El cierre provisorio, según la versión oficial, del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” y el desmantelamiento de otras instituciones vinculadas a los derechos humanos, abre un interrogante sobre qué ocurrirá con los documentos y pruebas que allí se resguardaran y que fueron el sustento sobre el que se demostró la existencia de un plan sistemático para la desaparición de personas durante la última dictadura militar.

En el último tiempo fueron despedidos del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –ubicado en la exEsma– al menos 30 trabajadores de una planta de total de 130. Más de la mitad de las personas cesanteadas se desempeñaba en áreas de investigaciones históricas, lo que afecta en forma directa las respuestas a oficios judiciales. “Quedó una sola persona a cargo de la conservación de cinco kilómetros lineales de documentos ubicados en 14 depósitos, lo mismo que para dar respuestas a oficios judiciales y antecedentes de crímenes de lesa humanidad. Para la atención de la sala de consultas, no quedó nadie”, afirmaron algunos trabajadores consultados por elDiarioAR que prefirieron no dar sus nombres y apellidos.

A ese panorama se le suma que solo dos personas continúan trabajando en el área de digitalización de documentos y apenas una en la oficina de Recursos Humanos. Además, al frente del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado permanecen solo tres personas, quienes tiene la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones de víctimas y Centros Clandestinos de Detención (CCD), al igual que para la actualización de legajos de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP).

La Comisión, presidida por el escritor Ernesto Sábato, presentó hace poco más de 40 años ante la Justicia el informe “Nunca Más”, que dio cuenta de las detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos de hombres, mujeres y niños, así como también del robo de bebés a mujeres embarazadas secuestradas en centros clandestinos durante la última dictadura cívico-militar. Uno de los soportes materiales que permitió ordenar y organizar las declaraciones testimoniales de sobrevivientes y familiares de desaparecidos para el informe fue un fichero metálico que agrupó una gran cantidad de fichas enumeradas con el nombre y apellido de personas desaparecidas y de sobrevivientes y con categorías como “cese arresto”, “liberado”, “expulsado” y “desaparecido” para cada uno de ellos.

Aquel fichero forma parte forma parte del fondo “CONADEP” que resguarda la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales del ANM y, sujeto a técnicas de protección y conservación, se encuentra exhibido en el edificio del Archivo.

Allí también se encuentran preservados, entre otros documentos, agendas, afiches, actuaciones judiciales, álbumes fotográficos, anotaciones y recursos de amparos legales presentados para obtener información o conocer el paradero de las personas secuestradas y desaparecidas por el régimen militar. Una de las anotaciones rescata el recuerdo que relató una detenida ilegal, de nacionalidad española, tras recuperar su libertad: “Menciona que vio a un detenido que cantaba en francés”.

El Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti fue creado en 2008, bajo administración de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como un espacio de difusión y promoción de la cultura, la educación y los derechos humanos abierto a la comunidad. El nombre del Centro rinde homenaje al escritor, docente y periodista Haroldo Conti, quien fue secuestrado y desaparecido en 1976 por la última dictadura militar cuando tenía 51 años. El Conti, como otras instituciones dedicadas a la preservación de la memoria, se encuentra ubicado en el predio donde funcionó durante el régimen dictatorial uno de los Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CCDyT) más emblemáticos: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde estuvieron secuestradas cerca de 5.000 personas, de las cuales sobrevivieron alrededor de 200. Desde hace más de 16 años se ofrecen allí obras de teatro, cine, conciertos de música, danza y exposiciones de arte. Además, se llevan a cabo seminarios de políticas de la memoria y encuentros internacionales sobre derechos humanos. Uno de los objetivos del Conti es transformar en un espacio de arte y resignificación de lo que antes fuera un sitio emblemático de privación, exclusión y muerte. 

El cierre, por ahora provisorio, del Conti impidió esta semana, por ejemplo, que los visitantes pudieran recorrer la 35º Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, que expone más de 140 fotografías registradas en 2023 por unos 85 autores. Organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA), la muestra es considerada la más importante de la región.

