En la Legislatura porteña ingresó esta semana un proyecto de ley sobre deudores alimentarios, para que se les impida entrar a eventos deportivos y culturales pagos en la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto plantea la Modificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos para “impedir el libre acceso de las personas inscriptas en ese registro a eventos masivos deportivos y culturales pagos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En caso de avanzar, la implementación de esta medida será a través de la exigencia de que las instituciones organizadoras de este tipo de actividades dispongan en ellas de controles de acceso, a través de dispositivos tecnológicos.

El proyecto fue presentado por el legislador porteño de Unión por la Patria Juan Manuel Valdés, para ampliar las restricciones que tienen los padres que deben alimentos.

Entre las actuales restricciones en actividades específicas se encuentran la renovación de la licencia para conducir o la realización de viajes al exterior del país. 

Este proyecto busca extender este tipo de medidas a la asistencia a eventos culturales y deportivos. 

Actualmente, una restricción de este tipo sólo puede ser implementada por decisión de un juez, pero a partir de esta legislación, aplicaría para todas las personas inscriptas en el registro.

Como los tiempos judiciales en este tipo de casos puede extenderse demasiado, se busca dar una herramienta a la Justicia y proponer una estrategia para generar consecuencias a nivel social para los deudores alimentarios. 

De acuerdo con datos de 2023, en la Argentina el 68% de los progenitores no convivientes incumple la obligación alimentaria, y solo 1 de cada 4 mujeres separadas recibe la cuota. 

Según datos de UNICEF, el 68% de los hogares monoparentales están bajo la línea de pobreza y el 23% bajo la línea de indigencia, es decir que no pueden cumplir con la canasta básica alimentaria.

El incumplimiento de las cuotas alimentarias supone la vulneración del derecho básico a la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Recientemente, un fallo judicial ha calificado esto 

como “una situación de violencia económica por razón de género”.

En la Ciudad de Buenos Aires existe, desde 1999, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, establecido por la Ley 269.

Esta legislación de avanzada permitió dar a conocer a aquellas personas que no cumplían con la manutención de sus hijos o hijas.

En 2023, fueron inscriptas 162 personas más en este registro, siendo el año con mayor crecimiento en mucho tiempo. 

Entre enero y julio de 2024, se habían sumado 124 más, sumando en total, hay 2.825 personas registradas en la Ciudad.

DM con información de agencia NA

Magalí Robles se esconde en el baño para poder mandar tranquila un audio de Whatsapp. Su hija de 5 años está merendando en otro ambiente de su casa y sabe que tiene que aprovechar esos minutos para hablar sin interrupciones. Después le tocará estar el resto del día con ella. Jugar, prepararle la comida, bañarla, armarle la mochila para que al día siguiente vaya al jardín, acompañarla a dormir, ordenar la casa, armar la vianda, quizás corregir algunos ejercicios de sus alumnos (es docente) y dejar todo listo para un nuevo día.

Magalí es mamá soltera, no por elección. El progenitor de su hija la abandonó cuando cursaba el tercer mes de embarazo. No la reconoció cuando nació, desapareció y la bloqueó de Whatsapp, y no se presentó cuando la justicia lo citó a hacerse un ADN para determinar la filiación de la niña.

Los días de Magalí hoy son un loop interminable. Las mañanas las utiliza para su trabajo remunerado y las tardes para su trabajo no remunerado: maternar. Vive arriba de la casa de sus padres, en el partido bonaerense de La Matanza. Hace años que se quiere mudar pero no le alcanza para un alquiler, ni tampoco para contratar una niñera. Aunque tiene la ayuda de sus papás le cuesta encontrar un tiempo para ver a sus amigas o para hacer algo para ella. “Siento que me desbordo mentalmente. No aguanto. Muchas veces me dan muchas ganas de salir corriendo. No tengo descanso, mi hija está todo el tiempo conmigo, excepto cuando trabajo. No tengo momentos de ocio, no tengo acceso a la salud mental. A veces me miro en el espejo y no me reconozco”, asegura en diálogo con elDiarioAR.

Siento que me desbordo mentalmente. No aguanto. Muchas veces me dan muchas ganas de salir corriendo. No tengo descanso, mi hija está todo el tiempo conmigo, excepto cuando trabajo. No tengo momentos de ocio, no tengo acceso a la salud mental

Magalí Robles — Mamá de una nena de 5 años

En Argentina alrededor de 1,6 millones de mujeres crían solas a más de 3 millones de niños y niñas, según un informe elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación a fines de 2022. El número de familias “monomarentales” se ha incrementado notablemente en los últimos 20 años. Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPECC), de 1986 a 2019 este tipo de familias aumentaron en un 7%, en tanto el número de familias tradicionales en el país disminuyó en un 12%.

En la mayoría de los casos, estas madres enfrentan en soledad las tareas de cuidado diarias y sostienen económicamente a sus hijos o hijas. Una encuesta efectuada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires aseguró que más de la mitad de las mujeres encuestadas (51,2%) no perciben ningún tipo de aporte económico por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos. Si se considera además a quienes reciben la obligación alimentaria esporádicamente, el porcentaje asciende a un 66,5%. De quienes sí reciben la cuota para sus hijos, solo el 10% consideró que es suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades diarios de éstos.

