El Gobierno nacional de Brasil y el regional del estado de Río de Janeiro anunciaron este miércoles la creación de una entidad conjunta de combate al crimen organizado como respuesta a la crisis de seguridad provocada por una operación policial que dejó al menos 121 muertos en esta ciudad brasileña.

La creación de la Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado fue anunciada en una rueda de prensa tras la reunión que tuvieron el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro.

El encuentro fue solicitado por el propio presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que el gobernador de Río afirmara que en la operación policial del martes, la más letal en la historia de Brasil, solo participaron fuerzas regionales debido a que el Gobierno nacional se ha negado a colaborar en el combate al narcotráfico en esta ciudad.

La operación tenía por objetivo la captura de los principales cabecillas del Comando Vermelho, la más antigua y poderosa organización criminal de Río, pero que tiene ramificaciones en todo el país.

“Decidimos adoptar en conjunto algunas medidas de emergencia, como la Oficina de Emergencia de Combate al Crimen Organizado, que reunirá las fuerzas nacionales y las regionales para enfrentar la actual crisis”, afirmó Lewandowski.

El ministro agregó que la entidad no tendrán carácter permanente y servirá como un fórum para que las fuerzas puedan actuar conjuntamente y tomar decisiones de forma más rápida.

Lewandowski afirmó que, tras ser informado sobre lo sucedido en la madrugada de este miércoles, al desembarcar en Brasil procedente de una gira por Asia, Lula determinó que los principales responsables por la seguridad pública de Brasil viajasen a Río de Janeiro a ofrecer apoyo al gobierno regional y a la población en un momento de crisis.

Agregó que en la reunión fueron acordadas otras medidas de emergencia, aunque aclaró que el apoyo será limitado por la escasez de recursos financieros.

Según el ministro, el Gobierno nacional le ofreció al regional cupos en los presidios federales de máxima seguridad para que Río de Janeiro pueda aislar en las mismas a los principales dirigentes del Comando Vermelho.

El funcionario dijo igualmente que el Gobierno nacional enviará a Río diferentes técnicos, médicos y peritos legales para ayudar en la identificación de los muertos en la operación, que la gobernación regional asegura tratarse de cuatro policías y 117 miembros del grupo criminal.

“También vamos a aumentar el efectivo de miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública ya presente en Río y vamos a aumentar las actividades de inteligencia para intentar descapitalizar a las organizaciones criminales”, afirmó.

Lewandowski afirmó que, más que enfrentamientos armados, la principal herramienta de combate al crimen organizado son las acciones de inteligencia de policías, fiscales y entidades financieras para identificar los recursos de los grupos criminales y embargarlos.

Aunque el gobierno regional de Río de Janeiro solo ha confirmado 121 muertos, la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos en los institutos forenses y en el lugar de los hechos, asegura que fueron 132 víctimas.

La operación se desarrolló el martes en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, una zona empobrecida en la que viven 200.000 personas, y los enfrentamientos se extendieron a una zona boscosa en los cerros que bordean estas barriadas.

Durante la operación fueron arrestados 113 sospechosos y se puso bajo custodia policial a diez adolescentes, se decomisaron 119 armas, 14 artefactos explosivos y toneladas de droga.

EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este miércoles la integración de las diferentes fuerzas policiales del país en una política antidrogas que no deje víctimas, al comentar la operación policial del martes que dejó 121 muertos en Río de Janeiro, la más letal de Brasil.

“Necesitamos de un trabajo coordinado que impacte la espina dorsal del narcotráfico sin colocar policía, niños y familias inocentes en riesgo”, aseguró el líder progresista en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Lula, así como varios de sus ministros, afirmó que, más que enfrentamientos violentos en las favelas contra narcotraficantes, el crimen organizado se vence con medidas para descapitalizar estos grupos y reducirles su poder financiero.

“Fue exactamente lo que hicimos en agosto en la mayor operación contra el crimen organizado en la historia del país, que llegó al corazón financiero de una gran organización involucrada en la venta de drogas, la adulteración de combustibles y el lavado de dinero”, afirmó en referencia a una reciente acción contra el Primer Comando de la Capital (PCC), una importante mafia nacional.

Lula afirmó que Brasil no puede aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a la población y distribuyendo drogas y violencia por las ciudades.

Agregó que, para combatir las organizaciones en un país federativo como Brasil en que la política de seguridad es de responsabilidad de los gobiernos regionales, es necesario unir las diferentes fuerzas policiales del país.

El jefe de Estado aseguró que esa integración de las fuerzas policiales regionales y nacionales para combatir conjuntamente el crimen organizado será posible con la aprobación de un proyecto de ley de Seguridad Pública que el Gobierno presentó a consideración del Congreso.

Sobre la situación específica de Río de Janeiro, afirmó que le pidió a su ministro de Justicia y al director de la Policía Federal que viajaran a esta ciudad para ofrecerle ayuda al gobierno regional.

Precisamente tras el encuentro que tuvo este mismo miércoles con el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, anunció la creación de una entidad conjunta de combate al crimen organizado.

