Cada 30 de julio, el mundo conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013. La fecha busca concientizar sobre la situación de las víctimas, promover su protección y exigir justicia frente a un delito que afecta a millones de personas en todos los continentes.

Según los últimos informes de Naciones Unidas, 1 de cada 4 víctimas de trata en el mundo tiene menos de 18 años (el 18% niñas y el 17% niños). Y hablamos de víctimas detectadas y reconocidas oficialmente, lo que deja fuera de nuestro radar otras muchas situaciones escondidas o toleradas.

Ya sea por grupos criminales organizados o por individuos particulares, la explotación de mujeres, hombres, niños y niñas es un negocio muy lucrativo, que presenta menor riesgo que otras actividades criminales como el tráfico de drogas. Además, una misma persona se puede comprar y vender varias veces, enriqueciendo a intermediarios que captan, transportan, controlan o median entre el explotador y la víctima.

Así, mientras haya demanda de cuerpos, órganos o mano de obra, siempre habrá alguien dispuesto a conseguirlos.

Vivimos un escenario donde las crisis mundiales, los conflictos y el cambio climático están agitando el mundo, creando un escenario perfecto para que la oscuridad de la trata aumente.

Millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por desplazamientos forzados y desigualdades socioeconómicas, quedando vulnerables a las garras de los traficantes de personas. Son aquellos que no tienen un estatus legal seguro, que viven en la pobreza y carecen de acceso a educación, atención médica y empleo digno. Además, aquellos que enfrentan discriminación, violencia y abusos, o provienen de comunidades marginadas, también se encuentran en la mira de estos criminales.

Y mientras el mundo se enfrenta a estas amenazas, la lucha contra la trata parece estar decayendo. Las medidas nacionales, especialmente en países en desarrollo, parecen estar desvaneciéndose. Las tasas de detección se han reducido en un 11% y las condenas han sufrido una reducción del 27% en el año 2020, mostrando una clara desaceleración en la respuesta de la justicia penal.

Pero no todo está perdido, porque aquí hay héroes en la historia. ¡Un 41% de las víctimas logran liberarse de su horrorosa realidad y enfrentar valientemente a sus opresores!

Así que, en esta épica batalla entre la luz y la oscuridad, el mundo debe unirse para enfrentar a los traficantes y proteger a las víctimas.

¿En qué consiste la trata de personas?

La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación a los derechos humanos, siendo catalogada un símbolo moderno de esclavitud del siglo XXI, mediante la cual las personas son privadas de su libertad y derechos por parte de terceras personas.

Son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos, mendicidad, entre otras modalidades.

Se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de la trata de personas son niños y el otro 70% son mujeres y niñas. Los primeros en la mayoría de los casos se usan para realizar trabajos forzosos en situaciones precarias, mientras que las mujeres y niñas son explotadas sexualmente desde muy temprana edad.

Esto sin contar aquellos casos relacionados con los comerciantes de órganos del mercado negro, o que se vinculan con otros hechos delictivos como el tráfico de drogas.

Actualmente, más de 12 millones de personas a nivel mundial son víctimas de este delito. Existen aproximadamente 500 rutas de tráfico de personas y tan solo 32 de ellas se encuentran en Iberoamérica.

Unido a ello se resalta el gran peligro potencial que ha originado Internet y las redes sociales, donde las traficantes tienden puentes de forma anónima con posibles víctimas, atrayéndolas hacia su red de contrabando humano.

Grupos susceptibles de ser víctimas de la Trata de Personas

Según informes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, los grupos humanos que tienden a padecer este tipo de hecho delictivo son los desplazados, es decir, personas que han tenido que abandonar su país de origen, por culpa de un conflicto armado o situación política que los impulsa a emigrar o pedir refugio a otra nación.

Allí, donde hay grandes corrientes migratorias es donde la ONU ha orientado los mayores esfuerzos para luchar contra la trata de personas, realizando los más grandes eventos cada 30 de julio.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo que nos exponen a ser víctimas de las trata de personas?

Campaña “Corazón Azul”

La Campaña “Corazón Azul” es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas creada en el año 2008 en Viena (Austria), orientada a sensibilizar y crear conciencia en la población mundial acerca de la lucha contra la trata de personas y su impacto en la sociedad.

El corazón azul se ha convertido en el símbolo internacional de la lucha contra la trata de personas, representando la tristeza de las víctimas que son objeto de la trata de personas. Igualmente manifiesta la insensibilidad de aquellos que compran y venden a otros seres humanos.

Con esta campaña se pretende obtener una masiva y activa participación en la defensa de esta causa, a fin de erradicar esta forma moderna de esclavitud. Otras finalidades de esta campaña son las siguientes:

Qué dice el Informe Mundial 2024 sobre Trata de Personas de la ONU

La trata de niños y niñas y con fines de trabajo forzoso, así como la criminalidad forzada, están aumentando a medida que la pobreza, los conflictos y el cambio climático dejan a más personas vulnerables a la explotación, reveló el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El Informe registra un aumento del 25% en el número de víctimas de trata detectadas en el mundo en 2022, en comparación con cifras anteriores a la pandemia de 2019. Entre 2019 y 2022, el número de víctimas detectadas en el mundo por trata con fines de trabajo forzoso aumentó un 47%.

El número de víctimas infantiles detectadas en el mundo aumentó un 31% en 2022 en comparación con 2019, con un aumento del 38% en el caso de las niñas. Se han detectado más víctimas varones en zonas donde se había registrado un número creciente de personas menores de edad no acompañadas y separadas de sus familias. La trata de niñas y niños también está aumentando en los países de ingresos altos, y a menudo se refiere a niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual.

“A medida que los conflictos, los desastres climáticos y las crisis mundiales agravan las vulnerabilidades en todo el mundo, vemos un aumento de las víctimas de trata de personas detectadas, en particular de niñas y niños, que ahora representan el 38% de las víctimas identificadas”, declaró la Sra. Ghada Waly, Directora Ejecutiva de UNODC. “Los delincuentes recurren cada vez más a la trata de personas para someterlas a trabajos forzados, incluso para obligarlas a realizar sofisticadas estafas en línea y delitos cibernéticos, mientras que las mujeres y las niñas se enfrentan al riesgo de la explotación sexual y la violencia de género. Tenemos que intensificar las respuestas de la justicia penal para hacer rendir cuentas a quienes lideran la cadena delictiva, cruzar fronteras para rescatar a las víctimas y garantizar que las y los sobrevivientes reciban el apoyo que necesitan”.

El Informe concluye que las mujeres y las niñas siguen representando la mayoría de las víctimas detectadas en todo el mundo (61% en 2022). La mayoría de las niñas víctimas (60%) detectadas siguen siendo víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Alrededor del 45% de los niños detectados son víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso y el 47% son explotados con otros fines, como la criminalidad forzosa y la mendicidad.

La trata con fines de criminalidad forzada, incluida las estafas en línea, ocupa el tercer lugar en el número de víctimas detectadas, y ha pasado de representar el 1% del total de víctimas en 2016 al 8% en 2022.

El Informe 2024 incluye un capítulo especial sobre África, una región que a menudo se ha dejado de lado en los estudios sobre la trata debido a las dificultades para obtener datos.

UNODC realizó grandes esfuerzos para recopilar datos de todas las regiones de África con ayuda de sus oficinas sobre el terreno e iniciativas conjuntas con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto de Estadística de la Unión Africana (STATAFRIC), la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), así como con autoridades nacionales de muchos países africanos.

Como resultado, este Informe ofrece la imagen más detallada hasta la fecha de las pautas, flujos y tendencias de la trata en África.

Según el Informe, las víctimas de trata provenientes de África son quienes llegan a más destinos. En total, personas de al menos 162 nacionalidades fueron víctimas de trata en 128 países de destino en 2022. De los flujos transfronterizos detectados, el 31% involucra a personas provenientes de países africanos.

La mayoría de las víctimas africanas son objeto de trata dentro del continente, donde los desplazamientos, la inseguridad y el cambio climático están exacerbando las vulnerabilidades. La trata de niñas y niños se detecta con más frecuencia que la de personas adultas en la mayor parte del continente, sobre todo para trabajos forzados, explotación sexual y mendicidad forzosa. Un factor que contribuye al aumento global de víctimas infantiles detectadas es el incremento general del número de casos detectados en el África subsahariana.

