¿Descontrol en la Aduana, uno de los organismos bajo el manto del asesor presidencial Santiago Caputo? Este martes, tras la reunión habitual de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), se emitió un comunicado, como de costumbre, y el asunto principal fue la advertencia sobre un fuerte incremento de ingresos de mercadería por contrabando.

“Este problema genera un aumento en la informalidad, resulta un riesgo para los consumidores y socava el mercado a quienes pagan impuestos”, alertó la UIA. El peligro al que se refiere es que los productos contrabandeados no necesariamente cumplen las normas de seguridad y sanidad que se exigen a los importados legalmentes.

“Los representantes de las cámaras de indumentaria, textil y calzado manifestaron la preocupación sobre la competencia desleal que plantea la venta online de productos desde plataformas sin ningún tipo de pago de impuestos, y el vacío legal en su control”, apuntaron no sólo a Shein y Temu sino también al comercio electrónico por redes sociales de ropa o zapatillas que vienen del extranjero por bagayos en las fronteras con Bolivia o dentro de contenedores que arriban al puerto, y que muchas veces contienen marcas falsificadas.

“La Cámara de Tabaco señaló que los productos sin humo -se refiere la UIA al cigarrillo electrónico- son consumidos por 1,4 millones de adultos en la Argentina, a pesar de la prohibición absoluta de su venta, y planteó las dificultades que ocasiona la falta de normativa local para regular su producción, calidad y componentes”, agregó la entidad. También sigue el clásico contrabando de cigarrillos tradicionales.

“Desde la Cámara de la Industria Cervecera resaltaron que el 40% de la mercadería relevada en puntos de venta en AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) no tenía un origen legal y advirtieron sobre el efecto que genera la ley aduanera actual en la vuelta de los productos confiscados al mercado a través de subastas dispuestas por Aduana, sin los debidos controles sanitarios y a precios viles”, agregó la UIA.

Agustina Briner, directora de los departamentos técnicos de la UIA, aboga por que se refuercen controles y se revise la normativa vigente, que fue modificada por el gobierno libertario para acotar la vigilancia de productos importados en general. A tono con su ideología. Estos cambios sumados a un tipo de cambio que era bajo hasta hace pocos días estimularon las importaciones, incluidas aquellas de contrabando, que no pagan aranceles ni son revisados para ver si entran con dumping (precios por debajo del costo, que son considerados competencia desleal) o si incumplen con normas de seguridad y salubridad.

“Entran alimentos, bebidas, ropa, electrónica, celulares, productos de higiene, calzados, cigarrillos, grifería, caños de acero”, enumera Briner. Son bienes que entran por la frontera, que siempre fue un colador, pero que ahora aparece más permeable. Lo cuentan industriales que anduvieron por el límite con Bolivia, tanto en La Quiaca (Jujuy) como Aguas Blancas (Salta), o por la Triple Frontera con Ciudad del Este (Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil). Pero también se contrabandea en los puertos de Buenos Aires, en productos dentro de contenedores que antes iban por canal rojo, como los de ropa, calzado, ferretería o juguetes, y ahora por el cambio reglamentario van por el verde, con revisiones aleatorias.

“El contrabando es un fenómeno que afecta a todos los productos electrónicos”, cuenta Ana Vainman, directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Terminales de Electrónica (Afarte), que nuclea a las de Tierra del Fuego. “Los celulares son los más afectados. Tanto es así que uno de cada tres celulares que se activa en la Argentina no fue fabricado en el país ni importado legalmente”, continúa Vainman. En una empresa fueguina cuentan que el 40% del mercado de teléfonos de gama baja entra de forma ilegal, sobre todo desde Paraguay.

“Pero también hay contrabando de computadoras, de televisores y hasta de equipos de aire acondicionado, pese al tamaño que tienen”, continúa Vainman. “La mayoría de estos productos son de origen chino, ingresan al país a través de Paraguay y luego se comercializan en plataformas de comercio electrónico. Pero también se han detectado comercializaciones en redes sociales y tiendas físicas”, añade la ejecutiva de Afarte.

“El contrabando de calzado en la Argentina, que va de la mano de la falsificación, ha crecido de una manera exponencial”, describe el secretario de la Cámara de Industria del Calzado, Horacio Moschetto. “Entran millones de pares contrabandeados y falsificados de las dos fronteras nortes, tanto de Bolivia como de la Triple Frontera, en menor medida. Hay muchísima mercadería de contrabando ofrecida a través de las redes”, coincide Moschetto. Por ejemplo, Instagram o Facebook. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y el gobierno de Javier Milei combaten las ventas de marcas falsas en Once o La Salada, pero entran por otras vías sin control alguno.

La Sindicatura General de la Nación (Sigen), dependiente del Ejecutivo, elaboró un revelador informe reservado sobre la gestión de la Aduana, a cargo de José Velis, hombre de Santiago Caputo, pero que en los papeles responde al jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), encabezada por Juan Pazo, colocado allí por el ministro de Economía, Luis Caputo, tío del primero. Según informó el diario La Nación, este reporte señaló que en los depósitos aduaneros hay 190 cámaras de control sin funcionar, tapadas o que enfocan para otro lado.

Marcela Campagnoli, diputada de la Coalición Cívica, alerta sobre este documento: “Es altamente preocupante el informe de la Sigen en cuanto a las deficiencias en el sistema del centro único de monitoreo en la Aduana, la inadecuada distribución de las cámaras y la ausencia de una contratación de mantenimiento. Este incumplimiento, que incluye el tiempo de guarda de las imágenes y la ineficiencia en el control de estas cámaras, provoca muchas veces episodios como los que hubo en Aeroparque con las valijas”, alude Campagnoli al avión que llegó sin control desde Estados Unidos a principios de año y que pertenece al lobbysta, consejero de Santiago Caputo y dueño de Flybondi, Leonardo Scatturice.

En la Aduana no es un secreto que Caputo junior, influido por Scatturice, ha promovido a diversos funcionarios con polémicos antecedentes. Tampoco que la falta de control y los pedidos de sobornos han ido en aumento con la actual gestión, según mencionan fuentes ligadas al organismo, industriales e importadores. Son vicios de siempre en la Aduana, pero reforzados, según comenta la media docena de informantes consultados.

Afectados por el ajuste salarial ordenado por Milei, hay quienes definen a los inspectores como desaforados a la hora de pedir el 10% de comisión para liberar mercadería. Aprovechan que hay un boom de importaciones, que los depósitos aduaneros están llenos y mantener la mercancía allí cuesta mucho dinero, con lo que los importadores se apuran por retirarlos.

Ahora la mayoría de los bienes entran por canal verde, pero se hace costumbre que los inspectores por su cuentan los manden al naranja, donde revisan la documentación y siempre encuentran que falta un papel. Incluso amenazan con derivar el caso a la justicia contencioso administrativa, lo que en los hechos frena el ingreso de la importación. Ante tanta traba, más de una empresa aceita los engranajes de la operatoria.

“Si hay una denuncia concreta por los canales habilitados, se actúa en consecuencia”, responden en ARCA. El problema es que los importadores en general no denuncian, pagan y se mantienen en el negocio.

“Estamos normalizando el comercio exterior en línea con los países de la región como Chile o Perú”, argumentan en las oficinas de Pazo. “Nuestros niveles de canal rojo, cuyo porcentaje no se puede comunicar por secreto fiscal, fueron abusivos durante gestiones anteriores, propios de una economía cerrada al mundo. Se realizan controles con scanners, sumado a controles en destino de las empresas y controles aleatorios basados en el riesgo de cumplimiento de cada operador. Las aduanas del mundo tienen un porcentaje de canal rojo de un 3% promedio. Por ende se utilizan herramientas de control no intrusivos al solo efecto de monitorear las cargas”, agregan en la Aduana, que al igual que el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich vienen dialogando sobre el asunto con la UIA.

Pero despachantes advierten que hay mucha menos mercadería que pasan por scanners y ya no hay controles de Prefectura al salir del puerto. También señalan que antes los productos que iban o venían de España y México siempre pasaban por canal rojo por riesgo de narcotráfico, pero ya no, van directo al verde.

