La misión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) identificó dos núcleos estatales que llevan a cabo los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ellos son la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un organismo de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

La DGCIM se centra en combatir los intentos de desestabilizar al Gobierno, mientras que el SEBIN se ocupa de la disidencia política y la protesta social.

Ambos organismos, de acuerdo al informe firmado presentado ayer en Ginebra por la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, incurren en prácticas sistemáticas de detenciones arbitrarias y tortura, y también son responsables de asesinatos y desapariciones forzadas, sobre todo en estados alejados de Caracas y con mayor presencia de población indígena, como Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.

El reporte se valió de 246 entrevistas (140 hombres y 106 mujeres), tanto en persona como mediante conexiones telefónicas o audiovisuales. También incluye el análisis de cientos de documentos y expedientes judiciales y observaciones in situ, realizadas con recaudos, ya que el Gobierno de Nicolás Maduro no autorizó la investigación encargada por el cuerpo de la ONU.

En 2019, la misión fue aprobada por el Consejo de DD.HH. para analizar la situación desde 2014, y el mandato se renovó anualmente desde entonces. Los enviados, todos ellos abogados con amplia experiencia en observaciones internacionales, elevaron sendos informes en 2020 y 2021 sobre la base de 383 entrevistas, cuyas conclusiones se ven ratificadas en la edición de este año.

'La misión ha documentado casos de pérdida de funciones sensoriales o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontáneo, como resultado de los actos de tortura infligidos por los agentes de la DGCIM', dice el informe.

Las detenciones arbitrarias —destaca el texto presentado este martes— se centraron entre 2017 y 2019, pero las estructuras y la impunidad siguen vigentes más allá de algunos cambios formales. La merma en los casos obedece al efecto mismo de la represión sobre la oposición y a la pandemia, destacaron los expertos.

Valiñas, Cox y Tappatá emitieron dos textos este año. Uno referido a la represión perpetrada por el SEBIN y la DGCIM contra objetivos políticos y sociales, y otro sobre la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas de extracción de oro en el estado de Bolívar. Los métodos represivos son similares, pero el segundo texto pone el acento en la vulnerabilidad de poblaciones indígenas que se ven amenazadas por explotaciones ilegales con amparo estatal.

La Boleíta

Una irregularidad central está dada por la opacidad de los procesos judiciales llevados a cabo contra opositores y golpistas. El 9 de diciembre pasado, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo que extiende la jurisdicción de tribunales militares sobre personas civiles “con el único requisito de que medie un auto motivado por parte de un juez militar”, indica el texto.

Mediante nombramientos, extensiones de jurisdicción, remociones y traslados arbitrarios, el fuero civil también representa uno de los principales obstáculos para garantizar procesos justos, señalaron los observadores.

Uno de los aspectos destacados por la misión es que las detenciones arbitrarias y las torturas fueron aplicadas contra opositores, reales o percibidos, y contra sus familiares, como una forma de forzar las entregas de personas buscadas.

Desde que Nicolás Maduro ganó la Presidencia, en 2013, miembros de las fuerzas armadas participaron en varios intentos de golpe de Estado y magnicidio, coordinados con líderes opositores, como Juan Guaidó, y mercenarios extranjeros, según denuncias fundadas, tanto del Ejecutivo venezolano como de medios internacionales. La misión del Consejo reconoce el legítimo derecho de investigar y penalizar los intentos de golpe, pero reclama el respeto a garantías procesales.

La sede de la DGCIM, en el barrio caraqueño Boleíta Norte, funciona como uno de los lugares de detención ilegal. En sus sótanos, “la tortura y otras formas de malos tratos contra las personas detenidas eran sistemáticas”, redactó el trío de expertos. Investigaron el caso de 122 oficiales y exoficiales de la FANB y civiles asociados a ellos, que fueron arrestados, detenidos y torturados entre el 12 de febrero de 2014 y la actualidad. Algunos de ellos fueron alojados en diversas casas de seguridad repartidas en el territorio, en condiciones denigrantes. Los domicilios de varios de los supuestos golpistas fueron saqueados, informaron los enviados.

Los métodos de tortura incluyeron palizas con objetos, picanas, submarino, vejaciones sexuales, aislamiento extremo y posiciones de estrés. Una particularidad de la sede en la Boleíta es el método conocido como “señorita”, dispositivo que introduce cuerpos torturados en tanques de agua.

“La misión ha documentado casos de pérdida de funciones sensoriales o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontáneo, como resultado de los actos de tortura infligidos por los agentes de la DGCIM”, dice el informe.

