“¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cerrarlo y poner un shopping? ¿Un Starbucks?”, pregunta, indignada, desesperada, una mujer canosa de ojos claros mientras señala el predio de la ex ESMA como si quisiera abarcarlo todo: los árboles, el Casino de Oficiales donde se torturó y desapareció a alrededor de 5 mil personas, el modelo de avión Skyvan que se utilizaba para los “vuelos de la muerte” y, finalmente, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. El Centro Cultural que el presidente Javier Milei decidió cerrar, con el eufemismo de una “reestructuración”, y cuya defensa motorizó un masivo festival en contra de los despidos y del desmantelamiento de los espacios de Memoria, Verdad y Justicia.

Bajo la consigna “Una memoria que arde”, los trabajadores despedidos del Conti organizaron una fiesta para resistir el cierre de un espacio que, desde 2008, es sinónimo de la vida cultural porteña. Muestras fotográficas, baile, música, teatro, talleres educativos, seminarios: el Conti se estableció hace 16 años como un núcleo nodal de la cultura dentro del predio donde funcionó uno de los más grandes campos de concentración de la dictadura. Alertados por WhatsApp el 31 de diciembre que el centro cerraba y que el personal quedaba en “guardia pasiva” hasta nuevo aviso, los trabajadores del Conti decidieron organizar un festival.

Horror y vitalidad

Los primeros grupos de personas comenzaron a llegar pasadas las cinco de la tarde. El cielo celeste, el runrún de las primeras de las batucadas y el olor de la comida que venía de los puestos de la feria chocaban contra la solemnidad del más grande centro de exterminio de la dictadura militar. Los caminos por donde antes pasaban los detenidos encapuchados, para después no volver, estaban repletos de puestos de comida vegana y sandwiches de bondiola, de stencils y pins con el rostro de Evita, de artesanías y cosmética cannábica. Y de pañuelos blancos, toda una ingeniería de pañuelos blancos: lisos, con la frase “Nunca Más”, con la cara de Lula y de CFK, con dibujos de Mafalda. 

Era la liturgia del 24 de marzo concentrada en los caminos verdes y soleados de la ESMA. Hasta que el cartel con el rostro aniñado de Franca Jarach, adolescente desaparecida en la ESMA, irrumpe con violencia entre los stands que venden agendas. Y concentra todas las miradas. Elvira, una mujer con remera celeste que luego hará el comentario de Starbucks, suspira mientras lee y niega con la cabeza. Su primo, Roberto Vera Barros, fue desaparecido en el 76’ cuando tenía 22 años. 

“Nunca más supimos de él, no sabemos ni a qué centro clandestino lo mandaron. Pero no estoy acá solo por él, sino por el desguace de este lugar de memoria. Yo entiendo que hay que hacer recortes en el Estado, pero anular la memoria de lo que fue el terrorismo de Estado me parece una atrosidad”, suspira, seria. Es radical “hasta la médula” y cuenta que le costó asistir (no lo dice, pero los pines de CFK por todos lados funcionan como explicación). “Ningún presidente hizo esto, ni Macri. Este gobierno no tiene ningún reparo en defender el terrorismo de Estado, empezando por la vicepresidenta y siguiendo por el Presidente. Aunque hubiesen puesto bombas tenían derecho a un juicio, no a terminar torturados, secuestrados y tirados en el río. ¿Qué están reivindicando? ¿El nazismo?”, se pregunta, y emociona.

A unos metros, un hombre de 50 años con una remera de un auto policial prendido fuego sostiene un cartel que dice “Los dos demonios son Milei y su vice”. Las referencias a Victoria Villarruel son moneda corriente: el amigo de la familia, el torturador y violador Alberto “Gato” González, condenado a dos prisiones perpetuas por crímenes de lesa humanidad, participaba del grupo de tareas que funcionaba en la ESMA.

En el escenario ubicado frente al centro cultural, mientras tanto, toca una banda. “El modelo de individuo de este gobierno no tiene nada que hacer con toda esta gente trabajando unida”, sostiene Santiago, uno de los músicos, y se pone a tocar. La gente baila al lado del modelo de avión que se utilizaba para los vuelos de la muerte. 

“Choca el contraste entre el horror y la vitalidad. Yo preferiría el silencio. Pero es importante ver toda esta gente jóven porque el horror no forma parte del pasado, sino del presente”, sostiene Claudia, sonriente debajo de unos anteojos de carey. Una de sus compañeras –son cuatro amigas– disiente: “Más allá del dispositivo, lo importante es mantener encendida la llama de la memoria. Quedan solo tres abuelas vivas, somos nosotras las que tenemos que tomar la posta ahora”.

