“El que venía al comedor ahora viene alcoholizado. El que jugaba al fútbol en la capilla hace dos años ahora lo ves drogándose”. “Hay niños que aceptan ser soldaditos para que el narco les pague las deudas que tienen en las apuestas online. O familias a las que les pagan las fiestas de 15”. Pinceladas así aportadas por curas villeros o de parroquias situadas en lugares de extrema vulnerabilidad dotaron de materia gris al documento de la Iglesia sobre el drama del narcotráfico que se conoció días atrás. “La retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”, firmó la Conferencia Episcopal a través de su titular, Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, y sus laderos, Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy, y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, en una fuerte declaración hacia el Gobierno.

La carta se publicó en línea con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas –el 26 de junio–, pero buscó interpelar sobre la descomposición de la trama social en espacios suburbanos que –si bien no es nueva– se aceleró por las políticas de ajuste de Javier Milei. El movimiento de la Iglesia tiene, a su vez, una subtrama que conecta a referentes religiosos con funcionarios del Poder Judicial, además de movimientos sociales. No por nada el jueves pasado, mismo día de la efeméride mundial, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, compartió en el barrio porteño de Once –donde está asentado el padre Gastón “Tonga” Colombres– una mesa con personas en situación de calle a la que se sentó el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar, referente de la llamada Pastoral Judicial.

“Lo que vemos desde hace tiempo es una necesidad profunda de articular, porque cada vez la demanda de ayuda es mayor. Hay un abandono porque el Gobierno no tiene conocimiento de lo que se necesita. Y el pibe que no se recupera es cementerio o cárcel”, explicó un miembro del Episcopado sobre el gesto reciente de la Iglesia. “Nos dicen que hay plata, la única política antinarco del Gobierno es mandar la Gendarmería de Bullrich”, comentó otra fuente eclesiástica.

Se estima que unos 300.000 jóvenes en todo el país necesitan asistencia por su consumo problemático de drogas. Y desde que asumió Milei hay una baja considerable de programas de acompañamiento y de formación profesional, así como retrasos de pagos y recortes en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), que conduce Roberto Moro, quien ya ocupó el cargo en tiempos del macrismo. Desde el organismo, según supo elDiarioAR, buscan que los subsidios que se entregan a espacios de asistencia no se utilicen más para pagar el aporte de profesionales –psicólogos, por ejemplo– y que solo puedan rendirse la compra de alimentos o materiales.

Por eso la Iglesia, que tiene los centros barriales Hogares de Cristo para acompañar a personas con problemas de consumo, cuestionó desde el documento del Episcopado: “No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos. La entrega gratuita de tantos voluntarios es muy valiosa, pero debe ser complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo, y eso requiere financiamiento”.

Según datos de 2024 publicados por el diario Perfil tras un pedido de información pública, en solo ocho meses en la Sedronar se recortó cerca del 20% del personal –pasó de 655 empleados a 522– y se subejecutó el presupuesto de $37.342,54 millones que provenía de 2023, repartidos en programas de atención, acompañamiento y prevención. El ajuste total a septiembre del año pasado había sido del 46%. Y podría ser más este año: según el informe que presentó Guillermo Francos el jueves en el Senado, a junio 2025 los recursos de la Sedronar destinados para sus distintos programas alcanzaron $23.398.778.794,41.

Fiel a su estrategia, en la Casa Rosada evitaron responder las críticas de la Iglesia. “Nunca contestan. La relación es meramente institucional”, dijo una fuente a elDiarioAR. Hoy el vínculo formal es solo a través de la Secretaría de Culto, a cargo de Nahuel Sotelo. Allí prefirieron el silenzio stampa ante la consulta de este medio.

La malla de contención Iglesia-Justicia

El retroceso del Estado en las barriadas motivó a la Iglesia a expandir la red de Hogares de Cristo, que ya abarca a unos 300 espacios en todo el país, no solo en los grandes centros urbanos, sino también en lugares inhóspitos como la comunidad wichi de Ingeniero Juárez, en Formosa. El último que se abrió fue el jueves en Once, donde se reunieron García Cuerva y el juez Slokar, junto a otros funcionarios judiciales como la defensora general de la Ciudad, Marcela Millán; la fiscal Paloma Ochoa, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Gabriel De Vedia, y la presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Karina Yabor.

Antes de recorrer plaza Miserere y repartir de manera simbólica mate cocido y tortas fritas, en ese espacio bautizado “La mano de Dios” el arzobispo de Buenos Aires ofició una misa y pidió “no dejar en el camino a quienes se han caído”. García Cuerva ya había dicho en el Tedeum del 25 de mayo frente a Milei que “la Argentina sangra de inequidad”.

La foto García Cuerva-Slokar es una síntesis de la malla de contención sociopolítica y con carácter institucional que desde el año pasado se está tejiendo ante la profundización del ajuste de Milei. El camarista denunció semanas atrás que la detención de Cristina Kirchner “obedece a la presión del Fondo Monetario Internacional”. El jueves, el magistrado apuntó en la mesa ante personas en situación de calle: “Desde la justicia llegamos tarde. La verdadera reforma judicial es que el poder funcione para las comunidades olvidadas, que la justicia sea un puente y no una barrera”. Solo en la ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales, a fines de 2024 más de 10.500 personas vivían en las calles.

La conformación de la Pastoral Judicial cuenta con una corta historia pero con episodios interesantes y varias figuras vinculadas incluso a Cristina Kirchner o Juan Grabois, al calor de la crisis social profundizada por Milei. Si bien nació en la combinación de la Justicia con las agrupaciones populares, la Iglesia se sumó por un apoyo a la distancia del papa Francisco en el último año de su vida, supo este medio. “La fe, la justicia y los movimientos sociales son mundos que existen y había que encontrarlos para charlar, nunca lo habían hecho”, contó una fuente muy al tanto de la iniciativa. El puntapié formal fue en mayo de 2024 en la parroquia Santa María Madre del Pueblo en la exvilla 1-11-14. Allí estuvieron Gustavo Carrara –hoy arzobispo de La Plata–, al secretario de la UTEP, Alejandro Gramajo, pasando por dirigentes sindicales como Julio Piumato (titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y con un pie en la CGT) y otros ligados a Vanesa Siley (secretaria de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y parte del anillo de CFK).

El segundo encuentro fue en junio en el Hogar del padre Cajade, en los suburbios de La Plata, donde destacaron figuras que le aportaron otro volumen: Gildo Onorato, del Movimiento Evita y funcionario de Axel Kicillof; Fernanda Miño, extitular de la Secretaría de Integración Sociourbana y dirigente del círculo íntimo de Juan Grabois; Alejo Ramos Padilla, juez con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, y Hernán “el Negro” Gómez, el fiscal de Estado bonaerense.

El tercer encuentro fue el más significativo y se dio en agosto en la parroquia San José de la diócesis de San Justo, en Puerta de Hierro, La Matanza, donde oficia el Padre “Tano” Angelotti, de fuerte vínculo con CFK. Ahí participaron por la Iglesia –además de Carrara– Oscar Ojea, entonces obispo emérito de San Isidro, y Pablo Vidal, secretario de Desarrollo Humano de Cáritas y referente de Hogares de Cristo. Y por el mundo judicial asistieron Julio Conte-Grand, procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y Facundo Tignanelli, el alfil de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados de PBA y vice del Consejo de la Magistratura provincial. Sobrevoló en la previa la posibilidad de que asista hasta el juez federal Ariel Lijo, entonces candidato de Milei para la Corte Suprema.

