El asesinato de un colectivero en una calle de La Matanza en plena madrugada es un mensaje mafioso; el ministro-soldado es “emboscado” cuando aterriza en la General Paz. El fallo de una jueza de Nueva York que podría costarle miles de millones de dólares al país es “una embestida de los buitres”. Las sentencias contra la vicepresidenta se cocinan en un quincho de Mauricio Macri. La promiscua relación del poder económico con Juntos por el Cambio (JxC) dispara la devaluación del peso. Magnetto mueve los hilos de Comodoro Py. Alberto Fernández “muerde la mano de quien le da de comer”. Las cloacas de Inteligencia se vuelcan contra Cristina. El Presidente saca a Eduardo “Wado” de Pedro de la foto con Lula por celos electorales. Telefé cambia las reglas de Gran Hermano para perjudicar a Romina porque es kirchnerista.

Una jubilada de Mar del Plata, un changuito que cursa el secundario en La Banda, una cartonera que sube al tren en José León Suárez, un investigador del Conicet en Posadas o una maestra de La Falda que elude estoicamente la metralleta mediática de Cadena 3 y el Grupo Clarín pueden dar por válidas todas las amenazas conspirativas que vienen advirtiendo Cristina Fernández de Kirchner y sus voceros desde hace tiempo. O acaso las crean parcialmente, porque Marcos les pareció lindo y bueno, y lo votaron para ganar Gran Hermano sin reparar tanto en que Romina había sido pareja del excamporista millonario Walter Festa. Algo hay, podrán pensar. Al fin y al cabo, el viaje de jueces y políticos larretistas a Lago Escondido existió, las mafias policiales andan por los barrios, Sabag Montiel gatilló a centímetros de la cara de la vicepresidenta, los sojeros retienen la cosecha, La Nación + informa como si Macri fuera su dueño y JxC atiende de los dos lados del mostrador en negocios lucrativos. Hay infinidad de aristas para discutir, pero si alguien quiere creer en las conspiraciones, tiene con qué.

Hace años que la actual vicepresidenta suele abordar los asuntos nacionales en virtud de lo que le pasa a su persona o el tamiz inigualable que fue —según su espejo retrovisor— el paso de ella y de Néstor Kirchner por la Casa Rosada

Mientras analizan o se enteran de refilón de las situaciones en las que Cristina dice ser víctima, la jubilada, el changuito, la cartonera y sus amigos encaran otros asuntos de la vida: dar examen, casarse, alquilar, tener sexo, ilusionarse con el próximo técnico de Boca y ganarle la carrera al aumento desorbitado de los precios de los alimentos. Y aunque intuyan que por algo odian tanto a Cristina, también se pueden preguntar cuál es la capacidad real de la vicepresidenta y su grupo para solucionar problemas, además de comentarlos.

Hace años que Cristina suele abordar los problemas nacionales en virtud de lo que le pasa a su persona o el tamiz inigualable que fue —según su espejo retrovisor— el paso de ella y de Néstor Kirchner por la Casa Rosada. Un sinfín de explicaciones sobre obstáculos que se agigantan porque ganan los malos. Aun si en una acción de profunda consciencia cívica, la jubilada marplatense y sus compañeros justifican la impotencia del cristinismo en virtud del poder omnímodo al que afirma enfrentarse, esta semana fue pródiga en indicios de que hay decisiones, políticas y personajes que emanan de la vicepresidenta que no sólo no solucionan los problemas, sino que los agravan. Allí están, para quienes quieran complicarse su propio cuadro binario de buenos y malos, las dudas sobre la pericia de Axel Kicillof cuando llevó a cabo la estatización de YPF, la entronización de Jaime Stiusso en la SIDE con el primer Kirchner, las sociedades con los Eskenazi y Lázaro Báez, y un extenso etcétera. Sergio Berni aportó esta semana un capítulo estelar sobre los tiros en el pie.

El soldado que va al frente

El lunes, el ministro de Seguridad de la Provincia hizo descender su helicóptero en la avenida-autovía que divide la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. El ejército enemigo le tenía preparada una emboscada. Berni se dio cuenta, pero como “un soldado nunca retrocede”, avanzó mansito con la intención de negociar un cese el fuego. Las tropas rivales redujeron al cinturón negro de karate con un par de puñetazos. Tuvo que acudir a su rescate un tercer ejército, el del siempre alerta Horacio Rodríguez Larreta, que Berni no se percató a tiempo de que participaba de la emboscada.

