Cuando la diputada española de Vox Rocío de Meer planteó a principios de semana expulsar a ocho millones de inmigrantes, no estaba teniendo un enojo repentino, sino empleando una estrategia bien pensada que la ultraderecha está aplicando a escala global. Con estas afirmaciones, está empujando las líneas del terreno de juego político para que posiciones que hasta ahora nos parecían inaceptables en democracia nos empiecen a parecer parte del paisaje.

Esta es la explicación que la neurocientífica Tali Sharot y el profesor de derecho Cass R. Sunstein dan al progresivo deterioro de la democracia y las instituciones en Estados Unidos, que se extiende a otros países, como España y también Argentina. La estrategia, explican, se basa en explotar dos vulnerabilidades de nuestro cerebro, la habituación y el juicio relativo, que les permite instalar ideas autoritarias a base de habituarnos a ellas o compararlas con un nuevo contexto. La clave está en un mecanismo neuropsicológico universal por el que las personas son menos propensas a responder, o incluso a notar, los cambios graduales.

La habitación cerrada

En un artículo editorial publicado en la revista Science Advances y titulado ¿Nos acostumbraremos al declive de la democracia?, los dos especialistas explican cómo, a medida que las acciones autoritarias se vuelven más frecuentes, las personas pueden desensibilizarse, aceptando gradualmente comportamientos que antes habrían provocado indignación. Siguiendo este razonamiento, el autoritarismo sería como el mal olor de una habitación cerrada. Al cabo de 20 minutos en su interior, nuestros sentidos dejan de percibir el apestoso, pero eso no quiere decir que no siga estando presente, como nos hará notar alguien que entre desde fuera.

El autoritarismo es como el mal olor de una habitación cerrada. Al cabo de 20 minutos en su interior, nuestros sentidos dejan de percibir el apestoso

“La valoración y la percepción dependen de lo que prevalece, por lo que si diferentes cosas se vuelven predominantes, nuestra percepción cambiará, y con ella nuestra visión de lo que está bien y lo que está mal”, señalan Sharot y Sunstein. “En política, lo que prevalece también importa. Cuando las normas democráticas se violan repetidamente, la gente empieza a adaptarse. La primera vez que un presidente se niega a conceder una elección, es una crisis. La segunda, una controversia. La tercera, puede ser solo otro titular”.

Para los dos expertos, el gran riesgo es que aceptemos la ausencia de democracia como aceptamos el ruido de fondo: como algo desagradable, quizás, pero ya no urgente. Y citan las palabras de H.G. Wells: “Mil cosas que me parecían antinaturales y repulsivas rápidamente se volvieron naturales y ordinarias. Supongo que todo lo que existe toma su color del tono promedio de nuestro entorno”.

Adormecer a la sociedad

Luis Martínez Otero, neurocientífico del Instituto de Neurociencias de Alicante (UMH-CSIC), cree que aunque estos dos prestigiosos expertos hablan de Estados Unidos, el análisis es perfectamente trasladable a otros países. “El contexto político actual de polarización normaliza las violaciones democráticas, reescribe la historia y genera una especie de adormecimiento social que desensibiliza ante amenazas como la desinformación, la polarización o la pérdida de derechos civiles”, asegura. “Y esta situación se instrumentaliza para deslegitimar al adversario como enemigo, lo que debilita los marcos comunes de verdad y diálogo”.

La habituación hace que poco a poco vayamos aceptando actitudes antidemocráticas, sexistas o xenófobas, cosa que en otro contexto o época nunca habríamos aceptado

Clara Pretus — Neurocientífica experta en el avance de la desinformación y el extremismo

“La habituación hace que poco a poco vayamos aceptando actitudes antidemocráticas, sexistas o xenófobas, cosa que en otro contexto o época nunca habríamos aceptado”, explica Clara Pretus, neurocientífica experta en el avance de la desinformación y el extremismo. “Así es como funciona la desinformación también: repitiéndola hasta que nos la creemos nosotros mismos”.

“Lo que dijo Vox el otro día, la deportación de los 8 millones de inmigrantes, cuando ni siquiera hay 8 millones de inmigrantes, es parte de una estrategia que tiene que ver con la psicología”, asegura Sergi Soler, historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). “Básicamente, se trata de decir la barbaridad más grande que puedas decir, para que luego otras cosas, que serían barbaridades igualmente, parezcan más laxas o incluso moderadas”. El objetivo final, apunta el experto, es la aceptación en la cultura del país de ciertas ideas que son extremadamente racistas y neofascistas y que antes no estaban encima de la mesa.