La llamada Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado permitirá que las diferentes fuerzas policiales intercambien informaciones y coordinen operaciones conjuntas.

La medida fue anunciada luego de que Castro afirmara que en la operación policial del martes solo participaron fuerzas regionales debido a que el Gobierno nacional se ha negado a colaborar en el combate al narcotráfico en esta ciudad.

La operación tenía por objetivo la captura de los principales cabecillas del Comando Vermelho, la más antigua y poderosa organización criminal de Río, pero que tiene ramificaciones en todo el país.

Aunque el gobierno regional de Río de Janeiro solo ha confirmado 121 muertos, incluyendo a cuatro policías, la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos en los institutos forenses y en el lugar de los hechos, asegura que fueron 132 víctimas.

La operación se desarrolló el martes en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, una zona empobrecida en la que viven 200.000 personas, y los enfrentamientos se extendieron a una zona boscosa en los cerros que bordean estas barriadas.

Durante la operación fueron arrestados 113 sospechosos y se puso bajo custodia policial a 10 adolescentes, se decomisaron 119 armas y 14 artefactos explosivos y toneladas de droga.

EFE

Los habitantes de la favela de la Penha, uno de los centros del megaoperativo policial más letal de Rio de Janeiro, no durmieron. Decenas de muertos yacían en medio de un bosque cercano y sin la ayuda de las autoridades tuvieron que ir por ellos en una búsqueda que aún continúan este miércoles.

Hacia las 6:00 hora local (la misma que en Argentina) de este martes, una hilera de al menos 50 cadáveres cubiertos por un plástico negro yacían sobre el asfalto frente a una guardería publica, ubicada en la plaza São Lucas, una de las principales de la comunidad de la Penha.

El fuerte olor que expelían los cuerpos no impedía que decenas de vecinos permanecieran cercándolos, algunos buscando algún conocido, otros, por simple curiosidad.

Rayune Diaz Ferreira, una de las habitantes de la comunidad, está a la búsqueda de su primo. Explica a EFE que la gente no ha dormido, ni comido, buscando a los desaparecidos, pues ninguna autoridad ha ayudado en el rescate desde anoche.

“El Estado nos abandonó hace mucho tiempo y nos volvieron a abandonar después de esta matanza. Quienes están cargando los cuerpos son los habitantes”, sostuvo.

Para esta trabajadora independiente de 36 años que se crió en la favela, nunca se había visto algo así en la comunidad.

Una veintena de vecinos de la favela, la mayoría mujeres, lidera las búsquedas de los cuerpos en un bosque ubicado en la parte más alta de la favela y que colinda con el complejo de Alemão. Allí tuvieron lugar varios enfrentamientos en la tarde y noche del martes. En medio de la trocha, restos de ropa, casquillos de bala y sangre ayudan a marcar el camino.

Con solo una camilla, que es cargada entre cuatro o seis personas, los voluntarios van levantando los cuerpos a cuentagotas. Algunos están en zonas de difícil acceso y exigen más tiempo y esfuerzo para el rescate. Mientras van buscando otros, el conductor de la furgoneta decide llevar los últimos rescatados hasta la plaza donde están los demás.

En el camino para recoger otro cuerpo, más adelante le dicen que “allí cerca” hay varios más.

La abogada Thais Loredo, del Instituto Anjos da Liberdade (ángeles de la libertad), que acompaña la recuperación de los cuerpos, dijo a EFE que algunos mostraban signos de tortura.

Dudas en relación al número de muertos

El balance oficial de víctimas divulgado el martes daba cuenta de 64 muertos, cuatro de ellos policías, aunque las autoridades aún no han aclarado si los cadáveres recuperados hoy se suman a los contabilizados el martes.

El megaoperativo del martes, en el que participaron 2.500 agentes, tenía como objetivo detener a cabecillas del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales mas antiguas y peligrosas de Rio. La acción llevó a vivir escenas de guerra en la Penha y Alemão, dos populosos complejos de favelas, ubicados en uno de los sectores más violentos y deprimidos, en la zona norte de la ciudad.

Bajo la incertidumbre de lo que pasará ahora en la favela y aún con el eco de los tiroteos resonando en sus oídos, los habitantes de la región tratan de retomar su cotidianidad. No obstante, en la zona de la plaza São Lucas todos los comercios están cerrados con la excepción de un mercado.

Las vías y el servicio público, que ayer estuvieron bloqueados por las operaciones policiales y por la acción de los narcotraficantes hoy funcionan con normalidad.

Al menos 132 muertos, entre ellos cuatro agentes, fue el saldo que hasta ahora dejó la operación policial lanzada el martes en Río de Janeiro, la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Hoy, el día después de la represión, unos 50 cuerpos fueron encontrados por los habitantes de las favelas y fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Penha.

Esta nueva cifra de los fallecidos fue informada por la Defensoría Pública regional a la agencia EFE, después de que habitantes de los barrios afectados se lanzaran a buscar a sus familiares desaparecidos y empezaran a juntar decenas de cuerpos en la plaza.

