El 10 de septiembre, un grupo de al menos cuatro adolescentes interceptó a un hombre de 47 años en la Ciudad de Buenos Aires. “¡Dame todo. Dame el celular!”, le dijo uno de ellos. El hombre corrió unos metros, se cruzó con un policía de la Ciudad y pidió auxilio. Los adolescentes fueron detenidos en flagrancia. Uno tenía 14 años.

Once días después, la jueza Laura De Marinis, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801, que establece la punibilidad a partir de los 14 años. Para ese adolescente, declaró que no era punible y dictó su sobreseimiento. También rechazó el planteo de incompetencia presentado por la defensa oficial.

“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia”, escribió De Marinis. Castigarlos “por las faltas de respuesta del mundo adulto”, agregó, implica “desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto”.

Dos fallos contra la nueva ley

La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero, publicada el 9 de marzo y entró en vigencia el 5 de septiembre, después de cumplido el plazo de 180 días previsto para la adecuación de las estructuras provinciales.

La norma derogó la Ley 22.278 y fijó un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 17 años. Entre sus principales cambios, estableció la punibilidad desde los 14 años, eliminó la excepción para delitos con penas menores a dos años y fijó un máximo de 15 años de prisión.

El fallo de De Marinis es el segundo pronunciamiento judicial que cuestiona la aplicación de la nueva norma desde su entrada en vigencia. El 7 de septiembre, la jueza Marta Pascual había suspendido por 60 días la aplicación de la ley en toda la provincia de Buenos Aires al hacer lugar a un hábeas corpus colectivo. La magistrada sostuvo que los centros bonaerenses no estaban en condiciones de recibir a más adolescentes privados de libertad.

La medida fue revocada el 15 de septiembre por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora. Los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi consideraron que una decisión cautelar no podía suspender con alcance general una ley nacional vigente.

El caso de De Marinis tiene otro alcance. No suspendió la ley para toda la Ciudad ni para un conjunto de adolescentes, sino que declaró inconstitucional su aplicación en un caso concreto, el del joven de 14 años detenido en flagrancia.

Una ley que todavía espera recursos

La implementación del nuevo régimen también está atravesada por la discusión sobre los recursos disponibles. La Ley 27.801 contempla una partida de 23.739 millones de pesos para el año de su entrada en vigencia, destinada al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.

En el texto original se señala que el defensor oficial del fuero penal juvenil de La Plata, Ricardo Berenguer, afirmó que no se transfirió dinero a las provincias. Esa afirmación requiere atribución a la fuente original antes de publicarse.

La norma, además, fue reglamentada por el Decreto 875/2026, publicado el 7 de septiembre. La reglamentación establece mecanismos vinculados con la implementación del régimen, entre ellos la figura del supervisor, la atención de las víctimas, las medidas alternativas y la capacitación de los operadores especializados.

La jueza De Marinis cerró su resolución con una aclaración sobre el alcance de su decisión. “No pretendo romantizar la infracción penal juvenil”, escribió. “Sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”.

“He perdido mi identidad”. La crudeza del testimonio de Friba Quraishi, jueza afgana exiliada en España, sobrecogió al auditorio del cuarto Women Business & Justice European Forum celebrado esta semana en el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Quraishi personifica el drama que ha supuesto la vuelta de los talibanes para las mujeres afganas, pero a la vez sus palabras son una lección de resistencia y esperanza.

Con la indispensable asistencia de una traductora de farsi, Quraishi conversa con elDiario.es cuando se cumple un año de su llegada a España. Allí empezó de nuevo. La Asociación de Mujeres Juezas de España la ayuda, como a otras magistradas exiliadas en ese país. Pero en su cabeza siguen muy presentes todas las mujeres, togadas o no, que se quedaron en Afganistán.

