La paralización de tres plantas de Lácteos Verónica dejó a 600 trabajadores sin tareas y con salarios adeudados desde diciembre, en un conflicto que se profundizó durante enero y que, al 12 de febrero, continuó sin resolución. La planta de Clason, ubicada sobre la ruta 34 a unos 70 kilómetros de Rosario, interrumpió sus actividades el 10 de enero tras el corte del servicio de transporte que trasladaba a los operarios desde Totoras, San Genaro y localidades cercanas. Las plantas de Lehmann y Suardi también dejaron de producir por falta de materia prima e insumos.

Según explicó en AM 530 el delegado Marcelo Muzzio, la empresa dejó de pagar el transporte del personal, lo que obligó a los trabajadores a organizar traslados con vehículos propios y del gremio durante dos semanas. Luego, la imposibilidad de sostener ese esquema derivó en la interrupción total de tareas. En la planta de Clason trabajan 160 personas, aunque desde enero solo ingresaron entre 20 y 30 por día para tareas mínimas de resguardo.

El conflicto incluyó una propuesta empresarial de retiros voluntarios al 50% de la indemnización. De acuerdo con el delegado, parte del personal aceptó esa oferta ante la incertidumbre sobre la continuidad productiva. Sin embargo, la empresa no cumplió con los pagos comprometidos: abonó dos o tres cuotas y luego interrumpió el cronograma. Muzzio afirmó que cuando el cuerpo de delegados rechazó esa opción, el dueño reiteró la propuesta pese a los incumplimientos previos.

A la deuda por los retiros se sumó el atraso salarial general. Los trabajadores denunciaron que la empresa adeudó los sueldos de diciembre y enero, además del aguinaldo, y que la última transferencia fue de $20.000 un día y $17.000 al siguiente. Esos montos no cubrieron el salario mensual ni compensaron los meses impagos. El delegado sostuvo que la situación generó una incertidumbre total sobre la continuidad laboral y el cobro de indemnizaciones.

En paralelo, circularon versiones sobre posibles compradores interesados en las plantas. Muzzio mencionó que hubo recorridas de inversores y que se habló de empresas del sector como Saputo y Savencia, además de firmas radicadas en Córdoba. Hasta el momento, no hubo confirmación oficial sobre una operación de venta ni comunicación formal a los trabajadores. El delegado aseguró que el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó al dueño a una reunión, pero que no brindó precisiones sobre el futuro de la compañía.

La ubicación de las plantas es un dato central del conflicto. Clason, Lehmann y Suardi se encuentran en una de las principales cuencas lecheras del país, con provisión de materia prima en un radio cercano. “La leche está al pie del cañón”, afirmó Muzzio, al remarcar que la empresa no dependía de traslados extensos para abastecerse. La interrupción no respondió a una falta estructural de producción primaria en la zona, sino a decisiones empresariales y a la paralización de insumos y pagos.

El conflicto se inscribió en un contexto más amplio de deterioro salarial y debate legislativo. Según datos del Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, frente a una inflación de 27,9% en el mismo período, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos. Más del 80% de la masa salarial relevada tuvo aumentos por debajo de la inflación acumulada, lo que impactó de manera directa en el poder adquisitivo de los trabajadores formales . En ese marco, la falta de ingresos durante dos meses profundizó la vulnerabilidad de las familias afectadas.

Además, el Gobierno impulsó en sesiones extraordinarias un proyecto de reforma laboral que incluyó cambios en indemnizaciones, período de prueba y derecho de huelga, según la cobertura de trabajAR . Los delegados de Verónica advirtieron que el escenario legislativo reforzó la incertidumbre sobre el valor de las indemnizaciones y la estabilidad futura, en un contexto donde ya se ofrecieron retiros al 50% y se incumplieron pagos.