La primera nieta recuperada, despedida

Como varias decenas de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, Tatiana Sfiligoy llegó este jueves a la puerta del Conti y se encontró con que su nombre estaba en el listado de despedidos. Sfiligoy es la primera nieta restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo y lleva más de 12 años como contratada en la Secretaría. “Veíamos venir los despidos, pero no sabíamos que sería tan ‘motosierra’. La lista de despedidos es enorme y horrible. Nos hace acordar a otras listas siniestras de otras épocas del país”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos. Sfiligoy, cuyos padres fueron secuestrados y desaparecidos en 1976 por represores de la última dictadura, consideró que los despidos de trabajadores “no tienen ningún asidero lógico, más allá de la postura del Gobierno de liquidar la política de derechos humanos” vigente en las últimas décadas. “Me llama la atención el coraje que han tenido para hacer semejante salvajada”, sostuvo.

Ante la presunción de que los despidos por parte de la Secretaría de Derechos Humanos iban a ser anunciados con el nuevo año, los trabajadores se manifestaron el viernes 27 de diciembre en la puerta del predio donde funcionó la ESMA. Ese día, según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se llevaron a cabo “tareas ilegales de inteligencia” con motivo del “monitoreo de la represión a la protesta social”.

La CPM registró la “presencia de personal policial de civil sin identificación que deambulaba entre los convocados y luego interactuaba con efectivos de la Policía de la Ciudad” en el predio situado en Avenida Del Libertador al 8100, en el barrio de Núñez. La Comisión advirtió que el mismo día “hubo agentes de fuerzas de seguridad realizando videofilmaciones de las y los manifestantes tanto en el interior como en el exterior del edificio” del Conti.

“Me preocupa que la sociedad no tome conciencia de esto porque venimos en un retroceso de derechos”, destacó Sfiligoy. 

La “reestructuración” que el secretario Alberto Baños plantea llevar a cabo en el Conti “es una señal de alarma importante”, dijo a elDiarioAR Verónica Torras, directora de Memoria Abierta e integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Para Torras, la decisión tomada por el Gobierno nacional “manifiesta una voluntad de cierre al menos temporal hasta que se pueda llevar adelante una reestructuración que no queda clara, aparentemente tanto de personal como de programas y de actividades”. Sin embargo, resaltó, es necesario “tener en cuenta que este es un Estado liquidador que no dejará nada en pie salvo que lo considere estrictamente indispensable. Por otro lado –sostuvo–, es evidente que no existe interés de este Gobierno en sostener un proyecto como el del Conti, que está en las antípodas de su perspectiva política e ideológica, y que seguramente asumirán como antieconómico”.

Torras opinó que el Gobierno de Milei “se encuentra por momentos en una posición bifronte, en la que no termina de asumir una hostilidad abierta con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia tal como se estructuraron o incluso tiene una retórica de aprobación, como la que manifestó Baños en la audiencia de noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde reivindicó, por ejemplo, que el Gobierno sostiene la ex ESMA, los sitios de la memoria, el rol como querellante en los juicios. En definitiva, sostuvo un discurso de defensa de estas políticas. El problema –destacó Torras– es que ese discurso no se sostiene en las decisiones que están tomando porque despiden a los trabajadores que llevan adelante las políticas, las dejan sin presupuesto, cierran los programas y los espacios.Y tampoco se sostiene en sus posicionamientos públicos en los que desprecian muchas veces lo que se ha construido en este campo y atacan a quienes han contribuido en ese proceso”, agregó.

Para Marina Franco, doctora en Historia e investigadora principal del Conicet, las políticas de derechos humanos “entran, en dos niveles, al dedillo en la lógica de la extrema derecha. Primero, en la destrucción de lo público y el desmantelamiento del Estado, en general. Y, segundo, en la eliminación de lo que le representa realmente sus enemigos ideológicos, en este caso las políticas de derechos humanos y todo aquello que el Estado ha hecho en las últimas décadas en ese sentido. El cierre provisorio del Conti y el desmantelamiento del Archivo Nacional de la Memoria forma parte de la destrucción del Estado focalizada en los mayores enemigos ideológicos”, consideró en declaraciones a elDiarioAR.