“Las mujeres de Afganistán son fuertes, pero el mundo las abandonó, están luchando solas”, lamenta Quraishi. Pone como ejemplo la mujer que, a principios de septiembre, logró grabar un vídeo en el que explicaba cómo los talibanes la detuvieron, la violaron y la obligaron a casarse. “La grabación se difundió mucho por Internet, todo el mundo expresaba su tristeza y quería ayudar, pero al final se fue olvidando y la mujer se quedó sola”, constata la magistrada. Sola frente a la furia talibán.

La jueza se muestra crítica con Occidente y los Estados Unidos por no haber siquiera intentado frenar la ofensiva talibán el año pasado. “El día que Afganistán y sus mujeres y sus niños necesitaban de verdad a Occidente, el mundo los abandonó”. La magistrada confía no obstante en que las llamadas de los que como ella consiguieron exiliarse hagan posible que la comunidad internacional vuelva a “presionar” a los talibanes para que cesen sus hostilidades.

“Es cierto, los países ricos invirtieron muchos recursos y ayudaron a Afganistán, pero también se beneficiaron de nuestra tierra a nivel económico”, asevera la magistrada, que se expresa de forma serena y tranquila pese a todo lo vivido.

Antes de tener que exiliarse el año pasado, Quraishi era una de las 270 juezas de Afganistán. Son 14 años de ejercicio de la judicatura a sus espaldas. Su carrera empezó como magistrada de familia. Después pasó tres años juzgando casos de terrorismo relacionado con los talibanes y finalmente se ocupó de los crímenes contra las mujeres. “Éramos juezas independientes como los jueces hombres, teníamos las mismas capacidades y poderes”, recuerda con orgullo.

Fueran hombres o mujeres, todos los jueces que juzgaban a los talibanes recibían amenazas. La única diferencia con sus colegas era que, aunque les amenazaran por igual, los talibanes sí reconocían la autoridad de un hombre para juzgarles. No así la de Quraishi, a quien los talibanes negaban legitimidad para decidir su futuro penal. “Cuando llegaban al juzgado no me aceptaban, no veían válido que una mujer les condenara a prisión”. Aún así a la magistrada no le temblaba el pulso.

Quraishi ejercía y vivía en Mazar-e Sarif, la cuarta ciudad más poblada del país. Rememora la llegada de los talibanes como un proceso del que todo el mundo conocía el final. “Primero cayeron los pueblos periféricos, después llegaron a la ciudad”.

La magistrada sabía que estaba en peligro si permanecía en su casa, una vivienda estatal destinada a los funcionarios. Los últimos días, al salir del juzgado no se iba a dormir a su piso. Eran un objetivo demasiado fácil para los talibanes. No tuvo dudas en emprender el camino del exilio.

“La caída de mi ciudad era palpable, se veía venir. Exiliarme no fue una decisión meditada porque era algo de vida o muerte. Me tenía que ir y punto”. No todas sus compañeras estuvieron a tiempo de hacer lo mismo y a algunas de ellas ningún país extranjero les otorga protección.

La jueza Quraishi mantiene el contacto con amigos y familiares que se quedaron en Afganistán. La realidad que le describen es una pesadilla, sobre todo para las mujeres que habían logrado independencia económica. “Las mujeres que antes eran funcionarias ahora lo tienen prohibido y algunas piden limosna por la calle”, denuncia. “Todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe lo que pasa en Afganistán, pero nadie hace nada”.

Las mujeres de Afganistán, recalca la jueza, “necesitan estudiar y trabajar”. Más en un país donde los sucesivos conflictos provocaron la muerte de los hombres en muchas familias, quedando la mujer como la única responsable de generar ingresos y de llevar el pan a casa. “Para las afganas trabajar y estudiar no es ya un derecho, sino una necesidad, pero los talibanes no las dejan”.

La supuesta moderación de los talibanes tras su vuelta al poder resultó una mentira. La única vía posible que la magistrada ve para revertir la actual situación es la presión internacional sobre el régimen. “Ahora mi labor aquí es dar a conocer los problemas de la gente de Afganistán, de sus mujeres y sus niños y niñas, para que las cosas cambien”. Pese a todo, Quraishi conserva la esperanza de volver a su país.