Los trabajadores realizaron asambleas, movilizaciones locales y evaluaron cortes parciales sobre la ruta 34, aunque reconocieron las limitaciones para sostener medidas prolongadas. También analizaron la alternativa de conformar una cooperativa, tomando como antecedente la experiencia de Cotar en la región, pero señalaron que la prioridad inmediata fue garantizar el cobro de salarios adeudados o la aparición de un comprador que mantuviera las fuentes laborales.

Al cierre de esta nota, la empresa no confirmó la reanudación de actividades ni presentó un cronograma de pago de salarios e indemnizaciones. Las plantas continuaron paralizadas y los trabajadores permanecieron sin certezas sobre su continuidad laboral.

JJD

El Gobierno resolvió cesantear a once trabajadores del Hospital Garrahan, diez de ellos delegados gremiales, por su participación en la toma de oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025, en el marco de un conflicto laboral por descuentos salariales aplicados tras medidas de fuerza.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Administración del hospital luego de la finalización de los sumarios administrativos iniciados tras aquel episodio. Según la evaluación oficial, los hechos revistieron “gravedad institucional” porque implicaron la ocupación de un área clave de la conducción médica y la interrupción del normal funcionamiento administrativo.

Entre las personas alcanzadas por la cesantía se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De acuerdo con la reconstrucción administrativa, ambos habrían tenido un rol activo en la organización y conducción de la protesta.

El conflicto se desató cuando las autoridades del hospital notificaron que no se pagarían los días no trabajados durante los paros. Ese mismo día, delegados sindicales ingresaron a las oficinas de la Dirección Médica y permanecieron allí durante varias horas. Según fuentes oficiales, la ocupación incluyó la interrupción de tareas, la permanencia forzada del personal presente, episodios de agresiones verbales y la negativa a acatar las órdenes de seguridad para desalojar el lugar.

Tras el episodio, el Garrahan abrió 44 sumarios administrativos para individualizar responsabilidades. La investigación se extendió durante varios meses e incluyó testimonios, registros internos y material audiovisual. Como resultado, el Consejo de Administración resolvió aplicar sanciones diferenciadas: la mayoría de los trabajadores involucrados recibió sanciones menores, mientras que en once casos se dispuso la cesantía por considerar acreditada una participación activa y organizadora de la toma.

La lista de trabajadores alcanzados incluye a diez delegados gremiales y a una trabajadora sin tutela sindical. Además de Lezana y Lipcovich, figuran Maximiliano Bares Fara, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.

En el caso de los delegados gremiales, la cesantía no será de ejecución inmediata. Diez de los once trabajadores cuentan con tutela sindical, una protección legal que impide su desvinculación sin autorización judicial previa. Por ese motivo, el hospital deberá aguardar que la Justicia se expida sobre el levantamiento de esa tutela para avanzar con las cesantías. La única trabajadora sin protección gremial podrá ser desvinculada una vez concluido el proceso administrativo.

Adorni celebró la medida en sus redes

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la medida a través de sus redes sociales. “El que las hace, las paga. El motivo del conflicto fue la pretensión de cobrar por días no trabajados. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, expresó.

Desde el hospital, en tanto, difundieron un comunicado en el que sostuvieron que la toma “no fue simplemente un ingreso a una oficina”, sino una acción que afectó el funcionamiento institucional y, según la evaluación administrativa, puso en riesgo la atención de los pacientes. “No vamos a permitir que unos pocos sigan afectando a nuestros pacientes ni que el Garrahan sea utilizado como teatro de operaciones electorales”, afirmaron.

Del lado gremial, las organizaciones involucradas anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnar las cesantías, especialmente en los casos de delegados con tutela sindical, y advirtieron que el conflicto sigue abierto. Señalaron que la ocupación fue una respuesta a los descuentos salariales y a la falta de respuestas a los reclamos presentados por los trabajadores.

El Hospital Garrahan es el principal centro pediátrico del país y recibe pacientes derivados de todas las provincias, por lo que el conflicto adquirió relevancia política y mediática. El desenlace judicial será clave para definir si las cesantías de los delegados gremiales pueden concretarse y cuál será el impacto final del conflicto en la institución.