La ventana de Overton

La habituación es la manera de ampliar lo que en sociología se conoce como la “ventana de Overton”, que es el espectro de posibles opiniones que se pueden expresar en el espacio público sin ser directamente descalificado. “La ventana de Overton es aquello que determina las ideas que son socialmente aceptables o no entre el público general”, detalla Soler. Y los intentos de ampliarla no siempre tienen éxito. “Un ejemplo muy claro es cuando Vox empezó a introducir la idea de que los españoles pudieran llevar armas, como en Estados Unidos”, recuerda. “¿Qué pasó? Que incluso desde sus propias bases no estaban de acuerdo. Porque esa idea estaba fuera de la ventana de lo socialmente aceptable”.

Se trata de decir la barbaridad más grande que puedas decir, para que luego otras cosas, que serían barbaridades igualmente, parezcan más laxas o incluso moderadas

Sergi Soler — Historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

“Para tener éxito a nivel nacional, los partidos políticos no pueden presentar sus ideas más radicales desde el inicio”, apunta Pretus. “A medida que las primeras ideas disruptivas se van normalizando e integrando en el discurso político dominante, se abre la posibilidad de plantear propuestas más radicales, que resultarán entonces más fáciles de aceptar”. Entre las ideas que se han ido aceptando por la presión de los mensajes extremistas en medios y redes sociales, Soler cita el negacionismo científico o el argumento de que el feminismo lo que busca es destruir al hombre. “Van moviendo la ventana hasta que el público general acepta esas ideas”, recalca.

Para Luis Miller, doctor en Sociología y científico titular del CSIC, añade el hecho de que la rebeldía ha cambiado de bando, especialmente entre los jóvenes. “El hecho de que alguien reaccione contra el consenso existente permite a otros mostrar públicamente creencias que antes mantenían en privado”, explica. “Y, una vez que se produce esta ruptura, se produce un proceso de normalización de forma gradual de esas ideas”. En este sentido, recuerda Miller, algunos expertos como Vicente Valentim apuntan a que el crecimiento de la ultraderecha no se debe tanto a que los votantes cambien de opinión, sino a que individuos que ya tenían ideas de ultraderecha, pero que no mostraban esas opiniones por miedo a sufrir repercusiones sociales, se deciden a dar el salto.

Cómo frenar la espiral del odio

En su artículo, Sharot y Sunstein hacen algunas recomendaciones para salir de esta espiral perniciosa y comenzar un proceso de deshabituación de las ideas autoritarias. Para ello recomiendan ver las cosas a la luz de nuestras mejores prácticas históricas, nuestros ideales más ambiciosos y nuestras aspiraciones más elevadas. “Podemos deshabituarnos si mantenemos esas prácticas, ideales y aspiraciones firmemente presentes, y si comparamos lo que sucede hoy no con lo que sucedió ayer o anteayer, sino con lo que esperamos que suceda mañana”, escriben.

Para Martínez Otero, la música suena bien, pero la solución se antoja más complicada. “No olvidemos que la habituación a la situación política actual tiene su origen en una acción consciente, a escala global, y que está dirigida y perfectamente engrasada por actores que tienen el control del diálogo colectivo a través de la acción política, la prensa y las redes sociales”, señala. Y estos actores tienen, además, una alta motivación para que las cosas sigan como están. “La deshabituación, por el contrario, no cuenta con las mismas herramientas e incluso parecería que debe hacerse a través de esfuerzos individuales”.

Hay una acción consciente, a escala global, y que está dirigida y perfectamente engrasada por actores que tienen el control del diálogo colectivo a través de la acción política, la prensa y las redes sociales

Luis Martínez Otero — Neurocientífico del Instituto de Neurociencias de Alicante (UMH-CSIC)

Para contrarrestar este fenómeno, opina Clara Pretus, es importante no perder de vista nuestros valores e ideales, porque nos pueden servir de andamio para ver más allá de nuestro entorno inmediato, que se va erosionando. “Las crisis son lo que ocurre mientras la mayoría de la población sigue con su día a día, viendo videos de protestas violentas, represión policial y delitos de odio en redes sociales, hasta que un día te toca a ti grabar con el móvil lo que está ocurriendo en la puerta de tu casa”, asegura. “Una vez estás dentro, es difícil salir del hoyo”.

