Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) iniciaron este martes un cese de actividades en todo el país en rechazo a una nueva ola de despidos que, según denuncian, compromete el funcionamiento del organismo y la seguridad de servicios clave.

La medida de fuerza comenzó en la sede central de la calle Dorrego y se extendió a distintas dependencias, en respuesta a un plan de ajuste que prevé la cesantía de más de 200 empleados antes del viernes 10 de abril. La decisión fue confirmada por el director del organismo, Antonio José Mauad.

Actualmente, el SMN cuenta con 980 trabajadores, de los cuales 780 son civiles. Con los despidos proyectados, que alcanzarían a unos 240 empleados, y la salida de otros 31 en condiciones de jubilarse, la planta se reduciría a poco más de 500 trabajadores civiles. Desde el sector advierten que ese número está muy por debajo de la dotación mínima necesaria, estimada en al menos 1.200 empleados.

El recorte impacta tanto en la sede central, donde se concentran 110 de los puestos afectados, como en la red de estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país, que perdería otros 130 trabajadores. Según denuncian, esto podría generar “puntos ciegos” en la recolección de datos y afectar la precisión de los pronósticos.

Uno de los aspectos más sensibles es el impacto en la seguridad aeronáutica. El SMN provee información en tiempo real sobre variables como visibilidad, viento y presión atmosférica, fundamentales para despegues y aterrizajes. La interrupción de estos reportes podría derivar en demoras o cancelaciones de vuelos si no se garantiza el flujo de datos certificados.

Además, el organismo cumple un rol central en la emisión de alertas tempranas por fenómenos extremos como tormentas, inundaciones u olas de calor. Con menos personal, advierten, se vería limitada la capacidad de monitoreo y de respuesta ante emergencias, con posibles consecuencias sobre la población y sus bienes.

El impacto también alcanzaría al sector agropecuario, que depende de la información meteorológica para planificar siembras, cosechas y uso de recursos. “Sin datos precisos, aumentan los márgenes de error”, señalan desde el organismo.

Los trabajadores sostienen que, lejos de tratarse de una estructura sobredimensionada, el SMN ya funciona al límite, con áreas que dependen de horas extra para sostener turnos y garantizar la continuidad de los servicios durante las 24 horas.

CRM

La ONG Human Rights Watch (HRW) expresó este miércoles en su informe anual su preocupación por los recortes en la financiación pública de programas sociales en Argentina, las restricciones a la libertad de reunión e “intentos de socavar los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo” durante el segundo año de mandato del presidente Javier Milei.

El informe subrayó además entre los elementos más importantes del apartado sobre Argentina que, aunque la desaceleración de la inflación ayudó a reducir la pobreza (según los datos oficiales), “la proporción de trabajadores informales aumentó”, dejando a más argentinos en una situación laboral precaria.

Derecho a la libertad de reunión y libertad de expresión

HRW señaló que en mayo de 2025 expertos de la ONU alertaron sobre “el deterioro del espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023” y destacó una protesta del pasado 12 de marzo frente al Congreso, donde las fuerzas de seguridad actuaron de forma “indiscriminada y temeraria”, dejando al menos 20 heridos, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo, con una grave lesión en la cabeza tras ser impactado por una granada de gas lacrimógeno.

El informe destacó además que Milei y otros funcionarios han usado “un discurso hostil para estigmatizar a periodistas independientes” y advirtió sobre la aprobación por parte de la agencia de inteligencia de un plan de vigilancia de personas que socavarán la confianza pública en funcionarios o en la política económica.

Instituciones democráticas y corrupción

La ONG enfatizó que el Congreso argentino lleva años sin reunir la mayoría necesaria para designar un procurador general, un defensor del pueblo y jueces que ocupen los asientos vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

En febrero de 2025, Milei emitió un decreto presidencial para designar a dos jueces en la Corte Suprema, eludiendo al Senado, que en abril rechazó las designaciones, dejando al tribunal con solo tres miembros en lugar de los cinco previstos.

En materia de corrupción, destacó que la Corte Suprema en 2025 confirmó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

HRW mencionó también las denuncias de corrupción contra Milei y su entorno, incluyendo una por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, que dejó a miles de inversores damnificados, y otra sobre compras de medicamentos con sobreprecios en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Derechos económicos, sociales y culturales

En materia económica, el informe subrayó el avance durante el segundo año de gobierno de Milei de “recortes severos a la financiación pública de servicios y programas esenciales, incluyendo educación, pensiones, salud y apoyo a personas con discapacidad”.

Remarcó también el aumento del empleo informal y mencionó los intentos del Gobierno por bloquear iniciativas del Congreso para aumentar las pensiones y los fondos para personas con discapacidad y las universidades.

Derechos de las mujeres, personas con discapacidad y de la comunidad LGBI+

HRW denunció que el Gobierno profundizó durante 2025 los recortes a programas contra la violencia de género, cerrando 81 Centros de Acceso a la Justicia, que brindan servicios de atención legal primaria gratuita.

El informe advirtió también sobre una disminución de fondos para implementar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y recortes a pensiones no contributivas, además de retrasos en pagos a proveedores de servicios para personas con discapacidad.

Además, alertó sobre un aumento de agresiones y asesinatos por razones de género y subrayó que Milei continuó realizando en 2025 comentarios negativos sobre el matrimonio igualitario, la identidad de género y la educación sexual inclusiva. EFE

El informe completo

El segundo año de gobierno del presidente Javier Milei se caracterizó por recortes en el financiamiento de programas sociales, obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica e intentos de socavar los controles constitucionales sobre el poder ejecutivo. Como sostuvo el gobierno, la baja de la inflación contribuyó a reducir los niveles de pobreza; la proporción de trabajadores informales aumentó. 

Instituciones democráticas

Durante años, el Congreso no ha logrado reunir la mayoría de dos tercios necesaria para nombrar al procurador general, defensor del pueblo y a dos magistrados vacantes de la Corte Suprema de Justicia.

El 26 de febrero de 2025, el presidente Milei firmó un decreto para nombrar al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema. La decisión pasó por alto al Senado, órgano encargado de nombrar a los magistrados. En abril, el Senado rechazó el nombramiento de ambos magistrados, dejando sin efecto el decreto del presidente Milei. Al momento de redacción de este capítulo, los puestos seguían vacantes, lo que dejaba al máximo tribual, compuesto por cinco miembros, con solo tres jueces en ejercicio.

Al momento de redacción de este capítulo, el Senado se encontraba debatiendo propuestas para ampliar el número de magistrados de la Corte Suprema, una medida utilizada en el pasado para garantizar el control político sobre el máximo tribunal en Argentina. Otra propuesta en debate planteaba establecer una cuota de género para garantizar que las mujeres formen parte del tribunal. Actualmente, los tres jueces que componen la Corte Suprema son hombres. 

En septiembre, el Congreso inició el proceso para nombrar a un nuevo defensor del pueblo, cargo que ha permanecido vacante desde 2009, lo que ha hecho que este organismo de protección de derechos humanos sea en gran medida disfuncional. Al momento de redacción de este capítulo, el Congreso también estaba debatiendo el nombramiento de un nuevo defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cargo vacante desde marzo de 2025.

A julio, 330 cargos judiciales federales y nacionales—entre ellos jueces, fiscales y defensores públicos—seguían vacantes, lo que supone casi el 35 % del total. 

Derechos económicos, sociales y culturales

La inflación interanual al mes de agosto fue del 33,6 %, por debajo del 236,7 % registrado en 2024. Sin embargo, los precios de los bienes y servicios esenciales como vivienda, agua y energía aumentaron un 55,4 % para el mismo período. 

Las tasas de pobreza y pobreza extrema definidas a nivel nacional disminuyeron en 2025, aunque a un ritmo más lento que en 2024. Según datos oficiales, a junio de 2025 el 31,6 % de la población vivía en la pobreza, frente al 54,8 % registrado a junio de 2024. El 6,9 % de la población vivía en condiciones de pobreza extrema—que el gobierno define como la incapacidad de cubrir las necesidades alimentarias más básicas—y el 45,4 % de los niños menores de 14 años vivía en la pobreza para junio de 2025.

El gobierno continuó con la reducción del gasto público, lo que impactó en servicios y programas sociales destinados al cumplimiento de derechos como la educación y la salud. Los recortes también afectaron a las jubilaciones y las pensiones para personas con discapacidad. Sin embargo, amplió el presupuesto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un programa de transferencias monetarias no contributivas para familias de bajos ingresos con hijos o personas con discapacidad.

El presidente Milei vetó leyes aprobadas por el Congreso para aumentar las jubilaciones y el financiamiento de universidades públicas. También vetó la ley que declaraba la emergencia en discapacidad. El Senado anuló los vetos.

A junio de 2025, el 37,7 % de los trabajadores estaban empleados en el mercado laboral informal, es decir, sin estar registrados en el sistema de seguridad social, y 1,1 millones de personas estaban desempleadas. 

Corrupción

En junio, la Corte Suprema confirmó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por fraude vinculado a proyectos de infraestructura ejecutados durante su presidencia (2007-2015). 

