El Ministerio de Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentaron este lunes las condiciones para las empresas que quieran acceder a los beneficios del programa Puente al Empleo. Esta iniciativa les permite a quienes contraten  personas que perciben algún programa social, educativo o de empleo a contabilizar esa ayuda estatal como parte del salario por el plazo de un año y les otorga, además, una reducción de las contribuciones patronales. 

La medida se instrumentó mediante la resolución general conjunta 5267/2022, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, en la que además se detallan los casos en los que las empresas quedarán excluidas de los beneficios.

La reducción de contribuciones regirá para los contratos laborales a partir del 1º de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2024 y será del 100% para las destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjyp), al Fondo Nacional de Empleo (FNE) y al Régimen Nacional de Asignaciones Familiares (RNAF).

En el artículo 1 de la resolución se precisó que la reducción “se aplicará a los 12 meses siguientes contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral, inclusive”.

Asimismo, se especificó que quedarán excluidos de los beneficios “los empleadores y empleadoras que no hubieran incrementado la nómina de trabajadores declarados respecto al promedio de trabajadores declarados durante 2021” y “quienes se encuentren incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), durante el período en que permanezcan en él”.

También aquellos que “incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio”, consideradas así al “hecho de producir sustituciones de personal bajo cualquier figura, o el cese como empleador o empleadora y la constitución de una nueva figura como tal, ya sea a través de las mismas o distintas personas humanas o jurídicas”.

Otra condición de exclusión se refiere a “las contrataciones laborales comprendidas en el ámbito de aplicación definido por el artículo 1º del decreto 514 del 13 de agosto de 2021”, es decir “las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo” o “las actividades agropecuarias bajo la modalidad establecida en el artículo 96” de la ley de Contrato de Trabajo, que determina la contratación para tareas temporarias “en razón de la naturaleza de la actividad”.

Tampoco podrán acceder las contrataciones laborales efectuadas con las modalidades comprendidas en la ley 22.250 y sus modificaciones realizadas por los sujetos empleadores o empleadoras que se enmarquen en el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda establecido por la ley 27.613.

Con información de Télam

MT

Cada 15 días Mirelli Blanco recibe las camionetas que llegan cargadas de frutas, verduras y maples de huevo al “polo productivo” que tiene la organización Barrios de Pie en José León Suárez. Es la coordinadora de esta actividad que consiste en armar bolsones y venderlos barato a sus vecinos y familiares. Ese es su trabajo, que se complementa con el de su marido, que hace trabajos de electricidad y plomería. Cobra el Potenciar Trabajo y la tarjeta Alimentar, pero igual no le alcanza para cubrir las necesidades de su familia de cuatro hijos y por eso recibe ayuda de su madre y sus hermanos, que viven en casas contiguas a lo largo de un pasillo en Carcova. 

Algunos compañeros de su organización venden la verdura de manera ambulante, en las calles, pero se arriesgan a que la policía les quite los bolsones. Ella, junto a otras mujeres del barrio, las ofrece en una feria, donde además puede sumar otros productos: torta, pan casero, ropa usada. Pero en los últimos cinco meses, el negocio cayó a pique. La fruta y la verdura se encarecieron tanto que no les alcanza para reinvertir en mercadería. O, más precisamente, no tienen manera de que sus vecinos les compren esos bolsones al precio que necesitarían para poder reponerlos. 

“¿Qué hacemos entonces? Nos ayudamos entre todos. El otro día hicimos tortas fritas, que es algo que llena y rinde, y las vendimos en la marcha. Para nosotros los pobres, dejar de trabajar no es una opción”, dice. 

Esta semana el presidente Alberto Fernández celebró en sus redes el dato “récord” de empleo registrado en la Argentina, que en junio alcanzó a 12,7 millones de personas. Si se miran en detalle los números, se advierte que lo que más crece en términos porcentuales es, por lejos, el casillero de los monotributistas sociales. Mirelli es uno de esos monotributistas sociales; se anotó este año y gracias a eso tiene obra social y aportes jubilatorios. 

En junio los trabajadores y trabajadoras bajo ese régimen aumentaron 18,6% y en los últimos 12 meses el salto fue de 39,3%. Si se compara con el ritmo de crecimiento del trabajo asalariado privado, la diferencia es abrumadora: su crecimiento fue de apenas 0,5% en el mes y de 4,4% en el año. El “empleo genuino”, que en los discursos más tradicionales de la política se suele asociar al empleo asalariado privado –el empleado en la línea de una fábrica automotriz, la empleada de comercio detrás del mostrador– no es el que absorbe a la masa creciente de argentinos en busca de un ingreso laboral. 

