Por primera vez un juzgado español escuchó la denuncia de una víctima de torturas policiales durante la dictadura franquista. Durante algo más de hora y media Julio Pacheco y Rosa María García relataron a un magistrado de la Plaza de Castilla de Madrid las torturas que el primero asegura haber sufrido en 1975 a manos de varios policías de la Brigada Político-Social. “Es empezar a romper el muro de silencio e impunidad que tenemos con el franquismo”, explicaba Pacheco a la salida.

El denunciante recibió el apoyo de medio cententar de personas con pancartas y mensajes contra la impunidad de los crímenes de la dictadura y un mural con el mensaje “rompamos el muro de la impunidad”. Era el segundo intento de Pacheco y García de relatar ante un juez lo que pasó en 1975: su última declaración se suspendió aunque estaba prevista para el pasado mes de julio.

Hasta la fecha, Pacheco y otras víctimas de torturas policiales durante la dictadura solo habían podido explicar los hechos al otro lado del Atlántico, cuando la jueza argentina María Servini decidió abrir una investigación que terminó con varios intentos fallidos de extradición de mandos policiales de la época.

Hoy los dos pudieron hacerlo en el juzgado 50 de Madrid, que investiga si el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros agentes participaron en torturas contra este denunciante. “La primera vez que un juez te hace caso y te oye en sede judicial significa que puede haber más, que puede empezar esto a abrirse de alguna manera y obtener Justicia en el Estado español, yo tengo esa esperanza, creo que vamos a ir despacito pero el primer paso está dado”, explicaba Pacheco a la salida.

A esta declaración que estaba prevista para el pasado mes de julio no solo han acudido el fiscal del caso y el titular del juzgado, sino que también hizo acto de presencia un representante de la Fiscalía especializada en memoria democrática, aunque no realizó preguntas durante los interrogatorios y se limitó a tomar notas.

En los últimos años diversas denuncias y querellas por crímenes supuestamente cometidos durante la dictadura fueron admitidas a trámite pero no prosperaron al entender los jueces que los hechos están prescritos o, directamente, que están neutralizados por la amnistía de 1977. En ese sentido, Pacheco espera que ahora el juzgado 50 de Madrid cite a declarar a los policías querellados para poder interrogarles.

El exministro de Salud y actual diputado nacional cuestionó los dichos del candidato presidencial Javier Milei sobre supuestos "excesos" de la dictadura militar. Afirmó que el llamado Proceso de Reorganización Nacional fue un "plan sistemático" criminal.

Por Mauricio Caminos - De negacionista a reivindicador: Milei blanqueó su postura sobre la dictadura y busca abrir una discusión saldada hace 40 años

Daniel Gollan, diputado nacional del Frente de Todos, dio su testimonio acerca de los tormentos que padeció cuando fue torturado durante su cautiverio como detenido por la última dictadura cívico-militar.

Sus declaraciones fueron en una sesión de la Cámara de Diputados, donde el exministro de Salud contrarrestó los dichos del candidato presidencial Javier Milei de La Libertad Avanza, quien calificó como “excesos” los crímenes de lesa humanidad cometidas por el gobierno militar entre 1976 y 1983.

En su relato, el legislador recordó que fue sometido a “horas y horas de picana” y golpizas. Destacó que su “experiencia personal” se repitió en “miles y miles de argentinos y argentinas que pasaron lo mismo”, en lo que fue un “plan sistemático” de persecución, secuestro, tortura y desaparición.

El oficialista presentó la cuestión de privilegio contra quienes “están negando, minimizando, banalizando lo que sucedió en el período más negro de la historia”.

“Horas y horas de picana… Horas y horas de picana en la boca, en las encías, shock eléctricos, horas y horas, días y días. Me aplicaron submarino seco, hasta que se rompieron las costillas… y después siguieron, y cuando no daba más, horas parado, y cuando te caías, te golpeaban brutalmente. En una de esas golpizas me desmayé y amanecí en un baño, atado, adonde todos los que iban a orinar, me orinaban encima. Y muchísimas cosas más que ya no voy a contar”, detalló Gollan.

El extitular de la cartera de Salud tanto nacional como bonaerense también narró cómo logró salvar su vida. Recordó que un general que había traído a la Argentina los métodos de tortura de Argelia a la Argentina intercedió por él para que le siguieran pegando, aunque sin llegar a matarlo.

“No hubo ningún exceso, fue un plan sistemático, conducido y supervisado por los altos mandos de las fuerzas armadas. No banalicemos eso”, reclamó el sobreviviente.

Gollan también señaló que al quedar en libertad, se exilió en Alemania donde pudo escuchar a grupos neonazis que ponían en duda la cifra de seis millones de asesinados en el marco del Holocausto, a quienes equiparó con los negacionistas en Argentina.

“No podemos tolerar esto. La verdad que hubo un fallo que acá se mencionó muchas veces, que fue histórico, hecho durante el gobierno de alguien a quien admiro mucho, siendo peronista: el doctor Raúl Alfonsín”, concluyó.