Medido en términos bélicos en los que el ministro se inscribe, la planificación de su incursión merecería un juicio marcial. Puso en riesgo su vida y la de terceros, generó que las tropas enemigas se fortalecieran y sumaran a mercenarios peligrosos, y habilitó una victoria servida en bandeja al tercer ejército, que quedó como magnánimo protector. Fue a levantar un piquete e incentivó un volcán político que, una semana después, sigue emanando lava.

La actitud militarista de un ministro de un gobierno de pretensión progresista en el distrito más poblado de la Argentina podría limitarse a una farsa si no condujera a la tragedia. El rostro mayor del flagelo de la inseguridad agravado por la demagogia punitivista es el de un colectivero de 65 años que termina asesinado en una calle de un barrio popular a las 4.30 de la mañana de un día de abril.

Kicillof se subió a la tanqueta. En materia de seguridad, el gobernador culmina su primer mandato como lo empezó: inerte ante la extravagante estrategia manodurista que impone su jefa política y protectora del soldado, mientras la administración bonaerense lleva a cabo políticas en otras áreas para combatir y esclarecer casos de violencia institucional. Oficinas que deberían actuar coordinadas —Seguridad y Derechos Humanos— caminan hacia polos opuestos en un Gobierno loteado. Como resultado de esa esquizofrenia, Kicillof pierde por derecha y por izquierda, y se priva de iluminar datos alentadores, como la sostenida baja en la tasa de homicidios registrada en la Provincia durante los últimos años. Con similares métricas, Larreta se hace un festín publicitario y periodístico.

En materia de seguridad, Kicillof culmina su primer mandato como lo empezó: inerte ante la extravagante estrategia manodurista que impone su jefa política y protectora del soldado Berni

Apoyado en antecedentes del dream team de seguridad que orbita en JxC, que incluye o incluyó personalidades como Patricia Bullrich, Gerardo Milman, Marcelo D'Alessandro y Eugenio Burzaco, Kicillof sugirió un complot electoral en su contra. Habló de un robo “raro”, dado el despliegue de violencia en busca de un botín que inevitablemente —a esa hora, en ese lugar y con esas víctimas— sería exiguo. Repitió datos que, por lo visto, estaban flojos de papeles.

Del comentarismo, Kicillof y Berni pasaron a la acción. Montaron un vistoso operativo en Merlo y La Matanza para detener a dos de los agresores del soldado. El episodio alimentó la saga egocéntrica de la vicepresidenta, quien se permitió sugerir una mano de la larretista Policía de la Ciudad en la sobreactuación, elucubró si el arresto de los colectiveros violentos fue más veloz o más espectacular que el de Sabag Montiel y evaluó que el chofer asesinado tuvo peor suerte que ella, beneficiada por una bala que no salió.

La foto siniestra

Pero habría espacio para una postal más trágica. Berni puso a su Policía a realizar razzias en colectivos que transitan el conurbano. Se repite así una imagen icónica de la dictadura, con efectivos armados requisando a pasajeros que apoyan sus manos contra los ómnibus. Linda postal. Hace no mucho, se discutía en la Argentina si las fuerzas de seguridad tenían potestad para revisar mochilas y carteras, se supone que protegidas por el derecho constitucional a la privacidad. Las tropas de Berni se otorgaron un per sáltum y saldaron la cuestión. Este fin de semana largo, las razzias contra pasajeros, que ya habían sido retomadas con menos difusión hace un año, fueron filmadas como parte del plan propagandístico del Gobierno bonaerense. Hasta cayeron bien, informaron medios amigos. Mañana, los registros serán en alguna calle en penumbras, sin cámaras presentes y con resultados que dan miedo. “Basta de garantismo progre”, le contestaría el Kicillof de hoy al Kicillof de ayer.

El tándem con Berni fue un puente para que el gobernador bonaerense cerrara filas contra Alberto Fernández. Kicillof —a todas luces, el más competitivo y acaso el mejor gestor en el campo cristinista—, se encuentra en un laberinto de difícil salida. Su negocio no es el del jefe del PJ en la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner. El diputado reclama más sillas para La Cámpora en el gabinete bonaerense y probablemente empuje al gobernador a la pelea electoral nacional para sacarlo del medio, una hipótesis tan dañina que, al parecer, no logra superar el primer anillo del maximismo.

En un punto, tampoco la suerte de Kicillof sintoniza con la de Cristina, pero carece de margen para separarse. El gobernador guarda lealtad a su mentora política y líder de una base considerable en la Provincia. Hasta allí, la minialianza Kicillof-Cristina funciona, y el lastre que supone Berni es presentado como un precio pragmático para evitar la multiplicación desorbitada del delito como en Rosario.