Helicoide

El SEBIN, transferido al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde abril de 2021, tiene un director general nombrado por el Presidente. Sus centros de detención se ubican en su sede de Plaza Venezuela y en El Helicoide. A partir de noviembre de 2021, El Helicoide es administrado por el Sistema Penitenciario, aunque los testigos afirmaron que el SEBIN sigue a cargo de las personas detenidas por motivos políticos.

Los enviados del Consejo de DD.HH. de la ONU constataron la situación de 90 víctimas bajo la órbita del SEBIN, todas ellas detenidas y torturadas desde 2014. Según Cox, Tappatá y Vallinas, Maduro y el virtual número dos del Gobierno, Diosdado Cabello, determinaron los blancos en comunicación directa con el director general del organismo de inteligencia política.

La misión investigó 51 casos “en los que los agentes del SEBIN torturaron o sometieron a las personas detenidas a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”. Algunas sesiones de tortura duraron semanas. “Durante los interrogatorios, los agentes del SEBIN amenazaron con violar tanto a hombres como a mujeres, utilizando partes del cuerpo y objetos. También amenazaron con ejercer la violencia, incluida sexual, contra las mujeres de la familia de quienes estaban detenidos”.

Sobre la base de testimonios de veinte testigos, los enviados del Consejo individualizaron a cinco represores que deberían ser investigados por crímenes de lesa humanidad.

Según Cox, Tappatá y Valinas, Maduro y el virtual número dos del Gobierno, Diosdado Cabello, determinaron los blancos en comunicación directa con el director general del organismo de inteligencia política.

“La Misión ha llegado a la conclusión de que estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del Gobierno para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno. El presidente Nicolás Maduro, y otras autoridades de alto nivel que le prestaron apoyo, fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia”, evaluó el informe.

La prueba de la implicación directa de Maduro en estos supuestos delitos es, para los enviados, la organización de una estructura estatal bajo su dominio directo, que incluyó la promoción y la garantía de impunidad a los represores directos.

Blanco en poblaciones indígenas

En cuanto al Arco Minero del Orinoco, en el estado de Bolívar, el informe remarcó “la explotación laboral y los altos niveles de violencia ejercida por los grupos criminales que controlan la minería en la zona”. Las violaciones a los derechos humanos incluyen “trabajo infantil, trata de personas y prostitución forzada”, con víctimas, sobre todo, entre los pueblos indígenas.

En la zona, que alberga grandes áreas protegidas, viven dieciséis pueblos indígenas. Son tierras ricas en oro, diamantes, coltán y bauxita.

Hugo Chávez decretó la nacionalización de la explotación minera en 2011, lo que originó la resistencia de pobladores locales que llevaban a cabo esa actividad de modo artesanal y no regulado.

Desde entonces, el estado de Bolívar atrajo un importante número de migrantes a la vez que aumentaron las tensiones por el negocio y el impacto ambiental. “La misión recibió información según la cual las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados criminales han cometido y siguen cometiendo asesinatos, secuestros, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los grupos ilegales están fuertemente armados y habitualmente entran en conflictos violentos entre ellos o con las autoridades del Estado”.

Un caso emblemático fue la “masacre de Tumeremo”. El 4 de marzo de 2016, presuntos miembros del “sindicato” de “El Topo” mataron por lo menos a diecisiete personas (quince hombres y dos mujeres) cerca de la mina conocida como “La Bulla de Atenas” en las afueras de Tumeremo, municipio de Sifontes. La versión oficial del Estado sobre el incidente alegó que los asesinatos fueron el resultado de una lucha por el control entre dos “sindicatos” locales. La misión del Consejo concluyó, por el contrario, que la masacre pudo haber implicado cierto nivel de tolerancia o cooperación de las autoridades estatales con vínculos con grupos armados y operaciones mineras ilegales. La investigación oficial se centró en los responsables directos pero desatendió cualquier intervención de elementos estatales.

Otras matanzas con presunta participación de agentes de la CGCIM se produjeron en la Gran Sabana, próxima al Arco Minero y limítrofe con Brasil.

En febrero de 2019, la oposición política venezolana intentó enviar ayuda humanitaria a través de la frontera con Brasil. El Gobierno movilizó tropas y grupos de civiles en la localidad de Santa Elena de Uairén, municipio de Gran Sabana, para bloquear la llegada de la ayuda. “Entre el 22 y el 27 de febrero de 2019, se produjeron enfrentamientos violentos entre la FANB y la población que apoyaba la ayuda humanitaria, incluidas las comunidades indígenas pemón”. Se produjeron “graves violaciones de los derechos humanos”, escribieron los expertos portuguesa, argentina y chileno. 

