La Justicia decretó la quiebra de SanCor, la cooperativa láctea, tras el pedido de la firma de solicitar dicha medida a las vistas de no poder afrontar las deudas económicas.

La resolución fue dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich, perteneciente al Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de la ciudad santafesina de Rafaela.

La cooperativa arrastra un pasivo cercano a los US$120 millones y había solicitado la quiebra al enfrentarse con la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores.

La firma láctea se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025, al que ingresó pensándolo como “una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”. Finalmente el dictamen judicial de este miércoles consignó el fracaso de dicho proceso al señalar que se da lugar a una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.

El concurso no cambió la situación crítica de la empresa con el paso de los meses sino que la profundizó, lo que se evidencia en que el pasivo postconcursal crecía a una tasa aproximadamente de $3.000 millones por mes, según expuso el expediente.

Al respecto, el escrito judicial detalló en cifras aproximadas que al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba $12.788 millones en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero pasado, $6.349 millones de deuda impositiva y previsional, $3.380 de aportes a obras sociales y sindicatos adeudados, y $13.313 millones de deudas comerciales. A eso se suma el pasivo del concurso con deudas por más de US$86 millones.

Ante este escenario, el juez dictó la quiebra al considerar que “la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”.

Más allá de la medida dictaminada, el magistrado dispuso que la empresa siga operando de manera transitoria mientras avanza el proceso judicial, al señalar que un cese total de la actividad “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”.

Hacia adelante, el fallo determinó que “los bienes de SanCor son incautados por los síndicos y deben ser conservados en el mejor estado posible, para el momento próximo de su venta”. En ese sentido, anticipó que “se convocará a interesados para comprar las plantas industriales (en conjunto o por separado), a través de una licitación”.

Al mismo tiempo, estipuló que durante el descrito proceso de transición hacia la comercialización de la compañía, “los administradores del Consejo de SanCor (presidente Oscar Sapino y otros) deben colaborar con los síndicos”.

Las explicaciones del juez en la resolución

Se declara en quiebra a SanCor Cooperativas Unidas Limitada, con continuidad de la explotación y venta de la empresa en marcha.

¿Cómo se llegó hasta acá?

1.Febrero de 2025: SanCor se presentó voluntariamente en concurso preventivo (un proceso para intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores y evitar la quiebra).

2.Durante 2025: La situación fue empeorando. La empresa dejó de pagar sueldos (llegó a deber más de 5 meses de salarios), impuestos, proveedores y obras sociales. El juez tuvo que designar una coadministradora judicial (una contadora externa) porque SanCor no daba información y no cumplía sus obligaciones.

3.Marzo 2026: Se verificaron las deudas. El pasivo total reconocido es de miles de millones de pesos y más de USD 86 millones (de los cuales USD 51,8 millones son de un fondo de inversión y USD 34,4 millones de otro). Además, hay deudas con ARCA/AFIP, provincias, municipios y 1.063 trabajadores.

4.Abril 2026: El propio Consejo de Administración de SanCor reconoció formalmente que no puede pagar sus deudas ni hacer ninguna propuesta a sus acreedores. Por eso, pidió su propia quiebra, a lo que se hizo lugar.

¿Por qué no se intentó salvar la empresa con un “salvataje”?

La ley prevé un mecanismo (el llamado “cramdown” o art. 48 LCQ) por el cual un tercero puede tomar el control de una empresa en crisis y hacerse cargo de sus deudas. El juez analizó esto y concluyó que no aplica en este caso por dos razones principales:

•Forma jurídica: SanCor es una cooperativa, y la ley cooperativa no permite que un tercero externo se quede con las “cuotas sociales” como sí ocurre con una sociedad anónima.

•No hay empresa rescatable: La deuda supera ampliamente el valor de los activos, la actividad industrial es muy reducida, la cooperativa dejó de procesar leche propia en volúmenes significativos.

¿Qué significa la quiebra con “continuación de la explotación”?

La quiebra no implica el cierre inmediato. El juez ordenó que las plantas que están operando (principalmente mediante contratos de fazón, es decir, procesando leche de terceros) sigan funcionando transitoriamente, por dos razones:

1.Para proteger a los 914 trabajadores que aún están empleados.

2.Para vender la empresa (o sus plantas) en funcionamiento, lo que vale mucho más que vender maquinaria parada.

¿Qué pasa ahora?

•Los bienes de SanCor son incautados por los síndicos (los administradores del proceso de quiebra), y deben ser conservados en el mejor estado posible, para el momento próximo de su venta.

•Se convocará a interesados para comprar las plantas industriales (en conjunto o por separado), a través de una licitación.

•Los administradores del Consejo de SanCor (presidente Oscar Sapino y otros) deben colaborar con los síndicos.

•Los acreedores tienen plazo hasta el 29 de mayo de 2026 para hacerlo.

•Los trabajadores con sueldos adeudados tienen prioridad de cobro (son créditos “prontopagables”).

El estado de las deudas al momento de la quiebra (resumen)

Salarios adeudados (mayo 2025 – enero 2026): $12.788 millones

Deudas comerciales (materia prima, energía, etc.): $13.313 millones

Deuda impositiva y previsional postconcursal: $6.349 millones

Aportes a obras sociales y sindicatos: $3.380 millones

Deuda concursal en dólares: US$ 86 millones

La deuda crece a una tasa de aproximadamente: $3.000 millones por mes

Mensaje a la sociedad

“Nos toca transitar esta última etapa de un proceso que lleva varios años, pero que se agudizó en los últimos 10, y particularmente en el último proceso judicial, que lleva ya más de un año.