Fernández de Kirchner negó las acusaciones y acusó a los jueces de ser parte de una “mafia” que busca impedirle volver a ocupar cargos. 

En abril, el Congreso creó una comisión para investigar si el presidente Milei cometió un delito al utilizar sus cuentas en redes sociales para promocionar una criptomoneda que fracasó rotundamente y costó a los inversores unos US$250 millones. En noviembre, la comisión determinó que el presidente Milei desempeñó un “papel indispensable” en un “plan fraudulento”. Al momento de redacción de este capítulo, el caso estaba siendo investigado por los tribunales federales de Argentina.

En agosto, un medio de comunicación publicó unas grabaciones de audio en las que se señalaba que la hermana del presidente, Karina Milei, que ocupa un alto cargo en su gabinete, había recibido sobornos por la compra de medicamentos para personas con discapacidad por parte del gobierno. Por un pedido del Karina Milei, un juez prohibió la difusión de grabaciones de audio similares atribuidas a su persona, una medida que viola la libertad de expresión. Karina Milei retiró la medida cautelar después de la presentación de apelaciones en contra de la decisión del juez. 

Derecho de reunión pacífica

El 12 de marzo, cientos de jubilados y otros manifestantes se reunieron frente al Congreso Nacional en Buenos Aires para exigir mejoras en de las jubilaciones y en el acceso a medicamentos gratuitos. Aunque algunos manifestantes cometieron actos violentos, las fuerzas de seguridad respondieron en ocasiones con un uso de la fuerza indiscriminado e imprudente. Al menos 20 personas resultaron heridas, entre ellas el fotoperiodista Pablo Grillo, que fue alcanzado por un cartucho y sufrió una grave lesión cerebral. 

En mayo de 2025, varios expertos de la ONU expresaron su preocupación por el deterioro del espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a 114 personas durante la protesta. Un juez de la ciudad de Buenos Aires ordenó la liberación de todas ellas. El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra el juez.

El protocolo “antipiquetes”, adoptado en diciembre de 2023, en la práctica criminaliza impedimentos al tránsito derivados de manifestaciones y permite a la policía utilizar la fuerza en una amplia gama de circunstancias. 

Libertad de expresión

El presidente Milei y altos funcionarios del gobierno han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas. Milei ha dicho en repetidas ocasiones que los argentinos “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y ha acusado a los periodistas, sin pruebas, de recibir sobornos. 

El diario La Nación informó en mayo que la agencia de inteligencia del país (SIDE) había aprobado un plan de inteligencia plurianual que incluía la vigilancia de personas que “socavaran la confianza pública en los funcionarios del gobierno o en la política económica”. El gobierno de Milei lo desmintió. 

Derechos de las mujeres y las niñas

El Registro Nacional de Femicidios reportó 228 femicidios—el asesinato de mujeres y niñas debido a su género—en 2024. 

El gobierno profundizó los recortes a los programas destinados a combatir la violencia de género y proporcionar asistencia urgente a las víctimas. 

En junio, el gobierno cerró 81 Centros de Acceso a la Justicia, que proporcionaban asistencia jurídica a personas de barrios de bajos ingresos, entre ellas muchas víctimas de violencia de género.

En 2020, el Congreso sancionó una ley que legalizó el aborto hasta la decimocuarta semana de gestación, permitiendo la interrupción del embarazo luego de ese período en casos de violación o cuando la vida o la salud de la persona gestante se encuentra en riesgo. Proyecto Mirar, una coalición de grupos de derechos humanos, reportó una fuerte caída en el financiamiento por parte del gobierno nacional para aplicar la ley.

Derechos de las personas con discapacidad

Durante la administración del presidente Milei, se realizaron auditorías aparentemente excesivas y recortes de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad. También se registraron retrasos en los pagos a los proveedores de servicios.

Orientación sexual e identidad de género 

En el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Milei hizo comentarios despectivos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de género y la educación sexual inclusiva. 

Entre enero y junio de 2025, el Observatorio Nacional de Delitos de Odio contra las Personas LGBT+, una coalición federal de grupos de derechos humanos, documentó que 17 personas fueron asesinadas y 85 resultaron heridas por su sexualidad, expresión de género o identidad de género, lo que supone un aumento del 70 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

Abusos pasados

En septiembre, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que 1.202 personas habían sido condenadas y 213 absueltas por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de 1976-1983.

Durante 2025, el gobierno recortó los fondos destinados a las políticas de memoria, verdad y justicia.

Política exterior

El gobierno de Javier Milei se ha opuesto a las resoluciones internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales y género, incluido el Pacto del Futuro.

En febrero, el gobierno anunció que retiraba a Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

Qué es HRW

Human Rights Watch investiga e informa sobre los abusos que se producen en todos los rincones del mundo. Componen la organización aproximadamente 500 personas de más de 70 nacionalidades, expertos en países, abogados, periodistas y otras personas que trabajan para proteger a los más amenazados, desde minorías vulnerables y civiles en tiempos de guerra, hasta refugiados y niños necesitados. Dirigen su labor de defensa hacia gobiernos, grupos armados y empresas, presionándoles para que cambien o hagan cumplir sus leyes, políticas y prácticas. Para garantizar su independencia, rechazan la financiación gubernamental y revisan cuidadosamente todas las donaciones para asegurarse que son coherentes con sus políticas, misión y valores. Colaboran con organizaciones grandes y pequeñas de todo el mundo para proteger a los activistas asediados y ayudar a que los agresores rindan cuentas y se haga justicia a las víctimas.

Su historia

“Human Rights Watch se fundó en 1978 como ”Helsinki Watch“, cuando empezamos a investigar los abusos contra los derechos en los países que firmaron los Acuerdos de Helsinki, sobre todo los que estaban detrás de la Cortina de Hierro. Desde entonces, nuestro trabajo se ha extendido a los cinco continentes. Investigamos masacres e incluso genocidios, junto con la toma de control de los medios de comunicación por parte de los gobiernos y las detenciones infundadas de activistas y figuras de la oposición política. Al mismo tiempo, hemos ampliado nuestro trabajo para abordar los abusos contra las personas susceptibles de sufrir discriminación, como las mujeres, las personas LGBT y las personas con discapacidad. Cuando las familias víctimas de crímenes de guerra no encontraron justicia en su país, defendimos la justicia internacional y los tribunales internacionales. Aunque nos basamos en entrevistas personales, nuestros métodos de investigación también han cambiado con los tiempos, y hoy utilizamos imágenes por satélite para rastrear la destrucción de pueblos y ciudades, y extraemos grandes volúmenes de datos en busca de patrones en las tasas de detención o deportación de inmigrantes. Todo lo que hacemos gira en torno a nuestro compromiso con la justicia, la dignidad, la compasión y la igualdad”.

Era una de las grandes promesas de campaña: cerrar el Departamento de Educación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva en la que instruye a la nueva secretaria del ramo, Linda McMahon, para que tome las medidas necesarias para “empezar a eliminar” el Departamento. En realidad, el Ejecutivo no puede cerrarlo —necesita hacerlo vía parlamentaria con una supermayoría—, pero sí puede asfixiarlo. Los principales damnificados van a ser los alumnos más vulnerables. 

“Mi administración tomará todas las medidas legales para cerrar el departamento. Lo vamos a cerrar y lo cerraremos lo más rápido posible”, anunció Trump en un acto en la sala Este de la Casa Blanca, que apenas duró media hora. Rodeado de estudiantes, el presidente firmó la orden ejecutiva para iniciar el desmantelamiento de un organismo creado con la finalidad de garantizar las mismas oportunidades educativas para todos los niños y jóvenes.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, presente en el acto, será la encargada de ejecutar los recortes. Aunque Trump ya insinuó que planea llevar su cruzada contra el organismo hasta el Congreso, que es quien tiene la autoridad para clausurar completamente el departamento.

“Eliminaremos el Departamento de Educación, y todo el mundo sabe que es lo correcto. Los demócratas saben que es lo correcto, y espero que voten a favor, porque, en última instancia, esto puede llegar hasta ellos. Pero todo el mundo sabe que es lo correcto. Luego, tenemos que educar a nuestros niños”, afirmó Trump, consciente de que, con la ajustada mayoría que tiene en ambas cámaras parlamentarias, no cuenta con los votos suficientes para cerrar el departamento. Una propuesta como esta necesita una supermayoría parlamentaria, y difícilmente los demócratas votarán a favor.

“Devolveremos la educación a los estados, que es donde pertenece. Es una medida muy popular, pero, más importante aún, se trata de sentido común”, dijo Trump, repitiendo la falsedad con la que busca justificar el cierre del departamento. Lo cierto es que la gran mayoría del currículo escolar ya lo dictan los estados.

Entre los asistentes también había gobernadores de estados republicanos, como Ron DeSantis (Florida) y Greg Abbott (Texas). Ambos estados ya contribuyeron a avanzar en la agenda conservadora de Trump, siendo dos de los lugares con más libros prohibidos en el país. Según el PEN, Texas prohibió al menos 438 títulos y Florida, 375. La mayoría de estas obras tratan sobre el colectivo LGTBIQ+.