Golpe a un solo bolsillo

En tiempos de crisis económica, como la actual, las familias monoparentales encabezadas por mujeres se ven especialmente afectadas por su propia estructura de origen. “Los hogares monomarentales son los más débiles de la estructura social porque tienen una alta carga de cuidados, una pobreza de tiempo por esa carga y, al mismo tiempo, por la falta de manutención compartida”, explica la economista Lucía Cirmi Obón, ex subsecretaria de Políticas de Igualdad y autora del libro “Economía para Sostener la Vida”. 

Antonella Tabanelli es madre soltera “porque así se dio”. Tiene dos hijas, una que está por cumplir 15 y la otra tiene 5 años. El padre de la más grande se fue de vacaciones cuando la niña tenía 9 meses y nunca más regresó. “Nunca me pasó plata. Creemos que volvió a su país, Perú pero no conocemos ni siquiera la dirección en que vive para notificarlo por la demanda de alimentos”, cuenta. Antonella se separó del papá de su segunda hija hace siete meses. Fue víctima de violencia por parte de él durante nueve años –primero psicológica y durante el último año, física–. Decidió dejar la Ciudad de Buenos Aires y mudarse a San Vicente, provincia de Buenos Aires. “No vivíamos juntos. Él la veía una vez por semana y le traía una bolsa de golosinas, jamás se hizo cargo de su crianza”, relata. 

Pese a que recibió ayuda durante 6 meses de los padrinos de sus hijas, Antonella hoy sostiene el hogar sola. Está sin trabajo. Su mayor ingreso es el dinero que le otorga la Asignación Universal Por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar. Cuando tiene un rato libre cose y vende algunas prendas para sumar dinero. “Toda la plata que me entra la estoy usando para pagar el alquiler de la casa donde vivimos. En julio aumenta según la inflación, se va a ir a más del doble y hoy no puedo pagarlo”, explica. Muchas veces no tiene para comprar comida y busca la caja de mercadería que le dan en el colegio de sus hijas o en Desarrollo Social. 

“No puedo salir a buscar trabajo porque no tengo quién se ocupe de retirar a mis hijas del colegio. Tengo miedo de que se corte la AUH, con todos los cambios que está haciendo el Gobierno. Mi hija ya cumple los 15 y pronto no vamos a recibir más la tarjeta Alimentar. No sé con qué plata vamos a vivir”, dice con preocupación.

Si uno mira la radiografía de la pobreza en Argentina, en los hogares monoparentales (8 de cada 10 están a cargo de una mujer) ésta es el doble que en el resto de los hogares. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), muestra que los ingresos de las jefas de hogares monomarentales son un 19,8% menores que los del resto de los hogares y el 26,1% de estas mujeres no alcanza la canasta básica individual. “Esta situación se da por la falta de recursos que genera principalmente  la falta de la cuota alimentaria, pero también por la imposibilidad de contar con la generación de ingresos igual a la de una persona que tiene en su casa a otro progenitor haciendo su parte”, explicó la ex funcionaria.

Según el INDEC los ingresos de las jefas de hogares monomarentales son un 19,8% menores que los del resto de los hogares y el 26,1% de estas mujeres no alcanza la canasta básica individual

A partir de julio de 2023, el INDEC comenzó a calcular la Canasta de Crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia que abarca de 0 a 12 años. Ésta incluye el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y el costo del cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad. 

El monto para sostener a un recién nacido hasta el año en febrero fue $247.322. Al tiempo que se necesitaron $313.672 para mantener a niños de 6 a 12 años. Hubo un incremento del 18,6% y del 17,80%, respectivamente, en comparación con los montos de enero. 

Luna Nicoletti es mamá de Victoria, de 11 años. También fue víctima de violencia por parte del progenitor de su hija y debió escapar de la vivienda que compartían en San Justo cuando la nena tenía 2 años. Desde entonces la cría sola. Es empleada de limpieza y niñera. Asegura que a partir de diciembre de 2023 su vida es una crisis constante: “Si antes costaba llegar a fin de mes ahora ni te cuento. Hubo un cambio en nuestras vidas. Algo tan básico como el papel higiénico pasó de estar $700 a $2.000. Ya no podemos tener salidas recreativas, ni compramos calzado. Me endeudé con la tarjeta de crédito. Siempre estoy endeudada para el próximo mes. Yo cobraba el plan Potenciar Trabajo que eliminaron. Es todo incertidumbre”, dijo en diálogo con este medio.

Según un estudio de la CEPAL y Ministerio de Economía de 2022, el 59% de los hogares a cargo de mujeres destina más de la mitad de  sus ingresos al pago de deudas. En 7 de cada 10 casos la deuda es para la provisión de comida y medicamentos. En el último año la inflación acumula un 276,2% y solo de diciembre a febrero se registró una baja del poder adquisitivo de los salarios en torno al 25% (según el último informe publicado por CIFRA), en consecuencia, se proyecta un endeudamiento aún mayor para este tipo de hogares y mayores niveles de pobreza.

