El fiscal Franco Picardi investiga maniobras y presuntas coimas realizadas en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que permitía a empresarios acceder a un dólar oficial más barato entre 2022 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa era ministro de Economía.

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal tendría identificadas maniobras de por lo menos cuatro empresarios, que habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar accediendo a un dólar oficial mucho más barato, con el objetivo de aumentar ficticiamente las ganancias de cada importación.

Las mismas fuentes señalaron que, en el marco de esta causa, que está a cargo del juez Ariel Lijo y tiene secreto de sumario hasta este jueves, se habría logrado hasta ahora imputar a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central, que supervisaban las operaciones del SIRA, un sistema dejado sin efecto por el actual Gobierno en diciembre de 2023.

El SIRA eran un mecanismo electrónico de control y autorización de importaciones implementado en octubre de 2022 para gestionar la escasez de dólares, y en la práctica funcionaba como barrera para registrar flujos comerciales y aprobar el acceso al mercado de cambios que controlaba el Banco Central.

Entre otras medidas, Picardi pidió “informes urgentes” a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central y pidió que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas.

Además, ordenó la realización de unos 30 allanamientos a los que les sumó testimonios y teléfonos aportados por los imputados, como los funcionarios del BCRA Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, y dueños de casas de cambio como Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.

El fiscal habría detectado que los empresarios involucrados habrían aceptado pagar porcentajes de entre 10 y 15 por ciento y los montos de las operaciones superarían 3,5 millones de dólares, para acceder a operaciones a valor del dólar oficial de aquella época, que tenía una brecha de hasta un 100 por ciento de diferencia con el que se obtenía en el circuito informal.

Con información de NA.

El Gobierno oficializó este martes el cambio en el sistema de importaciones, el cual pasará a tener un registro en el que se informará, en carácter de declaración jurada y de forma anticipada, las destinaciones de importación para consumo, en tanto que se dispuso la creación de un padrón para deudores. Se eliminan las licencias automáticas y no automáticas al igual que las recientes SIRAs y se implementa un sistema transparente y no discrecional. Se instrumenta un mecanismo para saldar la deuda de los importadores con proveedores del exterior.

La medida, que fue comunicada a través de la Resolución Conjunta 5466/2023 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Comercio, establece la creación del SEDI (Sistema Estadístico de Importaciones) junto a el “Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior”.

En los considerandos del documento oficial, el Gobierno expresó que “resulta apropiado instaurar un nuevo régimen de información anticipada de operaciones de importación, denominado ”Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI)“ para el análisis y seguimiento de datos estadísticos sobre importación de bienes, a fin de normalizar y facilitar el comercio exterior, así como contribuir al fortalecimiento de los Organismos del Estado a efectos de enfrentar los desafíos actuales”.

Asimismo, aclaró que “el Estado Nacional tiene como objetivo otorgar a todos los actores de la industria un horizonte de previsibilidad que les permita planificar la producción y las inversiones en la República Argentina, y garantizar condiciones de competencia efectiva en los mercados”.

El nuevo mecanismo importador elimina las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), implementado en la gestión del ex ministro de Economía Sergio Massa durante octubre de 2022, con el objetivo de otorgar mayor transparencia pero que terminó siendo más discrecional que antes.

Con respecto a la creación de un padrón de deudores, desde el Ejecutivo precisaron que tiene “el objetivo de contar con información actualizada de la deuda comercial privada vigente y atender dicha problemática” y en el mismo “deberán inscribirse los sujetos que posean deuda comercial por importaciones”.

De esta manera, las empresas que se inscriban y cuenten con el visto bueno oficial podrán suscribir los bonos en dólares (Bopreal) para cancelar las deudas que mantienen con sus proveedores o sus casas matrices.

En el nuevo sistema de importaciones, las operaciones “tendrán el visto bueno de la AFIP luego de que el organismo analice la situación tributaria del contribuyente y su capacidad económica financiera para efectuar la operación que se pretende cursar, de acuerdo a la información disponible en sus registros”.

Además, se indica que “la declaración efectuada a través del SEDI tendrá un plazo de validez de 360 días corridos, contados a partir de la fecha que obtuviera el estado de salida, que se obtendrá una vez que supere los controles de la AFIP”.