Tal como se analizó antes, el sustrato cooperativo de Sanco CUL hoy es prácticamente inexistente. Se puede afirmar que la última gestión se dedicó a operar activos industriales y comerciales con aspiraciones empresarias, quizás con expectativa de recuperar en algún momento a los socios cooperativos (los tambos), junto con el nivel de actividad necesaria para sostener y hacer crecer a Sancor CUL, pero ello no ocurrió.

Las causas del deterioro tan progresivo y prolongado aún no han sido analizadas desde la perspectiva judicial, a los meros efectos del proceso. Sin embargo, son conocidas las voces -muchas autorizadas- que pueden dar cuenta de la historia que desembocó en este final.

En lo que toca a este órgano judicial, en adelante, la prioridad será la que impone la Ley 24.522: satisfacer en la mayor medida posible el interés de los acreedores. A nadie se le oculta el valor de mercado que hoy sigue teniendo la marca, lo cual es fundamento cierto de reales expectativas sobre la posible venta de la misma (es un activo separado e independiente de las plantas industriales) a valores significativos.

Pero lo que quisiera resaltar -por si a alguien se le escapa- es que el sustento de la marca es ciertamente humano: son los trabajadores, comprometidos hasta postergar lo necesario para sus familias -sabiendo que no cobrarán el sueldo entero a fin de mes-, los que han permanecido trabajando con el compromiso e ingenio necesarios en medio de esta crisis, sosteniendo con éxito la calidad, característica principal de la marca. Sería del todo razonable y conveniente que los eventuales interesados en comprar activos de SANCOR CUL sepan que aquí radica verdaderamente el valor de los activos: basta con hacer el ejercicio mental de suponer la hipótesis en que la empresa se quedara sin activos físicos y tuviera que adquirir otros semejantes, lo cual seguramente sería solucionado en poco tiempo por el personal que hoy trabaja. Sin embargo, a la inversa, si las plantas se quedaran sin el personal, sería muy difícil estimar el tiempo que llevaría a nuevos empleados construir la organización que hoy existe, y, sobre todo, elaborar los mismos productos, y con la misma calidad.

Finalmente, quiero subrayar el compromiso de este órgano judicial en prestar un servicio de justicia que esté a la altura de semejante desafío, con la mayor eficacia y eficiencia que permitan superar esta etapa, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia (cfr. Préambulo de la Constitución de la Provincia de Santa Fe), para el mayor bien de las personas y de la economía regional“.

Detalles textuales de la resolución

Declarar la quiebra de SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (CUIT 30-50267350-2), cooperativa de grado primario con domicilio social en la ciudad de Sunchales, Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe, en los términos de los arts. 46, 63 y 77 inc. 1 de la Ley 24.522, declarando expresamente la inaplicabilidad del procedimiento previsto por el art. 48 LCQ por los fundamentos expuestos en los considerandos.

Declarar, conforme a los arts. 64 y 253 inc. 7 de la ley 24.522, que la Sindicatura integrada por los CPN Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat, continuará actuando en la quiebra aquí decretada. Hacerle saber que se deberá urgir el cumplimiento de lo aquí dispuesto -tareas asignadas en forma particular y responsabilidades de orden general-, y, en su caso, controlar se cumpla con la inmediatez que exige el proceso. Hacer saber que el Juzgado previsionará el control del cumplimiento de los deberes de la Sindicatura, a quien se conmina a cumplimentar sus cargas en forma ágil y tempestiva, bajo expreso apercibimiento de remoción.

Continuación de la explotación

1.DISPONER la continuación de la explotación respecto de aquellos establecimientos de la fallida, conforme las pautas aquí establecidas, en particular aquellos que mantengan actividad productiva en virtud de contratos en curso de ejecución; hasta tanto las mismas sean enajenadas conforme el procedimiento que oportunamente resulte aprobado, en los términos del art. 189 y ss. de la Ley 24.522.

2.Respecto de los restantes establecimientos, ORDÉNASE la adopción de medidas de mantenimiento, conservación y resguardo, a fin de preservar la integridad de los activos y evitar su deterioro o pérdida de valor económico.

3.La determinación concreta de los establecimientos alcanzados por cada uno de los regímenes precedentemente indicados será efectuada en base al informe que deberán presentar en forma conjunta el Síndico C.P.N. Ignacio Pacheco y la coadministradora, dentro del plazo perentorio de cinco (5) días contados desde la notificación de la presente, el cual deberá contener una evaluación técnica fundada sobre la situación operativa de cada unidad productiva, su grado de actividad, viabilidad y conveniencia de continuidad.

4.Una vez efectivizada la enajenación, cesarán automáticamente la actividad continuada y todos los vínculos y contratos —de fazón, colaboración industrial, suministro, servicios y otros— salvo asunción expresa por el adquirente. Los nuevos compromisos que durante la continuación se contraigan frente a terceros deberán consignar expresamente este límite temporal, bajo pena de inoponibilidad frente a la masa.

5.DISPONER que los sueldos, jornales y demás retribuciones que se devenguen durante la continuación son gastos del concurso con la preferencia del artículo 240 de la LCQ (art. 198, primer párrafo, LCQ).

Régimen laboral durante la continuación (arts. 196, 197 y 198, LCQ)

1.DISPONER que, en el marco de la continuación de la explotación de la empresa fallida, y a los fines de lo dispuesto por el art. 196 de la Ley 24.522, la suspensión de los contratos de trabajo allí prevista no resultará aplicable respecto del personal que sea afectado a la continuidad operativa de la empresa, en los términos de los arts. 189 y concordantes del citado cuerpo legal.

2.A tal efecto, INTÍMASE al Síndico C.P.N. Ignacio Pacheco para que, dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de notificado la presente, informe a este Tribunal —con carácter fundado y circunstanciado— la nómina del personal estrictamente necesario para la continuidad de la explotación y/o para realizar las tareas de mantenimiento y conservación para aquéllos establecimientos que a la fecha de la presente sentencia no se encuentren en estado de explotación; debiendo indicar funciones, categoría laboral y efectiva prestación de tareas, de conformidad con lo previsto por el art. 189, tercer párrafo, de la ley concursal.