La recuperación de los cuerpos, que seguía en curso a media mañana, la realizaron los vecinos de los complejos de favelas de Alemão y Penha, ubicados en uno de los sectores más pobres y violentos de Río, sin ayuda de las autoridades.

Funcionarios de la Defensoría Pública acompañan desde la madrugada de este miércoles las búsquedas en la favela de la Penha, uno de los focos de la operación, y están presentes en los institutos forenses responsables por la identificación de los cadáveres, según un comunicado. El organismo señaló que está tomando testimonios de habitantes y familiares de los fallecidos para “contribuir a la necesaria respuesta institucional ante la violencia estatal nunca vista”.

Por su parte, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, dijo este miércoles durante una rueda de prensa que, por ahora, le constan 58 muertos, aunque reconoció que la cifra “seguro” cambiará. En un comunicado, el Gobierno regional afirmó que los sospechosos fueron abatidos tras “reaccionar” a las acciones de los agentes. Las autoridades locales no ofrecieron datos sobre cuántos cadáveres fueron recuperados el martes.

Los cadáveres, todos de hombres, quedaron tendidos en el suelo, lado al lado, a la vista de los vecinos y de los periodistas que llegaron al lugar.

La operación de rescate de los cuerpos, realizada en zonas boscosas en las inmediaciones de las favelas, fue liderada principalmente por mujeres, que estaban a la búsqueda de sus parejas, hermanos o hijos.

El operativo movilizó a unos 2.500 agentes y tenía como objetivo ejecutar 100 órdenes de arresto de miembros del Comando Vermelho, una de las principales bandas de narcotraficantes de Brasil. Los narcotraficantes respondieron con bloqueos en varias vías de la zona norte de Río. Fueron detenidos Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão do Quitungo, uno de los líderes regionales de la banda, y Nicolas Fernandes Soares, un operador financiero de Edgar Alves de Andrade, uno de los jefes del grupo.

Las operaciones y los bloqueos llevaron a interrupciones en el tránsito de un centenar de líneas de colectivos urbanos y al cierre de decenas de escuelas y centros de salud. Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos y con una situación normal en el tráfico de vehículos, después de la jornada de caos.

La crisis obligó al presidente Lula da Silva a convocar una reunión de urgencia para este martes por la noche. Se esperaba que el gobierno federal envíe una comitiva a Río de Janeiro para reunirse con el gobernador Cláudio Castro, quien se mostró crítico hacia la administración de Lula; “Río estaba solo durante el operativo”, afirmó.

Con información de EFE

MC

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dijo sentirse “horrorizada” por la macrooperación policial contra una importante banda del crimen organizado en Río de Janeiro, en la que murieron el martes 64 personas, la cifra más alta nunca antes registrada en una acción de este tipo en la ciudad.

“Recordamos a las autoridades sus obligaciones ante el derecho internacional, y urgimos a que se conduzcan investigaciones de forma pronta y efectiva” sobre las muertes, indicó en su cuenta oficial de X la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.

La operación, añadió, sigue una tendencia de violentas operaciones policiales contra comunidades marginales de Brasil.

La operación contra el Comando Vermelho movilizó a unos 2.500 agentes para ejecutar 100 órdenes de arresto en los populosos complejos de favelas Alemão y Penha, ubicados en uno de los sectores más pobres y violentos de Río, en la zona norte de la ciudad.

De acuerdo con el último reporte oficial, entre los fallecidos hay 60 presuntos sospechosos y cuatro agentes de seguridad, mientras que al menos otros ocho policías y tres civiles resultaron heridos de bala.

Human Rights Watch Brasil tilda de “desastre” el operativo policial en Río de Janeiro

Human Rights Watch (HRW) Brasil tildó este martes de “desastre” el operativo policial puesto en marcha en favelas de Río de Janeiro que ha causado por lo menos 64 fallecidos, y pidió a la Fiscalía investigar las circunstancias de “cada muerte”.

“Una operación policial que resulta en la muerte de más de 60 residentes y policías es una enorme tragedia”, dijo el director de HRW en Brasil, César Muñoz, en una declaración escrita enviada a EFE.

Según Muñoz, el Ministerio Público debe instaurar investigaciones propias para elucidar cada una de las muertes registradas en la acción, que transcurre en los complejos de Penha y de Alemão, dos populosos conjuntos de favelas de Río.

Y también para esclarecer “la planificación y las decisiones que llevaron a una operación que fue un desastre”, en su opinión.

“La sucesión de operaciones letales que no resultan en una mayor seguridad para la población, sino que en realidad generan inseguridad, revela el fracaso de las políticas de Río de Janeiro”, afirmó Muñoz.

De los al menos 64 fallecidos contabilizados hasta el momento en la operación, 60 son civiles, supuestamente sospechosos, y cuatro agentes de las fuerzas de seguridad.

Además, las autoridades detuvieron a 81 personas y decomisaron casi un centenar de fusiles de asalto y “una enorme cantidad de droga”, según el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, quien no precisó el montante exacto de estupefacientes.

Para Muñoz, Río de Janeiro, la ciudad más turística de Brasil, necesita una nueva política de seguridad pública que “deje de promover enfrentamientos que victimizan a residentes y policías”.