CRM

Choferes de la Línea 60 de colectivos mantienen congelada su paritaria desde hace meses. Según denunció el delegado Esteban Simonetta, el conflicto se sostiene por un doble bloqueo: las cámaras empresarias alegan falta de subsidios y el Gobierno “no quiere inyectar los fondos” necesarios para garantizar una recomposición salarial. En paralelo, la representación sindical permanece ausente del debate y no convoca a los trabajadores a discutir el rumbo de la negociación.

Actualmente, el salario básico bruto conformado es de $1.370.000, con un viático no remunerativo de $300.000. Luego de los descuentos, el ingreso en mano es de aproximadamente $1.350.000, sin incluir horas extra ni adicionales. Según Simonetta, ese monto está congelado desde hace más de dos meses y no cubre las necesidades básicas. “Estamos por debajo de la canasta. El salario está totalmente devaluado y no permite alcanzar las necesidades básicas”, afirmó en diálogo con AM 530.

El delegado agregó que la pérdida de poder adquisitivo no es un fenómeno reciente. “Venimos con un atraso salarial acumulado de los últimos diez años. Este parate no solo no compensa la inflación, sino que nos deja más lejos de una recuperación real del salario”, advirtió.

La última actualización paritaria cerró en $1.000.000 en diciembre de 2023. Con el salario básico bruto actual de $1.370.000, el aumento nominal fue del 37%. En el mismo período, la inflación acumulada fue del 259,34%. Al ajustar el salario de 2023 por inflación, debería haber alcanzado $3.593.400. La diferencia implica que los choferes de la Línea 60 perdieron el 61,87% de su poder adquisitivo real en dos años.

La devaluación del ingreso tiene consecuencias directas sobre la composición de la planta de trabajadores. Según Simonetta, cada vez más choferes jóvenes abandonan la actividad. “Ven que no es rentable, se van a buscar otra cosa. Algunos eligen manejar para plataformas como Uber. Dicen que prefieren eso antes que un trabajo con tanta presión y responsabilidad”, describió.

A los factores salariales se suma una falta de representación sindical activa, que según el delegado profundiza el malestar en las bases. “No contamos con mucha información por parte del sindicato. Negocia solo, no convoca, no da participación”, sostuvo. Según explicó, la dirigencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no solo se mantuvo al margen de la discusión paritaria con los trabajadores, sino que tampoco brindó información sobre el proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso en diciembre de 2025 y que se tratará en las sesiones extraordinarias convocadas para febrero de 2026. La iniciativa oficial incluye cambios en la jornada de trabajo, las formas de contratación, las indemnizaciones y los derechos colectivos, pero el sindicato, señaló Simonetta, no promovió instancias de debate ni explicó los posibles efectos sobre las condiciones laborales del sector.

“Es un silencio sepulcral. Ni siquiera informan sobre los riesgos que tiene esa reforma. Exigimos que convoquen al plenario para discutir esto y no hay respuesta. La dirigencia está muy lejos de estar a la altura de las circunstancias”, denunció Simonetta.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno propone, entre otras cosas, modificaciones en los criterios de indemnización, extensión del período de prueba y restricciones al derecho de huelga. Aunque el texto original fue frenado en Diputados, el oficialismo anunció que insistirá en su tratamiento por separado durante las sesiones extraordinarias, y distintas organizaciones gremiales alertaron por los efectos que podría tener sobre la estabilidad del empleo registrado.

Mientras tanto, los choferes de la Línea 60 permanecen sin definiciones concretas. Simonetta estimó que, en caso de no haber avances, el sindicato podría anunciar medidas de fuerza, pero aclaró que es esperable que antes se convoque una instancia de conciliación obligatoria. “Como pasa siempre, vamos a transitar varios días con conciliación. Esto no se va a resolver antes de mediados de febrero”, afirmó.

