La última dictadura militar representó un quiebre en muchas dimensiones de la vida social en Argentina. La violación sistemática y planificada de los derechos humanos se dio en el marco de un proceso que llevó adelante fuertes transformaciones en la estructura económica del país. Esto implicó reformar un campo central para entender el presente que vivimos: el de la política fiscal y, muy especialmente, el impositivo. La gestión económica modificó el tablero de tal forma que se aumentó considerablemente la importancia de los impuestos que pagan proporcionalmente más los sectores de menores ingresos y debilitaron los tributos que afectan a las personas de mayor capacidad económica. 

El ejemplo más claro de este movimiento fue la importancia que adquirió el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un tributo que recae desproporcionadamente sobre los sectores de menores ingresos. El gobierno de facto aumentó la alícuota general del 13% al 20%, amplió la cantidad de bienes y servicios alcanzados y movió del 0% al 5% la tasa de alimentos. Este sendero continuó en la transición democrática -en 1986 se unifican las tasas en 18%- y se consolidó en 1995, cuando la alícuota general se llevó al 21% vigente hoy. 

Como resultado, subió considerablemente la importancia de los impuestos al consumo de bienes y servicios en la recaudación total del Estado nacional, pasando de representar el 32% en el período 1973-1975 al 46% en 1976-1983. En las décadas siguientes, a pesar de la inestabilidad económica y los giros de la política, esa proporción nunca bajó del 40%. 

Este aumento se llevó adelante para “compensar” la pérdida de recursos que implicó otra medida muy importante que llevó adelante la gestión de Martinez de Hoz: la eliminación de las contribuciones patronales previsionales por parte de los empresarios. La misma se implementó con el argumento de reducir “impuestos al trabajo”, bajar la carga tributaria de las empresas y estimular la contratación. 

Durante el período se eliminó otro impuesto progresivo: el de la herencia (“Enriquecimiento patrimonial a título gratuito”), que aunque posteriormente reapareció en algunas provincias, sólo existe hoy en la de Buenos Aires. Como resultado, los impuestos patrimoniales (a la riqueza) pasaron de recaudar el equivalente a 0,3% del PBI en 1976 al 0% en 1983, según datos de AFIP. Al mismo tiempo, como parte de la política de apertura comercial, se redujeron inicialmente los tributos al comercio exterior, tanto a las importaciones como las retenciones a las exportaciones. 

Los cambios en el diseño impositivo también alcanzaron la forma en la que el Estado limitaba las prácticas de evasión y elusión impositiva de las grandes firmas. La dictadura alteró los criterios para la determinación de la ganancia de fuente argentina en el caso de las operaciones internacionales realizadas con partes vinculadas de un mismo grupo económico multinacional. Estos cambios habilitaron el uso de determinadas operaciones internacionales (por ejemplo, pago de intereses, regalías y servicios) para reducir artificialmente la ganancia declarada en Argentina, y así pagar menos impuestos. 

Las transformaciones tributarias fueron profundas y transformaron la matriz de recaudación del Estado nacional, volviéndola muy dependiente de los impuestos al consumo, y con menor participación de tributos a los ingresos y al patrimonio. Luego de la caída de los militares no se ha logrado revertir este problema, central para reducir los niveles de desigualdad: es una deuda que la democracia todavía no saldó. En este escenario, creemos que discutir los problemas estructurales de la política fiscal y diseñar alternativas que pongan en el centro los derechos humanos y la equidad es una tarea ineludible. No se trata solo de reparar los efectos de las políticas recientes, sino de transformar un sistema que, desde hace décadas, reproduce desigualdades y limita la capacidad del Estado para garantizar bienestar y cumplir el amplio marco de derechos sociales que nuestra Constitución exige honrar. 

Los autores son integrantes del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

AR

El ministro del Interior, Guillermo Francos, participó este martes en Salta de un encuentro de 10 gobernadores del norte argentino y destacó que se están “buscando los acuerdos finales” sobre la nueva ley Bases que el Gobierno enviará al Congreso, donde la anterior redacción no pasó el filtro parlamentario y ahora se espera que, con acuerdos previos y un texto reducido, sí lo haga.