“El panorama ahora mismo es complicado”, admite Sergi Soler. “Porque cuando los extremistas empiezan a perder el complejo, cuando empiezan a darse cuenta de que pueden hablar un poco de lo que les dé la gana y que mucha gente les va a aplaudir después de tantos años de lluvia fina, se produce un efecto de bola de nieve en el que parece que arrollan como un tren”. Pero la ventana de Overton no es inamovible y otras muchas veces se ha movido hacia la izquierda, avisa. “En mi opinión, lo mejor que podemos hacer es dar la batalla cultural incesantemente, porque nos hemos olvidado de hacerlo”, concluye. “Al final, estoy convencido de que la lucha por los derechos siempre va a acabar ganando”.

En la multitudinaria asamblea antifascista que se realizó en el parque Lezama el sábado pasado y que fue una autodemostración de fuerza del colectivo LGBT tras las expresiones de odio del presidente Javier Milei en Davos (Suiza) se pidió que a la marcha federal antifascista que se realizará el próximo sábado no se lleven banderas de agrupaciones políticas. Sin embargo, son varios los dirigentes de la primera línea de la política nacional que participarán de la movilización.

Algunos confirmaron su presencia, como diputado nacional del Partido Socialista Esteban Paulón, que es además integrante y reconocido activista del colectivo LGBTQ+; el peronista bonaerense Gabriel Katopodis, exintendente de San Martín, exministro de Obras Públicas del gobierno nacional anterior y actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la gestión de Axel Kicillof; y la trotskista Myriam Bregman, exdiputada nacional y figura del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda.

Otros, informaron que apoyan la movilización pero que no participarán, como el radical porteño Martín Lousteau, senador de la Nación y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR). También expresó su adhesión pero no asistirá por no estar en la ciudad el próximo sábado el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Sí participarán Leandro Santoro, diputado nacional de Unión por la Patria; Vilma Ibarra, exdiputada del peronismo y exsecretaria de Legal y Técnica de la presidencia de Alberto Fernández (Frente de Todos), y Pablo Avelluto, exsecretario de Cultura de la presidencia de Mauricio Macri (Cambiemos).

Como la marcha es federal, también habrá movilizaciones en otras ciudades del país, como Córdoba y Rosario, donde estarán presentes la diputada nacional de Encuentro Federal Natalia de la Sota y el jefe del bloque Unión por la Patria de la Cámara baja, Germán Martínez, respectivamente.

El diputado Miguel Ángel Pichetto hizo saber que “está en contra de dichos del Presidente” pero que todavía no decidió su asistencia a la marcha del sábado en la capital federal, cuya concentración será a partir de las 16 en la puerta del Congreso, desde donde se marchará hacia Plaza de Mayo. Lo mismo pasa con el gobernador Kicillof: adhiere pero no decidió si estará presente.

El exministro de Economía Martín Guzmán (Frente de Todos) manifestó su adhesión a la movilización pero no asistirá por no estar en la ciudad de Buenos Aires. En cambió, dijo que “muy probablemente” participe Malena Galmarini, exdirectora de AySA y esposa de Sergio Massa, expresidente de la Cámara de Diputados, exministro de Economía del Frente de Todos y excandidato presidencial.

El líder del Frente Renovador, a su vez, hizo saber que movilizará a sus huestes pero aún no decidió si estará presente en la marcha.

El diputado nacional Christian Castillo y los exlegisladores porteños Gabriel Solano y Celeste Fierro, del FIT, confirmaron su participación, al igual que el veterano dirigente de izquierda Luis Zamora, del partido Autodeterminación y Libertad (AyL). También estarán presentes el exintendente de Morón, Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro); el exministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; el exembajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín; la dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia; y el dirigente social Juan Grabois.

Las 25 consultas las realizó el periodista Sebastián Lacunza.