“En lugar de eso, debería involucrar a las propias comunidades y a otros actores sociales en la búsqueda de la paz, y basar el trabajo policial en datos precisos sobre la actividad delictiva, priorizando la investigación y la inteligencia”, añadió.

Según el Gobierno de Río, el objetivo de la operación es detener a los cabecillas del Comando Vermelho (CV), una de las bandas del crimen organizado más poderosas de Brasil, y frenar la expansión territorial de la facción.

El Comando Vermelho se dedica principalmente al tráfico de drogas y armas, y su centro de operaciones está en el estado de Río, donde controla algunas barriadas de la ciudad, aunque tiene presencia en buena parte del país, especialmente en la región de la Amazonía.

EFE

La poderosa organización criminal Comando Vermelho bloqueó este martes varias de las vías más importantes de Río de Janeiro, logrando paralizar parte de la ciudad. Fue en respuesta a la operación policial que dejó 64 muertos y 81 detenidos.

Al menos 50 vehículos fueron robados y utilizados por los narcotraficantes para bloquear calles y avenidas, según informó RioOnibus, empresa que controla los servicios de transporte en autobús público.

Unas 120 líneas de colectivos tuvieron que modificar sus recorridos para sortear las vías bloqueadas por micros y barricadas pero sobre todo, para evitar pasar por lugares donde todavía continuaban los tiroteos. Al caer la tarde, las estaciones del tren metropolitano y del subterráneo estuvieron repletas de cariocas intentando llegar a casa.

Muchas escuelas, tanto públicas como privadas, así como varias universidades, incluyendo la prestigiosa Universidad Federal de Río de Janeiro, tuvieron que cerrar sus puertas y enviar a los alumnos de regreso a casa.

De los 5 niveles de la escala de riesgo, el caos habia llegado al 2 cerca de las 14, según informó la Alcaldía de Río de Janeiro.

Por su parte, el alcalde, Eduardo Paes, aseguró que las medidas adoptadas, especialmente su decisión de que todos los servicios públicos continúen operando normalmente y extiendan sus horarios, busca evitar que esta ciudad brasileña sea paralizada por grupos criminales.

“Río no puede convertirse en rehén de los grupos criminales”, dijo Paes en una conferencia de prensa que ofreció en el Centro de Operaciones, desde donde coordina las medidas para revertir la paralización de la ciudad.

El alcalde agregó que los grupos criminales también se están valiendo de falsas noticias en las redes sociales para intentar generar terror y paralizar aún más la ciudad.

“No podemos aceptar que esos grupos criminales tomen cuenta de la ciudad de esa forma. Ya es inaceptable perder parte de nuestro territorio (controlado por grupos criminales) y menos lo es ver la ciudad entera paralizada”, insistió.

Tanto la Policía como la Guardia Municipal hacen esfuerzos para retirar autobuses y camiones con los que los criminales bloquean las vías, pero los narcotraficantes montan barricadas en otras áreas.

Entre las vías afectadas, muchas veces bloqueadas por algunos minutos y liberadas, figuran las más importantes de la ciudad, como la Avenida Brasil, la Línea Roja, la Línea Amarilla y la Vía Grajaú-Jacarepaguá.

Un grupo llegó a bloquear por algunos minutos con un camión la principal vía de acceso al aeropuerto internacional de Río de Janeiro, lo que provocó atrasos de los pasajeros pero no el cierre de la terminal.

Los bloqueos fueron ordenados por el Comando Vermelho luego de que unos 2.500 policías ocuparan desde la madrugada de este martes las barriadas que forman parte de los conjuntos de favela Penha y Alemão en una operación destinada a arrestar a los líderes de esta organización.

Según el último balance, en la operación murieron 64 personas, incluyendo 4 policías, y fueron detenidos 81 supuestos miembros de la organización criminal, a la que se le incautaron 93 fusiles y “enormes” cantidades de drogas.

Esta es ya la operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro.

El Comando Vermelho se dedica principalmente al tráfico de drogas y armas, y su centro de operaciones está en el estado de Río, donde controla algunas barriadas de la ciudad, aunque tiene presencia en buena parte del país, especialmente en la región de la Amazonía.

Esta organización nació en la década del 80 cuando la dictadura militar concentró en las mismas prisiones a delincuentes comunes con miembros de guerrillas con formación política y hasta militar.

Con información de EFE

La comunidad ashéninka de Sawawo está ubicada en el punto más extremo oriental de la región amazónica de Ucayali. Es la última localidad peruana en la frontera con Brasil, en la ribera del río Amônia. Llegar hasta aquí desde el lado brasileño es menos complejo que hacerlo desde Perú, donde la ciudad más cercana se encuentra a varios días de caminata y viaje en bote. 

Un equipo de OjoPúblico partió de la ciudad de Marechal Thaumaturgo, en el estado brasileño de Acre, y luego de tres horas en bote, llegó a la comunidad asháninka de Apiwtxa. De allí a Sawawo, en el lado peruano, solo los distancia tres horas en bote. En el mapa, una línea recta imaginaria separa los dos países. En la práctica, el hito fronterizo es en apenas una pequeña placa de madera clavada en un árbol donde alguien ha escrito con tinta: “Hito 40 Perú-Brasil”. 