“Gran parte del presupuesto de los hogares monoparentales se destina al consumo de bienes necesarios y esos son los bienes que más están subiendo en precio: desde los pañales hasta la comida”, explica Cirmi Obón.

Natalia Chiocconi, es emprendedora y forma parte del grupo Maternidades Feministas de La Matanza, una colectiva de 16 madres de familias monomarentales que recientemente presentó una iniciativa en el Concejo Deliberante de ese partido para haya un cupo en empresas y el Estado para estas madres, con mecanismos y espacios de cuidado para hijos/as. Tiene una hija de 13 años a la que siempre crió sola. “Hoy lo que más cuesta es comprar alimentos y juntar el dinero del alquiler. Ni hablar cuando tenemos que comprar algún medicamento. Hace un año aproximadamente mi familia me tiene que ayudar debido a la crisis económica que se profundizó. El alquiler se me fue a un casi 350% más, estoy juntando el dinero a ver si puedo renovar. A pesar de que recibo ayuda social no me alcanza. El panorama es incierto”, cuenta.

Si antes costaba llegar a fin de mes ahora ni te cuento. Algo tan básico como el papel higiénico pasó de estar $700 a $2.000. Siempre estoy endeudada para el próximo mes. Cobraba el Potenciar Trabajo que eliminaron. Es todo incertidumbre

Luna Nicoletti — Mamá de Victoria de 11 años

Disparidad laboral

Desde que nació su hijo Adriel, hoy de 10 años, Rocío Brunet se hace cargo sola de él. El progenitor los abandonó cuando ella estaba embarazada. Cuando el niño tenía pocos meses de vida, Rocío entró a trabajar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Cumplía jornadas de 12 horas para poder pagar a una cuidadora, el alquiler y la comida de ambos. “Los primeros años fueron muy estresantes. Le pagaba a una niñera pero si faltaba tenía que subir a mi bebé al colectivo a las cinco de la mañana, muchas veces con frío, y llevarlo a la casa de una amiga para que lo cuidara”, recuerda y añade: “Las condiciones de trabajo tampoco eran las mejores. Tenía que llevarme varias remeras para cambiarme en el día porque las manchaba con leche. No había un lactario, ni el tiempo para extraerme. Nunca quise quejarme porque te señalaban por ser madre.”

Las trayectorias laborales de las madres solteras suelen ser distintas a las del resto de las mujeres, inclusive a las de las otras madres. No siempre se interrumpen con la llegada del bebé, porque no hay otra opción: se necesita un ingreso para sostenerlo. De acuerdo a la EPH, la tasa de empleo de las mujeres jefas de hogares monomarentales es 26,6 puntos porcentuales más alta que la de las mujeres en general. Sin embargo, sus trabajos suelen ser informales y con menores salarios. Dos de cada diez son trabajadoras de casas particulares.  

Al salir la madre a trabajar, entran a jugar un rol central las abuelas, las hermanas, inclusive vecinas, quienes cuidan a los niños (también de manera gratuita). “El cuidado pesa, entonces, sobre otra, o sea, la falta del varón participando en los cuidados se suple con el trabajo de otra mujer”, reflexiona Cirmi Obón.

Según cuenta Antonella la búsqueda laboral es también compleja. Cuando su hijo cumplió los 3 años se quedó sin trabajo, debió volver a vivir con su mamá y le costó reinsertarse en el mundo laboral.“No me tomaban en algunos trabajos por ser madre de un nene chiquito”, recuerda. En una ocasión, tras una entrevista laboral le anunciaron que había sido elegida para trabajar de moza y cuando se enteraron de que tenía un hijo la desestimaron. “No tomamos mujeres con hijos”, se justificaron en aquel momento.

Los primeros años fueron muy estresantes. Si faltaba la niñera tenía que subir al bebé al colectivo a las cinco de la mañana y llevarlo a la casa de una amiga.Tenía que llevarme al trabajo varias remeras porque las manchaba con leche. No había lactario

Rocío Brunet — Mamá de Adriel de 10 años

Hay una parte de la brecha salarial de género en Argentina que compete a todas las mujeres por la probabilidad de ser madres, los empleadores suelen preferir contratar varones. Pero también hay otra brecha entre las mujeres que son madres con las que no lo son. Las primeras tienen menos ingresos y ascienden menos en su carrera laboral. “ Numerosos estudios comprueban que cuanto más hijos tienen menos ascienden en su carrera laboral”, explica la economista.