El último encuentro del 2024 fue en noviembre en Moreno, municipio gobernado por Mariel Fernández –también muy ligada a CFK y a la UTEP–. Fue la primera presencia pública de Carrara como flamante arzobispo de La Plata, cargo al que había sido designado por Francisco apenas un día antes. El anfitrión fue el padre Leo Di Silio.

Ahora la trama de la Pastoral Judicial se extendió recientemente a Santiago del Estero, adonde viajó el camarista Slokar hace una semana para acompañar al padre Pepe Di Paola para la apertura de dos nuevos centros de Hogares de Cristo. La actividad contó con la presencia del Obispo de Santiago del Estero –sede primada de Argentina–, Vicente Bokalic Iglic, y hasta del gobernador local, Gerardo Zamora. Justo el lunes pasado el mandatario –que cree que se está llegando a un límite en la tolerancia social del ajuste mileísta– firmó un proyecto de ley con el resto de los gobernadores para exigirle a la Casa Rosada la coparticipación de los ATN.

El obispo de Santiago del Estero citó a al papa León XIV: “Uno antes que cristiano es humano”, dijo, según comentó un testigo, funcionario de Comodoro Py, resaltando que la propuesta es, más que una cuestión de fe, de humanidad.

A la última actividad del jueves en Once podría seguir una próxima en la UCA a partir de una invitación de García Cuerva a Slokar, según supo elDiarioAR. El espíritu de la encíclica de Francisco “Fratelli tutti” rige la organización, que suele tener reuniones a mitad de semana en una oficina eclesiástica en el centro porteño: ya participaron más de 50 nombres del mundo judicial con algunos resultados concretos.

Conte-Grand firmó con el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, y el padre “Tano” Angelotti un convenio para instalar una oficina de fiscales en una parroquia de La Matanza para recibir denuncias sobre el narcotráfico. Hasta se abrieron las puertas de la Corte Suprema, con la curiosidad de que fue justo al borde de la condena a Cristina Kirchner: el 3 de junio Horacio Rosatti acordó con el padre Pepe para que Hogares de Cristo participe en la reinserción social de los presos.

“No se puede gestionar por formularios. Se necesita humanidad. Y saber que es un trabajo en conjunto entre Estado y comunidad”, plantea Pablo Vidal. “Hay una conciencia del riesgo jurídico de los jóvenes frente al avance del narco y la cultura del descarte”, dicen en la Pastoral Judicial. El desafío es complejo ante la avanzada de la crisis, que da rienda suelta al narcotráfico, como comentó a elDiarioaR un sacerdote que conoce los territorios: “Nosotros podemos derrumbar un montón de búnkeres, pero si no se refuerza la comunidad, el narco va a volver a entrar”.

MCMG

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó a la comunidad católica a sumarse en oración por la salud del papa Francisco, quien permanece internado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma debido a una infección respiratoria polimicrobiana. El cuadro, que inicialmente se diagnosticó como bronquitis, se reveló como una afección más compleja, según trascendió en un comunicado del Vaticano esta mañana.

En una nota firmada por el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, Marcelo Daniel Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del organismo, Raúl Pizarro, la institución eclesiástica llamó a acompañar espiritualmente al sumo pontífice en su proceso de recuperación. “Pedimos al Señor que le conceda su pronta recuperación. Con gratitud por su servicio incansable a la Iglesia y al mundo, lo acompañamos en este momento de internación y reposo”, expresaron.

La salud del papa Francisco, de 88 años, despertó preocupación entre fieles, referentes religiosos y figuras políticas a nivel global. Desde que trascendió su hospitalización, la Iglesia argentina inició una cadena de oración para pedir por su pronta mejoría. Según el Vaticano, su estado es estable, aunque su condición sigue siendo delicada. El equipo médico que lo atiende ajusta el tratamiento en función de la evolución del cuadro clínico.

La CEA instó a parroquias, movimientos laicales y comunidades religiosas de todo el país a sumarse a este gesto de solidaridad espiritual, dedicando momentos de oración en las misas y encuentros comunitarios. También se alentó a las familias a incluir intenciones especiales por la salud del Papa en sus plegarias diarias.

MM

El arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, elegido el martes como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para el trienio 2024-2027, se refirió las últimas horas a la situación del país y pidió a las autoridades “volver al diálogo” y “no sea dejar a nadie afuera de lo que le corresponde por dignidad”.

“La economía transita con la gente adentro o afuera; hay mucha gente afuera, lo vemos en la circunstancia de mantener comedores y merenderos”, expresó el jefe de la Iglesia nacional en diálogo con Radio Mitre.

Para Colombo, la situación está “peliaguda. Se nota en Cáritas. Por ejemplo, en Mendoza tenemos un lugar donde recibimos a la gente de la calle por las noches, para darle un plato de comida. Antes eran más de 50, pero ahora son más de 200, es una proporción que se ha ido disparando”.

“Hay que tener a la gente en la mira, pero de verdad. Haciendo la cuenta sobre el jubilado, sobre los chicos que quieren empezar la vida y tener un destino, la familia joven y también las personas que hacen un camino laboral y tener perspectiva de mejora. Parece ideal o utópico, pero es el sueño que debería ser posible para toda democracia”, expresó.

En cuanto a su mirada sobre el papel del Papa Francisco en el actual contexto mundial, lo describió como un pontífice “muy comprometido con el tema de la paz, con Oriente Medio, Europa y algunos lugares del África. Va de lo macro a lo micro permanentemente”, destacó Colombo.

A la hora de explicar el rol de la Conferencia Episcopal y de su presidente, cargo que ejerce hace horas, el líder de la iglesia mendocina detalló que se trata de “un organismo que coordina la acción de los obispos para que exista una actuación en conjunto frente a la sociedad en los temas de todo el país”, al tiempo que, en su planificación, su gestión se basará en tres pilares:

Sobre quienes los acompañan en el liderazgo de su gestión al frente de la Conferencia Episcopal, agradeció al arzobispo de Córdoba y Vicepresidente Primero, Ángel Sixto Rossi (“Es proverbial por su sabiduría y espiritualidad, de una gran cercanía espiritual al corazón de la gente”); y a monseñor César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y Vicepresidente Segundo (“Hace muchísimos años está en Jujuy con una presencia muy importante porque es una realidad misionera”).

La entrevista

Con información de agencias.

IG

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina expresó hoy su preocupación por la actualidad de la trata de personas en el país de cara al Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, y con la desaparición del menor correntino Loan Danilo Peña como trasfondo.

“Es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia”, solicitó la Conferencia Episcopal a través de un documento. “Es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas. Este es un tema transversal a todo el arco político e institucional que requiere el compromiso para alcanzar consensos, poniendo en el centro de la agenda política y del debate legislativo, el combate de este delito en articulación entre todos los poderes del Estado”.

Durante el primer semestre del gobierno de Javier Milei, las políticas públicas de lucha contra ese delito fueron desfinanciadas o desmanteladas.

En referencia a la crisis económica que atraviesa el país, los obispos señalaron: “El desempleo y la informalidad en el mundo del trabajo constituyen un caldo de cultivo para la Trata y Explotación de Personas. El trabajo digno es la prevención más eficaz contra de este delito y en particular, permite superar la prostitución, uno de los hechos más degradantes de la persona”.

“Queremos expresar nuestra preocupación sobre la actualidad de este crimen que viola la dignidad y los Derechos Humanos”, sostiene el documento. “Con todo el pueblo argentino, manifestamos nuestro dolor y preocupación por la desaparición de Loan y de otros niños, niñas y jóvenes, muchos de ellos sumidos en situaciones de empobrecimiento y vulneración de derechos”.