“En caso contrario, el Sistema Informático MALVINA (SIM) emitirá un mensaje indicando las inconsistencias detectadas. Una vez subsanadas, se deberá registrar una nueva declaración SEDI”, indica el decreto.

Además, se especifica que “las operaciones podrán contar con la declaración SEDI en estado oficializada, previo al arribo al territorio aduanero de la mercadería involucrada, a fin de anticipar la información y facilitar la operatoria aduanera. Al momento de oficializar la destinación de importación, el SIM exigirá el número identificador de la declaración SEDI en estado de salida y realizará su validación”.

“La declaración SEDI pasará a estado de salida en tanto se encuentre autorizada por los Organismos integrantes del Régimen Nacional de Ventanilla Única del Comercio Exterior Argentino (VUCEA). Estos Organismos deberán pronunciarse en un lapso no mayor a 30 días corridos, contados desde el registro de la SEDI.

En caso de no producirse la intervención en el plazo señalado, la declaración SEDI pasará, en forma automática, a estado de salida“.

Por otra parte, se indicó que las operaciones de importación que estarán exceptuadas de realizar las declaraciones SEDI son: importacione en el marco de los regímenes de muestras, de donaciones y de franquicias diplomática; mercaderías con franquicias de derechos y tributo ingresadas bajo el régimen de Courier o de envíos postales, además de bienes amparados en el régimen de importaciones para insumos destinados a investigaciones científico-tecnológicas“.

También serán excepciones “bienes provenientes del Área Aduanera Especial creada por la Ley N° 19.640 que se importen al territorio continental, así como a las operaciones de importación de bienes provenientes del territorio continental que se importen a dicha Área Aduanera Especial” y “todas aquellas mercaderías que ingresen en el marco de lo previsto en la Resolución General N° 3.628 (AFIP)”.

Las importaciones en 10 datos

La resolución

Con información de agencias.

IG

“La Secretaría de Comercio no va a existir en el sentido que le dieron históricamente los gobiernos. Todos los precios que pueda de la economía los voy a liberar”, había prometido Javier Milei antes de asumir la presidencia. Y así fue. La nueva Secretaría de Comercio, que ahora dirige Pablo Lavigne, ya no controla los Precios Justos, que se dieron de baja el 10 de diciembre. Para el pensamiento del jefe de Estado y de Lavigne, exsubsecretario de Facilitación del Comercio del gobierno de Mauricio Macri, la inflación es un asunto del que deben ocuparse el ministro de Economía, Luis Caputo, del que depende Comercio, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, pero los acuerdos de precios son “aspirinas para un enfermo grave”.

Lavigne arrancó su gestión reuniéndose con los supermercados para que intenten hacer ofertas. Incluso llegó a sugerir que armaran una canasta de productos por 60 días, pero los empresarios la rechazaron. “Cada uno sabe cómo hacer ofertas para no perder clientes”, le respondió uno. Así fue que cada cadena le presentó sus propias promociones. La de Changomás, de Francisco de Narváez, destacó porque incluyó más de 200 bienes, pero otras incluyeron 20 o 30. Cencosud (Jumbo) y Carrefour se apuraron a presentar canastas. Tanto Lavigne como los empresarios del sector apuestan a los descuentos en segundas marcas, tanto propias de los súper como de otros orígenes, ahora que las líderes aumentaron tanto por el final de Precios Justos.

En Comercio llevan medidos incrementos promedio del 25% en las cadenas en las primeras tres semanas de diciembre, similar registro al de la consultora LCG, que observó 27%. Observan un 1,2% por día. Admiten que habrá que esperar a los próximos meses para evaluar en qué medida se traslada parte o todo el salto del 100% del dólar oficial del 13 de diciembre. Por ahora se encarecen los bienes, pero después lo harán los servicios, admiten.