Para las madres solas asumir cargos de liderazgo es mucho más difícil. Por eso es central que puedan acceder a infraestructura de cuidado para la primera infancia. Con la llegada del gobierno de Javier Milei, muchas de las políticas estatales que apuntaban a los cuidados desaparecieron. Se interrumpieron las obras de infraestructura para instituciones de primera infancia –había 500 proyectos para construir Centros de Desarrollo Infantil, otros para Centros de Primera Infancia y otros de ampliación de salas, que tienen 0% de ejecución en este año–. Además, se descontinuó el programa Registradas, que implicaba un subsidio para contratar personal de cuidado, y el gasto en políticas públicas que apuntan a reducir la desigualdad de género fue hasta ahora un 33% más bajo que el año pasado.

Con el gobierno de Javier Milei, muchas de las políticas que apuntaban a los cuidados desaparecieron. Se interrumpieron las obras de infraestructura para instituciones de primera infancia. Había 500 proyectos que tienen 0% de ejecución en este año

Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

De acuerdo con la investigación realizada por la provincia de Buenos Aires a finales de 2022, siete de cada diez madres no reciben la cuota alimentaria que corresponde por parte del progenitor de sus hijos y a 9 de cada 10 de las que cuentan con algún aporte paterno no les alcanza para mantenerlos.

Para Cirmi Obón, la génesis de la deuda es la escasa licencia por paternidad que existe en el país. “Todo empieza cuando nace el niño o niña. El varón no tiene casi licencia por paternidad y no está presente. Ese varón es el mismo que después cuando se separa de su pareja se separa de sus responsabilidades de cuidado. Como no participó en esas tareas las subdimensiona. Piensa que su exmujer le está pidiendo más tiempo y plata de la que requiere porque como no estuvo involucrado no dimensional cuanto salen o el tiempo que implican las tareas de cuidado”, explica. Lucía Cirmi Obón, ex subsecretaria de Políticas de Igualdad 

La provincia de Buenos Aires creó en 2003, por la Ley 13.074, el Registro de Deudores Alimentario (RDAM) que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia. Su objeto es registrar por orden judicial a el o la progenitora que deba el pago de alimentos por sentencia firme o por convenio homologado judicialmente de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. A partir de 2019, el Registro inició una serie de transformaciones que lo hicieron más ágil y hoy hay 5 mil personas anotadas en él, su amplia mayoría son hombres. 

Todo empieza cuando nace el bebé. El varón no tiene casi licencia por paternidad y no está presente. Entonces, cuando se separa de su pareja se separa de sus responsabilidades de cuidado. Como no participó en esas tareas las subdimensiona

Lucía Cirmi Obón — Ex subsecretaria de Políticas de Igualdad

Quienes están inscriptos tienen dificultad para obtener o renovar la licencia de conducir, para ser proveedor de la Provincia y para obtener créditos, tarjetas de crédito o apertura de cuenta corriente en el banco provincial. “Es una herramienta más de una serie de herramientas que se están dando a nivel provincial para proteger a los menores. En cuanto al alcance, somos el último eslabón, aparecemos cuando ya fracasó todo. Desde el registro hemos impulsado varias charlas con colegios y entidades profesionales, con organismos estatales al efecto de activar el pedido del libre deuda para que las personas puedan acceder a determinadas cuestiones tales como el registro de conducir”, explicó a elDiarioAR, Julio Laurito, director provincial de Relaciones con la Justicia y Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia provincial.

En 2022 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para la creación de un registro a nivel nacional pero Senadores aún no lo trató.

Las madres coinciden que el reclamo en la justicia no es fácil. Muchas desisten de hacerlo porque no tienen la posibilidad de pagar un patrocinio jurídico, o porque se cansan de sortear trabas de la justicia. Natalia cuenta que tardó varios años en pedir alimentos “porque los abogados salen muy caros” y porque la Defensoría no quería tomar su reclamo. Recién en octubre de 2023 un Juzgado dispuso que el progenitor pagara una cuota provisoria de 20 mil pesos mensuales (que no alcanza para la manutención de su hija) y aún no se pudo notificarlo. Luna cuenta que inició el reclamo de alimentos pero el sistema judicial no la ayudó.“ Hice además denuncias por violencia de género, tuve más de 3 perimetrales. La justicia no hizo nada y tuve que ir a vivir al sur porque estábamos amenazadas de muerte”, cuenta. 

Antonella dice que intentó hacer el reclamo de alimentos al papá de su hija mayor pero no dio con su paradero y no lo inició para su hija más chica porque prefiere no tener contacto con quien la violentó.

En tal sentido, Magalí reflexiona: “Los tiempos de la justicia son muy lentos y todo recae sobre nosotras, como si la crianza solas no fuera lo suficientemente difícil. Una vez en una mediación me dijeron que era mi deber que él la reconociera. La última vez que me presenté me criticaron por no tener la dirección del progenitor para poder notificarlo. Nos culpan a las mujeres por supuestamente no hacer valer los derechos de nuestros hijos, cuando lo intentamos a diario, y a los hombres se los exime de sus responsabilidades como padres.”

LG/MG

La Canasta de Crianza -un índice que el Indec comenzó a difundir en 2023– comenzó a entrar en el radar de la justicia al momento de fijar un parámetro en los litigios para actualizar la cuota mensual en procesos por manutención alimentaria, de manera de garantizar los derechos fundamentales de los niños.

