La diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman alertó hoy en su cuenta de la red social X (antes Twitter) sobre la posbilidad de que el Gobierno esté preparando un indulto a genocidas en vísperas del Día de la Memoria, que se conmemora este domingo 24 de marzo.

“Circulan versiones que indican que el presidente dictaría un indulto a genocidas en las vísperas del 24 de Marzo. Aunque eso sería manifiestamente inconstitucional, reafirmamos más motivos para movilizarnos y estar en la calle. Este #24M tiene que ser una jornada de lucha”, escribió.

Por otra parte, la Cámara Federal de Casación recordó que en los casos de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura “la concesión del indulto es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas”.

Lo hizo al confirmar las condenas impuestas a 19 represores por crímenes cometidos en perjuicio de 105 víctimas en los centros clandestinos de detención (CCD) “La Escuelita”, el Batallón de Comunicaciones 181, Unidad Penitenciaria N° 4, Delegación de Viedma de la Policía Federal, Unidad Penitenciaria N° 9 y “la Escuelita” de Neuquén.

Los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci confirmaron las condenas para integrantes del V Cuerpo del Ejército, autoridades policiales y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción. 

El fallo destacó que “el Comité contra la Tortura se ha expedido en contra de las medidas de impunidad en la Argentina y en sus precedentes ha recordado su jurisprudencia según la cual los Estados Partes tienen la obligación de sancionar a las personas consideradas responsables de la comisión de actos de tortura”.

“La imposición de penas menos severas y la concesión del indulto son incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas”, subrayaron los jueces.

“El castigo implica –añade la resolución, de 416 páginas- también una reparación del daño generado a las víctimas y a toda la sociedad afectada por esta clase de delitos, la construcción de memoria colectiva y una advertencia de no impunidad tendiente a evitar la repetición de crímenes de este tipo”.

Los represores condenados habían objetado la calificación de genocidio aplicada por el tribunal bahiense.

La Casación respondió que “no cabe duda alguna a partir de un estricto entendimiento de la normativa y jurisprudencia nacional e internacional actualizada sobre la materia, que los hechos en juzgamiento deben ser calificados legalmente como constitutivos del crimen de genocidio en los términos convencionales, en tanto parten de ‘una política de exterminio focalizada sobre un grupo nacional particular con el objeto de, a través de la violencia física y la difusión del terror, lograr la reorganización del conjunto de la sociedad”.

Los jueces evaluaron también “la extensión del daño causado tanto a las víctimas y sus familiares -producto de la violencia ejercida y la incertidumbre y temor por el destino de sus seres queridos-, como así también ‘hacia toda la comunidad’, con efectos que se extienden hasta la actualidad”.

El fallo resaltó que “los Estados deben asegurar, en el ejercicio de su deber de persecución de las graves violaciones a los derechos humanos, que las penas impuestas y su ejecución no se constituyan en factores de impunidad, tomando en cuenta aspectos como las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado”.

En su voto, el juez Slokar subrayó que “el derecho a la verdad en una de sus aristas, incluye el derecho de la sociedad a ser informada de todo lo sucedido con relación a las graves violaciones a los derechos humanos”.

“Para cumplir con ese imperativo, el Estado debe implementar mecanismos adecuados de acceso a la correspondiente información y debe realizar, de buena fe, un esfuerzo sustantivo y aportar todos los recursos necesarios para reconstruir –y poner a disposición- la información”, dispuso la resolución.

El fallo confirmo la prisión perpetua para Osvaldo Lucio Sierra, Guillermo Julio González Chipont, Jorge Horacio Granada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Ferreyra, Alejandro Lawless, Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, José María Martínez,  Carlos Alberto Taffarel, Víctor Raúl Aguirre y Enrique José Del Pino.

También los nueve años de prisión para Jorge Horacio Rojas, Miguel Ángel Nilos y Miguel Ángel Chiesa; Héctor Luis Selaya (seis años), Osvaldo Vicente Floridia (diez años), Oscar Lorenzo Reinhold (14 años) y Antonio Alberto Camarelli (tres años).

Los hechos juzgados fueron cometidos en la Zona de Defensa Cinco a cargo del Quinto Cuerpo de Ejército, divididas entre las Subzonas 51 (Bahía Blanca) y 52 (Neuquén), tanto por oficiales y suboficiales del Ejército Argentino, Policía Federal, Servicio Penitenciario Bonaerense como de la Policía de la Provincia de Río Negro. 