El Archivo, comentó Franco, es “el lugar de referencia fundamental de toda la documentación sobre derechos humanos después de la dictadura en adelante y, además, de la información que sirve para todos los juicios de lesa humanidad. Es gravísimo porque se trata de la destrucción del patrimonio histórico y de pruebas documentales sobre las violaciones de los derechos humanos en la Argentina”.

Las periodistas y escritoras Silvana Melo y Claudia Rafael encararon hace más de un año una investigación acerca de los padecimientos psiquiátricos que sufrieron los presos políticos en cárceles durante la última dictadura militar. Para obtener historias y testimonios de la época, recurrieron al Archivo de la Memoria; durante enero de 2023 trabajaron allí más de ocho horas diarias y obtuvieron la asistencia de entre seis o siete trabajadores. “Recibimos de ellos una ayuda imprescindible, porque nos guiaron en el camino de búsqueda de información a través de computadoras, documentos y expedientes judiciales. Aquella asistencia representó más de las 2/3 partes de nuestra investigación”, que será publicada en marzo próximo en formato de libro, contó Melo a elDiarioAR. En un sentido similar a Sfiligoy, Melo recordó que por segunda vez consecutiva se llevan a cabo desde el Gobierno de Milei despidos de trabajadores públicos un 31 de diciembre y por mensaje de WhatsApp. “La parálisis de la sociedad ante lo que está ocurriendo es tremenda”, agregó.

Fuentes judiciales recordaron a elDiarioAR que “gracias a un legajo” perteneciente a la documentación que preserva el ANM del trabajo hecho por la CONADEP se pudo descubrir que durante la última dictadura militar había funcionado, entre marzo y mayo de 1976, un Centro de Clandestino de Detención y Torturas en un inmueble ubicado en la calle Bacacay 3570, en el barrio de Floresta. El sitio estaba situado en la misma manzana donde, casi un año después, fue emplazado el Centro Clandestino “Orletti”. El legajo de la CONADEP “sobre el cual se trabajó fue el de Emma Le Bozec”, precisaron las fuentes judiciales consultadas. Le Bozec era maestra y poeta cuando el 30 de abril de 1976 fue secuestrada por un grupo de tareas y llevada al centro clandestino de la calle Bacacay. “Yo estaba preparando todo para festejar los cumpleaños de mis hijos (...) cuando irrumpieron estas bestias. Entraron encapuchados y con armas largas” contó años después acerca de su secuestro.

Los trabajadores del ANM consultados por elDiarioAR destacaron que a los 30 trabajadores despedidos hay que sumarle que otras 19 personas “están sin contrato y recién se están iniciando sus trámites” a tal fin porque les fueron cambiadas las condiciones del vínculo laboral. Además, otros trabajadores que pertenecen a las plantas transitorias y permanentes del Estado y que se desempeñan en el ANM sufrieron recortes en sus salarios que van del 40% al 60% porque se encontraban contratados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la institución que representa a todos los Concesionarios Oficiales de Automotores en el país y que, en los últimos años, se convirtió en un ente cooperador del Ministerio de Justicia. Mediante ACARA, los trabajadores percibían una buena parte de sus salarios en concepto de incentivos.

Los despidos también alcanzaron a trabajadores a cargo de los sitios de la memoria. Uno de ellos es el Centro de la Memoria Virrey Cevallos, situado en el barrio porteño de Monserrat, donde funcionó durante la última dictadura un CCD. El edificio está ubicado en la calle Virrey Cevallos al 600, a pocas cuadras del Departamento Central de la Policía Federal Argentina, y fue un centro clandestino a cargo del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Se estima que un centenar de detenidos-desaparecidos pasaron por allí. El lugar quedó al borde del desmantelamiento tras el despido de cinco de los siete trabajadores que se desempeñaban.

Esta semana se produjeron dos acontecimientos que son un botón de muestra de la orientación estratégica del mal-gobierno de Javier Milei. Se trata de un ataque gubernamental destinado a la destrucción de la memoria histórica y el patrimonio natural de nuestra Nación. 