Desde su puesta en marcha, suman 23 los fallos que determinaron el uso de este índice para determinar el valor de referencia.

En 2024 el primer fallo del año -que se suma a los 22 de 2023- fue dispuesto por el Juzgado Familiar 1 de la ciudad bonaerense de Pergamino.

El valor de la canasta es confeccionado por el Indec y cuantifica por un lado el costo mensual de los bienes y servicios básicos y por el otro, el costo del cuidado para grupos etarios menores de edad.

El costo del cuidado es la valorización del tiempo estimado en horas para la asistencia de los niños que requieren del cuidado de un adulto.

El índice de Crianza fue impulsado en 2023 por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía.

A partir de julio del año pasado el INDEC publica todos los meses el Índice de Crianza como un valor de referencia con el objetivo de poder ser utilizado en litigios por cuotas alimentarias, entre otras cuestiones.

El Índice Crianza busca dar respuesta a un problema que atraviesan en nuestro país más de 1 millón de hogares a cargo de mujeres que no reciben la cuota alimentaria en tiempo y forma.

En esos hogares a cargo de mujeres viven casi 2 millones de personas de menos de 18 años de edad.

Los fallos

Hasta noviembre de 2023 se emitieron 22 fallos judiciales que utilizaron el índice como valor de referencia.

De ese total, en 21 pronunciamientos la justicia determinó el valor de la cuota a partir del índice, mientras que un caso se solicitó a la inscripción del deudor alimentario en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Las provincias que utilizaron el índice hasta el momento son Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja, San Luis, San Juan, Rio Negro, Santa Cruz y Córdoba.

DM con información de agencia Somos Télam

Tener que acudir a la justicia para exigir el aumento de la cuota alimentaria cada vez que se deprecie su valor no sólo es un sinsentido sino que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y los principios de celeridad y economía procesal. Principios rectores en los procesos que implican la protección de los derechos de las infancias y que se vuelven aún más relevantes en contextos de crisis. Hay una línea que conecta la violencia económica de género y la postura de los operadores judiciales frente a incumplimientos de la cuota alimentaria.

En el complejo entramado de la sociedad argentina, la violencia económica de género al manifestarse presenta grandes desafíos para la unidad económica familiar. La falta de cumplimiento de la cuota alimentaria emerge como un indicador claro de las tensiones financieras familiares, y la actuación de la justicia desempeña un papel crucial. La respuesta judicial no solo define el acceso a recursos básicos para mujeres e infancias, sino que también revela la capacidad del sistema para abordar de manera justa los desafíos socioeconómicos en este momento crítico para el país. 

Los “lentes violetas” pueden ayudar a ver las cadenas invisibles. Las formas más invisibilizadas de violencia basada en género. Esas cadenas no son simples de soltar. Están forjadas a partir de estructuras de desigualdad muy sólidas, de larga data, que demandan un trabajo arqueológico, pesado pero sobre todo una voluntad política determinada a erradicarlas.

La violencia económica de género da cuenta de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, perpetuadas por roles y estereotipos de género. Estos menosprecian la contribución de las mujeres en el hogar y sociedad, infravaloran sus capacidades económicas y, en el contexto judicial, puede tener un impacto negativo y desproporcionado en los hogares, especialmente en casos de reclamo de alimentos. 

En el 2023 el 59% de los hogares monomarentales destinaba la mayoría de sus ingresos a pagar deudas o atrasos, según datos oficiales (CEPAL y DNEIyG, 2023). Además, en el 2022 la tasa de pobreza en estos hogares alcanzaba el 53%. En un contexto donde el sostén de la familia se complejiza cada vez más y las canastas básicas de alimentos e insumos para el inicio de ciclo lectivo escalan a precios que no tienen relación proporcional con los salarios, el abordaje efectivo de las realidades de las mujeres y las infancias se vuelve el piso mínimo exigible al reclamar justicia. 

Recientemente, los organismos regionales de derechos humanos han enfatizado la importancia de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos que considere las realidades que enfrentan las mujeres, así como las decisiones judiciales en el contexto actual.

A propósito de la importancia de este enfoque, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una decisión que reducía la cuota alimentaria y eliminaba la actualización semestral, argumentando que el ajuste automático basado en el aumento del costo de vida viola la prohibición legal de indexar deudas establecida por la Ley de Convertibilidad n° 23.928.

La Corte consideró que la actualización de la cuota alimentaria tenía como objetivo preservar su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Explicó que la obligación alimentaria deriva del ejercicio de la responsabilidad parental, buscando la protección integral de la infancia y vinculándose directamente con el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas. Esta interpretación tuvo en cuenta las normas civiles, su propósito y el posible impacto en los derechos fundamentales de una niña.

Además de ofrecer una interpretación relevante, la Corte estableció un criterio útil para casos futuros. Criticó que la madre debiera iniciar procesos judiciales periódicos para demostrar la insuficiencia del monto. Desde esta perspectiva, la Justicia no debió anular la actualización semestral sin proponer un mecanismo alternativo que tenga en cuenta que, debido a la inflación, el valor de la prestación alimentaria disminuye significativamente con el tiempo.