El Informe ofrece recomendaciones políticas para responder a todas las formas de trata de personas, incluida la mejora de la identificación y protección de las víctimas.

La edición 2024 del Informe mundial abarcó 156 países de todas las regiones y subregiones del mundo, la mayor cobertura de países del Informe Mundial sobre Trata de Personas de UNODC desde su primera edición en 2009.

El Opus Dei negó la acusaciones de explotación laboral presentadas por 43 mujeres en Argentina y acusó a los medios de haber “tergiversado la realidad” del caso, en un comunicado colgado este lunes en su página web, en el que se refiere a la investigación judicial respecto a las denunciantes que vivían en situación económica vulnerable, y que entraron a la organización católica cuando tenían entre 12 y 16 años, con la promesa de un hogar y educación.

En su largo comunicado, el Opus argumenta que “el conflicto comenzó en los medios de comunicación y fue mutando a lo largo del tiempo en su planteamiento: primero como un reclamo laboral, luego como una demanda de indemnización por daños y perjuicios, hasta llegar a denuncias por explotación laboral”.

Y que “a partir de junio de 2023, existe una investigación judicial iniciada por una denuncia que afirma que un grupo de mujeres habría sido víctima de trata de personas y explotación laboral”, lo que niegan “categóricamente”

Al mismo tiempo, se lee en la nota, se considera “que esta alegación es un uso manipulado de una figura penal que no tiene ninguna vinculación con los hechos que describen las propias personas que denuncian, y mucho menos con la realidad en el Opus Dei”.

La institución conocida como 'La Obra' explica que en septiembre de 2020, un abogado se presentó ante la prelatura afirmando representar a 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares del Opus Dei, y reclamó la regularización de aportes para las contribuciones al sistema de seguridad social del país, para la pensión de jubilación y otros beneficios sociales y que fue recibido y escuchado “pero la escasa información suministrada por el abogado no resultó suficiente para analizar la situación de cada persona”.

Critica que “desde entonces, han circulado nuevos cuestionamientos al Opus Dei a través de diferentes medios de comunicación, tergiversando la realidad y confundiendo los distintos planos de reclamo (previsional, laboral, penal)”.

En el comunicado, explica que “ante la falta de presentaciones formales del abogado y de sus representadas frente a instancias judiciales, en 2022 las autoridades de la prelatura en Argentina crearon una Comisión de Escucha para entender mejor los hechos”.

Y que como resultado de ese proceso, “a finales de 2022 se constituyó una Oficina de Sanación y Resolución, para canalizar la resolución personalizada de posibles reclamos y propiciar procesos de sanación”.

Sobre el proceso judicial, también explican que “por el momento, el juez no ha imputado aún delito alguno” y lo que existe es “un pedido de los fiscales para que el juez a cargo convoque a determinadas personas para escuchar su versión sobre los hechos. Sin embargo, el juez aún no ha resuelto si dará lugar o no a ese pedido, ni ha decidido a quiénes podría citar”.

Y reiteran que se trata de “una grave manipulación con fines mediáticos del sistema judicial, pues se realizan acusaciones totalmente infundadas para presionar en un reclamo laboral-económico”

Fazio fue acusado formalmente el pasado 11 de junio por el Ministerio Público Fiscal argentino, órgano competente para realizar la imputación, por trata de mujeres con fines de explotación laboral dentro de su orden religiosa, en condiciones de semiesclavitud.

La querella solicitó expresamente su inclusión en la causa, ya que fue el máximo responsable de la institución entre 2010 y 2014, junto a los exvicarios regionales Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010), Víctor Urrestarazu (2014-2022), y el sacerdote numerario Gabriel Dondo, quien dirigió durante casi todas esas décadas la rama femenina de la organización.

El comunicado completo

En el marco de la investigación judicial sobre la situación personal de una mujer mientras fue parte del Opus Dei, el abogado querellante declaró en medios de comunicación que ha solicitado que se convoque a manifestar su posición sobre los hechos al prelado del Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz. La prelatura considera que este pedido –sin fundamento fáctico ni jurídico– se enmarca en una estrategia mediática engañosa y sostenida que, desde el inicio, ha intentado tergiversar los fines de una investigación penal para tratar un reclamo laboral económico.

La causa en su conjunto representa un intento de manipular la aplicación de una figura penal (la trata de personas) que no guarda relación con los hechos narrados por la denunciante, y mucho menos con la realidad del Opus Dei. Se está utilizando el fuero penal, que debe tener como finalidad la investigación de delitos y la búsqueda de justicia, para perseguir un objetivo económico, desnaturalizando así el sentido y la función de esta herramienta judicial.

Esta última petición vuelve a apoyarse en conjeturas, sin aportar elementos concretos que justifiquen estas alegaciones. Se intenta así extender artificialmente el objeto de la investigación penal a personas cuya vinculación directa con los supuestos hechos narrados por la denunciante es inexistente. Es preocupante que esta dinámica de instrumentalización y tergiversación del procedimiento penal se repita, con el fin de amplificar el impacto en la opinión pública y ejercer presión sobre el sistema de justicia. Algo que hemos visto recientemente con la solicitud de que llamen a manifestar su posición a Mons. Mariano Fazio, que fue anunciada con un despliegue mediático orquestado.

Como hemos expresado anteriormente, el conflicto comenzó en los medios de comunicación como un reclamo por inconsistencias en aportes previsionales y laborales. Luego, mutó a un reclamo económico civil de daños y perjuicios, y finalmente se transformó, en agosto de 2024, en una acusación de una persona que afirma haber sido víctima del delito de “trata de persona”. Para construir esta denuncia se realiza una descontextualización completa de la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei.

Lamentamos que se utilicen los mecanismos judiciales para sostener una narrativa prefabricada que busca instalar culpabilidades sin base en los hechos verdaderamente ocurridos. Es fundamental preservar la seriedad institucional de la Justicia y garantizar que los trámites se desarrollen con objetividad, sin presiones externas y con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.

La prelatura del Opus Dei insiste en rechazar estas alegaciones y mantiene su disposición plena a colaborar con las autoridades judiciales, confiando en que la verdad prevalecerá.

Detalles de la acusación al “número dos” del Opus Dei

La acusación es contundente: el sacerdote Mariano Fazio, primero en la línea sucesoria para ser el jefe máximo de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, fue parte del sistema de trata de mujeres pobres para explotación laboral que diseñó y ejecutó la Obra durante al menos cuatro décadas en la Argentina, su país, y que tiene al menos 43 víctimas. Así lo afirma el escrito de ocho páginas al que tuvo acceso exclusivo elDiario.es y que pide que se lo cite a declaración indagatoria junto a otros cuatro religiosos.

En 2024, tras dos años de una investigación secreta y sin precedentes, la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (PROTEX) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, habían elevado una acusación formal contra las máximas autoridades del Opus Dei en Buenos Aires. En ese pedido se citaba a indagatoria a los exvicarios regionales, Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010) y Víctor Urrestarazu (2014-2022) y había llamado la atención que no se nombrara a Fazio, quien había estado en el mismo cargo en el período intermedio entre los dos últimos.

Fazio llegó a Roma en 2014, un año después de que su coterráneo Jorge Mario Bergoglio se convirtiera en el papa Francisco. El nombramiento, primero como vicario general, no fue casual. El jefe máximo del Opus Dei entonces, Javier Echevarría, lo llevó con el fin de buscar acercarse al jesuita que, aunque recién desembarcaba en el Vaticano, ya aparecía con una impronta reformista que los alarmaba. Según fuentes cercanas al Opus Dei y al Vaticano, la intención fue la de “controlar” a Francisco, con quien Fazio sostenía una relación cordial en Buenos Aires.

El pedido formal de imputación, despachado el pasado 11 de junio por los fiscales Alejandra Mángano, Marcelo Colombo y Eduardo Taiano, va dirigido al juez federal Daniel Rafecas y sostiene que las pruebas que alcanzan a los demás acusados son suficientes para imputar también al segundo hombre más importante del Opus Dei en el mundo.

