El gobernador Martín Llaryora presentó la nueva cárcel de máxima seguridad y alto perfil, donde serán alojados los detenidos más peligrosos de la provincia de Córdoba.

Con una inversión de $109 mil millones, esta unidad penitenciaria tendrá 448 celdas para alojar a unos 1000 detenidos, quienes serán custodiados por un Grupo Táctico Especial.

Asimismo, el Gobernador anunció la construcción de una nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), donde podrá alojarse hasta 500 personas.

El mandatario provincial dio a conocer detalles del Centro de Máxima Seguridad (CEMAX), un establecimiento modelo para internos de “Alto Perfil de Riesgo” que la Provincia de Córdoba ya construye en el Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Padre Luchesse” de la localidad de Bouwer, donde contará con ingresos, egresos, perímetros y controles independientes de los existentes en el resto de los módulos.

“Nada se puede hacer para que viva en paz una comunidad sin garantizar seguridad. Por eso nuestro compromiso tiene que ser que el miedo lo tengan los delincuentes y no la gente. Y que los que estén tras las rejas sean los delincuentes y no nuestros vecinos”, sostuvo el gobernador.

El CEMAX tendrá 448 celdas de detención para alojar a unos 1.000 internos que serán custodiados por un Grupo Táctico Especial, creado para tal fin, y contará con el apoyo de tecnología para el control y vigilancia con estrictos estándares de seguridad.

Entre otras medidas, se aplicará la incorporación de uniformes para internos y la prohibición de ingreso de provisiones para los mismos. Además, habrá un estricto régimen de visitas cada 15 días.

La estructura, que se encuentra en ejecución y presenta un 80% de avance, consta de 27.000 m2 de superficie en un predio de 118.200 m2.

La inversión prevista para la construcción del CEMAX es de 109.000 millones de pesos.

Llaryora destacó que este será el décimo establecimiento penitenciario, y sostuvo que “la situación nacional de aumento de la pobreza y deterioro de la clase media, nos lleva a reforzar la seguridad para garantizar la libertad y la vida de todos los vecinos que actúan honradamente y que quieren trabajar y progresar en una comunidad organizada”.

El gobernador subrayó que estas inversiones se enmarcan en una serie de medidas en materia de seguridad que lleva adelante el Gobierno de Córdoba. Entre ellas mencionó la incorporación de nuevas tecnologías y armas menos letales, la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, la aplicación del programa Cordobeses en Alerta y la puesta en marcha de nuevas fiscalías antinarcotráfico y sedes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, entre otras.

A su turno, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, explicó las características de la nueva unidad penitenciaria y sostuvo que esta iniciativa es muy importante porque significa que “la Provincia está aportando a la política pública de seguridad, frente a un contexto socioeconómico difícil, con un tejido social muy dañado como tiene nuestro país”.

“Siempre decimos que vivimos en una sociedad que está en permanente transformación y también ha cambiado mucho en los últimos 20 o 30 años la población carcelaria, para lo cual se hace cada vez más necesario, más exigente contar con espacios acordes a las necesidades, garantizando la seguridad de quienes allí trabajan y del resto de la población carcelaria” agregó el ministro.

Tecnología de última generación para la vigilancia y el control

El CEMAX contará con cámaras dotadas de Inteligencia Artificial y analítica, scanners de máxima seguridad y con tecnología actualizada para el control de bultos, móviles y personas, impidiendo de este modo el ingreso de elementos y sustancias no autorizadas o expresamente prohibidas.

Además, tendrá inhibidores totales de telefonía celular, impidiendo de este modo la utilización de equipos de comunicación no autorizados por parte de los reclusos y un sistema de radar perimetral con cámaras con IA a fin de detectar los movimientos de personas y/o cosas que pudieran poner en peligro las normas de seguridad definidas para el módulo.

El diseño de seguridad integral contará con un sistema que permita detectar, identificar y localizar drones no autorizados que operen en el espacio aéreo a proteger, y que constituyan una potencial amenaza a la seguridad pública. Y el personal de seguridad se dotará de cámara corporales (bodys cams) a fin de visualizar y registrar de manera inmediata todos los movimientos y acciones, tanto de reclusos como del personal penitenciario, en tiempo real.

Nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA)

El gobernador Llaryora también adelantó la decisión del Gobierno de Córdoba de avanzar en la construcción de una nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), con capacidad para alojar hasta 500 personas.

La obra se desarrollará en un terreno de más de 50.720 m2 ubicado en el Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Padre Luchesse” y demandará una inversión de 15.000 millones de pesos.

Al igual que el CEMAX, la nueva UCA contará con ingresos, egresos, perímetros y controles independientes de los existentes en el resto de los módulos.

Esta nueva unidad complementará el funcionamiento de las Unidades de Contención del Aprehendido del Centro de Córdoba y la que ya funciona en Bouwer.

Estuvieron presentes, además, los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; de Desarrollo Humano, Liliana Montero; de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Ángulo; el Fiscal General de la provincia, Juan Manuel Delgado; el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; el Defensor General de la provincia, Pablo Bustos Fierro; los jefes de la Policía y del Servicio Penitenciario, Leonardo Gutiérrez y Carolina Funes, respectivamente.