Además del estancamiento salarial, el delegado alertó sobre nuevas formas de precarización dentro del sector, incluso en empresas formales. “Hay compañías que están contratando choferes bajo la figura del monotributo. Eso vulnera totalmente el convenio colectivo y transforma a un trabajador en un cuentapropista sin derechos. Hasta hace poco era impensable que pasara en el transporte público, pero está pasando”, explicó.

El escenario actual combina pérdida de poder adquisitivo, fragmentación sindical, presión laboral y aparición de vínculos contractuales por fuera del marco legal vigente. Simonetta describió la situación como inédita: “Tengo más de un año en el sector y nunca vi algo así. Es muy grave lo que está pasando”.

JJD

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó de manera tajante el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) definido por el Gobierno nacional tras el fracaso del Consejo del Salario. La resolución, publicada esta semana en el Boletín Oficial, fija un incremento mensual escalonado que comienza con $328.400 en noviembre y alcanza los $376.600 en agosto de 2026, lo que implica una suba interanual del 17%.

El nuevo esquema fue dispuesto por la Secretaría de Trabajo mediante un laudo, luego de que no se lograra consenso entre las partes. En la reunión convocada la semana pasada, los representantes del sector empresarial ofrecieron una mejora de apenas $4.000 sobre los $322.200 vigentes desde agosto. El Gobierno propuso un aumento mayor, de $12.000, pero la CGT consideró insuficiente el ajuste y no avaló la propuesta.

“Este laudo consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, advirtió la central obrera en un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional. La CGT propuso una recomposición del 71,6% entre diciembre y abril, a través de tramos del 11,4% mensual, con el objetivo de restituir el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.

Según el texto difundido, ese esquema tenía como horizonte equiparar el SMVM con la Canasta Básica Total (CBT), que en la actualidad asciende a $1.176.852, según los datos oficiales del Indec. Ese monto representa el umbral por debajo del cual un hogar de cuatro personas cae en la pobreza.

“Lejos de ese objetivo, el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores”, afirmó la CGT. Para la central, el salario mínimo “debe volver a constituirse en una referencia válida para todas las escalas salariales del país” y funcionar como mecanismo de contención frente a la pérdida de ingresos provocada por la inflación.

El nuevo esquema también redefine el cálculo de la Prestación por Desempleo, que ahora será del 75% del mejor salario neto de los últimos seis meses, con un piso del 50% y un tope del 100% del SMVM vigente. Además, actualiza el valor de la hora para trabajadores jornalizados.

La medida impacta sobre los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen agrario, el sector público nacional y organismos estatales empleadores. Aunque se trata de una referencia para salarios muy bajos, su valor es clave para establecer otras asignaciones como programas sociales o pisos de negociación colectiva en ramas no organizadas.

La CGT ratificó que seguirá reclamando una recomposición que acompañe la evolución de precios y garantice un ingreso que permita cubrir las necesidades básicas. Mientras tanto, el salario mínimo permanece muy por debajo de los niveles necesarios para sostener una vida digna.

JJD

La industria manufacturera profundizó su retroceso en agosto, con una caída interanual de 4,4% que afectó a 15 de las 16 divisiones del sector, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Detrás del dato, hay una señal de alarma para el empleo industrial, que viene acumulando meses de deterioro.

Pese a que el acumulado de enero a agosto mostró un crecimiento interanual de 4,4%, la desaceleración de los últimos meses quedó en evidencia con una variación tendencia-ciclo negativa de 0,5%. El leve repunte desestacionalizado de 0,6% respecto a julio no alcanzó para revertir un panorama que ya se traduce en pérdida de puestos de trabajo, suspensiones y menor actividad en las plantas.