Entre las numerosas víctimas que pasaron por los centros de detención, se encontraba un grupo de niños menores de edad alumnos de la Escuela Normal de Enseñanza Técnica Número Uno de la ciudad de Bahía Blanca, quienes además de haber sido alojados en el centro clandestino de detención “La Escuelita”, fueron torturados sistemáticamente, sometidos a simulacros de fusilamiento y liberación y luego alojados en el Batallón de Comunicaciones 181.

CRM con información de la agencia NA

Militantes de la Tupac Amaru finalizaron este viernes con tres días de acampe en la Plaza de Mayo, donde pidieron por la liberación de Milagro Sala y celebraron que se haya acordado con el Gobierno Nacional la búsqueda de una “solución política” a la situación de la dirigente social jujeña.

“El miércoles arrancamos en una situación difícil, con una puerta cerrada. Para Milagro la única posibilidad de ponerle fin a la persecución injusta es el indulto. Ayer se acordó en la reunión con el Presidente que trabajaremos con un equipo conjunto con los abogados de las organizaciones y el gobierno para generar un marco institucional” dijo el vocero Alejandro “Coco” Garfagnini en conferencia de prensa.

Ayer jueves, organismos de Derechos Humanos le reclamaron al Presidente una “solución política” a la situación de la dirigente, quien permanece detenida en Jujuy. Afirmaron que el mandatario “tiene voluntad realmente para indultarla” y manifestaron que “él se comprometió a dar una solución”.

Así informaron Eduado Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y la referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, luego de una reunión que mantuvieron con el jefe de Estado en la Casa Rosada junto a organismos de la Mesa de Derechos Humanos.

La reunión se produjo el jueves en Casa de Gobierno, luego de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a 13 años de cárcel impuesta a Sala en la causa “Pibes Villeros”, en la cual se la acusó de “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”.

Desde este miércoles, integrantes de Tupac Amaru acamparon Plaza de Mayo acompañados por la CTA Autónoma y organizaciones como Soberanía Izquierda Popular, Espacio Puebla, Movimiento Popular La Dignidad, Corriente Aníbal Verón y Movimiento Popular Liberación, entre otras.

En el segundo día del acampe, las organizaciones presentes acompañaron a las Madres de Plaza de Mayo en su tradicional ronda de los jueves. Asimismo, el grupo de Curas en Opción Por Los Pobres realizó un pesebre viviente con la participación del Padre Francisco “Paco” Olveira y, luego, el cantante jujeño Bruno Ari.

“El marco legal que están sugiriendo especialistas y abogados de la Cancillería tiene que ver con que el Derecho Internacional en Derechos Humanos establece que cuando se cometen violaciones en el acceso a la justicia en un estado provincial es corresponsable el estado federal. Con lo cual, la falta de acceso a la justicia en la provincia de Jujuy es responsabilidad del Estado Nacional y eso le permite reparar esa situación”, indicó en declaraciones a Télam la vicepresidenta de la APDH, María Elena Naddeo.

Según Naddeo, “las violaciones están documentadas y entregadas en la Corte interamericana de Derechos Humanos, eso hay que incluirlo en una normativa a través de un decreto presidencial y anularía la resolución judicial, lo que permitiría un indulto”.

El jueves, el Preidente dijo en entrevistas con Radio Con Vos y C5N que no puede concederle un indulto a Sala: “Tengo la convicción que todo el proceso estuvo plagado de un tinte político inadmisible. La solución no pasa por un indulto porque la Constitución me prohíbe indultar en sentencias dictadas por tribunales provinciales. Solo podría hacerlo en fallos dictados en jurisdicciones federales”, afirmó.

LC con información de agencia Télam

La causa “Vialidad” donde se juzgan los eventuales efectos delictivos cometidos en la realización de la obra pública en la Provincia de Santa Cruz durante el periodo 2003-2015, tiene un largo camino por recorrer para el dictado de la sentencia de primera instancia, y mucho más aún, para una sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia (presuponiendo que exista previamente una decisión jurisdiccional de condena). Sin embargo, en el debate público existe una suerte de asignación de “sentencia dictada” al alegato de acusación realizado por los fiscales Luciani y Mola -mediante el cual solicitó una pena de 12 años de prisión con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 210, 172, 173 y 174 del código penal)- cuando todavía faltan los alegatos de las defensas, las réplicas y dúplicas y, por último como acto de defensa final, la palabra de los acusados. Todo esto en el marco del debido proceso donde se presume la inocencia de los acusados y la duda los favorece.

