Mientras 169 estados se reunían esta semana en Jamaica para ver si ya le ponen reglas a la minería marina, hay un entrepreneur australiano que se ha aliado con Donald Trump para saltarse las salvaguardas ambientales internacionales y ponerse cuanto antes a minar el fondo marino para extraer metales.

La Autoridad Marina Internacional (ISA) acaba de celebrar su 30ª sesión en la capital del país caribeño, Kingston. En su agenda está la aprobación del Código de Minería e incluso discutir entre los participantes una posible moratoria antes de comenzar esa actividad. Una pausa precautoria que han pedido oficialmente 37 estados entre los que están España, Alemania, Francia o Canadá. Además, 66 compañías internacionales han firmado un comunicado que pide esa moratoria.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica de España –que asistió a la convención– explican que “siguen existiendo importantes diferencias y ámbitos todavía por definir en muchos artículos” por lo que no hay aún consenso para ese código. Ahora deberá elaborarse un nuevo texto “con todas las aportaciones y propuestas realizadas durante las reuniones y presentarlo al Consejo, probablemente en la sesión 31ª, de marzo de 2026”, abundan estas fuentes. Traducido: como todavía no hay un código para la minería de gran profundidad, no podrán hacerse extracciones comerciales de nódulos de metales del fondo del mar.

Al menos bajo la autoridad de la ISA. Porque, casi al mismo tiempo que se han estado haciendo estas negociaciones, el CEO de la compañía The Metals Company, Gerard Barron, anunció que la sociedad Korea Zinc ponía 84 millones de euros para “avanzar en el desarrollo de la minería de fondos marinos en los EEUU”. Gerard Barron es australiano y “emprendedor experimentado” –como se presenta–. Contó con una orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump para acelerar hasta lo nunca visto su proyecto de extracción de minerales. Con esa decisión ejecutiva de Trump bajo el brazo, Barron remitió una petición de autorización para empezar a sacar minerales.

La secretaria general de la ISA, Leticia Carvalho, calificó esa orden ejecutiva como “preocupante porque, aunque en principio alude a asuntos nacionales, hace referencia a su aplicación en áreas más allá de la jurisdicción nacional de EEUU”. Y lo que es más, la petición de The Metals Company para operar comercialmente “es para minar el fondo marino en aguas fuera de la competencia de EEUU”.

Es decir, el entrepreneur australiano utilizó la orden ejecutiva emitida por Trump para acogerse a las leyes norteamericanas en su intento de extraer los metales que reposan a miles de metros de profundidad en zonas sobre las que EEUU no tiene jurisdicción. De hecho, la ISA va a revisar este movimiento de la compañía de Barron.

La decisión del presidente estadounidense llegó mientras la ISA estaba en pleno proceso de redacción del código que debería regular la minería del fondo oceánico. El objetivo declarado de la orden es “establecer un marco para que las compañías estadounidenses identifiquen y extraigan minerales y recursos”.

¿Trofeo ecologista?

Al tiempo que los estados estaban reuniéndose en marzo de 2025 para avanzar en cómo desarrollar esta minería, qué precauciones ambientales hay que tener, dónde podría y dónde no e incluso si es conveniente demorar el inicio de la actividad comercial para conocer más y mejor qué consecuencias puede acarrear, Gerard Barron se lanzó: “La ISA está siendo influenciada por una facción de estados aliados con ong ambientalistas que ven la minería del fondo del mar como su último trofeo ambiental y que han trabajado incansablemente para retrasar la regulación para la explotación con el explícito objetivo de acabar con la industria comercial. Afortunadamente, la ISA no tiene la exclusividad sobre la regulación de la minería del fondo del mar”.

EEUU no ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar por lo que no es parte de la ISA. Eso hace que no pueda votar en reuniones como la de Jamaica y que no pueda avalar las peticiones de empresas para desarrollar proyectos mineros en aguas internacionales bajo el paraguas de la ONU.