Los mayores retrocesos se dieron en ramas laborales intensivas, como productos de metal (-18%), textiles (-18,1%), calzado (-25,6%) y maquinaria y equipo (-8,9%). En estas divisiones se concentra una gran parte del empleo fabril, sobre todo en pymes que enfrentan menores ventas y crecientes costos operativos. La contracción también alcanzó a automotores (-6,2%), sector clave para las cadenas de valor regionales.

En alimentos y bebidas, que representa una proporción significativa del empleo industrial, la caída fue de 2,3% interanual. Hubo fuertes bajas en vino (-15,6%), yerba, té y café (-23,2%) y bebidas gaseosas y alcohólicas (-10,6%), mientras que solo lácteos (4,6%) y la molienda de oleaginosas (21%) mostraron alzas.

Los productos de tabaco cayeron 9,1%, y los productos químicos, 0,8%, aunque con disparidades: los farmacéuticos crecieron 5,3%, mientras que la fabricación de detergentes y jabones cayó 17,2%. La producción de neumáticos se desplomó 39,8%, afectando una rama que ya venía golpeada por conflictos sindicales y freno en la demanda.

En industrias metálicas básicas, la caída fue de 4,3%, con un descenso de 6,1% en la siderurgia. En productos minerales no metálicos, usados en la construcción, el retroceso fue de 3,4%, lo que anticipa un freno en la obra pública y privada, con consecuencias directas sobre el empleo del sector.

La única excepción fue la refinación de petróleo, que creció 4,9% interanual, apuntalada por el aumento de la producción de gasoil (10,2%) y asfaltos (49,5%). Sin embargo, se trata de una rama con bajo impacto en el empleo total de la industria.

El panorama que arroja el informe de agosto del Indec es claro: el freno industrial no solo deteriora la producción, sino que profundiza la pérdida de empleo en sectores ya castigados por la recesión. Detrás de cada porcentaje negativo, hay trabajadores despedidos, suspendidos o con sus ingresos reducidos, mientras las fábricas ajustan turnos, achican líneas y apagan máquinas.

JJD

Finalmente, después de cinco meses, el conflicto de los trabajadores del neumático sufrió una derrota categórica. Los empleados de las empresas Fate, Bridgestone y Pirelli regresaron este lunes a sus puestos de trabajo con las manos prácticamente vacías: el 30 % de aumento en tres cuotas para la paritaria 2022-2023 y el descuento de los días de huelga sin compensación. Las cámaras empresariales terminaron ofreciendo menos que al inicio del conflicto. El personal directivo de las empresas adelantó que habrá sanciones, suspensiones y despidos. Además, los equipos gerenciales presentaron el nuevo organigrama de trabajo que incluye múltiples normas de flexibilización laboral que las compañías querían aplicar desde hacía bastante tiempo.

“Era evidente que la línea maximalista del sindicato llevaría a esta situación por tensar la cuerda en un momento en el que no daba la correlación de fuerzas. El vanguardismo siempre tiene el riesgo de descolgarse de la realidad”, declaró un diputado radical que hoy integra el Frente de Todos.

“Los muchachos de la conducción jugaron para sus intereses políticos y no supieron negociar cuando era el momento o dosificar las medidas de fuerza”, afirmó el exsecretario general del sindicato.

“El manejo de una organización gremial no es para improvisados. Los hombres que tenemos experiencia en el movimiento obrero organizado estamos guiados, en primer lugar, por la responsabilidad”, sentenció lapidario un dirigente que integra el Consejo Directivo de la CGT y lidera uno de los sindicatos llamados “Gordos”.

“Lógicamente, cuando las posiciones se extreman los resultados siempre favorecen al más fuerte. Tenían razones los empleados para sus reclamos, pero no supieron encontrar el punto medio para la zanjar las diferencias”, aleccionó un animador radial de una AM que encabeza el share de la primera mañana.

