La segunda es la vencida. O al menos así lo espera la oposición, que el miércoles pasado tuvo que resignarse frente al muro de silencio que impuso Guillermo Francos sobre el caso $LIBRA en la presentación de su informe de gestión al Congreso. La excusa era que la semana siguiente respondería a todas las inquisiciones sobre el criptoescándalo que sacude el corazón del gobierno libertario. Ese momento se avecina: mañana el jefe de Gabinete volverá a visitar la Cámara de Diputados para asistir a la interpelación opositora, en la que deberá explicar cuál es la relación entre Javier Milei y la presunta estafa que se disparó el 14 de febrero pasado a partir de un tuit.

En la sesión de principios de abril la Cámara de Diputados aprobó la interpelación de cuatro funcionarios por el criptogate: Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el director de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. No fue fácil para la oposición conseguir el número para abrir la sesión y, ahora, todas las fichas están puestas en la visita de los funcionarios. 

Si bien se espera que vayan solo Francos y Cúneo Libarona, la oposición apuesta todo a este intercambio. Hace casi 30 años que no hay una interpelación a un funcionario en la Cámara de Diputados: la última fue en el 95’ a Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, quien había sido convocado para hablar de la privatización del Correo y terminó hablando durante más de 10 horas en un discurso que terminaría llegando a la Corte Suprema por haber acusado a Alfredo Yabrán de ser “el jefe de la mafia”. 

Será una oportunidad única para que el Congreso pueda ahondar con precisión sobre los detalles de la relación de los hermanos Milei con el empresariado cripto que entró y salió de Casa Rosada casi una decena de veces previo a la disparada y derrumbe de la criptomoneda. Será una sesión distinta a los informes de gestión clásicos del Jefe de Gabinete: en esta ocasión, el objetivo de la oposición es que haya menos oradores y se sintetice en unos pocos el ida y vuelta de las preguntas y repreguntas. 

La expectativa es alta, dado que Francos y Cúneo deberán asumir la defensa oficial del Presidente atentos a que cualquier cosa que digan podrá después ser tomada en la causa judicial que está tramitando la jueza María Servini. El jefe de Gabinete dedicó el fin de semana a estudiar el caso, valiéndose de las mismas preguntas que habían enviado los diputados en ocasión de la sesión informativa (y que Francos nunca respondió bajo la excusa que lo haría en la interpelación del martes 22). 

El ministro de Justicia, mientras tanto, deberá dar cuenta del trabajo realizado por la Unidad de Investigación que creó el Presidente poco después de que se desatara el escándalo. La oposición buscará cuestionarlo, a su vez, por las declaraciones del propio Milei durante la entrevista que hizo Jonatan Viale en TN, en la que deslizó que Cúneo Libarona podría estar al frente de la causa judicial que lo investiga. Fue el famoso momento en el que Santiago Caputo interrumpe la nota para advertirle a Milei que decir eso podía perjudicarlo —ya que es ilegal que el ministro sea su abogado— y que se terminó eliminado de la transmisión oficial. 

La oposición esperaba que Silva también asistiera, dado que es quien podría dar una explicación más técnica sobre la circulación de criptoactivos en el país. Sin embargo, desde el Gobierno anticipan que, al no ser un ministro, Silva no está obligado a ir. 

Distinto es el caso de Caputo, que sí es ministro pero que desde Casa Rosada anticipan que tampoco cumplirá con la interpelación. El ministro de Economía viene esquivando ir al Congreso desde el debate por el Presupuesto 2025, que terminó empatanándose cuando Milei decidió prorrogar el de 2023. Caputo tampoco fue al Congreso a dar explicaciones por el nuevo acuerdo con el FMI y es poco probable que lo haga el martes. 

Si no va, el peronismo analiza pedirle el juicio político.

Parálisis en la comisión investigadora

La interpelación no será el único acontecimiento de la semana. El miércoles, un día después, se reunirá por primera vez la comisión investigadora del caso $LIBRA. Sin embargo, la comisión pasó de ser la atracción principal, la gran apuesta de la oposición, a una interminable fuente de frustraciones. Esto es así porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, llevó a cabo una serie de maniobras destinadas a quitarle el control a la oposición. 

El riojano demostró que prefería modificar todo el ecosistema político de la Cámara de Diputados, rompiendo bloques aliados y armando interbloques oficialistas, antes de arriesgarse a que la oposición pudiera hacerse con una mayoría en la comisión. Fue una maniobra de gran escala y terminó afectando a todas las bancadas que componen la Cámara.