Simplemente por el crecimiento poblacional, en el país se incorporan alrededor de 300.000 personas cada año a la población económicamente activa (PEA), pero desde hace tiempo que el país no tiene capacidad para ofrecerles puestos de calidad, plenos de derechos. En los últimos 10 años (entre 2021 y 2022) la cantidad de trabajadores asalariados registrados del sector privado creció apenas 0,3%. Se estancó. 

El "empleo genuino", que suele asociarse al empleo asalariado privado, no es el que absorbe a la masa creciente de argentinos que buscan trabajo

Si tres millones de personas se incorporaron a la PEA en estos 10 años y apenas un puñado logró emplearse como asalariado en el sector privado. ¿Dónde está el resto? En el universo de los desempleados no, o al menos no todos, porque la población que busca y no encuentra trabajo es hoy de 7%; 1,4 millones de personas. ¿Dónde está, entonces, toda esa gente? “Está trabajando en otra economía”, responde Pablo Chena, director de Economía Social del Ministerio de Desarrollo. “Están en la informalidad de la economía de mercado, es decir, trabajando en empresas que no los registran, o en la economía popular, en emprendimientos desarrollados por el propio trabajador”. 

La informalidad dificulta la posibilidad de conocer y entender esa otra economía, que se estima que puede alcanzar a 8 millones de personas. El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), que empezó a construirse a mediados de 2020, intenta empezar a trazar ese mapa. Hoy tiene 3,5 millones de trabajadores inscriptos. La gran mayoría de ellos jóvenes, la gran mayoría mujeres. 

Pero la registración es solo el primer paso. El segundo es la formalización, que adquiere forma recién cuando estas personas gestionan su monotributo social. Según datos oficiales a los que accedió elDiarioAR, en 2020 se registraron 47.136 altas de monotributos sociales y en 2021 fueron 207.178. Es decir, que el número más que se cuatriplicó. En 2022 continuó el crecimiento, al sumarse otras 212.827. 

También hay bajas, aunque mucho menores a las altas. Un documento del Ministerio que releva las causas explica que el 32,3% –un tercio– de quienes se dieron de baja entre 2020 y julio de 2022 lo hicieron porque no pueden pagar la cuota. Otro 23,3% porque dejó de realizar la actividad productiva que realizaba. Sin embargo, también hay razones “positivas” para dejar el monotributo social. Un 19,5% comenzó a facturar más y pasó al monotributo general y un 7,7% consiguió un empleo en relación de dependencia; el famoso “puente al empleo”. 

“Hay un puente y está muy bien que lo haya, tiene que haberlo, pero no todos lo van a cruzar. Para darle masividad a la registración hay que construir la institucional de los que trabajan en la economía popular, que son millones. No tratar de convertirla en algo que no es, sino formalizar lo que ya está”, dice Chena. A su oficina en el primer piso llega el rumor de las conversaciones de las personas que, en esta esquina de 25 de Mayo y Tucumán,  esperan en fila para hacer trámites vinculados al monotributo o a las ayudas sociales disponibles.  

"La economía popular es de subsistencia producto de la informalidad. Los trabajadores y trabajadoras son pobres porque son informales y no al revés

Pablo Chena, director nacional de Economía Social

El monotributo social comparte el límite de facturación de la categoría A del monotributo tradicional, pero tiene algunas particularidades. Las personas tienen bonificado el componente impositivo, el aporte previsional y solo pagan el 50% de la cuota de la obra social. Sin embargo, y a pesar del crecimiento que llama la atención en las estadísticas, apenas 512.700 personas tienen monotributo social, cuando se estima que la economía popular emplea, como se dijo, a cerca de 8 millones de personas. Aun entre quienes están inscriptos en el Renatep no todos lo tienen; solo el 10,6%. 

¿Por qué es importante para los trabajadores de la economía popular tenerlo? “Así como la economía tradicional está restringida por la disponibilidad de dólares, la economía popular está restringida por la informalidad, que no le permite desarrollar su potencial”, apunta Chena. Trabajar en la informalidad implica no poder insertarse en todas las cadenas de comercialización (venderle al Estado, por ejemplo), defender el valor del producto en el mercado, facturar y ser un sujeto pasible de crédito para aumentar la capacidad productiva. Todas cosas que contribuyen a generar un ingreso digno, suficiente para vivir. “Esta economía popular es una economía de subsistencia producto de esta informalidad. Los trabajadores y trabajadoras son pobres porque son informales y no al revés”, suma el economista. 

En el Ministerio De Desarrollo consideran que para masificar la registración –y acompañar así, aunque sea de más cerca, la expansión real de la economía sumergida– hace falta otra herramienta. Lo que proponen es el “monotributo productivo”, que fue enviado por el Ejecutivo al congreso a fines de 2021 pero todavía no fue tratado. 