JJD

El asesinato de un niño en el municipio español de Mocejón, en Toledo, reabrió el debate sobre las herramientas del Estado de Derecho para proteger a poblaciones vulnerables de los ataques coordinados en redes. El homicidio se usó como rampa de lanzamiento para una campaña de odio que señaló sin pruebas a personas africanas como autoras de los hechos, provocando una avalancha de mensajes xenófobos en las principales plataformas. Un alud de lodo y toxicidad digital que arrastró el polvo que durante meses han sembrado partidos como PP y Vox, vinculando la delincuencia con la inmigración a partir de noticias falsas y datos sesgados. Todo ello al estilo de la nueva ultraderecha que en España encarna el eurodiputado Alvise Pérez.

Muchos participantes en la campaña de odio contra el colectivo inmigrante intentaban borrar a última hora de este martes las pruebas de sus ataques, eliminando comentarios y dando de baja sus cuentas después de conocerse la detención de un ciudadano español como presunto asesino. También pretenden dificultar así la labor de la justicia, una vez que la Fiscalía ha anunciado que investigará los hechos como presuntos delitos de odio. Un frente más de la batalla contra el odio que cabalga Europa a lomos de desinformación y algoritmos, y que en países como Reino Unido llegó a provocar disturbios callejeros.

La lucha entre los odiadores y los tribunales en ocasiones resulta desigual, debido al amparo que ofrecen las plataformas y a la posibilidad de cerrar un perfil anónimo para abrir otro minutos después y continuar con su labor tóxica. Este miércoles, el fiscal coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, reconocía en una entrevista en la Cadena Ser que su equipo podría beneficiarse de “perfeccionamientos técnicos” en la regulación tanto en la investigación de estas campañas como para proteger a las víctimas.

Entre ellos citaba la posibilidad de que los tribunales puedan deshacer el anonimato en el que se amparan muchos perfiles que difunden odio. También el de imponer órdenes de alejamiento digital contra los condenados, impidiendo así que puedan reincidir sin apenas consecuencias.

Son herramientas que ya habían estado antes sobre la mesa. Sin embargo, como ocurre con otras regulaciones digitales, llevarlas a la práctica no es una tarea tan sencilla como podría parecer. Implica atravesar un laberinto que toca derechos fundamentales como la libertad de expresión, así como lograr la colaboración de las multinacionales que diseñan esos algoritmos, pero sin otorgarles aún más poder en el control del discurso público online.

Así ocurre en el caso del anonimato online. Las sentencias de los tribunales que investigan delitos perpetrados en las grandes plataformas o las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) están plagadas de ejemplos donde los requerimientos de las autoridades españolas tardan meses en ser atendidos por las redes sociales, o ni siquiera son contestados. “Muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar porque desconocemos quién es el autor”, lamentó Aguilar.

“Habría que estudiar y valorar que las personas que actúan en redes sociales estén debidamente identificadas y que sobre todo, cuando lo requiera la autoridad judicial, se facilite la identidad de las mismas”, continuó.

No obstante, las plataformas no lo ponen fácil y se niegan a dejar que autoridades que no sean las de sus países de origen (EEUU en el caso de Instagram, Facebook, Twitter o YouTube, o China en el caso de TikTok) entren en sus sistemas. “A no ser que el investigado haya sido muy hábil ocultando sus datos de conexión y su identidad, las plataformas disponen técnicamente de esa información. Si no colaboran es por una cuestión de falta de voluntad”, señala Borja Adsuara, jurista especializado en derechos digitales.

¿Quién maneja la identidad de los usuarios?

El uso de un pseudónimo está considerado una herramienta para ejercer la libertad de expresión, ya que permite expresar una opinión sin temor a represalias personales. Sin embargo, la inmensa mayoría de los especialistas están de acuerdo en la necesidad de establecer mecanismos que permitan conocer la identidad de los usuarios de Internet cuando es un juez el que la reclama. Así está estipulado, por ejemplo, en la Carta de Derechos Digitales española, un documento oficial aunque no vinculante políticamente que sirve como hoja de ruta de las políticas del Gobierno en materia virtual.

El problema es que hoy por hoy, como expresa el fiscal especial contra los delitos de odio, no hay resortes que permitan forzar esta identificación si las redes no colaboran. Algunos expertos han propuesto exigir a las plataformas que soliciten a los usuarios datos identificativos, como su DNI, durante el proceso de registro. Pero la solución no convence a todos, ya que implica una aún mayor extracción de información personal por empresas cuyo modelo de negocio es explotarla con fines comerciales.