La principal víctima del caso: “Le limpiaba su habitación”

La sede principal del Opus Dei en la Argentina está ubicada en el barrio de la Recoleta, uno de los más caros de Buenos Aires. Allí, en un edificio que ocupa más de un cuarto de manzana y que fue construido sobre un terreno donado por una dictadura militar y con subsidios de otra, viven las máximas autoridades de la organización, incluida toda la cúpula religiosa.

Allí también, en una torre de ventanas casi tapiadas, funcionó y funciona Laya, la mayor residencia de mujeres de servicio de la organización: criadas que atienden a los hombres de las jerarquías sin recibir ningún pago por su trabajo y en condiciones de semiencierro. Allí vivió Mariano Fazio durante muchos años, incluidos los cuatro en los que fue vicario regional y allí trabajó la testigo principal de la investigación.

La causa en Argentina, que podría tener réplicas en otros países, habla de 43 casos de explotación. Sin embargo, la gran mayoría de las denunciantes logró irse antes de 2008 del Opus Dei –algunas tuvieron que escaparse–, fecha en la que entró en vigor la Ley de Trata, y por lo tanto sólo cuatro casos del total se enmarcan en ese delito. En tanto, la prescripción en tres de los casos que son posteriores a 2008 podría estar en juego porque que tiene un plazo de 12 años.

La acusación se centra en el caso de una mujer boliviana que fue captada cuando era menor y sirvió como mucama durante 31 años. M.I.E. –sus iniciales– fue llamada a declarar por segunda vez en abril de 2025. Entonces, frente al juez Rafecas, la testigo clave amplió su testimonio y señaló que conocía al “padre Mariano” (Fazio), que había coincidido con él en la sede central mundial del Opus Dei en Roma –a ella la habían enviado como sirvienta y a él como jerarquía– y en la sede central en Buenos Aires, donde también trabajó muchos años. La mujer aseguró que entre 2009 y 2014 tuvo asignada la limpieza de la habitación de Fazio, justo en el período en que fue vicario regional.

M.I.E. también contó su experiencia con el vicario Carlos Nannei (1991-2000), predecesor de Fazio en Buenos Aires, enviado a Roma junto a él en 2014 con el mismo fin de influir en el Papa Francisco y también acusado en la justicia por los mismos cargos. M.I.E. contó que en las “meditaciones” –ceremonias religiosas diarias en los oratorios del Opus Dei–, el sacerdote Nannei les decía que “querer irse de la obra era como salirse de la barca” y que una de las cosas de las que se tenían que convencer era que “salir de la barca era una muerte súbita”. También que, para eso, tenían que “rendir el juicio, quemarse por Dios, hacerse holocausto por Dios”.

La imputación sobre Fazio describe las características del trabajo de M.I.E.: “La cantidad de labores que le eran exigidas, la disponibilidad a toda hora, las interminables jornadas, y el sometimiento psicológico volvieron a formar parte de esta nueva declaración”, dice el escrito y resalta una frase de la víctima: “Yo iba por la calle pensando que no quería vivir más. Iba por la calle pensando cómo puede la gente sonreír. Ahí me mandaron al psiquiatra”.

Los fiscales concluyen que “la respuesta institucional a lo que eran las consecuencias de la vida que le exigían eran antidepresivos, somníferos, ambos suministrados por psiquiatras de la organización”.

Nueve meses desde la acusación y una petición al juez

Los fiscales volvieron a exigir al juez Daniel Rafecas que se concreten las indagatorias a los acusados y remarcaron la demora de casi diez meses desde la primera petición, el 20 de agosto de 2024. También destacaron la obligación internacional del Estado argentino “de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de delitos”: “En un caso con las características del presente, que involucra a mujeres víctimas de trata de personas bajo la modalidad de reducción a la servidumbre en el ámbito de una institución religiosa, corresponde tener especialmente en cuenta el deber de debida diligencia en las investigaciones judiciales que las involucran”.

A su vez, en el mismo precedente se resaltó que “la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”. En este sentido, los fiscales agregaron que “la garantía del plazo razonable exige que los procesos penales no se dilaten innecesariamente, y que las investigaciones y resoluciones sean realizadas sin demoras indebidas”.

Qué dice el Opus Dei sobre la investigación judicial en Argentina

En su página web, el Opus Dei Argentina da su versión de lo hechos. Esta es la reproducción textual que publica la organización católica:

Desde septiembre de 2020 se han presentado públicamente distintas críticas contra el Opus Dei en Argentina. El conflicto comenzó en los medios de comunicación y fue mutando a lo largo del tiempo en su planteamiento: primero como un reclamo laboral, luego como una demanda de indemnización por daños y perjuicios, hasta llegar a denuncias por explotación laboral. A partir de junio de 2023, existe una investigación judicial iniciada por una denuncia que afirma que un grupo de mujeres habría sido víctima de trata de personas y explotación laboral. La prelatura del Opus Dei niega categóricamente esta acusación. Al mismo tiempo, considera que esta alegación es un uso manipulado de una figura penal que no tiene ninguna vinculación con los hechos que describen las propias personas que denuncian, y mucho menos con la realidad en el Opus Dei.

1. ¿Cómo empezó todo?

En septiembre de 2020, un abogado se presentó ante la prelatura afirmando representar a 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares del Opus Dei, y reclamó la regularización de aportes previsionales (contribuciones al sistema de seguridad social del país, para la pensión de jubilación y otros beneficios sociales). Fue recibido y escuchado por las autoridades de la prelatura, pero la escasa información suministrada por el abogado no resultó suficiente para analizar la situación previsional de cada persona.

Desde entonces, han circulado nuevos cuestionamientos al Opus Dei a través de diferentes medios de comunicación, tergiversando la realidad y confundiendo los distintos planos de reclamo (previsional, laboral, penal). Ante la falta de presentaciones formales del abogado y de sus representadas frente a instancias judiciales, en 2022 las autoridades de la prelatura en Argentina crearon una Comisión de Escucha para entender mejor los hechos, el contexto en el que tuvieron lugar, y ofrecer respuestas adecuadas. Como resultado de ese proceso, a finales de 2022 se constituyó una Oficina de Sanación y Resolución, para canalizar la resolución personalizada de posibles reclamos y propiciar procesos de sanación.

2. ¿Qué hay hoy en la Justicia?

En septiembre de 2022, el abogado querellante presentó una denuncia ante la procuraduría especializada en trata y explotación de personas (Protex), aportando las apariciones en la prensa de algunas mujeres que habían sido miembros del Opus Dei. Posteriormente, los fiscales a cargo de la Protex efectuaron la denuncia formal en el ámbito judicial penal en junio de 2023. El juez federal que recibió la denuncia delegó la investigación en la fiscalía correspondiente. Después de realizar ciertas medidas investigativas, la fiscalía presentó al juez en agosto de 2024 el resultado de su investigación, que se publicó en la prensa en septiembre de ese mismo año.

Los fiscales solicitaron al juez en 2024 que se citara a prestar declaración indagatoria a varias autoridades de la prelatura (en concreto, cuatro sacerdotes que fueron vicarios del Opus Dei en Argentina a lo largo de tres décadas), argumentando que tendrían responsabilidad en los supuestos hechos en consideración a su cargo. Hasta ahora el juez no los ha llamado para tomarles declaración.

En 2025, han ampliado la solicitud a otro anterior vicario regional, Mons. Mariano Fazio, actual vicario auxiliar de la prelatura, residente en Roma. Recientemente, el abogado querellante ha declarado en medios de comunicación que ha solicitado a la fiscalía que involucre en el caso a Mons. Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei, que reside en Roma.

En este momento, pues, el juez no ha imputado aún delito alguno. Lo que existe es un pedido de los fiscales para que el juez a cargo convoque a determinadas personas para escuchar su versión sobre los hechos. Sin embargo, el juez aún no ha resuelto si dará lugar o no a ese pedido, ni ha decidido a quiénes podría citar.

En relación con esta investigación judicial, reiteramos que negamos categóricamente la acusación de trata de persona y explotación laboral contra miembros de la prelatura.