La decisión destaca la posibilidad de que el proceso judicial se convierta en un escenario dónde persiste la violencia, instando a los operadores judiciales a abordar con precisión tales circunstancias. La Corte resalta la dificultad probatoria y la necesidad de establecer parámetros realistas en el actual contexto económico. Vale la pena entonces retomar algunas herramientas que existen hoy día y que están a disposición de la justicia.

Tal es el caso de la canasta de crianza, un insumo para considerar para la organización y planificación familiar, que ofrece un valor de referencia sobre los gastos dedicados por las familias a alimentos, vestimenta, vivienda, traslados y cuidado de las infancias.

Las decisiones judiciales que emplean este índice priorizan la celeridad en los casos de alimentos, dada la impactante repercusión que tienen en los hogares. Se consideran edades y contextos familiares, reconociendo el valor económico de las tareas de cuidado, especialmente para las madres. Además, se destaca la importancia de ajustar las cuotas alimentarias según los informes periódicos del INDEC.

El Índice de crianza resulta una herramienta que suministra datos objetivos sobre los gastos esenciales en el día a día familiar. Su utilidad es crucial cuando no se disponen de pruebas precisas para evaluar las necesidades a satisfacer y la capacidad económica del alimentante al determinar el valor de la cuota.

Pagar tarde o no pagar la cuota alimentaria constituye violencia económica, y esto agrava las situaciones de violencia que pueden vivir las mujeres e infancias en sus hogares. El impacto de la crisis y los aumentos de precios no dejarán de afectar a todas estas familias. Lo mínimo que podemos demandar es un abordaje realista a la hora de garantizar el derecho de acceso a la justicia. Lo máximo es lo que la realidad exige y tenemos con qué. 

La autora es abogada del área jurídica de ELA.

AC/DTC

Los mecanismos pueden variar: padres que prefieren trabajo no registrado para evitar pagar la cuota alimentaria, otros que viajan de una provincia a otra para cambiar el auto. Son formas de escabullirse ante la responsabilidad parental. Según un informe de UNICEF, en Argentina hay 1,7 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares monomarentales, solo 1 de cada 4 mujeres separadas recibe la cuota alimentaria. En ese marco, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley que crea el Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (ReUDAM), que unifica los datos de todo el país. “Está pensado para que sea más difícil violar la ley con los chicos”, explicaron las diputadas y diputados autores de la ley.

El proyecto, que fue votado la semana pasada en la Cámara Baja, establece que aquellas personas que integren el registro no podrán realizar operaciones bancarias como créditos, apertura de cuenta corriente, obtención de tarjeta de crédito. Tampoco se les otorgará o renovará la licencia de conducir, no podrá ser proveedor del Estado, no se le otorgarán habilitaciones para la apertura de comercio y/o industrias, ni  podrán asistir a bingos o espectáculos deportivos, entre otros. “Es penalizar a quien pudiendo pagar, elige un dolo, dañar”, explicó a elDiarioAr la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo. 

Quienes estén en el registro no podrán realizar operaciones bancarias cómo pedir préstamos, sacar tarjetas de crédito o abrir una cuenta corriente. Tampoco podrán renovar el registro de conducir ni asistir a bingos o espectáculos deportivos.

“Casi el 90% de los deudores alimentarios son varones. Es un delito edulcorado, si alguien lo viola no pasa nada porque los niños no tienen capacidad de imponer una obligación. Madres y niños quedan boyando sin que tenga una percepción de justicia, la infancia no puede esperar. Que el Estado no sea inocuo, que no sea neutral, que no tenga una mirada adultocéntrica porque esto afecta a los niños”, agregó la legisladora que es una de las siete personas que presentaron un proyecto similar. 

El texto unificado es en base a los proyectos de Carrizo y los de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, Julio Cobos y Roxana Reyes de la UCR, Paula Oliveto de la Coalición Cívica, Jimena López del Frente de Todos y el exdiputado Marcelo Koening. Fue aprobado por unanimidad con la única excepción de José Luis Espert.

Lo que busca es unificar toda la información de las distintas jurisdicciones del país con datos actualizados sobre morosidad. Si bien todas las jurisdicciones del país tienen su registro, solo 4 de las 24 tienen los datos  accesibles de forma pública: Jujuy, Buenos Aires, Salta y Mendoza. “El tema de los registros nacionales no es ir en contra de la jurisdicción provincial. Es nacionalizar información que va a garantizar derechos porque puede ocurrir que alguien de Córdoba tiene una deuda alimentaria y se va a La Pampa a patentar un auto”, explicó la diputada. El registro estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

Nos encontramos con deudores que llevan cinco o seis años sin pagar y no tienen ningún tipo de consecuencia.