Sawawo es una comunidad de 127 personas, según su propio recuento. Las malocas, sus viviendas, tienen el mismo estilo pero son más sencillas que las de Apiwtxa. Antes había un aeropuerto, pero quedó inutilizado por un derrumbe. El Internet se instaló hace apenas un año. Los líderes indígenas nos dicen que somos el primer medio de comunicación peruano que ha llegado al lugar. No hay ninguna representación del gobierno en decenas de kilómetros, a ambos lados de la frontera.

El tráfico de drogas y otras actividades como la tala ilegal han convertido esta región fronteriza en una prioridad en la política de seguridad pública del estado brasileño de Acre. “Creamos un núcleo de inteligencia específico para tratar esta cuestión en Cruzeiro do Sul [es la segunda ciudad más grande del estado del Acre], dedicado exclusivamente al tráfico en la región”, dice a OjoPúblico el secretario de Justicia y Seguridad Pública de Acre, Paulo Cézar Rocha dos Santos.

La presencia del Comando Vermelho

Según Santos, el Perú también se ha convertido en refugio de al menos cuatro líderes regionales del Comando Vermelho (CV), una de las principales organizaciones criminales de Brasil, junto con el PCC (Primer Comando Capital), así como de otros miembros de bajo rango. La autoridad brasileña también señala que “en el ámbito de las acciones de represión, Yurúa (en Ucayali) es nuestra principal preocupación ante este movimiento que se está produciendo en la región”.

El distrito de Yuruá se encuentra en la provincia de Atalaya. Como sucede con otras zonas aisladas de las fronteras amazónicas peruanas, tiene altos porcentajes de pobreza. Los únicos medios de transporte son los eventuales vuelos y por río. La capital del distrito es Breu, aunque en Brasil lo llaman Tipishca.

El narcotráfico internacional, la extracción ilegal de madera y el asentamiento de sospechosas concesiones forestales en el lado peruano han convertido el territorio que habitan las comunidades indígenas peruanas y brasileñas en un escenario de intereses turbios, conflictos internos, crímenes ambientales y asesinatos.

La presencia del Comando Vermelho –Comando Rojo, en español– en territorio amazónico peruano se ha ampliado en los últimos años ante la permisividad de las autoridades locales. Se trata de una de las organizaciones criminales más grandes de Brasil dedicada al narcotráfico, extorsión, secuestro y sicariato, y que controla los corredores para el tránsito de cocaína y madera de origen ilegal. 

“Antes no había [personas] blancas en la parte peruana, todos eran asháninkas. Vivíamos muy cerca de la frontera, pero luego nos trasladamos más dentro de Brasil para garantizar nuestra protección, para controlar, para gestionar. No podíamos imaginar que alguien invadiera nuestro territorio viniendo de Perú”, dice Francisco Piyãko, de 53 años, líder de Apiwtxa.

El asesinato de los líderes de Saweto, Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, que habían denunciado y se oponían a la extracción ilegal de madera de sus territorios, reveló los niveles de violencia e impunidad en la zona. Los cuatro fueron asesinados cuando se dirigían de Saweto (Perú) hacia la comunidad brasileña de Apiwtxa.

Los delitos, atribuidos a madereros ilegales por la fiscalía peruana, no han sido juzgados hasta la fecha. Ocho años después del asesinato múltiple, el proceso continúa en juicio oral y no hay ninguna persona siquiera detenida. Antes de ser asesinado, Edwin Chota había entregado mapas, coordenadas y nombres de las personas instaladas en la frontera dedicadas a la tala ilegal.

En Acre, el secretario de seguridad brasileño insiste: “El Comando Vermelho tiene una alianza con narcotraficantes del Perú que garantiza el tráfico y la protección de sus facinerosos en las ciudades del departamento de Ucayali”.

Las autoridades de Brasil identifican como el líder principal a José Luiz Fonseca da Silva, conocido como Zé Luiz, señalado por la policía como el jefe del narcotráfico en el lado brasileño de la cuenca del Yurúa (Juruá en Brasil). Está buscado por la Justicia brasileña por los delitos de crimen organizado, tráfico de drogas, tentativa de homicidio y posesión ilegal de arma de fuego. En julio de 2019 huyó, cuando era llevado a una audiencia judicial.

Meses después, en noviembre de 2019, fue capturado cuando se desplazaba en una mototaxi en el barrio limeño de Villa María del Triunfo. Con Zé Luiz se encontró una identidad peruana falsa y pasta base de cocaína. Sin embargo, las autoridades peruanas lo liberaron antes de ser extraditado a Brasil, según la policía de Acre.