3.Asimismo, ESTABLÉCESE que aquellos trabajadores que no resulten incluidos en dicha nómina —ya sea por encontrarse sin prestación efectiva de tareas, en situación de “jornada libre”, licencia o cualquier otra circunstancia que implique la ausencia de actividad laboral efectiva— quedarán alcanzados por la suspensión legal de sus contratos de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días corridos, conforme lo dispone el art. 196, primer párrafo, de la citada ley. Vencido dicho plazo la relación laboral quedará extinguida.

Otras medidas de la resolución

La inhibición general de bienes de la cooperativa deudora -no sujeta a caducidad automática- y la anotación de la indisponibilidad de los bienes registrables de aquella, las que se ordenan y que no deberán ser levantadas sin la autorización expresa del Juez de la quiebra.

La entrega a los Síndicos de los bienes de pertenencia de la fallida, que se ordena a la misma y a terceros. Intimar a la deudora en la persona de su presidente, para que: a) entregue a Sindicatura, dentro de las veinticuatro horas de notificado, la documentación relacionada con la contabilidad de la sociedad, incluyendo sus libros de comercio; b) cumpla con los requisitos del artículo 86 en el plazo de ley. Dicha documentación, deberá ser puesta a disposición del Síndico CPN Pacheco de inmediato.

Ordenar la prohibición de hacer pagos a la fallida, bajo el apercibimiento de ser ineficaces.

Relevar los canales de comunicación de la concursada e interceptar la correspondencia y comunicaciones, correos electrónicos, chat de whats app de líneas móviles de titularidad de la concursada, redes sociales y todo tipo de comunicación utilizada por la fallida, que será entregada al Síndico a los efectos del artículo 114 de la Ley 24.522.

Incautación de equipos y dispositivos electrónicos de comunicación y/o procesamiento de información, de propiedad o bajo tutela o posesión de la concursada, o que posean líneas de telefonía o comunicación electrónica de titularidad de la concursada.

Disponer la prohibición para ausentarse del país, ahora en las condiciones del art. 103 Ley Concursos y Quiebras a los integrantes del órgano de administración de la cooperativa concursada, a saber: Oscar Juan Sapino (Presidente - DNI n° 13.548.820), Oscar Roberto Mandrille (Vicepresidente - DNI n° 16.925.266), José Pablo Gastaldi (Secretario - DNI n° 24.706.601), Héctor René Coraglio (Tesorero - DNI n° 12.452.114), Sergio Domingo Sala (Vocal titular - DNI n° 17.418.549), Andrés Germán Lauxmann (Vocal titular – DNI n° 25.566.931) y José Luis Juan (Síndico titular - DNI n° 13.936.943); haciendo saber a dichos organismos que la medida ordenada no se encuentra sujeta a término alguno de caducidad automática y que sólo podrá ser cancelada por orden judicial. A sus efectos, se librarán de inmediato los oficios pertinentes a las autoridades de control de fronteras que corresponda.

Disponer el recálculo de los créditos verificados y/o admitidos durante el proceso preventivo; haciendo saber que los mismos no tendrán necesidad de insinuarse nuevamente. Para aquéllos acreedores de fecha posterior a la presentación concursal, ábrase un período de verificación tempestiva en los términos del art. 200 de la ley 24.522 que se extenderá hasta el día 29 de mayo de 2026; salvo lo dispuesto para los acreedores laborales pronto pagables. A dicho efecto, deberán fijar horarios y domicilios de atención, como así también un domicilio electrónico para la recepción de insinuaciones no presenciales, produciéndose el reglamento correspondiente, que será publicado en el micrositio oficial del Poder Judicial.

DECRETAR la inhabilitación de los administradores de SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA.

ORDENAR a los prestadores de servicios públicos esenciales que se abstengan de interrumpir o modificar la prestación del servicio. Se restablecerá plenamente el servicio en caso de haberse modificado o interrumpido.

ORDENAR —con fundamento en lo dispuesto por los arts. 177, 179, 180, 181 y concordantes de la Ley 24.522— a la Sindicatura la INMEDIATA INCAUTACIÓN y toma de posesión de todos los bienes que integran el activo de la fallida, cualquiera fuere su naturaleza, estado o ubicación, debiendo adoptar a tal efecto todas las medidas conducentes para su individualización, aseguramiento, custodia y conservación, incluyendo un relevamiento fotográfico (fotos y videos, con registro geolocalizado de fechas y horas) integral. Con habilitación de días y horas.

En dicho marco, deberá la Sindicatura adoptar de manera inmediata todas aquellas medidas necesarias tendientes a evitar la pérdida, deterioro o desvalorización de bienes perecederos o de rápida obsolescencia/caducidad que pudieren encontrarse almacenados en depósitos, cámaras o instalaciones de las distintas plantas industriales, tales como productos elaborados, materias primas o insumos sujetos a vencimiento o degradación.

A tales fines -y en el marco de las actividades de continuación a cargo del Síndico CPN Pacheco-, la sindicatura queda facultada para proceder a su conservación, rotación, comercialización urgente o cualquier otro mecanismo idóneo que permita preservar su valor económico, debiendo en todos los casos actuar con criterio de razonabilidad y urgencia, y dar cuenta circunstanciada a este Tribunal de las medidas adoptadas, en resguardo del interés del concurso y de la integridad del activo falencial.