Cárceles federales e inhibidores

En la oportunidad, Llaryora reclamó a la Nación la construcción de cárceles federales en la provincia, que permitan alojar allí a los presos con condenas federales, y que hoy ocupan lugares en las cárceles provinciales.

Cabe recordar que Córdoba no cuenta con ningún espacio de este tipo.

“De la misma manera que el gobierno nacional ha hecho inversiones en su momento y ha construido cárceles federales en otras provincias, nosotros vamos a acompañar una ley para solicitar al gobierno nacional la pronta construcción de una cárcel federal en Córdoba. No tiene porque el Servicio Penitenciario provincial custodiar los presos federales” adelantó el mandatario.

Al mismo tiempo, el gobernador indicó que se presentó un proyecto de ley en la Legislatura y una presentación judicial para que el Ente Nacional de Comunicaciones arbitre los medios necesarios para efectivizar la relocalización de antenas de comunicación de telefonía móvil existentes en las adyacencias del predio de Bouwer.

Se trata de una medida fundamental para -con la ayuda de inhibidores del Servicio Penitenciario de la Provincia - se proceda al bloqueo de señales en sectores del complejo donde se encuentra prohibido.

“Les pido que tengan sentido común y se pongan del lado de la gente. Los inhibidores no pueden ser apagados ni restringidos. Es mejor apagar una antena de telecomunicaciones común, que un inhibidor”, dijo Llaryora.

Antes que nada, te aviso que vas a necesitar una bolsa resistente. Muy resistente. Ya que vas hasta allá, tenés que aprovechar el viaje y llevar todo lo que puedas. Necesitás una de esas bolsas que se usaban antes para hacer los mandados, con manijas fuertes y tela reforzada. La tenés que llenar, aunque después te cueste alzarla. Con una mano vas a cargar la bolsa y con la otra a tu nena.  

Llevá muchas bolsitas transparentes, como las del pan. Las usan para pasar ahí adentro todo lo que llevás, hasta el dentífrico. Andá sabiendo que revisan el bizcochuelo y el jabón en polvo con el mismo cuchillo. Si te quejás es peor.  

En una riñonera vas a llevar el celular, la plata, la sube y los documentos. Todo eso lo dejás en valores, no lo podés entrar. Lo retirás recién cuando te vas.

No te vistas con ropa negra, ni gris. Tampoco camuflada ni verde militar. Ya sé que nadie tiene una campera roja o naranja, pero con los otros colores no te dejan entrar. Ah y que no sea de esas infladas ni con capucha. Gorro o bufanda, ni soñar. Calzas no podés usar. Y el corpiño sin aro de metal.  

Tenés que llegar temprano, tipo ocho, para hacer los trámites. En una de las ventanillas presentás todos tus documentos y los de la nena. No te olvides de nada, si no tampoco pasás. Después te van a dar un número y tenés que esperar. Seguro alguna se cuele en la fila antes que vos. No hagas nada, nunca sabés con quien te podés pelear. Adentro se la pueden cobrar. Vas a entrar recién a eso de las doce. Hacete a la idea de que entre una cosa y la otra esto te va a llevar todo el día. La nena va a tener que faltar al colegio y vos ese día no vas a poder trabajar. Armate de paciencia. Juguetes a tu hija no le podés llevar. 

La primera vez que entrás es difícil. Muy difícil. Que te revisen no va a ser lo peor. Eso te va a empezar a molestar con el tiempo, cuando te des cuenta de que te quieren joder, cuando estés cansada y con bronca. Lo primero que te va a chocar es el ruido metálico de las puertas pesadas, te va a retumbar adentro del cuerpo, te va a lastimar. Para qué te voy a mentir, después te acostumbrás. Cuando camines por los pasillos con la bolsa cargada vas a sentir que no terminan más. El olor también es un tema. Es un baho raro; una mezcla de humedad, guiso, cigarrillo y desinfectante. Se te va a impregnar. 

En el salón vas a esperar a que lo bajen, a veces puede tardar. Cuando aparezca se van a poder abrazar. Quizás lo encuentres desmejorado, flaco y pálido. Es normal. Ni se te ocurra decirle nada, disimulá. Si seguís yendo y lo ayudás, se va a levantar. Él te va a mostrar en donde se pueden sentar. Las primeras veces seguro les toque alguna mesa destartalada y lejos del patio, quizás en un tiempo se gane un lugar mejor. Ahí van a poder tomar mate y comer algo de todo lo que le lleves. Eso es lo lindo, que vas a poder compartir algo con él. Por un momento hasta te vas a olvidar de donde estás.    

Aprovechá el rato que tienen para estar juntos y tratá de no pelear. No le hables de los problemas de afuera, tampoco de todo lo que tuviste que hacer para entrar. Si se le mete eso en la cabeza va a reaccionar.   