La solución que llega desde Bruselas es el reglamento eIDAS 2, que actualiza la normativa sobre identificación electrónica y servicios de confianza de la UE. Su principal novedad es la introducción de una cartera digital común, una aplicación móvil que estandarice los sistemas de identificación personal en los diferentes estados miembros. Su objetivo es mejorar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de identificación electrónica de cada país, pero también establecer un sistema seguro para que los ciudadanos puedan identificarse en Internet sin que se transfieran todos sus datos a las redes sociales ni otras empresas privadas que prestan servicios digitales.

De esta forma, el eIDAS pretende que si un ciudadano español alquila un coche en Estonia, pueda compartir con la agencia de alquiler tan solo el dato de que tiene un carnet de conducir en vigor en España. No tendría así que enviar copias de su carnet de identidad y de conducir a una empresa extranjera de la que apenas tiene referencias, perdiendo el control sobre sus datos personales y exponiéndolos a filtraciones o hackeos.

Pero, de nuevo, llevar estas ideas a la práctica no resulta sencillo. La primera iniciativa española para utilizar las herramientas que pone sobre la mesa el eIDAS 2 fue la app para impedir el consumo de porno en menores. El objetivo del Gobierno es que los ciudadanos se identifiquen antes de entrar a webs para adultos (compartiendo tan solo el atributo de si son mayores de edad o no) y así impedir que los niños puedan consumir estos contenidos. Pese a basarse en tecnología avalada por la UE, la propuesta generó una enorme polémica y múltiples acusaciones contra el Ejecutivo por pretender elaborar “listas” de consumidores de porno.

El eIDAS 2 planea que no solo sean los gobiernos nacionales quienes gestionen esas carteras digitales, sino que también puedan adherirse empresas privadas y organizaciones que cumplan los requisitos de seguridad. No obstante, aún quedan años para eso. El plan de Bruselas es empezar a promover a gran escala estas herramientas a partir de 2027 y que para 2030 su implantación alcance el 80%.

“Tú tienes derecho a usar un seudónimo frente a los demás, pero en algún lugar tiene que haber una tabla de equivalencias donde diga a qué identidad corresponde ese seudónimo”, expone Adsuara. “Aquí hay varias posibilidades: que la tabla de equivalencias la tenga la red social, o que como dice el eIDAS 2, la tenga un tercero de confianza y tú no tengas por qué decir quién eres a todos los sitios de Internet en los que te registras”, añade.

Prohibido acercarse a las redes sociales

Otra de las medidas concretas que pedía Aguilar es la posibilidad de que “los tribunales puedan acordar la prohibición de acudir a entornos digitales” en los casos de delitos de odio. Una especie de 'orden de alejamiento' como las que ya existen para los condenados por abusos o violencia de género, a quienes se prohíbe contactar virtualmente con sus denunciantes, pero extendido a todas las plataformas y cualquier interacción digital.

Desde los tribunales se han dado órdenes similares de 'alejamiento' de las redes para condenados por violencia machista. Pero este tipo de veto concreto que se plantea ahora para quienes utilizan esos instrumentos digitales para lanzar odio tiene un precedente. En 2022, el Tribunal Supremo ratificó un fallo de un Juzgado de lo Penal de Barcelona que en 2019 había condenado a un youtuber por dar galletas oreo rellenas con pasta de dientes a una persona sin hogar, grabarlo en vídeo y subirlo a su canal. Además de una multa de 20.000 euros, la sentencia incluía la prohibición de entrar en YouTube durante cinco años para el joven, que en ese momento tenía 1,2 millones de seguidores.

La prohibición no se articuló a través del delito de odio, sino contra la integridad moral. El Código Penal dicta que la “privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito”. Aguilar sugiere ahora que el delito de odio contemple esa prohibición, para impedir que “aquellas personas que se han servido de Internet o redes sociales para la comisión de un delito, puedan acceder al medio a través del que lo han cometido”.

El fiscal aclaraba que sería solo en “los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto”. Pero ponía como ejemplo la propia sentencia contra el youtuber para explicar por qué sería “interesante” contar con este tipo de mecanismo para los delitos de odio relacionados con la xenofobia o el machismo. Además, no lo limita solo al terreno digital, sino que también cita su utilidad para impedir que los racistas condenados entren como público a recintos deportivos.