Pero la prioridad de Lavigne es otra. Fue economista de la Fundación Pensar (la del PRO) de 2011 a 2025 y de las consultoras Abeceb (del exministro macrista de Producción Dante Sica) entre 2020 y 2021 y Empiria (del exministro de Economía amarillo Hernán Lacunza) entre 2022 y hasta que asumió en el Gobierno. Este martes planea dar de baja el Sistema de Importaciones (SIRA) que autorizaba o no las compras externas de insumos para la producción y bienes finales. Busca así normalizar el flujo de la importación con un calendario de pagos cada 30 días. Para solucionar el stock de deuda por US$60.000 millones de importaciones impagas anteriores, el Central ya reglamentó la suscripción de un bono en dólares que las empresas podrán liquidar en el mercado, pero aún está en discusión la paridad del tipo de cambio de ese instrumento. Las compañías deberán inscribirse para recibir ese título, que fue criticado por ser un seguro de cambio en una moneda que no emite la autoridad monetaria.

La nueva Secretaría de Comercio busca enfocarse en las políticas de defensa de la competencia -habrá que ver en qué medida se mete contra monopolios y oligopolios, sobre todo de empresarios que vienen elogiando el nuevo giro de la Argentina-, lealtad comercial, defensa del consumidor -muchos supermercados incumplen la norma de cobrar el precio que se exhibe en góndola porque remarcan antes en las cajas- y facilitación del comercio exterior, incluida la ventanilla única para agilizar trámites de exportadores e importadores. Con Milei ya no existe más la Secretaría de Industria. Sus funciones recayeron en la de Comercio. Más trabajo para Lavigne.

AR/DTC

No sólo arde la rosca entre políticos para establecer frentes electorales, acordar las reglas internas de las primarias y definir quiénes serán los precandidatos. Los aspirantes a la presidencia y sus equipos económicos vienen de reunión en reunión con dueños y ejecutivos de grandes empresas y PyMEs. En general, los hombres de negocios no se juegan 100% por una candidatura determinada, esperan a que primero se definan las PASO el 13 de agosto para después aportar a la campaña con miras a las elecciones generales del 22 de octubre. La mayoría pondrá entonces huevos en diversas canastas, como de costumbre.

Muchos de los propietarios de las principales compañías prefieren a Horacio Rodríguez Larreta, que aprovecha el aparato publicitario de la ciudad de Buenos Aires para hacer proselitismo, como también hace Gerardo Morales con el de Jujuy. Lo ven con más vocación de acuerdos políticos para emprender las reformas pro mercado que le piden. Pero otros dueños y algunos CEO que dirigen empresas ajenas, que no ponen en juego el activo propio, se entusiasman con el discurso más extremo de Patricia Bullrich o Javier Milei. Por su amistad con Mauricio Macri, más de un unicornio escoge a su ex ministra de Seguridad. El establishment sabe también que con Sergio Massa puede hacer negocios, incluso hay unos pocos que lo tienen como favorito, pero temen que finalmente no sea él el ungido por Cristina Fernández de Kirchner sino Axel Kicillof o Eduardo de Pedro, alias “Wado”.

“Hay permanentes almuerzos o encuentros con los posibles equipos de gestión, quieren escuchar nuestra voz porque no logran armar una propuesta definida”, cuenta uno de los 20 argentinos más ricos de la Argentina. En nombre de Larreta se presentan Hernán Lacunza, Martín Redrado o el ex banquero Gabriel Martino. En el de Bullrich, Luciano Laspina, Dante Sica y otro ex CEO de banco internacional, Enrique Cristofani. Carlos Melconian está entre bambalinas. Con Milei aparecen Roque Fernández y Carlos Rodríguez, que desconfían del plan de dolarización de su jefe político. El que elabora un programa concreto para abandonar el peso es Emilio Ocampo, con el apoyo de un centenar de empresarios, entre ellos, Gonzalo Tanoira, presidente de la citrícola San Miguel, donde es socio junto con Carlos Miguens Bemberg y los Otero Monsegur. La iniciativa de Ocampo ya convenció a Milei, pero busca interesar a precandidatos y economistas de otros partidos. La mayoría de los que lo avalan son exportadores. Uno de ellos explica su motivación: “Estamos cansados de que nos metan la mano en el bolsillo con el dólar oficial, porque no podemos competir contra productores de otros países. Así que vemos que la única manera de competir es cobrando los mismos dólares que cobran nuestros competidores de otros lados. Porque los políticos argentinos no pueden manejar una moneda sin chocarla”. Eduardo Eurnekian, ex patrón de Milei, sigue apoyándolo. También lo respaldan el empresario hotelero Sebastián Braun y el presidente del Banco de Valores, Juan Nápoli, que incluso será su candidato a senador por la provincia de Buenos Aires.