Pero, un mes después de las quejas de Barron, llegó la orden de Donald Trump y acto seguido la solicitud para iniciar sus actividades comerciales de la minera ante la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU, (NOAA) que es la encargada de dar los permisos. La NOAA ha calificado la decisión de Donald Trump como un acto “histórico que impulsará la economía nacional” en lo que llamó “la próxima fiebre del oro”.

“La ISA ha demostrado tener agallas y se ha plantado frente a la industria de la minería en el fondo de mar y los gobiernos como el de Donald Trump”, dijoo la bióloga marina de Greenpeace Franziska Saalmann al conocerse que, de momento, no habrá código en vigor y, por tanto, no habrá extracciones.

Un pequeño país de 21 km2 y 12.000 habitantes, la isla pacífica de Nauru, lleva del cuello a toda la comunidad internacional: quiere iniciar ya la explotación minera submarina y sostiene un proyecto que avanza inexorable.

Nauru lanzó un ultimátum en 2021: dio dos años a los estados mundiales para establecer las normas que regulen las extracciones desde el fondo del mar porque su intención era comenzar los trabajos una vez pasado ese tiempo.

Nauru activó una cláusula contenida en la Convención de los Océanos que obliga a culminar la regulación en 24 meses. A punto de vencer el plazo, la minera aliada con el Gobierno del país, la canadiense The Metals, remitirá su petición para comenzar los trabajos y consideran que para 2024 estarían preparados para iniciar la explotación.

Mientras, numerosos estados sostienen que no debe haber minería submarina, al menos, hasta que se conozca mejor las implicaciones de instalar una industria así a miles de metros debajo de la superficie marina.

Por caso, el Congreso español aprobó en febrero pasado instar al Gobierno a “defender ante la Alta Autoridad de los Fondos Marinos (ISA) una moratoria de la minería submarina” hasta que se conozcan bien “sus efectos en el medio ambiente marino, la biodiversidad y las actividades humanas en el mar”.

Antes habían sido Francia, Alemania, Canadá. Costa Rica, Ecuador... incluso la Comisión Europea publicó en junio de 2022 su Agenda sobre Gobernanza de los Océanos que incluía “la prohibición de la minería submarina hasta que se rellenen los huecos científicos”.

Pero las cartas están encima de la mesa y la cuenta atrás avanza: la Autoridad Marina Internacional –organismo autónomo afiliado a la ONU– aborda esta cuestión durante las negociaciones que sus países miembro llevan a cabo esta semana (en primer periodo) y cierran en junio. El ultimátum de Nauru activado en 2021 aceleró todo el proceso.

Este ultimátum llega solo unas semanas después de que los países alcanzaran en la ONU un acuerdo para proteger la altamar y asentar las bases para salvaguardar al menos el 30% de los océanos en 2030. Un texto legalmente vinculante que atañe a más de dos tercios de los mares del planeta.

El cambio climático y la demanda disparada de metales

Porque más allá de la línea de soberanía de los estados y a muchos metros de profundidad, el océano guarda gran cantidad de minerales en forma de cobalto, cobre, níquel, manganeso... Todo el menú metálico que exige la transición energética para usar mucha electricidad, como impuso el consumo energético intensivo, sin recurrir a la quema de combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero.

De hecho, la Asociación Internacional de la Energía explica que “los minerales son un componente esencial en las tecnologías de energía limpia que están creciendo rápidamente. La demanda por estos materiales subirá a medida que la transición ecológica tome ritmo”.

Sus cálculos dicen que “para cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio climático”, la demanda de cobre para el sector de la energía subirá hasta ser el 40% del total mundial, el 60%-70% del cobalto y el 90% de litio. Todo para alimentar las plantas fotovoltaicas, los campos eólicos o los coches eléctricos. “Necesitan más minerales que las versiones fósiles”.

En resumen: se abrió un mercado gigantesco de minerales. Para 2040, “la demanda media de níquel y cobalto se multiplicará por dos y cinco respectivamente”, dice la AIE. Lo mismo ocurrirá con el cobre. Y eso lleva unido que “para ciertos minerales, los precios han subido con fuerza desde la segunda mitad de 2020”.

