La idea de construir las represas para aprovechar al río Santa Cruz -que atraviesa la provincia del mismo nombre desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino- como fuente de energía data de la década de 1970, según relata el sitio oficial del consorcio empresario a cargo de la obra. A casi una década de la licitación, los embalses no superan el 37% de ejecución y acumulan cuestionamientos técnicos por el posible impacto ambiental sobre glaciares y especies en peligro.

En constante crisis de provisión energética, Argentina busca que este proyecto genere alrededor del 4% de la energía eléctrica que consume el país, según publicó la agencia oficial china Xinhuanet, o para dos millones de hogares, de acuerdo con el consorcio empresario.

La obra se adjudicó en 2013, durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y fue adjudicada a la china Gezhouba Group Company Limited (CGGC) junto con Hidrocuyo SA y Electroingeniería, la compañía que fue manejada por el empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra hastas al menos 2020 y que cambió recientemente su nombre a Eling Energía SA. 

A principios de 2016, las obras fueron frenadas por el gobierno de Mauricio Macri, que buscaba modificar el proyecto. “El 22 de diciembre (de 2015), el presidente Macri se reunió con la señora Kris Tompkins -conservacionista y empresaria estadounidense, viuda de Douglas Tompkins- y ante su planteo ambiental sobre las represas, se expidió en el sentido de que ‘iba a intentar pararlas’ porque ‘había otros proyectos más eficientes’”, sostuvo Electroingeniería ante la Justicia citando una nota de Clarín.

El conflicto en los tribunales por la falta de evaluación del impacto ambiental nació en 2016. En diciembre de ese año, la Corte Suprema frenó las obras ante un pedido de las ONGs  Banco de Bosques, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre. 

Las organizaciones habían planteado que las obras no debían avanzar hasta que las autoridades y las empresas cumplieran con dos exigencias de la ley: la realización de audiencias públicas para escuchar a expertos y posibles damnificados -como comunidades originarias de la zona- por las obras y la realización de un estudio de impacto ambiental. 

El máximo tribunal ordenó entonces la realización de la audiencia pública. 

Informes postergados

En 2018 las obras se reactivaron, por orden del gobierno de Macri y con la venia de la Corte. 

En octubre de 2021, el máximo tribunal volvió a intervenir y ordenó que tres organismos oficiales analizaran el impacto ambiental de las obras. Les dio 30 días para responder, pero se demoraron durante meses. Los resultados, hasta el momento, son altamente críticos a las obras.

La Administración de Parques Nacionales presentó un informe en el que aseguró que las represas generarán barreras físicas e iluminación nocturna permanente que incidirá directamente en la migración de aves y peces, y que amenazan a especies centrales en la vida del río Santa Cruz, como el Macá Tobiano (que ya están en peligro de extinción), la trucha Arcoiris, el visón americano y el cauquén colorado.

Un segundo organismo oficial, el Instituto Naciona de Prevención Sísmica (Inpres), presentó su informe de dos páginas recién en mayo de 2022: planteó que nunca se hicieron los estudios necesarios sobre el suelo del terreno y sugirió la realización del estudio de peligrosidad sísmica -que busca determinar si las represas provocarían sismos en Santa Cruz-, que debe realizarse entre tres y cinco años antes del relleno del embalse.

El tercer organismo que debe cumplir con la orden de la Corte es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, ya que las represas, al sumar presión sobre el terreno, podrían provocar sismos que incidirían directamente en el deshielo de los más de mil glaciares de la zona, incluido el Perito Moreno, según las ONGs. El organismo planteó ante el máximo tribunal que el informe de impacto ambiental presentado por las compañías a cargo de la obra “no describe la totalidad de los glaciares que aportan hidrológicamente a la cuenca del río Santa Cruz”; y “no incluye importantes antecedentes de estudios disponibles al momento de su ejecución”.

Electroingeniería demandó al Estado Nacional y al Ejecutivo para evitar que se realicen esos estudios, como reveló elDiarioAR este domingo. En su demanda, planteó que la megaobra “proveerá grandes cantidades de energía limpia y promoverá el desarrollo de una región de nuestro país que está entre las más deshabitadas y menos desarrolladas”. La cuestión sobre si las represas hidroeléctricas pueden considerarse “energía limpia” es otro capítulo de la disputa con las organizaciones ambientalistas, que rechazan ese concepto, debido en parte al alto impacto de este tipo de obras en el entorno.

Además, Electroingeniería afirmó que actualmente, el proyecto “ha estado precedido de años de estudios de todo tipo, desde los técnicos a los económicos, y fue aprobado por instituciones de todo nivel, provinciales y nacionales, ejecutivas y legislativas”, según el escrito al que accedió este medio.

El 13 y el 15 de octubre de 2021, ocurrieron dos eventos sísmicos de magnitud 5.5 en la escala de Richter en la zona de las represas. “Luego de la aparición de inestabilidad en las márgenes del Río Santa Cruz a la altura de (la represa) Néstor Kirchner, los estudios, trabajos y proyectos realizados y aprobados por las instancias técnicas y acordados por las partes ha permitido superarla y la obra continúa”, sostiene la empresa.

Banco de Bosques ha impugnado los estudios que desvincularon los eventos sísmicos de la obra debido a que se realizaron con meses de retraso.

Nota: este artículo se corrigió el 12 de octubre para aclarar que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales sí presentó su informe tras el pedido de la Corte Suprema. Se agregaron parte de sus conclusiones.

ED