“Es evidente que la dirección y los activistas del gremio vinculados con la extrema izquierda trotskista no entienden los tiempos en los que viven y, teniendo a mano ejemplos de formas creativas para solucionar el conflicto —como el convenio Toyota-Smata o el acuerdo que había firmado la anterior conducción en el mismo sindicato— optaron por una línea ultra que los condujo hacia un callejón sin salida. A la radicalización no se le responde con más radicalización, sino con sabiduría e inteligencia”, destacó con precisión quirúrgica un joven editorialista.

El diario progresista tituló en tapa con amarga (y desubicada) ironía “Se pincharon las cubiertas”; La Nación editorializó: “Un freno necesario a la prepotencia” y Javier Madanes Quintanilla salió exultante a festejar el resultado al que calificó como “más que justo” y agradeció muy especialmente a los medios que le permitieron mostrar la realidad de sus pobres números mientras duró el conflicto, le dieron voz a él que no tenía voz, sin las molestias que genera ese recurso incómodo del periodismo: la repregunta.

Hasta un intelectual que alguna vez participó del colectivo Carta Abierta se animó a opinar desde su residencia europea sobre el conflicto que tuvo en vilo al país sobre ruedas: “En esta era de dominio del neoliberalismo global, lo que verdaderamente antagoniza es el campo político, las luchas meramente sindicales están condenadas, por más justas que sean. Y el campo político está claramente definido en la Argentina para saber de qué lado hay que colocarse”, reflexionó.

Ficción y realidad

Por suerte, todo esto no sucedió y la crónica es un relato de ficción. El recurso fue utilizado por muchos historiadores: Juan Carlos Torre se preguntó qué hubiese sido de la Argentina sin el peronismo. Otros se interrogaron: ¿Qué hubiera pasado si Napoleón no era derrotado?, ¿si los confederados hubieran triunfado en la Guerra Civil norteamericana? o ¿si Alemania vencía en la Segunda Guerra Mundial? En gran historiador británico E.H. Carr impugnó este método: “La historia es el registro de lo que la gente hizo, no de lo que dejó de hacer”. Y tenía razón.

Pero en nuestro caso la ucronía puede ser útil para entender cómo razonan los que siempre se candidatean a mariscales de la derrota asegurada. Los fatalistas que viven en un tiempo mecánico y diluyen la variedad de posibles desenlaces que anidan en cualquier acontecimiento, en la potencia del hecho consumado. Quienes consideran que la política se reduce a rendir homenaje a las famosas “correlaciones de fuerza”. Aquellos que transforman —como escribió Augusto Blanqui— “todas las atrocidades del vencedor en ineluctable evolución regular”. Porque reconocer los múltiples posibles permite que el eventual vencido sepa “mejor que nadie que lo que de hecho ocurre no es la única posibilidad en la historia. Hay otras, como aquella por la que él luchó, que quedan en la lista de espera”, como escribió Reyes Mate en Memoria de Auschwitz. Actualidad moral y política (Trotta, Madrid, 2003).

El conflicto del neumático obtuvo un triunfo y aportó al cambio del escenario porque le torció el brazo a un grupo de empresas que tenía en Javier Madanes al vocero más estridente, pero que no era el único que pretendía infligir una derrota a los trabajadores.

Hasta hace algunas semanas, la discusión pública se centraba en el crecimiento unilateral de las derechas o las ultraderechas en el escenario político argentino. Con mayor fuerza luego del repudiable atentado contra Cristina Kirchner. El razonamiento tomaba un elemento de la realidad y le daba un valor sin límites. El conflicto de los trabajadores del neumático, junto a los y las estudiantes de los colegios secundarios que reclaman en la Ciudad de Buenos Aires, los y las docentes que protagonizan conflictos en varias provincias del país, los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Garrahan que pararon por sus condiciones laborales, las organizaciones de desocupados que volvieron a movilizarse o los estatales nucleados en ATE que también hicieron un paro nacional, desmintieron esta lectura.