Desde enero a agosto de este año, la Aduana lleva secuestrados en diversos procedimientos en todo el país un total de 1.864.129 unidades de diversas mercaderías, entre ellas indumentaria y calzado, alimentos y bebidas, lubricantes y químicos, aeronaves y embarcaciones, granos y oleaginosas, electrodomésticos, automotores y sus repuestos, electrónica y celulares, bazar, materiales de construcción, tabaco y cigarrillos, divisas, neumáticos, vapers, artículos de tocador, ferretería, productos veterinarios, restos fósiles y sedimentos, antigüedades, suplementos nutricionales, entre otros.

AR/CRM

Entrerriano, abogado y contador por la Universidad de Buenos Aires, master en Finanzas por la Di Tella, Guillermo Michel fue dos veces jefe de la Aduana, en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, debajo de Ricardo Echegaray, y en el de Alberto Fernández, bajo las órdenes de su jefe político y entonces ministro de Economía, Sergio Massa. En el medio asesoró al actual diputado Miguel Ángel Pichetto. Con cada vez más alto perfil, busca terciar en la discusión económica nacional.

—¿Cómo nos impacta la hecatombe de los aranceles de Donald Trump?

—Es un arancel del mínimo, del 10%, pero impacta de manera negativa para el comercio no solo exterior de la Argentina, sino de todo el mundo. Si uno analiza las exportaciones de Argentina en 20,24 fueron de US$80.000 millones y si uno lo mira desagregado por país, Estados Unidos es el segundo destino, con 6.500 millones, con un tercio de materias primas y alimentos y el resto lo vinculado a petróleo, minería y petroquímico. Además, hay que tener en cuenta que esta suba es acumulativa. Por ejemplo, las exportaciones de aceite de soja de Argentina el año pasado fueron de 700 millones y ya se pagaba el 19%. Ahora con este 10% acumulativo se pagará el 29%. Esto impacta también en otros productos como carne bovina, miel, limones, jugo de limón, maní, etcétera. También hay que resaltar que Argentina no recibió ningún trato preferencial: la tasa del 10% es la misma que le aplicaron a otros países de Latinoamérica como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia.

—Otros países reaccionan con represalias a EE UU, mientras la Argentina busca un acuerdo para bajar aranceles... ¿qué conviene?

-El programa económico en materia de comercio exterior del Gobierno es el pasado, está pensado en un mundo que no existe más. Si uno mira lo que ocurre en Estados Unidos, lo que está haciendo la Argentina es defender la industria americana, al trabajador americano no sólo a nivel medidas sino en lo gestual. En el anuncio de Trump había muchos representantes de sindicatos americanos. Lo que está buscando es volver a fortalecer la industria americana. Y le está pidiendo a un conglomerado encabezado por BlackRock que se haga cargo de dos puertos en los extremos del Canal de Panamá, que hoy están en manos de Hutchinson, que una empresa con sede en Hong Kong, pero con capitales chinos. El libre comercio no existe más a nivel mundial.

—¿Cómo ve la situación económica nacional?

-Este programa económico y este modelo de país no es lo que necesita la Argentina. Para desarrollarse, necesita una industria fuerte, con salarios con un poder adquisitivo importante. No quiero un país con una desigualdad como es el esquema chileno, peruano o ecuatoriano. O sea, la Argentina es un país con 47 millones de habitantes y para desarrollarse requiere otras características. No hay que descartar todo lo que es la industria del agro, además de la minería, el petróleo, el gas, pero también necesitás una industria fuerte y creo que este modelo no ayuda para eso. Hay que marcar las inconsistencias que uno ve desde la economía, sin faltar el respeto a nadie. Creo que el programa económico es todo lo contrario a lo que nos vendieron en la campaña. Esto fue desde un principio un programa económico ortodoxo, que es el que aplica el Fondo Monetario en la mayoría de los países. Fue una megadevaluación del 118%, un impuestazo porque subieron el impuesto PAIS, del 7,5% el 17,5%, además de subir el impuesto a las ganancias, de eliminar la devolución de IVA, de subir el impuesto a los combustibles 604% el año pasado, de subir el monotributo y un tarifazo.

La apreciación cambiaria genera esta falsa sensación de estabilidad que ahora, para seguir manteniéndola, tenemos que volver a endeudarnos

La inflación desde diciembre de 2023 a enero de 2025 fue del 183% y las tarifas subieron un 460% luz y gas. Fue un programa que busca generar una falsa sensación de estabilidad a través de la apreciación cambiaria, con efectos muy negativo sobre la industria. Y te quiero dar un solo ejemplo. Las importaciones de China en el primer bimestre de 2024 fueron US$1.740 millones y en 2025 en el mismo periodo fueron 3.025 millones, o sea crecieron un 74%. La importación de bienes de consumo pasó de 231 millones a 523 millones, es decir, se incrementó 127%. Eso es todo el ingreso sobre todo de las plataformas online y el ingreso de un montón de productos, como juguetes, que lo único que hacen es afectar la industria argentina. Vos me decís “che, no lo compares con 2024, comparalo con 2023. Bueno, fueron de 2.070 millones, casi 1.000 millones por por encima en este 2025. Esto es lo que genera la apreciación cambiaria. Esto tiene un efecto directo sobre la industria, sobre el trabajo argentino. Genera esta falsa sensación de estabilidad que ahora, para seguir manteniéndola, tenemos que volver a endeudarnos. Este préstamo del Fondo Monetario es un préstamo político que le hace al Gobierno. Este préstamo no va a ser para hospitales, rutas, puentes, escuelas. Va a ser un préstamo político para que e Gobierno llegue de la mejor forma a las elecciones de medio término.

—Lo vi en un streaming mostrando que a una provincia citrícola como la suya habían llegado las naranjas egipcias...

—Que la Argentina importe leche de Uruguay es absurdo, que la Argentina esté importando fideos de Albania resulta hasta cómico. Esto tiene consecuencias no sólo en la industria. Tenés mucha salida de dólares por el lado del turismo. Todos los argentinos se fueron a veranear al exterior. Soy de Gualeguaychú y este verano los hoteles estaban por la mitad. Sale más barato hoy tomarse un café en Madrid que en el barrio de Almagro, donde yo vivo en Buenos Aires.

—Pero ustedes le dejaron a Milei una economía con cuatro veces más inflación y extremadamente cerrada a la importación...

—Soy el primero en reconocer que claramente cometimos errores. Por eso perdimos las elecciones. Cuando la gente vota, la gente no se equivoca. Y claramente nosotros tuvimos dos cuestiones fundamentales. La primera, no pudimos recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados. El segundo es que en el gobierno anterior estuvimos en una situación muy compleja desde el punto de vista de la autoridad presidencial. Si Massa no se hacía cargo de la economía no lo decía yo, lo decían los intendentes del conurbano, el gobierno se iba en helicóptero. Esto para reconocer el trabajo y la elección que se hizo, que permitió haber ganado las generales, estar a 2,7 puntos de ganar en en primera vuelta, mantener la provincia de Buenos Aires, recuperar 13 municipios de la provincia, y haber mantenido la primera minoría en Diputados y Senadores, que además tiene un impacto directo en el Consejo de la Magistratura. Ese triunfo electoral en las generales de Massa permitió mantener al peronismo en pie y competitivo hoy y evitar lo que le está pasando a otras fuerzas políticas que están licuadas por La Libertad Avanza. Que se hicieron cosas mal sería de necio negarlo. También hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta.

Que la Argentina importe leche de Uruguay es absurdo, que la Argentina esté importando fideos de Albania resulta hasta cómico

Era muy difícil aplicar un plan de estabilización en el medio de que tenías economistas del PRO que iban al Fondo a pedirle que le bajen la palanca a la Argentina, donde el candidato que ganó las PASO estaba todo el tiempo planteando de que iba a dolarizar y cerrar el Banco Central. También quiero rescatar un montón de cuestiones que se hicieron bien. Hay que plantearle al Gobierno que deje ese espíritu fundacional de que la Argentina arrancó en diciembre de 2023. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Este año la Argentina va a lograr un superávit de balanza energética de US$8.000 millones. En 2022 tuvimos un déficit de cerca de 7.000 millones. Gran parte de eso es producto de una obra pública que hizo el gobierno anterior, que es el gasoducto Néstor Kirchner o como lo quieran llamar ahora, por todo el impulso que se le dio a Vaca Muerta. Y si queremos ir más atrás por el decreto que en 2014 se efectuó para darle estabilidad jurídica a lo que fue la inversión de Chevron de US$1.500 millones en Vaca Muerta.