Ver a la nena le va a hacer bien. Tenés suerte que es chiquita y no le tenés que explicar nada. Más adelante va a empezar a preguntar, pero para eso todavía falta, por ahora zafás.

Lo más duro de todo va a ser cuando les avisen que se terminó el horario. Tenés que estar preparada para ese momento. Se te va a estrujar el corazón, vas a sentir un nudo en la garganta y que se te cierra el pecho del dolor. Tenés que ser muy fuerte y aguantarte las lágrimas. Vos te vas, pero él se queda allá. No estires la despedida. No te podés quebrar. 

Mientras caminás para salir no te des vuelta. Haceme caso, dale para adelante sin parar y tratá de no mirar. A la nena distraela también. La última imagen te queda grabada, ahorrátela.

Una vez que estés afuera, cerrá los ojos unos segundos y respirá el aire limpio. El viaje de vuelta a tu casa va a ser largo y gris como el uniforme del personal, como el cemento de esos muros inmensos. Creeme que no sirven los lamentos. Cuando te quieras acordar es día de visita otra vez. 

El presidente Javier Milei envió al Congreso una ley ómnibus que busca establecer controles estrictos a las movilizaciones que incluyen prisión preventiva para aquellos que corten las calles y organizan piquetes. La penas varían respecto del rol que se cumpla en el marco de una protesta social y suponen una modificación del Código Penal vigente.

“El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses”, establece el proyecto en su artículo 326.

En caso de que, además de de entorpecer la circulación, quien se movilice porte un arma propia, impropia o agreda a un tercero, podría recibir una pena de entre dos y cuatros años de prisión “siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

Por su lado, aquellos que tengan una responsabilidad mayor como organizadores de marchas que incurran en alguno de los puntos anteriormente citados deberán enfrentar una reclusión de entre dos y cinco años, dependiendo de la gravedad de su accionar. Además, según el articulado del proyecto, “los organizadores de las reuniones o manifestaciones serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”

El proyecto “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” también condena a aquellos dirigentes que presionen a titulares de programas sociales para que asistan a las movilizaciones. “Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”, establece.

Para evitar estas situaciones, en los últimos días, el Gobierno nacional también habilitó una línea telefónica para que beneficiarios de programas sociales denuncien de manera anónima a aquellos punteros que los exhortasen a participar de una movilización en contra de su voluntad.

En tanto, desde la presidencia, se busca que toda reunión o manifestación sea notificada ante el Ministerio de Seguridad con una antelación no menor a 48 horas previo a su realización. “En dicha notificación deberán detallar las características de la manifestación, los datos de la persona humana o jurídica que la organiza, detallando nombres propios y datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades, independientemente de que participen o no de la reunión o manifestación; el objeto y finalidad, la ubicación y recorrido, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados”, sostiene el proyecto.

Ante “movilizaciones espontáneas”, se solicita que la notificación se entregue “con la mayor antelación posible”. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad de la Nación está autorizado a oponerse a dicha movilización “fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional”, lo que supone reparos respecto del grado de discrecionalidad del gobierno. Asimismo, “también podrá proponer modificaciones tanto de horario, ubicación o fecha de realización”.

“Frente al incumplimiento de alguno o algunos de los elementos establecidos en la presente Sección, el Ministerio de Seguridad de la Nación deberá intimar a cualquiera de los organizadores de la reunión o manifestación o a quienes actúen como tales, para que cesen con su incumplimiento y adecuen la reunión o manifestación a las disposiciones de la presente. En caso contrario, serán pasibles de las acciones que correspondan, así como también de las multas”, concluye el documento oficial.

ACM con información de agencias.

La primera vez que Dulce Caballero pisó la cárcel tenía 19 años. Para entonces ya acumulaba varias detenciones: por acudir a una manifestación contra la guerra de Vietnam, por participar en un viaje de las Comisiones Obreras, o como medida preventiva cuando llegaba el Primero de Mayo. Pero a finales de 1968, Dulce, responsable de organización de propaganda de las CC.OO. juveniles en Madrid, fue detenida junto a otros compañeros y compañeras mientras repartían propaganda. “Quedábamos en las esquinas de la calle Martín de los Heros [en Madrid] y en cada una le dejábamos a uno un paquete”, recuerda la mujer, que hoy tiene 74 años. Dulce era quien guardaba la llave del lugar donde estaba la propaganda y eso sirvió para que la condenaran a año y medio de cárcel. Caballero fue enviada a la prisión de Ventas, en Madrid, una cárcel emblemática de la resistencia a la dictadura: pensada en la Segunda República como centro modelo terminó por ser lo contrario: un “almacén de reclusas” que se llenó de presas de la represión franquista pero que también fue escuela de reclusas políticas hasta su final en 1969.