Narcotráfico y tala ilegal

Apiwtxa aparece detrás de uno de los innumerables recodos del fangoso río Amônia, afluente del río brasileño Juruá. Se encuentra en un barranco empinado, a salvo de las inundaciones. Las malocas con techo de paja y madera están sobre pilotes y cuentan con amplios balcones. Los asháninkas de Apiwtxa han plantado palmeras de açaí y pupunha, vides de ayahuasca, plantas medicinales y árboles frutales. El amplio espacio entre las malocas, las islas de hierba rodeadas de árboles y el uso de la kushma por parte de todos los habitantes forman parte de la atmósfera de este pueblo en Brasil.

Esta comunidad brasileña es una de las que más contacto tiene con otras localidades indígenas peruanas de la frontera. A este lugar, que es la sede de varias coordinaciones, se dirigían los líderes indígenas de la comunidad ashéninka Saweto, Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, cuando fueron secuestrados y asesinados el 2014 por madereros ilegales en el lado peruano. 

El pueblo de Apiwtxa lleva allí tres décadas. Cuando consiguieron demarcar su territorio a principios de los años 90, el primer paso fue reubicar la comunidad unos kilómetros más cerca de la desembocadura del río Amônia. El objetivo del traslado era mantener alejados a los taladores, cazadores y otros invasores brasileños. No les preocupaba mucho la cabecera del río Amônia, que se encuentra en el lado peruano, porque se consideraba un territorio seguro. Pero ya no lo es más.

Al otro lado, en la región peruana de Ucayali, las acciones criminales se han incrementado durante los últimos años. En marzo del 2019, la policía intervino a 25 personas en un laboratorio clandestino de droga y una plantación ilegal de hoja de coca.

El dirigente asháninka de Apiwtxa, en Brasil, Francisco Piyãko, dice que su preocupación por la situación en el lado peruano ha aumentado. Se refiere a los intervenciones e incursiones de personas ajenas a las comunidades en sus territorios. “Continúa en el lado brasileño y ahora aumenta en el lado peruano. Y lo que es peor, entendemos que se trata de una articulación entre autoridades e intereses del lado de Brasil y Perú”, evalúa.

Uno de los hechos que más recuerdan los líderes de la frontera, como el inicio de la inseguridad en la zona, se remonta al año 2007. Tres peruanos vinculados a la entonces empresa Forestal Venao fueron detenidos por una patrulla oficial brasileña mientras extraían madera ilegalmente del lado de Brasil. Desde entonces, los dirigentes locales denuncian que la presencia de colonos dedicados a actividades ilegales se ha incrementado en los alrededores de las comunidades. Desde enero del 2015, la empresa figura en estado de baja en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

En 2016, tres empleados que se presentaron como representantes de una empresa maderera de Ucayali, volvieron a llegar a esta parte de la frontera interesados en convencer a las comunidades para que se dediquen a la tala de árboles. Los líderes de Apiwtxa los intervinieron en territorio brasileño y les impidieron continuar su viaje. Pero no era la primera vez que detenían a madereros procedentes del Perú, algo similar ya había ocurrido el 2011, sobre el mismo río Amônia.

El acecho de los taladores

Luego de un periodo de relativa calma, los ánimos en Sawawo y Apiwtxa volvieron a encenderse el año pasado. En agosto del 2021, el comité de vigilancia de la comunidad de Sawawo Hito 40 intervino, dentro de su territorio, a un equipo de trabajadores y dos tractores de una empresa que identificaron como la maderera Inversiones Forestales JS, con sede en Ucayali. 

Unos días después, la comunidad presentó formalmente una denuncia penal contra esta empresa en la fiscalía ambiental de Atalaya, quien ordenó la inmovilización de la maquinaria, pero luego un juzgado de Pucallpa revirtió. Los líderes indígenas enfatizan que no han dado autorización a ninguna de las compañías para que extraigan madera de su territorio.

La Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurúa Yono Shara Kumiai (Aconadiysh), que agrupa a las comunidades peruanas de la frontera, apoya esta denuncia. En la denuncia penal, que difundió la ONG Propurus –que tiene proyectos en la zona– hacen énfasis en que la maderera está afectando sus territorios comunales y construyendo una carretera que corta sus chacras. 

El comité de vigilancia de la comunidad informó precisamente que intervino a los foráneos cuando comenzaron a reabrir un antiguo camino utilizado hace años por Forestal Venao para la extracción de madera. Esta trocha conecta la ribera del río Amônia con Nueva Italia y Puerto Breu. Sawawo está a dos días en bote o a un día a pie de Breu, el centro urbano más cercano.

Los ashéninkas de Sawawo dijeron a OjoPúblico que han encontrado diez arroyos bloqueados por las obras de extractores de madera. Además, para reabrir la carretera se han talado árboles procedentes de la repoblación forestal realizada en el lugar, entre ellos la caoba. 

“No tenían nada en la mano, no nos presentaron nada”, dice Maria Elena Paredes, 42 años, coordinadora del comité de vigilancia forestal comunitario de Sawawo. “El patrimonio es de la comunidad. Para poder dar un permiso, no es así. Esa empresa está acostumbrada a hacer ese tipo de convenios a escondidas. Tenemos metas de trabajo con nuestro bosque”. 

