En una ceremonia en el Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, el presidente del país vecino nombró a los nuevos ministros: Carolina Tohá en Interior y Seguridad Pública; Ana Lya Uriarte en la Secretaría General de la Presidencia; Giorgio Jackson de Desarrollo Social y Familia; Ximena Aguilera de Salud; Diego Pardo en Energía y Silvia Díaz de Ciencias y Tecnología.

“Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile y a este no le ha faltado su dosis. Duele, pero es necesario. Es quizás uno de los momentos políticamente más difíciles que me ha tocado enfrentar”, dijo el presidente Boric tras los nombramientos. “A quienes entran tienen grandes varias tareas. Necesitamos una nueva coordinación del Gobierno, quiero que en conjunto fortalezcamos la coalición que nos respalda”, remarcó.

Este es el primer cambio de gabinete del gobierno chileno desde que asumió en marzo de este año. Los cambios más importantes fueron la salida de la ministra del Interior Izkia Siches y el Secretario General de la Presidencia de Chile, Giorgio Jackson, quien se quedará en la administración como ministro de Desarrollo Social y Familia.

Con el nombramiento de la nueva ministra del Interior, el presidente se salió del protocolo y cruzó el patio del palacio presidencial donde se realizaba el acto para saludar con un abrazo a la Siches, la primera mujer al frente del ministerio. Los otros ministros salientes fueron María Begoña Yarza de Salud, Claudio Huepe de Energía y Flavio Salazar de Ciencias.

Hace algunas semanas hubo un ajuste ministerial por la renuncia de Jeanette Vega como titular de Desarrollo Social, luego la filtración de una llamada de su asesora con Héctor Llaitul, líder del grupo radical mapuche Coordinadora Arauco-Malleco, quien se encuentra detenido.

“Este cambio de gabinete no es solo protocolar ni para una foto. Aquí cambia también el comité político que es la conducción de nuestro Gobierno”, dijo Boric agregando que este nuevo gabinete “hace suyo el mandato del cambio, de transformación, por el cual llegamos a La Moneda”.

Esta decisión se da después de que la propuesta de nueva Constitución, elaborada con el fin de sustituir la carta magna vigente y uno de los proyectos insignia del nuevo gobierno, fuera rechazada este domingo en el plebiscito constitucional con 61,87% de los votos, dejando atrás el 38,13% que se manifestó a favor de la misma.

Con estos cambios, se espera continuar el diálogo con la centroizquierda y comenzar a negociar con la oposición para poder dar inicio a un nuevo proceso constituyente. Mientras tanto, en Chile seguirá vigente la Constitución de 1980, escrita durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, que tuvo una importante reforma en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos.

“Debemos escuchar la voz del pueblo y caminar junto al pueblo, y eso le pido al gabinete, humildad, convicción para defender el proceso de cambio, enfrentar las desigualdades y las tareas que tenemos”, resumió el titular de La Moneda.

LC con información de agencia Télam

Los ataques incendiarios en el sur de Chile continuaron este martes, a pesar de la militarización en la región del Biobío que impuso el Estado chileno para tratar de controlar la escalada de violencia en la zona del conflicto mapuche.

Luego de quemar una veintena de máquinas y vehículos de la empresa forestal Antumapu, los perpetradores, aún no identificados, dejaron panfletos en el lugar sobre la liberación de los presos mapuches de las localidades de Angol y Lebu, y sobre el fallecido comunero Jordan Llempi.

De acuerdo con información de medios chilenos, este no fue el único ataque en la zona, ya que en paralelo hubo atentados en San José de Colico, comuna de Curanilahue, en la región del Biobío y en Salto Rayén, que conecta Contulmo y Purén, en la región de la Araucanía.

La semana pasada, Héctor Llaitul, líder del grupo radical mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que opera al sur del país, reconoció la sustracción de madera de las industrias con el fin de hacerle frente a lo que considera “las mafias” y que a su juicio “no es robo, sino recuperación”.

Afirmamos categóricamente que esto no puede concebirse como robo de madera, ya que es recuperación y reapropiación de recursos que están en nuestro territorio ancestral

Héctor Llaitul — líder de la Coordinadora Arauco Malleco

“La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros (armas) y para tener los tiros y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante”, señaló el líder mapuche.

Para la ministra del Interior, Izkia Siches, las declaraciones de Llaitul solo refrendan la querella que el Gobierno interpuso en contra del líder de la CAM, y señaló que no se trata de nueva información.

“Nosotros hicimos las acciones y esperamos que el Ministerio Público pueda investigar y hacer lo que corresponde para esto, pero creo que esta no es una información nueva para nadie, y creo que todos estábamos consientes que el robo de madera era una de las fuentes de financiamiento de las bandas organizadas que operan en la zona”, explicó la funcionaria ante la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile.

Durante la intervención de la ministra se discutía la viabilidad de un proyecto de ley para tipificar el delito de robo de madera y establecer técnicas de investigación del mismo, pero la propuesta fue descartada por la Cámara Baja.

El presidente Gabriel Boric aseguró durante su candidatura que no recurriría a la militarización para solucionar el conflicto, el 17 de mayo optó por aplicar la medida. Desde entonces, solicitó continuamente el permiso del Congreso para poder extenderla en la Región de La Araucanía y el Biobío.

Ahora el Gobierno volverá a analizar el próximo jueves la zona de conflicto, luego de que la semana pasada informara que no extenderá el estado de excepción hacia la Región de Los Ríos, pese a que los parlamentarios de la zona pidieron la medida.

El conflicto en la zona sur del país se mantiene desde hace décadas y tiene origen en una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras que son consideradas ancestrales por los pueblos originarios.

LC con información de agencia Télam