Este monotributo sería totalmente gratuito hasta que la persona tenga capacidad de pago (con un plazo máximo, que podría ser de tres años) y luego se empezaría a cobrar la cuota de manera progresiva. Dado que sería inviable desde lo fiscal que el Estado pague la obra social de todos los inscriptos, esta figura deja a un lado a las obras sociales y se centra en la atención del sistema público de salud, fortaleciéndolo con equipos comunitarios que sigan de cerca a estas personas, que trabajen en la prevención y que puedan hacerles de nexo con hospitales.

A las 12.20 del jueves, la fila de personas frente a la oficina ocupa media cuadra. Muchos están para consultar por la baja sorpresiva de 40.000 programas Potenciar Trabajo, pero Rubén espera su turno para pedir otra información. Tiene un papelito en la mano donde anotó “Programa Puente al Empleo”. Quiere averiguar qué piden, cómo se hace, qué garantías tiene de que no se quedará sin la ayuda social que tiene hoy y sin ese nuevo trabajo. Cobra un plan Potenciar Trabajo y realiza tareas de construcción y mantenimiento. Aunque busca algo mejor, y por eso espera en la fila este mediodía, valora y cuida ese trabajo, el que hoy le da de comer. 

DT

El Gobierno oficializó este martes la creación del programa “Puente al empleo”, que busca transformar los planes sociales en empleo formal.

La iniciativa, que consta de 20 artículos y entrará en vigencia el 1 de octubre, fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 551/2022, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros Sergio Massa (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).

El objetivo del Programa es “transformar de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad”, destaca el decreto.

Además, remarca que apunta a “mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas y promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica”.

De acuerdo a lo establecido en la creación del Programa “Puente al empleo”, los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en los programas sociales, educativos o de empleo lo harán por un plazo de 12 meses.

Mientras se desarrolle la relación laboral, el empleador deberá considerar e imputar la asignación dineraria de los programas sociales, educativos o de empleo a cuenta del pago del salario.

Producida la discontinuidad del contrato, los trabajadores tendrán la posibilidad de continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindan dichos programas, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses.

En caso que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los ocho y los 12 meses, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de permanecer en el programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.

Para las relaciones laborales que se inicien en el Programa, la reducción de las contribuciones patronales será del 100%.

El decreto invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir o a dictar medidas de similar tenor para compatibilizar los programas sociales, educativos y de empleo locales con el trabajo registrado.

Qué dicen los artículos

ARTÍCULO 1°.- Créase el Programa “PUENTE AL EMPLEO” cuyos objetivos principales consisten en: transformar de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad; mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas y promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica.

ARTÍCULO 2°.- En el marco del Programa “PUENTE AL EMPLEO” las empleadoras y los empleadores del sector privado que contraten nuevas trabajadoras o nuevos trabajadores que participen en los programas sociales, educativos o de empleo que determine la normativa complementaria al presente decreto, dictada por las distintas jurisdicciones, en el marco de sus respectivas competencias, gozarán respecto de cada una de las nuevas incorporaciones que produzcan un incremento neto en la nómina de personal, de los beneficios dispuestos en los artículos 3° y 4° del presente, por un plazo de DOCE (12) meses contados a partir del inicio de la relación laboral, inclusive, conforme los términos y condiciones establecidos por el presente decreto y sus normas complementarias.

ARTÍCULO 3°.- Durante el plazo en que se desarrolle la relación laboral, la empleadora o el empleador, una vez que se acoja al Programa “PUENTE AL EMPLEO” deberá considerar e imputar la asignación dineraria de los programas sociales, educativos o de empleo a que se refiere el artículo 2º que se continúe percibiendo, a cuenta del pago de la remuneración, en los términos y las condiciones que establezca la normativa complementaria al presente decreto, dictada en virtud de su artículo 15 por las distintas jurisdicciones, en el marco de sus respectivas competencias. Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las trabajadoras o los trabajadores tendrán la posibilidad de continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindan dichos programas, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los DOCE (12) meses. En caso que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los OCHO (8) y los DOCE (12) meses, las trabajadoras y los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de permanecer en el programa de origen o acceder a la prestación por desempleo en los términos dispuestos por las Leyes Nros. 24.013 y sus modificatorias y 25.371.

ARTÍCULO 4º.- Para las relaciones laborales que se inicien en el marco del Programa creado por el artículo 1° del presente, la reducción de las contribuciones patronales correspondientes a los subsistemas de la seguridad social referidos en el artículo 5° del presente decreto será del CIEN POR CIENTO (100 %).