El funcionario de la gestión de Javier Milei viajó a la provincia norteña donde se realizó la 19° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande Argentino, que reunió a Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gildo Insfrán (Formosa); Carlos Sadir (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Hugo Passalacqua (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Gerardo Zamora (Santiago Del Estero); y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

“Si hay algo que tiene convencido al Gobierno nacional es devolverle a las provincias sus competencias y responsabilidades. Uno de los puntos del Pacto de Mayo es ese: cómo reformamos el régimen tributario en la Argentina para volverlo un régimen federal”, rremarcó Francos en la conferencia de prensa tras la reunión

“Las provincias aquí presentes son uno de los ejes fundamentales sobre los cuales tiene que generarse el crecimiento del país. Por eso, estamos buscando los acuerdos finales sobre la ley Bases, que abarca temas importantes vinculados a la producción, la desregulación de la actividad hidrocarburífera y minera y la protección a inversiones extranjeras”, insistió.

El ministro remarcó que el país estaba “acostumbrado” a desarrollar su economía “en función de un gasto público descontrolado, que generó un déficit fiscal que solamente se podía enfrentar con deuda y emisión, lo que a su vez derivó en este proceso inflacionario”. “El déficit cero está para quedarse. Ordenar las cuentas públicas y dominar la inflación son tareas muy complejas, pero estamos avanzando”, subrayó Francos.

Por su parte, el gobernador anfitrión Sáez afirmó que los gobernadores celebran “este tipo de reuniones porque desde el diálogo se pueden resolver los problemas”. El gobernador y presidente pro témpore del Consejo Regional del Norte Grande Argentino, Gerardo Zamora, coincidió con su par salteño: “De esta reunión nos vamos con optimismo. Creemos en el diálogo y este encuentro nos permitió explayarnos y pensar con esperanza cómo podemos superar todos juntos las dificultades que atravesamos”.

Durante la jornada, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta, los mandatarios incluyeron en la orden del día una serie de temas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID); subsidios al transporte y a la energía; situación de las obras públicas nacionales; corredores bioceánicos y proyectos de infraestructura; energía solar; reversión gasoducto Norte y gasoducto Norte-Norte y el programa Incluir Salud.

En plena negociación por la nueva Ley de Bases, de la que existe un borrador y aún debe confeccionarse el proyecto definitivo que se girará al Congreso, el Gobierno evalúa incluir la reforma laboral entre los artículos para garantizar el respaldo parlamentario a la implementación de flexibilidades hoy suspendidas del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

La nueva ley de Bases será más acotada que aquella que fracasó en su tratamiento durante las sesiones extraordinarias de enero pasado, ya que ahora tendrá menos de 300 artículos.

Con información de NA

JJD

El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró este lunes que las medidas impositivas y cambiarias anunciadas anoche por el Gobierno Nacional “son positivas para fortalecer las reservas y consolidar el camino al orden fiscal”.

El Ministerio de Economía y el FMI anunciaron ayer que sus negociaciones finalizaron, al lograr alcanzar un acuerdo técnico donde se fijaron “los objetivos y parámetros centrales” que serán la base del entendimiento. En los próximos días, el mismo será elevado al Directorio del organismo multilateral.

“Consideramos que las medidas anunciadas hoy por las autoridades argentinas son positivas para fortalecer las reservas y consolidar el camino del orden fiscal, variables fundamentales para fortalecer la estabilidad económica”, señaló hoy una fuente del FMI.

Fue el ministro de Economía, Sergio Massa, quien luego anunció que las nuevas medidas cambiarias e impositivas tienen como objetivo fortalecer las reservas y ayudar a la sostenibilidad fiscal.