“Cuando son niños y niñas quienes desaparecen ante nuestros ojos a causa de este flagelo la herida nos duele hasta el infinito. Algunos años antes de la sanción de la normativa vigente sobre esta materia en el país, la Iglesia ha abordado el combate de la Trata y Explotación de Personas, iluminados por el Papa Francisco en el grito de NO A LA TRATA. En el mensaje del pasado 8 de febrero, el Papa nos anima a ”abrir los ojos y los oídos, para ver a los que permanecen invisibles y escuchar a los que no tienen voz; para reconocer la dignidad de cada uno y para actuar contra la trata y contra toda forma de explotación“”, añade. 

La Conferencia Episcopal insistió en “afirmar la necesidad de un Estado activo en el combate del delito de Trata de personas, con diseño, planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas públicas de prevención”.

“Nos unimos al Papa Francisco que ha privilegiado afrontar este tema tan doloroso en su magisterio, para pedir que este día sea ”una llamada a no quedarnos paralizados, a movilizar todos nuestros recursos en la lucha contra la Trata y por la restitución de la plena dignidad a quienes han sido sus víctimas. Si cerramos nuestros ojos y oídos, si permanecemos inertes, seremos cómplices“, añade el texto firmado por Monseñor Oscar V. Ojea, Obispo de San Isidro, Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza, Monseñor Carlos Azpiroz Costa, OP, Arzobispo de Bahía Blanca, y Monseñor Alberto G. Bochatey, OSA, Obispo Auxiliar de La Plata.

La desaparición de Loan, el nene de 5 años que salió de su casa el jueves 13 de junio del Paraje Algarrobal, en Corrientes, tiene como principal línea de investigación la trata de personas. El caso puso en evidencia la manera en que el Gobierno Nacional dejó de combatir la trata.

Entre marzo y abril fueron despedidos los representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata. Además, el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia ejecutó casi un 90% menos de presupuesto que el mismo período del año pasado. Esto se suma a otros programas de protección a las víctimas que sufrieron el ajuste. También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145. 

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2019 y 2023 en Argentina se rescataron 5.227 víctimas de trata. Se realizaron 9.067 intervenciones en el territorio y 1.072 derivaciones para asistencia posterior, 118 articulaciones de asistencia y 13 retornos de víctimas a sus países de origen. Se trata de un delito complejo, el tercero en el mundo en cuanto a la cantidad de dinero que mueve después del narcotráfico y la venta de armas. 

CRM

El Papa Francisco decidió el traslado a Santiago del Estero de la Sede Primada de la República Argentina, que desde 1936, en aquel momento por decisión del Pontífice Pío XI, se le había otorgado a la arquidiócesis de Buenos Aires.

A través de un comunicado, la Santa Sede hizo el anuncio de lo que en las altas esferas de la Iglesia católica argentina consideran “una importante reparación en la historia eclesiástica en nuestra Patria”, según informó este lunes la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA).

Tras conocerse la decisión de Francisco, los arzobispos de Santiago del Estero y Buenos Aires emitieron un comunicado conjunto en el que explican las razones históricas que llevaron a esta resolución e invitan a los fieles a vivirla “con una profunda alegría de vivir en la verdad, que siempre nos hace libres y además como invitación a tener una mirada integradora del territorio nacional en un renovado propósito federal, aún desde la estructura eclesial”.

Con esta decisión, los obispos argentinos invitan a los fieles católicos “a tener una mirada integradora del territorio nacional en un renovado propósito federal, aún desde la estructura eclesial”. Y agregan: “Santiago del Estero durante siglos acuño el glorioso título de ”Madre de Ciudades“, y elegida para ser centro de difusión del Evangelio es también ”Madre de Diócesis“ en la República Argentina; por lo tanto, sobran razones para honrarla como la Primada”.

El comunicado completo

Queridos hermanos:

Como Pastores de las Iglesias de Buenos Aires y Santiago del Estero queremos compartir con todos ustedes este momento especial en la vida de nuestras comunidades diocesanas. El Santo Padre Francisco, haciendo una importante reparación en la historia eclesiástica en nuestra Patria, ha decidido trasladar a Santiago del Estero la Sede Primada de la República Argentina, título de honor que desde 1936 hasta hoy llevaba Buenos Aires.

Entendemos en primer lugar que es un distintivo honorifico, reservado para la primera diócesis en un territorio nacional, que no lleva consigo ningún cambio jurisdiccional en la organización eclesiástica argentina (cf. canon 438 del Código de Derecho Canónico).

La decisión papal del traslado tiene su fundamento histórico en el hecho de que en 1570 San Pío V creó la entonces llamada Diócesis del Tucumán, con sede en lo que hoy es la antigua ciudad de Santiago del Estero.

Esto sucede a raíz de que, en 1563, por disposición del Rey de España, el antiguo Tucumán se separa de la jurisdicción de Chile y pasa a depender de la Audiencia de Charcas. El documento pontificio que crea aquella nueva jurisdicción eclesiástica, para atender pastoralmente el territorio escindido de Chile, lleva fecha del 14 de mayo de 1570. Desde el inicio la entonces Diócesis del Tucumán comprendía Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tarija y Nueva Orán. La Catedral de esta Diócesis primera, de lo que luego sería la República Argentina, fue la Iglesia de San Pedro y San Pablo emplazada en el territorio de la hoy Diócesis de Santiago del Estero.

En 1699 al constituirse la Sede Episcopal en la Ciudad de Córdoba, subsume el territorio de la primitiva Diócesis del Tucumán.

Recién en 1907 se crea la actual Diócesis de Santiago del Estero en cuyo territorio había funcionado la antigua y primera Sede Episcopal del Tucumán, donde resonó por primera vez, en voz de un sucesor de los Apóstoles, el Evangelio del Señor en estas tierras cuyo futuro será la Argentina.

En honor a esto es que el Papa Francisco hoy traslada la Sede Primada de Argentina a la Iglesia de Santiago del Estero. Ya que Buenos Aires en 1936 había sido elevada por Pío XI a Sede Primada en razón de ser el primer Arzobispado, pero no la primera de las Diócesis en territorio argentino.

Como sus obispos, los invitamos a vivir esta decisión papal con una profunda alegría de vivir en la verdad, que siempre nos hace libres y además como invitación a tener una mirada integradora del territorio nacional en un renovado propósito federal, aún desde la estructura eclesial.

Santiago del Estero durante siglos acuño el glorioso título de “Madre de Ciudades”, y elegida para ser centro de difusión del Evangelio es también “Madre de Diócesis” en la República Argentina; por lo tanto, sobran razones para honrarla como la Primada.

Con afecto los bendecimos y pedimos a la Santísima Virgen María, la que dispensó su maternal ternura a través de las Advocaciones de Sumampa y Luján, unidas en su origen desde hace cuatro siglos, nos guíen para iniciar juntos este nuevo camino que se abre para la Iglesia en nuestra Nación.

El comunicado del Vaticano

El Santo Padre Francisco dispuso hoy, lunes 22 de julio de 2024 lo siguiente:

1) Transferir el título de Primada de la Argentina de la Sede Metropolitana de Buenos Aires a la Sede de Santiago del Estero y, a norma del cánon 438 del Código de Derecho Canónico, conceder el tíitulo de arzobispo al obispo pro tempore de la misma Sede de Santiago del Estero;

2) Elevar la Sede diocesana de Santiago del Estero al grado y dignidad de Sede Arzobispal, permaneciendo como sufragánea de la Sede Metropolitana de Tucumán;

3) De consecuencia, derogar el Decreto de la Sagrada Congregación Concistorial Cum ecclesiastica provincia Bonaërensis, del 29 de enero de 1936, con el cual se confería al Arzobispo pro tempore de Buenos Aires el título de Primado de la Argentina.

