La caída de la natalidad podría permitir que Argentina alcance una cobertura cercana al 100% en el jardín de infantes en 2027 sin necesidad de construir nuevas salas. Según un informe de Argentinos por la Educación, la disminución de la población infantil liberaría capacidad instalada suficiente para garantizar vacantes para todos los niños de entre 3 y 5 años si se mantiene la infraestructura actual y se optimiza el uso de los recursos disponibles.

Sin embargo, el informe advierte que la existencia de lugares disponibles no garantiza por sí sola una mayor asistencia, ya que la oferta no siempre coincide territorialmente con la demanda y persisten desafíos para incorporar a los niños al sistema educativo. Es que la infraestructura disponible para ofrecer vacantes a todos los niños de entre 3 y 5 años sólo se encuentra en 18 de las 24 jurisdicciones.

El estudio, titulado Cobertura actual y proyectada para el jardín de infantes, señala que entre 2016 y 2025 la población de niños de 3 a 5 años cayó un 31%, al pasar de 2,25 millones a 1,56 millones. En el mismo período, la matrícula del nivel inicial disminuyó un 12%.

Los autores proyectan que, si la cantidad de vacantes permanece constante y la capacidad instalada se utiliza plenamente, la cobertura nacional del nivel inicial podría pasar del 87% actual a ubicarse cerca del 100% en la mayoría de las provincias durante 2027.

Las proyecciones demográficas del INDEC muestran que la tendencia continuará. Entre 2025 y 2030, la población de 3 a 5 años se reduciría otro 16%, hasta alcanzar alrededor de 1,31 millones de niños, unos 250.000 menos que en la actualidad.

La cobertura del nivel inicial presenta fuertes diferencias según la edad. Mientras la sala de 5 años está prácticamente universalizada, con una tasa neta de escolarización del 99%, la sala de 4 alcanza el 87%. El mayor desafío continúa siendo la sala de 3, donde solo el 58% de los niños asiste al sistema educativo formal, aunque existen también otras modalidades de atención, como los Centros de Primera Infancia y otras ofertas que no dependen de los ministerios de Educación.

Las brechas entre provincias son especialmente marcadas en esa edad. Buenos Aires y La Rioja registran coberturas superiores al 70%, mientras que Corrientes, Misiones y Formosa no llegan al 30%.

Pese a esas diferencias, el acceso al nivel inicial creció de manera sostenida durante la última década. Entre 2016 y 2025, la escolarización de la sala de 3 aumentó 18 puntos porcentuales a nivel nacional, mientras que la de sala de 4 avanzó tres puntos y la de sala de 5, uno.

Según el informe, esa expansión respondió tanto a la disminución de la demanda derivada de la caída de la natalidad como al crecimiento de la oferta educativa. En ese período, 19 de las 24 jurisdicciones incrementaron la cantidad de salas de nivel inicial. A nivel nacional, las secciones destinadas a sala de 3 crecieron un 28%, mientras que las correspondientes a salas de 4 y 5 disminuyeron un 5% y un 7%, respectivamente.

Los autores sostienen que el escenario abre una oportunidad para avanzar hacia la universalización del nivel inicial, aunque advierten que el desafío ya no pasa únicamente por ampliar la cobertura. La evidencia internacional, señalan, muestra que los beneficios de la educación temprana dependen tanto del acceso como de la calidad de las experiencias educativas.

En ese sentido, especialistas consultados para el informe coinciden en que la reducción de la matrícula debería aprovecharse para mejorar las condiciones de enseñanza, fortalecer la formación docente, ampliar la cobertura allí donde todavía faltan vacantes, extender la oferta para edades más tempranas y reducir las desigualdades entre provincias. También plantean que garantizar el derecho a la educación implica no solo asegurar un lugar en el sistema, sino ofrecer experiencias educativas de calidad que favorezcan el desarrollo de los niños.

