La red social X (anteriormente conocida como Twitter) actualizó su política de privacidad para introducir la recolección y tratamiento de datos biométricos de sus usuarios, según aparece ya en la versión en inglés del documento. La información biométrica de una persona es la que incluye parámetros sobre sus rasgos físicos, como los patrones de la cara, de su huella dactilar o del iris. X afirma que usará estos datos para mejorar la seguridad de la plataforma y agregar un sistema de reconocimiento facial a sus miembros de pago.

“Basándonos en su consentimiento, podemos recoger y utilizar su información biométrica con fines de seguridad e identificación”, reza la nueva política de protección de datos de X en su versión en inglés. Facebook (hoy renombrada Meta) lo hizo hasta 2021 sin pedir autorización expresa, lo que le valió varias multas a ambos lados del Atlántico.

En un comunicado enviado a varios medios estadounidenses, X afirmó que su principal objetivo para los datos biométricos es aportar una nueva capa de verificación para los usuarios suscritos. De esta forma, los miembros de X Premium (con un precio de algo menos de 10 euros al mes) podrían incorporar una herramienta que analice su cara cada vez que inician sesión o hacen cambios en su cuenta para comprobar su identidad. La información base para el examen sería un documento oficial como el DNI, según adelantó la red social.

“Esto también nos ayudará a vincular, para aquellos que elijan, una cuenta a una persona real mediante el procesamiento de su identificación emitida por el gobierno”, explicó la compañía en un comunicado enviado a diversos medios estadounidenses. elDiario.es preguntó a X si la nueva política se está aplicando ya a los usuarios europeos, pero no recibió respuesta.

“Esto también ayudará a X a combatir los intentos de suplantación de identidad y hacer que la plataforma sea más segura”, incide. Sin embargo, apenas unas horas antes del cambio en la política de privacidad, Elon Musk anunció que X incorporará próximamente la capacidad de realizar videollamadas con otros usuarios de la plataforma. Un servicio con el que la empresa podría extraer también los datos que incluye su nueva política de privacidad.

Además de los datos biométricos, X también pasará a recoger información referente a la vida laboral y académica de sus usuarios. El objetivo de Musk es fomentar el uso de X como red profesional, similar a LinkedIn. El objetivo a largo plazo es convertirla en “la app para todo”, el primer intento de una plataforma occidental de ocupar el espacio que WeChat tiene en China.

“Podemos recopilar y utilizar su información personal (como su historial laboral, su historial educativo, sus preferencias de empleo, sus habilidades y capacidades, su actividad y compromiso en la búsqueda de empleo, etc.) para recomendarle posibles puestos de trabajo, para compartirla con posibles empleadores cuando solicite un empleo, para permitir a los empleadores encontrar posibles candidatos y para mostrarle publicidad más relevante”, detalla X.

La versión de pago de Facebook e Instagram

Cuando Twitter lanzó su versión de pago, inédita entre las grandes redes sociales, no pocos analistas dudaron de su encaje en el sector que inventó y desarrolló el modelo de ofrecer servicios sin coste económico a cambio de datos personales.

Sin embargo, el mayor gigante de la industria podría seguir sus pasos menos de un año después. Según reveló The New York Times, Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) está trabajando en una versión de pago de sus redes sociales que se lanzaría en Europa. La suscripción permitiría a los usuarios acceder a Facebook e Instagram sin publicidad e impedir la recolección de datos personales por parte de la multinacional.

La estrategia sería una respuesta a las repetidas sanciones que Meta recibió por enviar datos de sus usuarios europeos a EEUU. La práctica fue prohibida en dos ocasiones por el Tribunal de Justicia de la UE y la persistencia de Meta en llevarla a cabo le valió una multa de 1.200 millones de euros el pasado mayo, que Meta anunció que recurrirá ante la justicia.

elDiario.es preguntó a Meta por la información sacada a la luz por el Times, pero una portavoz de la compañía aseguró que esta no tiene nada que comentar sobre ella. Según el artículo, las versiones sin coste económico de Facebook e Instagram seguirían disponibles en la UE, pero las suscripciones de pago sin anuncios y sin recolección de datos ayudarían a Meta a aliviar la presión de los reguladores.

La jueza porteña Elena Amanda Liberatori declaró hoy la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial que aplicó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que “se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes” del distrito.

En la resolución, Liberatori, a cargo del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 14, dio lugar al amparo colectivo presentado a fines del 2020 por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (Odia) contra la administración que encabeza de Horacio Rodríguez Larreta.

La acción cuestionó la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que dispusieron la aplicación del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), una tecnología que permitió el acceso a datos biométricos de casi 10 millones de personas, según constató la investigación judicial.

En su presentación, el Observatorio advirtió que las medidas de seguridad, implementadas a través de una empresa privada, “no fueron precedidas por un debate profundo acerca de la pertinencia y seguridad del sistema”.

También destacó que “se conculcaba el debido proceso, en virtud de que, a su criterio, cualquier persona sería 'juzgada' por un sistema de inteligencia artificial, sin la posibilidad de estar a derecho”, por lo que requirió como medida cautelar que “se suspendiese la aplicación de las normas indicadas”.

En el fallo de hoy, Liberatori hizo lugar a la acción de amparo “declarando la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Resolución 398/19 en cuanto el SRFP se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires”.

También, determinó “la nulidad de todo lo actuado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad en el marco del SRFP, en violación del artículo 3 del Anexo de la Resolución 398/19, es decir, sin orden judicial constatable”.

Y supeditó “la puesta en funcionamiento del SRFP a la constitución y debido funcionamiento de los órganos de control, como la Comisión especial de seguimiento de los sistemas de video vigilancia en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad y Defensoría del Pueblo de la Ciudad”.

En la resolución, en tanto, la magistrada consideró que “la mera eventualidad de estas falencias, con las consecuencias que se derivan en los derechos personalísimos de las personas afectadas y la ausencia de controles - no por no estar contemplados en las leyes, sino por la ausencia de debida implementación conforme a ellas-, demuestra un grave grado de riesgo de vulneración de derechos personales”.

En rigor, la causa que investiga irregularidades en la utilización de datos biométricos por parte de quienes tienen acceso al sistema de reconocimiento facial estuvo a cargo del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Roberto Gallardo hasta julio pasado.

No obstante, fue apartado por el Tribunal Superior de Justicia al hacer lugar a una recusación planteada por el Gobierno porteño en julio pasado, por lo cual Liberatori quedó a cargo del expediente.

La recusación presentada contra el juez Gallardo se produjo luego de que, en abril, el magistrado dispusiera, de modo cautelar, la suspensión por parte del Gobierno porteño del SRFP tras detectar un presunto uso irregular que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

DA