ARTÍCULO 5º.- La reducción de las contribuciones patronales vigentes dispuesta en el artículo 4° se aplicará a los siguientes subsistemas de la seguridad social:

a. Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias.

b. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley N° 19.032 y sus modificatorias.

c. Fondo Nacional de Empleo, Ley N° 24.013 y sus modificatorias.

d. Régimen de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714 y sus modificatorias. Quedan excluidas de las reducciones establecidas en la presente norma las alícuotas adicionales previstas en regímenes previsionales diferenciales y especiales de la seguridad social.

ARTÍCULO 6°.- El MINISTERIO DE ECONOMÍA y el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL determinarán la o las modalidades de contratación laboral respecto de las cuales serán de aplicación los beneficios establecidos por el presente decreto.

ARTÍCULO 7º.- Lo dispuesto en el presente decreto comprende a las empleadoras y a los empleadores a quienes les resulten de aplicación las disposiciones del Capítulo 3 del Título IV de la Ley N° 27.541 y sus modificatorias, regidas por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y por los regímenes previstos en las Leyes Nros. 22.250 y 26.727 y sus respectivas modificatorias.

ARTÍCULO 8º.- Quedan excluidas y excluidos de los beneficios dispuestos en este decreto las empleadoras y los empleadores que se encuentren comprendidos o comprendidas en alguno de los siguientes supuestos: a. Figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) creado por la Ley N° 26.940 y sus modificatorias, por el tiempo que permanezcan en ese registro. b. Incurran en prácticas indebidas y/o abusivas para acceder a los beneficios establecidos por el presente decreto, de conformidad con la normativa complementaria a dictarse. La exclusión se producirá en forma automática desde el mismo momento en que ocurra cualquiera de las causales indicadas en los incisos a y b del presente artículo.

ARTÍCULO 9º.- Para gozar de los beneficios establecidos en los artículos 3° y 4° del presente decreto, la empleadora o el empleador deberá manifestar de forma expresa el acogimiento al Programa “PUENTE AL EMPLEO”, no pudiendo hacer uso retroactivo de aquellos por el o los períodos en que no se hubiese adherido.

A esos efectos se podrá realizar el proceso de selección de las trabajadoras y de los trabajadores en el “PORTAL EMPLEO” establecido por la Resolución N° 152 del 22 de marzo de 2021 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

ARTÍCULO 10.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Programa creado por el artículo 1° del presente producirá el decaimiento de los beneficios otorgados y las empleadoras o los empleadores deberán, ante esa circunstancia, ingresar los montos y las cotizaciones con destino a la seguridad social correspondientes, de acuerdo a lo previsto en los artículos 3° y 4° del presente, más los intereses y multas que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 11.- El beneficio establecido en el artículo 4° del presente decreto será compensado con recursos del TESORO NACIONAL con el fin de no afectar el financiamiento de la seguridad social ni el cálculo correspondiente a la movilidad previsional establecida en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 12.- Instrúyese a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a adoptar las medidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la presente medida.

ARTÍCULO 13.- El MINISTERIO DE ECONOMÍA, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, cada uno en el marco de sus respectivas competencias, establecerán las pautas tendientes a compatibilizar el trabajo registrado con los programas sociales, educativos y de empleo nacionales que otorguen prestaciones dinerarias destinadas a las personas o grupos familiares en situación de vulnerabilidad social, incluyendo los trabajadores y las trabajadoras de las cooperativas municipales y de organizaciones sociales, y al Programa “PUENTE AL EMPLEO”, con otros de similar naturaleza. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, lo previsto en el presente decreto no afecta lo establecido en el artículo 3º del Decreto Nº 514/21 y sus normas complementarias, respecto del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO”, ni lo estipulado en el artículo 2° de la Ley N° 27.679.

ARTÍCULO 14.- Invítase a las Provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, a adherir a los términos del presente decreto o a dictar medidas de similar tenor para compatibilizar los programas sociales, educativos y de empleo locales con el trabajo registrado de las personas mencionadas en el artículo 1° del presente decreto.

ARTÍCULO 15.- Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMÍA, a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a dictar, en el marco de sus respectivas competencias, las normas complementarias, aclaratorias y operativas que resulten necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 16.- Sustitúyese en el artículo 15 del Decreto Nº 493 del 5 de agosto de 2021, la expresión “DOCE (12) meses” por “TRECE (13) meses”.

ARTÍCULO 17.- Derógase el Decreto Nº 711 del 18 de octubre de 2021.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las acciones desarrolladas en el marco de dicho decreto continuarán ejecutándose hasta su finalización.

ARTÍCULO 18.- El presente decreto entrará en vigencia el 1º de octubre de 2022 y resultará de aplicación para las relaciones laborales que se inicien durante los primeros VEINTICUATRO (24) meses a partir de esa fecha, inclusive, excepto lo dispuesto en el artículo 16 el que entrará en vigencia el 1° de septiembre de 2022.

ARTÍCULO 19.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 20.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Con información de agencias.

IG