Otros enfrentamientos de la FANB con la comunidad Kuramakapay tuvieron similar desenlace. Los testimonios indican que las mujeres, gays y transexuales fueron un blanco principal de la brutalidad sexual de los represores o de grupos ilegales tolerados por el Estado.

SL

Al cabo de 246 entrevistas confidenciales y el análisis de cientos de expedientes y documentos, el grupo de trabajo sobre Venezuela enviado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas informó ayer que el Gobierno de Nicolás Maduro continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad, incluidos casos de tortura y detenciones arbitrarias de disidentes y opositores. La misión encabezada por la portuguesa Marta Valiñas y secundada por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, expertos con amplia experiencia en observaciones internacionales, presentó en Ginebra el tercer informe que ratifica y amplía el escenario planteado en los reportes de 2020 y 2021. En diálogo con elDiarioAR, el abogado Cox (universidades Diego Portales y Columbia) considera que Maduro y el diputado de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, virtual número dos del Gobierno, deberían rendir cuentas por las presuntas violaciones a los derechos humanos. El funcionario aclara que el mandato del Consejo no incluye investigar los vínculos entre el opositor Juan Guaidó —reconocido como presidente por muchos países— y grupos paramilitares y mercenarios que han promovido golpes de Estado e intentos de magnicidio, entre otros presuntos delitos.

¿Qué evolución percibe sobre la situación en Venezuela en relación al primer informe de la misión, presentado en septiembre de 2020?

El informe que presentamos se centra en el modus operandi de los delitos y en las estructuras que cometen estos crímenes de lesa humanidad. Se recogen las entrevistas previas y otras nuevas con exfuncionarios de estas estructuras. Como dijimos en el primer informe y ratificamos en éste, la política de aplastamiento y silenciamiento de opositores y personas percibidas como tales persiste. Hay una política de Estado, se toman decisiones a altos niveles, y lo que hacemos es señalar a personas que dentro de las estructuras, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que deben ser investigadas, sea por los órganos internos o los tribunales internacionales.

Ver que en Venezuela se ha utilizado la detención de familiares para motivar la entrega de una persona es algo muy llamativo y muy fuerte

 ¿Qué tipos de crímenes de lesa humanidad son los que persisten en Venezuela?

En este informe hay ejemplos del año 2021 y 2022 de detenciones arbitrarias, torturas y personas que son remitidas al SEBIN o al DGCIM. En los informes anteriores señalamos una política de silenciamiento de la oposición y otra de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES, un comando de la Policía Nacional Bolivariana) en operativos de supuesta lucha contra la criminalidad.

¿En qué medida afectó la investigación el hecho de que el Gobierno de Maduro no haya autorizado el trabajo dentro de las fronteras?

Eso es algo que sin duda comparten casi todas las misiones de esta naturaleza. Sin embargo, tuvimos acceso a testimonios de personas, incluso dentro de Venezuela, con los resguardos de seguridad necesarios, y de otras que han salido del país. También accedimos a informes, expedientes judiciales e incluso un memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Cuba y el de Venezuela para implementar estas medidas de persecución de disidentes.

Mediadores internacionales, como el expresidente de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, han señalado la falta de voluntad real de ciertos líderes de la oposición de avanzar en la normalización democrática. ¿En qué medida ese obstruccionismo de parte de la oposición contamina la investigación?

Sin duda que un Estado tiene todo el derecho a investigar y sancionar a aquellas personas que intentan tomar el Gobierno por la fuerza. Eso está señalado expresamente en nuestros informes. El Estado tiene todo el legítimo derecho a investigar, juzgar y sancionar esos intentos. Se señala que la forma en que se hace esa investigación tiene que ser con respeto al debido proceso, con auténtica independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, y de ninguna forma tiene que existir tortura ni condiciones de detención que están en evidente contradicción con los estándares de los derechos humanos.

¿La implicación de líderes de la oposición en intentos de golpe de Estado y magnicidio en coordinación con mercenarios puede tergiversar la veracidad de las denuncias que reciben?

No podemos opinar del proceso de negociación. Tratamos de mantenernos al margen de las discusiones políticas. Todas las fuentes de información que recibimos son confrontadas unas con otras para ver qué nivel de legitimidad y de manipulación pueden tener. Nosotros concluimos cuáles alcanzan un estándar de motivo razonable para creer, que es un estándar para solicitar una investigación o una orden de arresto, no para condenar a una persona. No somos un órgano judicial, pero sí hacemos una confrontación entre las fuentes de información.