Pero el gobernador no puede romper del todo con quien lo privilegió desde 2019 con la transferencia de fondos y asignación de obras, Alberto Fernández. Primero, porque necesita terminar su mandato con números aceptables en infraestructura y políticas sociales que apacigüen la angustia por la inflación de la base electoral del peronismo. Y segundo, porque la reelección de Kicillof en un distrito que no tiene ballottage y que en las legislativas de 2021 terminó empatado requiere que quienes conformaron el Frente de Todos permanezcan en el barco. Dada la ausencia de un postulante presidencial con capital electoral propio en el campo cristinista, Kicillof arriesgaría una primaria muy deslucida si su candidatura bonaerense sólo va en la boleta de la línea ortodoxa.

¿Se cruzan los cables?

Un movimiento que habilita una lectura lógica está teniendo lugar en lo que se llamó hasta ahora Frente de Todos, dato no frecuente. La notoria debilidad electoral de Alberto deja florecer un operativo clamor para que presente su candidatura. Se cruzaron los cables. Hasta ahora, Máximo Kirchner y su círculo volcaban su energía para empujar al Presidente a renunciar a una nueva postulación. Antes que una estrategia real, el bombardeo vehiculizado por Andrés Larroque parecía un intento de ganar tiempo y saldar cuentas internas en confluencia con el reclamo de Sergio Massa para ser el candidato de la unidad. Las definiciones se aceleran y los fuegos de artificio deben aplacarse. Si Alberto tiene tan bajo capital electoral —en efecto, lo tiene—, ¿por qué no enfrentarlo para obtener una victoria accesible y así edificar a un postulante propio? ¿Alguien cree que Máximo Kirchner no quería enfrentar al Presidente en una primaria para no quitarle autoridad? Por esa característica propia de la política argentina de no rendir cuentas de lo que se dijo el día anterior, los referentes del cristinismo pasaron esta semana a instar a Alberto a presentarse a la reelección y, fieles a su instinto, hasta le quieren armar las listas nacionales y provinciales para dibujar al enemigo ideal.

El giro supone el desafío de abrir el juego para un Presidente que se replegó sobre sí mismo ante cada crisis. Si Alberto arbitra mal los equilibrios y desconfía de quienes podrían ser compañeros de ruta para vencer a La Cámpora, corre el riesgo de terminar como le auguran sus enemigos.

Nadie en la proximidad de Alberto está pensando seriamente en la hipótesis de una reelección. O, al menos, ninguna voz que le conste a este cronista. Sí, en cambio, crece el esbozo de un postulante que aglutine al peronismo que no adhiere a la versión actual de Cristina, con presencia territorial, trayectoria política y apartado de toda sospecha de ser hombre o mujer de Clarín, el FMI o el peronismo catalogado como “racional” o “republicano”; es decir, de derecha. Se piensa en alguien con potestad de encarar una campaña electoral sin inhibiciones, aunque la hipótesis de una derrota dura en las PASO, las generales o la segunda vuelta sobrevuela todas las tribus del peronismo, lo que no equivale a rendición. Con la vicepresidenta autoexcluida de la competencia, los peronistas no ortodoxamente cristinistas imaginan una carta factible. El nombre circula en el borrador mental de varios despachos de Casa Rosada. El aludido, por ahora, dice trabajar para buscar un candidato que no es él.

SL

En el último tramo del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la fiscalía solicitará que se investigue a al menos tres constructoras que han sido señaladas en las últimas dos semanas como presuntas partícipes de la maniobra para supuestamente defraudar al Estado. La constructora “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, serán denunciadas, según anunció Luciani el viernes 5 de agosto y corroboró elDiarioAR de una fuente de la investigación.

Los fiscales sostienen que estas empresas habrían participado en la “acción delictiva  analizada” durante su alegato y pedirán que se las investigue penalmente cuando llegue el momento del petitorio final, es decir, cuando la fiscalía solicite al tribunal las penas y decomisos contra todos o algunos de los imputados. Todos los acusados han negado siempre haber cometido delitos.

“El Grupo Báez y la Administración pública no actuaron en soledad. Contaron con la cooperación de empresas ajenas al Grupo, que oficiaron de acompañantes en las licitaciones investigadas y que le allanaron el camino a Báez para simular competencia y lograr adjudicaciones por montos muy superiores a los presupuestos oficiales”, dijo Luciani la noche del viernes 5, hacia el final de la audiencia de esa jornada. “Algunos ejemplos muy concretos de estas empresas son Peterser, Esuco y Equimac”, afirmó entonces.