Primero, unió al PRO con el MID para conseguir dos sillas más en la comisión. Luego, convirtió a su propia bancada en un interbloque para sumar una aliada y, con ella, dos lugares más. Rompió el bloque radical de Rodrigo de Loredo, fiel aliado del Gobierno, y mandó a los radicales más mileístas, como Mariano Campero o Francisco Monti, a armar un bloque aparte y anotarse así dos lugares más para el Gobierno. 

Le negó, a su vez, un lugar a la izquierda, que estaba atravesando la rotación anual de bancas: Mónica Schlotthauer había renunciado y, antes de que Vilma Ripoll pudiera reemplazarla, Menem cerró la conformación de la comisión como si el FIT tuviera solo 4 integrantes (lo que le quitaba la posibilidad de una silla). Tuvo que salir en su ayuda Unión por la Patria, que “cedió” dos diputadas, Julia Strada y Mónica Macha, para que fueran a armar un interbloque con la izquierda y, así, garantizarles un lugar en la comisión. 

La paridad de la comisión, de momento, es absoluta: 14 de la mutlipartidaria opositora —que engloba al peronismo de UxP, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda— y 14 del oficialismo. Este último grupo engloba sectores disímiles, con La Libertad Avanza y el PRO, pero también la UCR de De Loredo, el nuevo radicalismo oficialista de “los peluca” y los provinciales. 

De no superarse el empate, la comisión quedará paralizada y no podrá ni designar sus autoridades. Mucho menos aprobar oficios, pedir pruebas o citar testigos. Para todo necesita de una mayoría. 

La oposición baraja dos estrategias para destrabarla. El pichettismo apuesta a convencer a algunos de los “oficialistas” no tan oficialistas —como los provinciales o los radicales enojados con Menem por haberles roto el bloque— de designar a un presidente de “centro” que no juegue tan abiertamente para ninguno de los dos bandos. Se proponen, así, a sí mismos: o Nicolás Massot o Oscar Agost Carreño. O, si fuera imposible, a los lilitos de la CC.

El peronismo, en cambio, pretende forzar una interpretación del reglamento de la comisión que inhabilite los toqueteos de Menem a los bloques. Para eso necesitará de una mayoría en el recinto, por lo que algunos diputados proponen aprovechar la sesión por la interpelación de los funcionarios para resolver la situación de la comisión. La apuesta, sin embargo, es difícil: no saben si tendrán la mayoría y los últimos movimientos de Menem les revelaron que, cuando creían avanzar, las negras les mostraban que también jugaban.

MC/DTC

Un sistema de reclutamiento de mujeres pobres para trabajar como servidumbre de miembros de élite y sacerdotes en residencias de puertas cerradas durante décadas y sin pago. Eso denunciaron en septiembre de 2021 ante el Vaticano 43 ex empleadas domésticas del Opus Dei en la Argentina e impulsó la decisión reciente del papa Francisco de revisar algunos privilegios con los que hasta ahora funcionó la todopoderosa y ultraconservadora  “Obra”, fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer. 

A un año de que la denuncia llegó al Tribunal para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede y de que recorriera el mundo hasta poner a la institución católica en el ojo público, el Estado argentino se involucra: un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación ingresó ayer en la Cámara de Diputados: “Resulta absolutamente relevante que la denuncia efectuada por las supuestas víctimas sea completamente esclarecida, determinándose, en el supuesto de que corresponda, la totalidad de las responsabilidades involucradas”, dice el proyecto de resolución de la diputada nacional Mónica Macha y que lleva también la firma del diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara, Eduardo Valdés, quien además fue embajador en el Vaticano entre 2014 y 2015. Ambos integran el Frente de Todos.

“Reducción a la servidumbre y violación a los derechos humanos”

El pedido de informes indaga en las formas de pertenencia al Opus Dei y en la relación con la institución de las 43 mujeres denunciantes  y su categoría de “numerarias auxiliares” -forma de membresía que se les da a quienes ingresan como servicio doméstico de la institución-. También pide información acerca de la matriz jurídica y económica de la organización en la Argentina: enumera una lista de 17 Asociaciones Civiles, pregunta cuál es el vínculo de esa red y de quienes las integran con la Prelatura y si les pertenecen las propiedades en las que se desarrollan las actividades de la institución en todo el país. En varias de esas residencias es donde las 43 mujeres denuncian que vivieron en condiciones de semi-esclavitud, “reducción a la servidumbre y violación de los derechos humanos”, describe el proyecto. 