Entre el público también se encontraba Tiffany Justice, fundadora del grupo ultraconservador Moms for Liberty. Esta organización ganó influencia dentro del Partido Republicano como grupo de presión para imponer los valores conservadores del cristianismo. Además, protagonizó enfrentamientos con sindicatos de profesores por sus intentos de eliminar a nivel estatal las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, reconocía este jueves por la mañana a los medios que el Ejecutivo por sí solo no puede cerrar el Departamento y ya avanzaba que una versión reducida gestionaría “funciones críticas”.

La acción de Trump hará que el Departamento de Educación sea mucho más pequeño de lo que es hoy, pero seguirá gestionando los préstamos estudiantiles federales y las becas Pell, ha dicho Leavitt. Otras funciones críticas del Departamento, como controlar que se respeten los derechos civiles, se mantendrán, según señaló, pero no especificó cómo se llevarán a cabo. 

La reducción llega después que la semana pasada ya se despidieran a unos 1.300 trabajadores del Departamento de Educación. Este primer recorte ya supuso una reducción de casi la mitad de la plantilla de Educación, que empezó el año con 4.133 empleados. A esto hay que sumarle otros 572 funcionarios que aceptaron el plan de bajas incentivadas por Trump y 63 trabajadores en período de prueba que fueron despedidos el mes pasado.

Tras estos despidos, muchos trabajadores y extrabajadores del departamento ya expresaron preocupación sobre si realmente se podría seguir gestionando algunos de los programas básicos, como los préstamos estudiantiles.

El Congreso creó el Departamento de Educación en 1979 para que se encargara de supervisar los fondos públicos educativos, creara políticas y sobre todo se asegurara de garantizar la igualdad educativa. En el programa electoral, Trump prometía cerrar el Departamento para devolver las competencias educativas a los estados, lo cual vuelve a ser una distorsión intencionada de la realidad. El grueso de las competencias educativas ya está en mano de los estados y en ningún caso el Departamento de Educación dicta el currículum escolar.

La Biblia en las escuelas

Un 90% de la financiación la aportan los mismos estados. Un ejemplo de ello es como el superintendente de Oklahoma, Ryan Waters, pudo anunciar el pasado noviembre que su estado será el primero en “haber devuelto la Biblia a las escuelas” como un avance ante “la izquierda radical”. El 10% que el Departamento aporta a los estados vía fondos públicos es importante, especialmente para los alumnos con menos recursos. 

Entre los programas que financia Educación, y que con la orden corren el riesgo de ser finiquitados, está el Título l, que forma parte del corpus legislativo federal de educación y está destinado a atender a los estudiantes en situación de pobreza o desventaja económica. Educación también se encarga de supervisar que los fondos destinados al IDEA (Ley educativa sobre personas con discapacidad, según sus siglas en inglés) se utilicen para su finalidad: atender a los alumnos con discapacidades. 

Si se recorta la financiación para el Departamento de Educación y estos programas, los estados serán los que deberán encontrar una manera de financiarlos. Actualmente, los ingresos estatales ya son problemáticos y “no están generando suficientes fondos para cubrir las necesidades educativas adecuadamente”, explicaba el pasado noviembre la directora de políticas educativas del Center For American Progress (CAP), Weadé James. La desaparición de los fondos públicos para estos programas, sumada a las dificultades que ya tienen los estados para encontrar financiación, podría suponer su fin, ya que los estados podrían decir que no tienen los recursos para seguir manteniéndolos. 

De hecho, la anulación práctica del Departamento podría tener graves consecuencias en el sistema de educación pública estadounidense, pues el objetivo básico por el cual se creó Educación era garantizar que las escuelas públicas recibieran financiación y asegurar un acceso equitativo a una educación de calidad para todos los niños.  

El cierre del Departamento es un paso más en la guerra cultural que está librando Trump en las instituciones. En su programa electoral no solo decía que iba a desmantelarlo, sino que también prometía “recortar la financiación federal a cualquier escuela que promueva la teoría crítica de la raza, ideologías de género radicales u otros contenidos raciales, sexuales o políticos inapropiados” para los niños. Por el contrario, se comprometía a garantizar “libertad para orar” en las escuelas, concretamente “rezar y leer la Biblia”, además de “hacer frente a quienes violen las libertades religiosas de los estudiantes estadounidenses”.

El Presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei trajo un impacto significativo en el deporte argentino, con una reducción drástica en los fondos destinados a distintas áreas del sector. 

Según un informe del “think tank Táctica”, laboratorio del deporte argentino, el presupuesto asignado para la actividad deportiva sufrirá una caída del 56% en términos reales en comparación con 2023, el último aprobado por el Congreso de la Nación.

Esto afectará las condiciones de preparación de los atletas, ampliará la brecha con las potencias deportivas y disminuirá las posibilidades de obtener medallas en competencias internacionales. 

Entre los programas más afectados, uno de los más golpeados son los Juegos Nacionales Evita, el evento deportivo formativo más importante del país. En 2023 ya había sufrido el recorte de 40 disciplinas, y ahora su presupuesto se reducirá en un 65%. 

También se destaca la reducción del 87% en obras de infraestructura para clubes, mientras que la inversión en instalaciones de polideportivos caerá un 77%.

El informe presentado por “Táctica”  también destacó que el sistema deportivo argentino es único en el mundo por la relevancia de los clubes de barrio. Según la Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte 2023, el 56% de quienes practican deporte en el país están o estuvieron asociados a un club. 

A su vez, alertaron que “tratar al deporte en Argentina de la misma manera que en otros países es irresponsable”, ya que los clubes cumplen una función clave en la formación deportiva y social.

El análisis de la distribución del presupuesto para 2025 reveló:

El documento advierte que la política deportiva está “ocupada por el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y la supuesta llegada de la Fórmula 1 en 2026/27”.

El ajuste de Javier Milei llegó a los medicamentos para niños con cáncer. La Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, presentó un amparo judicial con el objetivo de que el Gobierno otorgue la medicación correspondiente a menores que padecen enfermedades de alta complejidad -incluidos tratamientos oncológicos-, debido a que la entrega está interrumpida desde hace meses.

La titular de la institución argumentó la medida judicial porque señaló que la Casa Rosada no está cumpliendo la ley. “Hicimos un amparo judicial donde reclamamos la entrega de medicamentos de enfermedades de alta complejidad que el Gobierno dejó de proveer”, indicó Graham, quien impulso esta acción junto a la Asociación Civil Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), según declaró en Radio Splendid.

El oficialismo libertario apeló este amparo, que fue presentado el 2 de enero en el Juzgado Federal N°2, y que no es más que “una medida cautelar a favor de niñas, niños y adolescentes que requieren medicamentos especiales de alto costo”, incluidos los tratamientos oncológicos.

Según la Defensora, el amparo “obliga” al Estado Nacional “a resolver en un plazo de 10 días los expedientes administrativos que lleven 60 días de demora en su respuesta” y exige “adecuar todos los expedientes en trámite en el plazo de 20 días”.

Críticas al Gobierno

Luego de disolver el 30 de diciembre la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), el organismo encargado de entregar medicamentos a pacientes con enfermedades raras y oncológicas, el gobierno nacional creó la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) para que asuma las funciones de la disuelta dirección.

Esta decisión se tomó en el marco de la medida cautelar del 30 de diciembre emitida por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2, en la cual obligaba a la Dadse a la entrega urgente de los medicamentos que tenían retenidos, argumentando que se estaban realizando “auditorías”.

Según un comunicado de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa-CTA), las demoras ocasionadas generaron la muerte de 60 personas durante el año pasado, al verse interrumpidos sus tratamientos.

La apelación al fallo del juez Dos Santos, presentada por el abogado del Ministerio de Salud el 3 de enero pasado, intenta voltear el fallo de primera instancia a través de dos ejes argumentales.

El primero es que las asociaciones de pacientes no tienen legitimación activa para sostener un amparo. “Este argumento es de una crueldad extrema, como buena parte de las acciones de este gobierno. Todos los pacientes que tramitan sus medicamentos en la Dirección tienen la doble vulnerabilidad de ser pobres (no cuentan con ninguna cobertura formal de la seguridad social) y, a la vez, de estar enfermos”, señala el comunicado de Fesprosa.

El segundo eje argumental que presentaron es que el Ministerio de Salud de la Nación no es el garante constitucional del derecho a la salud, sino que se autoerige como coordinador operativo y pone en manos de las provincias el conjunto de las medidas para garantizar el derecho a la salud.

“Esto ya lo viene haciendo en los hechos con la disolución de programas de prevención en salud, con el recorte de las transferencias a las provincias y la intención públicamente manifestada de transferirles todos los establecimientos sanitarios”, sostiene la federación sindical. “Así, va a exigir como paso previo a la resolución de un trámite en la ahora Dinadic el rechazo conformado de la jurisdicción provincial, lo que alarga el trámite y provoca una nueva dificultad en el acceso”.

“La apelación y los argumentos de la misma, sumado al empeoramiento de los trámites burocráticos, expresan con claridad que este gobierno busca liquidar derechos, entre ellos el derecho a la salud y la vida de miles de argentinos y argentinas”, concluye el texto de Fesprosa, que exige el cumplimiento inmediato del fallo judicial del 30 de diciembre del año pasado.