El conflicto del Sutna se transformó en testigo para el resto de los trabajadores y más o menos inmediatamente se siguió el ejemplo en otras empresas. El viernes, la planta de Tenaris Siat de Valentín Alsina estuvo paralizada por algunas horas luego de que una asamblea votara a mano alzada el paro por tiempo indeterminado. La medida de fuerza se decidió después de que no se les renovara el contrato a un grupo de operarios tomados en forma temporal. Se declaró la conciliación obligatoria, pero la disputa está abierta.

Además, el conflicto del neumático dejó en falsa escuadra a las conducciones de muchos gremios que vienen avalando la pérdida del salario frente a la inflación e incluso se pusieron en la vereda de enfrente de los trabajadores en esta pulseada.

Por último, el resultado puso en crisis el ajuste del Gobierno que tiene al salario como único “ancla” para contener la inflación.

Por supuesto que no se puede trasladar linealmente el triunfo de los trabajadores del neumático al resto del mundo. Tampoco se trata de profesar un optimismo necio y facilista que considere —irresponsablemente— que cualquier lucha tiene asegurada la victoria por generación espontánea. Existen muchas diferencias específicas de contexto, de posición estratégica, de coyuntura, pero el contrafáctico inicial nos permite visualizar mejor algunas lecciones: la correlación de fuerzas se construye, y es tan cierto que cualquier lucha no tiene la victoria asegurada, como que la derrota no es el único destino posible. Como escribió —un poco en serio un poco en broma— Antonio Gramsci discutiendo con los mecanicistas que caían en el inmovilismo por motivos opuestos a los escépticos incurables (justamente por una fe ciega en el progreso): “Lo único que se puede prever científicamente es la lucha”. Porque pronosticar derrotas es fácil, lo difícil es apostar y organizar los triunfos.

CC

Moctezuma, a 45 kilómetros de Carlos Casares, es un pueblo bonaerense de 470 habitantes surgido en torno a la estación de un tren que ya no pasa. Recibe a sus visitantes con una gigantografía del piloto de Turismo Carretera Roberto Mouras, la gloria local. También, según cómo sople el viento, los recibe con el olor de los efluentes que emana su gloria más reciente: la fábrica Lácteos Vidal, que provee de muzzarella a las pizzerías más renombradas de Buenos Aires, como Güerrin e Imperio.

La instalación en los años 60 de esta usina láctea, que procesa diariamente 100.000 litros de leche, le dio un impulso vital al pueblo y es el motor que articula gran parte de la actividad local. Leñeros, fleteros, tamberos. Pero desde hace más de dos meses, Lácteos Vidal es también el eje de un conflicto que fue creciendo, en las últimas horas sumó a la firma SanCor y amenaza con paralizar a toda la industria lechera del país. 

El conflicto en Lácteos Vidal

El 18 de julio pasado un grupo de trabajadores de Lácteos Vidal representados por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) inició una huelga y un bloqueo frente a la planta aduciendo que sus tareas estaban mal categorizadas y, por lo tanto, recibían una retribución menor a la que les correspondía, algo que la empresa niega y asegura que fue certificado por el Ministerio de Trabajo. 

El conflicto derivó en el despido de 29 empleados que, según explicó a elDiarioAR Alejandra Bada Vázquez, integrante de la familia dueña de la firma, se decidió “después de varios intentos de que vuelvan a tomar tareas”. “Estaban todos los sueldos y cargas sociales al día; no le debíamos ni un peso ni a los empleados ni al sindicato. Ellos no obstante deciden bloquearon extorsivamente, además de maltratar a compañeros de trabajo que sí entraron a trabajar. Nosotros los despedimos porque se rompió la relación laboral, se perdió toda confianza”, argumentó.