Respecto de los terceros, INTÍMASE a todos aquéllos que detenten bienes, documentación o efectos pertenecientes a la fallida, a proceder a su entrega dentro del primer día hábil siguiente a la notificación o publicación de la presente (lo que ocurra primero), bajo apercibimiento de ley. La Sindicatura deberá rendir cuenta circunstanciada de lo actuado en las horas hábiles del día inmediato siguiente a la realización de las diligencias, sin plazo de gracia.

A los fines precedentemente enunciados, la Sindicatura, conforme la asignación particular de tareas que más abajo se indica, deberá proceder a la confección del inventario de los bienes de la fallida en los términos previstos por el art. 177, inc. 2), de la Ley 24.522, el cual debe revestir carácter completo, detallado y circunstanciado (identificando descripción, afectación productiva o administrativa y ubicación de los bienes), abarcando la totalidad de los activos que integran el patrimonio desapoderado; por ser una herramienta esencial para la transparencia del proceso falencial, la preservación del activo y la tutela del interés colectivo de los acreedores.

En aquellos establecimientos que no continúen en actividad, disponer su cierre operativo, designando personal mínimo de custodia, responsables directos, depositarios judiciales y adoptando todas las medidas necesarias para impedir el ingreso de terceros no autorizados, incluyendo sistemas de seguridad, fajas de seguridad para control, y, en general, control de accesos y cualquier otra medida conservatoria.

En los establecimientos en los que se disponga la continuidad de la explotación, individualizar los sectores operativos y no operativos, determinando las líneas de producción que permanecerán en funcionamiento, aquellas que quedarán inactivas y las medidas de seguridad y control que deberán implementarse, designando asimismo los responsables directos y depositarios correspondientes.

Adoptar en todos los casos las medidas necesarias para preservar la integridad física y económica de los bienes, evitando su sustracción, deterioro o pérdida de valor, con especial atención a bienes perecederos, insumos críticos y activos de alta sensibilidad operativa.

Perseguir y denunciar penalmente -en su caso- la ausencia o modificación sustancial del estado de bienes incluidos en los inventarios producidos previamente a la declaración de quiebra.

Facúltase a la sindicatura a requerir, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública, la asistencia de cerrajeros, la designación de depositarios y demás colaboradores que resulten indispensables para el efectivo cumplimiento de la presente medida.

.DISPONER la enajenación de las plantas industriales de la quebrada, organizadas para ser ofertados en forma conjunta o individual.

Con información de agencias y del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

La histórica cooperativa láctea SanCor, fundada hace más de ocho décadas y símbolo de la producción tambera del centro del país, pidió su propia quiebra ante la Justicia de Rafaela después de que los informes elaborados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por los tribunales confirmaran que la empresa atravesaba una profunda crisis que incluye la cesación de pagos y una insolvencia patrimonial general.

Por su parte, otra industria del ramo, Lácteos Verónica, que lleva tiempo con un deterioro sin freno, consiguió de momento evitar la quiebra, aunque mantiene congelada su producción en las tres plantas que posee y adeuda meses de sueldo, según la denuncia que hicieron los trabajadores a fines de 2025.

SanCor, en quiebra

La decisión de los directivos de SanCor, presentada ante el juez Marcelo Gelcich, marca el punto más crítico de un deterioro que lleva al menos una década y que la empresa ya considera irreversible.

La firma arrastra una deuda cercana a los US$120 millones, entre obligaciones en dólares y más de $40.000 millones en pasivos verificados. El concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 no logró revertir la situación: la cooperativa no pudo recomponer su operación, perdió acceso al crédito y acumuló nuevas deudas, incluidas obligaciones salariales, fiscales y comerciales.

Según surge de los elementos incorporados en la causa, el pedido de quiebra no modifica el cuadro de situación previamente acreditado, sino que representa el reconocimiento formal de una crisis que ya había sido verificada por los organismos intervinientes, de acuerdo a lo que publica este jueves Mundo Gremial.

Desde el sector sindical señalaron que la decisión “pone fin a una postura que negaba la realidad”, en referencia a la conducción de la empresa, y remarcaron que incluso algunos directivos ya habían admitido en privado el estado crítico que ahora se oficializa.

Un derrumbe productivo que no encontró piso

El colapso de SanCor no es repentino: desde 2017 la cooperativa comenzó a achicar su estructura, desprendiéndose de plantas, marcas y personal. Su capacidad de procesamiento cayó de 4 millones de litros diarios a menos de 500.000, una reducción que la dejó fuera de la competencia frente a jugadores más capitalizados del sector.

En paralelo, la empresa atravesó conflictos laborales prolongados. El gremio lácteo Atilra denunció que la cooperativa adeuda ocho meses de salarios, aguinaldos y aportes retenidos que no fueron girados. En los últimos meses, la actividad se sostuvo parcialmente gracias a fondos del propio sindicato para garantizar prestaciones básicas.

Una crisis con historia política y económica

La trayectoria reciente de SanCor también estuvo atravesada por decisiones políticas y operaciones frustradas. En 2006, un acuerdo con Adecoagro fue frenado por el gobierno de Néstor Kirchner, que impulsó en su lugar un financiamiento venezolano por US$80 millones. Años después, la cooperativa terminó vendiendo activos a esa misma compañía, hoy vinculada al ecosistema cripto de Tether.

La coadministradora no pudo revertir la crisis

La intervención judicial tampoco es nueva: en diciembre pasado, el juez Gelcich había designado a una coadministradora para supervisar la gestión, tras objeciones de la Sindicatura sobre el manejo interno. Ese movimiento ya anticipaba un desenlace complejo.

La resolución se apoyó en tres ejes críticos señalados por la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control (CPC):

Para el juez, esta combinación de incumplimientos configura un riesgo para la continuidad del proceso concursal y para los acreedores, y justifica la adopción de una medida “intermedia” que permita un control real y efectivo sin desplazar por completo a la conducción de la cooperativa.