El pasado irradia su luz para comprender el presente y permite proyectar un futuro mejor. Esa luz que quieren apagar, como quieren oscurecer el futuro sobre el cual se proyecta con la gran técnica de los destructores: tergiversar la comprensión del presente aprovechando las fisuras puntuales que los actuales mecanismos protectorios tienen para extrapolar en una política de aplastamiento sistemático del conjunto.  

Me refiero en este caso a la ofensiva contra la política de memoria, verdad y justicia destinado, entre otras cosas, a mantener el archivo de la CONADEP que se utilizan por ejemplo en los juicios de lesa humanidad y las instalaciones de la ex-ESMA donde se realizan todo tipo de visitas educativas que nos permiten mantener en la conciencia colectiva los horrores del Terrorismo de Estado. Es nuestro museo del Holocausto. 

Por otro lado, se evidencia una ofensiva sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, destinado a la conservación de la diversidad biológica del país. La Administración de Parques Nacionales participa en la administración de 72 áreas protegidas continentales y costeras con 6.022.240,52254 ha –una superficie mayor a Países Bajos (Holanda), Bélgica, Armenia o Dinamarca–. 

Este botón de muestra se aplica a muchas otras cosas: la demonización de la comunidad organizada (pasado), la sustitución de las organizaciones que trabajan solidariamente en los barrios por la narco-estructura (presente) y la destrucción del CONICET que proyecta nuestro desarrollo socioeconómico en el mundo del conocimiento (futuro); la destrucción del sistema previsional que desintegra nuestra memoria encarnada en los abuelos (pasado), el ataque al sistema nacional universitario del que egresan los profesionales cada año (presente), el avance de la pobreza y el hambre entre los niños (futuro); en cualquier lado donde miremos, vamos a ver este patrón. Es la miseria y la dependencia planificada. 

En relación a la ex-ESMA la drástica reducción del personal y el cierre del Centro Cultural de la Memoria Conti ponen en riesgo, entre otras, las siguientes áreas: 

No quedó nadie para la atención de la sala de consultas, más de la mitad del personal del área de Investigación fue despedido, afectando tanto las investigaciones como las respuestas a oficios judiciales. Quedó una sola persona a cargo de la conservación de ¡5 km de documentos ubicados en 13 depósitos!

Tal vez lo más grave: en el registro único de víctimas del terrorismo de estado quedan solo tres personas para las investigaciones de víctimas, centros clandestinos de detención y para la actualización de legajos CONADEP. Para las respuestas a oficios judiciales y antecedentes de crímenes de lesa humanidad: quedó una sola persona.

Esta misma semana, hubo 30 despidos en la Administración de Parques Nacionales de los cuales 10 son brigadistas. Esto se suma a los 100 despidos que hubo en marzo y junio, y las constantes renuncias y reducciones horarias de los trabajadores a raíz de la incertidumbre generada; todos puestos que no fueron cubiertos. Cinco de los últimos despidos sucedieron en el Parque Nacional Los Glaciares. En este Parque, la situación más grave y urgente sea tal vez la reducción del personal de la Brigada Incendios, Comunicaciones y Emergencias de la seccional El Chaltén que queda sólo con 7 personas en plena temporada turística donde los riesgos de accidente son aún mayores. Son 726.927 hectáreas el parque; ahora cada brigadista, sumando a los de la seccional Sur, tiene 45 mil hectáreas a cargo. Toma mate. Este Parque es el más grande del país. Ahí está el famoso Glaciar Perito Moreno y el Monte Fitz Roy. Fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde 1981. Recibe más de 600.000 visitantes anuales. No es joda. Son vidas. No da lo mismo. 

Hablando con Andrea Torres, brigadista de la seccional y compañera de militancia, trabajadora destacada desde hace once años, me comenta algo que agrava aún más la situación y que desde luego está en tono con la batalla cultural. Su jefe, Horacio Pelozo, muy suelto de cuerpo la llamó a decirle que a ella la despedían por su militancia… militancia que se reflejaba en sus redes sociales. Otra vez espionaje y persecución ideológica. 