—Sobre la receta antiinflacionaria, ¿cree que hay alguna cosa bien de lo que hizo el Gobierno, como el equilibrio fiscal o no tener tanta emisión monetaria?

—Nadie puede estar en desacuerdo en que es necesario crecer sin inflación y con superávit. Ahora dejame hacer una aclaración. El gobierno peronista del 2003 al 2007 tuvo superávit fiscal y comercial. Después se han dado situaciones vinculados sobre al desbalance de la balanza energética, con la necesidad de importar combustibles. Se pudo haber analizado la política de subsidios, si debería haber mantenido o avanzado en otro esquema. También déjame decirte algo hoy Trump está analizando el crecimiento de la industria americana a través de una energía barata. Lo que hay que ver es la sostenibilidad en el tiempo del superávit fiscal, que primero fue producto del impuestazo PAIS, que lo tuvieron que sacar, y ahora porque se maquilla la contabilidad, no capitalizando los intereses de las letras.

—Por último, en el diario La Nación se lo nombró como detrás de la denuncia de las valijas que trajo en un avión privado una azafata libertaria y que no fue revisado por la Aduana...

—Yo me fui hace 15 meses de la Aduana. Seguir hablando de mí es hasta poco serio, la verdad. Y el trabajador de Aduana, cuando cumple un procedimiento, cumple con las normas, con los protocolos, se hace todo ajustado a derecho y a protocolos. No me corresponde a mí marcar cómo se trabajó en este caso. Cuando yo ocupé mi cargo, me hice responsable. No me corresponde a mí opinar de esto.

AR/JJD

Los empleados de la Aduana iniciaron una semana de protestas en respuesta a la reestructuración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora renombrada como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Este lunes, los trabajadores del Sindicato Único del Personal Aduanero (SUPARA) llevaron a cabo paros, apagones informáticos y asambleas, provocando demoras de más de dos horas en el acceso a los escáneres del Aeropuerto de Ezeiza. Esto generó largas filas de viajeros que esperaban ingresar al país.

La medida de fuerza se implementó de 10 a 14 horas, afectando principalmente a pasajeros de vuelos internacionales, quienes deben pasar obligatoriamente por el escáner. Los paros continuarán el martes y miércoles, con una paralización de 24 horas prevista para el miércoles.

El secretario general de SUPARA, Carlos Sueiro, expresó un fuerte rechazo a lo que el gremio considera un alto “nivel de improvisación” en el anuncio de la reestructuración. Los trabajadores critican la imagen estigmatizante que se intenta instalar sobre sus salarios y funciones.

El paro, que actualmente se realiza en su totalidad debido a la intervención parcial del personal jerárquico de la AFIP, se da en el contexto de la creciente tensión entre los trabajadores y el nuevo modelo de gestión del organismo recaudador.

DM

El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) convocó a una asamblea general de sus trabajadores y expresó su enérgico rechazo a la disolución de la AFIP que anunció este lunes el Gobierno de Javier Milei, mientras que desde la Unión del Personal Superior de la AFIP se afirmó que “no hay ñoquis” en ese organismo.

“En atención al comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la Nación en el día de hoy, el SUPARA manifiesta su total y enérgico repudio y rechazo a la disolución de la AFIP y a la desvinculación masiva de trabajadores del organismo. Esta medida, además de intempestiva, es violatoria de la Constitución Nacional y de las normas laborales vigentes”, sostiene el comienzo del comunicado de SUPARA.

Considera que “el anuncio del despido masivo de 3.155 agentes de la AFIP (ingresados bajo procesos de selección debidamente auditados) constituye una clara violación a los derechos laborales consagrados en nuestra Carta Magna”.

Además indica que “los trabajadores involucrados gozan de la estabilidad garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual protege a los empleados públicos de la arbitrariedad y abuso de poder por parte del gobierno. Esta estabilidad no puede ser vulnerada bajo excusas administrativas ya que atenta contra la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante la ley”.

Por otra parte, afirman que “la disolución de la AFIP no es más que un intento de debilitar al Estado y las potestades de control a su cargo, en detrimento del interés colectivo. El Presidente, bajo el disfraz de una supuesta ”modernización del Estado“, está desmantelando las estructuras fundamentales del Estado Nacional, destruyendo organismos esenciales para garantizar la soberanía y el desarrollo económico de la Nación”.

“Denunciamos que esta medida no solo es un golpe directo a los trabajadores, sino también un ataque a la esencia misma del Estado, socavando su rol en la protección de los bienes públicos y el cumplimiento de la ley”; sentenciaron desde SUPARA.

“No hay ñoquis”, aseguran desde la Unión del Personal de AFIP

En tanto, el secretario general nacional de la Unión del Personal Superior (UPS) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Julio Estévez, se refirió a la creación de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y sostuvo que en AFIP “no hay ñoquis” y que “falta” gente para trabajar.

En declaraciones a Radio Splendid, indicó que el gobierno de Javier Milei “toma a la AFIP como un organismo de gasto” y que, contrariamente, lo que debería hacer es “reforzarla” para “proteger al país”. “Lo primero que sentimos fue sorpresa, terror. Para recaudar necesitás equipo y personal. A la AFIP no le sobra gente, le falta personal y, ahora, están diciendo que vas a echar 3 mil empleados”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que, si bien “el logro del Gobierno es el equilibrio fiscal”, también debería hacer hincapié en recaudar a través de los impuestos: “Ya le pegaste todo lo que podías pegarle a la gente con el gasto; ahora la recaudación es la AFIP”, añadió. “Nos toman como un organismo de gasto y no de ingreso. Somos 20 mil empleados y el único medio de recaudación del país. No dan las cuentas para que reduzcan personal y así recaudar más. Un supermercado abre más líneas de cajas si hay más compradores”, indicó

Por otra parte, señaló que, si bien se necesita renovar las herramientas informáticas, ya que tienen las mismas hace una década, también se requiere de “personas” porque con inteligencia artificial“ no se pueden realizar las tareas que lleva adelante un ente recaudador. ”Lo único que veo, es que el que va a ganar plata es el que hace los cartelitos que digan ARCA en lugar de AFIP“, finalizó.

CRM con información de Infogremiales y la agencia NA

El Gobierno nacional eliminó la presencia de veedores sectoriales para la habilitación de importación con el fin de facilitar el ingreso de mercadería al país. Lo hizo a través de la Resolución 5586/24 de AFIP, pese al anuncio de que había sido eliminada desde este lunes.

La normal derogó las circulares 701/99 y 799/2000, que obligaban a tener un veedor de la industria nacional para liberar un contenedor en canal rojo cuando se importaban bienes de ese sector.

“¿Cómo decirlo?: si querías importar calzado un veedor de la industria del calzado tenía que emitir su opinión; si querías importar caños para el sector petrolero, un representante de la siderurgia nacional tenía que dictaminar…hasta había listas de personas con nombre y apellido autorizadas con esta finalidad”, explicó en su cuenta de “X” en ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger.

Entre los considerandos, se señaló que “en base a la experiencia recogida en la aplicación del sistema de participación de las cámaras, federaciones y asociaciones sectoriales como observadoras en los actos de verificación, conforme lo informado por las áreas operativas competentes de la Dirección General de Aduanas, ha resultado de baja concurrencia”.

Añadió que “la presente medida se orienta al logro de una gestión pública ágil, eficiente y eficaz, sin que ello desvirtúe el control aduanero y la trazabilidad de las operaciones de importación”.

La explicación de Sturzenegger para elimina los valores de referencia

“Por la Resolución 5587/24 de Florencia Misrahi de la ex AFIP dependiente del Ministerio de Economía de Luis Caputo damos por finalizado el uso de los ”valores de referencia“ para la exportación, un engendro kirchnerista fuente de burocracia y corrupción. Su eliminación, a su vez, mejora el precio de venta al exterior de nuestras exportaciones.

Hasta esta resolución ciertos sectores debían aportar una garantía para cubrir la diferencia entre el valor de exportación declarado y el de un precio de referencia (mayor) que definía la AFIP. Esa garantía implicaba un costo que reducía el precio neto de exportación.