La reforma que haría posible las órdenes de alejamiento virtuales para los culpables de delitos de odio está incluida en el anteproyecto de ley orgánica para la protección de menores en el entorno digital que el Consejo de Ministros aprobó en junio. El texto lo enmarca como una “pena de prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, cuando el delito se comete en su seno. De este modo, se vincula el contenido de la pena a la naturaleza del delito, y se establece una mayor protección de las víctimas, evitando la reiteración de conductas punibles”. La norma aún debe ser ratificada por el Congreso.

Las redes sociales, ese invento que en su día nos prometió ayudarnos a “conectar” entre nosotros, pueden convertirse en ocasiones en lugares muy complicados. Navegar estos espacios no es fácil y la línea entre un tuit divertido y uno que se convierta en un pasaje de ida hacia el inframundo digital nunca había sido tan, tan delgada.

Es muy posible que el usuario medio de las redes nunca se haya visto envuelto en un escándalo en internet —un estudio de Barna sobre por qué la gente se pelea en redes determinó que aproximadamente un 21% de los usuarios lo hizo alguna vez—, pero seguro que sí haya sido testigo de unos cuantos, especialmente en Twitter. En la red social propiedad de Elon Musk la crispación y la polémica están a la orden del día. Además, el discurso de odio gana terreno y viralidad: ésta duplicó la cantidad de comentarios antisemitas en su comunidad desde su adquisición de la compañía y es la percibida como la más tóxica por los usuarios estadounidenses.

Como muestra de lo peor de su ecosistema, los estratosféricos jardines hitlerianos en los que se metió Kanye West, que provocaron primero su expulsión de las redes y luego el desmoronamiento (por ahora) de su carrera.

Pero no hace falta irse tan lejos, seguramente todos podemos recordar otros ejemplos más cercanos y menos graves en los que un comentario u opiniones encontradas desencadenan situaciones comprometidas y difíciles de gestionar que se batallan a la vista de todos. Tampoco nos resultará ajena la respuesta de algunos usuarios que, en plena trifulca y ante las críticas, insisten e insisten en defender su postura. Y eso los hace hundirse cada vez más y más en el hoyo, avivando todavía más la polémica que si simplemente se quedaran callados.

Es fácil entender el coraje que puede darte que unos trolls se metan contigo —es de sobra conocido el problema de acoso que se da especialmente en esta red social— pero, al final, cuando vemos cómo una persona termina cayendo en uno de estos círculos viciosos de consulta y respuesta, es difícil no pensar: “¿Pero es que no tiene nadie que lo ayude y le diga: 'pará, salí, cerrá sesión’?”.

“Las redes sociales no son espacios concebidos para mantener 'buenas conversaciones': hay demasiada gente, no se escucha y lo que prevalece es que se oiga mi opinión con voluntad de convencer”, afirma Natalia Sara Mendinueta, consultora estratégica de comunicación. “No es un territorio para escuchar, empatizar, buscar puntos en común y aprender desde la revisión de las propias creencias y prejuicios. Prevalece crispar, agravar, el enconamiento de posturas y una visión populista al abordar los contenidos”.

La polémica siempre genera un gran efecto llamada. Es algo que los creadores de cualquier red social saben bien y lo explotan al diseñar sus algoritmos

Natalia Sara Mendinueta — consultora estratégica de comunicación

En un caso así, la experta aconseja “hablar con la persona de manera privada y recordarle el riesgo para su imagen que está corriendo, que con sus respuestas y actitud están generando más ruido negativo en su contra. En una situación crítica recomiendo siempre hacer pública nuestra versión del tema frente a lo ocurrido, poner el foco en aclararlo, ofrecer soluciones, disculpas, y pedir perdón si es necesario. Pero no enfrascarse en peleas públicas ni en responder fuera de tono y lugar, porque no lleva a ningún sitio y daña nuestra reputación. El arrepentimiento suele llegar cuando el daño ya está hecho”.