“Consideramos que las medidas anunciadas por las autoridades argentinas son positivas para fortalecer las reservas y consolidar el camino al orden fiscal, variables fundamentales para fortalecer la estabilidad económica”, explicó un portavoz del organismo tras la publicación en el Boletín Oficial.

Entre las distintas medidas, se aplica el impuesto PAIS para la compra de dólares para importaciones, y el aumento del dólar agro a $340 para las economías regionales. Con ello, Economía busca asegurarse unos US$2.000 millones de los exportadores, mientras trata de destrabar unos US$4.000 millones en desembolsos para el segundo cuatrimestre del año.

Sobre el nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario después de tres meses de negociaciones, Massa sostuvo ayer domingo que “se acordaron desembolsos para agosto y noviembre”. Aunque declinó brindar cifras, dijo que “se trata de un número que cubre largamente las expectativas que había para este año”.

Además, el titular del Palacio de Hacienda precisó que “se acordó un documento base que expresa cómo es la revisión del programa y cuales son los pasos a seguir para los próximos cinco meses”. Señaló que este acuerdo permite “sacar la discusión con el FMI de la campaña y hasta fin de noviembre no habrá que discutir ningún tema. La idea es que ese vecino incómodo que es el FMI que no sea un factor adicional en la campaña. Lo mejor que podemos decir es pagarles y sacarlos de la escena argentina”.

El también precandidato presidencial puso en relieve que “con este acuerdo con el FMI recuperamos la facultad de intervención en el mercado cambiario”, al revelar que “les costó mucho reconocer la sequía y este tema está planteado dentro de la agenda climática global dentro de los shocks externos no económicos”.

El ministro apuntó al hecho que el préstamo al FMI fue suscripto durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, y afirmó que “hay una deuda que la tomó el tío jugador de la familia que fue al casino, la perdió, fue al usurero del barrio, fue a la escribanía y es el expresidente Macri, claramente. Al FMI lo trajo Macri a la Argentina, no salió de un chocolatín”.

Por último, Massa señaló que para la negociación con el FMI “usamos todas las relaciones personales y políticas y todo el lobby a favor es importante. El tema FMI es un tema importante para el país y no forma parte de la campaña. Gestionar es tomar decisiones dulces y amargas y tengo una doble responsabilidad”.

En este sentido, desde la cartera económica subrayaron el “fuerte respaldo e involucramiento de la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos para empujar el acuerdo” con el organismo.

Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron que “los desembolsos, una vez rubricado el acuerdo, ascenderían a unos 10.000 millones de dólares hasta fin de año”.

El acuerdo con condiciones básicas cerrado por los funcionarios argentinos y el staff técnico del FMI comprende el programa de desembolsos para la Argentina del segundo semestre y esperan que sea oficializado el próximo miércoles o jueves.

“Se han acordado los objetivos y parámetros centrales que serán la base para un 'Staff Level Agreement' que se espera finalizar en los próximos días para luego avanzar hacia la revisión del programa de Argentina”, enfatizaron ayer domingo desde el organismo.

Pese a que las conversaciones iniciaron hace tres meses, las negociaciones presenciales en la capital estadounidense arrancaron el martes pasado, con la presencia del viceministro Gabriel Rubinstein y el vicepresidente del Banco Central Lisandro Cleri y Jorge Carrera, director de esa entidad.

Esta instancia fue acordada luego de que Massa y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvieran una charla telefónica para acelerar las discusiones y alcanzar los tiempos acordes con los vencimientos que la Argentina deberá afrontar en las próximas semanas.

El pasado jueves por la mañana se sumaron más refuerzos, con la llegada del jefe de asesores del Ministerio, Leonardo Madcur, y el secretario de Hacienda Raúl Rigo.

En cuanto a los vencimentos programados, a fines de julio vencen US$2700 millones. El próximo 1 de agosto, hay otros US$850 millones del pago del acuerdo que suscribió Mauricio Macri en 2018.