Además de esta pérdida de rentabilidad, la operación implicaba engorrosos trámites, tanto para el contribuyente como para la Aduana. Ni que hablar de las posibilidades de corrupción que se generaban en la determinación del precio y en el proceso de devolución de la garantía.

A partir de la Resolución 5587/24 todo este sistema desaparece para otorgarle más rentabilidad al sector privado y generar más transparencia y menos corrupción en el sector público, todos objetivos del presidente Javier Milei“.

El gobierno de Javier Milei anunció este lunes un cambio profundo en la estructura fiscal del país con la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este nuevo organismo, según el anuncio, tendrá una “estructura más simple, eficiente, menos costosa y menos burocrática”. La medida forma parte de la reconfiguración del aparato estatal, con el objetivo de reducir el gasto público y mejorar la gestión de los recursos fiscales.

Al frente de la ARCA estará Florencia Misrahi, quien ya lideraba la AFIP y estará acompañada por dos nuevos directores generales, quienes se encargarán de las áreas más cruciales del organismo: la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

El nuevo titular de la DGI, excolaborador de el recaudador K, Ricardo Echegaray

Andrés Edgardo Vázquez, un experimentado profesional con más de tres décadas de carrera en la Dirección General Impositiva, asumirá como director de este organismo. Vázquez es Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público, y su extenso currículum incluye una trayectoria de más de 30 años en la DGI, donde ha trabajado en distintos niveles de responsabilidad.

También se destaca por haber sido colaborador de Ricardo Echegaray, exjefe de la AFIP durante siete de los ocho años de presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública por el delito de defraudación al Estado.

La condena se relaciona con el otorgamiento irregular de planes de pago a la empresa Oil Combustibles, propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Echegaray fue considerado autor penalmente responsable de administración fraudulenta agravada por haber sido en perjuicio de la administración pública. Aunque López y De Sousa fueron absueltos, la Justicia corroboró que gracias al delito cometido por Echegaray, el Grupo Indalo, al que pertenecía Oil Combustibles, pudo expandir sus negocios. El exfuncionario de Cristina sigue en libertad mientras se resuelven los recursos presentados por su defensa.

José Andrés Velis: experto en aduanas al mando de la DGA

Por su parte, José Andrés Velis, quien también cuenta con una sólida carrera en la administración pública, tomará las riendas de la Dirección General de Aduanas. Velis ha sido clave en el desarrollo de sistemas informáticos fundamentales para la gestión aduanera, entre ellos el sistema Malvina, que es un pilar en el control y seguimiento de operaciones de comercio exterior. El Gobierno entiende que la experiencia en tecnología aplicada a la administración aduanera de Velis será vital para los objetivos de modernización que se persiguen para el nuevo organismo recaudador.

La reestructuración de la AFIP también trae consigo importantes recortes. El vocero presidencial, Manuel Adorni, quien fue el encargado de este relevante anuncio sobre el cambio en el área impositiva, innformó que se reducirá un 45% de los cargos superiores de la actual AFIP en la futura ARCA, así como un 31% de los niveles inferiores, lo que implica una eliminación del 34% de la estructura total del organismo. Además, alrededor de 3.155 empleados que fueron contratados en el último año, durante el gobierno anterior, serán desvinculados por haber ingresado de manera irregular, lo que representa el 15% del personal actual.

El ahorro estimado por estos recortes se calcula en $6.400 millones anuales.

Otra de las medidas anunciadas incluye la eliminación de la Cuenta de Jerarquización, un beneficio que permitía a los altos cargos de la AFIP recibir salarios notablemente superiores al promedio estatal. Con esta reforma, por ejemplo, la jefa de AFIP y de la futura ARCA, Misrahi, verá reducido su sueldo, que hasta hace poco rondaba los $30 millones mensuales, a aproximadamente $5 millones, equiparándose con el salario de un ministro. Los nuevos directores de la DGI y la DGA también recibirán remuneraciones acordes a este nuevo esquema salarial, según se informó.

JJD

El Gobierno anunció hoy que se disolverá la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), “un organismo con estructura más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática”.

La medida implicará, según los cálculos oficiales, una reducción del 45% del personal para las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, lo que supone una eliminación del 34% de la estructura actual y un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos al año.

Además, el Gobierno procederá a la desvinculación de 3.155 empleados que ingresaron, según su opinión, de “manera irregular” durante el último gobierno kirchnerista, lo que representa el 15% del personal actual de la AFIP.

La nueva ARCA también eliminará la Cuenta de Jerarquización para altos cargos, lo que reducirá el salario de su titular a unos 4 millones de pesos, equiparándolo con el de un ministro. Los salarios de los directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) seguirán el mismo esquema. Hasta ahora, el jefe de AFIP cobraba hasta $30 millones.

La dirección de ARCA estará a cargo de Florencia Misrahi, hasta ahora encargada de la AFIP, acompañada por Andrés Gerardo Vázquez en la DGI y José Andrés Velis en la DGA, quienes liderarán el proceso de reorganización y profesionalización del nuevo organismo. En medio de esta movida. el abogado corporativo Eduardo Mallea fue desplazado del cargo al frente de la Aduana.

El sueldo de Misrahi es uno de los que pasará por la motosierra. La funcionara, que hoy cobra unos $32 millones comenzará a ganar lo mismo que un ministro, unos $4 millones. Lo mismo ocurrirá con el personal de cargos jerarquicos cuyos sueldos se estiman en más de $17 millones mensuales. Sus salarios serán equiparados a los de un secretario de Estado, con sueldos inferiores a los $4 millones.

Vázquez, que reemplazará a su vez a Gabriel Ramírez, cuenta con un pasado polémico. Fue encargado de inteligencia de la AFIP en la gestión del kirchnerista Ricardo Echegaray. Como tal, envió un día 200 inspectores al Grupo Clarín y fue acusado de proteger a empresarios K como Cristóbal López y Lázaro Báez y de girar US$500.000 a una cueva del banco francés BNP Paribas en el exterior. La Justicia nunca lo halló culpable de nada de esto.

De acuerdo al argumento oficial, estas medidas se toman “en el marco de la reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes”, comunicó la Oficina del Presidente. “La creación de ARCA tiene como objetivo la reducción del Estado, la eliminación de cargos innecesarios, la profesionalización del ente, la destrucción de los circuitos corruptos, y la mejora en la eficiencia de la recaudación y el contjol aduanero, eliminando los privilegios del pasado y optimizando la gestión pública”, añade el texto.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el organismo encargado de la recaudación de impuestos y la administración de los recursos públicos. Fue creada en 1996, durante la segunda presidencia de Carlos Menem (PJ), a partir de la fusión de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Administración Nacional de Aduanas, mediante el Decreto 1156/961. La AFIP tiene el carácter de entidad autárquica y opera bajo el ámbito del Ministerio de Economía.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue quien realizó el anuncio esta tarde en Casa Rosada. Allí, repitió los argumentos que viene utilizando el Gobierno cada vez que cierra un organismo: “Como reza el principio que el Presidente anunció el 10 de diciembre en el momento de su asunción, el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Ese liberalismo es lo que nos llevó a ser una de las principales potencias del mundo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hacia esa Argentina queremos ir sin AFIP, sin Inadi y sin ningún otro organismo que cercene la libertad de la gente de bien”, dijo Adorni.

CRM

Los múltiples allanamientos realizados en las últimas horas en cuevas del Microcentro porteño dedicadas a la venta de dólares dejaron al menos seis detenidos. “Lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19. 'Nimbus' es el nombre de fantasía de esa cueva. Pero el nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del croata Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la City”, informaron desde Aduana.

Según indicaron fuentes oficiales, en la noche del miércoles continuaron las diligencias para tratar de cortar la porción más jugosa del circuito de venta marginal de divisas que llevó la cotización de la moneda norteamericana por encima de los mil pesos. Los operativos fueron realizados por efectivos de la Policía Federal y Aduana, a partir de una orden judicial.

De las derivaciones de las detenciones de los ciudadanos extranjeros con más de 800 mil dólares, el juzgado penal 8 a cargo del Marcelo Martínez de Giorgi ordenó allanar una cueva ubicada en calle San Martín 140, piso 19, pleno corazón de la City porteña.