Hace unos años, Sawawo firmó el acuerdo con Forestal Venao pero la experiencia fue mala y ya no quieren la actividad en su territorio. Ellos relatan promesas incumplidas e impactos ambientales, como la deforestación y la escasez de caza.

Esta vez, la empresa maderera JS llegó a un acuerdo con la comunidad ashéninka vecina, Nueva Shahuaya, lo que generó un conflicto entre ellos, una ruptura. “Antes que firmen este convenio, nosotros nos llevábamos bien, coordinábamos los trabajos. Después que han firmado en la espalda de nosotros, se ha generado un conflicto entre las autoridades. Ellos querían defender la empresa”, dice Paredes. 

La patrulla de Sawawo confiscó las llaves de los tractores, que permanecieron inmovilizados hasta noviembre. Según Paredes, la retirada de la maquinaria se hizo con la ayuda de policías de Atalaya, que amenazaron a un dirigente de Sawawo.

El acuerdo entre JS y Nueva Shahuaya es ilegal, explica el gerente forestal del gobierno regional de Ucayali, Marcial Pezo. “La comunidad nativa no cuenta con algún trámite o el permiso formalmente otorgado por nuestra institución, para realizar aprovechamiento de productos forestales en tierras de comunidades nativas, como lo estipula la legislación forestal peruana para estos casos”, dice.

OjoPúblico intentó entrevistar a los representantes de la empresa JS y de la comunidad de Nueva Shahuaya pero no respondieron.

Además de la ruptura entre las dos comunidades indígenas, los desacuerdos sobre la apertura de la carretera han colocado a los dos alcaldes ashéninkas de la región en bandos opuestos. En Brasil, Isaac Piyãko (hermano de Francisco), que administró Marechal Thaumaturgo durante más de seis años hasta mediados del 2022, se opone a la reapertura y al funcionamiento de las empresas madereras. 

“Isaac lleva el mensaje de que se pueden hacer las dos cosas. Modernizar, traer la novedad, pero siempre que esta novedad fortalezca la familia, la calidad de vida y no destruya esto tan bonito que tenemos. Es posible modernizarse sin perder los valores”, afirma Francisco Piyãko.

En el lado peruano de la frontera, el alcalde de Yurúa, Ronaldo Tovar Alva, elegido por Fuerza Popular, es un firme partidario de la apertura de la carretera ilegal. En un discurso pronunciado el año pasado, afirmó que históricamente nunca ha habido conflictos entre los pueblos indígenas de la región y acusó a las ONG de fomentar la división entre los ashéninkas.

Tovar Alva sostiene que la carretera mejorará el acceso de los maestros a las comunidades y el flujo de productos como el plátano. Citó a Sawawo como ejemplo de comunidad aislada, a la que solo se puede acceder tras una caminata de 12 horas. “Yo, como autoridad, les digo que la gente pide la carretera”.

A través de WhatsApp, OjoPúblico solicitó reiteradamente una entrevista con Tovar, pero no hubo respuesta.

 “Tovar venía de otra región de Perú, de una visión más urbana. Y se anima a hacer todo mal y se enfrenta a los valores, a las ideas de la comunidad. Habla ashaninka, viste ashaninka, pero su base es otro pueblo”, dice Francisco Piyãko, líder de la cuenca de Amônia.

Carretera sin autorización

El intento de abrir la carretera que une Nueva Italia- Sawawo- Breu es ilegal. Aunque proyectada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el número UC-105, OjoPúblico comprobó que la vía no cuenta con ningún tipo de autorización ambiental o de construcción por parte de las autoridades.

Sin embargo, los líderes locales denuncian que empresas madereras insisten en ampliar la carretera, que hasta inicios de este año era estrecha y estaba casi oculta por el bosque que se ve desde arriba con el dron. No había señales de que se reanudaran las obras, pero en la visita a la zona observamos marcas de neumáticos de motocicletas recientes que revelan que ha habido tránsito.

El tráfico en una zona tan aislada sugiere el uso de la carretera por parte de los narcotraficantes, dicen los líderes locales porque aseguran que no es una ruta que ellos utilicen. En los últimos años, el cultivo de coca y la refinación de cocaína han crecido rápidamente en Ucayali. Por razones logísticas y de demanda, toda la producción local va a Brasil, ya sea para ser consumida en este país o con parte de la ruta hacia otros mercados. 

Esta expansión ya está afectando a unas 80 comunidades nativas de Ucayali, que representan el 30% del total, menciona un informe sobre la situación de los defensores indígenas en esta zona realizado por la organización indígena de Ucayali (Orau) y las ONG Dar y ProPurus. 

En Sawawo, una reciente ocupación en los márgenes de la carretera maderera ha generado el temor de que se acerque el narcotráfico.

“Estamos muy preocupados por una asociación de productores de Yurúa que está casi colindando con la comunidad. Esta organización está trayendo muchos trabajos ilegales, y eso es una amenaza grande para nosotros”, dice Paredes.

Aunque el narcotráfico está en aumento en Juruá, el Secretario de Justicia de Acre dice que, a diferencia de las autoridades bolivianas, casi no hay colaboración entre las autoridades brasileñas y peruanas.