Sin embargo, José Luis García Vara, responsable del programa de Océanos de WWF, afirma que “la demanda de minerales necesarios para el desarrollo de las fuentes de energías renovables puede reducirse en un 58% a través de la innovación tecnológica y medidas de economía circular y reciclado de materiales”, según un informe elaborado por la instituto de investigación Sintief para la organización. “Necesitamos una transición urgente de los combustibles fósiles a fuentes renovables, pero no a expensas de la biodiversidad de los ecosistemas marinos profundos, que son además sumideros de carbono”.

“Esta ronda es preparatoria para la traca final que debe llegar en junio, pero ya se ven las posiciones”, explica la responsable de Biodiversidad en Greenpeace, Celia Ojeda. “Y lo que hemos observado es que la Secretaría de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos parece muy a favor de la industria minera”, añade.

Esta ronda es preparatoria para la traca final que debe llegar en junio, pero ya se ven las posiciones

Celia Ojeda — Responsable de Biodiversidad en Greenpeace

Se refiere a la polémica que ha alcanzado al secretario general de la ISA, Michael Lodge, que algunas delegaciones consideran que está empujando para acelerar la regulación y empezar a explotar el fondo marino.

Vídeo promocional y cruce de cartas

De hecho, el New York Times publicó una carta remitida a Lodge por el Gobierno de Alemania en la que la ministra de Asuntos Económicos y Acción Climática, Franziska Bratner, le recordaba que el papel del secretario “no es interferir en el proceso de decisión”. “En el pasado usted tomó parte activa en contra de las posiciones de alguna delegación”, le recuerda, además de que el Ejecutivo germano está “seriamente preocupado por este enfoque”.

Lodge contestó que la misiva “hace una acusación general sin fundamento carente de hechos o argumentos”: Rechazo sus acusaciones sin base“.

Lo cierto es que el secretario general de la ISA sí apareció en un vídeo promocional de la empresa Deep Green (que luego se convirtió, precisamente, en The Minerals) en el que decía: “Los recursos en tierra firme se están volviendo cada vez más difíciles de acceder. Ya hemos sacado los mejores recursos. Los recursos futuros están en lugares más remotos lo que significa que son más caros de conseguir y con más riesgo ambiental”. Lodge también ha dicho que atribuir “de manera inevitable” a la minería submarina “daños irreversibles y colapsos ecosistémicos” es fruto de “exageraciones carentes de base”.

Conseguir la reducción de emisiones necesaria para evitar los peores impactos del cambio climático es imposible sin metales. La minería submarina ofrece una oportunidad para suministrar al mundo los metales necesarios

Gobierno de Nauru

Nauru esponsoriza el plan de la empresa canadiense The Metals –mediante la filial Nauru Ocean Resources Inc– para sacar nódulos con níquel, manganeso y cobre del lecho marino en una área de 74.000 km2 de océano entre México y Hawaii. Han calculado que hay 866 millones de toneladas de nódulos.

La minería marina en altamar está prevista en aguas internacionales. Como son áreas marinas sin dueño nacional, los proyectos deben estar promocionados por algún estado. La minera canadiense asociada con Nauru también está aliada con otros dos microestados insulares del Pacífico: Tonga y Kiribati para proyectos similares y contiguos en la misma zona marítima

Pero detrás hay más. La ISA emitió más de 30 contratos de exploración en aguas internacionales, es decir, más allá de la línea de jurisdicción de los países.

Se da la circunstancia de que estos tres países están en la primera línea de riesgo vital por el cambio climático. Se trata de estados insulares, incrustados en el Pacífico sur, que ven cómo año tras año la subida del nivel de mar se come su territorio. Buena parte de los minerales que se buscan en el fondo del mar son usadísimos en la transición energética para abandonar los combustibles fósiles.

El país insular justifica así sus planes: “Nauru es el país que más va a perder con el cambio climático. Conseguir la reducción de emisiones necesaria para evitar los peores impactos es imposible sin utilizar metales. El desarrollo responsable de esta nueva industria ofrece una rara oportunidad para suministrar al mundo, con bajo impacto ambiental, los metales necesarios para las tecnologías que combaten el cambio climático”.