“Todavía no han salido los valijeros de manera masiva a buscar plata, por ahora no la necesitan, pero después de las PASO habrá que empapelarlos”, continúa el empresario del top 20. Sin el aparato porteño como Larreta, Bullrich está siendo investigada por la Inspección General de Justicia (IGJ) porque su fundación, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), habría financiado la campaña, pese a que la ley lo prohíbe. Consultores de empresarios comentan que su jefa de recaudación, María Oneto, pedía $ 3,5 millones a aquellos empresarios sin renombre que querían conocerla y que por eso Macri le sugirió cambiarla por el abogado Javier Medin, ex dirigente suyo en Boca Juniors. “Falso, un disparate, Oneto es impecable”, desmiente una vocera de Bullrich. Ejecutivos de grandes empresas que estuvieron con ella y con Milei también niegan haber abonado. El diputado libertario que dona su sueldo sí ha admitido alguna vez que cobra de US$ 5.000 a 10.000 por charlas como economista.

¿Y en el oficialismo? Personeros autodenominados Fernando, Walter y Pablo piden a empresarios pymes que les lleven bolsos con efectivo en estacionamientos descubiertos de shoppings con la promesa de conseguirles las autorizaciones del SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina). ¿Cuentapropistas? En el diario La Nación, Carlos Pagni mencionó a Pablo Bilbao a cargo de “funciones especiales en la gestión” de la Secretaría de Comercio. Desde el extranjero, Bilbao, que fue jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno porteño hasta 2021, responde a elDiarioAR: “No cumplo ningún rol en la Secretaría de Comercio”.

Al empresario del top 20 consultado nunca le reclamaron ningún pago por compras externas, pero está preocupado porque en las últimas dos semanas se han ralentizado las SIRA: “Hoy, los empresarios le prestamos más atención a cómo se reman las dificultades económicas que a las elecciones de octubre. Hoy lo que mas preocupa es si no entramos en una desaceleración de la actividad”. Reconoce que hasta abril inclusive la industria creció, pese a la sequía que no soló afecta al campo sino a diversas fábricas de alimentos y proveedoras del sector. “Mucha gente ha utilizado los bienes económicos como bienes de resguardo patrimonial, se fue stockeando, comprando todo lo que podía, el ahorro desapareció. La preocupación es si vamos a poder mantener en los próximo meses el ritmo de producción de esos bienes. Llamás al Gobierno porque tenés el barco contra culata en el muelle, pero no tenés aprobada la SIRA y, entonces, el capitán te bloquea el barco. En el Gobierno te dicen que no hay dólares, obtenés la SIRA, pero si tiene fecha de pago a 360 días, ningún proveedor te lo acepta”, relata.

Un futuro mejor

Pero más allá de la coyuntura, en grandes grupos nacionales se ilusionan con que el futuro será mejor para la Argentina por el potencial en el campo, la minería y la energía. Las multinacionales automotrices se entusiasman también con sus plantas, aunque por ahora de autos eléctricos sólo hablan los pequeños fabricantes locales del Tito y el Volt. Uno de los banqueros más poderosos del país sostiene que los activos argentinos, tanto acciones y bonos como empresas, están demasiado baratos y consideran que es momento de invertir.

Sin embargo, aún los mercados no reaccionan con contundencia. Los títulos públicos con valor nominal de US$ 100 subieron del piso de 20 a 24, pero deberían valer 35 o 40. El banquero considera que hay que esperar al resultado de las PASO para ver un alza de las cotizaciones y la condiciona a que la mayoría de la población elija entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, es decir, opciones pro mercado. No obstante, reconoce la paradoja de que un candidato market friendly como Milei termina siendo el espanto de muchos inversores porque si obtiene un buen desempeño y su plan de dolarización cobra potencial de materialización, entonces muchos de ellos huirán del peso a la moneda norteamericana, con la consiguiente devaluación en el mercado paralelo y su impacto inflacionario. Incluso en un banco extranjero temen que el Gobierno se debilite aún más si Unión por la Patria queda tercera en las primarias y que el aspirante de La Libertad Avanza carezca de estructura política para gobernar en caso de vencer.