Procesamientos por por apropiación indebida de recursos de la seguridad social

En febrero pasado, la fiscalía federal de Rafaela solicitó el procesamiento de dos expresidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social por más de $1.644 millones.

El requerimiento alcanzó a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estuvieron al frente del Consejo de Administración de la firma entre febrero de 2020 y enero de 2024, periodo en el que, según la acusación, se retuvieron aportes de los trabajadores sin ser depositados en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, tal como establece la ley.

De acuerdo con el dictamen, Gastaldi habría incurrido en 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputan otros 16 correspondientes a los años 2022, 2023 y enero de 2024, todos ellos en concurso real y en carácter de autor.

El expediente se inició tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que la empresa no había transferido los aportes retenidos. En ambos casos, la justicia federal asumió la competencia tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial y la acumulación de las causas.

La investigación, sustentada en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la base de datos de la AFIP, concluyó que durante 33 períodos fiscales SanCor actuó como agente de percepción y retención sin cumplir con la obligación de depositar los fondos retenidos.

A pesar de que ambos imputados se abstuvieron de declarar al ser indagados, no negaron los hechos que se les atribuyen. Por eso, la fiscalía solicitó que el juez disponga su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

En cuanto a medidas de coerción, la fiscalía consideró suficiente la obligación de informar cambios de domicilio, dado que los acusados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, actividad laboral declarada y se presentaron a las citaciones judiciales.

Qué puede pasar ahora

Aunque el pedido de quiebra aún debe formalizarse en el expediente, en el sector dan por hecho que la Justicia avanzará en esa dirección. Para los trabajadores, la incertidumbre es total: SanCor emplea a unas 850 personas y su continuidad dependerá de si el proceso permite una quiebra con continuidad, una figura que habilita mantener la actividad bajo otra estructura. Desde Atilra sostienen que la quiebra “no es un final”, sino la confirmación de un estado de insolvencia que ya estaba probado.

En paralelo, se espera la convocatoria a una asamblea de productores para ratificar la decisión y definir los pasos a seguir. La marca, todavía reconocida en el mercado, podría convertirse en un activo clave para eventuales inversores o esquemas cooperativos alternativos.

Un símbolo en caída

SanCor fue durante décadas un emblema de la lechería argentina y un actor central en la economía de Santa Fe y Córdoba. Su derrumbe sintetiza problemas estructurales del sector: volatilidad de precios, falta de financiamiento, costos crecientes y tensiones gremiales. Pero también expone errores de gestión, decisiones políticas fallidas y la incapacidad de adaptarse a un mercado cada vez más concentrado.

La quiebra no cierra la historia, pero sí marca un punto de inflexión. Lo que ocurra en las próximas semanas definirá si SanCor puede reconfigurarse o si su nombre quedará como un recuerdo de lo que alguna vez fue uno de los gigantes lácteos del país.

Lácteos Verónica sorteó la quiebra, pero sigue en crisis

Lácteos Verónica logró evitar la quiebra en la Justicia mediante el pago de una deuda superior a los $23 millones, pero la empresa continúa sin reactivar la producción en ninguna de sus tres plantas y la crisis afecta a sus más de 700 empleados que llevan meses sin cobrar, según denuncian desde fines de 2025.

Más de 700 empleados de las plantas de Lehmann, Clason y Suardi padecen atrasos salariales que se arrastran desde fines de 2025. Según relatan, en muchos casos no perciben ingresos desde febrero, lo que los obligó a recurrir a trabajos informales, endeudarse o depender de la asistencia de familiares para cubrir gastos básicos, de acuerdo a la información recabada por Infogremiales.

La crisis en la empresa de lácteos Verónica se profundizó en marzo pasado con suspensiones, jornada reducida y salarios impagos frente a lo que el gremio del sector presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo nacional.

La compañía láctea les comunicó a sus empleados, mediante una nota, la necesidad de reconfigurar la jornada laboral a raíz de la baja productividad y la falta de insumos esenciales para garantizar el proceso industrial.

Al respecto, el escrito expuso que “atento a la evidente crisis que se encuentra atravesando la Sociedad, la que comprende entre otros serios conflictos la ruptura de la cadena de abastecimiento, nos vemos en la obligación de reestructurar los horarios de empleabilidad”.

Al fundamentar esta decisión, la empresa expuso que se toma en base a “los escasos niveles de productividad actuales y siempre en miras de la conservación de los puestos de trabajo en tanto procuraremos continuar gestionando la recuperación del aprovisionamiento de materia prima”.

En este marco, puntualizó que “por lo expuesto y dando estricto cumplimiento a la previsión convencional, con causa en la pública y notoria crisis que estamos padeciendo, reducimos y reestructuramos los horarios de prestación de tareas y salarios conforme a un esquema reducido de 4 horas diarias”.

La medida está prevista que se extienda hasta el mes de abril inclusive, “con la esperanza de recuperar prontamente niveles razonables de productividad y empleabilidad”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Ante este panorama, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) presentó una denuncia por presunto lockout en la Dirección Nacional de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo.

En la presentación, el sindicato precisó que lácteos Verónica adeuda los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, sumado a la segunda cuota del aguinaldo pautada para diciembre pasado, y que incurre en retención indebida de aportes.

En este marco, trabajadores de la firma realizaron una presentación judicial en la Justicia Federal de San Isidro por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y posible lavado de activos.

La empresa registra hace un año problemas financieros, cheques rechazados, atrasos en pagos a proveedores y demoras en salarios, aguinaldos y aportes de los trabajadores, lo que derivó en la delicada situación actual.

Con información de agencias, Mundo Gremial e Infogremiales.