Dulce Caballero recuerda hoy junto a Lola Moreno, Julia López y Estefanía Sánchez cómo fue esa represión y su encierro en Ventas. La vida de varias de ellas se cruzó en esa cárcel, otras se conocieron más tarde, algunas ya habían coincidido antes de recalar en el centro. Las cuatro eran mujeres jóvenes, obreras, que decidieron combatir la dictadura de Franco. Lo pagaron: fueron a la cárcel por rojas. Estos días sumaban sus historias a las Primeras Jornadas de Memoria Pública sobre las Prisiones Femeninas del Franquismo organizada por varios colectivos.

Ventas fue idea de la abogada Victoria Kent. Una vez nombrada Directora General de Prisiones durante la Segunda República, Kent se propuso modernizar el sistema carcelario español y mejorar, especialmente, las condiciones de las presas. Fue así como la abogada diseñó la prisión de Ventas como un centro ejemplar que, sin embargo, terminó siendo algo muy distinto. “Kent diseñó las primeras celdas para presas políticas, en ese momento las de la República. Pensó en un parvulario, en talleres, terrazas para que las presas con niños tomaran baños de sol, salón de actos, biblioteca... Por primera vez en una cárcel no había capilla”, explica el historiador de la Universidad Complutense Fernando Hernández Holgado. Sin embargo, ese modelo apenas funciona tres años, entre 1933 y 1936.

Durante los años 40, Ventas pasa a ser un caso emblemático de la prisión militante, un lugar de la resistencia antifranquista femenina

Fernando Hernández — Historiador de la Universidad Complutense de Madrid

En la posguerra, Ventas se convierte en un almacén de reclusas, en palabras de las propias presas. Hernández asegura que entre el año 39 y el 40 llegaron a acumularse hasta 5.000 en una prisión pensada para 450. “En ninguna otra cárcel se llegaron a juntar tantas mujeres”, dice el historiador. En cada celda individual dormían hasta 12 reclusas. Allí llegaban mujeres que pertenecían a organizaciones de izquierdas, pero también otras que habían trabajado en hospitales o comedores en la retaguardia de Madrid.

La prisión, cuya estructura estaba pensada para que cada galería albergara a un tipo de presa (comunes, políticas y gubernativas), se desbordó. Los problemas de hacinamiento eran graves y muchos niños, que entraban con sus madres cuando ingresaban, enfermaron e, incluso, murieron. Las presas se organizaron para reivindicar mejoras pero también para crear una enfermería, una sala de madres y otra de niños.

Una escuela de presas políticas

Durante los años 40, Ventas es también una escuela de presas políticas: “Pasa a ser un caso emblemático de la prisión militante, un lugar de la resistencia antifranquista femenina”, afirma Fernando Hernández. Las presas políticas celebraban las efemérides republicanas en festivales clandestinos que organizaban en el patio o en los retretes. La represión de sus comportamientos implicaba la dispersión (llegaban a enviarlas a prisiones muy alejadas de sus familias, como las de Tenerife o Gran Canaria), la pérdida de derechos acumulados que les permitían reducir su condena o el aislamiento para que dejaran de recibir paquetes y cartas de sus familias. Esa comunidad militante que alberga Ventas sigue auto-formándose y también llevando a cabo actos de rebeldía, desde huelgas de hambre a la fuga de dos presas condenadas a muerte en noviembre de 1944.

A partir de los años 50, el número de presas políticas decae y ya en los 60 son minoría frente a las comunes. Es entonces cuando ingresa en Ventas la siguiente generación de reclusas de la represión franquista, a la que pertenecen Dulce Caballero, Lola Moreno, Julia López y Estefanía Sánchez. La cárcel queda entonces solo para ingresos preventivos. A las 'políticas' y las comunes se suman, en esta como en el resto de épocas, las presas gubernativas: mujeres arrestadas por ejercer la prostitución o, especialmente en la posguerra, por estraperlismo (la venta ilegal de productos tasados por el Estado), explica la historiadora Laura Bolaños.

“En posguerra, las presas comunes solían ingresar principalmente por hurto o estafa porque la gente tenía que sobrevivir. Pero también por otros delitos muy feminizados, como el aborto o la corrupción de menores y el escándalo público, que tenían que ver con la prostitución”, cuenta también Bolaños, que señala que el aborto estaba penado con penas muy altas que casi se asemejaban a un homicidio, tanto para las mujeres que abortaban como para los profesionales que las ayudaban a hacerlo.

Tinta roja contra Eurovisión

Lola Moreno, de 73 años, recuerda cómo fue su ingreso en la prisión. Su historia de militancia está muy ligada a la de su hermana: “Empezamos a tomar conciencia política de la represión franquista en el instituto, con 16 años”. El estudio se sumaba a su trabajo en una fábrica de discos, y Lola y su hermana empezaron a acudir a manifestaciones obreras clandestinas y, más tarde, a organizarse en las juventudes de las Comisiones Obreras de su barrio, Aluche. ¿Por qué las detuvieron? “Lo que hacíamos era lo elemental: reunirnos, hablar de los problemas de los jóvenes, del barrio, repartir planfletos...”. A veces, pasaban citas para juntarse en puntos de la capital y gritar consignas contra el dictador. “Nos juntábamos 50 o 100 y gritábamos 'Franco, asesino' o 'Libertad' y nos íbamos corriendo y casi nunca pasaba mucho”. Hasta que un día, su hermana y ella fueron detenidas junto a otros compañeros.