Cada vez hay más gente y es imposible caminar. “Hay mucha más gente que en el ‘abrazo’. Es la reacción. Porque esto no es contra los derechos humanos, es contra todo el pueblo”, celebra, sobrio, Hernán, mientras hace la fila de los panchos para comprarle uno a su hijo Martino, de nueve años. Hernán se refiere a una de las múltiples actividades que organizaron, la semana pasada, los organismos de Derechos Humanos cuando se empezó a agitar el fantasma de los despidos. Y es que el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos comenzó hace tiempo y viene afectando numerosas áreas que se encargan del sostenimiento de la memoria, como el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado y el Archivo Nacional por la Memoria.

Verónica Castelli, hija de dos militantes peronistas desaparecidos por la dictadura y trabajadora despedida de la Secretaría de Derechos Humanos, es quien mejor narra la cronología del desmantelamiento. Primero se dejaron de dar tareas y se prohibieron algunos de los seminarios. En junio empezaron los primeros despidos de las personas que no habían sido ya desafectadas en marzo, cuando cayeron muchos de los contratos precarios. Castelli, entonces, terminó quedando sola manejando el espacio de memoria que se estaba construyendo en el “Vesubio”, uno de los centros de exterminio de La Matanza. En agosto fueron por los de planta transitoria. Y en septiembre comenzaron con los planes de retiro voluntario forzosos y en cuotas. Los pocos que no adhirieron, como Verónica, fueron echados por WhatsApp el 31 de diciembre. 

“El ataque es contra la Secretaría de Derechos Humanos, porque no quieren que exista. El ataque es contra el Ministerio de Justicia, porque están dejando el 30 por ciento de su planta. Lo que buscan es destruir al Estado”, explica Castelli, con el mismo tono de voz angustiado que se repetirá en varios de los trabajadores despedidos. 

Al día de hoy, en ATE calculan cerca de 600 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos. Ya hay espacios de memoria, como el de Virrey Ceballos, que se quedaron sin un trabajador que pueda abrir la puerta.

La llama encendida de la memoria

No hay casi dirigentes políticos. Solo algunos escondidos en la multitud, como los funcionarios bonaerenses Gabriel Katopodis o Daniel Menéndez. Tampoco documentos, aunque Taty Almeida, cuando llega, es recibida como una estrella de rock. En el escenario suben y bajan colectivos sociales y artistas. El bachillerato trans Mocha Cellis toma la palabra: “Las trabas somos herederas de las Madres y Abuelas porque sabemos lo que es luchar para que se respete nuestra identidad. En tiempos oscuros hay que mirar a las Abuelas que, ante la adversidad, saben encontrar el camino”, afirma la directora, Virginia Silveira.

Es el clima de un Día de la Memoria, con grupos de viejos y jóvenes, familias y amigos, gente suelta con remeras de La Renga o Charly. Hay, incluso, parejas con galgos, como María y Horacio. Elegantes, sobrios, viven a unas cuadras de la ESMA, en el barrio de Belgrano. Ella es una reconocida militante contra la violencia obstétrica, pero también es artista y expuso varias obras en el Conti. Él recuerda cuando los jeeps pasaban, hace casi cincuenta años, por las puertas de la ESMA. “No sabíamos que había un centro de detención y tortura. Hay que conservar este espacio de memoria”, sostiene, pero su mujer lo corrige: “Sí, sí sabíamos. Es mentira cuando la gente dice que no sabe nada”. Se enojan, se ríen. Y María se pone seria: “Están eliminando 50 años de cultura. ¿Para qué?”.

De fondo, en el escenario se escucha una voz: “El arte es revulsivo. Es revolucionario. Y por eso lo quieren cerrar. Pero no lo van a lograr. El Conti no se cierra”.

MC/MG

Diferentes organismos de derechos humanos emitieron un comunicado en el que expresan su repudio a la decisión del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, de despedir y suspender a empleados de la Secretaría de Derechos Humanos en vísperas del año nuevo.

Los firmantes rechazan la medida, que consideran fue llevada adelate “con la anuencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona, con un cinismo repudiable y mostrando su rostro más inhumano”.