El Papa nombró a monseñor Bokalic Iglic Primado de Argentina

Además, el Santo Padre nombró como primer arzobispo de Santiago del Estero a Su Excelencia Reverendísima monseñor Vicente Bokalic Iglic, C.M., hasta ahora obispo de la misma sede, otorgándole el título de Primado de Argentina, hasta ahora ejercido por el arzobispo pro tempore de Buenos Aires, según informa Vatican News.

IG

En función de la “respuesta insuficiente” que la Iglesia está ofreciendo a las víctimas de pederastia, el Gobierno español indemnizará a todas las personas que hayan sufrido abusos por parte del clero y cuyos casos hayan prescrito penalmente. El Consejo de Ministros aprobó hoy un plan con el que toma el guante que lanzó el Defensor del Pueblo, quien en un informe que le pidió el Congreso sobre la cuestión calculó que el 1,13% de la población sufrió abusos en ámbitos relacionados con la Iglesia (unas 450.000 potenciales víctimas) y proponía que se creara un fondo para compensarlas económicamente.

El Plan de Repuesta e Implementación del Informe del Defensor del pueblo sobre Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica y el Poder de los Poderes Públicos, impulsado por el Ministerio de Presidencia y Justicia de Félix Bolaños, adelantado por El País y que elDiario.es pudo confirmar, contempla cinco líneas de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; e informar e investigar.

“Las conclusiones del Defensor fueron claras y contundentes”, aseguró Bolaños en la rueda posterior al Consejo de Ministros, que señaló que “la Iglesia católica durante décadas no dio respuesta a esta situación”. “Por eso, los poderes públicos tenemos la obligación de reconocer esos abusos, de prevenir y reparar el daño” , ha asegurado.

Las indemnizaciones

En el documento no aparece ninguna cifra destinada a las indemnizaciones, aunque se entiende que se llevará a cabo con o sin la Iglesia, que hasta ahora se ha mostrado reticente a aportar dinero para la reparación. De hecho, la Conferencia Episcopal señaló que solo se avendría a participar de un fondo de reparación si este incluyera “a todas las víctimas y no solo a las de la Iglesia”. Bolaños, en cualquier caso destacó que están “en conversaciones” con los obispos para que sufrague esas indemnizaciones. “Me parece que tienen voluntad de colaborar. Es mi impresión y así me lo trasladan”, señaló el ministro.

Concretamente, el plan contempla el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos prescritos o en los que no haya sido posible el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, el texto no explica cómo se calcularán esas indemnizaciones ni de dónde saldrán esos fondos. Bolaños recordó que una de las recomendaciones del Defensor era la creación de un órgano independiente para el reconocimiento de las víctimas y establecer su reparación.

“Entiendo que la Iglesia asumirá los costes”, señaló el ministro de Presidencia. “No se entendería que fuera de otra manera. Nadie entendería que la Iglesia española no actuara como lo ha hecho en países de nuestro entorno como Irlanda o Bélgica o como en Estados Unidos”. En cuanto a la negociación, Bolaños señaló que el diálogo ha comenzado el pasado jueves y destacó: “La iglesia ha reconocido la existencia de estos abusos y están trabajando en este tema”. Las nuevas autoridades de la Conferencia Episcopal se han mostrado proclives a establecer una relación con las asociaciones de víctimas, pero de facto la Iglesia reconoce una mínima parte de los abusos que incluye el informe del Defensor del Pueblo. En el polémico informe Para dar Luz, hablaban de apenas unos 800 casos.

Casos no prescritos

En los casos en los cuales la acción penal no ha prescrito, la indemnización se atendrá a lo que dispone la Ley de Libertad Sexual en su artículo 41, en el que se establecen las ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales que carezcan de rentas superiores al salario mínimo interprofesional. Se trata de una suma equivalente a seis meses de subsidio por desempleo. Estas ayudas son financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y son independientes de las indemnizaciones que puedan ser acordadas por sentencia judicial.

Para establecer la condición de víctima también se acudirá a la Ley de Libertad Sexual, en concreto al artículo 37. En él está previsto que el Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñen los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencias sexuales.

El plan del Gobierno también propone alargar los plazos en los que estos delitos prescriben, algo que ya habían anunciado con anterioridad. Se compromete a impulsar las modificaciones legales oportunas para permitir que la extinción la responsabilidad penal por la prescripción del delito en los casos de abusos sexuales a menores no comprenda la de la responsabilidad civil, iniciando el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil cuando el menor haya cumplido treinta cinco años. Se trata de una medida que podría tener efectos retroactivos.

Además, recoge otra de las propuestas del Defensor del Pueblo: la de organizar un acto público de Estado de reconocimiento a las víctimas, en el que estén presentes junto a sus representantes y familiares. Y también garantizar la atención de las víctimas en las Oficinas de de Asistencia a las Víctimas del Delito, que dependen del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Para ello se prevé brindar una formación específica a los equipos para la atención psicológica específica de las víctimas sexuales en ámbitos religiosos, vinculados al daño espiritual.

El plan aprobado por el Consejo de Ministros contempla la asistencia jurídica gratuita a las víctimas, a través de una subvención directa al Consejo General de la Abogacía Española. Y prevé la elaboración de un estudio sobre prevalencia de la violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluida la prevalencia de los abusos en el ámbito religioso. La encuesta realizada por el Defensor del Pueblo e incluida en el informe que da origen al plan reveló que el 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual en la infancia o adolescencia, antes de los 18 años. En un ámbito religioso, el dato obtenido es que los abusos han afectado a un 1,13 % de las personas adultas.

La posición de la Iglesia

Fuentes episcopales sostenían a primera hora de la mañana que durante la reunión mantenida el pasado jueves entre Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, “el tema de las víctimas se abordó en general”, y que en ningún momento se les adelantó que a los pocos días habría un plan de reparación. El ministro de la Presidencia señaló, por el contrario, que las conversaciones se iniciaron entonces y que ayer adelantó a los obispos las líneas generales del plan, del que hoy remitirá el texto completo.

En todo caso, la nueva cúpula episcopal adelanta que ya existen negociaciones para la creación de un estatuto de las víctimas y su inclusión en un futuro comité que determine qué indemnizaciones pueden recibir. Y lanzan mensajes de entendimiento con el Gobierno que podrían dar a entender la intención de la Iglesia de participar de un posible fonde de reparación.

La Iglesia española “colaborará con el Estado” para “afrontar todas las dimensiones” del escándalo de la pederastia clerical, “asumiendo nuestra responsabilidad y colaborando en todo lo que haga falta, partiendo de los apuntes que daba el Defensor del Pueblo en su informe”. Así respondía el cardenal de Madrid, José Cobo, a las preguntas de elDiario.es tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.  

“En la última Plenaria –señaló Cobo– establecimos una línea y un horizonte”. Y recalcó que “hay un acercamiento con el Gobierno para implementar esa colaboración, siempre teniendo en cuenta la centralidad del sufrimiento de la víctima y la necesidad del acompañamiento, no solo a corto plazo, sino en todo el proceso de acompañamiento que necesita”.

Sin embargo, y pese a la puerta abierta tanto de Cobo como de Argüello, lo cierto es que buena parte de la Comisión Ejecutiva de la CEE sigue mirando con recelo el acercamiento de la nueva cúpula episcopal a las víctimas. Mientras tanto, y pese a las críticas de las asociaciones, la Conferencia Episcopal ha continuado utilizando el polémico informe Para dar luz en distintas reuniones de trabajo. La última de ellas, este mismo viernes.