La cooperativa láctea SanCor quedó bajo una intervención parcial ordenada por la Justicia de Santa Fe, en el marco del concurso preventivo que atraviesa desde febrero. La medida, dispuesta por el juez civil y comercial Marcelo Germán Gelcich, apunta a reforzar el control sobre la administración ante una serie de incumplimientos laborales, previsionales y contables detectados en los últimos meses.

El magistrado resolvió la designación de un coadministrador judicial con amplias facultades de auditoría, control y representación. No se trata de una intervención total, por lo que las autoridades actuales continuarán en sus cargos, pero ya no podrán tomar decisiones patrimoniales o contables sin la firma conjunta del funcionario designado, condición sin la cual cualquier acto será considerado nulo.

La resolución se apoya en tres ejes críticos señalados por la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control (CPC):

Para el juez, esta combinación de incumplimientos configura un riesgo para la continuidad del proceso concursal y para los acreedores, y justifica la adopción de una medida “intermedia” que permita un control real y efectivo sin desplazar por completo a la conducción de la cooperativa.

Qué podrá hacer el coadministrador

El coadministrador será un profesional con certificación en sindicatura concursal, elegido a partir de una terna que deberá presentar la Sindicatura. Tendrá un mandato inicial de 60 días, prorrogable, y podrá designar hasta seis auxiliares técnicos, entre ellos contadores, abogados e ingenieros vinculados a la actividad láctea.

Entre sus facultades se incluyen:

Un nuevo capítulo en una crisis prolongada

La intervención llega en un contexto de creciente conflictividad interna. En paralelo, grupos de trabajadores comenzaron a presentar pedidos individuales de quiebra con continuidad laboral, denunciando meses de salarios impagos, falta de aportes a la obra social y un “vaciamiento” que pone en riesgo la continuidad de la actividad y el sustento de sus familias.

La cooperativa, fundada en 1938 y símbolo de la industria láctea argentina, atraviesa desde hace años un proceso de achicamiento, venta de activos y pérdida de mercado. La decisión judicial abre ahora una etapa de supervisión reforzada, en la que la Justicia buscará determinar si la empresa puede sostener su operatoria bajo control conjunto o si será necesario avanzar hacia medidas más drásticas dentro del concurso.

El pedido de procesamiento a expresidentes de SanCor por apropiación indebida de aportes

La fiscalía federal de Rafaela había solicitado a comienzos de febrero el procesamiento de dos expresidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social por más de $1.644 millones.

El requerimiento alcanza a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estuvieron al frente del Consejo de Administración de la firma entre febrero de 2020 y enero de 2024, periodo en el que, según la acusación, se retuvieron aportes de los trabajadores sin ser depositados en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, tal como establece la ley.

Gastaldi habría incurrido en 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputaron otros 16 correspondientes a los años 2022, 2023 y enero de 2024, todos ellos en concurso real y en carácter de autor.

El expediente se inició tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que la empresa no había transferido los aportes retenidos. En ambos casos, la justicia federal asumió la competencia tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial y la acumulación de las causas.

La investigación, sustentada en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la base de datos de la AFIP, concluyó que durante 33 períodos fiscales SanCor actuó como agente de percepción y retención sin cumplir con la obligación de depositar los fondos retenidos.

A pesar de que ambos imputados se abstuvieron de declarar al ser indagados, no negaron los hechos que se les atribuyeron. Por eso, la fiscalía solicitó que el juez disponga su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

En cuanto a medidas de coerción, la fiscalía consideró suficiente la obligación de informar cambios de domicilio, dado que los acusados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, actividad laboral declarada y se presentaron a las citaciones judiciales.

Deudas, despidos y el ingreso a un concurso preventivo de acreedores

A comienzos de este año, SanCor solicitó la formación y apertura del concurso preventivo de acreedores en medio de la crisis que atraviesa por las deudas acumuladas y la merma en la producción que incluyó despidos a comienzos del año. El 14 de febrero, el juez Guillermo Adrián Vales, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, Santa Fe, se declaró competente para llevar adelante el Concurso Preventivo de Acreedores de SanCor.

En esa oportunidad, SanCor dio a conocer mediante un comunicado el dificultoso devenir que afrontó en los últimos años indicando que “tras atravesar una profunda crisis en 2017, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas”.

Al respecto, precisaron que “este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas”, asegurando que “estas medidas permitieron una paulatina estabilización de la situación que transitaba la cooperativa”. Durante este transcurso, la empresa pasó de tener 12 plantas a seis.

En relación a la reducción del personal de las diferentes plantas, que también forma parte de la mencionada reestructuración, a finales de enero pasado se produjo la desvinculación de 300 empleados. Esta realidad se venía acentuando ya que en 2017 la compañía contaba con 4.000 trabajadores, mientras que actualmente apenas supera los 1.000. 

Continuando con la recopilación de lo sucedido en los calendarios pasados, la cooperativa sostuvo que “con el paso del tiempo, SanCor evaluó diferentes alternativas y mantuvo negociaciones con un grupo empresarial interesado en desarrollar un fideicomiso que impulsara su recuperación. Sin embargo, luego de dos años, esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la Cooperativa”.

Al mismo tiempo, recordó que “a fines de 2023, y hasta agosto de 2024, SanCor, por razones que son de público conocimiento, vio reducida sustancialmente su operatoria, afectando su recuperación”, haciendo alusión al conflicto con la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea Argentina (Atilra).

Aún ante este escenario, se explicó que “SanCor continuó dialogando con nuevos interlocutores interesados en participar del negocio, logrando progresos significativos en dichas gestiones”. 

Sin embargo, desde la firma informaron meses atrás, antes de la decisón judicial de intervenir parcialmente la empresa, que “antes de avanzar con cualquier iniciativa concreta, la cooperativa debe resolver los problemas derivados de sus deudas y otras circunstancias que podrían frustrar futuras negociaciones”, por lo que “en este contexto, y con el objetivo de ofrecer una solución a todos los interesados, SanCor decidió dar este paso judicial”.