Jimena López — Diputada del Frente de Todos

La legisladora del FDT Jimena López explicó lo complejo que resulta hacer efectivo el pago en algunos casos. “Necesitamos que tenga consecuencias directas. Nos encontramos con deudores que llevan cinco o seis años sin pagar y no tienen ningún tipo de consecuencia. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, de los 1000 inscriptos que había, solamente 16 tuvieron consecuencias porque eran los que tenían vinculaciones comerciales con el Estado. Al resto no les pasaba nada”, le dijo a elDiarioAR. En territorio bonaerense, más de la mitad de las mujeres que están separadas no reciben cuota alimentaria o sólo la percibe eventualmente (el 65%). Son datos del primer informe realizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual que publicó este diario. 

“La idea no tiene que ver con un sistema punitivista sino con un sistema de restricciones. Vos no podés tener la misma liviandad para andar en tu vida cotidiana cuando le debés dinero a tus hijos”, explicó López. Según la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social, realizada en 2015, cuando los padres no residen en la misma vivienda que sus hijas e hijos, solamente el 32% de los hogares monomarentales reciben la obligación alimentaria. Es decir, el 68% de los progenitores no convivientes elude su responsabilidad.

Esta situación afecta a los derechos de niños, niñas y adolescentes y también es una forma de violencia de género. “Es violencia económica porque vos podes ganar poco o no ganar nada, pero un porcentaje tiene que ir a tus hijos y si ganas mucho también. Hay gente que se insolventa, esconde bienes. Es también violencia simbólica y falta de responsabilidad con los chicos que no decidieron que ese fuera el padre. Es un tema complejo porque la justicia no le da mucha importancia, las mujeres nos pasamos un promedio de tres o cuatro años litigando y abandonamos los procesos judiciales porque cuesta plata. Y, entonces, tenemos una nueva sobrecarga con la totalidad de la manutención. No tiene que ver con el amor, tiene que ver con una sobrecarga”, describió López.

El texto especifica que ingresará al registro “toda persona obligada al pago de cuota alimentaria provisoria o definitiva que se encuentre en mora por falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas, intimada judicialmente y que no hubiese demostrado fehacientemente su cumplimiento”. La iniciativa fue votada por todos los integrantes de la Cámara (255) excepto por José Luis Espert, de Avanza Libertad, que votó en contra. Ahora el Senado tiene el trabajo de convertirla en ley.

CDB/MG

¿Qué pasa cuando la cuota alimentaria no alcanza? En la mayoría de las demandas, la Justicia fija un monto mensual que debe depositar el progenitor que no convive con los hijos para colaborar con los gastos destinados a su bienestar. Sin embargo, en un país con inflación acelerada como la Argentina, esa cifra puede quedar desactualizada en muy poco tiempo. Por eso, la Sala H de la Cámara Nacional en lo Civil resolvió que ese dinero debe ajustarse de forma anual en línea con el índice que el Banco Central de la República Argentina establece para el aumento de los alquileres. De esta forma, los camaristas se sumaron a una tendencia que se inició hace alrededor de dos años,  cuando algunos tribunales de familia comenzaron a buscar herramientas para evitar que la suba de precios afecte al ingreso económico de los hijos. 

Los jueces Claudio Marcelo Kiper y José Benito se refirieron, en su sentencia del 5 de agosto, al “efecto inflacionario” y aseguraron que “no se advierte ningún impedimento legal para que el incremento de la cuota de alimentos se efectúe aplicando un índice”. Además, sostuvieron que el monto que se había fijado en primera instancia no estaba “ajustado al contexto económico” en el que se dictó el actual pronunciamiento. 

El pronunciamiento judicial tiene efecto sólo entre las partes involucradas. De todas maneras, para los especialistas significa un avance en el reconocimiento de la necesidad de considerar el contexto económico a la hora de establecer cuotas alimentarias. En diálogo con elDiarioAR, Eduardo Roveda, profesor titular de Derecho Civil V en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, sostuvo: “Una golondrina no hace verano y un solo fallo no sienta jurisprudencia. Pero sí se advierte que cada vez más jueces están estableciendo distintos métodos de actualización del monto mensual”. 

El tema de las cuotas alimentarias crece en la agenda regional y local impulsado, sobre todo, por los feminismos. En Chile, por ejemplo, el 17 de agosto se aprobó la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que estableció nuevos mecanismos para perseguir a los progenitores morosos. 

En el Congreso argentino son varios los proyectos que buscan regular el tema. Uno de ellos fue presentado por la diputada nacional Jimena López, quien además el 25 de agosto organizó un conversatorio en la Cámara Baja para que los diferentes bloques debatieran estrategias que garanticen el acceso de los menores de edad a la cuota alimentaria. Con respecto al efecto que tiene la inflación, la legisladora aseguró a elDiarioAR: “El tema de los precios es urgente. Mirás el valor de la leche y en 15 días cambia, es un indicador que va volando. Tiene que haber una indexación a valor inflacionario”.

Sin embargo, todos los especialistas consultados coincidieron en que, en paralelo a las discusiones sobre el monto, debe ponerse especial atención en el incumplimiento. Según el ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, casi un 70% de los padres bonaerenses no cumplen con la obligación alimentaria. A nivel nacional, la situación no es tan diferente: de acuerdo a un estudio que elaboró el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), solo una de cada cuatro mujeres que no convive con el padre de sus hijos cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria. 