Con información de agencia NA

DM/MC

El Ministerio de Salud anunció la intervención del Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, especializado en salud mental. En un comunicado, el organismo asirmo que la medida tiene como objetivo “garantizar su funcionamiento regular y asegurar la continuidad de los tratamientos de los pacientes”.

Hace menos de una semana, los trabajadores del hospital realizaron una asamblea en la que el Gobierno pretendía cerrarlo y que las más de 200 desvinculaciones que se realizaron durante los últimos días, “forman parte de los 1.400 despidos que llevó a cabo el Ministerio de Salud”.

En el marco de la asamblea, los empleados informaron que, desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei las cesantías alcanzan a “casi la mitad” del personal. Según denunciaron, hasta ahora llevan contabilizados 200 despidos, que incluyen más de 40 psicólogos, 20 enfermeros, odontólogos y farmacéuticos, lo que deja “casi sin capacidad operativa” al hospital.

En su comunicado, el Ministerio de Salud defendió la intervención afirmando que la medida “forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la eficiencia de los recursos en el sistema de salud y corregir irregularidades detectadas en la institución”.

Mariano Pirozzo, médico neurocirujano y hasta ahora director de Atención Médica y Tratamiento del Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”, fue designado como interventor. Según informó la cartera sanitaria, Pirozzo ya se encuentra en funciones tras una reunión con las autoridades para definir los pasos a seguir.

“Desde La decisión de intervenir el Hospital Bonaparte se tomó luego de que se detectaran problemas administrativos significativos”, asegura el Ministerio de Salud en el texto divulgado hoy. “Entre las irregularidades encontradas, se destacó una sobredotación de personal, con 326 ingresos durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Además, se identificó una relación desproporcionada entre la cantidad de empleados y la capacidad operativa del hospital: 109 trabajadores para 55 camas de internación, con un promedio de solo 19 pacientes al mes”.

Los trabajadores del hospital negaron tales afirmaciones y señalraon que este centro de salud es único en su tipo, ya que atiende las demandas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero también de todo el territorio nacional. 

DM

La noticia se conoció el viernes pasado. Mediante una resolución, el Gobierno nacional anunciaba un nuevo recorte a la ciencia bajo una imprecisa medida que determinaba el cierre de los programas que “deban rendiciones, que estén vencidos y no aporten al crecimiento del país”. Esta resolución, dictada en plenas vacaciones de verano, es un paso más y encendió alarmas en la comunidad científica.

“Es como el blanqueo de una situación que ya veníamos sufriendo concretamente y ahora queda expresado y esbozado en una metodología concreta que van a llevar adelante como para poner el punto máximo a la política científica que este gobierno plantea”, señala Haydeé Pizarro, investigadora responsable del Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, quien describió que la noticia causó una mezcla de “revuelo y desazón”.

Desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, que integran más de 340 autoridades de institutos de Ciencia, se emitió un comunicado de repudio a la medida. Según la organización, la información publicada anticipa una profundización del ajuste en en el área. “Esta resolución busca darle un marco de legitimidad al mayor ajuste que ha sufrido el sistema científico y tecnológico nacional desde la recuperación de la democracia en nuestro país, ajuste que ya provoca un éxodo masivo de investigadores y la paralización y desarticulación de grupos de investigación que ha costado décadas desarrollar”.

Además, hicieron llegar una Declaración de Repudio la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (Fesiduas) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (Fedlacti), argumentando que “la resolución plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global entre otras”.

Agregaron que la medida “representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional” y concluyeron: “Esta medida refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales”.

En la misma línea, la vicedirectora de la Facultad de Exactas de la UBA, Valeria Levi, señaló que la medida publicada en el Boletín Oficial expresa en un documento oficial un desmantelamiento de la ciencia que ya sucedía de hecho. “Se ve claramente que se le quiere dar un marco de legalidad, que todavía no sabemos si es tal, a algo que fue un hecho durante 2024: todos estos programas fueron suspendidos durante el año pasado, incluyendo los que tenían que ver con construcciones de institutos científicos, de laboratorios, compra de equipamiento, proyectos de vinculación científico-tecnológica con el sector productivo”.

Es que todavía no está claro el alcance del recorte. De los 70 programas que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología analizará para su cierre o eventual ajuste, el organismo solo dio a conocer algunos que ha definido cerrar, mientras el resto permanecen en evaluación. Según publicó el diario La Nación, son cinco las bajas confirmadas hasta el momento, entre los que se encuentran, Programa Juventudes y Ciencia, Programa Ciencia por contar, Programa de Subsidios institucionales, Programa de Subsidios extraordinarios y Proyectos de Cultura Científica.

El Gobierno hizo el anuncio mediante la Resolución 10/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial el pasado jueves. Allí se estableció la evaluación y posible cierre de programas científicos creados bajo el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT). La medida se fundamenta en la necesidad de reducir el gasto público en el marco de la emergencia económica y financiera que atraviesa Argentina y asigna como responsable de la evaluación a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que dirige Darío Genua. Sin embargo, el contexto de emergencia se remonta a principios de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei decidió frenar los desembolsos de los programas de financiamiento científico.

En diálogo con elDiarioAR, desde el organismo aseguraron que quedará a salvo del cierre el Programa Federal Equipar Ciencia, destinado a la compra de equipamiento científico, que obtuvo una prórroga de los convenios para el uso de fondos el pasado 29 de noviembre y en la que se habilita al uso de los mismos hasta el próximo 30 de junio de 2025.

Asímismo, se consultó a la Secretaría por los programas de desarrollo científico paralizados: los PICT 2022, que deberían haberse desarrollado durante 2024 y la convocatoria prorrogada por 4º vez a los PICT 2023. El organismo aclaró que los programas permanecen bajo el ala de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+I) y que se debe conformar el Directorio (vacante desde marzo de 2024) para tomar decisiones al respecto. También, se confirmó que los convenios de desarrollo científico con países y embajadas permanecerán vigentes.

Este medio se contactó con Conicet para consultar por el impacto de las medidas anunciadas sobre los científicos de la institución, pero respondieron que por el momento no habrá una declaración oficial al respecto y agregaron que es un tema correspondiente a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Levi pone en duda la legalidad de la medida: “Lo que entendemos de esta resolución es que Jefatura de Gabinete quiere poner en papeles que los proyectos que estaban suspendidos se den de baja. Lo que no sabemos es la legalidad de esta medida porque en muchos de los casos hay contratos firmados y de un día para el otro no se puede decir ”damos de baja todos estos contratos“.

Esta resolución busca darle un marco de legitimidad al mayor ajuste que ha sufrido el sistema científico y tecnológico nacional desde la recuperación de la democracia en nuestro país, ajuste que ya provoca un éxodo masivo de investigadores

Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología

Críticas al enfoque productivista de la ciencia e incertidumbre sobre el alcance de los recortes

El discurso de “poner la ciencia al servicio del desarrollo productivo”, circula desde que asumió la gestión del gobierno Javier Milei, incluso como argumento para explicar la parálisis de financiamiento o la subejecución de programas.

El texto publicado en el Boletín Oficial lo transparenta: “Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales y sistemas de evaluación relacionados con la gestión del conocimiento y la promoción de la ciencia y la tecnología, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud”.

La investigadora Pizarro reflexionó sobre el modelo de ciencia que plantea la gestión libertaria ligado a la producción: “Lo que a mí me da tristeza es cuando veo a las personas de la sociedad, no toda, pero una gran parte que van de la mano con decir ‘hay que hacer a la ciencia eficiente’, ‘hay que hacerla laburar para algo que sirva’. Y la verdad es que lo han logrado, en ese sentido. Esa bendita batalla cultural la han ganado por el momento. Es una batalla, no es la guerra, así que vamos a seguir”.

Lo que a mí me da tristeza es cuando veo a las personas de la sociedad, no toda, pero una gran parte que dicen ‘hay que hacer a la ciencia eficiente’, ‘hay que hacerla laburar para algo que sirva’. Esa batalla cultura la han ganado. Pero es una batalla, no la guerra. Vamos a seguir

Haydeé Pizarro — investigadora responsable del Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA

Las áreas prioritarias quedaron definidas en la resolución, dejando por fuera temáticas como medio ambiente, el cambio climático y las Ciencias Sociales. Pizarro entiende que este tipo de medidas de recorte en la ciencia “traen realmente límites al conocimiento. Yo me pregunto qué va a pasar con líneas vinculadas con la historia con líneas vinculadas con los derechos humanos, ¿cómo podemos encorsetar determinada generación de conocimiento porque supuestamente no va con el desarrollo económico del país?”.

Beatriz Bragoni, Historiadora del Conicet Y UNCuyo y Directora del Incihusa, Mendoza, analizó la medida y comentó que “no parece estar dirigida solo a revisar o suspender programas o subsidios ejecutados por la anterior gestión del ex MinCyT para reducir el gasto o auditar recursos públicos”.