Esta semana una medida cautelar del magistrado José Ignacio Ramonet, a cargo del Juzgado Nacional de Trabajo N° 69 le impidió a Lácteos Vidal concretar esos despidos, así como contratar a otros 10 que habían sido tomados en reemplazo. Bada Vázquez confirmó que la cautelar ya fue apelada por la empresa y además señaló que fueron notificados del fallo “después de efectividad los despidos”. Según consideró, la decisión del Juzgado de Trabajo se tomó considerando solo “la campana del gremio”. “Dice que no podemos despedir ni contratar a nadie. Es decir, que no podemos funcionar y estaríamos condenados a fundirnos”, sostuvo. 

Según precisó la empresaria, la empresa tenía 46 empleados en su planta de Moctezuma, de los que fueron despedidos 26. Quedaron 17 y se sumaron luego 10 personas nuevas. Según aclara, los otros tres despedidos (con que se llega al número 29) “no son trabajadores sino delegados gremiales sin tareas en la planta”. Los despidos se concretaron el 16 de septiembre, dos meses después del inicio del conflicto.  

Este medio se comunicó reiteradamente con Héctor Ponce, secretario general de Atilra, y Heber Ríos, secretario general de Atilra General Rodríguez, para contrarrestar la versión, pero no obtuvo respuesta. De todos modos, en una carta publicada el mes pasado los trabajadores involucrados en el conflicto aseguraron que se manifiestan siempre de forma “pacífica y legítima” y le atribuyeron a la empresa una conducta violenta y falta de vocación para “sentarse a negociar”.

“Los violentos antecedentes por parte de la empresa Lácteos Vidal están fehacientemente constatados. Hubo uso y exhibición de armas de fuego para amedrentar compañeros por parte de uno de los dueños; la embestida con un camión de reparto conducido por otra de las dueñas, dañó el portón de entrada y provocó la caída violenta de compañeros presentes; el despido de un delegado en violación a la ley, hoy reinstalado por decisión de la justicia, la forma sistemática de cambiar bajo algún pretexto acuerdo del convenio, cuando la ley no deja librada tales cuestiones a la voluntad de las partes, son muchas de las arbitrariedades a que nos somete la patronal”, acusaron. 

Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, negó esas acusaciones. “Nosotros no amenazamos a nadie ni es cierto que no estemos abiertos al diálogo. Por eso no tenemos causas penales. En cambio, por el bloqueo extorsivo hay dos causas penales: una en Moctezuma y otra en Capital”, argumentó. 

Conflicto con SanCor 

En las últimas horas Atilra emitió un comunicado en el que denuncian la falta de financiamiento para un fideicomiso creado para el rescate de la láctea SanCor, motivo por el que se tomarán medidas de fuerza que podrían escalar hasta “la paralización total de la actividad en toda la industria lechera”. 

En el comunicado señalaron que el “proyecto y compromiso del Gobierno Nacional para reorganizar y recuperar la capacidad productiva de SanCor –que incluyó el armado de un Fideicomiso aprobado por la Asamblea de socios más la promesa de aporte Estatal– se encuentra estancado por falta de respuesta de las autoridades gubernamentales”.

Se refiere a una iniciativa que acercaron en octubre de 2021 un grupo de empresarios –José Urtubey, Marcelo Figueiras, Gustavo Scaglione, el abogado Leandro Salvatierra, Jorge Estévez– para inyectar dinero en la cooperativa láctea y multiplicar su producción actual, muy inferior a la que permite la capacidad instalada. La propuesta fue aprobada en asamblea y se definió poner en marcha un fideicomiso por US$60 millones. En el entorno de los empresarios señalan que sigue en pie, pero confirman que resta el aval de las autoridades del Estado Nacional, porque interviene el BICE y el Ministerio de Desarrollo Productivo.  

Según Atilra, esta situación debe ser “soportada” por las y los trabajadores del sector en un contexto de “crisis terminal”, lo que consideran que obliga al sindicato a retomar medidas de acción sindical. “Permaneciendo en estado de alerta y movilización, en los próximos días estaremos comunicando la batería de medidas que iremos realizando en conjunto, hasta la paralización total de la actividad en toda la industria lechera”, anticiparon.