“La educación de nivel inicial sienta las bases del desarrollo futuro. Sabemos que la educación temprana de calidad tiene impactos duraderos y puede cambiar vidas. Es una inversión con muy buen retorno y una manera efectiva de reducir las desigualdades tempranas. Sin embargo, el acceso a este nivel educativo ha sido limitado y desigual en la Argentina”, señala Sebastián Kiguel, coautor del informe. Y destaca “el progreso – dispar entre provincias– de la última década, reflejado en los aumentos de la cobertura y la escolarización de niñas y niños de 3 a 5 años”.

Por su parte, Rafael Rofman, investigador principal de CIPPEC, agrega: “La caída de la natalidad desde 2014 implicó una fuerte disminución en la demanda de vacantes en educación inicial. Esto, sumado a un leve aumento en la oferta total de secciones, resultó en una mejora importante de la cobertura. Sin embargo, hay dos desafíos que siguen presentes: por un lado, la cobertura aún no es universal y seguramente no lo será en forma automática, ya que la oferta no siempre se ajusta exactamente a las necesidades en cada espacio geográfico. Por el otro, una mayor cobertura no es garantía de educación de calidad, por lo que parece fundamental que el foco de las autoridades en los próximos años se dirija a este desafío: el mejoramiento de los resultados educativos para los niños que asisten a las escuelas de educación inicial en nuestro país”.

CC

“A veces el infierno viene de los que vienen del cielo”. Con esa frase, Carla Vitale, cuyo hijo es una de las víctimas del cura Tulio Mattiussi, le reclamó al obispo de San Nicolás, Hugo Santiago, que dejé de proteger al sacerdote dándole lugar para que cumpla la prisión domiciliaria luego ser condenado por abuso sexual de niños de un jardín de infantes.

En un extenso video publicado en su cuenta de Instagram Vitale hizo su descargo luego de que ayer el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena a 15 años de prisión a la que fueran sentenciados el año pasado Mattiussi y el portero Anselmo Ojeda. Ambos fueron encontrados culpables por el abuso sexual de niños de entre 3 y 5 años en un jardín de infantes Belén de San Pedro.

“Hoy es un día que es bueno, porque significa que los pasos que vamos dando en la justicia son buenos”, comenzó en Vitale con la voz entrecorta.

“A veces el infierno viene de los que vienen del cielo, a veces nosotros les depositamos a esas personas nuestras angustias, nuestras esperanzas, no digo que todos los curas son así pero este cura no puede estar protegido por un obispado, no puede estar viviendo en una casaquinta donde le estén dando la comida, la vivienda, donde esté protegido, donde le paguen los abogados, cuando dos tribunales lo condenaron por abuso de menores”, siguió Vitale quien contó además que tuvo que recurrir a la justicia para frenar el hostigamiento que sufrió por parte del obispado.

Los padres de las víctimas reclaman que tanto el sacerdote como el portero pasen a cumplir prisión efectiva.

“Vamos a pedir una revocación de la domiciliara para que puedan ir a la cárcel y tengan que ir donde que tengan que estar”, dijo Vitale.

El año pasado, el 24 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de de San Nicolás condenó por unanimidad a Mattiussi y Ojeda por “abuso sexual simple agravado y reiterado” por ser ministro de un culto para el caso de Matiussi y por ser un encargado de la guarda de las víctimas para el de Ojeda, en tanto la preceptora María Rubies resultó absuelta por “falta de pruebas”.

Mattiussi y Ojeda integra la lista de los 128 miembros de la Iglesia católica involucrados por abuso sexual de acuerdo a la investigación publicada por elDiarioAR en octubre de 2022.

El fallo fue firmado por los miembros de la sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por Ricardo Maidana y Daniel Carral, ante quienes habían presentado recursos de apelación tanto las defensas como el particular damnificado.

“¡Pedimos la prisión efectiva en la cárcel sin beneficios para ambos, al ya tener doble conforme, porque dos tribunales confirmando la pena!”, expresaron en un comunicado los padres que participan del expediente como particulares damnificados.

Las defensas de Matiussi y Ojeda habían cuestionado la “valoración probatoria efectuada en el veredicto para tener por acreditara la materialidad ilícita y la participación de sus defendidos”, mientras que el abogado de las familias había pedido un monto mayor dado que “la pena impuesta no resulta proporcional a la gravedad de los hechos y las circunstancias agravantes contempladas”.

