Los vecinos de Remedios de Escalada cortarán este domingo y el lunes, a las 18, la esquina de Garay e Yrigoyen. El lunes a las 11 marcharán a la sucursal de Metrogas en Banfield, en Larroque 199. Así lo resolvió la asamblea barrial, que reclama justicia y garantías de seguridad a dos días de la explosión que dejó un muerto y 30 heridos en el centro comercial de esa localidad de Lanús.

La convocatoria coincidió con un nuevo operativo. Este domingo, los bomberos cerraron la calle Valentín Corcuera y Rosales, a unos 300 metros del lugar del estallido, después de que una vecina denunciara olor a gas en su casa. Según fuentes del municipio, Metrogas inspeccionó la vivienda y cortó el servicio: la mujer había cerrado la llave de paso, pero era vieja y quedó un escape. La vecina se autoevacuó.

En su comunicado, la asamblea señaló como responsables a “Metrogas y el Grupo Manzano-Vila”. En agosto, Edenor, la eléctrica de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, acordó comprarle a YPF el 70% de la distribuidora por US$780 millones. La operación no está cerrada: YPF sigue como accionista controlante mientras el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad tramita el cambio de control. Es el mismo organismo que anunció auditorías sobre la explosión. El grupo de Manzano ya tenía el 9,23% de Metrogas.

La mercadería perdida

Los comerciantes del perímetro todavía no pueden entrar a sus locales. Carolina, dueña de una carnicería, contó en medios televisivos que el sábado pidió instalar un grupo electrógeno y se lo negaron porque los rescatistas seguían buscando personas entre los escombros. “El supermercado Día que está a media cuadra desde la mañana ya lo tenía”, dijo.

“Lo que quedó en el freezer se salvó y lo otro lo tengo que tirar”, relató. “Era viernes, día que nos cargamos de mercadería para el fin de semana”. La fábrica de pastas y la fiambrería están en la misma situación. “No nos informaron de nada, no nos dicen qué hacer”, reclamó.

El sábado, decenas de vecinos marcharon alrededor de la manzana afectada para exigir una vivienda inmediata para las familias que perdieron sus casas y comercios. Una manifestante denunció que el olor a gas persiste en la zona.

La investigación

La causa está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la UFI N°6 de Lanús. Según la reconstrucción judicial, una tuneladora de Exgadet, contratista de Metrogas, rompió un caño de media presión a las 9.44 del viernes. La explosión ocurrió cerca de las 10.50. El municipio sostiene que en ese lapso la empresa no activó el sistema de emergencias local. Metrogas afirma que cumplió la normativa. La fiscal ordenó trasladar a dos directivos de la distribuidora para identificarlos, aunque no quedaron detenidos.

Hasta el sábado, la víctima no había sido identificada. El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, dijo que harán falta estudios genéticos. Ese día, fuentes sanitarias informaron que cinco heridos seguían graves, con asistencia respiratoria mecánica y quemaduras de entre el 40% y el 90% del cuerpo.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; su par de CABA, Marcelo D'Alessandro; y el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel; acordaron hoy ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires que las manifestaciones frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta, se realicen “procurando ocasionar la menor afectación posible a los vecinos de la zona”.

En un acta firmada por los tres funcionarios, concertaron que “con ese objetivo no se realizarán acampes, ni ferias, ni se emplearán fuegos artificiales, ni se permitirá la instalación de parrillas”.

En el escrito de entendimiento también acordaron que “se impedirá la realización de batucadas y cortes de calle”.

Estas medidas se habían acordado el sábado pasado tras la represión de la Policía de la Ciudad en marcha en apoyo a la Vicepresidenta, que inicialmente estaba prevista en Parque Lezama y se trasladó a Recoleta por el vallado dispuesto por el Gobierno porteño en las inmediaciones de su domicilio.

El acuerdo “se canalizó políticamente con la presentación ante el Ministerio Público Fiscal”, indicaron fuentes del Gobierno nacional.

“Aníbal Fernández había solicitado evitar que hubiera en la zona la Policía de la Ciudad y del Gobierno porteño que se morigeraran las expresiones, y se consiguió con diálogo político”, añadieron.

Asimismo, consignaron que “queda ahora personal de Tránsito de la Ciudad y la Policía Federal solamente en ese sector del barrio”.

La convocatoria del Ministerio Público Fiscal a los gobiernos nacional y de la Ciudad se dio luego de distintas denuncias “para generar pautas de convivencia al respecto de las manifestaciones en la casa de la vicepresidenta”, refirieron por su parte voceros del Gobierno porteño.

En ese sentido, destacaron que “se definieron criterios claros que van a impedir que se afecte el normal desarrollo de la vida de los vecinos de la zona”.

“Esto es una ratificación, en la Justicia, de los criterios de orden público que la Ciudad llevó adelante en todo el manejo de este tema”, completaron.

La vigilia en Recoleta de los manifestantes kirchneristas en apoyo a la Vicepresidenta comenzó el lunes 22 de este mes, luego que el fiscal Diego Luciani solicitara en el alegato que formuló en el juicio de la obra púbica en Santa Cruz una condena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la expresidenta.

DA