Al menos, por ahora moderan sus perspectivas de contracción económica por la seca ante el sorprendente ascenso industrial y del consumo. Otro consultor de empresas se preocupa de las peleas internas en el oficialismo y Juntos por el Cambio y advierte que los votos de Larreta y Bullrich podrían no sumarse en octubre y fugarse hacia otros postulantes, a pesar de que sus equipos económicos comulgan el mismo credo de ajuste y reformas, sólo separados por el ritmo de liberación del cepo y de rebajas impositivas. El consultor celebra que Milei esté tocando techo en las encuestas, pero igual se inquieta por sus propuestas y su falta de armado dirigencial.

Por ahora, Massa ha conseguido controlar el dólar paralelo tras el salto de principios de abril a fuerza de perder reservas del Banco Central, de elevadas tasas de interés y de endeudarse cubriendo a los inversores de disparadas del tipo del cambio y la inflación. La duda de economistas opositores es si podrá aguantar después de las primarias y hasta los comicios de octubre. Por eso, el equipo económico, desde Leonardo Madcur hasta Gabriel Rubinstein, renegocia desesperado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la idea de que el ministro vuele a rubricarlo la semana próxima a Washington. Pero son tratativas que marchan demasiado lentas. Massa quiere que le adelanten giros para fortalecer las reservas, pero el organismo pide “ajuste y ajuste”, según reconocen los negociadores.

Mientras tanto, Fernando Morra, ex viceministro de Economía del ahora sciolista Martín Guzmán, respondió implícitamente a Cristina Fernández de Kirchner en su reproche de que el acuerdo de 2022 con el Fondo era inflacionario. En el informe de mayo de su nueva consultora, Suramericana, en coautoría con Maximiliano Ramírez y Ramiro Tosi, señalô: “El acuerdo implicaba el desarrollo de un conjunto de medidas que favorecían el objetivo de reducir la inflación, principalmente a través del fortalecimiento de las reservas y una reducción progresiva del déficit fiscal, al tiempo que se buscaba coordinar las expectativas en torno a las metas del programa. La credibilidad general del programa podría haberse fortalecido con una aprobación en el Congreso que demostrase compromiso político con su implementación, lo que finalmente no se consiguió”.

Publicado un par de semanas antes de que se conociera que la inflación mensual había bajado levemente del 8,4% en abril al 7,8% en mayo, Suramericana concluyô: “Establecer condiciones para un proceso de desinflación en lo que queda del año es muy poco probable, pero reducir la inflación en la Argentina es un resultado posible. En el contexto de la implementación de políticas de estabilización, partiendo de una nominalidad alta, el Estado tiene el rol adicional de contribuir al anclaje de expectativas vía la determinación de políticas de precios e ingresos que influyan en la administración del conflicto distributivo. La política monetaria debería acompañar ese proceso definiendo su tasa de política con el objetivo de apuntar a una tasa de interés real de referencia que sea positiva y sostenible, pero definiendo la misma en relación a la expectativa de inflación que se busca construir en el contexto del programa macroeconómico y no en relación a la tasa de inflación pasada. Éste será el principal desafío económico de la próxima administración”.

Al menos el futuro gobierno heredará el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. El martes próximo comenzará a llenarse para que el gas de Vaca Muerta llegue el 9 de julio a Salliqueló, provincia de Buenos Aires. Recién entonces habrá un gran acto de inauguración en el que quizás se vean las caras Alberto Fernández, Cristina Kirchner, los sectores desunidos en la Unión por la Patria. Propios y extraños valoran que el tubo se haya construido en tiempo récord y permita pasar del déficit comercial energético en 2022 al equilibrio en 2023 y al superávit en 2024, a fuerza de ahorrar importaciones y elevar exportaciones.