Aunque hubiéramos preferido no llegar a esta instancia, nos vemos obligados a advertir sobre esta grave manipulación con fines mediáticos del sistema judicial, pues se realizan acusaciones totalmente infundadas para presionar en un reclamo laboral-económico. A su vez, sostenemos nuestro compromiso de escuchar a todas las personas que tengan un reclamo por su experiencia vivida en el Opus Dei y la disposición a colaborar con la justicia en todo lo que corresponda.

3. ¿Quiénes son las numerarias auxiliares?

Las numerarias auxiliares son miembros del Opus Dei, institución de la Iglesia católica, que, como todos los demás miembros, forman parte del Opus Dei como respuesta a una llamada vocacional a encontrar a Dios y hacerlo presente en su entorno cotidiano, especialmente a través del propio trabajo y las relaciones familiares, sociales y de amistad.

En el caso de las numerarias auxiliares, ese trabajo profesional (que como cualquier otro requiere competencias especializadas, un plan de desarrollo y formación continua) consiste en el cuidado de las personas y de los centros del Opus Dei, creando hogar al fomentar un ambiente material y espiritual que favorezca el florecimiento y la formación de cada persona.

Por otro lado, como todos los miembros del Opus Dei, ellas tienen además sus amistades, aficiones, relaciones familiares, y participan de la misión evangelizadora de la prelatura, colaborando con distintas iniciativas formativas y apostólicas.

Se trata de un camino elegido por muchas mujeres en todo el mundo, que requiere del ejercicio pleno de la libertad y un proceso de discernimiento e incorporación gradual y voluntario. Cualquier persona que desea formar parte del Opus Dei debe manifestar su voluntad explícitamente en múltiples oportunidades, algunas de las cuales deben ser por escrito: toda persona que se incorpora definitivamente al Opus Dei tiene que reafirmar su deseo de ser miembro al menos ocho veces, durante un período de tiempo de 6 años y medio como mínimo.

A quien le interese conocer mejor cómo es la vida de una numeraria auxiliar, puede ver aquí algunos testimonios de numerarias auxiliares de distintas partes del mundo.

4. ¿Cuáles son las condiciones de vida de las numerarias auxiliares?

Las numerarias auxiliares reciben una remuneración por su trabajo profesional, tienen cobertura médica, acceden a formación académica y desarrollo profesional. Además, cuentan con facilidades y recursos adicionales para viajar a visitar a sus familias o para ayudar económicamente a sus familias en caso de que lo necesiten.

Contrariamente a lo que se ha afirmado en algunos medios de comunicación, viven en un entorno cuidado, con espacios para el descanso, la lectura y el crecimiento personal.

Varias numerarias auxiliares de Argentina han manifestado el deseo de que se dé a conocer las casas y habitaciones en donde viven: en este enlace se pueden ver fotos de algunas casas.

5. ¿Cuál es la posición del Opus Dei frente al caso?

Desde el inicio, el Opus Dei ha intentado establecer canales de diálogo, y hoy reafirma su disposición a colaborar con la Justicia para que los hechos se esclarezcan. Al mismo tiempo, rechaza categóricamente la acusación de trata y explotación, y sostiene que la denuncia se basa en una descontextualización de la vocación que libremente eligen las numerarias auxiliares. A su vez, considera que se está manipulando la aplicación al caso de una figura penal que no tiene ninguna vinculación ni con los hechos que describen las propias personas involucradas, ni mucho menos con la realidad en el Opus Dei.

Por eso, considera fundamental que las personas a las que se pretende imputar este delito puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y presentar por primera vez su versión de los hechos, lo que permitiría aclarar esta situación.

Esto es especialmente importante ante los intentos sistemáticos de instalar en los medios una narrativa de culpabilidad automática, sin respetar el debido proceso ni la presunción de inocencia, y tergiversando hechos para intentar manipular una acusación de un delito que nada tiene que ver con la realidad. Esto ha quedado demostrado una vez más con la reciente propuesta del abogado querellante de involucrar al prelado en la investigación, algo que no tiene ningún fundamento fáctico ni jurídico. En este sentido, el Opus Dei advierte sobre esta grave manipulación comunicativa del sistema jurídico para presionar en un reclamo económico-laboral.

6. ¿Cómo funciona el sistema penal de Argentina en un caso como este? ¿En qué etapa está el proceso judicial?

Para quienes no conocen el funcionamiento de la justicia penal en Argentina, puede ser útil una breve explicación que ayude a interpretar el estado actual de la situación y a evitar conclusiones apresuradas sobre un tema tan delicado y complejo.

En líneas generales, un caso penal en Argentina atraviesa dos grandes etapas: una primera, de investigación, a cargo de un juez o de un fiscal, y una segunda, de juicio oral, adjudicada a un tribunal integrado por tres jueces, que solo se abre si se considera que hay elementos procesales para avanzar hacia esta segunda etapa.

Al momento de la publicación de este texto, este caso se encuentra en la fase de investigación, también llamada “instrucción”. Esta etapa puede durar varios meses o incluso años y su objetivo es reunir elementos para determinar si hubo o no un delito y, en su caso, elaborar una hipótesis sobre quién podría ser responsable. Esta etapa está generalmente a cargo de los fiscales, tal como ocurrió al inicio de esta investigación. Sin embargo, en este caso, el juzgado consideró necesario reasumir la investigación. Desde entonces, el juez dirige la investigación, evalúa las pruebas reunidas, asegura las garantías procesales y está llamado finalmente a decidir si el caso debe cerrarse o continuar hacia la segunda etapa.

Tras la indagatoria, el juez debe tomar una decisión: puede dictar el sobreseimiento, si resuelve que no hubo delito o que la persona no lo cometió; puede declarar la falta de mérito, si considera que no hay pruebas suficientes de que se haya cometido un delito y que debe profundizarse la investigación; o, si entiende que existen indicios suficientes de que se hubiera cometido un delito, lo acusa formalmente mediante el auto de procesamiento, que implica avanzar hacia el juicio oral en primera instancia –regido por la presunción de inocencia y las garantías procesales–, en el que las partes deben presentar sus argumentos y pruebas ante un tribunal que juzga el caso. Después de la primera instancia, el sistema permite instancias de apelación.

En este caso concreto, hasta el momento, el juez no ha tomado ninguna decisión sobre los eventuales llamados a indagatoria, ni ha definido a quién convocar.

Por estos motivos es importante tener en cuenta que, en Argentina, una denuncia penal abierta (incluyendo las declaraciones de quien el juez considera necesario) no implica automáticamente la realización de un juicio oral. En muchos casos, la causa se cierra antes de llegar a esa etapa, ya sea porque el juez considera que no hubo delito (sobreseimiento) o porque considera que las pruebas son insuficientes (falta de mérito). La diferencia es relevante para quienes están acostumbrados a sistemas judiciales distintos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la situación actual es equivalente a una investigación sin indictments.

La trata de personas es un delito gravísimo que atenta directamente contra la dignidad de las personas. Por eso mismo, la prelatura ha negado categóricamente esta acusación desde el primer momento. Además, considera especialmente grave que se intente forzar la aplicación de una figura penal tan seria en un caso que no guarda relación con los hechos narrados por la denunciante. Este tipo de maniobras no solo desvirtúan la función de la Justicia, sino que terminan banalizando situaciones verdaderamente dolorosas que afectan a miles de víctimas reales en el mundo.

En resumen, actualmente:

Breve línea de tiempo

Con información de EFE e investigación de Paula Bistagnino.

El Gobierno dispuso el cierre de otros cinco fondos fiduciarios tras detectar debilidades en una auditoría, aduciendo mal uso de recursos, falta de controles y resultados, mediante el Decreto 1048/24 publicado este martes en el Boletín Oficial.

La decisión comprende al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).

El Ministerio de Economía avanzó con la medida, en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, considerando que los cinco fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En este sentido, remarcó que eran necesarias las disoluciones “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.

Los argumentos que dio el Gobierno para dar de baja los fondos 

El FONDCE se dio de baja ya que en la auditoría se reveló que “tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”, según se expresó en el texto oficial.

Desde Economía recordaron que había sido creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes y señalaron que “si bien partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido”.