Trabajadores de la Secretaría recibieron el martes 31 de diciembre, poco después del mediodía, en sus teléfonos celulares el siguiente mensaje de WhatsApp: “El Secretario de Derechos Humanos (Alberto Baños) hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante, El personal queda EN GUARDIA PASIVA en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos. Muchas gracias”.

Según los organismos de derechos humanos, “esta decisión implica el desmantelamiento de áreas estratégicas en las que, a lo largo de años se sostuvieran las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, reconocidas por su enorme valor y trascendencia en el mundo entero”.

El comunicado continúa: “Hoy avanza el desguace sobre la ex ESMA, espacio de memoria por excelencia, consagrado desde 2004 a ese fin, reconocido internacionalmente. El Centro Cultural Haroldo Conti, una referencia en el campo artístico y de los derechos humanos cerró sus puertas y los y las trabajadoras que no fueron despedidas, tienen prohibido ingresar al espacio, quedando en situación de 'guardias pasivas'. La investigación histórica, la producción de pruebas y de información que nutren los procesos judiciales y el camino de Verdad, la tarea con testigos y víctimas, el litigio como poder ejecutivo en las causas por delitos de lesa humanidad, la transmisión de la memoria, la política reparatoria en cumplimiento de la legislación nacional, quedan afectadas y en algunos casos ya no podrán realizarse”.

El texto está firmado, entre otros, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Red Nacional, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina y Asociación Buena Memoria, pero sigue sumando adherentes por estas horas.

Javier Milei avanzó con su motosierra sobre el Centro Cultural Haroldo Conti. Las listas en manos de la policía con los pocos autorizados para ingresar y las puertas cerradas reflejaron la peor cara libertaria en el comienzo del año nuevo. Pero mientras los trabajadores denuncian que no solo están en riesgo cientos de fuentes de ingreso, sino también el acervo cultural e histórico que existe en el edificio ubicado dentro del predio de la ex-ESMA, en el Gobierno negaron con un insólito argumento que el espacio se cierre por completo.

Desde el área que conduce Alberto Baños rechazaron ante elDiarioAR que la reestructuración de personal y de actividades que comenzó este 2 de enero implique un cambio rotundo en la política de los últimos años, pero los efectos ya están a la vista: la falta de personal pone en riesgo la difusión cultural de la memoria histórica, así como el resguardo de su documentación.

El argumento del Gobierno –que una alta fuente libertaria comentó a este diario a cambio de que se resguarde su nombre– es que ahora la Secretaría de Derechos Humanos impondrá “una visión transversal de los derechos fundamentales” a todas sus acciones. Aunque la fuente no abundó en detalles, esa línea es la que motivó el cierre durante todo enero del Haroldo Conti: “Es mentira que se cerró. En febrero arranca con esa visión”, se limitó a explicar el funcionario de alto rango consultado. 

No es la explicación que se leyó en el WhatsApp que llegó a los trabajadores el 31 de diciembre, a poco del brindis por el Año Nuevo: “El Secretario de Derechos Humanos (Alberto Baños) hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante. El personal queda EN GUARDIA PASIVA en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos. Muchas gracias”. El oficialismo promete reabrirlo en febrero, posibilidad que ponen en duda los trabajadores. 

“Nos dicen que van a revisar la programacion para que no sea solo del terrorismo de Estado. Pero en el Conti no trabajamos solo con terrorismo de Estado. También sobre migrantes, urbanismo, infancias, hasta hicimos festivales de jazz. Pero no pueden soslayar que el Conti está en la ex-ESMA, es imposible escindir eso. Por ese motivo el Conti es una obra en situación”, explicó a elDiarioAR Nana González, trabajadora del centro cultural y delegada de ATE en la Secretaría de DDHH. Y amplió: “La pregunta es porque la reestructuración no es con los trabajadores dentro. Hoy no tenemos información. El Conti tiene una gran cantidad de técnicos y trabajadores muy formados en las áreas de desempeño y seguramente nos reemplazarán por administrativos que no están preparados”.

Pese a que el centro cultural funciona en el mismo predio de la ex-ESMA donde está la sede de la Secretaría y el despacho de Baños, el funcionario de Milei nunca lo visitó. Los trabajadores le pidieron una reunión por primera vez en enero pasado, hace ya un año.