No se trata de un caso aislado… en su batalla cultural por el fundamentalismo de mercado, que paradójicamente desarrollan con estilo fascista desde los aparatos del Estado, todo personal asociado a temas como ambientalismo, soberanía o derechos humanos es sospechoso de simpatizar precisamente con estas causas y tener alguna militancia. En la mayoría de los casos, las sospechas son fundadas. El problema es que en una democracia eso no es delito ni causal de despido. 

Debo señalar el escaso potencial de la resistencia frente a estas medidas y la falta de relevancia en la agenda política del campo nacional-popular. Es un signo de los tiempos. Espero que la militancia emergente esté a la altura y de la batalla con el coraje que corresponde a semejantes crímenes.

Este episodio aborda la cuestión de la memoria de los años 70 a través del trabajo de la CONADEP y el informe del Nunca Más. Emilio Crenzel y Hugo Vezzetti conversan con Camila Perochena en torno a los dilemas y debates que planteó la memoria de la dictadura desde 1980 hasta la actualidad.

Conducción: Camila Perochena

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

MM

Graciela Fernández Meijide y Daniel Marcelo Salvador, ex miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), recibieron este jueves en la Facultad de Derecho, el título Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En la ceremonia, participaron Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho, y Jorge Biglieri, decano de la Facultad de Psicología. La laudatio académica estuvo a cargo del Dr. Ricardo Gil Lavedra -para la investidura de Fernández Meijide- y de Jorge Biglieri para la de Salvador.

Ricardo Gelpi, rector de la universidad, destacó: “En el año en que se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, es un honor poder homenajear a dos personas que tanto hicieron por el retorno democrático y la consolidación del estado de derecho”. Agregó que “somos una institución académica y como tal, tenemos una enorme responsabilidad en la formación de varias generaciones de argentinos, a quienes debemos educar en la inclusión, en la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos, desarrollando el pensamiento crítico que nos permita construir un futuro mejor”.

Gelpi concluyó su intervención diciendo: “Para ello, nada mejor que conocer y reconocer el trabajo de quienes marcaron el camino para que hoy nadie tenga dudas acerca de que en este país se deben respetar las garantías constitucionales, los derechos humanos y la democracia. Todo eso, se lo debemos, entre otros, a Graciela Castagnola de Fernández Meijide y a Daniel Marcelo Salvador, que a partir de ahora, serán merecidamente, Doctora y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires”.

Rosa Graciela Castagnola de Fernández Meijide obtuvo los títulos de Maestra Normal de la Escuela Normal Superior Nº5 y de profesora de Francés del Instituto Superior Nacional del Profesorado Lenguas Vivas. Dictó cursos y seminarios sobre Derechos Humanos en esa Universidad y en la Universidad Nacional de La Plata. Publicó varios libros, entre los que cabe destacar “Las cifras de la guerra sucia”, “Derecho a la esperanza” y “Eran humanos, no héroes”.

Fernández Meijide fue Diputada y Senadora Nacional, Ministra de Desarrollo Social y Medio Ambiente durante el período 1999-2001 y Secretaria de Recepción de Denuncias de la CONADEP. Obtuvo numerosos premios y distinciones como la Orden al Mérito de la República Italiana, Cavaliere Di Gran Croce; Premio Konex 2018 y Commandeur de la Légion D’Honneur de la República Francesa.

Además, la política y activista es miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de Inter-American Dialogue. Fue miembro del Consejo de Presidencia, de la Mesa Directiva y de la Comisión Ejecutiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Daniel Marcelo Salvador es abogado y se desempeñó como Senador y Diputado de la Provincia de Buenos Aires y Diputado Nacional. Fue Director Nacional de Seguridad en el Ministerio del Interior durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, y Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires durante el período 2015-2019. En la CONADEP, fue Secretario de Procesamiento de Datos.

Salvador es autor de libros como “El nuevo municipio: Desafíos y perspectivas y Seguridad pública cuestión de Estado”; y recibió el Premio “Julio César Strassera” del Honorable Senado de la Nación Argentina.