Al respecto, indicaron que “uno de los principales problemas radica en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables”, precisando que “al 31 de diciembre de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota”.

Sobre este aspecto, la cartera económica puntualizó que “este incumplimiento por parte de los beneficiarios comprometía la estabilidad financiera del Fondo y la correcta asignación de los recursos fiduciarios”. 

En cuanto al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, desde el Palacio de Hacienda precisaron que “se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas” y revelaron que “la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente”.

Por otra parte, también se cerró el PROINE, que había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico. 

Economía, fundamentó la eliminación expresando que “tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias”. De esta manera, el Decreto consideró que “ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia”.

Por “múltiples falencias”, el Gobierno también eliminó el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos. 

Desde la cartera que conduce Luis Caputo, explicaron que entre las irregularidades “se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos”.

Ante la disolución del Fondo, aclararon que el Ejecutivo “mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley”.

Las disoluciones se completaron con el cierre del PROICSA, que había sido creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020. 

En relación al citado Fondo, se consideró que “luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía”.

Además, desde el Palacio de Hacienda remarcaron que “en este caso, se repiten las graves falencias observadas en otros Fondos como ausencia de controles y rendiciones de cuentas que impiden verificar resultados acordes a los objetivos comprometidos” y señalaron que “también, se mantenía una administración costosa y una discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados”.

Con información de NA.

IG

No es The Handmaid's Tale, la famosa novela de Margaret Atwood convertida en serie, con la actriz Elisabeth Moss en el papel de June Osborne, en que las mujeres fértiles, conocidas como “criadas”, son forzadas a gestar hijos para las élites en un régimen teocrático y totalitario, tratándolas como meros instrumentos reproductivos. Pero es algo muy parecido y real. Y pasó en la Argentina.

A pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, encabezada por Alejandra Mángano, y con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), se realizaron una serie de allanamientos en centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en Buenos Aires y Santa Fe, con el objetivo de desarticular una red trasnacional dedicada a la explotación de mujeres mediante la subrogación de vientres, con la posterior comercialización de los bebés nacidos.

Según publicó Fiscales, el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal, los procedimientos, ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, fueron llevados a cabo el miércoles pasado por la Policía Federal Argentina (PFA), a través de sus divisiones de Trata de Personas y Ciberdelito.

La investigación, iniciada en enero, reveló que personas y empresas extranjeras involucradas ofrecían un “servicio” de subrogación de vientres a parejas que no podían concebir, con un costo aproximado de US$50.000. Según el dictamen de la fiscal Mángano, las empresas reclutaban mujeres vulnerables a través de redes sociales, ofreciéndoles US$10.000 por llevar adelante la gestación, sumando un adicional en caso de parto por cesárea.

Sin embargo, si el embarazo se interrumpía, los pagos se suspendían, dejando a las mujeres expuestas a las consecuencias físicas y emocionales del proceso sin compensación justa. El esquema, según la fiscalía, sometía a las gestantes a una explotación comparable a la reducción a la servidumbre, violando el artículo 145 bis del Código Penal.

El negocio incluía la inscripción de los bebés en registros civiles y su entrega a parejas, en muchos casos extranjeras, sin vínculo genético o cultural. Se identificaron 147 legajos de nacimientos por subrogación entre 2018 y 2023, de los cuales al menos 49 casos presentan irregularidades.

Los allanamientos simultáneos se realizaron en centros de fertilidad de Buenos Aires y Rosario, donde se buscó obtener historias clínicas y registros de pagos. También se allanaron escribanías y estudios jurídicos involucrados en la firma de consentimientos y la representación de las partes. La fiscalía continúa investigando la magnitud de esta red criminal que se aprovechaba de la vulnerabilidad de las mujeres gestantes para obtener cuantiosas ganancias.

Las calificaciones penales

El Ministerio Público Fiscal consideró que el caso encuadra dentro del figura penal contemplada en el artículo 145 bis del Código Penal (CP) para el delito de trata en tanto que las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre”, delito previsto en el artículo 140 del CP y en el inciso “a” del artículo 2 de la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, mediante la práctica de gestación por sustitución, a cambio de una contraprestación económica y en algunos casos poniendo en riesgo su salud, todo ello con el propósito de obtener cuantiosas ganancias económicas.

También postuló que entra en juego esa figura penal en lo que respecta a la comercialización de los niños y las niñas en tanto este trato implica su reducción a una situación equivalente a la esclavitud (artículo 140 del CP).

Además, en el dictamen se señaló que la compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional inserto en su artículo 15 donde los constituyentes previeron expresamente que “todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice”.

A estas hipótesis se agregaría, a su vez, la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas (artículo 293 del CP), lo que se materializa en los supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los escribanos públicos ante el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El inicio de la investigación

El caso se inició el 25 de enero del año en curso, a raíz de la presentación efectuada por la titular de la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ante la sala de sorteos de la Cámara Federal.

El Consulado de la República Argentina en la ciudad de Bonn de la República Federal de Alemania fue contactado por personal de la Dirección Provincial de Menores del Estado Federado de Sarre, que informó que una mujer alemana de 58 años se había presentado en el hospital de la localidad donde reside y solicitó la atención médica para una niña de tres meses nacida en Argentina, acreditando su filiación con una partida de nacimiento emitida por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y un pasaporte argentino.

La funcionaria alemana advirtió que la niña se encontraba en pésimas condiciones de salud y que la mujer que la llevó a la guardia no se encontraba en condiciones de brindarle la atención necesaria, circunstancia por la cual dio aviso a la policía local y le quitó en forma provisoria la custodia de la bebé y la entregó al cuidado de una familia sustituta.

La investigación permitió determinar, por un lado, que el nacimiento de la menor fue inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo de la Disposición 122/DGRC/20.

También se estableció que el proceso de fertilización fue realizado en una institución médica privada ubicada en la Capital Federal esta ciudad, donde se llevó a cabo el tratamiento de gestación por sustitución y se identificó a la gestante.

“El suceso por el que se inició la causa no resulta ser aislado, por el contrario quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de ‘gestación por sustitución’”, remarcó Mángano en su dictamen.

JJD

La desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que salió de su casa el jueves 13 de junio del Paraje Algarrobal, en Corrientes, tiene como principal línea de investigación la trata de personas. Este caso pone foco en las políticas públicas de lucha contra este delito que fueron desfinanciadas o desmanteladas durante el primer semestre del gobierno de Javier Milei. Si bien en los últimos días surgió una nueva hipótesis tras la declaración Laudelina Peña, tía de Loan, que sostiene que el nene fue atropellado por el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, el caso puso en evidencia la manera en que el Gobierno Nacional dejó de combatir la trata. Entre marzo y abril se despidieron a los representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata. Además, el programa de  Rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia ejecutó casi un 90% menos de presupuesto que el mismo período del año pasado. Esto se suma a otros programas de protección a las víctimas que sufrieron el ajuste. También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145. 

En febrero de este año, el Gobierno nacional publicó el DNU 195 en el que se traspasó al Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas al Ministerio de Seguridad, a cargo de  Patricia Bullrich. Meses después, los representantes de las provincias fueron desvinculados. Se trataba de agentes de todas las provincias que colaboraban con la persecución del delito y también con la prevención y el acompañamiento de las víctimas a través de mesas interdisciplinarias en las que trabajan referentes provinciales, municipales, de organizaciones sociales y también de organismos nacionales como los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, la AFIP, el RENATRE y el SENASA, entre otros. “Lamentablemente, la motosierra lo que hizo fue desmantelar todo el trabajo. Además, atacan a las políticas públicas de asistencia que habíamos generado, vinculadas al horizonte de vida de las víctimas”, explica a eldiarioAR José María Serbin, exdelegado de la región Noreste del Consejo.

Serbin vive en Corrientes, donde está el foco de la investigación sobre Loan. Hasta hace pocos meses era el referente del Estado nacional en la provincia para casos de trata de personas. “Se despidieron a todos los delegados de las provincias y ahora hay una nueva directora que se subsume a una oficina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay una representación federal, que es clave porque estás en el terreno, no hay articulación. Nosotros habíamos generado 36 mesas interinstitucionales y eso desapareció”, agrega Serbin, que también trabaja en la  Fundación La Alameda.