El próximo paso consistirá en la reversión de los gasoductos que abastecen de gas al norte argentino, desde los declinantes yacimientos del noroeste y Bolivia. La idea es abastecer esa región con fluido que venga desde Vaca Muerta por el tubo Kirchner. Para esta obra hay financiamiento asegurado de la Corporación Andina de Fomento (CAF). En cambio, aún no está definido quién pagará el segundo tramo del nuevo gasoducto, el que irá de Salliqueló a San Jerónimoa, Santa Fe. Los asesores energéticos de Larreta, Nicolás Gadano, y de Bullrich, Emilio Apud, saben que el tubo que dejará este gobierno constituye un buen legado. Lo que les preocupa es el atraso que en diciembre acumularán los precios de las naftas y el gasoil y de las tarifas de gas y electricidad no sólo para la clase media sino también para la baja. Se esperan entonces tarifazos, aunque lo más determinante será el impacto de la devaluación prometida en sus planes económicos.

AR

La Unión Industrial Argentina (UIA), que preside Daniel Funes de Rioja, recibirá este martes a los secretarios de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y de Comercio, Matías Tombolini, y al subsecretario de Política Comercial, Germán Cervantes. De Mendiguren lleva las buenas noticias: vaticina que la economía no se contraerá, como vaticina la mayoría de los analistas por la sequía, sino que predice que se expandirá 1,5% porque el consumo y el turismo continúa empujando hacia arriba. Tombolini y Cervantes, en cambio, enfrentarán las quejas por los faltantes de importaciones necesarias para producir, desde insumos hasta maquinarias.

No se espera que nadie a viva voz comente los comentarios del periodista Carlos Pagni sobre supuestos funcionarios de Comercio que piden presuntos pagos en un hotel de Puerto Madero o las funciones de la esposa de Tombolini, María Stroman, como su asesora ad honorem. No es la primera vez que en los últimos años se siembran sospechas sobre cónyuges de funcionarios encargados de los controles de importaciones. Pero en el Gobierno comentan que empresarios les sugieren que hay quienes piden peajes para conseguir aprobaciones. Ya en febrero pasado el ministro de Economía, Sergio Massa, y Tombolini denunciaron a una banda grabada con cámara oculta que reclamaba esos sobornos para liberar autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). En abril, los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Juan Manuel López y Victoria Borrego se presentaron en la Justicia contra el secretario por una publicación en un grupo de Facebook de despachantes de aduana que hablaban de un 13% de coima.

La UIA espera a Tombolini y Cervantes con la reciente encuesta a sus asociados que indica que “más de la mitad de las empresas indicaron un empeoramiento de las restricciones a las importaciones de insumos para la producción”. “Los tiempos de aprobación de las SIRAs empeoraron para el 64% de las empresas, mientras que el 58% indicó una reducción en la proporción de solicitudes aprobadas”, según el informe de la Unión Industrial. No obstante, De Mendiguren consultó a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, sobre suspensiones de personal en empresas para ver si los faltantes provocaban parates y ella le informó que sólo hubo cuatro en los últimos dos meses.

El secretario les advertirá que en el primer cuatrimestre recibió un 48% más de pedidos de importaciones medidas en dólares que en el mismo periodo de 2022 y aprobó un 25% más. “El que recibe la SIRA aprobada se la guarda para especular”, alertan en Comercio. Es tentador importar al dólar oficial con la brecha que hay respecto del paralelo.

En el Gobierno se proponen “estabilizar la inflación sin que caiga el PBI”. Por eso, la última suba de tasa de interés para los plazos fijos y las Letras de Liquidez (Leliq) vino acompañada de una baja del costo del financiamiento para pymes y consumo. En la encuesta de la UIA en abril hay más compañías con caídas de producción, ventas internas, exportaciones y empleos que las que registran subas. Sin embargo, el Instituto de Estadística (Indec) marcó que de enero a marzo la industria creció 2,6%. “Se quejan de las importaciones, pero crecen”, apuntan en el Gobierno. De Mendiguren llevará los números con los que cruzó este lunes al ex ministro de Hacienda de Cambiemos Nicolás Dujovne por Twitter: “Hoy la economía está 7% arriba de cómo la dejaste. La industria está 15% arriba. Hay 305.000 más familias argentinas con empleo formal privado. El desempleo está en el nivel más bajo en 20 años. La inversión está en el mayor nivel en 14 años”.