La investigadora entiende que es una estrategia que permitirá aplicar la “motosierra” prometida en el sector Ciencia y Tecnología con una triple estrategia: El agravio al personal científico y la descalificación de temas y problemas que nutren la agenda de investigación básica y aplicada en los principales centros académicos mundiales. Y por último, el “radical desfinanciamiento de grupos o equipos de trabajo consolidados o de más reciente formación, distribuidos en la desigual geografía del país cuyas contribuciones a los diferentes campos de conocimiento y la excelencia de recursos humanos capacitados en institutos y laboratorios suelen ser reconocidos en el país y más allá de sus fronteras”. 

Por su parte, a Pizarro le preocupa el futuro de las generaciones de sus alumnos, jóvenes científicos, que dejan de encontrar posibilidades de trabajo y desarrollo de carrera dentro del país: “¿Qué nos queda? Cuando empiece el primer cuatrimestre, ¿qué le voy a decir a los estudiantes que están ya se están recibiendo? ¿Qué les digo, cuando me vengan a pedir que por favor les haga una nota de recomendación para irse afuera? ¿Les digo que no? No, les hago la nota”, reflexionó la científica.

El Plan Estratégico 2024-2025: un tuit como única referencia

La resolución menciona un Plan Estratégico 2024-2025 como guía para la evaluación de los programas. Sin embargo, la única referencia pública del programa, lanzado el 14 de noviembre del 2024 es un tuit de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y su correspondiente publicación en Instagram.

Allí se plantean cuatro puntos estratégicos seguidos de un párrafo explicativo: Política científico-tecnológica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Servicios Digitales del Estado y Organismos Descentralizados. A casi dos meses de su lanzamiento, este medio se contactó con la Secretaría de Innovación Ciencia y Técnica para pedir el desglose del plan, pero el organismo contestó que esa información formará parte de un anuncio que se hará en breve. Distintas organizaciones de la comunidad científica manifestaron la necesidad de acceder al plan completo, ya que la información presentada en el tuit no da cuenta de las bases y estudios previos que determinan a las áreas posicionadas como estratégicas, ni se muestra un diagnóstico de cómo se posiciona la ciencia argentina frente a esas áreas de conocimiento.

La situación de la ciencia argentina no hace más que agravarse a lo largo de los meses. El anuncio, dado en un contexto de receso vacacional de las universidades y otros centros de investigación, vuelve a poner en alerta a los científicos que se preguntan cuánto más se puede investigar sin plata.

LG/JJD

El presidente Javier Milei afirmó hoy en el Coloquio IDEA 2024 que en los últimos 10 meses se eliminaron más 50 mil empleos en el sector público, presentando esta cifra como un logro de su gestión. Sin embargo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) desmintió esta cifra, asegurando que hasta la fecha el número de despidos es inferior a 28 mil.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, calificó al presidente de “enfermo” y acusó a su gobierno de ser manipulado por intereses empresariales. “Solo un delirante puede festejar la destrucción de miles de puestos de trabajo genuinos”, afirmó.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la dotación de personal de la Administración Pública Nacional pasó de 343.429 trabajadores en agosto de 2023 a 309.849 en agosto de 2024, lo que representa una reducción de 33.580 empleados, más del 10% del total. El monitor de despidos de ATE, por su parte, relevó que se han producido menos de 28 mil despidos hasta el momento.

Aguiar también criticó la forma en que el gobierno se refiere a los despidos, sugiriendo que debe dejar de hablar de “contratos que terminan”. Aseguró que la gestión actual ha incrementado el fraude laboral en el Estado y ha vulnerado el derecho a la estabilidad laboral.

“Desde el 10 de diciembre se abandonó en la Argentina la idea de bienestar general. Hoy están gobernando para beneficiar sólo a 4 o 5 lacras que lucran con los esfuerzos de todos los argentinos”, sostuvo Aguiar.

“Milei miente con las cifras que celebra. No son 50 mil. Es evidente que exagera las cifras creyendo que puede mejorar su imagen de cara a las elecciones, pero se equivoca, se acelera la pérdida de apoyo popular a la gestión. La gente ya se dio cuenta que los despidos de estatales se traducen en una pérdida de derechos para todos. La gente se dio cuenta que después de 10 meses de Gobierno Milei se abraza y protege a la casta”, concluyó el dirigente de ATE.

DM

Por primera vez en 62 años, Argentina no tendrá un stand oficial en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Esto se debe a la motosierra de Javier Milei, que afecta tanto a la cultura como a la ciencia, la salud y la eduación. Es por eso que ni Cancillería ni la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional darán financiamiento. 

La Cámara Argentina del Libro debió financiarse a sí misma para poder participar del megaevento literario y solo nueve editoriales darán el presente con sus catálogos en Alemania, a diferencia de las 20 que solían viajar año tras año. Se trata de Eudeba, Fondo de Cultura Económica, AZ, Clacso, Libros del Zorzal, Dunken, Del Naranjo, Colisión Libros y Tres Olas.

Este año, la Feria Internacional del Libro de Frankfurt se llevará a cabo del 16 al 20 de octubre y tendrá a Italia como país Invitado de Honor.

A pesar de la falta de un stand oficial, autores argentinos como María Negroni, Carlos Gamerro, Ariel Magnus y Mariana Dimópulos participarán en actividades organizadas de manera independiente. También viajará a la Feria de Frankfurt el director de la Feria del Libro de Buenos Aires, Ezequiel Martínez.

Desde la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería anunciaron que el Consulado argentino en Frankfurt organizó una actividad en la Feria del Libro de Frankfurt, prevista para el jueves 17, a las 13. 

En el stand C139 de la CAL, se hará un brindis por el Programa Sur de apoyo a las traducciones, que este año el Gobierno desfinanció drásticamente, al reducir su presupuesto de 300.000 dólares a menos de 30mil dólares. 

En 2023, la Argentina tuvo un pabellón nacional de 20,m2 que se usó como punto de encuentro de editores, escritores y agentes literarios y como espacio de exhibición para las editoriales locales. 

En 2010, la Argentina había sido el país Invitado de Honor en la feria. En 2012, el país recibió una placa de honor en el 50° aniversario de su presencia en el evento internacional.

DM con información de agencia NA

El cúmulo de vulgaridades, falacias y terraplanismo expuestos por el oficialismo y sus satélites no logra desviar el corazón de lo que una minoría suficiente de la Cámara de Diputados votó este miércoles. Las bancadas de La Libertad Avanza, el PRO y un cardumen de personajes olvidables de la UCR, el peronismo tucumano y los partidos provinciales decidieron consolidar la rebaja de los salarios universitarios que Javier Milei había disparado no bien asumió la Presidencia. 

No hay llamarada ignorantista con potencia suficiente para negar que los diputados que comanda el ultraderechista votaron desfinanciar a las universidades públicas, el eslabón perdido entre lo que Argentina alguna vez soñó para sí misma y lo que es.

La historia está lejos de terminar. Milei acecha con la violencia de la que es capaz a ese mundo que representa su antítesis. Las aulas universitarias argentinas son un espacio abierto a ideas contrapuestas; encuentro de diversidad económica, política y cultural; lugar de estudio y movilidad social. Son valores que no habitan ese mundo chiquitito de herederos, odios viscerales, dogmas y tarot que conforma la vida de los hermanos Milei. 

Se podrán enumerar ejemplos atendibles de corrupción y corruptelas en las universidades públicas, de negligencia administrativa, de insuficiencia de los claustros para subsanar los abismos entre clases sociales. Durante semanas, el Gobierno y sus periodistas los difundieron hasta el cansancio e inventaron muchos más. Ninguno de esos problemas, reales o ficticios, se soluciona con una rebaja salarial a un cuerpo docente y científico que vive la crisis con incredulidad y espanto. 

Milei acecha con la violencia de la que es capaz a la universidad pública, un mundo que representa su antítesis

Resistencia

Las universidades públicas argentinas enfrentaron vendavales; a todos sobrevivieron, de ninguno salieron del todo indemnes. La Noche de los Bastones Largos apuntó a estudiantes y profesores en 1966, con argumentos propalados por una dictadura militar que encuentran eco casi seis décadas después. Pasaría el terrorismo de Estado (1976-1983); miles de estudiantes y docentes desaparecidos, carreras cerradas y exilio. No por nada, las ciudades universitarias por excelencia —Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Tucumán— fueron diezmadas, con víctimas de todo el Cono Sur de América. Las asfixias financieras durante los años de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y el final de Mauricio Macri fueron traumáticas, sin llegar al extremo actual. 

Todo eso ocurrió. Nada de eso impidió que, en 2024, con toda el agua transcurrida y los Milei apostados en Casa Rosada, se produjeran las dos mayores marchas universitarias de la historia, bajo la trilogía Pública, Gratuita, Federal.

Es evidente que entre los más de un millón de manifestantes en todo el país se encontraron votantes del oficialismo. Tan evidente como que, a días de la elección en primera vuelta de 2023, más de quince rectores identificados con la Unión Cívica Radical, varios de ellos de las universidades más grandes del interior, posaron para una foto en las escalinatas de Derecho de la UBA en respaldo a Patricia Bullrich, la entonces candidata del macrismo y hoy ministra que afila los cuchillos para reprimir protestas de los estudiantes en cuanto vea un espacio.  

