El 15% de los trabajadores asalariados del país no logra alimentarse adecuadamente, incluyendo a aquellos que cuentan con un empleo formal (7%), según expuso un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA.

El reporte reflejó que la denominada inseguridad alimentaria afecta mayormente a los trabajadores del sector informal, con una incidencia del 24% de los asalariados, frente a un 9,8% en el sector formal y un 14,1% entre empleados públicos.

Al puntualizar en la afectación de los problemas alimentarios para los empleados formales asegura que eso “refleja un problema que trasciende la mera inserción laboral”, aunque reconoce que “los trabajadores sin aportes a la seguridad social presentan niveles de inseguridad alimentaria notablemente superiores en comparación con aquellos con aportes”.

El informe también hace referencia a la incidencia de la cantidad de horas trabajadas al detallar que el 21,1% de los subocupados tiene dificultades para alimentarse bien. La proporción se reduce al 13,3% entre los sobreocupados y al 12% entre quienes tienen jornada completa.

A nivel regional, el Conurbano bonaerense aparece como el área más crítica, con un 18,9% de asalariados en situación de inseguridad alimentaria, mientras que en el interior la cifra merma al 14,8% y en la Ciudad de Buenos Aires cae al 7,1%.

En la medición por género, el estudio señala que las mujeres (15,5%) se ven apenas más afectadas que los hombres (15%). Mientras que en edad, los que más padecen la alimentación irregular son los trabajadores de entre 35 y 54 años (17,1%), seguidos por aquellos que tienen entre 18 y 34 años (14,3%) y por último los mayores de 55 años (12%).

Asimismo, afirma que “los trabajadores afiliados a sindicatos tienden a tener mayor seguridad alimentaria, lo que podría relacionarse con mejores condiciones laborales y acceso a derechos”.

Además, la UCA remarcó que “en estratos socioeconómicos bajos, hogares en situación de pobreza y personas con menor nivel educativo, la inseguridad alimentaria es más alta” y agregó: “Los factores geográficos y el desarrollo territorial también influyen en los niveles de seguridad alimentaria”.

En este sentido, de los argentinos que trabajan y cuentan con estudios universitarios o más sólo el 4,6% son afectados, mientras que entre aquellos que tienen el secundario incompleto la incidencia se eleva hasta el 34%.

En cuanto a la situación de los hogares que sufren condiciones de vulnerabilidad, el documento refleja que el 38,6% de los trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza sufren inseguridad alimentaria mientras que de los que no son pobres el nivel de afectación alcanza el 6,9%.

La ONG española “Manos Unidas” aprobó 110 proyectos de seguridad alimentaria y acceso a medios de vida destinados a garantizar el derecho a la alimentación para poder hacer frente a las necesidades diarias de las personas apoyadas en 2022.

Se trata de proyectos de agroecología a fin de que la obtención de alimentos se produzca con unas prácticas respetuosas con el medioambiente, donde se garanticen los derechos de trabajadores y trabajadoras, se cuide la tierra y el agua y se empodere económicamente a las mujeres para que luego incidan positivamente en sus comunidades.

En España, además, Manos Unidas realiza actividades de educación para el desarrollo que promueven la conciencia y la participación responsable de la sociedad en las iniciativas que permiten construir justicia y solidaridad.

“Esta labor de sensibilización busca cómo hacer de la lucha contra el hambre un objetivo realizable y primordial para garantizar un mundo sea cada día un poco más humano y sostenible”, sostiene la organización coincidiendo con el Día Internacional de la Seguridad Alimentaria que se celebra este miércoles, 7 de junio.

Según un informe elaborado por Naciones Unidas en 2022, “ya son 828 millones de personas las que no pueden alimentarse dignamente (el equivalente al 9,8 % de la población mundial)”. “Si esta cifra sigue aumentando, las personas que sufrirán hambre en 2030 podrían alcanzar los 1.000 millones”, alerta María José Hernando, del departamento de Estudios de Manos Unidas.