¿La existencia de Juan Guaidó, quien se arroga potestades estatales y es reconocido como presidente de Venezuela por muchos países, no abre una vía para investigar también su actuación concreta en la probable violación de los derechos humanos?

Como le digo, si tuviéramos dentro del mandato ese ámbito de competencia, podría llevar una respuesta de la investigación. No puedo opinar sobre la percepción. Nuestro mandato es investigar la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas desde 2014 a la fecha, cometidas dentro de las fronteras de Venezuela. No se nos ha dado mandato para investigar los vínculos con intentos de golpe de Estado o la relación con fuerzas paramilitares.

Ante ejecuciones y represiones ilegales de opositores a Maduro que alcanzaron repercusión internacional porque fueron filmadas, el Gobierno de Venezuela dijo que sancionaría a los responsables. ¿Pudieron hacer un seguimiento de esos casos?

El Gobierno no nos ha proporcionado información que nos pueda hacer de contrapeso. Hemos visto las manifestaciones públicas y los expedientes en el contexto de muertes durante las protestas. En esos expedientes, se observa que cuando se persigue a funcionarios públicos, miembros de la Policía Nacional Bolivariana u otro organismo, la acusación se mantiene en un nivel muy bajo y no se sube en la cadena de mandos. Si bien es cierto que hay investigaciones y sanciones, son por delitos que no encuadran con las violaciones que nosotros denunciamos, y con personas de muy bajo rango.

De acuerdo a su conocimiento de América Latina, donde hay problemas endémicos en cárceles, violencia institucional y, en algunos casos, persecución a opositores y disidentes, ¿diría que la situación de derechos humanos en Venezuela está fuera del rango general?

Sí, en el sentido de que, si dejamos de lado los períodos de dictaduras militares en América Latina, el otro país que yo conozco en el que una misión estableció que había crímenes de lesa humanidad sería Nicaragua. En Colombia los hubo, pero la Corte Penal Internacional expresó un principio de deferencia hacia el Acuerdo de Paz (2016). En ese contexto, me parece que Venezuela sí sale de la norma general respecto de esta política de persecución de la oposición. Insisto, es una política de Estado en la cual hay estructuras y va más allá de las personas en cargos intermedios. Lo de Venezuela escapa de la situación de graves violaciones a los derechos humanos. En Chile, durante el estallido social, hubo violaciones, pero al menos se está discutiendo por parte del Ministerio Público si alcanzan el nivel de crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional desestimó eso, por ahora.

¿Observa un doble estándar por parte de algunos organismos internacionales y organizaciones de países centrales a la hora de observar los derechos humanos en Venezuela o Nicaragua y en Colombia, con Iván Duque, u Honduras, durante el Gobierno de Juan Hernández?

Yo me puedo hacer cargo de mi postura personal. En México fui acusado de izquierdista ultramontano por haber participado del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en Ayotzinapa (44 normalistas desaparecidos) y en Venezuela me han tratado de fascista. Yo considero que la oficina de la Alta Comisionada de DD.HH., Michelle Bachelet, ha trabajado y antes de irse dejó un informe muy claro sobre China. A veces se ve un doble estándar en políticos que opinan, pero no en los organismos ni en organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Ellos hacen una crítica equiparada por violaciones a los derechos humanos más allá del color político.

No se nos ha dado mandato para investigar los vínculos (de la oposición venezolana) con intentos de golpe de Estado o la relación con fuerzas paramilitares.

¿Para la misión, Maduro y otros altos funcionarios del Gobierno de Venezuela deben ser juzgados por crímenes de lesa humanidad?

Nuestra conclusión es que Nicolás Maduro y (el diputado de la Asamblea Nacional) Diosdado Cabello participan activamente en el diseño de estas políticas de Estado, que es uno de los elementos de los crímenes de lesa humanidad que documentamos. Deberían ser investigados. No condenamos como un tribunal, pero sí llamamos a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional a que investigue las responsabilidades.

¿Qué aspecto distintivo encontró en Venezuela en cuanto a violaciones a los derechos humanos que no son tan comunes en otros países?

Los familiares de las víctimas siempre tienen una importancia fundamental. Ver que se ha utilizado la detención de familiares para motivar la entrega de una persona es muy llamativo y muy fuerte. Insisto sobre el punto de que sea una política de Estado, con la movilización de todo el aparato. Que apunten a los familiares, es algo realmente llamativo. 

SL