Una extrabajadora ya despedida a mitad del 2024 aseguró que el gobierno de Milei quiere impregnarle a la política de derechos humanos una visión ultraconservadora, afín al negacionismo sobre la dictadura que el propio presidente desplegó en la campaña y que permanentemente alienta Victoria Villarruel. “Hay un intento de reestructurar toda la Secretaría de Derechos Humanos para adecuarlo a esa visión de familia y propiedad privada; esa idea de los derechos humanos para todos”, comentó quien pidió resguardar su nombre por estar muy involucrada en las acciones de protesta de estos últimos días. “Que hoy cierren el Conti significa que cuando abra ya no será como antes”, apuntó.

La propia web del Conti, que aún funciona, revela la variada programación de los últimos meses, más allá de la temática propia de la memoria y los derechos humanos. En diciembre, por ejemplo, hubo un club de bordado junto con una feria y mesa de trueque; estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA presentaron fanzines de poesía, y hubo proyecciones de ficciones y documentales, además de danza y teatro. En su acervo además cuenta con exposiciones de pinturas y fotografías, muchas que suelen usarse para muestras itinerantes en escuelas de todo el país. Este sábado a las 18 habrá un festival en las inmediaciones para reclamar contra la decisión del Gobierno de cerrar sus puertas.

MC

Decenas de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fueron esta mañana impedidos de ingresar al Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, situado en el predio donde funcionó la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar argentina, tras anunciarse, el último día de 2024, una serie de despidos en esa institución como parte de una “reestructuración”, según una comunicación oficial.

“El Conti está cerrado”, confirmó a elDiarioAR Flavia Fernández Brozzi, coordinadora del Área de Derechos Humanos y vocal del Consejo Directivo de la filial Capital de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Agentes de la Policía Federal fueron ubicados en el ingreso al edificio con un listado de nombres y apellidos de los trabajadores despedidos. A todos ellos, alrededor de medio centenar, se les prohibió entrar a sus puestos de labor. 

Los trabajadores habían recibido el martes 31 de diciembre, poco después del mediodía, en sus teléfonos celulares el siguiente mensaje de WhatsApp: “El Secretario de Derechos Humanos (Alberto Baños) hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante, El personal queda EN GUARDIA PASIVA en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos. Muchas gracias”, fue el texto considerado oficial por los trabajadores y el gremio ATE.

Pese a la advertencia, los trabajadores se presentaron esta mañana en el Conti y llevaron adelante una asamblea gremial para decidir qué decisiones tomarán ante los despidos y el anunciado cierre del Centro Cultural, un espacio de difusión y promoción de la cultura, la educación y los derechos humanos que fue creado en 2008 como un organismo público dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su nombre rinde homenaje al escritor argentino secuestrado y desaparecido desde 1976: Haroldo Conti.

La llamada “reestructuración” anunciada por la Secretaría de Derechos Humanos forma parte de un plan de ajuste y recorte presupuestario anunciado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que contemplaría el despido de al menos 2.000 trabajadores en las diferentes modalidades de contratación que poseen.

Además de El Conti, esta mañana aparecieron cerradas las puertas del Archivo Nacional de la Memoria, institución que custodia, mayormente, documentación que ha sido clave como prueba en los juicios que investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar tanto en la Argentina como en el extranjero. El Archivo es fuente de consulta permanente por parte de investigadores e investigadoras de la academia, periodistas, docentes, estudiantes, realizadores audiovisuales y público, en general. Allí, por ejemplo, están guardadas las pruebas recabadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDep), clave para llevar a cabo el llamado “Juicio a las Juntas”, que condenó en 1985 a los jefes militares del régimen dictatorial. De aquel proceso judicial histórico a nivel internacional se celebrarán este año cuatro décadas. 

Tras la asamblea en el Conti, los trabajadores agrupados en ATE se movilizarán esta tarde hacia el Ministerio de Justicia, situado en la calle Sarmiento al 600, en el microcentro porteño, para continuar el reclamo de reapertura del Centro Cultural y la reincorporación de los despedidos. Además, a las 15:30, participarán en la Plaza de Mayo de la tradicional ronda de las Madres frente a la Casa de Gobierno. Para mañana, a las 11, fue programada una misa que estará a cargo del cura Lorenzo “Toto” de Vedia, mientras que el sábado, a las 18, se realizará una actividad con velas encendidas en la puerta del ingreso al predio, ubicado en Avenida Del Libertador al 8100. “Una memoria que arde. El Conti en guardia”, menciona la consigna de la convocatoria.

“Vamos a seguir peleando. Acá no se rinde nadie”, anunció a la prensa el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, presente en la puerta del Conti.

El exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti aseguró que los despidos en el Conti y otras instituciones del Ministerio de Justicia forma parte de una gestión que “reivindica lo peor de nuestra historia”. 

“La política de Memoria, Verdad y Justicia no nació con nosotros ni se acabará con ellos. Es producto de años de lucha de nuestra sociedad, no la podrán borrar de un plumazo. Volveremos a reparar todos los daños causados, una vez más, cuando esta pesadilla se termine”, afirmó Pietragalla Corti en un posteo en X.

En la misma red social, la filial Capital de la agrupación H.I.J.O.S. también rechazó el cierre del Conti y los despidos de trabajadores. “Repudiamos el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos en la ex ESMA, impidiendo el acceso a trabajadores y trabajadoras, en el marco de los despidos masivos. Lo hacen con el uso de personal policial donde funcionó un centro clandestino y hoy existe un espacio de memoria”, mencionó la organización.

El cierre del Conti y los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos se concentraron horas después de que el Gobierno, por medio del ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger, anunciada que durante 2024 habían perdido su empleo en la Administración Pública más de 35.000 trabajadores.

El funcionario nacional dio a conocer mediante su cuenta de X que, entre diciembre de 2023 y noviembre pasado, unos 35.936 empleados públicos se quedaron sin trabajo como parte de una salvaje política de ajuste que implementó el Gobierno en su primer año.

El total del personal público desvinculado se compone de los despidos en la Administración centralizada y descentralizada (21.408), de las Empresas del Estado (11.951) y del Personal Militar y de Seguridad (2.577).

“Recordemos siempre que menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado”, justificó el funcionario.

IF/MG

La continuidad laboral de más de 600 trabajadores que se desempeñan, bajo distintas modalidades de contratación, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación quedará definida el próximo 31 de diciembre, el último día de un año en el que el Gobierno de Javier Milei implementó distintas políticas de ajuste que para distintas organizaciones sociales y humanitarias que, como pocas veces desde el regreso de la democracia, pusieron en riesgo la continuidad de consensos como el de Memoria, Verdad y Justicia.

El Ministerio de Justicia de la Nación avisó, por medio de canales no oficiales, la decisión de no renovar los contratos o las designaciones transitorias de más de 600 trabajadores, lo que, en caso de concretarse, supondría el vaciamiento total de la Secretaría de Derechos Humanos. 

Además, el Ministerio a cargo de Mariano Cúneo Libarona evalúa cesar los contratos de unos 2.000 trabajadores de distintas áreas de la cartera de Justicia.

“Estamos viviendo esta situación con muchísima angustia”, dijo a elDiarioAR la delegada gremial Nana González Rehermann, representante de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

González Rehermann explicó que, “en el caso puntual de la Secretaría de Derechos Humanos, la totalidad de los trabajadores, ya sea que los que se desempeñan bajo las distintas modalidades de contrato que rigen en el organismo o hayan sido designados en forma transitoria, perderán su empleo el 31 de diciembre. A ese panorama se suma que los trabajadores que forman parte de la planta permanente de la Secretaría sufrirán un recorte del 50% en sus salarios.

 “Lo que está pasando es que, en todas las modalidades de contratación que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, hay despidos. Estamos hablando de más de 600 personas. Además, se limitan todas las designaciones transitorias al 31 de diciembre, algo que afectaría a 120 trabajadores. Y a quienes son planta permanente se le reducirá el sueldo a la mitad. Estamos hablando de la totalidad de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos que se ven afectados por esta decisión. Todas las áreas de la Secretaría de Derechos Humanos quedarán vacías completamente”, enfatizó la delegada de ATE.

Esta decisión, tomada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, representan la imposibilidad de “poder sostener ninguna de las políticas que lleva adelante la Secretaría”, entre las que se encuentran el funcionamiento de los sitios de la memoria, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi) y el Archivo Nacional de la Memoria, entre otras reparticiones. 

“La afectación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia es total. La situación que vivimos es caótica y arbitraria. Además, las autoridades no reciben a la representación sindical de los trabajadores para, de alguna manera, poder encauzar este desmantelamiento general del Ministerio de Justicia”, agregó.