“Conforme lo expuesto, la operación que determinó la convicción del Tribunal respecto de la materialidad ilícita se apoyó rigurosamente en la lógica, la observación y la experiencia siguiendo un razonamiento inobjetable sin que las críticas formuladas por las defensas logren evidenciar falencias en lo decidido”, dice Casación en su sentencia a la que tuvo acceso Télam.

Los hechos ocurrieron en 2017 en el jardín Belén, un establecimiento educativo y religioso de San Pedro. Al menos cinco niños fueron las víctimas, quienes sufrieron “tocamientos” de sus zonas genitales en horario de clases, delito que cometían tanto de manera “colectiva” como “individual”, con o sin la presencia de otros chicos como testigos.

“Necesitamos que estas personas estén en la cárcel sin privilegios y cumplan una condena efectiva de 15 años de prisión”, pidió desde su cuenta Instagram Vitale apenas conocida la decisión de la Cámara de Casación.

Desde allí contó cómo fue la pela que tuvo que dar para conseguir justicia: “Enfrentarnos al obispado fue muy difícil, enfrentarnos a una sociedad fue muy difícil porque nadie quería creer y hoy hay dos tribunales que confirman que son culpables”.

En otro tramo de su publicación, la mujer también reconoció lo difícil que resulta para las víctimas y sus familias seguir adelante con las denuncias: “De muchas denuncias no se logran las condenas, porque es muy difícil, es muy difícil mantenerte intacta, porque no podés llorar o gritar porque terminas siendo loca, tenés que tener estabilidad en todos los sentidos, tenés que guiar el proceso, que esto se haga bien, tenés que buscar abogados cuando no tenés idea de que significa un proceso penal, mientras tenés que atravesar el dolor de un abuso sexual a tu hijo que es lo último que querés en la vida”.

Con información de Télam

MG

Aunque en los últimos años se avanzó en la construcción de jardines de infantes, aún se necesitan al menos 24.202 aulas nuevas para garantizar la cobertura en las salas de 3, 4 y 5 años. Estos datos surgen del informe “Importancia del nivel inicial: evidencia, costos y desafíos pendientes”, de Martín De Simone (Banco Mundial), Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén del Observatorio de Argentinos por la Educación.

El documento, el primero de una serie de informes que destacan buenas prácticas educativas, ofrece una revisión de la literatura académica sobre la evidencia del impacto de las políticas de primera infancia, particularmente en el nivel inicial. Además, analiza el costo que implicaría la cobertura total de las salas de 3, 4 y 5 a nivel nacional.

Los autores determinaron que el mayor déficit se encuentra en sala de 3, donde faltan 17.399 aulas; mientras que en las salas obligatorias la deuda es menor: hacen falta 5.144 aulas en sala de 4 y 1.659 en sala de 5.

Esta cuenta pendiente impide que los niños y niñas argentinas aprovechen los múltiples beneficios del nivel inicial. Los autores aseguran que la educación temprana lleva a mejores rendimientos en Lengua y Matemática en la primaria, mayores tasas de permanencia, el incremento del número de años escolares completados, reducción de las tasas de abandono, mejoras en la probabilidad de graduarse de la secundaria y mayores probabilidades de matricularse en la universidad.

Para estimar el costo de construcción de las aulas necesarias, los autores plantearon dos escenarios. El primero prevé que solo es necesario construir aulas, mientras que el segundo supone escuelas completas. El primer caso representaría 2,13% del gasto anual en educación entre Nación y las provincias para el año 2021, mientras que el segundo costaría el triple: 6,66% (2.118 millones de dólares). Esto equivale e la incorporación de alrededor de 521 mil alumnos al sistema educativo por año. 

El coautor Martín De Simeone dice que “la educación inicial es un derecho, pero sabemos que eso, lamentablemente, no suele ser suficiente para promover inversiones en el sector”. Explica que “si bien el costo de expandir la oferta de educación inicial no es menospreciable, se trata de una inversión que, con el tiempo, se paga sola”. 