“Se estima, además, que 3.100 millones de personas no pueden acceder a dietas saludables y unos 2.300 millones de personas en el mundo sufren de 'inseguridad alimentaria'; es decir, no tienen acceso regular a suficientes alimentos, o porque no pueden cultivarlos o porque no pueden comprarlos”, ha añadido Hernando.

Unos 149 millones de niños menores de cinco años sufren retraso en el crecimiento y el desarrollo, debido a la falta crónica de nutrientes esenciales en su dieta. “La pobre nutrición causa cerca de la mitad de las muertes en los niños menores de 5 años - 3.1 mil niños cada año. Y en torno al 50 % de las personas que pasan hambre en el mundo son de familias agricultoras que viven en zonas rurales y trabajan la tierra”, ha agregado Hernando.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se produce lo suficiente para alimentar a casi el doble de la población mundial actual. Pero, a pesar de ello, sigue habiendo una ingente multitud de personas con hambre.

Esta situación está vulnerando, según la organización, el Derecho a la Alimentación de todas las personas, según el cual todo hombre, mujer, niño o niña deben poder disponer de alimentos suficientes, asequibles y saludables.

EL “GRAN ESCÁNDALO” DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO

Mientras que las cifras del hambre siguen subiendo, cada día se pierden o desperdician toneladas y toneladas de alimentos. En España, según Manos Unidas, cada año se desperdician 7,7 millones de toneladas de alimentos, mientras que seis millones de personas sufren pobreza alimentaria por falta de recursos.

Fidèle Podga, del departamento de Estudios de la Manos Unidas, ha explicado que “a nivel global, cerca del 14 % de los alimentos producidos se pierden entre la cosecha y la venta minorista por la falta de demanda en los mercados o la imposibilidad de vender localmente -lo que hace que los propios agricultores pierdan la producción-, por la incapacidad para conservar o transformar en el mismo ámbito rural los alimentos producidos y por pérdidas en el transporte”.

“Además, ha continuado Podga, aproximadamente el 17 % de la producción total de alimentos se desperdicia o se tira a la basura sin consumir (11 % en los hogares, 5 % en la restauración y 2 % en el comercio al por menor). Los alimentos que se pierden y desperdician representan el 38 % del uso total de energía en el sistema alimentario mundial”.

Coincide con él, Marco Gordillo, coordinador del departamento de Campañas de Manos Unidas, que ha asegurado que “La pérdida y el desperdicio alimentario sigue siendo uno de los factores más escandalosos con el que nos encontramos cuando trabajamos por el derecho a la alimentación de todas las personas”.

Gordillo ha alertado, además, de que “el desperdicio de alimentos deja una gran huella ambiental que deteriora más nuestro planeta: la producción alimentaria masiva emplea 420 millones de hectáreas de tierra fértil; gasta la energía equivalente a 300 millones de barriles de petróleo; genera el 10 % de los gases de efecto invernadero; consume el 25 % del agua dulce disponible y contamina tierras y aguas por el uso excesivo de agroquímicos”.

Para Manos Unidas es fundamental reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos para poder ir dando paso a unos sistemas agroalimentarios sostenibles que sean más eficientes en el uso de los recursos naturales, disminuyan los efectos negativos del actual sistema de producción y consumo sobre el planeta y el clima global, y garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición de la población mundial.

“Para eso, ha aseverado Gordillo, promover una economía circular en la que nada se pierde, sino que puede transformarse y reutilizarse, y favorecer una mayor conciencia en el cuidado de la naturaleza y el uso responsable y sostenible de los alimentos, resulta urgente”.

Europa Press.

IG

33 millones de personas padecen hambre en Brasil; es un 15,3% de la población que carece de medios para comprar comida y viven de restos encontrados en bolsas de basura, o donados eventualmente. Así lo confirma la Encuesta Nacional de Soberanía e Inseguridad Alimentaria (IA), publicada esta semana. El documento pone de relieve el alcance de ese fenómeno en un país que es el primer exportador mundial de carne bovina y de aves. La inseguridad afecta a una proporción mucho más amplia de la ciudadanía: son 125 millones de brasileños que temen no contar con recursos para comprar alimentos en un futuro próximo.