El daño ya comenzó. Docentes dejan cargos porque encuentran una opción mejor en el exterior o el mundo privado, alumnos a los que sólo les queda tiempo para trabajar, o ven sus becas disminuidas y no pueden cubrir los gastos mínimos que significa cursar.

La extensión del daño y/o la magnitud de la resistencia de las universidades para torcerle el brazo a un Gobierno cuyo fin último es anular la educación pública están por verse. Difícil predecir una época en la que el darwinismo social goza de prestigio, pero da para intuir que los Milei, Luis Caputo, el Gordo Dan y el resto del elenco gubernamental carecen de capacidad para medir qué se está cocinando en los hogares de esos tres millones de estudiantes y docentes universitarios.

Por lo general, los Gobiernos llegan tarde o temprano al punto en que no se pueden explicar a ellos mismos. Las contradicciones con sus banderas se vuelven flagrantes y las medidas no se defienden tanto con la razón o el apego simbólico, sino con el argumento de la supervivencia, para que no llegue alguien peor. Si eso supone aprobar leyes dañinas, la feligresía sabrá comprender. Raúl Alfonsín, Carlos Menem, los Kirchner y Macri demoraron años hasta que la pelota pasó bajo dominio del rival. A Fernando de la Rúa y Alberto Fernández, ejemplos análogos en cuanto a liderazgo débil, frente económico adverso y división de la alianza de Gobierno, la ficha les cayó antes de las elecciones de medio término.

Milei no entró en el modo autómata que signa a los Gobiernos que se arrastran hasta las elecciones. La iniciativa todavía está de su lado, despliega las polémicas y conserva efectividades conducentes para ganarse el favor de unos cinco radicales, los tres peronistas tucumanos y el sello filoperonista de Misiones. El prime time de los canales de Clarín y La Nación, pese a las disputas de facciones que se dejan ver, sigue siendo generoso con la propalación de versiones intoxicadas. 

No obstante, hay emergentes a tener en cuenta. Desde diciembre pasado y hasta hoy, la unanimidad de las encuestas marca que la principal de las promesas del ultra está siendo incumplida. El ajuste no lo está pagando “la casta”, sino la mayoría, en especial los sectores más desfavorecidos. Esa percepción es compartida incluso por gran parte del electorado de Milei, que en buena medida adhiere a la teoría del “sacrificio” para alcanzar el elusivo bienestar. Por ahora, no sólo brilla por su ausencia el crecimiento marítimo-escatológico que Milei y Caputo anunciaron en abril, sino que ni siquiera se asienta la estabilidad, con una inflación mensual en torno a 4%. Cuánto durará ese extraño sentimiento de quien admite haber sido engañado, pero asume la condición con gusto, es una pregunta abierta. 

De lo micro a lo macro

Milei comenzó con recortes sectoriales proclamados con goce. Los falsos enfermos que se aprovechaban de los remedios y tratamientos caros, los ñoquis del empleo público, los comedores populares que revendían la comida, etcétera. Un conjunto de relatos no probados, diseminados por el Ministerio de Capital Humano y transmitidos sin objeciones por las principales vocerías. 

El segundo semestre de Milei llegó con hachazos a gran escala, que procuran perpetuar redistribuciones regresivas orquestadas en la primera parte del año. Con poco más de un tercio de la Cámara de Diputados, un bloque conformado en torno a pasiones tristes, el Ejecutivo logró confirmar semanas atrás una rebaja en las jubilaciones de unos $16.000 y, ahora, un recorte a los salarios universitarios. En ambos casos —jubilaciones y sueldos docentes— se encuentran en un piso histórico. Cierra el cuadro el acecho al Hospital Garrahan, de referencia en pediatría de América Latina, y al de psiquiatría Laura Bonaparte.

Son sablazos que afectan a millones de hogares, a los que no se brinda ninguna explicación coherente. A Milei le quedan los vítores en las conferencias ante empresarios —ayer, en Córdoba, dio la nota Alejandro Bulgheroni, uno de los dueños de Pan American Energy, cuando aplaudió con sonrisa congelada la alusión presidencial a los “zurdos de mierda”—, los temibles streamers del canal Carajo, Lilia Lemoine, el PJ de Osvaldo Jaldo, los radicales ultras y el fiel PRO. Hasta a Rodrigo de Loredo, Margarita Stolbizer y Miguel Ángel Pichetto, que tantas ganas tenían de “darle las herramientas al Presidente”, no les quedó otra que bajarse del barco en las últimas votaciones en Diputados. 

Qué papelito al viento resultó el presunto partido republicano de centroderecha democrática llamado PRO. Son cada vez más las dirigentas del macrismo liberal que prefieren no ver sus posturas públicas de meses o años atrás, porque sienten vergüenza de constatar dónde terminaron. 

Mauricio Macri, tan autogobernado toda su vida, parece atado por lazos invisibles a un Presidente que lo ningunea de múltiples maneras, como si hubiera razones inconfesables que explicaran el vínculo.

En un bucle interminable, circula que el expresidente se ofende de los desplantes de su socio ideológico, por lo que planea dejar de ayudarlo. Luego, se encuentran ambos en Olivos, o el exmandatario se saca chispas con Santiago Caputo, y, finalmente, las bancadas del PRO se ocupan de actuar como oficialistas, para subsanar el descalabro intelectual de La Libertad Avanza. En lo que va del año, media docena de veces se filtró que el punto límite había llegado.

Acaso la oportunidad de tomar distancia ya pasó, y sólo quede acompañar.

SL

Octavio Pérez Pardo, director de Bosques de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, presentó su renuncia en respuesta a la eliminación total de los fondos destinados a la protección de bosques nativos, una decisión tomada por el Gobierno nacional a través del decreto 888/2024.

En una carta dirigida a su equipo, Pérez Pardo expresó que la medida va en el sentido contrario de potenciar la Ley de Bosques.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, no solo elimina el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), creado para financiar acciones de conservación en el marco del Acuerdo de París, sino que también afecta al Fondo Nacional de Emergencias y al Fondo Fiduciario Progresar.

Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, se enmarca en las facultades que otorga la Ley de Bases, que permite la modificación o disolución de fondos fiduciarios públicos.

Pérez Pardo, además de manifestar su desacuerdo con la eliminación del FOBOSQUE, afirmó que su desvinculación del cargo visibliza la creciente tensión entre las políticas ambientales y las prioridades económicas del Gobierno.

DM

El Gobierno acordó esta tarde con el gremio ATE que no habrá clausuras de servicios, ni se avanzara con el cierre del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte. Además se garantizó la continuidad de los 612 puestos de trabajo.

Tras el anunció, los trabajadores se comprometieron a suspender las medidas de fuerza en el hospital, pero mantuvieron la convocatoria a marchar el jueves próximo en el Día de la Salud Mental.

En un comunicado difundido a través de la red social X, los trabajadores de la institución afirmaron que la marcha atrás del Gobierno se produjo “gracias a la lucha” y celebraron la reanudación de las prestaciones del hospital y el regreso a la normal atención de los pacientes.

Los representantes de ATE revelaron también que se acordó con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación la creación de una mesa de trabajo conjunta “a fin de asegurar la prestación de servicios y la atención de salud de los pacientes, en el marco de la reestructuración del hospital”.

La cartera sanitaria, a cargo de Mario Lugones, sostuvo que el centro de salud ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios entrará en un “proceso de reestructuración”, el cual será realizado por un “equipo interdisclipinario”.

Antes de la reunión de esta tarde, la viceministra Cecilia Loccisano aseguró que “así como está el hospital es inviable”, al tiempo que señaló que una auditoría de abril de 2023 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló que se “incumplía con la Ley de Salud Mental y el derecho de los pacientes”.

DM

El Hospital Español se encuentra en medio de una profunda crisis que ha llevado a una ola de renuncias masivas entre su personal médico, quienes denuncian la falta de aumentos salariales y una gestión deficiente. Esta situación, según los profesionales de la salud, se agrava por la reciente intervención del hospital, ahora bajo la supervisión de Florencia Folchi, una contadora de 26 años sin experiencia en el ámbito hospitalario, designada por el Gobierno.

La crisis en el Hospital Español se enmarca dentro de un contexto de tensiones en el sistema de salud pública, evidenciado por la reciente crisis en el Hospital Garrahan y el posible cierre del Hospital Laura Bonaparte, especializado en adicciones. Estos conflictos resaltan un ajuste que el Gobierno está implementando en el sector salud, generando un clima de descontento y desconfianza entre los trabajadores.

Los médicos del Hospital Español, que no han recibido aumentos salariales desde diciembre pasado, alertan sobre la grave disminución de personal, especialmente en la Clínica Médica, donde la mayoría ha renunciado. “La falta de respuesta de la interventora y la dirección médica es alarmante. La calidad de atención se ve gravemente comprometida”, manifestaron, resaltando la complicidad de la dirección médica, encabezada por Liliana Nicolosi y Vicente Romeo.

Fernando Wahlmann, jefe de Clínica Médica, destacó que actualmente solo hay seis médicos para atender a 100 pacientes, una relación que pone en riesgo la atención y la seguridad de quienes se encuentran internados. “El PAMI decidió no otorgar aumentos desde enero, lo que ha llevado a la retirada de gran parte del personal médico”, explicó Wahlmann. Según los trabajadores, pesar de las constantes solicitudes y reuniones, la intervención del hospital no ha ofrecido respuestas concretas.