LC con información de agencia NA

La Justicia Italiana confirmó la extradición a la Argentina del ex capellán militar de San Rafael, Franco Reverberi Boschi, para que sea juzgado por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad cometidos en Mendoza en el marco del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Con la decisión de la cartera a cargo de Carlo Nordio, queda firme la resolución del Tribunal de Apelaciones de Bolonia de comienzos de julio pasado.

“Realmente estamos muy contentos, se ha logrado algo muy importante. Teníamos dos extradiciones negadas en Italia, la de Reverberi y la de Malatto, por las que hemos trabajado mucho para cambiar la situación y finalmente pudimos obtener la confirmación de la extradición de Reverberi”, expresó Jorge Ithurburu, presidente de la Asociación 24 Marzo ONLUS, organización de derechos humanos con sede en Italia.

Reverberi Boschi, capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, está investigado por los hechos cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Departamental” en los tribunales locales. Nacido en Italia en 1937, regresó al viejo continente cuando en 2011, y en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, sobrevivientes y familiares lo señalaron como responsable. En particular, cinco víctimas aseguraron que estuvo presente durante las torturas a las que fueron sometidas.

Tras su huida a su país de origen, la justicia inició un pedido de extradición en 2013, proceso que adquirió un impulso mayor en los últimos años a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Según informó la cartera que encabeza Horacio Pietragalla Corti, desde el estado argentino se impulso la modificación de la jurisprudencia de la Justicia Italiana para que los crímenes de lesa humanidad y las torturas también fueran consideradas causas imprescriptibles, como sucede con los homicidios.

Durante el primer pedido de extradición hace una década, la Corte de Bolonia y la Corte Suprema de Casación en 2014, consideraron que la presentación “carecía de fundamento” dado que no se cumplían las condiciones estipuladas en el Tratado Bilateral de Extradición firmado entre Argentina y el país europeo. Recién en 2017, cuando la legislación italiana incorporó la tortura a su Código Penal, se cumplieron los requisitos para volver a iniciar el pedido, lo cual terminó sucediendo tres años más tarde.

Ahora, tras la extradición, el religioso podría ser juzgado en Argentina por la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en perjuicio de Alfredo Rafael Porras, Roberto Rosalez, Roberto Rolando Flores, Hugo Adelmo Riera, Sergio Segundo Chaki, Mario Héctor Bracamonte, Luis Barahona, Marcos Antonia Valdéz y José Guillermo Berón. Respecto de este último, se cree que el ex capellán podría haber participado de su homicidio.

Con información de agencias.

Al cumplirse este 17 de agosto 29 años de la desaparición de Miguel Bru, el joven de 23 años que era estudiante de periodismo en la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, subió a 5 millones la recompensa para encontrarlo y sus familiares y amigos lo recordarán con una vigilia.

A través de la Dirección de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires incrementó la recompensa para quien pueda aportar datos certeros sobre la desaparición del joven.

Las personas pueden aportar la información con reserva de identidad y en cualquier fiscalía de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia; en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial de La Plata (calle 7 entre 56 y 57) ; o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas (teléfono 0221 4293015) del Ministerio de Seguridad provincial.

En tanto, y según detalló la Asociación Miguel Bru, la vigilia por el aniversario de la desaparición de Bru, comenzará a las 19 de este miércoles frente a la sede policial, ubicada en 5 y 59, donde hasta las 2 de la madrugada se instalará una radio abierta, y habrá bandas de música y distintas proyecciones.

Se indicó que las horas en las que se realizará la vigilia, son las mismas que transcurrieron entre que la Policía Bonaerense ingresó a Miguel secuestrado a la Comisaría y lo sacó sin vida para hacer desaparecer su cuerpo.

Desde la Asociación, remarcaron que “la vigilia es un homenaje y una reafirmación de la lucha que sostenemos hace más de 24 años para reclamar la aparición de su cuerpo: la primera fue en 1999, luego del juicio que condenó a los policías asesinos pero que no obtuvo ningún dato para encontrarlo”.

Y agregaron: “Su familia y la Asociación Miguel Bru (AMB) continuamos buscando la verdad: que el único detenido, Justo José López, los otros policías implicados o cualquier persona que sepa algún dato, cooperen para poder encontrarlo y cerrar una herida que sigue doliendo como el primer día”.

El caso

Miguel Bru tenía 23 años y era estudiante de periodismo en la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Vivía con sus amigos en una casa que había sido allanada ilegalmente dos veces por efectivos de la policía bonaerense de la comisaría novena.

Miguel había denunciado esos allanamientos. Desde el momento de la denuncia, comenzó a ser amenazado y hostigado. Finalmente, el 17 de agosto de 1993, fue secuestrado y luego trasladado a la Comisaría N° 9 de La Plata.

A partir de ese momento, Rosa y Néstor Bru, junto a los amigos y amigas de su hijo comenzaron la incansable búsqueda, que chocaba permanentemente contra la complicidad y encubrimiento por parte del Poder Judicial y la Policía.

Pero esa lucha abrió el camino a la verdad. De esta manera, lograron que se sepa que Miguel había sido ingresado a la Comisaría y que allí había sido golpeado y torturado hasta la muerte. Su cuerpo hoy continúa desaparecido.

Con información de NA.

IG