LC con información de agencia Télam

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, criticó el hecho de que la mayoría de las medidas de apoyo fiscal que están adoptando los gobiernos para ayudar a empresas y hogares ante las subidas de precios contribuyen a aumentar la inflación puesto que son generalizadas.

“Desafortunadamente, cuando se miran las medidas adoptadas (...), entre el 10 y 20 % de las medidas son adaptadas, temporales y específicas; y el resto son universales. Esto no conduce necesariamente a una buena coordinación de la política fiscal y monetaria”, dijo Lagarde este lunes en un debate con la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

Los gobiernos de la eurozona han adoptado en los últimos meses estímulos fiscales para ayudar a los ciudadanos a lidiar con el encarecimiento de la vida, ya sea en forma de subsidios o rebajas de impuestos, que a finales de agosto representaban cerca del 1 % del PIB del área.

El BCE insistió este lunes en que estas medidas fiscales deben diseñarse de forma que no vayan en contra de su política monetaria, que pasa por enfriar la demanda a base de subir los tipos de interés para contener la inflación, que en agostó alcanzó el 9,1 % en la eurozona.

Y en esta tarea las medidas de tipo fiscal “pueden ayudar y pueden hacer daño”, dijo la exiministra francesa.

Aseguró que estas medidas son “de ayuda y necesarias” cuando se aplican específicamente a los “más vulnerables” y son “temporales”, mientras que si son “amplias, universales y sin distinción entre los beneficiarios que tienen urgente necesidad y los que no (...) pueden producir un nivel más alto de precios que iría en contra de la política monetaria” del BCE.

“Así que la política fiscal tiene que ser diseñada específicamente para ayudar a los que lo necesiten, pero no diseñada para ayudar globalmente”, insistió Lagarde, quien añadió que esto ayudará asimismo a mantener una deuda sostenible.

También la Comisión Europea ha pedido a los Estados que acoten sus medidas a los hogares y empresas más vulnerables, alejándose de la receta de ayudas universales que se adoptó durante la pandemia ya que la economía europea no sufre ahora la repentina y profunda recesión que causó el covid.

“Hay margen para que las medidas sean más acotadas”, dijo tras el Eurogrupo este mes el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien en abril pasado ya había enviado una carta a los Estados desaconsejándoles rebajar el IVA al gas y la electricidad e instándoles a apostar por ayudas directas a hogares y empresas y por gravar los beneficios caídos del cielo.

MÁS SUBIDAS DE TIPOS

Por su parte, el BCE seguirá endureciendo su política monetaria para llevar la inflación hacia su objetivo del 2 % a medio plazo y prevé subir de nuevo los tipos de interés tras haberlos incrementado en 50 puntos básicos en julio y en 75 puntos en septiembre, hasta el 1,25 %.

“Esperamos subir más los tipos de interés en las próximas reuniones para enfriar la demanda y proteger frente al riesgo de un cambio persistente al alza en las expectativas de inflación”, reiteró Lagarde, insistiendo en que los aumentos se decidirán en función de los datos que vayan llegando y la evolución de la inflación.

La presidenta del BCE recordó que pese a las subidas de tipos -que se encontraban en mínimos históricos- la política de la institución sigue siendo “acomodaticia” y que su objetivo es llegar a un “tipo neutral” en el que no se estimule ni se constriña a la economía.

“Si tenemos un muro en la oferta y estimulamos la demanda siendo acomodaticios sencillamente empujaremos la inflación al alza”, insistió.

Las últimas proyecciones del BCE apuntan a que la inflación anual cerrará 2022 en el 8,1 % y bajará al 5,5 % en 2023, pero los riesgos para esta perspectiva son al alza, sobre todo por “la posibilidad de mayores perturbaciones en los suministros de energía”, dijo Lagarde, agregando que esto aumentaría la inflación y reduciría el crecimiento.

De momento, el escenario principal que contempla el BCE es de ralentización sustancial del crecimiento en la eurozona, hasta el 3,1 % este año y al 0,9 % el próximo.

Con información de EFE.

IG