Sin embargo, Celia Ojeda reflexiona: “Muchas veces, el juego de las empresas, los intereses políticos y económicos y las necesidades de los países más vulnerables no están bien ligados”.

La discusión sobre la minería marina cobró mayor intensidad con el inicio de una misión de recolección de muestras minerales por parte de la empresa privada Nauru Ocean Resources (NORI).

La travesía hacia una zona del océano Pacífico se basa en una recomendación emitida por la Comisión Legal y Técnica de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés) para autorizar la toma de materiales, luego de la conclusión de la revisión de la manifestación de impacto ambiental de la compañía, filial de Metals Company, con sede en Vancouver (Canadá).

Pero ISA, asentada en Kingston, la capital de Jamaica, no ha publicado tal recomendación, opacidad que los activistas cuestionan.

“Es prueba de cómo la misma Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) abre a estas empresas la oportunidad de dar los primeros pasos a la minería en aguas profundas. ISA tiene que poner en el centro la protección de los océanos y no los intereses empresariales. No se pueden avanzar estas pruebas, porque es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta y del cual necesitamos más información. Se tiene que aplicar el principio precautorio”, dijo Ornela Garelli, campañista de Océanos de la representación mexicana de la no gubernamental Greenpeace.

El barco explorador “Hidden Gem” (“Joya oculta”) zarpó el pasado 14 de septiembre del puerto de Manzanillo —en el estado de Colima, en el occidente de México—, donde permaneció unas horas para luego enfilar hacia una zona de exploración en medio del océano Pacífico.

La empresa suiza Allseas S.A. adquirió la embarcación en 2020 para convertirla en nave de sondeo minero y esta boga con bandera de Malta, según registros marinos consultados. Construida en 2010, de colores rojo, negro y estructuras blancas, el barco tiene capacidad de 60.331 toneladas, mide 228 metros de largo y 42 de ancho.

“Hidden Gem”, cuyos nombres anteriores fueron “Vitoria 10000” y “Petrobras II 10000”, permaneció en el puerto holandés de Rotterdam mientras su dueña lo reconvertía para realizar prospección minera marina, pues previamente hacía perforación petrolera. En febrero último, el grupo Ocean Rebellion lo convirtió en blanco de una protesta.

Partió en marzo pasado de Rotterdam y su trayectoria incluyó pasos por Calais (Francia), Dover (Reino Unido), las islas Canarias (España) y el Canal de Panamá en julio último.

La embarcación se dirige a la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar entre Hawái y México con una gran biodiversidad, y donde NORI posee una concesión minera. El plan consiste en la recolección de 3.600 toneladas de nódulos polimetálicos.

Impacto en fondo del mar

En la minería de aguas profundas, grandes máquinas levantan el fondo del mar para separar las piedras conocidas como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, que contienen cobalto, cobre, manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos, mediante otro conducto, de vuelta al mar.

El sedimento que retorna al océano contendría elementos dañinos, lo que sumaría más impactos a esas zonas.

Las aguas profundas acogen especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios ambientales, y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios científicos recientes. Estas áreas ya enfrentan la subida de la temperatura, la acidificación del agua y la presencia masiva de plásticos.

“Hay evidencia de que no hay información científica suficiente para determinar con certeza los impactos de la minería oceánica”, señaló Diego Lillo, representante de la no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, desde Santiago de Chile.

Bajo presión

ISA, creada en 1994 por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), tiene la doble misión contradictoria de proteger los ecosistemas del mar profundo y elaborar estándares ambientales para la minería marina. Integrada por 167 países y la Unión Europea, ISA ha entregado 17 licencias exploratorias en la ZCC, de un total de 31 otorgadas hasta ahora, para la exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas, incluidas algunas de Brasil, Cuba y Jamaica.

Para obtener un permiso para explotar cualquier parte del fondo marino, una empresa necesita el patrocinio de un país parte de ISA.

Pero antes, en junio de 2021, la República de Nauru, una nación insular expuesta a las consecuencias de la crisis climática, situada en Oceanía en el Pacífico central y de unos 12.000 habitantes, sacudió las estructuras de ISA al invocar una cláusula de Convemar para ejecutar un proyecto de exploración minera marina.