Por ese motivo, los trabajadores agremiados en ATE llevarán a cabo esta tarde, desde las 17, un abrazo simbólico al predio en el que funcionó la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), principal centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar, en el que, según distintas estimaciones judiciales, fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas unas 5.000 personas durante el régimen represor entre 1976 y 1983. La protesta se realizará en Avenida Del Libertador 8151, en el barrio de Núñez. Allí se localiza también el Museo Sitio de Memoria ESMA, que es Monumento Histórico Nacional, es Bien Cultural del MERCOSUR y Patrimonio Mundial de la UNESCO por ser un espacio de denuncia del terrorismo de Estado y transmisión de la memoria. 

Esta tarde, además, Abuelas de Plaza de Mayo anunciarán allí la recuperación del nieto número 138.

“El abrazo es una manera de transmitirle a la sociedad lo que va a suceder con este lugar y con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y de derechos humanos que son reconocidas a nivel mundial”, comentó González Rehermann.

Este jueves, en su última conferencia de prensa de 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la posibilidad de que el Gobierno nacional ponga fin el próximo 31 de diciembre a unos 50.000 contratos de trabajadores del Estado. La renovación de “cada uno de esos contratos”, algunos de los cuales lleva décadas vigentes, “dependerá de la autoridad superior”. Adorni dijo que tendrá “los datos certeros” acerca de la suerte de los trabajadores contratados en las primeras semanas de enero, cuando “las diferentes áreas” del Estado le transmitan “el reporte final” sobre la continuidad o no de los estatales, entre ellos quienes se desempeñan en el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos.

“A un año de iniciado el gobierno de Javier Milei y (Victoria) Villarruel, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia están en emergencia por el debilitamiento y desmantelamiento de algunas de ellas de modo directo o a través de los despidos masivos. Estas políticas son parte de los consensos construidos en más de 40 años de democracia”, advirtió en un comunicado la Red Nacional de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.).

En el mismo texto, las agrupaciones provinciales que integran la Red Nacional aseguraron desde el 10 de diciembre de 2023 el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) “desplegó un ataque contra los trabajadores y las trabajadoras del Estado. No solamente negando el valor de su trabajo, sino también restringiendo el derecho al trabajo en cantidades sin precedentes. En particular, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha avanzado con despidos masivos, llevando a la agonía el funcionamiento de la Secretaría de Derechos Humanos bajo su dependencia”, sostuvieron.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, la alianza de organizaciones de derechos humanos argentinas que promueve, entre otras misiones, la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, elaboraron a seis meses de comenzado el gobierno de Javier Milei el informe “Memoria cancelada. El intento libertario de relegitimar la dictadura”, acerca del impacto de las políticas del Ejecutivo en distintos ámbitos vinculados a la justicia.

En ese documento, mencionaron que la gestión de Milei desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, poniendo en riesgo la conservación de las investigaciones judiciales e históricas sobre la documentación producida por las burocracias estatales durante la dictadura, un aspecto fundamental para la reconstrucción de hechos y responsabilidades. 

Además, el Gobierno también cerró la Mesa sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, que funcionaba en la ex Agencia Federal de Inteligencia, la actual SIDE, y dispuso la acefalía en el Archivo Nacional de la Memoria, que tiene a su cargo el resguardo del archivo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que hace 40 años entregó el informe “Nunca Más”.

El relevamiento hecho por el CELS y Memoria Abierta señaló también que el Ejecutivo desfinanció los más de 800 lugares que durante la última dictadura cívico militar funcionaron en el país como lugar de detención, tortura y desaparición y despidió a la mitad de la planta de trabajadores de los ocho sitios que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Asimismo, interrumpió las obras de infraestructura, las excavaciones arqueológicas y las tareas de conservación de lugares que son prueba judicial. A eso se sumó que el Gobierno puso en venta terrenos señalizados por la Secretaría de Derechos Humanos como centros clandestinos de detención: La Perla chica, en Córdoba; La Huerta, en Tandil, y Puerta 8, en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires; y el Regimiento 9, en Corrientes.

En tanto, decidió que los ministerios de Defensa y Seguridad dejaran de aportar legajos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), que investiga el destino de niñas y niños robados en la dictadura. La CoNaDi es una herramienta construida por el Estado democrático “para resolver los crímenes del terrorismo de Estado, entre los que se encuentran delitos de los que son víctimas casi 300 personas que aún viven con su identidad falsificada”, dijo en agosto pasado la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al exponer en un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales del Senado.

El Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, puso fin al Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, que había sido creado en 2010 con el objetivo de reconstruir, a partir del trabajo archivístico, información clave que contribuyó a los juicios de lesa humanidad con documentación que permitió conocer estructuras y cadenas de mando del sistema represivo, así como identificar personal militar involucrado. Para el Ministerio de Defensa, se trataba de “un grupo de persecución y macartismo”. Por ese motivo, los archivistas fueron despedidos.

Al finalizar 2024, el CELS publicó otro informe, esta vez abarcando en forma total el primer año de gobierno de Milei y Victoria Villarruel. “Combinaron el desprecio por el proceso de memoria, verdad y justicia y sus referentes con el ataque a esas políticas. Primero hubo acciones discursivas, símbolos y avales para refundar la memoria oficial de la dictadura y disputar los sentidos sociales de rechazo al terrorismo de Estado. Luego, siguieron el desfinanciamiento, el cierre de líneas de trabajo, los despidos, el vaciamiento institucional e incluso la puesta en venta de sitios de memoria”, se indicó en el informe especial “Milei 1 año”, en el cual fueron sistematizadas sus políticas de Gobierno y las consecuencias.

El último informe llevado a cabo por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, expuso que a lo largo de 2024, el primer año de Milei al frente del país, la justicia dictó 14 sentencias en causas en las que se investigó delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Se trata del número más bajo de los últimos diez, cuando la justicia producía un promedio de 23 causas cada año.

IF/MG

El fiscal Rodrigo Gabriel Fernández Ríos rechazó hoy la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) como querellante de la causa que investiga la represión policial ejercida contra las protestas por la reforma constitucional de Jujuy. El magistrado consideró que “no se visualizan violaciones a los derechos humanos y la causa debe quedar enmarcada en las instituciones de la provincia de Jujuy”.

“Una vez más la Justicia jujeña demuestra la falta de división de poderes y el encubrimiento permanente a las acciones del gobierno de Gerardo Morales”, afirmó la cartera encabezada por Horacio Pietragalla Corti. “Lo único que quería hacer la SDH, como hacemos en otras provincias, era colaborar e instar a que se haga una investigación seria para determinar los responsables de los hechos que hemos verificado durante los días de represión”, explicó el funcionario.

La secretaría había solicitado ser querellante aduciendo que “se encontraba en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino” dado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Nacionales Unidas habían emitido comunicados de advertencia por violaciones de derechos.

Ante las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y lesiones graves provocadas por el estado jujeño, la CIDH exhortó, el pasado 20 de junio, al estado a “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

Con información de agencias.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó este jueves una convocatoria para exconscriptos que hicieron el servicio militar obligatorio entre 1975 y 1983, y que pudieron ser testigos involuntarios de delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

“Durante la última dictadura cívico-militar, miles de jóvenes que tuvieron que hacer el servicio militar obligatorio fueron testigos involuntarios de los delitos cometidos en dependencias militares y en operativos de las fuerzas represivas en todo el país”, estableció la Secretaría en un comunicado.

El organismo presidido por Horacio Pietragalla Corti explicó que promueve esta iniciativa porque “ante el pacto de silencio de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, su voz puede ser fundamental para obtener justicia por esos graves crímenes”. Remarcó que en los últimos años esos testimonios “fueron fundamentales y permitieron condenar a responsables de crímenes de lesa humanidad”.

Para aquellos con información, la Secretaría habilitó contactos por correo electrónico o por teléfono a fuicolimba@jus.gob.ar o al (011) 5300 4139. Más información en este link.

Las denuncias que se reciban “tendrán el carácter de confidencial para garantizar la seguridad y la contención adecuada”.

Entre las causas con testimonios de exconscriptos, se encuentra la investigación de los crímenes cometidos en la causa “Vuelos de la muerte de Campo de Mayo”. La misma se basó en sus declaraciones para conocer el funcionamiento de vuelos clandestinos utilizados por el Ejército y poder condenar en 2022 a cuatro jefes militares del Batallón de Aviación 601.

Además, en el juicio por los crímenes del grupo de tareas del Regimiento de Mercedes, se pudo reconstruir un gigantesco operativo represivo en una casa que funcionaba como imprenta secreta del PRT-ERP en la localidad bonaerense de San Andrés. Se logró que tres exoficiales del Ejército fueran condenados por el secuestro y torturas a dos personas y por un homicidio.

Los excolimbas también fueron importantes para probar la planificación y la participación de diferentes destacamentos militares y policiales en la masacre de la quinta “La Pastoril”, donde fueron secuestrados 8 militantes del PRT-ERP y otros 7 fueron asesinados.