De las detenciones surgió documentación importante para la causa que vinculan a los 800 mil dólares con la cueva de calle San Martín “Nimbus”, y otro cuevero que opera en calle Sarmiento, dijo una fuente judicial.

Los investigadores señalan que los 6 detenidos son sólo la punta del iceberg de las verdaderas cuevas que operan de manera ilegal con el blue.

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, había prometido meter presos a quienes especulan con divisas.

Entre los seis detenidos hay tres ciudadanos chinos a los que se les encontraron 700 mil dólares pegados al cuerpo en el barrio de Belgrano, como parte de los operativos de fiscalización en “cuevas” por la suba del dólar blue.

Además, en la City porteña hubo un allanamiento en una casa de cambio, en el que se incautaron otros 100 mil dólares.

Los procedimientos fueron realizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la división antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA) buscaban identificar puntos de cambios de divisas clandestinos, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas.

El primero de los procedimientos se llevó a cabo en la peatonal Florida al 300, en el microcentro porteño, y permitió la detención de dos argentinos, quienes llevaban el dinero entre sus ropas.

Intervienen en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 a cargo de Martínez de Giorgi, y la Secretaría Nº 16, al frente de la cual está Mariana Simian.

En simultáneo, se desarrolló otra recorrida por parte de los agentes fiscalizadores en la peatonal Lavalle, y había otro operativo similar en Palermo, siempre contra arbolitos y cuevas donde se venden dólares.

Un segundo operativo se registró en Montañeses al 2200, en Belgrano, donde la Policía Federal detuvo a tres adultos de nacionalidad china, quienes al ser cacheados se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos.

Uno de los detenidos, que tenía 400 mil dólares encima, fue identificado por los agentes como Yongguo Wang (51).

Según su información fiscal. tiene domicilio en Balvanera y está registrado como monotributista en el rubro de la construcción, en la actividad “pintura y trabajos de decoración” desde 2013.

De acuerdo con la AFIP, no cuenta con CBU declarado, no es importador, exportador y no tiene declaraciones juradas registradas.

Entre 2008 y 2009 registró operaciones bancarias por 48.690 dólares. Su patrimonio consiste en dos autos y no cuenta con inmuebles a su nombre.

Los operativos se desarrollan de acuerdo a un plan de saturación delimitado según el mapa del delito que identifica posibles lugares en lo que se sospecha se realizan operaciones no oficiales de cambio de divisas, de acuerdo a lo que se determinó previamente en servicios de prevención.

El comunicado de la Aduana

“Luego de los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta la noche y que tuvieron como foco las ”cuevas“ que operan dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal y de la Aduana.

Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites.

Las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay –donde el croata compro propiedades millonarias- y España, donde armo dos sociedades.

También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia.

Además, se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como “fachada” para girar dólares al exterior.

Lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19. “Nimbus” es el nombre de fantasía de esa “cueva”.

Pero el nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del “croata” Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la City.

La puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. “El Croata” anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. PFA volteó la puerta.

Adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.

Pero lo más llamativo fueron fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes y las mismas fajas que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos.

Pero lo que más llamó la atención a los investigadores -que con eso solo ya habían unido los dos tramos de la causa- fueron una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior. Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la FINCEN, el organismo antilavado de los Estados Unidos.

También se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia“.

Con información de agencias.

IG

La Dirección Nacional de Aduanas encabezó este jueves 51 allanamientos en bancos y empresas en el marco de una causa en la que se investiga el posible delito de fuga de divisas por un valor del orden de los US$400 millones a través de SIMIs apócrifas.

Los allanamientos se realizaron en el micro centro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos.

Las SIMIs son el trámite por el cual se pide la autorización para compras en el exterior y su pago a través del mercado cambiario oficial.

“Se investiga la fuga de US$400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas”, indicó la Aduana en un comunicado.

El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola.

La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.

Según informó la Aduana “la investigación surge de un cruce sistémico comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras”.

“Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución – fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos”, añadió la dependencia a cargo de Guillermo Michel.

Siempre de acuerdo a la versión oficial “Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en Estados Unidos y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país”.

El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA.

“En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas”, indicó la Aduana.

La dependencia remarcó “que muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita”.

La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.

La Aduana agregó que en un domicilio en Belgrano, ante la llegada de agentes del organismo y de la Policía Federal, “las personas presentes en el lugar se fugaron por la terraza”. “Al ingresar, la Aduana encontró cajas fuertes vacías y una máquina de contar billetes. Todo indica que además vendían celulares de alta gama y accesorios de telefonía en forma irregular”, se informó oficialmente.

En algunos casos los CUITs utilizados para las maniobras ilícitas correspondían a personas fallecidas, completó la Aduana.

Con información de NA.

IG/JJD

Una resolución del Ministerio de Economía creó una nueva unidad para evitar que empresas alimenticias y de energía trasladen la suba del dólar mayorista a los precios de productos de consumo masivo y combustibles. Según informaron fuentes oficiales, el titular de la Dirección Nacional de Aduana, Guillermo Michel es quien “liderará el equipo que negociará los nuevos acuerdos de precios”.

Se conoció también que Michel estará secundado por Matías Tombolini, secretario de Comercio; Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía y titular de la Política Económica y Carlos Castagneto, titular de la AFIP.

La decisión fue tomada por Sergio Massa y pudo saberse que en la lista de productos en los acuerdos de precios “habrá descuentos de impuestos a empresas que entren al acuerdo y una letra del BCRA para garantizar las operaciones de importación en sus cadenas de producción”.

Estos acuerdos buscan mitigar el efecto de la devaluación pautada por el BCRA para disipar las tensiones cambiarias que se generaron en los días previos a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). A esta medida, se suma la suba de la tasa de política monetaria ─de 21 puntos básicos─ para capturar más pesos y evitar una corrida a la moneda estadounidense.

Desde el Palacio de Hacienda descartaron la hipótesis de que estas iniciativas constituyan una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI). También confirmaron que el directorio de dicho organismo se reunirá el miércoles 23 de agosto para tratar el “caso argentino”, pero que ya se está negociando un desembolso que podría superar los 7.500 millones de dólares. Las autoridades nacionales esperan que el monto ascienda a 10.500 millones, dinero que sería utilizado para evitar que se continúe ampliando la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares financieros.

LC con información de agencia NA

La Dirección General de Aduanas puso en conocimiento al Sr. Christian Ammons —Agregado Regional de Investigaciones de Seguridad Nacional para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires— de 146 empresas estadounidenses que fueron beneficiarias de giros de divisas vinculados a operaciones irregulares de comercio exterior.

Las firmas en cuestión habían recibido transferencias por aproximadamente USD 400 millones a cambio de falsas importaciones que, en rigor, nunca realizaron. Las irregularidades fueron detectadas por la Aduana a partir de una serie de cruces sistémicos.

Así, se presume que las 146 empresas estadounidenses tienen vinculaciones con actores radicados en la Argentina y que, en efecto, participaron en maniobras de giros irregulares de divisas.

La Aduana denunció penalmente a las firmas argentinas que documentaron las operaciones en nuestro país, utilizando en la mayoría de los casos los siguientes códigos del BCRA: B5 (pagos anticipados de importaciones de bienes), B6 (pagos diferidos de importaciones de bienes) y B7 (pagos vista de importaciones de bienes).

En las sociedades argentinas se advierten irregularidades como la carencia de una CUIT activa, falta de habilitación como exportadores o importadores y la inexistencia de nóminas de trabajadores declarados. A su vez, muchas estaban apuntadas en los registros de la Aduana como empresas que utilizan documentación apócrifa. Por último, algunas de ellas compartían autoridades e, incluso, contador.

Además, de acuerdo al organismo, “muchas de las empresas locales que giraron divisas al exterior lo hicieron abusando del Decreto 333/20 que, en el marco de la emergencia sanitaria, eximió del pago de derechos de importación a determinadas mercaderías vinculadas con la salud”.

El intercambio de información se dio en el marco del “Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Mutua entre sus Servicios de Aduanas” y representa la primera etapa de una investigación en torno a la fuga de, se estima, USD 700 millones en total.