Recuerdo ponernos a cantar la Internacional el Primero de Mayo. Como castigo, nos quedamos sin recibir visitas ni paquetes de comida

Estefanía Sánchez — Reclusa en la cárcel de Ventas

Llegaron a Ventas una madrugada de febrero del 69. “Éramos como 40 o 50 presas políticas. Algunas funcionarias estaban desde los años 40 y contaban anécdotas de entonces. Había quienes te echaban una mano, te dejaban pasar algún libro... otras eran totalmente fascistas”, recuerda Lola. Durante esos años, la movilización de las presas políticas que había convertido a Ventas en esa escuela de militancia dos décadas atrás se volvió a repetir. “Yo me sentía bien acompañada”, relata Estefanía Sánchez, de 74 años, que trabajaba en una fábrica de productos químicos. Ella, como Lola, empezó a movilizarse con su hermana. Y, como en su caso, las dos terminaron en Ventas.

El año en que España organizaba Eurovisión tras el triunfo de Massiel, 1969, Estefanía acudió al Palacio de Congresos de Madrid, donde los artistas ensayaban, con botellas llenas de tinta roja dispuesta a arrojarlas contra el edificio. Pero el lugar estaba tomado por la policía, que comenzó a detener indiscriminadamente. Ella fue una de las arrestadas, junto a más compañeros y junto a su hermana. Después de cuatro días en la Dirección General de Seguridad, las dos fueron trasladadas a Ventas. “Recuerdo ponernos a cantar la Internacional el Primero de Mayo. Como castigo, nos quedamos sin recibir visitas ni paquetes de comida”, cuenta.

“La importancia de estas últimas presas es su testimonio. Son mujeres de clase obrera, vienen del textil, de la industria química... estaban ligadas al partido comunista y muchas militaban también en las comisiones obreras juveniles”, señala el historiador Fernando Hernández. Para entonces, la prisión se caía a pedazos por dejadez y falta de reformas. En las celdas había una o tres presas, pero nunca dos para evitar relaciones sexuales entre ellas, recuerda Lola Moreno. “Hay encarcelamientos por tribunal militar y por tribunal de orden público, que fue un invento de la represión franquista para que el estamento militar se quitara la responsabilidad de la represión”, añade el historiador. Las presas son defendidas por abogadas vinculadas al Partido Comunista, como Cristina Almeida, Manuela Carmena o María Luisa Suárez.

Pese al clima de compañerismo y movilización dentro de Ventas, las cuatro mujeres recuerdan también las consecuencias que tenían sus encarcelamientos, desde la pérdida de sus trabajos al temor de sus familias. “Cada vez que te detenían te quedabas sin trabajo porque faltabas y no había otra fórmula”, rememora Estefanía Sánchez.

Las últimas 'políticas'

Julia López, de 80 años, fue una las últimas presas políticas en pasar por el centro. López fue detenida después de hacer un cursillo político de marxismo en la Alemania Oriental. La mujer, que era sastra, participaba de las estructuras del Partido Comunista. “Intentaba pasar desapercibida. Me obligaban a ir a misa, yo me ponía en la parte trasera y venían a obligarme a seguir la liturgia, yo les decía que no quería. Lo que más hacía era irme a la biblioteca y leer”, recuerda. Las presas comunes la protegían y su madre y sus tías le llevaban comida cada día. También su marido, que quedó a cargo de su hija de dos años.

Intentaba pasar desapercibida. Me obligaban a ir a misa, yo me ponía en la parte trasera y venían a obligarme a seguir la liturgia, yo les decía que no quería

Julia López — Reclusa en la prisión de Ventas

“Colgaba las bolsas con comida que me traían para protegerlas de las cucarachas y los bichos que había en el suelo pero una vez metí la mano y salió una rata, menudo susto. Me acabé alimentando de botes de leche condensada, a veces comía un poco de rancho por eso de comer algo caliente. Mi experiencia fue nefasta, yo estaba más sola”, rememora Julia López.

En el verano del 69 las presas son desalojadas y repartidas por otros centros, como la cárcel de Alcalá de Henares o el psiquiátrico de Carabanchel. “La cierran porque perdió importancia como prisión de preventivas, es un edificio demasiado grande para las presas que hay y cambia mucho la zona, que originariamente había sido industrial y que en ese momento se convierte en urbanizable. La M30 empieza a correr detrás de Ventas y sube el precio del terreno”, apunta el historiador. El Ministerio de Justicia subasta el solar, y se vende por un cantidad muy baja, agrega.

En el solar sobre el que un día se levantó Ventas hoy hay bloques de viviendas y un parque municipal. Allí figura una placa genérica a “las mujeres de Ventas”, pero ninguna mención concreta a las miles de mujeres que pasaron por una de las cárceles femeninas de la represión franquista.