La Conferencia Episcopal publicó una nota de prensa en la que consideraba que el plan de reparacióndel Ministerio de la Presidencia “parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”. “La Iglesia no puede aceptar un plan que dejaría fuera a nueve de cada diez víctimas”.

“La CEE ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto”, concluye el comunicado.

Sumar critica el plan y pide que la Iglesia pague

Sumar ha presentado objeciones formales al texto porque cree que es la Iglesia quien debe pagar las indemnizaciones. Los ministros de la coalición, a través de la Vicepresidencia segunda, han trasladado a la parte socialista del Gobierno su disconformidad con el plan, que consideran “incompleto e insuficiente”.

La principal queja de los de Yolanda Díaz es que no incorpora de forma expresa “un modelo de reparación integral a las víctimas”. Es, argumenta Sumar, lo que viene reiterando las asociaciones de víctimas: “El establecimiento de un mecanismo de indemnización y reparación a cargo de la Iglesia católica que garantice el ejercicio del derecho de reparación en todos los casos”.

Sumar recuerda que el propio plan del Gobierno hace referencia el “grave problema social y de salud pública” que suponen los abusos sexuales en la Iglesia y especifica que la respuesta de esa institución es “insuficiente”. “Incluso el Defensor del Pueblo indica que ”es preciso asumir la obligación de reparar tanto por parte de la Iglesia como de los poderes públicos [de forma] simbólica, restaurativa e integral incluida la compensación económica“, señala el socio minoritario de la coalición.

Es por eso que Sumar ha presentado sus quejas dentro del Gobierno tanto formalmente como oralmente en los órganos pertinentes. “Sumar se posiciona del lado de las víctimas que, para su correcta y profunda reparación, deben verse compensadas en su totalidad”, sostienen fuentes de la vicepresidencia segunda.

Las víctimas critican “el rescate de los obispos”

“Hay tres patas en el asunto: el Estado, las víctimas y la Iglesia. Si no están las víctimas, esto no funciona”. La presidenta de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Ana Cuevas, tomó con cierta “perplejidad” el plan aprobado por el Consejo de Ministros, del que las víctimas no tenían conocimiento previo. 

Algunos supervivientes consultados por elDiario.es saludan la iniciativa, siempre y cuando se sigan los criterios incluidos en el informe del Defensor del Pueblo. En todo caso, cuestionan no haber sido consultadas por el Ejecutivo, y esperan poder tener voz y voto en las concreciones del plan. También aguardan la respuesta de la Conferencia Episcopal, y cómo afecta esta decisión del Gobierno a las reuniones que se habían iniciado, tanto con la nueva cúpula episcopal como con la Confer. 

Por su parte, Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat, calificó el plan de reparación como “un plan descafeinado, con graves lagunas, y que beneficia a los obispos a costa de las víctimas y al contribuyente”. En su opinión, con esta iniciativa el Ejecutivo “consagra el rescate económico a los obispos”, y “asume que ante la negativa de la Conferencia Episcopal a participar en un plan estatal de reparación, será el Estado quien pague la factura de la pederastia de la Iglesia”.  

“Diez años después de que los españoles rescatáramos a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende que rescatemos también a los obispos”, lamenta Hurtado, quien insiste en que esta medida “traiciona el compromiso firme que adquirió Pedro Sánchez en su sesión de investidura de aprobar la imprescriptibilidad civil de las indemnizaciones”.

Finalmente, Hurtado lamenta que el plan gubernamental “se niega a establecer un baremo específico de indemnización”. En su opinión, “el Gobierno parece apostar por indemnizaciones simbólicas e insuficientes que no compensen los elevados costes económicos que el abuso sexual supone para las víctimas”.

Los obispos argentinos le enviaron este jueves una carta al Papa Francisco tras la Asamblea Plenaria del Episcopado en la que plantearon su preocupación por la situación actual del país y detallaron que existen “muchas situaciones que atentan contra la dignidad infinita de la persona humana”.

De acuerdo a los máximos representantes de la Iglesia católica, “desde hace décadas vivimos tiempos difíciles en nuestra querida Argentina. Hay muchas situaciones que atentan contra la dignidad infinita de la persona humana, como, por ejemplo: avanza la pandemia silenciosa del narcotráfico, que utiliza a los pobres como material de descarte, que promueve el sicariato, que seduce con dinero manchado de sangre a miembros del ámbito político, de la justicia y del mundo empresarial; a muchos abuelos y abuelas se les presenta el drama de elegir entre comer o comprar los medicamentos porque la jubilación no alcanza; cierran comedores comunitarios por falta de asistencia y muchos vecinos se quedan sin la posibilidad de esa comida en el día; se ataca la vida inocente que no ha nacido, y, a la vez, la igualmente sagrada vida de millones de niños y niñas ya nacidos que se debaten entre la miseria y la marginación; asistimos a la discontinuidad de políticas públicas de integración de barrios populares, logradas con el consenso de gobiernos de distintos signos políticos y representantes legislativos; también familias despojadas de su tierra natal en beneficio de intereses económicos; hermanos que pierden su trabajo, que sienten que su vida está de sobra, y que no pueden poner el hombro en la construcción de la Patria.

Para los obispos, “son tiempos complejos, por momentos contradictorios, en los que conviven una esperanza y paciencia honda de nuestro pueblo, que habla de su grandeza de corazón, con una incertidumbre y una creciente vulnerabilidad de las personas”.

Además, pidieron “tomar partido por los más frágiles, defender su dignidad, implicarnos personalmente en sus gozos y esperanzas, en sus sufrimientos y problemas”, “unirnos más que nunca” y “tender la mano al pobre”, al tiempo que apuntaron a quienes “tienen las manos en los bolsillos y no se dejan conmover por la pobreza, y los que tienen las manos manchadas por la complicidad”.

De acuerdo a la Conferencia Episcopal, “es fundamental sostenernos en una alegría que nos libere de la desesperanza y del desaliento, evitando transformarnos en profetas de calamidades que sólo desparraman pánico y angustia” y reclamaron más “amor con gestos concretos en una sociedad que parece vivir en el constante enfrentamiento, donde priman el individualismo y una libertad sin amor”.

El texto completo de la carta enviada al papa Francisco

En tiempos difíciles, amar a los demás y alegrar sus vidas Mensaje al pueblo de Dios Queridos hermanos y hermanas, En este tiempo de Pascua, nos llena el corazón de alegría este anuncio: “Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado”. (Mc 16, 6).

Desde hace décadas vivimos tiempos difíciles en nuestra querida Argentina. Hay muchas situaciones que atentan contra la dignidad infinita de la persona humana, como, por ejemplo: avanza la pandemia silenciosa del narcotráfico, que utiliza a los pobres como material de descarte, que promueve el sicariato, que seduce con dinero manchado de sangre a miembros del ámbito político, de la justicia y del mundo empresarial; a muchos abuelos y abuelas se les presenta el drama de elegir entre comer o comprar los medicamentos porque la jubilación no alcanza; cierran comedores comunitarios por falta de asistencia y muchos vecinos se quedan sin la posibilidad de esa comida en el día; se ataca la vida inocente que no ha nacido, y, a la vez, la igualmente sagrada vida de millones de niños y niñas ya nacidos que se debaten entre la miseria y la marginación; asistimos a la discontinuidad de políticas públicas de integración de barrios populares, logradas con el consenso de gobiernos de distintos signos políticos y representantes legislativos; también familias despojadas de su tierra natal en beneficio de intereses económicos; hermanos que pierden su trabajo, que sienten que su vida está de sobra, y que no pueden poner el hombro en la construcción de la Patria.