Un delito complejo que las políticas públicas sirven para combatirlo

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2019 y 2023 en Argentina se rescataron 5.227 víctimas de trata. Se realizaron 9.067 intervenciones en el territorio  y 1.072 derivaciones para asistencia posterior, 118 articulaciones de asistencia y 13 retornos de víctimas a sus países de origen. Se trata de un delito complejo, el tercero en el mundo en cuanto a la cantidad de dinero que mueve después del narcotráfico y la venta de armas. 

También hubo 13 despidos en el Programa Nacional de Rescate (PNR) que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Tres personas trabajaban en la Línea 145, de asistencia telefónica gratuita, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.

Se trata de una reducción del 20% de un equipo integrado por quince personas. Las otras diez despedidas pertenecían al equipo de Procedimiento de PNR, que se encargaban de entrevistar y acompañar a las víctimas luego de los allanamientos. La mayoría de las despedidas eran mujeres psicólogas o trabajadoras sociales de distintas provincias: Neuquén, Mendoza, Salta e interior de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos, se trataba de la única representante del programa en la provincia. Tenían contratos incluídos en el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público con una contratación anual o de convenios con entes cooperadores, pero que llevaban alrededor de 10 años de antigüedad. 

“El caso Loan es un ejemplo de todo el desmantelamiento que se hizo”, afirma Gabriela Burgos, psicóloga social y exdelegada del Comite Federal en Jujuy. “Si el organismo hubiese seguido funcionando, el equipo de Corrientes podría haber intervenido y presentado la denuncia a la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), que automáticamente hubiese tomado el caso y no la Justicia provincial. Ya estaban aceitados los canales, se activaban todos los dispositivos. Nosotros hemos rescatado menores de edad, gracias a estas intervenciones, por ejemplo, con la CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Transporte) y Migraciones. Si hoy pasara algo con una víctima extranjera, ¿quién te firma un papel, quién hace el protocolo?”, le dice Burgos a este diario. 

Además de actuar en la persecución del delito de trata, los comités de cada provincia trabajaban con las víctimas. Hacían convenios con otros organismos del Estado nacional para, por ejemplo, solucionar la cuestión habitacional o de salud de las personas rescatadas. “Al vaciar los centros de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), los Centros de Desarrollo Social. ¿A quién recurrís?, ¿A quién le pedís mercadería?. Teníamos muchísimos casos de explotación laboral rural intraprovincial y hacíamos un trabajo coordinado con AFIP,  Migraciones, etcétera”, agrega Burgos. 

Pero también los programas de acompañamiento a las víctimas rescatadas sufrieron recortes. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la actividad de Protección de víctimas de violencia del programa de Afianzamiento de la Justicia de la cartera que dirige Cúneo Libarona ejecutó un 72,11% menos en el primer cuatrimestre de 2024 que en el mismo periodo de 2023. Algo similar sucedió con Rescate y acompañamiento a víctimas de trata del programa Política Criminal, que ejecutó casi un 90% menos que el mismo período del año pasado.

El programa Acompañar, de asistencia económica para víctimas de violencia (incluídas las mujeres afectadas por el delito de trata) ambién tuvo recortes fuertes. El monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), registró una caída del 80% en la ejecución interanual. “No se está haciendo nada al respecto. El hecho de eliminar áreas, reducir presupuesto y echar personal afecta gravemente en un contexto en el cual producto de la crisis económica también las condiciones que hacen que la trata funcione, se agudizan”, le dijo a este medio María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos  que está siguiendo el caso. 

Desde abril, el  Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata está a cargo de Verónica Toller, periodista que promocionó en Latinoamérica la  película “Sonido de Libertad”, producida por Eduardo Verástegui, exponente de la ultraderecha mexicana. El año pasado, antes de ser electo presidente, Javier Milei firmó la “Carta De Compromiso para la Promoción de Acciones para Erradicar la trata con Fines de Explotación Sexual y Tráfico de Órganos de Niños, Niñas y Adolescentes” promovida por Verástegui y firmada por otros referentes de la derecha de la región como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente  de El Salvador, Nayib Bukele.

Tras el desmantelamiento del Consejo, diez provincias del Norte Grande crearon un Consejo Regional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Según informó Somos Télam, el organismo fue  aprobado por unanimidad y tuvo el impulso de las diputadas Claudia Paladino, Adriana Diaz y Monica Salazar, en representación de Catamarca.

CDB/JJD

Gustavo Vera lleva media vida adulta de lucha contra la esclavitud moderna, con la Fundación La Alameda. En el medio se hizo amigo del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, al que sigue llamando Jorge, no Francisco. Después entró en política de la mano de Elisa Carrió y Fernando Pino Solanas, pero se alió a los Moyano y otros dirigentes sindicales y terminó confluyendo en el gobierno del Frente de Todos. Durante cuatro años de la gestión anterior fue director del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Cuando asumió Javier Milei como Presidente, se quedó aunque sin la condescendencia de otros que continuaron, como Daniel Scioli.

Su mandato al frente del comité contra la trata de personas vencía en febrero y fue ratificado horas antes de la visita del jefe de Estado al Papa. Pero, después, su área pasó de las órdenes de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a las de su par de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lo echó el pasado viernes.

Este martes, Vera denunció a Pettovello en los tribunales de Comodoro Py por “nula asistencia a las víctimas de trata”. No es la primera vez que la acusan de abandono de personas a las que debería ayudar. En su pequeño PH de dos ambientes de Boedo, entre fotos del Papa, de su madre recientemente fallecida y de sus hijos, Vera recibió a elDiarioAR.

—¿Por qué se quedó el 10 de diciembre en el Gobierno?

—Porque el comité había hecho un trabajo que había cambiado completamente el paradigma de lucha contra la trata. Habíamos logrado una serie de políticas públicas que por primera vez en la historia le daban acceso a las víctimas a la capacitación laboral, el acompañamiento terapéutico, el patrocinio jurídico, incluso soluciones habitacionales, que las hubo en varias provincias. También estaba mejorando mucho el fondo de reparación de asistencia a las víctimas. O sea, había un camino donde, cuando había un allanamiento, la víctima de trata no quedaba abandonada a su suerte y era revictimizada, sino que se ayudaba a reconstruir su horizonte de vida. Las provincias colaboraban, sacaban leyes de inclusión laboral, los municipios sacaban la ordenanza del cupo laboral. También había toda una campaña muy fuerte para tratar de alguna manera de garantizar que las víctimas no volvieran a caer en la esclavitud.-

—¿Cuántas personas fueron rescatadas? Sé que eso es nada más que el primer paso...

—En cuatro años, 5.204. Y te puedo decir el día después. Unas 3.200 cobraron el programa Acompañar, unas 1.300 cobraron la prestación por explotación laboral del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales), unas 400 cobraron el Potenciar Trabajo, unos 40 cobraron ayuda urgente, unas 200 entraron dentro del Programa de Inclusión y Capacitación laboral, casi un centenar tuvo soluciones habitacionales en cuatro provincias, más de dos centenares tuvieron acompañamiento terapéutico. Además fue la primera vez en la historia, incluso superando récords que tuvo tanto Cristina [Fernández de Kirchner] como [Mauricio] Macri, donde la Argentina fue calificada por el examen más riguroso, que es el que hace la Oficina de Monitoreo contra la Trata en el Departamento de Estado [de Estados Unidos], que es un examen que hace a 188 países todos los años y los clasifica en cuatro categorías. La Argentina estuvo los cuatro años consecutivos en la máxima categoría mundial. Además, habíamos armado 36 mesas interinstitucionales con todas las provincias, con la Justicia, con los sindicatos, con la sociedad civil. Teníamos mesas en las fronteras binacionales nacionales.

—¿Pero por qué se quedó en el gobierno de Milei, contra quien había hecho campaña?