El tribunal estatal de Georgia impuso este lunes una fianza de 200.000 dólares al expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) para que evite la cárcel tras haber sido imputado por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado.

El pago de esa fianza permitirá al republicano recuperar su libertad una vez se haya entregado a la prisión del condado de Fulton (Georgia), donde tiene de plazo hasta el viernes para presentarse y ser fechado. Trump ha anunciado que se entregará a las autoridades del estado el jueves.

Según su acuerdo de fianza en Georgia, Trump no puede comunicarse con ningún coacusado en el caso excepto a través de sus abogados. También se le ordenó “no hacer ninguna amenaza directa o indirecta de ningún tipo contra la comunidad”, incluidas “publicaciones en las redes sociales o republicaciones de otros usuarios”.

El expresidente fue imputado la semana pasada de 13 cargos por un gran jurado de Georgia por haber intentado manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde el actual presidente, el demócrata Joe Biden, ganó por un estrecho margen.

Entre los delitos que se le acusan está el de violar la ley RICO (por sus siglas en inglés), utilizada habitualmente contra capos de la mafia, que le podría acarrear varios años de prisión si se demuestra durante el juicio.

Por este delito, la Corte le pide 80.000 dólares de fianza, mientras que por cada uno de los otros 12 le pide 10.000 dólares, sumando un total de 200.000 dólares.

En el caso de Georgia fue imputado junto a 18 colaboradores, entre ellos su exabogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su exjefe de Gabinete Mark Meadows.

El Tribunal Superior del condado de Fulton impuso este lunes también una fianza de 100.000 dólares al abogado John Eastman y de 10.000 dólares a otro acusado, Scott Hall.

Trump canceló una rueda de prensa de este lunes en la que iba a presentar un informe sobre “el fraude electoral” de Georgia, una mentira en la que insiste a día de hoy.

Esta es la cuarta imputación penal de Trump. Hace dos semanas fue imputado por un gran jurado de Washington DC de cuatro cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de los comicios en EEUU de 2020, que culminaron con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Además, en Nueva York, Trump ha sido imputado con 34 cargos por supuestos pagos a la actriz porno Stormy Daniels, con la que tuvo un affaire en el pasado, para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016.

Y la otra causa penal es en Florida, donde está acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca

Con información de agencia EFE.

Al menos 41 reclusas murieron este martes, unas 25 de ellas calcinadas, como resultado de un enfrentamiento entre bandas criminales dentro de una prisión para mujeres en Honduras, donde el Gobierno dispuso la intervención militar del establecimiento.

El incidente ocurrió esta mañana en el Centro de Adaptación de Mujeres (Cefas), en Támara, a 30 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, y al mediodía registraban 41 víctimas fatales, afirmó el vocero del Ministerio Público Yuri Mora.

De las fallecidas, al menos 25 murieron calcinadas y siete baleadas, según los diarios locales El Heraldo, La Prensa y La Tribuna.

Todo comenzó por un enfrentamiento entre integrantes de la Mara Salvatrucha MS-13 y la Pandilla 18, dos de las organizaciones criminales más extendidas en Centroamérica, creadas respectivamente en El Salvador y Estados Unidos.

La viceministra de Seguridad y presidenta de la Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Julissa Villanueva, anunció la medida de intervención en respuesta a los disturbios. En sus redes sociales, declaró emergencia y dejó claro que no se tolerarán actos vandálicos ni irregularidades en dicha cárcel.

La funcionaria atribuyó el incidente a “la criminalidad organizada que ha secuestrado el sistema penitenciario de este país” y remarcó “cómo desde adentro y afuera se producen acciones nefastas”.

Por lo menos cinco equipos de Medicina Forense trabajaban esta tarde en el levantamiento de los restos de las reclusas que murieron calcinadas.

MB con información de agencias

“Me bajé del bondi para disimular. Cuando me hiciste las preguntas me dio vergüenza. A veces me pasa, la gente te rompe las bolas. Es la mochila social que cargo y que vengo cargando desde el momento de mi salida. El bondi estaba lleno de gente”, dice desde el otro lado del teléfono Betina y desciende del colectivo en el que viaja hacia el IX Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel en la Ciudad de Buenos Aires.

Betina tiene 58 y estuvo presa más de dos años en la cárcel de Ezeiza. Mientras camina y come una empanada, dice que quiere llegar temprano al Centro Cultural Paco Urondo donde leerá una de sus producciones literarias. “Amo a mis profes, intento hacer las cosas como deben ser”, cuenta y sigue caminando. Fue detenida en el 2017 y ahí empezó a estudiar Letras en el Programa de Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. “Los profes llevan la libertad. En esos apuntes y corazones llenos de juventud y de ganas, llevan libertad. No es joda, no es una palabra nada más. No hay en el mundo gente como mis profes”, repite.