El secretario de Desarrollo Productivo les recordará a sus ex colegas de la UIA, entidad que él presidió en el pasado, lo que les dijo en 2016 el entonces presidente del Banco Central de Cambiemos, Federico Sturzenegger. “Esa asignación de capital con proyectos con TIR (tasa interna de retorno) negativa lo que logra en realidad es destruir el capital en lugar de multiplicarlo”, habló aquella vez Sturzenegger en contra de los préstamos productivos con tasa de interés inferior a la inflación. Ahora De Mendiguren les ofrece un plan llamado Crédito Argentino (Crear) por $ 1.000 millones para capital de trabajo (gastos operativos), inversiones y exportaciones de grandes empresas, pymes y emprendimientos con una tasa del 48%, muy por debajo del 109% del índice de precios al consumidor (IPC), que se consigue en bancos públicos y privados. “El FMI (Fondo Monetario Internacional) te pide tasa positiva, pero así hacés mierda la actividad”, razonan en los despachos oficiales.

AR

El ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Comercio, realizó una denuncia en la Justicia Federal, contra una organización delictiva que exigía dádivas para la aprobación del SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) con el objetivo de concretar operaciones de importación.

En un mensaje grabado, el secretario de Legal y Administrativa, Ricardo Casal, precisó que tras ser radicada la denuncia ante el Juzgado N° 10 del Juez Julián Ercolini, con la intervención de la Fiscalía 8 de Eduardo Taiano, se ordenó de inmediato un operativo que concluyó con la detención de los dos falsos gestores que promocionaban sus servicios.

De esta manera, Casal destacó que la celeridad y eficiencia de la justicia en cabeza del Juez Ercolini y el fiscal Taiano, permitieron que en 48 horas esta organización quedara desbaratada y que las personas fueran detenidas y puestas a disposición de la Justicia Federal.

“El ministro de Economía, Sergio Massa, ordenó de inmediato la interposición de la denuncia y el seguimiento de la situación con el objeto de desbaratar cualquier tipo de organización que pretenda lucrar con la gente de buena fe que tramitan las SIRAS en la Secretaría de Comercio”, subrayó Casal.

Ante esta situación, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, anunció la puesta en marcha una aplicación de seguimiento del trámite SIRA que envía notificaciones automáticas para evitar maniobras ilegales.

Información de NA

Con la idea de brindar a los importadores certezas sobre el momento en que podrán acceder a dólares para pagar a sus proveedores en el exterior, arrancó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que reemplaza al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

Junto con ello, entró en vigencia la nueva circular del Banco Central A7622, que establece nuevas condiciones de acceso a dólares oficiales para las empresas, en reemplazo de la norma que hasta ahora establecía plazos de 180 días para unas 4.600 posiciones arancelarias que se cursan con Licencias no automáticas (LNA).

La entidad que dirige Miguel Pesce autorizó ahora a hacer pagos anticipados solo con dólares propios y eso hace prever a analistas que puede inducir a los importadores a conseguir dólares en la Bolsa de Comercio (MEP) o en el Contado con Liquidación (CCL).

El SIRA también desactiva el cupo de 105% respecto de los dólares que la empresa compró en 2021 y del 170% sobre 2020, que se podían cursar por SIMI A y pagar al momento.

La declaración SIRA tendrá una validez de 90 días desde su aprobación y tendrá una prórroga automática de acuerdo a los plazos que establezca la Secretaría de Comercio.

Dentro de los controles para la aprobación de las SIRA se evaluará el perfil de riesgo, la Capacidad Económica Financiera, si se hizo abuso de medidas cautelares para acceder a SIMI y si hubo operaciones sospechosas de sub o sobre facturación.

Se crea la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior donde los bancos consultarán y registrarán las solicitudes de pagos.

Esta consulta se podrá hacer en forma previa a la realización de la operación cambiaria.