Esa norma estipula que un país puede reclamar el aval de ISA a su plan para rastrear y explotar minerales en aguas profundas en un plazo de dos años, siempre que siga unos procedimientos establecidos por el propio organismo, que debate estándares ambientales para la prospección.

ISA, una agencia desconocida de Naciones Unidas hasta el aparecimiento de la polémica por la minería marina, enfrenta un dilema fundamental para su futuro, pues en julio próximo Nauru puede reclamar el aval a su programa exploratorio, sin necesariamente contar ya con las salvaguardas.

Integrado por 36 representantes, el Consejo de la agencia se reunirá en Kingston en noviembre próximo, mientras que la 28 sesión de la Asamblea General, el órgano mayor de ISA y en la que participan todos los Estados miembros y organizaciones observadoras, está programada para julio de 2023, pero podría adelantarse por el plazo de la regla de dos años.

Durante la 27° Asamblea General de agosto pasado se suscitó, por vez primera, un debate intenso sobre la cláusula mencionada, ante la cual países como Costa Rica, Chile, España y Nueva Zelanda pidieron una discusión sobre sus alcances, ante la negativa de naciones como Nauru.

Para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA diseñó un mecanismo de reparto de beneficios derivados de esa actividad y que también le redituaría en ingresos, junto con las cuotas de los países miembros, lo que supone un interés por promover esa extracción.

Varios gobiernos también han indicado la falta de inclusión de los costos ambientales en las finanzas mineras de estos proyectos en los fondos marinos.

Metals Company, entre cuyos accionistas figura Allseas S.A., calcula que el polígono asignado almacena minerales para construir unos 280 millones de automóviles eléctricos, el tamaño de la flota vehicular de Estados Unidos.

Tibieza

México ha mostrado una postura discreta frente a la minería marina. Una fuente diplomática dijo a este cronista que esto se debe a la falta de una discusión nacional multisectorial en torno a una postura definida. No obstante, el asunto presenta una arista más sutil: el rol de los puertos mexicanos del Pacífico, especialmente Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Acapulco, ante la eventual aprobación de planes exploratorios y la extracción mineral.

Debido a la duración de los viajes de embarcaciones como “Hidden Gem”, estas instalaciones podrían obtener réditos por el paso de las naves y la descarga de minerales.

Lillo y Garelli pidieron a México más firmeza en su postura. El país “necesita tener mayor firmeza. México debe centrarse en los océanos por la importancia que tienen en sí mismos y no por su aprovechamiento sostenible”, demandó la campañista de Océanos de Greenpeace.

México tiene 3.540 millones de razones para oponerse a esa actividad. Ese es el monto, en dólares, que la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations pide ante un panel de arbitraje bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte —sustituido en 2020 por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá— por la denegación de una licencia ambiental.

En 2018, la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente rehusó el permiso de la mina “Don Diego”, promovida por Exploraciones Oceánicas S., filial de la compañía estadounidense, por probable daño al ecosistema, áreas pesqueras y por falta de una consulta pública.

El proyecto, que abarca una superficie de 91.267 hectáreas frente a la costa del noroccidental estado de Baja California Sur, implicaba la draga del fondo marino, para extraer anualmente siete millones de toneladas de arena fosfática, durante 50 años, para producir 3,5 millones de toneladas de fósforo.

“Preocupa la falta de consistencia de México frente al discurso que ha promovido ante la ISA de aprobar una regulación minera que sea responsable con la protección del ambiente. Necesita también un mayor protagonismo en las negociaciones, que contribuya a resaltar la importancia del enfoque precautorio”, cuestionó Lillo.

Dicho principio consiste en la adopción de medidas de protección ante un riesgo fundado, sin pruebas definitivas, del impacto sobre la salud pública o el ambiente de un producto o tecnología.

Si México pierde el arbitraje, se decretaría la imposibilidad de un Estado de impedir proyectos extractivos bajo el principio precautorio ante menoscabos previstos.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.  

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