Otras constructoras mencionadas por los fiscales durante las últimas dos semanas de  alegato fueron Eleprint (de Gustavo Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, principal entidad empresaria del rubro) y CPC (de Cristóbal López). Estas también participaron en licitaciones viales que terminó ganando Báez en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, pero lo hicieron en menor medida, por lo que la fiscalía se encuentra analizando si habrían o no participaron en la presunta simulación.

Eleprint, por ejemplo, aparece compitiendo con Báez y Eskenazi en la primera obra vial de Santa Cruz licitada durante la gestión de Fernández de Kirchner, en 2008, por la que el patagónico cobró un adelanto millonario pero comenzó la obra dos años más tarde.

elDiarioAR se comunicó con un vocero de Grupo Petersen, con la sede de la constructora Petersen y con la de Esuco, pero ninguna de las dos constructoras ni el holding respondieron sobre su versión de los hechos. En Equimac, nunca contestaron las llamadas ni respondieron un correo electrónico. Tampoco en CPC. En Eleprint, aseguraron a este medio que la empresa no tiene causas judiciales y que no abordarán el tema “por el momento”. También declinaron de hacer comentarios sobre la denuncia en la Cámara Argentina de la Construcción, que integran las cinco compañías. 

Una fuente ligada a Esuco descartó la acusación de la fiscalía y dijo a este medio que Báez siempre compitió con costos más bajos que sus competidoras “por la cantidad de obras ordinarias que realizaba”. También dijo que la constructora de Wagner tenía en esa época una base en Santa Cruz porque la provincia era uno de sus mercados.

Patrón

Un punto recurrente en la supuesta maniobra es que la Administración pública permitió sistemáticamente que las distintas empresas del Grupo Báez participaran en las mismas licitaciones, compitiendo entre sí, lo cual está expresamente vedado por la ley de contrataciones públicas, según los expedientes administrativos que expusieron los fiscales.

En muchos de los 51 casos analizados en el juicio, dos compañías de Báez se presentaban a las mismas licitaciones y competían con una tercera empresa para “simular” que las constructoras de Báez tenían competencia en la provincia, afirmaron Mola y Luciani. Este tercer oferente quedaba sistemáticamente descalificado porque no se ajustaba a las exigencias del pliego: ofertaba por encima de lo permitido (20% del presupuesto oficial), presentaba una garantía que de entrada se sabía que no iba a ser aceptada, entre otros “errores”. 

Luciani denominó a esta empresa como “acompañante de cortesía”. Esto implicaba, afirmaron los fiscales, que existía un acuerdo entre las empresas de Báez, los funcionarios y la empresa perdedora: ninguna de las empresas descalificadas se quejó, interpuso impugnaciones o denunció irregularidades porque eran parte de la maniobra en los doce años que duró la maniobra denunciada, dijeron los fiscales durante su alegato.

Petersen, de Eskenazi

El Grupo Petersen es de la familia Eskenazi y su presidente es Enrique Eskenazi, un empresario que supo construir excelentes vínculos con la familia Kirchner y llegó a adquirir el 25% de las acciones de YPF, cuando la petrolera era controlada por la española Repsol y a instancias de un intento de Néstor Kirchner por dotar de “capital nacional” a la empresa.

Petersen se presentó en 38 de los 51 procedimientos “ficticios”. Sin embargo, “en esas 38 oportunidades, no logró una sola adjudicación”, aseguró Luciani al exponer los detalles de los expedientes administrativos.

En 15 de las 38 licitaciones, la constructora presentó un presupuesto por arriba del 20% permitido por la ley, afirmó el fiscal. “Nos preguntamos si era razonable que una empresa que opera desde 1920, emita más de una treintena de ofertas inválidas, viciadas con los mismos errores”, agregó.

Enrique Eskenazi tenía y sigue manteniendo la concesión del Banco de Santa Cruz, luego de que la institución fuera privatizada por Néstor Kirchner, recordó Luciani en su alegato. Antes de convertirse en empresario de la obra pública, Báez había sido empleado en el banco.

Además, el fiscal mostró los ingresos de distintos empresarios de la familia Eskenazi, quienes “visitaron con asiduidad la quinta presidencial de Olivos, en donde residían Néstor Kirchner y Cristina Fernández”. Entre 2007 y 2011, suman 61 ingresos, según las planillas obtenidas del Ejecutivo por parte de la ONG Poder Ciudadano.

En 2008, la familia Kirchner obtuvo cuatro créditos por más de US$10 millones por parte del Banco Santa Cruz, “pocos días antes de que se concretara la adquisición del paquete accionario de la firma Hotesur, explotadora del hotel El Alto Calafate”, dijo el fiscal.