La iniciativa cuenta con un espacio en el sitio institucional de la Secretaría, con entrevistas a tres excolimbas y microrrelatos hechos a partir de declaraciones de exsoldados.

La primera campaña de este tipo fue impulsada por la Secretaría en el 2010 bajo la consigna “El servicio militar ya no es obligatorio; el silencio, tampoco”. Permitió recopilar más de 40 testimonios, voluntarios y anónimos, que sumaron información y datos relevantes para avanzar sobre los juicios.

LC con información de agencia Télam

En el marco de las denuncias recibidas durante las visitas realizadas a la provincia de Jujuy la semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió este martes a la Justicia Federal que inicie “una investigación penal de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión contra manifestantes”.

La presentación del organismo nacional incluyó testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia.

Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones. También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes.

“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, señaló la presentación.

El escrito también menciona que el gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, “información que sólo debería manejar el Poder Judicial”.

La denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local este lunes por la Secretaría “para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta”. A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Morales a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida.

Según informa la Secretaría, Pietragalla Corti viajó a la provincia en dos ocasiones en los últimos diez días para monitorear las denuncias de violencia institucional y el recrudecimiento de la represión en las protestas que se generaron en rechazo a la sanción de una reforma de la Constitución local.

Pietragalla Corti recorrió junto a funcionarios de la Secretaría, del Instituto Nacional de Asuntos Indígena (INAI) y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) los lugares de las protestas y cortes de ruta, donde se entrevistó con manifestantes, y visitó a todos los detenidos y detenidas para recoger testimonios, corroborar su estado integral y de detención. También se acercó al hospital local “Pablo Soria” donde se encontraban los heridos y detenidos con estado de salud más grave por las agresiones, pero se le impidió el ingreso. De todas formas, pudo comunicarse con familiares y allegados de las personas internadas y constatar que, a raíz de la represión, dos personas se encontraban en terapia intensiva y tres sufrían pérdida de visión, aseguran desde Derechos Humanos.

Durante su viaje a la provincia, el secretario mantuvo una reunión virtual con el Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y estuvo en conversación con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “para informar la gravedad de la situación”. Ambas organizaciones manifestaron en los últimos días su preocupación por la represión contra manifestantes en Jujuy y reclamaron al gobierno provincial el respeto por los derechos humanos.

La denuncia completa

La delegación de la Secretaría de Derechos Humanos estuvo integrada por el jefe de Gabinete Nicolás Rapetti; Alejandro Marmoni, presidente del INAI; Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional; Adelqui Del Do, director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”; Paula Álvarez Carrera, directora del cuerpo de abogados de la Secretaría, y Eugenia Ferrero, enlace entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Secretaria General de Presidencia.

Con información de la Secretaría de DDHH.

IG

El Gobierno argentino acordó con Twitter impulsar “acciones conjuntas” que eviten la proliferación de los discursos de odio en las redes sociales, debido al “recrudecimiento” de estas prácticas desde la pandemia por coronavirus, informaron este lunes fuentes oficiales.

El secretario argentino de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, mantuvo un encuentro virtual con las autoridades de Twitter en América Latina para abrir “una instancia de diálogo” que permita generar acciones vinculadas a frenar la propagación de comportamientos abusivos en las redes, según destacó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado.

Durante el encuentro, el funcionario ofreció la “colaboración técnica” de su secretaría para “mejorar la calidad del debate público en redes sociales y prevenir situaciones de violencia”.

“En esta línea, el secretario manifestó su intención de trabajar en la realización de campañas de concientización destinadas a la población en general con la finalidad de trabajar esta temática y problematizar sus consecuencias para la sociedad”, detalló el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos.

Los responsables de Twitter presentes en la reunión, entre ellos Hugo Rodríguez Nicolat, director de Políticas Públicas de Twitter América Latina, “coincidieron en la importancia de emprender acciones conjuntas” para limitar estas prácticas y subrayaron la relevancia de la “alfabetización digital” en el uso de las redes sociales, según el texto difundido.

El Gobierno argentino sostiene que el “recrudecimiento” de los discursos de odio en internet fue uno de los factores que motivaron el intento de asesinato a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, ocurrido el pasado 1 de septiembre, cuando Fernando Sabag Montiel disparó dos veces contra el rostro de la expresidenta sin que saliera ninguna bala.

Con información de EFE.

IG