—Me quedo con un gobierno muy complejo que iba a hacer un ajuste brutal para tratar de proteger todo lo que se había construido, porque yo no podría dormir si la motosierra se la pasa a las víctimas de trata. Es como con los pacientes oncológicos, los más vulnerables. Entonces, a pesar de la angustia que esto me producía, justo en el momento que asumen Milei, yo estaba invitado en Washington a una reunión de máximas autoridades contra la trata de todo continente, y este gobierno, como vio que que había muchos reconocimientos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), de la OIM (Organización Internacional de Migraciones), de Undoc (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), de Naciones Unidas, del Departamento de Estado, resolvió autorizarme y hacer los papeles para que tenga la visa diplomática y pueda ir al encuentro que participé.

—Milei lo ratificó entonces por todo esto...

—Milei había dicho en su momento que los funcionarios que trabajaran bien los iba a ratificar. De hecho no fue el único caso en el tema trata: ratificó al titular del INCUCAI (Instituto de Ablación e Implante), que también tenía buenos estándares de calificación mundial. Incluso me recibe (Guillermo) Francos en la Casa Rosada. Yo le soy sincero, le digo que me voy a dedicar a hablar de trata, pero que hay un montón de aspectos donde naturalmente sigo pensando lo que pienso. Yo soy muy amigo de un montón de gente del movimiento obrero, a los que no quieren ni un poquito, y tengo una concepción de justicia social, que es la que plantea Francisco y la doctrina social de la Iglesia.

—A pesar de todo, lo ratifica Francos.

—Me ratifica tanto Franco como Sebastián Amerio, el secretario de Justicia. Hablan dentro del Gabinete y el 8 de febrero me designan por 180 días.

—Pero este viernes se encuentra con la noticia de que no sigue más. ¿Por qué?

—Se venía incubando un conflicto interno con respecto a los programas de asistencia. Desde que termina el balotaje hasta la asunción de Milei y desde ahí en adelante, se había paralizado todo lo que tenía que ver con los programas de ayuda económica e inclusión laboral y social a las víctimas de trata. Igual hicimos cosas increíbles, por ejemplo, sacamos la ley de Inclusión Laboral en Tierra del Fuego, entregamos viviendas en Santiago del Estero, en Catamarca, mientras todo retrocedía y había una situación de angustia muy grande. Nosotros desde diciembre advertimos esto a la ministra Pettovello, enviamos comunicados, mandamos el listado, tuvimos varias reuniones con muchos miembros de Capital Humano. Algunos, que renunciaron en el camino, siempre nos decían “estamos estudiándolo, va a salir pronto”. Pasaba el tiempo, cada vez había más allanamientos, cada vez había más rescates. A la gente que se rescataba no se le daba absolutamente nada, con lo cual había una angustia tremenda. Nos llamaban a nosotros los puntos focales de la provincia. Nosotros no sabíamos qué responder. Llegó un momento donde los propios fiscales y jueces también empezaron a mandar oficios intimando a que cumplan con lo que indica la ley. Aún así, no logramos que al día de la fecha se asistiera absolutamente a nadie.

—¿Qué más pasó?

—En el medio se produce un desguace de de organismos en Jefatura de Gabinete: muchos organismos son derivados a distintos ministerios y el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal contra la Trata se derivan al Ministerio de Seguridad, lo cual a mí me pareció pésimo. Vos no podés poner en cabeza del ministerio que tiene las fuerzas de seguridad, el monopolio de la política de trata. Es una locura porque internacionalmente está demostrado que entre la mayoría de funcionarios públicos procesados por trata están funcionarios policiales. Cuando vos tenés una zona liberada para que haya trata tiene que haber complicidad o por lo menos negligencia en el mejor de los casos de las fuerzas de seguridad de esa región. Cuando salió la primera ley de trata en 2008, en 2010 hicimos una denuncia que desmanteló toda la división de trata de la Federal, la primera que se había creado, porque, en vez de luchar contra la trata, luchaban contra la división delitos contra la salud para ver quién se quedaba con la coima de los prostíbulos. También fui el denunciante de la megacausa en la cual [la jueza María] Servini de Cubría procesó a 60 comisarios. La mayoría fue pasado a retiro, algunos fueron condenados.

—¿Y usted se quejó internamente?

—Internamente, de esto y del tema de la asistencia. Creo que la combinación de los dos factores hicieron que el viernes a la noche, antes que se produjera el traspaso definitivo a Seguridad este lunes, me comunicaron que me acortaban la designación.

—¿Le dijeron por qué?

—No, ninguna explicación. Yo no voy a ser cómplice de toda esta situación y aparte tengo suficiente prueba documental de que vengo reclamando el abandono a las víctimas desde hace por lo menos tres meses. Hoy (por este martes) hice una denuncia al Ministerio Capital Humano, que conduce Pettovello, para que urgentemente se restablezca la asistencia económica a las víctimas, dado que los programas siguen publicados en la página web, en teoría tienen vigencia, pero en la práctica no estarían.

—¿Cuánta gente quedó así boyando sin asistencia en estos meses?

—Unas 130, y en situaciones desesperantes. Incluso ya empezó a haber problemas hasta en los mismos allanamientos, por ejemplo, en el ámbito rural, donde los trabajadores se negaron a irse porque sabían que después no había nada, ni siquiera un transporte para que los lleve a su lugar de origen. Yo supuse que este caos no iba a llegar a las víctimas de trata, pero las políticas que enorgullecieron a Argentina en el mundo y que garantizaban de alguna manera reconstruir la dignidad de las víctimas fueron tierra arrasada.

—¿Qué pasaba antes con las personas rescatadas a las que no se les daba asistencia? ¿Volvían a ser víctimas de trata?

—Y... obviamente, el 80% volvió de vuelta a ser revictimizada. Son estadísticas que tiene el Ministerio Público Fiscal entre 2008 y 2019. No hay gendarme, prefecto, policía, policía de la Ciudad, inspector ni ONG que tenga territorio que no te pueda contar alguna anécdota en esos años de haber encontrado las mismas víctimas en diferentes prostíbulos, campos o talleres clandestinos. Y eso es porque fracasa el Estado.

—¿Y qué opina en general del gobierno de Milei?

—Opino que tiene un rumbo totalmente deshumanizante. Milei no llegó casualmente. Llegó como consecuencia de que hubo gobiernos con muchos funcionarios probos y comprometidos, pero también mucho punterismo, muchos negociados detrás de una obra de bien. Por ahí venían 25.000 kiosquitos. Hay unas cuantas cosas que se denuncian que uno no va a negar porque lo que vio. Sí, claramente pagan justos por pecadores porque están echando un montón de gente que es trabajadora y comprometida. En nuestro caso somos 40 personas, entre monotributistas y gente de planta transitoria. Trabajamos todos de corazón. No recibíamos horas extras. A veces nuestros compañeros tenían que ir un allanamiento desde las seis de la mañana hasta las dos de la madrugada. A veces era un feriado, a veces un domingo. Ojalá mi denuncia sirva para que esta gente, que dice responder a la fuerza del cielo y dice tener algún nivel de religiosidad, tenga algún tipo de misericordia y empatía hacia la víctima. Es una locura lo que están haciendo: no lo he visto ni en 2008, cuando yo hacía denuncias.

El Gobierno tiene un rumbo totalmente deshumanizante. Milei no llegó casualmente sino a causa de gobiernos con muchos funcionarios probos y comprometidos pero también mucho punterismo y negociados tras una obra de bien. Por ahí venían 25.000 quiosquitos

—¿Qué autocrítica hace del gobierno de Alberto Fernández?

—El principal error que cometió Alberto fue, en aras de priorizar la unidad del Frente de Todos, hacer una especie de reparto salomónico de las 20.000 agrupaciones que integraban el frente en distintos lugares del Estado, sin que necesariamente fueran eficientes en esas funciones. Era como si a mí me hubieran puesto al frente de Arsat. O sea, hasta que aprenda cómo funciona, para qué sirve y todo lo demás puedo tardar un año entero. Es cierto que también tuvo la mala suerte: además de la deuda, tuvo la pandemia. La Argentina fue el país que más defendió el trabajo registrado, pero descuidó al trabajador no registrado. Son esas 9 millones de personas que aparecieron cuando se hizo el censo del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que quedaron fuera del radar, porque no estaban ni entre el 1,2 millones de personas que recibían el Potenciar, ni estaban en el 40% de la población económicamente activa registrada. Esas personas no registradas que salen a trabajar todos los días 12, 14 horas, pero tuvieron que estar encerradas por la pandemia, pasaron una situación muy angustiante y ahí empezó la génesis de la bronca y del núcleo duro que después apoyó a Milei. Si vos te fijás, el 30% de los votos del núcleo duro de Milei no proviene de Recoleta, San Isidro o Vicente López sino de barrios pobres. El voto de la clase media alta antiperonista llegó con el balotaje.