Son tiempos complejos, por momentos contradictorios, en los que conviven una esperanza y paciencia honda de nuestro pueblo, que habla de su grandeza de corazón, con una incertidumbre y una creciente vulnerabilidad de las personas.

San Alberto Hurtado decía que en tiempos difíciles no nos tenemos que cansar de amar a los demás y de alegrar sus vidas. Un amor con gestos, porque nuestros gestos son el modo de demostrarle a nuestro pueblo que entendemos su dolor. Advertir sus heridas y vivirlas en proximidad y cercanía. Tomar partido por los más frágiles, defender su dignidad, implicarnos personalmente en sus gozos y esperanzas, en sus sufrimientos y problemas.

Darnos la mano, no soltarnos, unirnos más que nunca, porque como decía el Papa Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial de los pobres del 2020: Tender la mano hace descubrir, en primer lugar, a quien lo hace, que dentro de nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan sentido a la vida. ¡Cuántas manos tendidas se ven cada día! ¡Cuánto bien que cotidianamente se realiza en el silencio y con gran generosidad, fruto de la bondad de los santos “de la puerta de al lado”, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios!

Pero también, “tender la mano al pobre” (cfr. Si 7, 32) destaca, por contraste, la actitud de quienes tienen las manos en los bolsillos y no se dejan conmover por la pobreza, y los que tienen las manos manchadas por la complicidad.

Retomando la frase de San Alberto Hurtado, también es hora de alegrar las vidas de tantos hermanos que la están pasando muy mal.

La alegría cristiana no es euforia, no es éxito, no es placer, no es un optimismo ingenuo, ni estar siempre bien. La verdadera alegría tiene que ver con el sentido de la vida, con la experiencia de tener un horizonte.

En el actual contexto económico y social argentino es fundamental sostenernos en esa alegría, una alegría profunda y duradera, la que nace del encuentro con el Señor. Es una alegría que nos libera de la desesperanza y del desaliento, evitando transformarnos en profetas de calamidades que sólo desparraman pánico y angustia.

Estamos convencidos que el amor con gestos concretos y la alegría son el anuncio más explícito del Evangelio en una sociedad que parece vivir en el constante enfrentamiento, donde priman el individualismo y una libertad sin amor.

San Pablo nos exhorta: “Sean alegres en la esperanza” (Rom 12, 12) La alegría y la esperanza van inseparablemente unidas. Pidamos el don de la esperanza que nos sostiene en tiempos difíciles y a la vez nos anima hacia adelante sin bajar los brazos, tomados de la mano de los más vulnerables con los que vamos haciendo camino para, entre todos, construir la Patria de fraternidad que anhelamos y por la que tantos dieron su vida.

Que la Virgen María, que sigue al pie de las cruces de tantos hermanos, nos conceda la fortaleza, la solidaridad, el compromiso y la alegría que necesitamos para seguir esperando contra toda esperanza. 

IG

El presidente Javier Milei recibió hoy en Casa Rosada a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, quienes le manifestaron al jefe de Estado su “preocupación” por la “situación económica” que atraviesa el país.

La comitiva de la Iglesia, que encabezó monseñor Oscar Ojea, le transmitió al Gobierno nacional su “inquietud especial” en lo que tiene que ver con la “contención” de los “sectores vulnerables que sufren, principalmente, la falta de alimento y medicamentos”.

En tanto, en nombre de la Comisión Permanente que se encuentra en estos días en su 196º reunión, los eclesiásticos llevaron las preocupaciones de los obispos de las distintas provincias del país por la “situación que se vive”.

Por parte del Gobierno, estuvieron presentes la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Diana Mondino, la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el Secretario de Culto, Francisco Sánchez.

Además de Ojea, la Comisión que visitó al Presidente estuvo integrada por su vicepresidente 1º monseñor Marcelo Colombo, el vicepresidente 2º monseñor Carlos Azpiroz Costa y el secretario general monseñor Alberto Bochatey OSA.

Al finalizar la reunión, los obispos entregaron como obsequio al presidente una edición del libro “Statio Orbis”, que narra la oración del papa Francisco en la Plaza de San Pedro al comienzo de la pandemia y el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz.

CRM con información de la agencia NA

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió hoy que “cientos de miles de familias” en el país tienen problemas para “alimentarse bien” y afirmó que “la comida no puede ser una variable de ajuste”, por lo que los comedores comunitarios, entre otras instituciones sociales y religiosas, deben recibir asistencia “sin dilación” para que la situación “no profundice la crisis alimentaria”.

“Como obispos, en el trato pastoral con la gente sencilla, hemos aprendido que 'Un plato de comida no se le niega a nadie'. Es que en nuestra patria nadie debería pasar hambre, ya que es una tierra bendita de pan. Sin embargo, hoy, a cientos de miles de familias se les hace cada vez más difícil alimentarse bien”, expresó la Comisión Ejecutiva de la CEA, cuyo presidente es monseñor Oscar Ojea.

En ese documento, titulado “El pedido del pan de cada día es un clamor de justicia”, y difundido a una semana de que el papa Francisco reciba en el Vaticano al presidente Javier Milei, la CEA resaltó que “es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria”, y en ese sentido consideró que “se debe facilitar a las personas, las comunidades y al pueblo aquello que se necesite para ayudar a los más frágiles, especialmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores”.

“Ante una crisis -mencionó el texto- no son suficientes los paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos, es necesaria la comunidad”, afirmó.

El documento indicó que “la inflación desde hace años crece día a día y pega fuertemente en el precio de los alimentos”, una situación que “siente claramente la clase media trabajadora, los jubilados y aquellos que no ven crecer sus salarios”.

“Ante este escenario de trabajo sacrificado y de bajos ingresos, las familias se privan de muchas cosas. Por ejemplo, una mamá puede privarse de tomar un colectivo y camina para ahorrar, pero de ninguna manera puede no darle de comer a sus hijos. Es decir, la comida no puede ser una variable de ajuste”, sostuvo.

El documento citó un fragmento del libro sapiencial de Tobías, en el Antiguo Testamento, que señala que “entre las necesidades primarias está el alimento”, un motivo por el cual, continuó el texto, “Jesús se identifica con los últimos en la fila de la vida que padecen hambre, y dice: 'Tuve hambre y me diste de comer'”.

La CEA recordó que el tiempo de la pandemia de Covid-19 “enseñó el valor de la respuesta comunitaria organizada” y que en aquel tiempo de emergencia sanitaria “se multiplicaron los comedores” en las parroquias, las Iglesias evangélicas y los movimientos populares.

Así, destacó que “las grandes protagonistas fueron las mujeres”, porque “cada una se acercó a la olla pensando no sólo en sus hijos, sino también en los de los vecinos”, mencionó la CEA.

La entidad católica valoró que “esa reserva” social “está todavía presente”, y por eso “el Estado nacional, provincial y municipal tienen que aprovecharla para que nadie se quede sin el pan de cada día”.

“Todos los espacios de cuidado que dan de comer, todos los comedores comunitarios, de parroquias, iglesias evangélicas y de movimientos populares deben recibir ayuda sin dilación”, opinó la Comisión Episcopal.

Y agregó: “Toda esta comunidad, verdadero ejército de amor y servicio, está dispuesta a dar de comer ahora porque hace falta, pero sin renunciar a seguirse poniendo la patria al hombro, para que en nuestra querida Argentina se haga realidad el sueño de Tierra, Techo, y Trabajo para cada familia”.