La ONG Acción de la Ciudadanía, fundada hace 30 años por el sociólogo Hebert de Souza, advirtió que el último año fue uno de los peores en el mapa del hambre brasileño; donde 58% de los hogares padecen inseguridad alimentaria grave, moderada o leve. A título de comparación, Brasil supera la media mundial de IA de 29,3% del total de  habitantes del Planeta. Según la Ong, “la pandemia de Covid-19 expuso en forma muy abierta  las tremendas desigualdades sociales del país”. El estudio (conocido por sus siglas PENSSAN), desentrañó un rostro todavía más cruel: 37% de los hogares con inseguridad alimentaria severa o moderada, son aquellos con niños menores de 10 años. 40% de esos domicilios están localizados en los 9 estados provinciales del Nordeste.

La encuesta que acaba de editarse expone “los niveles alarmantes de hambre”, al punto que “ahora incorpora segmentos de la clase media que anteriormente estaban socialmente protegidos”. Señala que, incluso aquellas familias que reciben el subsidio “Auxilio Brasil” (de 120 dólares mensuales), “no consiguen destinarlo en forma integral a la compra de alimentos, ya que debe utilizar ese ingreso a otras necesidades básicas como alquiler, transporte, luz y agua”. Así lo confirmó Ana María Segall, investigadora de la Red Penssan.

El estado más rico de Brasil, San Pablo, encabeza en términos absolutos el ranking del número de personas que sufren de falta de comida en sus tres variantes (leve, media y grave). Son nada menos que 26 millones de personas (sobre un total de 45 millones)  que sobrellevan las penurias en condiciones, con frecuencia, muy deterioradas. En la capital hay 7 millones de paulistanos que soportan alguno de los tres niveles de insuficiencias.

Una investigación del el Observatorio Brasileño de Políticas Públicas (de la Universidad de Minas Gerais), reveló cómo impacta la extrema pobreza en la capital paulistana. Indicó que viven en las calles 43.000 personas y reveló, también que aquellas personas en situación de calle son “mayoritariamente negras”. El sacerdote católico Julio Lancellotti, de la Pastoral del Pueblo de la Calle, juzgó que “la desarticulación y falta de continuidad de las políticas públicas, hace que el problema sea cada vez más visible. Crece entonces el miedo y el odio a los pobres”.

En términos proporcionales, es en el Norte del país donde hay más hogares que padecen insuficiencia alimentaria grave (25,7% ); luego le sigue el Nordeste (con 21%). Ese hecho está relacionado con otro dato: el estipendio del gobierno de Jair Bolsonaro provee de recursos a solo 50 millones de brasileños, la mitad de los que eran beneficiados con el programa “Bolsa Familia”. Es que el plan bolsonarista solo ayuda a la población cuyo ingreso per cápita es menor a medio salario mínimo, esto es 60 dólares mensuales.  “Esto deja afuera a aquellos que socialmente son elegibles para recibir esa renta, por lo cual va en aumento la inseguridad alimentaria” indicó Rosana Salles, de la Red Penssan.

Para el economista Adhemar Mineiro, del Dieese (Departamento Inter-sindical de Estadísticas y Estudios Económicos) , las cifras “son el resultado de un modelo económico que combina falta de políticas sociales con la reducción de los ingresos a partir de 2018. En su visión, “Brasil depende cada vez más de alimentos con precios dolarizados que fija el mercado internacional”.

Por todas estas causas, ha pasado casi desapercibida la relativa recuperación de la actividad económica. Los grupos sociales más vulnerables son empujados, en este contexto, a convivir con el hambre, con la falta de vivienda, la ausencia de servicios sanitarios y de salud.

CC