Al respecto, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, afirmó: “La reciprocidad es fundamental en cualquier acuerdo entre partes. Como hemos informado en numerosas oportunidades, la Argentina recibe información sumamente valiosa de parte de los Estados Unidos para investigar la operatoria irregular de actores locales. De igual manera, este reporte le permitirá a la administración norteamericana identificar a firmas potencialmente involucradas en maniobras de lavado de activos. Seguiremos velando en forma conjunta por la transparencia del comercio internacional”.

Aduana denunció por presunto contrabando a la empresa Bioils Argentina

La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció penalmente por presunto contrabando de aceite de soja a la firma Bioils Argentina S.A. debido a irregularidades en su operatoria de comercio exterior que podrían implicar una multa de US$ 2.000.000, según reportó el organismo estatal.

De esta manera, luego de advertir serias irregularidades en su operatoria de comercio exterior, “en donde en 2021 y 2022 la empresa aceitera había declarado que quince permisos de embarque con destino a Chile contenían oleína, cuando en realidad consistían en aceite crudo de soja —una posición arancelaria con una alícuota más de 10 veces mayor”, informó la Aduana.

Desde la DGA comentaron que “la Aduana tenía presente que el mercado de oleína (producto obtenido a partir del reprocesamiento de aceites usados) tenía actores problemáticos y por ello, resolvió profundizar la fiscalización de las destinaciones con esa mercadería”.

Agentes especializados del organismo comenzaron a extraer muestras de exportaciones, que luego fueron analizadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para verificar su correspondencia con lo declarado, según se indicó.

Los resultados “permitieron afirmar que la mercadería exportada por Bioils Argentina en realidad era aceite de soja y que la empresa había presentado declaraciones apócrifas con el objetivo de evadir el debido pago de aranceles, operatoria que generó un perjuicio fiscal de US$ 152.065 al Estado argentino”.

Desde la Aduana precisaron que “la alícuota que corresponde a las exportaciones de oleína es del 3%, mientras que la de aceite de soja es del 33%. Además, este cuenta con un plazo de 15 días para la liquidación de divisas, mientras que la mercadería declarada por Bioils Argentina tiene un plazo de 180 días”.

Además, producto de la investigación, la Aduana detectó que la proveedora argentina tenía vinculación con la firma destinataria chilena. En total, identificó 15 operaciones en infracción, que totalizaban 427 toneladas de aceite crudo de soja.

La DGA denunció entonces penalmente a la firma aceitera, cuyo obrar quedó encuadrado bajo la figura de contrabando, establecida en el artículo 863 del Código Aduanero. Intervino en la causa el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, y desde el organismo informaron que “caben agravantes en los términos del artículo 864, inciso b, y del artículo 865, inciso f. Por todo ello, podría caber una multa de US$ 2.003.560,08”.

Con información de Aduana.

IG

La Justicia Federal dispuso de 23 allanamientos en el marco de una causa por fuga de divisas presentada por la Dirección General de Aduanas, en la que se denuncia la falsificación de documentación vinculada a giros anticipados de bienes de capital que derivó en un fraude aproximado de US$ 5,5 millones. Hubo dos detenciones.

El titular de la Aduana, Guillermo Michel, junto al Comisario General a cargo de Delitos Federales, Carlos Ñamandú, dieron una breve conferencia de prensa. Michel detalló: “Este procedimiento se llevó adelante por una denuncia de la Aduana con la intervención del Juzgado Penal Económico número 9, a cargo de Javier López Biscayart, bajo la subrogación del juez Marcelo Aguinsky”. La causa quedó caratulada como: “MINERBIT SA Y OTROS S / INF. LEY 22.415”, nº 163/23.

Explicó que se detectaron “falsos importadores con carpetas truchas, que falsificaban la documentación bajo la modalidad SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones)”. “Tenemos detenido al cabecilla de la banda, un contador de Mar del Plata, y a un empleado infiel de un banco, que ofrecían servicios para que estas empresas truchas abran cuentas en Miami, sin registros de importación alguna”, añadió el Director General de Aduanas.

Por su parte, el comisario Ñamandú dijo que la investigación se inició hace “seis meses y del estudio surgieron 23 allanamientos, que están en pleno curso en este momento”. “Las órdenes de presentación involucran también a distintas entidades financieras y como en todo delito económico se secuestra la documentación para hacer el hilo del dinero”.

El personal aduanero ingresó a las sucursales de BBVA Argentina, Galicia y Supervielle. Además, también concurrieron a otras entidades públicas. El jefe policial acotó que en uno de los allanamientos, en la ciudad bonaerense de San Miguel, se secuestraron “cinco armas”.

De las cinco empresas que habrían participado del ilícito, solo una estaba registrada como exportadora y tenia la capacidad económica para importar. Las otras cuatro simplemente eran carpetas sin actividad económica.

De acuerdo las fuentes, personas físicas y sociedades se habrían encargado de burlar el sistema de autorización de importaciones para la compra de dólar oficial para luego girarlos al exterior. Adulterando las SIMIs, ofrecían sus servicios a empresas falsas.

De esta manera, esas compañías se hicieron de US$ 5,5 millones en cuentas en Miami, Estados Unidos, sin importar nada. Por eso, la Aduana solicitó la colaboración de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) para que aporte información económico-financiera de registros estadounidenses.

“Estos datos son esenciales para dilucidar la maniobra en su totalidad, incluido el rulo financiero y el entramado de sociedades utilizadas”, señaló la Aduana en un comunicado.

La investigación surgió luego que agentes especializados de Aduanas pusieran la lupa en 9 declaraciones del SIMI -que estuvo vigente hasta el año pasado- que resultaron inexistentes. El SIMI fue el anterior mecanismo utilizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para monitorear compras realizadas en el exterior.

Desde la llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda en agosto del año pasado, el SIMI fue reemplazado por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el objetivo de mejorar los controles y facilitar las operaciones de comercio exterior.

Al respecto, Michel señaló que “esto era el viejo sistema SIMI; con el actual que implementó el ministro Massa, el sistema SIRA, donde hay un cruce de bases de datos al momento del giro, eso no ocurre”. Agregó que “el SIMI evidentemente tenía algunos puntos débiles que son los que mejoramos a través del nuevo sistema de importaciones”.

El titular de Aduanas concluyó: “Nuestra prioridad, la del ministro, la de todo el gobierno es que los dólares se destinen a la producción y al trabajo argentino y no a la especulación financiera”.

LC con información de agencias

La Dirección General de Aduanas (DGA) secuestró más de 30.000 productos que habían ingresado al país en forma irregular durante controles de ruta en la provincia de Córdoba.

De acuerdo con lo informado hoy por el organismo, “el valor de la mercadería de origen extranjero secuestrada asciende a $140 millones”.

Los productos de origen extranjero fueron descubiertos “gracias a la utilización de los recursos tecnológicos del organismo”, señaló la DGA en un comunicado, en el que agregó que “ante la sospecha de que en vehículos de empresas de encomiendas pudiera haber mercadería ilegal” agentes especializados “apelaron al control no intrusivo de la scan van”, que arrojó “imágenes con bultos sospechosos”.

Tras tareas de cruce de información y habiendo avisado a los juzgados federales N° 1, 2 y 3 de la ciudad de Córdoba, personal de la Aduana procedió a abrir las encomiendas para su inspección y encontró más de 30.000 artículos de procedencia extranjera que carecían de la documentación que avalara su legítimo ingreso al territorio nacional, presumiéndose que la mercadería ingresó al país en forma irregular.

En los términos de los artículos 985 y 987 del Código Aduanero, el organismo secuestró “un sinfín de productos” cuyo valor combinado asciende a $ 140 millones y entre los que se contaban “cubiertas, teléfonos celulares, marcos y partes de lentes, camperas, pantalones, ropa interior, zapatillas, medias, juguetes y cigarrillos”.

“También fueron incautados 95 kilogramos de hojas de coca en estado natural”, indicó la Aduana que precisó al respecto que “la normativa vigente considera a las hojas de coca mercadería de importación prohibida”.

Con información de Télam.

IG

El director de la Aduana, Guillermo Michel, junto a efectivos de la Gendarmería Nacional, encabezaban este mediodía una serie de allanamientos en 20 entidades financieras del microcentro porteño, para detectar presuntas maniobras ilegales de compra-venta de divisas por parte de más de 40 empresas y 13 personas físicas argentinas.