Algo tienen este tipo de conflictos online que nos ponen los nervios de punta. Quizá tiene que ver con que nos sentimos expuestos ante una audiencia que potencialmente es de miles o de millones de personas y eso, bueno, pues impone bastante. Para Jara Pérez, psicoterapeuta, este tipo de crisis, “nos alteran más conforme más sentimos que están atentando contra nuestra identidad. En concreto a una identidad que nosotros mismos decidimos mostrar a través de las redes sociales y que no tiene por qué ser nuestra identidad real. Nuestra identidad digital es algo que hemos creado nosotros, aunque luego tampoco tenemos un control absoluto sobre ella”.

Enzarzarse en peleas públicas o responder fuera de tono y lugar no lleva a ningún sitio y daña nuestra reputación

Natalia Sara Mendinueta — consultora estratégica de comunicación

“Está claro que nuestro entorno nos puede ayudar a poner un límite y decirnos: 'pará un segundo, pensá, ¿para qué estás haciendo esto?”, continúa la psicóloga. “Pero creo que más que hacer una especie de 'intervención', es más correcto hacer las preguntas adecuadas: '¿Para que estás haciendo esto? ¿De qué te está sirviendo? ¿Qué es lo que querés conseguir? ¿Por qué te estás alterando tanto? ¿Sos totalmente consciente de lo que estás argumentando?'. Y si lo es, bueno, que siga adelante. Es su decisión. Bajo mi punto de vista, las intervenciones tendrían que respetar también la voluntad de la persona, poniendo simplemente preguntas encima de la mesa”.

Tomar la decisión de ayudar tampoco es fácil

Un estudio publicado en 2020 en Computers Human Behaviour para el que se entrevistó a 312 usuarios de redes señaló que, aunque la mayoría afirmaban que silenciarían u ocultarían las publiciones de un amigo que actuara de forma extraña en las redes sociales, no le dirían nada al respecto.

“Depende mucho de la persona, pero ayudar a alguien a salir de un jardín en internet, es meternos en otro jardín. Por eso nos cuesta”, explica Jara Pérez. “Intervenir en la vida de la gente debería estar de más a no ser que te pidan expresamente esa intervención. Otra cosa es que veas que a tu amigo, amiga o familiar se le está yendo un poco la cordura. O sea, que está entrando en una dinámica muy diferente de la habitual. De cualquier modo, la forma de intervención que recomiendo es a través de preguntas, porque es una manera menos invasiva y menos dolorosa”.

“También nos falta cultura del manejo de la comunicación digital en redes sociales”, añade Natalia. “Que sepamos utilizar redes sociales como Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter o Facebook no significa que seamos conscientes de los efectos que puede tener en nuestra vida y cómo nos pueden afectar. Dicho esto, cuesta intervenir por temor a que la otra persona piense que nos estamos entrometiendo en su esfera personal. Pasa lo mismo en la esfera analógica”.

Las intervenciones tendrían que respetar también la voluntad de la persona, poniendo simplemente preguntas encima de la mesa

Jara Pérez — psicoterapeuta

“No es del todo legítimo aconsejar a alguien que no nos pide consejo”, apunta Jara. “Si nos lo piden resulta algo más fácil, pero igualmente deberíamos hacerlo dejando muy claro que nuestro consejo no es la verdad absoluta. Pero claro, nos cuesta aconsejar porque ¿quiénes somos para aconsejar? Otra cosa es que seamos expertos en redes sociales y queramos dar consejos profesionales, pero si no es así es difícil colocarte en un lugar de superioridad y decir, bueno, este es mi consejo”.

El “efecto llamada”

Pero las redes sociales también son el epicentro mundial del chusmerío y uno de estos escándalos es un material de primera calidad para comentar en mensajes privados, tuits con candado y grupos de WhatsApp.

Buena parte de nosotros lo hace y tampoco es algo reprochable pero, ¿puede que esa especie de “efecto mirón”, de curiosidad por ver cómo acaba una sangrienta discusión en redes, nos haga también retrasar un poco el decirle a alguien conocido que pare de una vez?

“Forma parte de la condición humana el gusto por 'ser espectador' y la digitalización con sus nuevos canales lo favorece al tener acceso en tiempo real a todo tipo de contenidos de terceros”, sostiene Natalia. “La polémica siempre genera un gran efecto llamada. Es algo que los creadores de cualquier tipo de red social saben bien y lo explotan al diseñar sus algoritmos, ya que captar nuestra atención, retenernos dentro de la plataforma más tiempo, es uno de sus principales objetivos”.