Ante esta determinación, expresaron que “aunque los resultados de esta medida no pueden preverse con certeza, la cooperativa confía en que las partes involucradas llegarán a un entendimiento”, remarcando que “esto permitirá concretar, con el apoyo de herramientas técnicas y financieras adecuadas, una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”. 

Con información de agencias.

IG

El cierre de La Suipachense se convirtió en una de las postales más crudas de la crisis láctea. La planta, que empleaba a 142 trabajadores, dejó de funcionar en medio de deudas acumuladas, deterioro operativo y lo que el intendente definió como “abandono empresario” y hostilidad en cada instancia de negociación. La caída golpeó de lleno a Suipacha, una localidad de 12.000 habitantes que perdió uno de sus motores económicos y vio paralizarse buena parte de su actividad comercial.

El caso no es aislado. La industria atraviesa un derrumbe que abarca a firmas grandes, medianas y pequeñas. La Justicia decretó la quiebra de ARSA, responsable de los yogures y postres SanCor, con su planta de Sunchales paralizada y más de 400 empleados despedidos y sin cobrar. La empresa, creada en 2019 para sostener la línea de refrigerados, terminó bajo control de inversores vinculados a Vicentin y BAF Capital, que prometieron capitalizarla pero dejaron un rastro de sueldos impagos y desinversión total.

A esto se suman situaciones críticas como la de Lácteos Verónica, con más de 3.500 cheques rechazados por $12.600 millones y una producción mínima; y la de SanCor, que opera casi exclusivamente para terceros, con 300 pedidos de quiebra y deudas superiores a $20.000 millones. También figuran plantas medianas como La Lácteo o Sudamericana de Lácteos, esta última con más de $350 millones adeudados a tamberos.

Según los especialistas, la crisis se debe a la caída del consumo, la leche cruda más cara, las exportaciones poco competitivas y el incremento permanente de los costos de energía, logística e insumos.

“Se te viene el mundo abajo”: la caída de la planta en primera persona

Para Walter Oliva, trabajador de La Suipachense durante 25 años, el cierre fue algo más que la pérdida de un empleo. Ingresó a los 18 años en el área de mantenimiento y construyó allí toda su vida adulta. “Tengo más de media vida en la fábrica”, dice, y recuerda que “en 25 años me he dormido 10 minutos en tres oportunidades”.

En los últimos meses, asegura, la planta “funcionaba gracias a los trabajadores”, que aportaban herramientas, ropa y hasta computadoras personales para sostener la producción.

El día que apagaron la caldera —una máquina que opera las 24 horas— marcó el final definitivo. Para él y sus compañeros fue un golpe emocional. “Era apagarla para siempre”, dice. La situación tuvo consecuencias físicas: un operario de 26 años sufrió un infarto, que Oliva atribuye directamente al estrés. “De la mala sangre”, especifica.

Padre de tres hijos, Walter Oliva describe la angustia que atraviesan en su hogar. “La familia entera se te viene abajo. Pasamos por incertidumbre fatal, sin ingresos y sin respuestas claras sobre su futuro laboral. Nuestra realidad es muy fea. No lo merecemos”, lamenta.

El pueblo que sobrevive con rifas solidarias

El cierre de la planta no solo dejó sin empleo a los trabajadores directos. También destruyó el circuito económico local. Según Walter, el pueblo perdió de un día para el otro $300 millones en salarios que ya no ingresan a la economía local, es decir $10 millones diarios.

“La pobreza se ve en todo el pueblo, porque la fábrica era el corazón económico de Suipacha y esto nos devastó a todos”, dice.

Según narró el extrabajador lácteo, las familias intentan sostenerse con colectas que permiten comprar tortafritas, carne o arroz. “El pueblo sobrevive con rifas. Nos ayudamos entre todo los vecinos con colectas y de esa forma podemos comer todos los días lo básico”, advierte.

Muchos recurren a changas —cortar el pasto, lavar autos—, aunque la indefinición laboral les impide buscar un empleo formal. “No sabemos qué va a pasar con nosotros”, repite Oliva.

El acampe frente a la planta se convirtió en un espacio de contención. Allí funcionan ollas populares todos los días y, en algunos casos, hasta se festejaron cumpleaños de 15. “Estamos todos juntos, pero es tristísimo, hasta cumpleaños de 15 se festejaron en el acampe”, resume.

Crisis sistémica

La debacle láctea se desarrolla en un contexto nacional de destrucción del empleo. Desde diciembre, el sector privado perdió 29.000 puestos registrados y se estima una merma neta de 15.000 empleos formales. Grandes compañías como Vicentin, YPF, Acindar, Nissan, Scania, Refinor, Dass, SanCor, General Motors y Bridgestone aplicaron despidos o suspensiones, a las que se suman Halliburton, Ledesma, Kimberly Clark, Molinos, Nestlé, Ternium, Pirelli, Tenaris, Bagó, Raízen y Fecovita.

La lechería, sin embargo, es uno de los sectores más golpeados. Hay plantas paralizadas, marcas históricas al borde del cierre y una importante cantidad de trabajadores sin cobrar. La recuperación, advierten especialistas, dependerá de reglas estables, capital real e intervención urgente para reordenar la cadena.

LN/MG

Moctezuma, a 45 kilómetros de Carlos Casares, es un pueblo bonaerense de 470 habitantes surgido en torno a la estación de un tren que ya no pasa. Recibe a sus visitantes con una gigantografía del piloto de Turismo Carretera Roberto Mouras, la gloria local. También, según cómo sople el viento, los recibe con el olor de los efluentes que emana su gloria más reciente: la fábrica Lácteos Vidal, que provee de muzzarella a las pizzerías más renombradas de Buenos Aires, como Güerrin e Imperio.

