“A veces el infierno viene de los que vienen del cielo”. Con esa frase, Carla Vitale, cuyo hijo es una de las víctimas del cura Tulio Mattiussi, le reclamó al obispo de San Nicolás, Hugo Santiago, que dejé de proteger al sacerdote dándole lugar para que cumpla la prisión domiciliaria luego ser condenado por abuso sexual de niños de un jardín de infantes.

En un extenso video publicado en su cuenta de Instagram Vitale hizo su descargo luego de que ayer el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena a 15 años de prisión a la que fueran sentenciados el año pasado Mattiussi y el portero Anselmo Ojeda. Ambos fueron encontrados culpables por el abuso sexual de niños de entre 3 y 5 años en un jardín de infantes Belén de San Pedro.

“Hoy es un día que es bueno, porque significa que los pasos que vamos dando en la justicia son buenos”, comenzó en Vitale con la voz entrecorta.

“A veces el infierno viene de los que vienen del cielo, a veces nosotros les depositamos a esas personas nuestras angustias, nuestras esperanzas, no digo que todos los curas son así pero este cura no puede estar protegido por un obispado, no puede estar viviendo en una casaquinta donde le estén dando la comida, la vivienda, donde esté protegido, donde le paguen los abogados, cuando dos tribunales lo condenaron por abuso de menores”, siguió Vitale quien contó además que tuvo que recurrir a la justicia para frenar el hostigamiento que sufrió por parte del obispado.

Los padres de las víctimas reclaman que tanto el sacerdote como el portero pasen a cumplir prisión efectiva.

“Vamos a pedir una revocación de la domiciliara para que puedan ir a la cárcel y tengan que ir donde que tengan que estar”, dijo Vitale.

El año pasado, el 24 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de de San Nicolás condenó por unanimidad a Mattiussi y Ojeda por “abuso sexual simple agravado y reiterado” por ser ministro de un culto para el caso de Matiussi y por ser un encargado de la guarda de las víctimas para el de Ojeda, en tanto la preceptora María Rubies resultó absuelta por “falta de pruebas”.

Mattiussi y Ojeda integra la lista de los 128 miembros de la Iglesia católica involucrados por abuso sexual de acuerdo a la investigación publicada por elDiarioAR en octubre de 2022.

El fallo fue firmado por los miembros de la sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por Ricardo Maidana y Daniel Carral, ante quienes habían presentado recursos de apelación tanto las defensas como el particular damnificado.

“¡Pedimos la prisión efectiva en la cárcel sin beneficios para ambos, al ya tener doble conforme, porque dos tribunales confirmando la pena!”, expresaron en un comunicado los padres que participan del expediente como particulares damnificados.

Las defensas de Matiussi y Ojeda habían cuestionado la “valoración probatoria efectuada en el veredicto para tener por acreditara la materialidad ilícita y la participación de sus defendidos”, mientras que el abogado de las familias había pedido un monto mayor dado que “la pena impuesta no resulta proporcional a la gravedad de los hechos y las circunstancias agravantes contempladas”.

“Conforme lo expuesto, la operación que determinó la convicción del Tribunal respecto de la materialidad ilícita se apoyó rigurosamente en la lógica, la observación y la experiencia siguiendo un razonamiento inobjetable sin que las críticas formuladas por las defensas logren evidenciar falencias en lo decidido”, dice Casación en su sentencia a la que tuvo acceso Télam.

Los hechos ocurrieron en 2017 en el jardín Belén, un establecimiento educativo y religioso de San Pedro. Al menos cinco niños fueron las víctimas, quienes sufrieron “tocamientos” de sus zonas genitales en horario de clases, delito que cometían tanto de manera “colectiva” como “individual”, con o sin la presencia de otros chicos como testigos.

“Necesitamos que estas personas estén en la cárcel sin privilegios y cumplan una condena efectiva de 15 años de prisión”, pidió desde su cuenta Instagram Vitale apenas conocida la decisión de la Cámara de Casación.

Desde allí contó cómo fue la pela que tuvo que dar para conseguir justicia: “Enfrentarnos al obispado fue muy difícil, enfrentarnos a una sociedad fue muy difícil porque nadie quería creer y hoy hay dos tribunales que confirman que son culpables”.

En otro tramo de su publicación, la mujer también reconoció lo difícil que resulta para las víctimas y sus familias seguir adelante con las denuncias: “De muchas denuncias no se logran las condenas, porque es muy difícil, es muy difícil mantenerte intacta, porque no podés llorar o gritar porque terminas siendo loca, tenés que tener estabilidad en todos los sentidos, tenés que guiar el proceso, que esto se haga bien, tenés que buscar abogados cuando no tenés idea de que significa un proceso penal, mientras tenés que atravesar el dolor de un abuso sexual a tu hijo que es lo último que querés en la vida”.

Con información de Télam

MG

Aunque en los últimos años se avanzó en la construcción de jardines de infantes, aún se necesitan al menos 24.202 aulas nuevas para garantizar la cobertura en las salas de 3, 4 y 5 años. Estos datos surgen del informe “Importancia del nivel inicial: evidencia, costos y desafíos pendientes”, de Martín De Simone (Banco Mundial), Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén del Observatorio de Argentinos por la Educación.

El documento, el primero de una serie de informes que destacan buenas prácticas educativas, ofrece una revisión de la literatura académica sobre la evidencia del impacto de las políticas de primera infancia, particularmente en el nivel inicial. Además, analiza el costo que implicaría la cobertura total de las salas de 3, 4 y 5 a nivel nacional.