Betina escribe historias: las que escucha, las que le cuentan. Retiene y transcribe en un cuaderno. Ya publicó algunas. Le regalaron una computadora, pero prefiere el papel. Es una de las casi 600 personas que pasan al año por el programa que dicta la carrera de Letras y talleres de escritura en el Centro Universitario de Devoto (CUD), en el Centro Universitario de Ezeiza (CUE) y en la unidad IV de Ezeiza, donde se alojan de mujeres y personas trans. Hasta el jueves 13 se realiza un nuevo encuentro anual con  paneles temáticos, presentación de libros, lecturas, talleres, exposiciones de publicaciones y material audiovisual hecho en la cárcel, música en vivo y una feria de productos elaborados por cooperativas y proyectos sociales de familiares de detenidos y personas liberadas.

“Pensamos la escritura como una forma de acción y de intervención, como una herramienta para sobrevivir al encierro a través del arte, la literatura y la escritura”, le dice a elDiarioAR Cynthia Bustelo, una de las coordinadoras del programa. “Es compartir lo que nosotros tenemos a mano como equipo y facultad, como forma de conquistar la palabra. Un modo más de conquistar derechos, garantizando el derecho a la educación, a la palabra, al arte”, agrega. 

La mochila de Betina. “A no ser en la universidad, que es el único lugar donde encuentro paz, cargamos la mochila. Nos miran, nos señalan, no nos dan laburo”, retoma. “Me metieron presa ahora, de vieja. Un garronazo. Yo tenía 8 gramos de marihuana. Escuchame una cosa, tengo casi 60 años y me metieron presa por 8 gramos de marihuana, es un porro para aliviar mi ansiedad, brother. Estuve presa por una presunta participación de una banda, porque me vieron vieja y mujer, un motón de preconceptos juntos. Estuve dos años esperando el proceso y después fui absuelta”, detalla.

Ahora sigue estudiando y da clases en una escuela pública. Hace unos meses trabajó en el Programa de Acompañamiento de Trayectorias y Revinculación (ATR)  de la provincia de Buenos Aires para estudiantes que no tuvieron acceso a dispositivos o conexión durante la pandemia. También atiende el bar de su facultad, pero todavía carga la mochila.

Es ahí donde la palabra se convierte en herramienta de disputa. “Tiene la potencia de disputar el sentido común, de desmitificar, de desmontar estigmas. Se trata de que cada quien pueda decir sus palabras, su discurso. Qué cosas se viven en las cárceles o cómo a través de la educación y la palabra podemos impugnar, interrumpir, resistir o resignificar esa experiencia de encierro”, agrega Bustelo.

“Ellos escriben las cosas y yo les pongo melodía y verso”, dice la canción “Para quién canto yo entonces” de Charly García que Betina retoma. “Me cuentan una historia de vida que me llega al corazón y se transforma. Le pongo todo y me hago carne de ese relato. En general, son historias de dolor a las que les pongo humor”, agrega. 

Mientras fuma un cigarrillo, Betina sigue caminando para llegar al Encuentro. “Seguimos cargando la mochila, me da calentura y rabia. Voy a seguir luchando para que eso no exista más porque esto que yo puedo resolver bajándome del bondi, evitando que todos escuchen, hay compañeras que no lo saben hacer”. 

CDB

El Anteproyecto de Ley contra la Trata de Seres Humanos redactado por el Ministerio de Justicia español–Igualdad tiene otro– incluye castigar con penas de prisión que van de uno a cuatro años a los clientes que paguen por mantener relaciones sexuales con víctimas obligadas por terceros a prostituirse, según el texto al que tuvo acceso elDiario.es. 

De acuerdo al borrador del departamento que dirige Pilar Llop, la Ley introduciría un cambio en el artículo 177 del Código Penal pasando este a castigar a “quien, sin haber intervenido como autor o partícipe (del delito de trata), haga uso de los servicios, prestaciones o actividades de la víctima”. A la condena de entre uno y cuatro años cárcel se sumará una inhabilitación de entre tres y seis más que afectarán al ejercicio de “profesión, oficio, industria o comercio”.

La pena se rebaja en el caso de comisión del delito en su modalidad de “imprudencia grave”, entre seis meses y dos años y medio de cárcel. La diferencia radica, según fuentes jurídicas, en que la noma establece que en el primer caso, el cliente es consciente de que la mujer está obligada a prostituirse y, en el segundo, el de la imprudencia grave, alude al hecho de que pudiendo conocerlo ha decidido ignorarlo. 

El citado artículo del Código Penal recogería un tercer punto para que quede “exento de pena” aquel que “habiendo utilizado ocasionalmente los servicios, actividades o prestaciones de una víctima denunciare el hecho a la autoridad”.

De incorporarse a la redacción definitiva de la ley sería la primera vez que se castiga en España al cliente de la prostitución y no sólo al proxeneta. La propuesta devuelve a un primer plano el debate en el seno de la izquierda y el feminismo sobre la abolición de la prostitución.

Este Anteproyecto de Ley contra la Trata se suma a la propuesta del Grupo Socialista en el Congreso para endurecer el castigo a los proxenetas, que sigue en estos momentos el trámite parlamentario, y que incluye multas a los clientes de prostitución, con independencia de si la persona que cobra por los servicios sexuales está siendo obligada a ello.