“Perú pasó dos años con sus fronteras cerradas, sin ningún contacto efectivo. En una reunión en octubre, comenzamos a forjar una nueva red de inteligencia en Perú, para establecer los mismos tratos que tenemos en Bolivia. Pero esta ruptura ideológica y política que se produjo en el territorio peruano culminó con la erosión de la red de inteligencia. Todos los comandantes peruanos fueron cambiados. Hoy, la colaboración que tenemos es a través de los agregados [de la Policía Federal en Lima], que nos proporcionan información”, dice el funcionario de Brasil.

La falta de control territorial por parte del Estado peruano es lo que ha generado un aumento del tráfico y por tanto también de las incautaciones de cocaína desde 2018. El año pasado se confiscaron casi 3 toneladas en Acre. Solo en los tres primeros meses de este año se han producido unos 500 kilos. La mayor parte de la droga proviene de Ucayali. Estos datos proceden de la Secretaría de Justicia de Acre.

En este fuego cruzado, los asháninkas del río Amônia, estimados en unas 1.200 personas solo en el lado brasileño, se articulan para impedir que el crimen organizado se instale definitivamente en la región.

Se trata principalmente de una cuestión de articulación política. A diferencia de Perú, donde los asháninkas tienen la imagen de guerreros por su lucha contra la organización terrorista Sendero Luminoso, en Brasil, con una población mucho menor, el pueblo, liderado por la familia Piyãko, destaca por su habilidad política.

La estrategia de los asháninkas de ambos lados de la frontera incluye la búsqueda de alianzas con líderes del lado peruano y del movimiento nacional indígena en Brasil, y el acercamiento al Ejército brasileño, principal presencia estatal en la región, con un pelotón de frontera en Marechal Thaumaturgo. 

La policía de Acre solo tiene nueve hombres en la ciudad y, según la legislación brasileña, no puede actuar en los territorios indígenas porque son zonas federales, mientras que el tráfico internacional de drogas es responsabilidad de la Policía Federal.

La gran mayoría de los asháninkas viven en Perú, donde 55.493 se identificaron de este pueblo en los Censos Nacionales de 2017. En Brasil, los asháninkas no llegan a 2.000 personas, más de la mitad de las cuales viven en el río Amônia.

Los asháninkas brasileños han conseguido varias hazañas políticas. Isaac, reelegido en 2020, es el primer alcalde indígena en la historia de Acre y renunció este año para postular como diputado estatal. Su hermano Francisco fue secretario estatal de asuntos indígenas en el estado durante ocho años y ahora buscará un puesto como diputado federal en el Congreso. En la historia de Brasil, sólo dos indígenas han sido elegidos para este cargo.

En el ámbito nacional, los asháninkas también han cobrado protagonismo en distintos momentos. Fueron los primeros indígenas en tener un proyecto aprobado por el Fondo Amazónico, que, financiado por el gobierno de Noruega, es el mayor proyecto de cooperación internacional para preservar la selva amazónica. 

En el Supremo Tribunal Federal (STF), obtuvieron una victoria histórica contra la familia del actual gobernador de Acre, Gladson Cameli, por tala ilegal entre 1981 y 1987. Parte del caso implica un acuerdo para pagar una indemnización de 14 millones de reales a los asháninkas del río Amônia y una disculpa “por todos los daños causados, reconociendo respetuosamente la enorme importancia del pueblo asháninka como guardián de la selva”.

A través de la ayahuasca, los asháninkas también han creado un proyecto social para los no indígenas, con el objetivo de alejar a los jóvenes de la región de la tentación del tráfico de drogas.

En Marechal Thaumaturgo, una ciudad de 20 mil habitantes, el líder espiritual Benki Piyãko, hermano de Francisco e Isaac, creó y dirige el Instituto Yorenka Tasorentsi. En una zona de 1.500 hectáreas a orillas del río Juruá, enseña técnicas de agricultura familiar a 50 jóvenes de la región. Parte de la financiación de los tratamientos curativos que promueve mediante el uso tradicional de la ayahuasca.

Para Francisco, el mayor de los hermanos Piyãko, es necesario actuar en varios frentes para que el crimen no se apodere del poder. “Nuestra resistencia no será fuerte si nuestro entorno está dominado. Si nuestro entorno se debilita, sólo estaremos en esta guerra, y esto es muy peligroso para nosotros. Así que nuestra seguridad aquí para enfrentarnos al tráfico es decir que no lo aceptamos, que no lo queremos”. 

Durante la pandemia las amenazas y asesinatos de líderes indígenas en territorio amazónico se incrementaron. También lo hicieron los cultivos de hoja de coca ilegal y la extracción ilegal de recursos naturales, de la mano del fortalecimiento de organizaciones criminales. En junio de este año, el asesinato del periodista británico Dom Phillips y el experto indígena de Brasil Bruno Pereira, en la frontera de Brasil con Perú (Yavari), expuso una vez más los riesgos que enfrentan las comunidades originarias y la disputa por el control del tránsito de parte de grupos criminales.    

Con apoyo en la investigación de Aramis Castro y Nelly Luna Amancio.