LC

El autor de la iniciativa, el diputado Emiliano Balbín de Juntos por el Cambio, dijo: “Durante toda su carrera se mostró contraria a la violencia de cualquier signo, con una concepción del periodismo pluralista, y al finalizar la dictadura, a partir del gobierno de Raúl Alfonsín, se convirtió en miembro activo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)”.

El diputado detalló que la labor de Magdalena Ruiz Guiñazú en la Comisión se destacó por la investigación del Centro Clandestino de Detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y sus aportes en la realización del documental televisivo Nunca Más y el posterior homónimo libro que reunió todas las pruebas acumuladas por la Conadep.

“Entrados los años 80 -continuó el legislador- tomó una actitud de defensa de los derechos humanos desde distintos organismos. Al mismo tiempo, desde su programa de radio, fue la primera en dar voz a las Madres de Plaza de Mayo en pleno proceso militar”.

Agregó que para Magdalena, “la defensa de los derechos humanos y del periodismo independiente nunca fue un relato vacío, y honró esas convicciones con el trabajo y obra de su vida”. “Le puso el cuerpo y la mente a la lucha de una causa justa, en los momentos más oscuros de la Argentina, cuando pocos se animaban a alzar la voz”, dijo Balbín.

Este martes, dirigentes políticos tanto del oficialismo como de la oposición y organizaciones de derechos humanos manifestaron su “tristeza” por el fallecimiento de la periodista y locutora Ruiz Guiñazú, figura de la radio argentina y miembro de la Conadep en 1984. 

LC con información de agencia Télam

Magdalena nació en una familia que no la esperaba. Su madre María Celina tenía 7 hijos y 44 años a comienzos del siglo pasado, en un tiempo en el que, a esa edad, casi nadie quedaba embarazada del octavo. Hija de un padre diplomático, se crió entre Ginebra y Roma y el Palacio San Martín fue su casa mientras su padre fue canciller. Deseó estudiar una carrera universitaria en un ambiente en el que nadie aspiraba a que las mujeres fuesen profesionales. Se casó, formó una familia con cinco hijos y en cuanto pudo se metió en la redacción de una revista para público femenino, que fue su forma de ingresar al periodismo. Se separó en una época en la que el divorcio legal no existía, cuando las esposas no se separaban.

Pegó el gran salto profesional cuando Cacho Fontana la llevó a trabajar de movilera para su programa en Radio Rivadavia y nunca más dejó de llevar un grabador en la cartera. Por las dudas que en la calle se le cruzara una noticia (no hace tanto tiempo, una mañana llegó a Radio Continental un poco más tarde de lo habitual, sacó el grabador de la cartera y nos contó que había frenado a entrevistar al comisario que tomaba declaración en un choque). Si Cacho la llamaba y le proponía algún viaje al exterior, demoraba segundos en armar la valija, y así fue siempre con su profesión.

Cuando Alfonsín la convocó a que formara parte de Conadep vivía sola con sus cinco hijos. Enfrentó amenazas y sintió la desaprobación de la parte más conservadora de su familia, pero tuvo la convicción de que lo suyo era un deber cívico

Con el Tano, el amor de su vida, su pareja por veinte años, sólo convivieron en vacaciones. Formaron una pareja de camas separadas, una excentricidad a la que ella no le asignaba ningún valor en particular, porque no era del tipo de persona que se jactara de nada. Se crió en una familia muy católica, fue amiga del padre Carlos Mugica y se pronunció a favor de la legalización del aborto cuando casi nadie lo hacía. Tenía una forma curiosa de ser feminista. Con Magdalena Tempranísimo, fue la primera mujer que ocupó un lugar de relevancia en la radio con un programa político de primera mañana; entrevistó a militares, políticos, empresarios y sindicalistas por décadas; y despertó a varias generaciones con las canciones de María Elena Walsh. Fue una pionera, pero nunca hizo hincapié en su condición de mujer. Como si marcar la diferencia hubiese implicado pedir que sus colegas varones le tuvieran algún tipo de contemplación especial, un signo de debilidad.