El impulso de una ley contra la trata lleva tiempo coleando en el seno del Gobierno y ha pasado por distintas fases. El Ministerio de Igualdad inició los trabajos para la elaboración de una norma circunscrita a la explotación sexual. Después Unidas Podemos y el PSOE anunciaron un acuerdo para llevarla por vía parlamentaria. Sin embargo, finalmente el Ejecutivo volvió a asumir el mandato y Justicia anunció que encargaría a un comité de expertos el impulso de una ley integral. Según el departamento dirigido por Irene Montero, el texto de Igualdad fue remitido a Pilar Llop el pasado enero.

La futura Ley de Trata que prepara Justicia también prevé penalizar el “el alquiler o puesta a disposición de locales de negocio, establecimientos comerciales o de lugares de alojamiento de las víctimas” obligadas a ejercer la prostitución o cualquier otra forma de explotación. Según el borrador, los dueños de esos locales o viviendas se enfrentarían a penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de hasta seis más, alberguen prostitución o cualquier otra forma de explotación.

Como ocurre con la represión de los clientes de prostitución, haber actuado con “imprudencia grave” rebaja el castigo. Por su parte, la propuesta del PSOE que admitió a trámite el Congreso el pasado junio es más dura para estos propietarios, incluso si las personas prostituidas lo eran con su consentimiento: la condena de cárcel oscilaría entre los dos y los cuatro años. 

Un delito específico de esclavitud

El espíritu de la nueva Ley contra la Trata del Ministerio de Justicia está en dejar de combatir únicamente el proceso por el que esas personas son llevadas a régimen de esclavitud y que se aborde también el periodo en el que ésta se ejerce. A partir de ahí, se introduciría en el Código Penal, como tal, el delito de esclavitud, con penas que superan a las ahora existentes relacionadas con la trata y que llegarían hasta los 12 años de cárcel. 

Tal delito sería aplicable a quien “someta o mantenga a una persona en una situación de absoluta disponibilidad sobre ella y sus esferas de libertad personal” y estaría castigado con entre ocho y doce años de prisión. Se impondría en el grado más alto cuando las condiciones de la víctima sean “particularmente degradantes o vejatorias”, si es sometida a “agresiones sexuales reiteradas”, es especialmente vulnerable o quien comete el delito es autoridad o funcionario público. 

Permiso de residencia

El Ministerio de Justicia ha trabajado en los últimos meses contrarreloj para que la Ley pueda ser aprobada en esta legislatura. Solo habían trascendido unas pocas novedades, tales como la suspensión automática de los procesos de expulsión del país a las personas que sean rescatadas o huyan de las redes de trata. 

Finalmente, esta cuestión queda redactada en el Anteproyecto de Ley de la siguiente forma: “En el caso de las víctimas en situación administrativa irregular en España se garantizará la no incoación de un procedimiento de expulsión, la suspensión del que ya existiera y la no ejecución de la expulsión anteriormente acordada desde el momento de la detección y hasta que finalice el proceso de identificación”. Ese proceso de identificación no podrá producirse en un plazo inferior a 30 días.

Una vez identificadas, las víctimas tendrán derecho a obtener “un permiso de residencia por circunstancias excepcionales” y su tramitación tendrá carácter “preferente”. En ello no influirá de forma negativa que carezcan de un pasaporte u otro documento válido. La ley establece las ayudas que se otorgan a la población vulnerable, incluidas soluciones de habitabilidad.

Además, para ser considerado víctima de trata no será necesario que ésta colabore en las investigaciones contra las mafias que negocian con seres humanos, ni que haya una investigación penal en marcha. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que llegan engañadas de otros países y son obligadas a prostituirse no será “en ningún caso” necesario que colaboren con la Policía para que sean consideradas víctimas de trata. 

El Anteproyecto de Ley aborda el fenómeno de la trata desde varias perspectivas: la sensibilización de la sociedad, que hace especial incidencia en el plano educativo y en los medios de comunicación, la formación de funcionarios y la asistencia a las víctimas, así como el citado reproche penal o punitivo.

Un relator y un mecanismo de detección

El borrador también establece la creación de dos órganos relevantes. Por una parte, el Mecanismo Nacional de Derivación, que canalizará el fenómeno de la trata desde su detección hacia la asistencia social para las víctimas y la investigación por parte de la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

La creación del Mecanismo Nacional de Derivación parte del hecho de que cualquier ciudadano o entidad debe denunciar el régimen de explotación o esclavitud de terceros a este nuevo organismo, que lo primero que hará será derivar a una “entidad de primera acogida” de las comunidades autónomas, que atenderán las primeras necesidades médicas, psicológicas o legales, incluido un alojamiento de emergencia.

Otro de los organismos que pretende crear la futura Ley es la de un relator, con categoría de secretario de Estado o subsecretario, que se encargará de vigilar la evolución del fenómeno de la trata en España, de hacer seguimiento de la implantación de la ley, así como de formular mejoras legales o de atención a las víctimas, entre otros cometidos.