“La evidencia es contundente: la posibilidad de ir al jardín de infantes marca una diferencia sustantiva en el futuro de cada niño y niña. Los datos muestran que garantizar el acceso al nivel inicial de todos los niños y niñas redunda en mejores trayectorias educativas, aprendizajes más robustos y habilidades sociales más desarrolladas. Por eso es tan importante invertir en el nivel inicial”, afirma Melina Furman, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de San Andrés.

Si bien el acceso temprano a la educación tiene múltiples beneficios, algunas investigaciones señalan que una expansión demasiado ambiciosa podría afectar su calidad. Es por eso que recomiendan un “balance” entre la ampliación de aulas disponibles y la atención a la calidad educativa. Por otro lado, los estudios recomiendan focalizar la expansión del acceso en los niños de familias desfavorecidas, aquellos más se beneficiarían de una educación temprana de calidad.

“El informe evidencia la importancia de la educación y cuidados en la primera infancia, así como su interés político creciente, con datos alentadores sobre el aumento de la cobertura. Sin embargo, su impacto positivo radica no solo en el acceso sino en la calidad del servicio, dependiente especialmente de su institucionalidad y profesionalismo. Tres cuestiones pueden puntualizarse más allá de la construcción de aulas: la escasez y fragmentación de la oferta de 0 a 3 años, la consideración del rol de las familias en esta etapa y la imperiosa atención a la cualificación del personal en cuanto a formación y condiciones laborales”, concluye Gabriela Fairstein, docente de UBA y FLACSO.

LC

Una maestra jardinera de la zona rural del departamento Belgrano, en la provincia de Santiago del Estero, fue imputada penalmente tras ser acusada de incurrir en malos tratos hacia dos alumnas, ambas de 5 años, y la Justicia convalidó medidas de protección para las víctimas.

Según informó Diario Panorama, la investigación fue impulsada por la fiscal de la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada, Andrea Darwich, tras la primera denuncia de la madre de una de las niñas.

Todo se inició el 8 de agosto pasado cuando una mujer acudió a la Comisaría Comunitaria Número 21 de Bandera y denunció a la docente, de 33 años, al señalar que hacía algunas semanas notaba un cambio de conducta en su hija.

“No quería ir al jardín. Le dolía la cabeza y el estómago y me pedía que no la lleve más. Yo la llevaba y la maestra me decía que mi hija era llorona, sensible, pero un día noté que la nena tenía moretones en una pierna”, explicó la madre de la nena primero ante la Policía y después frente a la Fiscalía.

La mujer manifestó además que la niña ya no quería ingresar al jardín alegando que su maestra “era mala”, ya que le habría pegado fuerte en una pierna y, en medio del proceso, la madre de otra alumna le habría confiado que su hija protagonizó una situación similar y que la estaba tratando con un psicólogo.

De inmediato, la mujer refrendó la denuncia y puso en conocimiento de las autoridades del jardín con el objetivo de que adoptaran una salida rápida y le dijeron que labrarían un acta e investigarían, mientras que, en los últimos días las dos menores fueron escuchadas en Cámara Gesell, ante la fiscal, psicólogos y otros funcionarios de la Justicia en Añatuya.

La maestra fue imputada por “lesiones” en perjuicio de las dos pequeñas, mientras que la funcionaria judicial incluyó medidas de protección para las menores y, entre otras normas, la docente debería fijar residencia e informar a la Fiscalía en caso de efectuar cambio de domicilio, a la vez que tiene prohibido cualquier acercamiento y contacto de toda clase ya sea personal o a través de medios de comunicación, redes sociales y demás hacia las niñas y sus familiares en una distancia de 200 metros y el cese de todo acto de violencia en cualquiera de sus formas respecto de las menores.

La fiscal adosó la prohibición de portar armas de cualquier tipo, mientras que la docente debe abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar la investigación y la actuación de la Ley y presentarse a todas las citaciones que se le formulen.

En forma simultánea, trascendió que los directivos escolares abrieron su propia investigación, cuyos alcances no se limitarían a la conducta desplegada y reprochada en perjuicio de las dos nenas, sino al resto de la clase.

La Justicia de Añatuya también dio intervención al Consejo de Educación y a las autoridades de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y familia (Subnaf).

Con información de NA.

IG