“Está claro que puede haber cierto interés morboso, de 'a ver cómo acaba esto”, coincide Jara, “pero no creo que el efecto mirón sea el principal problema a la hora de dar un consejo a una amiga o amigo que se está complicando en redes. Yo creo que tiene más que ver con el miedo a confrontar, con el miedo a incomodar o con el miedo a equivocarte por ponerte en un lugar de superioridad que no te corresponde”.

Que sepamos utilizar redes sociales como Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter o Facebook no significa que seamos conscientes de los efectos que pueden tener en nuestra vida

Natalia Sara Mendinueta — consultora estratégica de comunicación

¿Qué hacer si nos vemos inmersos en una conversación negativa en internet que se viraliza?

Para terminar, Natalia nos deja claro que gestionar una de estas crisis en internet no es precisamente sencillo. No existe una fórmula mágica para hacerlo sin salir perjudicado, aunque sí que recomienda seguir un mínimo procedimiento. “Si nos vemos inmersos dentro de la vorágine de una conversación negativa que se viraliza y afecta nuestra imagen y reputación, además de monitorizar qué se está diciendo y quién lo está diciendo para valorar su dimensión y riesgos —y poder actuar en consecuencia—, tendremos que dejar clara nuestra postura y argumentación pero no desgastarnos en responder”, explica.

“No nos debemos dejar llevar por el nerviosismo, el pánico o la precipitación, que lo único que logran es empeorar la situación y en muchas ocasiones es lo que se buscan quienes nos están acosando: provocarnos y que entremos en un bucle de respuestas. Es importante no sobrerreaccionar ni amplificar con nuestro comportamiento la conversación negativa. Tampoco es obligatorio responder a todas las menciones negativas”.

La consultora tampoco recomienda borrar contenido a no ser que se haya dicho algo erróneo o inapropiado, y si lo hacemos debemos explicar el motivo. “La solución pasa por no mentir, ser honestos y ser capaces de explicar nuestra postura pública”, concluye.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) afirmó este jueves que el gigante de internet Facebook debería indemnizar a las víctimas de la violencia institucional en Myanmar -los representantes de la minoría étnica rohingya-, porque los mensajes de odio publicados en su plataforma “promovieron” en parte esa acción represora.

“Los peligrosos algoritmos de Meta, que posee Facebook, así como la búsqueda desenfrenada de beneficios han contribuido considerablemente a las atrocidades cometidas por el ejército de Myanmar (exBirmania) contra el pueblo rohingya en 2017”, denunció la ONG.

AI estimó que “Meta sabía o debía saber que los sistemas de algoritmos de Facebook amplifican la propagación de contenidos nocivos antirohingyas en Birmania” pero “esta empresa se abstuvo de actuar”, citó la agencia de noticias AFP.

En 2017, cerca de 850.000 musulmanes rohingyas huyeron de una sangrienta represión del ejército y de milicias budistas en Myanmar.

“En los meses y años que precedieron estas atrocidades, los algoritmos de Facebook intensificaron la ola de odio contra los rohingyas, contribuyendo así a la emergencia de las violencias en la vida real”, estima Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía.

Representantes de los rohingyas presentaron tres querellas contra Facebook en Reino Unido y Estados Unidos, así como ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la denuncia en Estados Unidos, presentada el pasado diciembre en California, sede de Facebook y Meta, los refugiados rohingyas piden una compensación de 150.000 millones de dólares.

Para Amnistía es “absolutamente indispensable” que Meta lleve a cabo una “amplia reforma de su sistema de algoritmos (...) pues en caso contrario el drama que vincula a Meta y a los rohingyas puede reproducirse en otras partes del mundo, en especial donde subyacen violencia étnicas”.

En un comunicado, Rafael Frankel, director de políticas públicas de Meta para los mercados emergentes en Asia-Pacífico, dijo que la compañía apoya los esfuerzos por “hacer al ejército birmano responsable de sus crímenes contra el pueblo rohingya”.

Frankel no respondió de manera específica a los pedidos de reparación financiera, y añadió que su trabajo en Birmania sigue nutriéndose de la información “aportada por la sociedad civil local y las instituciones internacionales”.

Con información de agencias.

IG