Le encantaba dormir, pero tampoco se quejaba de que su despertador sonara a las 4 de la mañana: lo consideraba parte de su trabajo. Todo le daba curiosidad y nada le despertaba más pasión que el oficio del periodismo. Amaba a sus nietos y a sus hijos, amaba el mar, el sol y su casa en Punta del Este, amaba el teatro, sus amigos y la literatura, amaba la radio, los dulces y los sandwichitos de miga de su panadería favorita, que traía envueltos en un repasador húmedo cuando nos tocaba trabajar los domingos de elecciones. Amaba la vida y odiaba que le preguntaran su edad. Si hacía falta mentía (creo que mentía) acerca de su edad.

Era coqueta -podía dormir con ruleros, ponerse polvo en la cara y delinearse los ojos de madrugada-, resguardaba su vida privada y era pudorosa con el dolor; lo mencionaba poco, pero el más grande que tuvo fue la muerte de su hijo médico, Prica, de 28 años. Recibía los reconocimientos con modestia, pero los valoraba. Ganó no sé cuántos Martín Fierro, incluido el de Oro, y siempre quiso el que estaba por venir. Me tocó ganar uno como columnista de su programa cuando empecé a trabajar a su lado en Radio Continental. Cuando llegué a la mesa que compartíamos, me abrazó y me dijo: “Es el primero”. Nunca pensó en jubilarse ni en escribir sus memorias: no era el tipo de persona a la que le gustara mirar para atrás, sentía que todavía le quedaban demasiadas cosas por hacer.

Rara vez hablaba de sus logros, mucho menos de su valentía. Una vez me contó, como quien relata una travesura, que en plena dictadura el general Albano Harguindeguy, adoctrinado por los franceses en métodos de tortura en Argelia y por los norteamericanos en la Escuela de las Américas, convocó a un grupo de mujeres que trabajan en los medios a la Casa Rosada. Las invitó a tomar el té. Magdalena sacó su grabador, le hizo preguntas, preguntas que le incomodaron, que el general no esperaba recibir de las señoras. Volvió al estudio y logró que la dueña de entonces de Radio Continental, Elizabeth Vieguener de Uadquiola las pusiera al aire a pesar de la censura. Siempre le atribuyó el mérito a Uadquiola: “Una alemana increíble”, me dijo.

Cuando Raúl Alfonsín la convocó a que formara parte de Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, en el año 1983, vivía sola con sus cinco hijos. Enfrentó amenazas -llamados permanentes a la línea de su casa de gente que se quedaba muda cuando atendían- y sintió la desaprobación de la parte más conservadora de su familia, pero tuvo la convicción de que lo suyo era un deber cívico al que no podía renunciar. Los argumentos de Alfonsín para promover las leyes de obediencia debida y punto final nunca la convencieron y enfrentó el indulto de Carlos Menem. Sufrió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la actitud de algunas madres y abuelas de Plaza de Mayo que repentinamente olvidaron su trabajo en la CONADEP y olvidaron también su actitud cuando aún gobernaban los militares. No dijo nada, hasta que un día Hebe de Bonafini anunció que le haría un juicio público por haber sido cómplice de la dictadura. A ella.

Ese día llegó a la radio con su grabador, como siempre, pero traía un casete viejo. Rebobinó la cinta y le pidió al operador que la pusiera al aire. En la cinta se escuchó a una Hebe de hablar suave que le decía: “Usted fue la primera que habló de las Madres por la radio. Eso no lo olvidamos nunca”. Bonafini se refería a una nota en la que se había quejado de que nadie más las atendía. Magdalena le respondió, como si ella no tuviese ningún mérito en particular: “Yo creo que nadie puede dejar de saber lo que significa los pañuelos blancos con los nombres de sus hijos”.

La chica que llegó al mundo en forma inesperada nunca se interpuso en el camino de una noticia para ser ella la protagonista, pero hoy no queda otra, toca despedirla: chau Magda. Gracias.

 CC