“Los estrechos vínculos entre la familias Kirchner, Eskenazi, Báez son suficientes para empezar a entender el porqué del comportamiento de la firma Petersen, Thales & Cruz en los procesos licitatorios”, sostuvo. “Esa empresa fue absolutamente funcional a los intereses del grupo Báez”, agregó. 

Esuco, era Wagner

La constructora Esuco era entonces manejada por Carlos Wagner, otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien dejó el mando de la compañía en manos de sus hijos luego de haber sido detenido en 2018 por el juez Claudio Bonadio y de haber declarado como arrepentido en el caso de los cuadernos. Por esa causa, debe afrontar un juicio por presunta asociación ilícita junto con Fernández de Kirchner, Julio De Vido y José López.

Este año, Esuco ganó el contrato para construir una planta compresora para el gasoducto Néstor Kirchner, según publicaron diversos medios.

Esuco participó en diez licitaciones en las que se presentó “y aparentó competencia” con las empresas de Báez, dijo Luciani. “Siempre que Esuco presentó ofertas lo hizo por montos mucho más altos que las empresas de Báez y superó en muchas ocasiones el 20% permitido, por lo cual sabía que iba a quedar descalificada”, aseguró el fiscal.

“Esto se hizo absolutamente adrede” y “no existía intención real de competir en estas licitaciones”; “nunca iba a ser considerada como la oferta más conveniente. Incluso, en una oportunidad, Esuco fue más allá y directamente resultó excluida (de la licitación) sin que llegara a conocerse su cotización”, detalló Luciani en referencia al expediente de repavimentación de la ruta 3, tramo San Julián-Aeropuerto de Río Gallegos.

Petersen fue absolutamente funcional a los intereses del grupo Báez.

Diego Luciani — Fiscal.

Equimac

En 2018, Cecilia Sztemberg, una de las accionistas de esta constructora con amplia trayectoria en la obra pública se presentó a declarar como arrepentida ante el fiscal Carlos Stornelli en el caso cuadernos. Como otras compañías del rubro vial, Equimac había sido nombrada como miembro del “Club de la Obra Pública” en la declaración de Wagner.

Aunque en menor medida que Petersen y Esuco, la empresa también formaría parte de la maniobra del caso Vialidad, según explicó Luciani.

“Equimac se presentó en siete de las 51 licitaciones” investigadas pero nunca ganó. Siempre se presentaba con montos más altos que Báez y en algunas oportunidades por encima del 20% del presupuesto oficial, afirmó el fiscal.

Hubo incluso licitaciones (por ejemplo la 10.562 y la 10.563) “en las que Equimac adquirió los pliegos de bases y condiciones con posterioridad a la presentación de la oferta”, aseguró Luciani. Eso estaba prohibido en el mismo pliego, según el documento exhibido en el alegato. 

Esto se hizo absolutamente adrede. No existía intención real de competir en estas licitaciones.

Diego Luciani — Fiscal.

Las ofertas de Equimac presentadas en esos expedientes tienen fecha del 16 de mayo de 2011. La apertura de sobres fue al día siguiente. Pero el recibo de compra del pliego, paso necesario para poder presentar dichas ofertas, fue fechado el 23 de mayo de 2011, cinco días más tarde.

Además, se cumplió otro patrón más que se ve en los casos de Esuco y Petersen: las licitaciones en las que participó Equimac tuvieron tiempos muy acotados para preparar las ofertas técnicas, cumplir con los términos de publicación del proceso y la real competencia. En un caso de 2005, tuvo apenas 96 horas para planificar y presupuestar una obra. “Era imposible presentar una oferta en ese tiempo”, afirmó Luciani. Equimac tampoco impugnó ninguna de las decisiones de los funcionarios que beneficiaron a Báez.

En una de las primeras licitaciones investigadas en la causa, de diciembre de 2004, quedó preadjudicada en una licitación con la oferta más conveniente, pero tres meses antes de que comenzaran las obras, Equimac se presentó ante Vialidad provincial para informar que había firmado un acuerdo con dos empresas de Báez (Austral Construcciones y Adelmo Biancalani) para cederles la obra, según los documentos expuestos por la fiscalía en el alegato. 

“Este frustrado triunfo de Equimac no fue causal. Por tratarse de una de las primeras licitaciones, Austral Construcciones (de Báez) carecía de capacidad para ganarla y por lo tanto el artilugio consistió en adjudicarla a una empresa con capacidad para después cederlas al Grupo”, explicó Luciani.

A partir de este martes, está programado que los fiscales continúen con el alegato por al menos tres audiencias más y hacia el final soliciten penas, decomisos y la investigación de la participación de estas empresas en una supuesta maniobra en la que la fiscalía adjudica a Fernández de Kirchner el rol de jefa.

ED