DM

La tensión entre los profesionales del Hospital de Niños “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” y el nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, viene escalando desde su asunción el pasado 23 de diciembre y está dejando al descubierto una crisis interna por la que en lo últimos meses se vienen sucediendo las medidas de fuerza.

Ayer, luego de que el directorio del Garrahan anunciara un bono de $500.000 para todo el personal del Hospital, el ministro Lugones solicitó la renuncia del directorio y, posteriormente, designó a sus reemplazantes.

El secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipcovich, explicó que: “Los funcionarios que echaron eran gente que puso el propio Gobierno y ahora los reemplazan con más gente que estaba en el mismo universo de los que resolvieron dar el bono”.

Frente a esta decisión, los trabajadores decidieron decretar un paro total de 48 horas para los días 8 y 9 de octubre. En paralelo a este anuncio, comenzaron a exponer las irregularidades bajo las cuales están obligados a trabajar, muchas de las cuales afectan el bienestar de los pacientes. 

“Están renunciando los profesionales y casi no se va a poder sostener la atención en nuestro hospital, entonces creo que la decisión del ministro es muy desafortunada. Hubiéramos esperado que rápidamente nos llame o que venga y vea lo que atendemos, lo que hacemos”, afirmó Norma Lezana, del gremio APyT, representante de los profesionales y técnicos del Hospital Garrahan.

En este sentido, el personal del hospital de niños acaba de presentar una denuncia ante la Justicia, afirmando que las autoridades los obligan a reutilizar material descartable, lo cual está desaconsejado en las prácticas médicas, por los enormes riesgos sanitarios que implica.

“La reutilización de materiales descartables es parte del desfinanciamiento de lo público. Estas tareas implican riesgos para los trabajadores porque se pueden lastimar y allí hay sangre o material biológico”, afirmó Norma Lezama en una entrevista con el canal A24 delante de las puertas del Hospital. 

“Para esto tiene que haber un comité de reúso que en el hospital no sé no se está reuniendo y nosotros lo que venimos exigiendo a la dirección es que exista un protocolo, exista una trazabilidad de los materiales”, concluyó la represente de los trabajadores de la institución.

DM

Distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas confluirán hoy en el centro porteño y en las principales ciudades del país en una nueva marcha universitaria que se intuye masiva, aunque sus organizadores albergan dudas de que alcance los altísimos niveles de concurrencia de la realizada el pasado 25 de abril.

La consigna que los unirá en las calles es la defensa de la educación pública ante el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya fecha límite es el 3 de octubre —justo un día después de la marcha—, cuando vence el plazo legal. 

El objetivo es reeditar la foto de la masiva marcha federal del 25 de abril, que aglutinó a sectores muy diversos y le generó a Milei una derrota política inesperada.

Para ello, en las distintas manifestaciones que tendrán lugar por todo el territorio del país sumarán fuerzas sectores no habitualmente coincidentes, en un arco que va desde la UCR y la Coalición Cívica hasta la izquierda, pasando por las distintas vertientes del peronismo, que depusieron momentáneamente sus cuitas internas para aportar a una demostración de fuerza potente que aseste un nuevo golpe a la administración conducida por Javier Milei.

Una convocatoria diversa y federal

Ayer, Cristina Kirchner llamó a los jóvenes a sumarse a la manifestación, “en defensa no solamente del presente, sino también del futuro”. Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que será parte de la marcha, al igual que La Cámpora de Máximo Kirchner. 

También se movilizarán los distintos sectores de la izquierda y la fracción del radicalismo que responde a Martín Lousteau. De hecho, la Mesa Nacional de la UCR ratificó en los últimos días la suspensión del partido a los radicales que se fotografiaron con el Presidente y cambiaron su voto tras el veto a la movilidad jubilatoria.

Ayer, diputados y senadores de la UCR, Hacemos, Coalición Cívica, Partido Socialista, entre otros partidos, convocaron en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación a una conferencia de prensa para anunciar su adhesión a la Marcha en defensa de la Universidad pública de este miércoles.

Según difundió la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU), se realizarán actos y movilizaciones en casi 50 ciudades de todo el país.

El Gobierno, entre el veto y una campaña de deslegitimación

Ante el volumen que viene adquiriendo la manifestación, el jueves pasado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, convocó de apuro a los gremios para ofrecerles un 5,8% adicional en octubre, un porcentaje presentado como “histórico” y “sin precedentes”. Los sindicatos lo rechazaron por “insuficiente”. Según sus cálculos, acumulan una pérdida de poder adquisitivo de entre 35% y 55% en lo que va del año.

Luego del rechazo de los gremios docentes y asumiendo la evidencia de la imposibilidad de desactivar la manifestación, el ministerio conducido por Pettovello activo una campaña de desacreditación de los postulados de las organizaciones docentes y estudiantiles.

Desde comienzos de esta semana, el organismo difundió entre los medios de comunicación una serie de comunicados y “kits” estadísticos que intentan demostrar la “mala administración” del sistema universitario argentino, además de afirmar que los sueldos docentes “están muy por encima de la canasta básica”.

El comunicado difundido ayer por Capital Humano, titulado “Estamos a favor de la educación universitaria”, afirma entre otras cosas, que: “Los docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente”. Y amplía: “Esto significa que no existe pobreza entre estos sectores”.

El comunicado de Capital Humano está acompañado por otro documento titulado “Universidades”, en el que el equipo de Pettovello detalla comparativas académicas con otros países de la región, en las que la Argentina sale mal parada, pese a que instituciones como la UBA figuran año tras año en el tope de los rankings de excelencia a nivel regional.

En tanto, en relación a la polémica sobre la cantidad de alumnos no registrados que abrió el secretario de Educación, Carlos Torrendell, al decir que las universidades “inventan” alumnos para cobrar fondos, Álvarez señaló que una revisión de los datos del sistema de información universitaria reveló que alrededor de 600.000 alumnos no tienen registros de materias cursadas. “Son alumnos que figuran como alumnos, pero cuando pedís datos de la materia, tienen cero datos cargados”, precisó.

El Presidente tiene tiempo hasta el mañana para vetar la norma sancionada por el Congreso, cuando vence el plazo legal para tomar esa medida. Una vez que el veto sea firmado por Milei, La Libertad Avanza se deberá enfrentar nuevamente al resto de los bloques de la oposición, para defender la decisión y evitar que se insista con la norma. Por eso, en el ámbito universitario ven a las manifestaciones de hoy, como una acción de presión al Poder Legislativo para que junte nuevamente los dos tercios y rechace el veto.

DM con información de agencias y elDiarioAR

Si bien la obra social de los jubilados y pensionados recordó que sigue cobertura en medicamentos con distinto nivel de cobertura desde el 40 al 100%, PAMI sacó 44 que reducen la lista de cobertura al 100%. 

Este es el listado de los 44 medicamentos que ya no cubre el Pami al 100%:

1. Acido Acetilsalicilico (antiagregante plaquetario)

2. Aciclovir (antiviral)

3. Benznidazol (antiparasitario)

4. Betametasona (corticoide)

5. Betametasona + gentamicicina + miconazol (corticoide)

6. Carbonato de calcio (suplemento)

7. Citrato de calcio (suplemento)

8. Ceftriaxona (antibiótico)

9. Cefuroxima (antibiótico)

10. Cilostazol (vasodilatador)

11. Ciprofloxacina (antibiótico)

12. Claritromicina (antibiótico)

13. Clindamicina (antibiótico)

14. Clobetasol (corticoide)

15. Dexametasona (corticoide)

16. Doxiciclina (antibiótico)

17. Estriol (hormonoterapia)

18. Fluconazol (antibiótico)

19. Fluoxetina (antidepresivo)

20. Hidrocortisona (corticoide)

21. Hierro polimaltosato (suplemento)

22. Ivermectina (antiparasitario)

23. Levomepromazina (antipsicótico)

24. Liotironina (tratamiento del hipotiroidismo)

25. Mebendazol (antiparasitario)

26. Meprednisona (corticoide)

27. Metadona (tratamiento del dolor)

28. Metoclopramida (antiemético)

29. Metotrexato (tratamiento de la artritis reumatoidea)

30. Metronidazol (antibiótico)

31. Minociclina (antibiótico)

32. Morfina, clorhidrato (tratamiento del dolor)

33. Neomicina (antibiótico)

34. Nistatina (antibiótico)

35. Oxibutinina (antiespasmódico)

36. Prednisona (corticoide)

37. Pregabalina (tratamiento del dolor)

38. Promestriene (hormonoterapia)

39. Psyllium (laxante)

40. Sulfametoxazol + trimetoprima (antibiótico)

41. Sulfasalazina (tratamiento de la inflamación intestinal)

42. Tobramicina (antibiótico)

43. Tramadol (tratamiento del dolor)

44. Triamcinolona (corticoide)

DM con información de agencia NA

Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) informaron que aumentarán la reducción en la frecuencia de los servicios nocturnos y de fines de semana a partir de septiembre.