La instalación en los años 60 de esta usina láctea, que procesa diariamente 100.000 litros de leche, le dio un impulso vital al pueblo y es el motor que articula gran parte de la actividad local. Leñeros, fleteros, tamberos. Pero desde hace más de dos meses, Lácteos Vidal es también el eje de un conflicto que fue creciendo, en las últimas horas sumó a la firma SanCor y amenaza con paralizar a toda la industria lechera del país. 

El conflicto en Lácteos Vidal

El 18 de julio pasado un grupo de trabajadores de Lácteos Vidal representados por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) inició una huelga y un bloqueo frente a la planta aduciendo que sus tareas estaban mal categorizadas y, por lo tanto, recibían una retribución menor a la que les correspondía, algo que la empresa niega y asegura que fue certificado por el Ministerio de Trabajo. 

El conflicto derivó en el despido de 29 empleados que, según explicó a elDiarioAR Alejandra Bada Vázquez, integrante de la familia dueña de la firma, se decidió “después de varios intentos de que vuelvan a tomar tareas”. “Estaban todos los sueldos y cargas sociales al día; no le debíamos ni un peso ni a los empleados ni al sindicato. Ellos no obstante deciden bloquearon extorsivamente, además de maltratar a compañeros de trabajo que sí entraron a trabajar. Nosotros los despedimos porque se rompió la relación laboral, se perdió toda confianza”, argumentó.

Esta semana una medida cautelar del magistrado José Ignacio Ramonet, a cargo del Juzgado Nacional de Trabajo N° 69 le impidió a Lácteos Vidal concretar esos despidos, así como contratar a otros 10 que habían sido tomados en reemplazo. Bada Vázquez confirmó que la cautelar ya fue apelada por la empresa y además señaló que fueron notificados del fallo “después de efectividad los despidos”. Según consideró, la decisión del Juzgado de Trabajo se tomó considerando solo “la campana del gremio”. “Dice que no podemos despedir ni contratar a nadie. Es decir, que no podemos funcionar y estaríamos condenados a fundirnos”, sostuvo. 

Según precisó la empresaria, la empresa tenía 46 empleados en su planta de Moctezuma, de los que fueron despedidos 26. Quedaron 17 y se sumaron luego 10 personas nuevas. Según aclara, los otros tres despedidos (con que se llega al número 29) “no son trabajadores sino delegados gremiales sin tareas en la planta”. Los despidos se concretaron el 16 de septiembre, dos meses después del inicio del conflicto.  

Este medio se comunicó reiteradamente con Héctor Ponce, secretario general de Atilra, y Heber Ríos, secretario general de Atilra General Rodríguez, para contrarrestar la versión, pero no obtuvo respuesta. De todos modos, en una carta publicada el mes pasado los trabajadores involucrados en el conflicto aseguraron que se manifiestan siempre de forma “pacífica y legítima” y le atribuyeron a la empresa una conducta violenta y falta de vocación para “sentarse a negociar”.

“Los violentos antecedentes por parte de la empresa Lácteos Vidal están fehacientemente constatados. Hubo uso y exhibición de armas de fuego para amedrentar compañeros por parte de uno de los dueños; la embestida con un camión de reparto conducido por otra de las dueñas, dañó el portón de entrada y provocó la caída violenta de compañeros presentes; el despido de un delegado en violación a la ley, hoy reinstalado por decisión de la justicia, la forma sistemática de cambiar bajo algún pretexto acuerdo del convenio, cuando la ley no deja librada tales cuestiones a la voluntad de las partes, son muchas de las arbitrariedades a que nos somete la patronal”, acusaron. 

Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, negó esas acusaciones. “Nosotros no amenazamos a nadie ni es cierto que no estemos abiertos al diálogo. Por eso no tenemos causas penales. En cambio, por el bloqueo extorsivo hay dos causas penales: una en Moctezuma y otra en Capital”, argumentó. 

Conflicto con SanCor 

En las últimas horas Atilra emitió un comunicado en el que denuncian la falta de financiamiento para un fideicomiso creado para el rescate de la láctea SanCor, motivo por el que se tomarán medidas de fuerza que podrían escalar hasta “la paralización total de la actividad en toda la industria lechera”. 

En el comunicado señalaron que el “proyecto y compromiso del Gobierno Nacional para reorganizar y recuperar la capacidad productiva de SanCor –que incluyó el armado de un Fideicomiso aprobado por la Asamblea de socios más la promesa de aporte Estatal– se encuentra estancado por falta de respuesta de las autoridades gubernamentales”.

Se refiere a una iniciativa que acercaron en octubre de 2021 un grupo de empresarios –José Urtubey, Marcelo Figueiras, Gustavo Scaglione, el abogado Leandro Salvatierra, Jorge Estévez– para inyectar dinero en la cooperativa láctea y multiplicar su producción actual, muy inferior a la que permite la capacidad instalada. La propuesta fue aprobada en asamblea y se definió poner en marcha un fideicomiso por US$60 millones. En el entorno de los empresarios señalan que sigue en pie, pero confirman que resta el aval de las autoridades del Estado Nacional, porque interviene el BICE y el Ministerio de Desarrollo Productivo.  

Según Atilra, esta situación debe ser “soportada” por las y los trabajadores del sector en un contexto de “crisis terminal”, lo que consideran que obliga al sindicato a retomar medidas de acción sindical. “Permaneciendo en estado de alerta y movilización, en los próximos días estaremos comunicando la batería de medidas que iremos realizando en conjunto, hasta la paralización total de la actividad en toda la industria lechera”, anticiparon.