“Estamos investigando esta maniobra del rulo financiero, donde falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial; las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el Estado de Florida (Estados Unidos), las famosas LLC; se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al país para venderlos en el mercado 'blue' y obtener una ganancia”, explicó Michel.

El funcionario declaró a las puertas de una de las entidades allanadas que la Aduana se presentó como querellante, y remarcó que “esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022”. En el expediente, se investigan 233 maniobras ilegales por un monto de cerca de US$ 5,3 millones, un promedio de US$ 22.500 por giro para tratar de pasar por “debajo del radar”, precisó la Aduana en un comunicado.

Michel detalló que los conceptos que se utilizaron eran “B05 - Pagos anticipados de importaciones de bienes” y “B06 - Pagos diferidos de importaciones de bienes”, los cuales el organismo puntualizó que “se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de televisión; incluso se llegaron a utilizar couriers con facturas truchas”.

“Desde el 17 de octubre último, que el sistema de importaciones SIRA incorporó la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior, esto no se puede seguir haciendo porque hay un cruce de datos cada vez que se gira al exterior por los sistemas de la AFIP, que permite a los organismos del Estado controlar en tiempo real los giros al exterior, dándole mayor trazabilidad a la operatoria”, amplió el director.

En este sentido, Michel afirmó que el organismo “va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la Fincen estadounidense (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro) para lograr acceder a los titulares efectivos de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de dicho país”, tal como se hizo en la causa NRG.

“Son 46 empresas argentinas, 13 personas físicas argentinas y hay tres sociedades en Florida identificadas, y además dentro de ellas no sólo hay algunas que actuaban como importadoras falsamente, sino que también hay cerca de 20 desarrollos inmobiliarios, sociedades o fideicomisos donde la utilidad proveniente de este ilícito se reinvertía”, profundizó el titular de la Aduana.

“Estamos convencidos que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no están involucrados en estas maniobras, pero sí empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas”, apuntó Michel.

En ese marco, agregó: “Vamos a pedir el cruce de llamadas de todos estos empleados infieles de los bancos y una investigación patrimonial porque estas transferencias al exterior con documentación apócrifa son cerca de 233 por un total de más de US$ 5 millones y no podrían haberse realizado sin un empleado infiel que permita la operación”.

Por último, el funcionario señaló que desde la Aduana se están analizando maniobras similares por US$ 700 millones, las cuales no cuentan con respaldo de operaciones de comercio exterior.

La causa penal está radicada en el juzgado Penal Económico Nº 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, en la que actúa el fiscal en lo Penal y Económico Nº 2, Emilio Gerberoff, quien solicitó una serie de medidas cautelares para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como el embargo preventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes de los involucrados.

LC con información de Télam

La empresa agroindustrial Syngenta quedó imputada por contrabando calificado, a raíz de una denuncia penal realizada por la Aduana contra la multinacional, donde se la acusó de presuntas maniobras de triangulación de importaciones. La causa es tramitada por el Juzgado Federal de Campana.

En un comunicado, la Aduana indicó que “está bajo análisis la facturación de importaciones provenientes de Estados Unidos, con triangulaciones indebidas vía un intermediario -Syngenta Agro Uruguay S.A.- con domicilio en Montevideo. La empresa uruguaya y la argentina responden al mismo grupo económico, Syngenta AG, con sede en Basilea, Suiza”.

De esta manera, la Dirección General de Aduanas (DGA) le reclama a la productora de agroquímicos haber presentado presuntamente documentos adulterados o falsos ante el ingreso de la mercadería a la Argentina. “La investigación ha constatado diferencias entre los valores documentados en Estados Unidos y los registrados ante la Aduana argentina. La mercadería fue enviada desde el país norteamericano en forma directa, pero refacturada desde Uruguay. Cabe destacar, no se advierte un valor agregado tangible aportado por la firma uruguaya que justifique el margen de diferencia”, sostuvieron desde el organismo.

En ese contexto, el Juzgado Federal de Campana pidió información de 54 importaciones de semillas de maíz, insecticidas, herbicidas y fungicidas, los cuales la DGA obtuvo a partir del acuerdo bilateral con la Trade and Transparency Unit (TTU), del país norteamericano.

“La Aduana está investigando operaciones por más de US$ 30 millones”, afirmó la DGA. Según explicaron en el escrito, la triangulación y sobrefacturación de importaciones consiste en mercadería proveniente de un país, pero refacturada desde otro a un valor superior.

La Dirección precisó que en lo que va de 2023, ya se analizaron 1.790 destinaciones de importaciones de mercadería refacturada desde Uruguay, valuadas en US$ 205.907.898, a pesar de haber sido fabricadas en otros países.

Entre los casi 1.800 operativos de control, se pudo comprobar que solo 10 empresas concentran el 49% de las operaciones trianguladas, por un monto total de US$ 100,3 millones, las cuales tienen “vinculación” a nivel societaria y comercial con la compañía uruguaya que realiza las refacturaciones. Las dos principales firmas con irregularidades son del sector de agroquímicos, concentrando el 27% del total de las operaciones.

Por otra parte, en la Aduana indicaron que “ninguno de los productos originarios de China tuvo un valor agregado 'adicional' en Uruguay. Por ello, queda claro que todas las transacciones investigadas fueron operaciones de refacturación”.

LC con información de agencia Télam

La Dirección General de Aduana (DGA) abrió sumarios disciplinarios y suspendió de forma preventiva a 59 empresas exportadoras, tras haber detectado que las mismas no liquidaban las divisas luego de vender sus mercaderías al exterior.

A partir de análisis y cruces sistémicos de las operaciones de exportación de determinados productos, la Aduana encontró “inconsistencias e irregularidades” en sus operaciones, según indicó el organismo en un comunicado.

Si bien los plazos máximos para liquidar divisas desde el permiso de embarque abarcan entre los 15 días para la soja, hasta los 180 días para las economías regionales, con casos de hasta 365 días, la Aduana detectó que, para aprovechar la brecha cambiaria, “muchos exportadores no liquidaban las divisas ante el Banco Central y las dejaban en el exterior”, o, en su defecto, “las convertían al tipo de cambio de contado con liquidación”.

“Esto demuestra un comportamiento sistemático de estas exportaciones inconsistentes que, luego de vencidos los plazos legales correspondientes, no efectúan el debido ingreso de divisas afectando gravemente las reservas del Banco Central”, indicaron desde el organismo aduanero.

Además, señalaron que al realizar operaciones de exportación con “sumas relevantes” sin cumplir con la reglamentación, las firmas generaban una “competencia desleal” en los rubros en los que operaban.

Entre las mercaderías utilizadas para la maniobra se encuentran aceites, grasas, granos, ajo, carne, cebollas, cereales, frutas, hortalizas, harina de trigo, lanas, cueros, pescado, porotos, tabaco y uvas.

“Estamos atravesando la peor sequía desde 1922 a la fecha, la producción de soja se estima en sólo 23 millones de toneladas, y la falta de controles eficientes respecto de las falsas empresas exportadoras llevo a un crecimiento exponencial de ´carpetas´ que simulan operaciones de exportación para dejar dólares en el exterior sin liquidar. Nuestro objetivo es defender las reservas para la industria nacional y la generación de empleo”, afirmó el director general de Aduana, Guillermo Michel.

Las operaciones fueron detectadas a través de un sistema de alerta temprana, implementado en noviembre pasado a través de la Instrucción General 7, el cual, precisamente, busca evitar el uso de dichas “carpetas” y sociedades sin sustancia económica creadas para efectuar operaciones irregulares.

De ser intimadas, las exportadoras deben liquidar las divisas o garantizarlas con un seguro de caución o fianza en un plazo de diez días. En caso contrario, el sistema suspende a las empresas del registro de exportadores hasta que justifiquen debidamente la no liquidación de divisas.

Dicho monitoreo le permite al organismo aduanero, en conjunto con la AFIP, intercambiar información en tiempo real con el Banco Central y la Secretaría de Agricultura.

La suspensión de estas 59 empresas ocurre luego de que la Justicia Federal rechazara una acción de amparo contra el sistema por presunta inconstitucionalidad e inaplicabilidad del mismo.

El Juzgado Federal N°1 de Rosario decidió la semana pasada no hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la empresa El Cerco, que había presentado una acción de amparo.