El Gobierno de Javier Milei anunció recientemente la auditoría a los comedores registrados para luchar contra la “discrecionalidad, compras que no se entienden bien y cuestiones que estamos dispuestos a cambiar”, explicó días atrás el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Va a haber un método innovador para que las ayudas lleguen a quienes correspondan”, agregó, sin especificar más detalles, aunque sí reiteró la lucha del Gobierno por “evitar que existan negocios con la pobreza”.

En el ámbito de esas protestas, la ministra de Capital Humano -cartera de la que depende la asistencia social-, Sandra Pettovello, dijo recientemente que no iba a hablar con “los referentes” que acudieran hasta ella, sino que atendería “uno por uno a la gente que tiene hambre”, anotando su nombre y DNI.

Esta afirmación llevó hoy a numerosas personas a hacer fila ante la sede de su cartera.

CRM con información de las agencias Télam y EFE

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) invitó hoy al papa Francisco a la Argentina. De concretarse la visita, sería la primera vez que el líder religioso viaje al país desde que fue elegido Sumo Pontífice. “Reunidos en la Asamblea Plenaria de los obispos queremos expresarte nuestro deseo de que nos visites pronto. Así nos unimos al sentido de nuestro pueblo que desea encontrarse con su Pastor”, expresó el organismo en una carta emitida tras la 123° Asamblea Plenaria.

“A todos nos hará mucho bien tu cercanía y bendición en estos tiempos difíciles. Confiando en la posibilidad de que consideres concretar esta visita al país, te encomendamos a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina”, agregó la entidad en su escrito.

Este lunes, el presidente de la CEA y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, ya había adelantado el “profundo deseo” de la Iglesia argentina de que se lleve a cabo la visita del Bergoglio a su país natal. Según indicó, el reencuentro de los fieles nacionales con el líder religioso “ayudará a sanar heridas, a crecer en el aprendizaje del diálogo”, así como también a revitalizar el “espíritu misionero”.

A principios de 2023, el Sumo Pontífice había analizado la posibilidad de viajar al país el próximo año. Sin embargo, las crecientes críticas que recibió por parte del candidato presidencial de La Libertad Avanza y la posibilidad de que su figura se viera involucrada en la competencia electoral empañó tal posibilidad. Así lo había expresado, al menos, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández.

“Seguramente el Papa no irá a un lugar donde no le inviten, donde puedan usar (o complicar) su visita para conveniencias políticas o donde las autoridades desprecien su presencia”, sostuvo en septiembre, luego de que la ex postulante presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, solicitara su presencia en el país.

La figura del Papa fue uno de los puntos de choque entre el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y Javier Milei durante el debate presidencial para los comicios generales del pasado 22 de octubre. En aquella oportunidad, el funcionario del gobierno de Alberto Fernández le exigió al economista libertario que le pidiera disculpas al Sumo Pontífice por sus sucesivos agravios.

En una entrevista con el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, el diputado nacional de La Libertad Avanza había asegurado que Bergoglio mantiene vínculos con “comunistas asesinos” y viola los Diez Mandamientos al mostrarse a favor de la justicia social. Ya en 2020, lo había descripto como el “representante del maligno en la Tierra”.

ACM con información de agencias.

Unas 1.200 víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia católica de Francia presentaron el pedido para recibir una compensación económica por los ataques sufridos. Pero hasta ahora sólo 190 víctimas recibieron compensaciones por 37.000 euros mientras que apenas 40 consiguieron el máximo posible de 60.000 euros.

Estas víctimas representan una ínfima parte las 330.000 denuncias recibidas por una comisión independiente en el año 2021. A lo largo de 2.500 páginas, la denominada Comisión Ciase determinó los abusos cometidos entre la Iglesia de Francias entre 1950 y 2020. De ese total, 216.000 fueron menores.

A partir de este informe, la Conferencia Episcopal de ese país resolvió crear una nueva comisión, la INIRR (Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación), para escuchar y recibir denuncias de las víctimas. Sin embargo, hasta el 1 de marzo sólo se habían recibido 1.186 denuncias, de las cuales sólo 404 fueron atendidas por sus servicios.

El número se achica aún más al momento de diferencias entre los casos que siguen en estudio y quienes efectivamente recibieron una compensación: 230.

Del total de casos recibido por la INIRR, el 58 % de los ataques se prolongaron durante más de un año, en tanto en el 21% las víctimas fueron sometidas por más de cinco años. En la mayoría de los casos se trató de violaciones, sobre todo a niños de entre 11 y 15 años (54 % del total) o entre 6 y 10 años (40 %).

“Sabemos que los abusos sufridos durante la infancia son extremadamente importantes y sus efectos se prolongan durante años”, reconoció la presidenta de la institución, Marie Derain de Vaucresson, quien admitió que durante años hubo una voluntad en la Iglesia de ocultar estos hechos. 

Las víctimas, cuya edad media actual es de 61 años, son mayoritariamente hombres (68 %), pero la directora de la INIRR reconoce que el número de mujeres es mayor del esperado y actualmente representan el 32 %.

Las víctimas, que contactan por teléfono o por correo electrónico al organismo, reciben un acompañamiento próximo e individualizado por parte de la figura del referente, quien les ayuda a través de entrevistas a clarificar sus recuerdos y calificar la violencia sufrida.

Sin embargo, el dinero no siempre es suficiente y en el caso de Stephan, que prefiere no usar su nombre verdadero, la reparación estuvo en el reconocimiento y el consuelo de su sufrimiento. Atacado a los 13 años durante una confesión, cargó durante años con la culpa del episodio, que le hizo desarrollar una obesidad mórbida por la que tuvo que someterse a una cirugía cardíaca.

“Pensamos que el niño que es violado lo olvida, pero no. El niño que es violado no olvida nunca y sufre traumas de por vida”, resalta esta víctima, que, tras su proceso con la INIRR, dice sentirse liberado y reconocido. 

“La reparación pasa por una reparación financiera, pero no puede sustituir a la justicia civil”, señaló François, nombre ficticio de otra de las víctimas. El hombre agregó que contar su experiencia ante INIRR fue “una revelación” que le permitió poder expresarse y dar testimonio de lo que había sufrido, e insiste en esa necesidad de reconocimiento, en especial por parte de la Iglesia.

“Lo más importante es que exista esta instancia, creada para ser un foro de escucha, con gente competente que puede comprender lo que hemos vivido y reconocer lo que hemos vivido”, concluyó.

Con información de EFE.

“Como hombres y mujeres creyentes de nuestro país, queremos expresar nuestro sentido dolor y nuestra preocupación por el atentado contra la señora vicepresidenta de la Nación, a quien le hacemos llegar por este medio nuestra solidaridad en estas horas difíciles”, expresó el comunicado conjunto de la DAIA, el Centro Islámico Argentino, la Conferencia Episcopal Argentina y el Instituto de Diálogo Interreligioso.

El texto, firmado por el monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal; Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA; Aníbal Bakir, presidente el Centro Islámico; y el padre Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y Omar Abboud, del Instituto de Diálogo Interreligioso, dice: “Creemos firmemente en el valor inalienable de la vida y rechazamos cualquier forma de violencia e incitación a ella”. Asimismo, pidieron el “pronto esclarecimiento de los hechos que nos permitan conocer la verdad de lo sucedido, serenar los ánimos y profundizar en nuestra convivencia democrática”.

“Mientras renovamos nuestra oración insistente suplicando que brille en todos los corazones la sabiduría y la paz que proceden de Dios; reiteramos nuestra invitación a construir juntos una patria de hermanos, sin exclusiones ni discriminaciones, poniendo lo mejor de nosotros mismos al servicio del bien común”, concluyó el texto.