También exige saber las condiciones en las que trabajaron las mujeres, bajo las órdenes de quiénes y lista más de 20 sacerdotes mencionados por las mujeres como sus confesores y quienes dirigían las casas. Esta información se completa con un pedido que va directo a lo que el Opus Dei siempre se negó a revelar: “la nómina completa de miembros sacerdotes y laicos de la Prelatura en la región a cargo del Vicario Presbítero Juan Llavallol”. Llavallol es la máxima autoridad para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay desde octubre de 2021, después de que la denuncia ingresara en el Tribunal para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede.

Macha explica que decidió avanzar a partir de lo que leyó en los medios y luego de  conversarlo con la asesora presidencial Dora Barrancos, que le marcó la necesidad de usar las herramientas del Congreso para acompañar el proceso. “Venimos mirando, visibilizando y denunciando la violencia hacia las mujeres y tenemos una responsabilidad institucional como representantes frente a esto. En este caso, se violentaron todos los derechos de mujeres pobres y vulnerables desde que eran adolescentes por una institución religiosa. Esta situación es inaudita en esta etapa de la historia y del movimeinto feminista”, explicó. Y agregó: “Lo que tenemos que buscar es que cada una pueda estar con total libertad, apertura y conciencia del lugar en el que está. No parece el caso de estas mujeres”.

El diputado Valdés, ex embajador ante el Vaticano y cercano al papa Francisco, decidió acompañar la iniciativa: “La Fe nos enseña que todos somos hijos de Dios y, por lo tanto, somos hermanos en la Fe. El comportamiento de estas personas que violaron los principios elementales de los derechos laborales vulneraron lo más sagrado del ser humano: su dignidad”, dijo a eldiarioAR.

“Fuimos esclavas” 

A Lucía Giménez la fueron a buscar a su casa en Loreto, Paraguay, y le ofrecieron una escuela en Asunción. En ese momento creyó que era una oportunidad. Tenía 14 años. Unos meses después, con 15, la llevaron a Buenos Aires en un avión de la Embajada argentina y la pusieron a trabajar en un centro de numerarios del Opus Dei en la Ciudad de Buenos Aires. “Estuve 18 años trabajando sin parar y nunca cobré un peso por mi trabajo”, denunció ante el Vaticano. Tampoco le hicieron aportes jubilatorios. “Porque ellos no te decían que estabas trabajando, sino sirviendo a Dios y que vos eras santa”, cuenta. “Realmente no se podía  esperar más tiempo para que una vez por toda el Estado Argentino se hiciera cargo y acompañará de manera especial nuestra denuncia pública. Fuimos engañadas y separadas de nuestra familia para venir a trabajar a los 12, 13 y 14 años como adultas en el Opus Dei. Y fuimos manipuladas por una supuesta vocación divina. Es muy triste que mucha gente de la sociedad haya callado tanto tiempo”, dice la mujer que hoy tiene 56 años. Como ella, el resto de las historias sucedieron entre principios de la década del 70 y continuaron hasta por lo menos 2017, cuando el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires cerró el Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (ICIED), en Bella Vista. Era conocido como “la escuela de mucamas”, porque ahí educaban a las adolescentes en tareas domésticas. A Lucía, como a otras jóvenes paraguayas, las llevaron a trabajar sin pasar por capacitaciones. Aunque el Instituto cerró, decenas de mujeres que a las que reclutaron y formaron en la misma época siguen siendo numerarias auxiliares en el Opus Dei.

Los proyectos se basan en la información detallada que contiene la denuncia de las 43 mujeres ante el Vaticano y también en otra investigación publicada por eldiarioAR que revela que la sede principal del Opus Dei en la Argentina, ubicada en la calle Vicente López 1950, en el barrio de Recoleta, fue donado a la institución durante la dictadura de Alejandro Lanusse y financiado durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

“Al ser el Opus Dei una Persona Jurídica Pública (dto. 2245/1992) deben brindar las explicaciones correspondientes. También debe hacer saber, como cualquier persona jurídica, quiénes son sus integrantes”, señala el proyecto, que deberá pasar por comisiones antes de tratarse en el recinto. “Decidimos sacarlo con dos firmas para que empiece su recorrido, pero no tengo dudas de que van a empezar a sumarse más”, dijo Macha, que no tienen dudas de que la repercusión internacional de la denuncia tiene que ver con la gravedad de los hechos, violatorios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

PB