—¿Cómo ve el papa Francisco lo que está pasando en Argentina?

—Lo expresó de alguna manera el otro día en un mensaje que envió a la Asociación Panamericana de Jueces por los Derechos Sociales, este que conducen el juez (Roberto) Gallardo y Gustavo Moreno, entre otros. Expresó el tema de que el amor al prójimo, la caridad y la justicia social son los pilares de la construcción de la sociedad. Esto lo expresa en sus últimos escritos, siempre vuelve a la parábola del buen samaritano, a la parábola de una sociedad que se construye con empatías, con la empatía de no hacerse el distraído frente al herido que está en el costado del camino.

AR/JJD

El Anteproyecto de Ley contra la Trata de Seres Humanos redactado por el Ministerio de Justicia español–Igualdad tiene otro– incluye castigar con penas de prisión que van de uno a cuatro años a los clientes que paguen por mantener relaciones sexuales con víctimas obligadas por terceros a prostituirse, según el texto al que tuvo acceso elDiario.es. 

De acuerdo al borrador del departamento que dirige Pilar Llop, la Ley introduciría un cambio en el artículo 177 del Código Penal pasando este a castigar a “quien, sin haber intervenido como autor o partícipe (del delito de trata), haga uso de los servicios, prestaciones o actividades de la víctima”. A la condena de entre uno y cuatro años cárcel se sumará una inhabilitación de entre tres y seis más que afectarán al ejercicio de “profesión, oficio, industria o comercio”.

La pena se rebaja en el caso de comisión del delito en su modalidad de “imprudencia grave”, entre seis meses y dos años y medio de cárcel. La diferencia radica, según fuentes jurídicas, en que la noma establece que en el primer caso, el cliente es consciente de que la mujer está obligada a prostituirse y, en el segundo, el de la imprudencia grave, alude al hecho de que pudiendo conocerlo ha decidido ignorarlo. 

El citado artículo del Código Penal recogería un tercer punto para que quede “exento de pena” aquel que “habiendo utilizado ocasionalmente los servicios, actividades o prestaciones de una víctima denunciare el hecho a la autoridad”.

De incorporarse a la redacción definitiva de la ley sería la primera vez que se castiga en España al cliente de la prostitución y no sólo al proxeneta. La propuesta devuelve a un primer plano el debate en el seno de la izquierda y el feminismo sobre la abolición de la prostitución.

Este Anteproyecto de Ley contra la Trata se suma a la propuesta del Grupo Socialista en el Congreso para endurecer el castigo a los proxenetas, que sigue en estos momentos el trámite parlamentario, y que incluye multas a los clientes de prostitución, con independencia de si la persona que cobra por los servicios sexuales está siendo obligada a ello.

El impulso de una ley contra la trata lleva tiempo coleando en el seno del Gobierno y ha pasado por distintas fases. El Ministerio de Igualdad inició los trabajos para la elaboración de una norma circunscrita a la explotación sexual. Después Unidas Podemos y el PSOE anunciaron un acuerdo para llevarla por vía parlamentaria. Sin embargo, finalmente el Ejecutivo volvió a asumir el mandato y Justicia anunció que encargaría a un comité de expertos el impulso de una ley integral. Según el departamento dirigido por Irene Montero, el texto de Igualdad fue remitido a Pilar Llop el pasado enero.

La futura Ley de Trata que prepara Justicia también prevé penalizar el “el alquiler o puesta a disposición de locales de negocio, establecimientos comerciales o de lugares de alojamiento de las víctimas” obligadas a ejercer la prostitución o cualquier otra forma de explotación. Según el borrador, los dueños de esos locales o viviendas se enfrentarían a penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de hasta seis más, alberguen prostitución o cualquier otra forma de explotación.

Como ocurre con la represión de los clientes de prostitución, haber actuado con “imprudencia grave” rebaja el castigo. Por su parte, la propuesta del PSOE que admitió a trámite el Congreso el pasado junio es más dura para estos propietarios, incluso si las personas prostituidas lo eran con su consentimiento: la condena de cárcel oscilaría entre los dos y los cuatro años. 

Un delito específico de esclavitud

El espíritu de la nueva Ley contra la Trata del Ministerio de Justicia está en dejar de combatir únicamente el proceso por el que esas personas son llevadas a régimen de esclavitud y que se aborde también el periodo en el que ésta se ejerce. A partir de ahí, se introduciría en el Código Penal, como tal, el delito de esclavitud, con penas que superan a las ahora existentes relacionadas con la trata y que llegarían hasta los 12 años de cárcel. 

Tal delito sería aplicable a quien “someta o mantenga a una persona en una situación de absoluta disponibilidad sobre ella y sus esferas de libertad personal” y estaría castigado con entre ocho y doce años de prisión. Se impondría en el grado más alto cuando las condiciones de la víctima sean “particularmente degradantes o vejatorias”, si es sometida a “agresiones sexuales reiteradas”, es especialmente vulnerable o quien comete el delito es autoridad o funcionario público. 

Permiso de residencia

El Ministerio de Justicia ha trabajado en los últimos meses contrarreloj para que la Ley pueda ser aprobada en esta legislatura. Solo habían trascendido unas pocas novedades, tales como la suspensión automática de los procesos de expulsión del país a las personas que sean rescatadas o huyan de las redes de trata. 

Finalmente, esta cuestión queda redactada en el Anteproyecto de Ley de la siguiente forma: “En el caso de las víctimas en situación administrativa irregular en España se garantizará la no incoación de un procedimiento de expulsión, la suspensión del que ya existiera y la no ejecución de la expulsión anteriormente acordada desde el momento de la detección y hasta que finalice el proceso de identificación”. Ese proceso de identificación no podrá producirse en un plazo inferior a 30 días.

Una vez identificadas, las víctimas tendrán derecho a obtener “un permiso de residencia por circunstancias excepcionales” y su tramitación tendrá carácter “preferente”. En ello no influirá de forma negativa que carezcan de un pasaporte u otro documento válido. La ley establece las ayudas que se otorgan a la población vulnerable, incluidas soluciones de habitabilidad.

Además, para ser considerado víctima de trata no será necesario que ésta colabore en las investigaciones contra las mafias que negocian con seres humanos, ni que haya una investigación penal en marcha. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que llegan engañadas de otros países y son obligadas a prostituirse no será “en ningún caso” necesario que colaboren con la Policía para que sean consideradas víctimas de trata. 

El Anteproyecto de Ley aborda el fenómeno de la trata desde varias perspectivas: la sensibilización de la sociedad, que hace especial incidencia en el plano educativo y en los medios de comunicación, la formación de funcionarios y la asistencia a las víctimas, así como el citado reproche penal o punitivo.

Un relator y un mecanismo de detección

El borrador también establece la creación de dos órganos relevantes. Por una parte, el Mecanismo Nacional de Derivación, que canalizará el fenómeno de la trata desde su detección hacia la asistencia social para las víctimas y la investigación por parte de la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

La creación del Mecanismo Nacional de Derivación parte del hecho de que cualquier ciudadano o entidad debe denunciar el régimen de explotación o esclavitud de terceros a este nuevo organismo, que lo primero que hará será derivar a una “entidad de primera acogida” de las comunidades autónomas, que atenderán las primeras necesidades médicas, psicológicas o legales, incluido un alojamiento de emergencia.

Otro de los organismos que pretende crear la futura Ley es la de un relator, con categoría de secretario de Estado o subsecretario, que se encargará de vigilar la evolución del fenómeno de la trata en España, de hacer seguimiento de la implantación de la ley, así como de formular mejoras legales o de atención a las víctimas, entre otros cometidos.