La medida está relacionada al conflicto existente entre los gobiernos nacional, bonaerense y porteño por la responsabilidad del financiamiento de los subsidios al transporte en el territorio metropolitano.

En este marco, las cámaras empresarias del sector manifestaron en un comunicado que la continuidad de los servicios está en riesgo por “la falta de acuerdo entre las jurisdicciones del AMBA (Nación, CABA y PBA)” sobre la cobertura de los subsidios a las líneas de CABA desde el 1/9/2024, la cobertura de la RED SUBE para aquellas líneas que no son de Jurisdicción Nacional y recorren el AMBA, la falta de actualización de la estructura de costo utilizada para calcular subsidios y el sub-reconocimiento en cálculo de subsidios de costo de inversión en coches, respecto al que denuncian que existe una “brecha mayor al 100%”.

El documento empresario expresó que “si bien desde el 12/8/24 se ajustó la Tarifa en 37%, se recuerda que esto es un mecanismo que utiliza el Regulador para ahorrar subsidios, por lo que no tiene impacto sobre las economías de las empresas”.

En este sentido, detalló que “entre Tarifa y Subsidios los operadores recibimos $862 promedio por viaje, lo cual lejos está de cubrir las necesidades de inversión que demanda un sistema del tamaño del AMBA, con las responsabilidades civiles que ello conlleva”, señalando que “esta crisis no es nueva”, sino que “se agravó a la salida de la pandemia, y no logra recomponerse, por eso los usuarios perciben un servicio cada vez peor mientras paradójicamente pagan más”.

Ante el escenario descripto, las empresas indicaron que “no hemos logrado comunicaciones eficaces con las autoridades, de manera de prever cómo garantizar los servicios el mes que viene ante eventuales quitas de subsidios que no sean compensadas con tarifa, ante la falta de acuerdo entre ellas. Por tal motivo desde la semana que viene se reducirán los servicios en horarios nocturnos y fines de semana, para evitar una parálisis mayor”.

Está decisión implica un aumento en la reducción de los servicios que ya se viene aplicando en los últimos meses, lo que se refleja en que “ya se perdieron 5% de las frecuencias, cifras que se irán incrementando”, según puntualizan los empresarios.

En este contexto, también peligran los puestos de trabajo de los colectiveros ya que las empresas aseguran que “no podremos garantizar continuidad de fuentes laborales, hasta tanto se resuelva cómo y quién paga por este transporte que emplea a 50.000 trabajadores, que moviliza casi 10 millones de pasajeros diarios, y cuya tarifa cubre solo un 20% del costo real, medición que invitamos a cualquier investigador independiente para que evalúe”.

Al mismo tiempo, remarcaron que “agrava el cuadro la irregular distribución de subsidios en favor del Grupo DOTA, en desmedro del resto, al recibir el equivalente a más de 30.000 millones de pesos de fondos públicos de manera indebida desde 2022”.

Al respecto, señalaron que “esta situación derivada de una poco transparente distribución de subsidios al gasoil entre todos operadores, y que beneficia a ese grupo, ya ha sido advertida por las actuales autoridades que heredaron este tema que empezó hace más de 2 años, y que si bien existe el compromiso de que se corregirá a través de la orientación del subsidio a la demanda, el daño producido contribuye a agravar la crisis del sector, hasta tanto tal irregularidad sea corregida”.

El comunicado fue firmado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos de Buenos Aires (CTPBA), y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

DM con información de agencia NA

El financiamiento universitario exhibió una caída mayor a 120 puntos en el primer semestre del año aunque se haya completado la mayor parte de su ejecución, por lo que alertan que si no se amplía “será imposible afrontar las necesidades de las universidades en lo que queda del año”, según un informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de CONADU.

El análisis reveló que “en los primeros seis meses de 2024, las universidades nacionales recibieron del Estado 1.351.829 millones de pesos”, lo que implica “un 152,8% más que lo que obtuvieron en los primeros seis meses del año pasado”, pero “esa variación queda muy rezagada frente al promedio interanual de inflación, que alcanzó los 276,4 puntos”.

De esta manera, se observa que en la primera mitad del año, el financiamiento universitario quedó 123,6 puntos por debajo de la variación de precios durante dicho periodo. En cuanto al destino de los fondos, el estudio muestra que se incrementó la proporción de los fondos destinados a los Salarios con respecto al mismo período del año pasado (de 89,7% a 90,9%), y se redujo la participación del resto de las actividades, en particular los Gastos de Funcionamiento (de 6,7% a 6,4%).

La caída del presupuesto se profundizó en junio, ya que “las casas de estudio perdieron incluso más en relación a la inflación”, a raíz de que “en esos 30 días, recibieron poco más de 364.800 millones de pesos, solo un 106,3% sobre junio de 2023, frente a una inflación de junio a junio de 271,5%, lo que constituye un atraso de 165,2 puntos por detrás de ese índice”. 

El informe recordó que “como ocurre en otras áreas del Estado, las universidades poseen el presupuesto prorrogado de 2023, que solo se incrementó en un 1,6% durante los primeros seis meses”, advirtiendo que “esa escasez hizo que el nivel de ejecución sea casi completo, lo que augura que será imposible afrontar las necesidades de las universidades en lo que queda del año”.

En este sentido, indicó que “el nivel de ejecución de las transferencias a UUNN de la Administración Pública Nacional al finalizar el mes de junio del presupuesto disponible fue de 93%, superior al promedio de los años 2015-2023 (51%)”.

Al respecto, señaló que “este alto nivel de uso del crédito, para esta altura del año, explica la necesidad de ampliar el presupuesto anual, dado que el saldo sin ejecutar es notoriamente insuficiente para cubrir las necesidades presupuestarias de los próximos meses”.

Al detallar los recortes dentro del financiamiento, el reporte aportó que “se redujeron a cero las transferencias de otras jurisdicciones que no sean el Ministerio del Capital Humano (es decir, por donde pasan los fondos de la Subsecretaría de Políticas Universitarias); se ajustaron en miles de millones los montos dedicados a Actividades de Ciencia y Técnica, Institutos Tecnológicos, Proyectos Especiales y Hospitales Universitarios y los fondos para becas tuvieron una caída real de nada menos que el 61%”.

Asimismo, desde el IEC estimaron que “de persistir esta tendencia, al concluir el año se habrá destinado a la educación universitaria tan solo el 0,24 por ciento del Producto Bruto Interno, el valor más bajo de las últimas décadas (a título ilustrativo: en los últimos años estuvo en torno al 0,70%)”.

DM con información de agencia NA

El Gobierno informó la recisión de contratos de más de 70 oficinas en todo el país, lo que supone un ahorro anual de $2.298.218.220, según informó lo informó la Jefatura de Gabinete, que conduce Guillermo Francos.

En las oficinas que fueron cerradas operaban más de 3.500 trabajadores correspondientes a distintos entes del la administración estatal como la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, INADI, ENARGAS, ENACOM, entre otras, aunque aclaró que “en la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional”.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la administración libertaria notificó que avanzó en “una significativa reducción en los contratos de alquiler de oficinas que eran utilizadas por distintos ministerios en todo el país”. 

“Esta medida forma parte de una política de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos”, destacaron desde la cartera al tiempo que precisaron que se dieron de baja 71 contratos de alquiler en todo el país, y que significará un ahorro del $191.518.251 mensual y del $2.298.218.220 anual. 

Para el Gobierno, las bajas en los contratos “contribuye de manera notable a la reducción del gasto público” por lo que anunciaron la implementación de nuevos controles en el procedimiento de alquileres con el objetivo de “optimizar los recursos del Estado”.

La reducción de estos espacios donde se realizaban diferentes tipos de funciones sumó 23 en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad de Buenos Aires. Además de otros alquileres en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en Tucumán.

La intención del Poder Ejecutivo es continuar con esta política y prevé la rescisión de 106 contratos de alquiler más.

DM con información de agencia NA

Leonardo Cifelli, el secretario de Cultura de la Nación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, removió este viernes a parte del directorio de Tecnópolis por irregularidades administrativas, informaron fuentes oficiales.

“Esta gestión mantiene su intención de volver solvente el Parque que le costaba a los argentinos más de 1000 millones de pesos por solo dos meses de funcionamiento. El objetivo seguirá siendo que no demande gasto público”, señalaron.

“Las iniciativas públicas y privadas que están programadas para Tecnópolis, están siendo analizadas en estas horas por los funcionarios para poder seguir adelante con el plan de autofinanciamiento”, detallaron.

La medida se tomó a la vez que se desarrolla un proyecto para que el parque, que fue inaugurado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011, sea “autofinanciable”. En ese sentido, el artista Flavio Mendoza es uno de los primeros “inquilinos” y monta allí su Circo Anima que estrenará función el 1 de junio con entradas que tienen un valor de $15.000.

“La proyección anual es de 1.400 millones de pesos. Si a eso se descuenta 400 millones de la deuda, más otros 500 millones que cuesta el mantenimiento anual, Tecnópolis en un año va a pasar de perder 500 millones de pesos al año a ganar 500 millones”, dijeron desde la Secretaría de Cultura.

MM