Los autores determinaron que el mayor déficit se encuentra en sala de 3, donde faltan 17.399 aulas; mientras que en las salas obligatorias la deuda es menor: hacen falta 5.144 aulas en sala de 4 y 1.659 en sala de 5.

Esta cuenta pendiente impide que los niños y niñas argentinas aprovechen los múltiples beneficios del nivel inicial. Los autores aseguran que la educación temprana lleva a mejores rendimientos en Lengua y Matemática en la primaria, mayores tasas de permanencia, el incremento del número de años escolares completados, reducción de las tasas de abandono, mejoras en la probabilidad de graduarse de la secundaria y mayores probabilidades de matricularse en la universidad.

Para estimar el costo de construcción de las aulas necesarias, los autores plantearon dos escenarios. El primero prevé que solo es necesario construir aulas, mientras que el segundo supone escuelas completas. El primer caso representaría 2,13% del gasto anual en educación entre Nación y las provincias para el año 2021, mientras que el segundo costaría el triple: 6,66% (2.118 millones de dólares). Esto equivale e la incorporación de alrededor de 521 mil alumnos al sistema educativo por año. 

El coautor Martín De Simeone dice que “la educación inicial es un derecho, pero sabemos que eso, lamentablemente, no suele ser suficiente para promover inversiones en el sector”. Explica que “si bien el costo de expandir la oferta de educación inicial no es menospreciable, se trata de una inversión que, con el tiempo, se paga sola”. 

“La evidencia es contundente: la posibilidad de ir al jardín de infantes marca una diferencia sustantiva en el futuro de cada niño y niña. Los datos muestran que garantizar el acceso al nivel inicial de todos los niños y niñas redunda en mejores trayectorias educativas, aprendizajes más robustos y habilidades sociales más desarrolladas. Por eso es tan importante invertir en el nivel inicial”, afirma Melina Furman, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de San Andrés.

Si bien el acceso temprano a la educación tiene múltiples beneficios, algunas investigaciones señalan que una expansión demasiado ambiciosa podría afectar su calidad. Es por eso que recomiendan un “balance” entre la ampliación de aulas disponibles y la atención a la calidad educativa. Por otro lado, los estudios recomiendan focalizar la expansión del acceso en los niños de familias desfavorecidas, aquellos más se beneficiarían de una educación temprana de calidad.

“El informe evidencia la importancia de la educación y cuidados en la primera infancia, así como su interés político creciente, con datos alentadores sobre el aumento de la cobertura. Sin embargo, su impacto positivo radica no solo en el acceso sino en la calidad del servicio, dependiente especialmente de su institucionalidad y profesionalismo. Tres cuestiones pueden puntualizarse más allá de la construcción de aulas: la escasez y fragmentación de la oferta de 0 a 3 años, la consideración del rol de las familias en esta etapa y la imperiosa atención a la cualificación del personal en cuanto a formación y condiciones laborales”, concluye Gabriela Fairstein, docente de UBA y FLACSO.

LC

Una maestra jardinera de la zona rural del departamento Belgrano, en la provincia de Santiago del Estero, fue imputada penalmente tras ser acusada de incurrir en malos tratos hacia dos alumnas, ambas de 5 años, y la Justicia convalidó medidas de protección para las víctimas.

Según informó Diario Panorama, la investigación fue impulsada por la fiscal de la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada, Andrea Darwich, tras la primera denuncia de la madre de una de las niñas.

Todo se inició el 8 de agosto pasado cuando una mujer acudió a la Comisaría Comunitaria Número 21 de Bandera y denunció a la docente, de 33 años, al señalar que hacía algunas semanas notaba un cambio de conducta en su hija.

“No quería ir al jardín. Le dolía la cabeza y el estómago y me pedía que no la lleve más. Yo la llevaba y la maestra me decía que mi hija era llorona, sensible, pero un día noté que la nena tenía moretones en una pierna”, explicó la madre de la nena primero ante la Policía y después frente a la Fiscalía.

La mujer manifestó además que la niña ya no quería ingresar al jardín alegando que su maestra “era mala”, ya que le habría pegado fuerte en una pierna y, en medio del proceso, la madre de otra alumna le habría confiado que su hija protagonizó una situación similar y que la estaba tratando con un psicólogo.

De inmediato, la mujer refrendó la denuncia y puso en conocimiento de las autoridades del jardín con el objetivo de que adoptaran una salida rápida y le dijeron que labrarían un acta e investigarían, mientras que, en los últimos días las dos menores fueron escuchadas en Cámara Gesell, ante la fiscal, psicólogos y otros funcionarios de la Justicia en Añatuya.

La maestra fue imputada por “lesiones” en perjuicio de las dos pequeñas, mientras que la funcionaria judicial incluyó medidas de protección para las menores y, entre otras normas, la docente debería fijar residencia e informar a la Fiscalía en caso de efectuar cambio de domicilio, a la vez que tiene prohibido cualquier acercamiento y contacto de toda clase ya sea personal o a través de medios de comunicación, redes sociales y demás hacia las niñas y sus familiares en una distancia de 200 metros y el cese de todo acto de violencia en cualquiera de sus formas respecto de las menores.

La fiscal adosó la prohibición de portar armas de cualquier tipo, mientras que la docente debe abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar la investigación y la actuación de la Ley y presentarse a todas las citaciones que se le formulen.

En forma simultánea, trascendió que los directivos escolares abrieron su propia investigación, cuyos alcances no se limitarían a la conducta desplegada y reprochada en perjuicio de las dos nenas, sino al resto de la clase.

La Justicia de Añatuya también dio intervención al Consejo de Educación y a las autoridades de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y familia (Subnaf).

Con información de NA.

IG