En su reclamo ante la Justicia, la firma manifestó que “no ha recibido por parte del BCRA intimación de ninguna índole respecto al ingreso de divisas”, y que “fue requerida por la AFIP-DGA a realizar el ingreso de tales divisas en el plazo de 10 días, bajo de apercibimiento de aplicar lo normado en la instrucción mencionada”.

CRM con información de la agencia Télam

La Dirección General de Aduanas le entregó al Museo del Holocausto de Buenos Aires 17 billetes del régimen nazi de destacado valor histórico, entre los cuales había ejemplares utilizados en campos de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, se informó oficialmente este miércoles.

Las piezas formaban parte de una colección de billetes y monedas valuada en más de 120.000 dólares, cuyo ingreso indebido fue desarticulado por la Aduana en enero de este año durante un control vehicular realizado ante la llegada de un buque proveniente de Uruguay, informó la Aduana a través de un comunicado.

El Museo del Holocausto de Buenos Aires solicitó la custodia judicial de los billetes, dado que tiene como misión resguardar el patrimonio referido al nazismo y al Holocausto.

El acto de entrega contó con la presencia del director general de Aduanas, Guillermo Michel, el juez Javier López Biscayart y el empresario Marcelo Mindlin, presidente del Museo.

Durante el evento, Michel expresó: “Desde la Aduana celebramos esta entrega, porque, por un lado, en línea con lo que establecen la Unesco y la Organización Mundial de Aduanas, detuvimos una maniobra de tráfico ilícito de bienes culturales. Por otro, hemos asumido el compromiso de que las mercaderías incautadas por nuestro organismo sean devueltas a la sociedad en forma provechosa”.

Por su parte, Marcelo Mindlin afirmó que las piezas cedidas las pondrán “al servicio de la construcción de memoria, de la educación y de la lucha por los valores democráticos, para prevenir crímenes semejantes contra la humanidad”.

Entre las piezas que la Aduana entregó al Museo hay billetes de, por un lado, la Alemania nazi y, por otro, de la Ucrania ocupada por el nazismo.

Entre los ejemplares de moneda alemana, hay cinco que habían sido utilizados en los campos de prisioneros del régimen nazi.

Los billetes, de 1, 10 y 50 reichspfennigs y de 2 y 5 reichsmarks, llevan inscripciones que, traducidas al español, dicen: “Este bono solo es válido como medio de pago para los prisioneros de guerra y solo podrá ser gastado y recibido por éstos dentro del campo de prisioneros de guerra o en el caso de jornadas laborales en las oficinas de compras expresamente designadas a tal efecto”.

El juez Javier López Biscayart, en cuyo juzgado tramita la causa de la colección numismática incautada, fue quien constituyó al Museo en depositario judicial de los billetes.

“La decisión se adopta con el convencimiento de que cada mínimo aporte puede colaborar con la misión del Museo del Holocausto en la Argentina en ser uno de los guardianes de esa memoria que narra los extremos de la deshumanización”, indicó el juez.

Con información de Télam.

IG

Durante un procedimiento de control en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP encontraron una insólita cantidad de mercadería en el equipaje -que constaba de 4 valijas- de un pasajero que arribaba en un vuelo proveniente de la ciudad de Lima, Perú. 

El análisis de información anticipada fue fundamental para el procedimiento: buscando una mejor gestión de riesgo, emitió una alerta que le permitió a la Aduana prever la llegada de pasajeros que podían ameritar verificaciones exhaustivas —cabe señalar, el hombre en cuestión ingresaba al país con cuatro valijas.

En efecto, el viajero traía 302 prendas deportivas nuevas y originales: había camisetas de fútbol de Argentina, Brasil, Polonia y Barcelona. Teniendo en cuenta que el precio de las mismas suele rondar los $20 mil por unidad, el valor total de la mercadería podría superar los 6 millones de pesos. 

Así, dada su cantidad y variedad, se presume que los productos fueron traídos con fines comerciales. En ese marco, la maniobra constituye una infracción al régimen de equipaje en los términos del artículo 977 del Código Aduanero, por lo cual, a la espera de la decisión del tribunal administrativo, la Aduana secuestró la mercadería. Al viajero podría caberle una multa de $18 millones.

DA

La Aduana implementará un nuevo sistema de control que busca identificar a aquellos pasajeros que busquen “contrabandear” mercadería con fines comerciales o que superen la franquicia permitida. “Esto no es para una persona que viaja y trae una ropa, trae un celular, trae alguna compra. Esto aplica a gente que trae ropa con fines comerciales, zapatillas con fines comerciales, o drogas”, especificó el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel.

La Aduana cuenta con tres principales fuentes de información para aplicar los controles. Una de ellas es la información estandarizada por la Organización Mundial de Aduanas luego del atentado a las Torres Gemelas, que incluye los datos generales del vuelo y del pasajero. La entidad también cuenta con información de fiscos extranjeros sobre las solicitudes de tax refund y de organismos internacionales que permiten identificar a aquellos viajeros con causas penales en otros países.

Ahora, también se tendrá en cuenta la cantidad de bultos que lleva un pasajero, la diferencia entre su equipaje al momento de iniciar el viaje y a su retorno, la cantidad de viajes realizados y la actividad o trabajo que desempeña el viajero. La entidad dependiente de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) revisará, además, si el pasajero cuenta con antecedentes de infracciones cometidas.

Qué artículos está permitido ingresar desde el exterior

Los dispositivos electrónicos son algunos de las compras más comunes de los argentinos en el exterior. Se puede ingresar un celular, Tablet o notebook por persona sin necesidad de abonar un arancel extra. Los pasajeros también pueden traer del exterior ropa y objetos de uso personal sin fines comerciales sin inconvenientes.

Para otro tipo de bienes, se aplica un valor límite del equipaje ingresado o franquicia, que varía de acuerdo a la vía de acceso al país. En caso de transporte terrestre o fluvial, el límite para todos aquellos pasajeros mayores de 16 años equivale a 300 dólares mensuales, mientras que, para los arribos marítimos o aéreos, el máximo asciende a 500 dólares. Para los menores, los topes, en ambos casos, se reducen en un 50%. En caso de superar ese monto, el pasajero deberá abonar un arancel cuyo valor representa la mitad del excedente.

El ingreso de mercaderías para su comercialización o para fines industriales está prohibido. La entrada de este tipo de artículos supone una infracción y habilita la aplicación de una multa equivalente hasta 3 veces el valor de los bienes ingresados. La Aduana también podría confiscarlos, de la misma manera que lo hace cuando un pasajero arriba al país con material arqueológico y cultural, drogas, armas y explosivos, salvo estricta autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

ACM

Un meteorito fue descubierto en un paso fronterizo con Chile cuando era trasladado dentro de un auto conducido por un hombre oriundo de la provincia de Córdoba. Así informó la Aduana en el objeto secuestrado podían distinguirse marcas de ablación atmosférica.

El hallazgo ocurrió la semana pasada cuando agentes aduaneros apostados en el Paso Internacional Agua Negra, a 4.780 metros sobre el nivel del mar, en plena Cordillera de los Andes, inspeccionaban un vehículo que ingresaba al país desde Chile y algo les llamó la atención.

Además de una gran cantidad de piedras en la zona del asiento trasero del auto, y tras decirle al conductor que tenía que descartarlas por razones fitosanitarias, el hombre accedió, pero no tiró una de las piedras de aspecto brillante.

En ese momento, personal especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP examinó ese objeto grande y enseguida sintieron que su peso no condecía con su tamaño, lo que les hizo sospechar que podía tratarse de un bien cultural o patrimonial. Ese fue el motivo por el que fue retenido y elevaron un informe.

La roca de 12,5 kilos y 27 centímetros de largo fue trasladada a Buenos Aires para ser analizada por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que concluyó que era un meteorito.

En el informe, los científicos del SEGEMAR informaron que constataron la presencia de depresiones que “corresponden a los regmagliptos formados por la ablación cuando el meteorito penetra en la atmósfera terrestre”; y aseguraron que su composición tenía una proporción de hierro/níquel que no estaba en la Tierra.

Dado que la Ley 26.306 establece que los meteoritos que ingresan al territorio argentino son bienes culturales, el objeto celeste en cuestión era, definitivamente, de importación prohibida, según indica el Artículo 610 del Código Aduanero.

MB con información de agencias