculos entre la familias Kirchner, Eskenazi, Báez son suficientes para empezar a entender el porqué del comportamiento de la firma Petersen, Thales & Cruz en los procesos licitatorios”, sostuvo. “Esa empresa fue absolutamente funcional a los intereses del grupo Báez”, agregó. 

Esuco, era Wagner

La constructora Esuco era entonces manejada por Carlos Wagner, otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien dejó el mando de la compañía en manos de sus hijos luego de haber sido detenido en 2018 por el juez Claudio Bonadio y de haber declarado como arrepentido en el caso de los cuadernos. Por esa causa, debe afrontar un juicio por presunta asociación ilícita junto con Fernández de Kirchner, Julio De Vido y José López.

Este año, Esuco ganó el contrato para construir una planta compresora para el gasoducto Néstor Kirchner, según publicaron diversos medios.

Esuco participó en diez licitaciones en las que se presentó “y aparentó competencia” con las empresas de Báez, dijo Luciani. “Siempre que Esuco presentó ofertas lo hizo por montos mucho más altos que las empresas de Báez y superó en muchas ocasiones el 20% permitido, por lo cual sabía que iba a quedar descalificada”, aseguró el fiscal.

“Esto se hizo absolutamente adrede” y “no existía intención real de competir en estas licitaciones”; “nunca iba a ser considerada como la oferta más conveniente. Incluso, en una oportunidad, Esuco fue más allá y directamente resultó excluida (de la licitación) sin que llegara a conocerse su cotización”, detalló Luciani en referencia al expediente de repavimentación de la ruta 3, tramo San Julián-Aeropuerto de Río Gallegos.

Petersen fue absolutamente funcional a los intereses del grupo Báez.

Diego Luciani — Fiscal.

Equimac

En 2018, Cecilia Sztemberg, una de las accionistas de esta constructora con amplia trayectoria en la obra pública se presentó a declarar como arrepentida ante el fiscal Carlos Stornelli en el caso cuadernos. Como otras compañías del rubro vial, Equimac había sido nombrada como miembro del “Club de la Obra Pública” en la declaración de Wagner.

Aunque en menor medida que Petersen y Esuco, la empresa también formaría parte de la maniobra del caso Vialidad, según explicó Luciani.

“Equimac se presentó en siete de las 51 licitaciones” investigadas pero nunca ganó. Siempre se presentaba con montos más altos que Báez y en algunas oportunidades por encima del 20% del presupuesto oficial, afirmó el fiscal.

Hubo incluso licitaciones (por ejemplo la 10.562 y la 10.563) “en las que Equimac adquirió los pliegos de bases y condiciones con posterioridad a la presentación de la oferta”, aseguró Luciani. Eso estaba prohibido en el mismo pliego, según el documento exhibido en el alegato. 

Esto se hizo absolutamente adrede. No existía intención real de competir en estas licitaciones.

Diego Luciani — Fiscal.

Las ofertas de Equimac presentadas en esos expedientes tienen fecha del 16 de mayo de 2011. La apertura de sobres fue al día siguiente. Pero el recibo de compra del pliego, paso necesario para poder presentar dichas ofertas, fue fechado el 23 de mayo de 2011, cinco días más tarde.

Además, se cumplió otro patrón más que se ve en los casos de Esuco y Petersen: las licitaciones en las que participó Equimac tuvieron tiempos muy acotados para preparar las ofertas técnicas, cumplir con los términos de publicación del proceso y la real competencia. En un caso de 2005, tuvo apenas 96 horas para planificar y presupuestar una obra. “Era imposible presentar una oferta en ese tiempo”, afirmó Luciani. Equimac tampoco impugnó ninguna de las decisiones de los funcionarios que beneficiaron a Báez.

En una de las primeras licitaciones investigadas en la causa, de diciembre de 2004, quedó preadjudicada en una licitación con la oferta más conveniente, pero tres meses antes de que comenzaran las obras, Equimac se presentó ante Vialidad provincial para informar que había firmado un acuerdo con dos empresas de Báez (Austral Construcciones y Adelmo Biancalani) para cederles la obra, según los documentos expuestos por la fiscalía en el alegato. 

“Este frustrado triunfo de Equimac no fue causal. Por tratarse de una de las primeras licitaciones, Austral Construcciones (de Báez) carecía de capacidad para ganarla y por lo tanto el artilugio consistió en adjudicarla a una empresa con capacidad para después cederlas al Grupo”, explicó Luciani.

A partir de este martes, está programado que los fiscales continúen con el alegato por al menos tres audiencias más y hacia el final soliciten penas, decomisos y la investigación de la participación de estas empresas en una supuesta maniobra en la que la fiscalía adjudica a Fernández de Kirchner el rol de jefa.

ED