El Estado de Israel, a través de su Embajada en la Argentina, también expresó su enérgico rechazo contra lo sucedido en la noche del jueves. “Manifestamos nuestro más enérgico rechazo hacia el ataque sufrido en el día de ayer por la vicepresidenta Cristina Kirchner”. La embajada agregó: “Acompañamos a la Argentina la defensa de los valores democráticos y en el repudio hacia toda forma de violencia”.

Además, B'nai B'rith Internacional, la organización judía humanitaria de derechos humanos y de servicio más antigua del mundo, condenó el atentado a través de Twitter: “Condenamos enérgicamente el aparente intento de asesinato de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner”.

“No hay lugar para la violencia como medio para hacer un ‘punto político’. Nunca es aceptable socavar los valores democráticos recurriendo a la violencia y la incitación», agregó la organización humanitaria.

B'nai B'rith Argentina también se manifestó en un comunicado: “El odio, alimentado irresponsablemente, provocó un hecho gravísimo. Ha llegado la hora de renovar el pacto que ha dado origen a nuestra nación, contribuyendo todos los sectores políticos, sociales y religiosos a actuar con sensatez y respeto por el otro.”

LC con información de agencias

Una investigación de abusos en la Iglesia española reveló, por el momento, la existencia de decenas de acuerdos extrajudiciales firmados entre denunciados y víctimas de pedofilia. El equipo que está al frente de la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal detectó “alrededor de una treintena” de documentos en los que se “renuncia a los tribunales” en casos de agresiones sexuales, según detallan fuentes del grupo de trabajo creado por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. 

Los acuerdos extrajudiciales revisados por el equipo encargado de las investigaciones encomendadas por los obispos afectan sobre todo a la congregación de los Maristas y llegaron al despacho de abogados a través de los encuentros que el equipo de Cremades mantuvo con asociaciones de víctimas, según añaden las fuentes consultadas por esta redacción.

Debido al carácter privado de los documentos y a la falta de transparencia de la Iglesia Católica española en este asunto, no es descartable que existan otros muchos acuerdos firmados a título personal o por instituciones religiosas de los que la auditoría no tenga conocimiento. La labor de esta comisión de investigación, que comenzó en febrero, se alargará durante un año.

En los documentos revisados por el grupo de trabajo se refleja un procedimiento estándar y no un acuerdo individual. En estos casos, la conciliación se ha alcanzado a través de un organismo de mediación establecido y aceptado por las partes, según explican fuentes de la auditoría. Además, en los textos queda claro que los victimarios reconocen los hechos.

Comprar la impunidad y el silencio

La particularidad del documento notarial firmado por el cura del Opus Dei Manuel Cociña –uno de los sacerdotes más relevantes de la Obra, que llegó a convivir con su fundador, José María Escrivá de Balaguer– es que en él no se admiten los hechos, aunque se compensa económicamente a la víctima. En el documento notarial desvelado por elDiario.es se habla de “comportamientos inadecuados”. 

En el escrito publicado por esta redacción se constata que los 17.000 euros de “ayuda económica” acordada se abonan a cambio de que la víctima renuncie a cualquier proceso penal y a comentar en medios de comunicación lo sucedido, e incluso debe admitir que “esos comportamientos en ningún caso fueron abuso sexual”. 

La justicia canónica condenó a Cociña por “solicitación” e “imprudencias” a cinco años sin poder ejercer en público, cinco de atención espiritual en su centro y tres décadas de prohibición de acción pastoral con menores de 30 años. Por este caso, la organización accedió por primera vez a pedir perdón a la víctima. El Opus Dei emitió entonces un comunicado en el que se referían al comportamiento del sacerdote como “actuaciones canónicamente reprobables”.

Tras la publicación del acuerdo extrajudicial entre Cociña y D. M. G. F. en elDiario.es, la prelatura asegura que “no ha habido silencio ni cláusula de confidencialidad alguna” en este caso. Además, añaden en una nota de prensa publicada este martes que en este procedimiento el delegado del Opus Dei “mantuvo un contacto estrecho con el denunciante durante todo el proceso y le procuró atender con la mayor cercanía posible”. 

El futuro de un documento notarial

Para analizar estos acuerdos, Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), señala que lo primero que hay que examinar es si el caso está prescrito. En caso de que así sea, la denuncia ya no tendrá recorrido por la vía penal. Si en cambio la causa continúa viva, Tamarit sostiene que “un documento formalizado ante notario en el que alguien renuncia a ejercitar una acción penal en principio no tiene consecuencias”. Y añade: “La acción penal no es algo a lo que se pueda renunciar, como sería una acción civil, donde se recibe una cantidad a cambio de no reclamar más”. 

En esa misma línea se pronuncia la profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, Carmen Cuadrado. Esta docente defiende que un “notario únicamente refleja que es cierto lo que se ha dicho ante él, que esa declaración se ha producido”. “Nunca puede ser prueba de validez del contenido de las afirmaciones”, señala. 

El catedrático de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos Antonio Cuerda se muestra en contra de estos acuerdos extrajudiciales en casos de delitos sexuales. En su reflexión, señala que esta actuación “beneficia a todos los intervinientes”, “sobre todo al autor” porque “evita la cárcel o reduce el tiempo de prisión”. 

Cuerda defiende que también gana el magistrado porque “evita un juicio y una sentencia engorrosa” y los abogados, tanto el de la víctima –que tiene que afrontar “una estrategia acusadora generalmente complicada”– como el del denunciado –porque su estrategia “se simplifica al máximo”–. Y concluye: “Pierde la sociedad, ya que la ausencia de reacción penal facilita la reincidencia del autor”.

“Los acuerdos extrajudiciales que incluyan una renuncia clara por parte del perjudicado al ejercicio de acciones civiles y penales son plenamente válidos siempre y cuando no hubiere mediado vicio del consentimiento de carácter relevante”, indica la abogada penalista Rocío Gil, a su vez, la letrada del despacho Ceca Magán reseña que “el artículo 107 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cualquier víctima de un delito puede renunciar tanto a la acción civil como a la penal”.

Cremades aboga por indemnizaciones

Otras fuentes jurídicas consultadas defienden que este acuerdo “supone una renuncia de derechos” que los jueces van a tener en cuenta. Por su parte, el abogado Eduardo Ranz subraya que estos acuerdos deberían “ser homologados” ante un magistrado. Esta actuación implicaría que “el religioso” reconozca los hechos y que el Ministerio Fiscal pueda “continuar con el proceso, aun sin acusación o víctima”. La renuncia por vía penal –añade Gil– “no perjudicará más que al renunciante y por lo tanto no extinguirá la acción penal que, si se trata de un delito público, podrá ser ejercitada por un tercero si el delito no ha prescrito”.

En los acuerdos revisados por el grupo de trabajo del despacho de Cremades, las indemnizaciones económicas oscilan entre los 9.000 y los 50.000 euros, según detalló el abogado en una entrevista a Europa Press. El presidente del bufete que asumió el encargo de los obispos aboga por que la Conferencia Episcopal indemnice a las víctimas a pesar de que los casos estén prescritos. 

En relación a estos documentos, Cremades indicó a la agencia de noticias que “aprendieron de las víctimas que el procedimiento penal no siempre es el lugar idóneo para resolver su problema”. “Y, aunque animemos, y ojalá lo hagan más, a denunciar penalmente todo lo que sucede y la Fiscalía tenga que actuar, la realidad es que no está siendo fácil para ellas enfrentarse a un lugar en el que se va a dudar de su testimonio”, ha apuntado, aunque señaló que “en ningún caso” defiende “eludir” la responsabilidad de los victimarios.