Es difícil entender los cuestionamientos realizados al estilo de exposición y al ejercicio de las funciones asignadas por la Constitución y las leyes aplicables a los fiscales. El estilo es una irrelevante cuestión de gustos. La acusación implica el ejercicio de sus funciones más allá que se pueda debatir sobre el contenido de la misma ¿Qué esperaba cierto sector de la opinión pública? ¿Qué los fiscales les pidieran disculpas absolutorias a los acusados en el marco de un juicio oral y público? Ahora, la defensa podrá controvertir las pruebas y las acusaciones realizadas por los fiscales y nos encontraremos ante un nuevo capítulo para ser analizado y debatido.

De los dos delitos imputados, el de asociación ilícita es el que presenta mayores controversias en general y también en su aplicación a este caso. Hace años que se debate en la doctrina constitucional y penal la validez constitucional de una norma penal que castiga severamente la mera ideación de un plan criminal por ser esto contrario a varios ingredientes del debido proceso tales como los principios de lesividad, reserva, legalidad, proporcionalidad, non bis in idem (no castigar dos veces por un mismo hecho) y culpabilidad. Aunque también es cierto que la Corte Suprema de Justicia en los casos donde analizó la aplicación de la asociación ilícita nunca se expidió sobre su inconstitucionalidad. Existe un interesante artículo de Pablo Iribarren publicado en septiembre de 2010 en el Suplemento de Derecho Penal de la Revista La Ley que ilustra con profundidad este debate.

 La Corte Suprema de Justicia en la causa “Stancanelli” (2001) en la cual se investigaba el contrabando de armas sostuvo que el delito de asociación ilícita comprende un acuerdo criminal expreso o implícito perdurable, una pluralidad de planes delictivos y la generación de alarma colectiva o terror de la población lo cual no se verifica cuando el delito se dirige exclusivamente contra el erario público. Similares lineamientos adoptó la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal en la causa “Majdalani” (2021) en la cual se investiga actividades de espionaje ilegal a los cuales agregó que el acuerdo criminal no debe agotarse en un solo hecho delictivo.                    

 Lo controversial de la acusación de los fiscales es que, en este caso, el plan criminal tuvo como soporte leyes de presupuesto sancionadas por el Congreso con el voto de oficialistas y opositores , decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Congreso, órganos de control que fallaron sistemáticamente, reasignación de partidas presupuestarias dispuestas por distintos jefes de gabinete pero sin embargo a dichas personas no se las consideran integrantes de la banda.

 Mayor solidez tiene la acusación por administración fraudulenta contra el Estado en la medida que se acreditó la existencia de partidas presupuestarias asignadas para el desarrollo de obra pública que fueron direccionadas, muchas de ellas no terminadas, con desvíos de la normativa aplicable. En esta clase delitos el núcleo de la responsabilidad penal consiste en demostrar que se cobraron fondos públicos y las obras no se realizaron o se realizaron sin cumplir los parámetros asignados, existieron sobreprecios injustificados o se violó la normativa aplicable. En este punto, cabe destacar que se verificó una estrecha relación comercial entre CFK y Lázaro Báez durante el período sometido a investigación. 

¿Es posible indultar a un procesado? La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los casos “Aquino” (1992) y “Daleo” (1993) sostuvo que procedía el indulto respecto de procesados, aunque no comparto dicho criterio por cuanto esta facultad solo procede, a efectos de garantizar la presunción de inocencia, cuando existe una condena firme. ¿Es posible indultar a los denominados popularmente como “delitos de corrupción”? Considero que una interpretación integral del art. 36 de la Constitución Nacional en base a lo expuesto por los Convencionales Constituyentes de 1994 sumado a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al ratificar tratados internacionales contra la corrupción inhibe la facultad presidencial. Esta postura la desarrolle en el libro Defensa del sistema constitucional y corrupción (2019) pero es solitaria en el campo de la doctrina argentina.

Más allá de la dimensión política y las adhesiones fanáticas de los extremos de la grieta, la causa “Vialidad” seguramente deparará varios debates sobre controversiales cuestiones constitucionales y legales. 

Profesor de derecho constitucional y derechos humanos UBA y UNLPam