Con una inflación que en julio alcanzó el nivel más alto desde el 2002, conseguir que el dinero que reciben los menores de edad no pierda valor mes a mes es uno de los desafíos que tienen hoy los jueces de familia. 

Fórmulas

La sentencia de Kiper y Benito llegó luego de que fuera apelado el fallo de primera instancia. En esa oportunidad, la jueza que intervino estableció que el demandante debía abonar, en concepto de pensión alimentaria, $100.000 en favor de sus tres hijos y que dicha cuota iba a aumentar en la misma proporción que el gasto de cobertura médica. 

La madre cuestionó el mecanismo asegurando que “no guarda ninguna relación con la realidad inflacionaria que sufre nuestro país”. Además, aseguró que la información sobre el aumento de la obra social era de difícil acceso para ella ya que el padre de sus hijos fue cambiándolos de medicina prepaga sin darle aviso e inscribiéndolos en otras más económicas. 

Para Roveda es clave que los magistrados que pretendan que la cuota alimentaria esté a la par de la suba de precios comprendan las realidades particulares de cada caso. Una de las primeras soluciones que se encontró, cuenta el experto, fue fijar la cuota en un porcentaje de los ingresos del demandado. “Entonces, cada vez que el demandado recibe un aumento, aumenta la cuota. Sin embargo, ese sistema se encuentra con límites cuando el demandado trabaja por su cuenta”, sostuvo. 

“Y acá viene el verdadero problema jurídico: en Argentina todavía está vigente una norma que prohíbe la indexación, que es una norma que estaba en la Ley de Convertibilidad. No se puede indexar una cifra a priori. Por eso, los jueces comenzaron a dictar planteando la búsqueda de algún índice de actualización como puede ser el aumento del salario mínimo vital y móvil, la Ley de Alquileres -como este caso-, o el aumento que recibe algún sector en particular. El objetivo es mantener actualizada sin necesidad de tramitar incidentes, es decir, tener que hacer nuevos juicios”, agregó. 

¿El índice de aumento de alquileres es el mejor? Según Roveda, depende el caso: “Supongamos que el demandado es maestro mayor de obra, tal vez para él es mejor el índice de aumento de la construcción, por ejemplo”, explicó. Sin embargo, subrayó que estas alternativas terminan siendo una especie de parches: “El problema es la inflación. Desde lo jurídico podemos encontrar cien mil vueltas, pero si los precios aumentan de esta forma las cuotas siempre quedan atrasadas”.  

Estela Díaz, ministra bonaerense de Mujeres, celebró la sentencia aunque inistió en que “el Poder Judicial suele ser parte del problema”. “Es lento. Un fallo tarda entre seis meses y dos años y la mayoría de las veces se definen cuotas que no están indexadas. En un contexto inflacionario como el nuestro, un acuerdo que llevó un montón de tiempo conseguir pierde vigencia muy rápidamente. Todo depende del juez que te tocó”, agregó. 

Unificar criterios

La idea de que el ingreso económico estará garantizado depende de qué juzgado toque se repite. Por eso, desde el ministerio bonaerense aseguraron que el informe sobre incumplimiento incluyó una serie de recomendaciones para los distintos poderes. Díaz sostuvo que la Corte Suprema “podría llevar adelante una resolución que establezca un único procedimiento de actuación”. Además, agregó que una acción urgente en esta materia sería que “cuando los jueces dictan medidas precautorias por violencia de género, inmediatamente deberían fijar alimentos”. 

En cuanto a las consecuencias que genera la inflación, se refirió también a la normativa vigente que impide la indexación. “Por eso nuestro diálogo también es con el legislativo porque necesitamos que no haya restricciones para evitar el desfasaje de precios”, agregó la ministra. 

El proyecto de la diputada López establece -entre otras cosas- cuál es el piso mínimo de la cuota alimentaria. “Nos basamos en un cuadro del Indec que indica cuánto dinero necesita un menor de entre 1 y 18 años para no ser pobre. Cuando elaboramos el proyecto hace un año, por ejemplo, un varón de 16 años necesitaba $17.400. El objetivo es que las cuotas jamás estén por debajo de ese nivel”, sostuvo la legisladora. 

La manutención de los hijos es una de las obligaciones de los progenitores comprendidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. La cuota alimentaria no sólo es un derecho para que se puedan cubrir los gastos de alimentos y bebidas de los menores, sino que busca alcanzar su desarrollo integral, considerando su vivienda, educación, vestimenta, salud y entretenimiento. Por eso, Roveda recomienda que aquellas mujeres cuya cuota fue fijada en pesos sin considerar los incrementos “pueden ir a ver a su abogado y plantear la necesidad del aumento. El argumento puede ser, ni más ni menos, que la inflación, porque si cambian las circunstancias en las que se estableció la cuota -y acá cambian por el contexto económico-, se pueden modificar los montos”.

GL/MG