Martín Kalos director de EPyCA señaló a Noticias Argentinas que “esto es mejor que lo que había hace una semana si se logra la claridad” que prometió el gobierno al anunciar el sistema, “pero es peor que hace cuatro meses cuando había acceso inmediato al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)”.

“La cuestión está en el cumplimiento. Si se cumplen los plazos que el gobierno promete a alguna empresa le dará alguna tranquilidad” explicó Kalos, quien indicó que “esa tranquilidad va en función de poder calcular costo y riesgo financiero”.

El consultor precisó: “Si antes podías acceder al MULC de manera relativamente inmediata no había riesgo, ni costo financiero extra pero ahora sí, porque hay que estimar y esperar prever el tipo de cambio al que vas a poder acceder en equis tiempo que le va a decir el sistema a cada empresa, suponiendo que eso se cumple”.

“Además hay que incluir el costo de acceder a dólares financieros o de poner dólares propios, independientemente de los tenga o los tenga que adquirir”, agregó,.

También indicó que “esto incrementa los costos porque en vez de asociarlos solo al MULC, es decir, al dólar oficial, se asocia a los dólares paralelos” y dijo que “hay que vincular además los riesgos de incumplimiento de los plazos”.

Empresarios vinculados a la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) plantearon que el nuevo esquema elimina el acceso inmediato al MULC, al desaparecer lo que eran las SIMI tipo A que brindaban la posibilidad de adquirir dólares oficiales al momento.

Indicaron que el nuevo esquema pretende llevar a que todo el comercio exterior se lleva a cabo mediante el esquema de “pagos diferidos”.

El pasado 14 de octubre, junto con la publicación de la resolución conjunta 5271 de Secretaría de Comercio y AFIP, el Banco Central emitió la Comunicación A7622, en la cual se fijan las condiciones de acceso al MULC de las empresas que logran la aprobación del SIRA.

Podrán hacer pagos anticipados con dólares propios, desde una cuenta corriente en la que la empresa tenga depositados dólares o tiene como opción el acceso en el plazo que le fije el SIRA a partir del momento en que la mercadería llegue al puerto de Buenos Aires.

En el caso de los dólares propios, los importadores consideran que las empresas se van a ver compelidas a ir al dólar financiero si no cuentan con divisa.

En el segundo, se establece una duda. Los importadores plantean que cuando se compra un insumo, el pedido el proveedor del exterior demora un mes para elaborarlo. Luego se puede demorar dos meses más para que el barco llegue a puerto. Normalmente, se termina de pagar el pedido al momento en que el proveedor envía la mercadería desde el puerto de origen, donde se emite un documento que le permite al comprador nacionalizar los bienes en la Aduana.

Con el SIRA, el BCRA establece que ese pago se debería hacer en el plazo que le indicará el Gobierno, luego de desembarcado el pedido en el puerto en Argentina.

Con ello entre los importadores estiman que en promedio se busca diferir los pagos en unos 120 días.

Por otro lado, en noviembre y diciembre comenzarán a vencer operaciones de 180 días de crédito comercial que tuvieron que tomar las empresas en el marco del SIMI.

El stock de deuda llega a unos US$9.400 millones, si se compara la cantidad de importaciones autorizadas por la aduana entre enero y agosto contra los dólares que vendió el BCRA para importar.

Con información de NA.

IG

El Gobierno anunció un nuevo sistema de importaciones con el que, asegura, buscará dar más orden y trazabilidad completa y en tiempo real a las operaciones, además de y evitar casos de sobrefacturación, uso abusivo de cautelares y otros mecanismos irregulares. Intervendrán la AFIP, Aduana, Comercio Interior y el BCRA. 

El sistema entrará en funcionamiento el 17 de octubre próximo, cuando comenzará a operar el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) a partir de una resolución conjunta entre la Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El mecanismo sustituirá al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) que quedará en desuso.

El esquema, en coordinación con distintas áreas de Gobierno, busca además previsibilidad en la fecha en la que las empresas podrán enviar dólares a sus proveedores del exterior.

El nuevo mecanismo fue generado en los 60 días lleva la gestión del nuevo equipo económico. “Buscamos que el esquema, desde que nace la SIRA hasta que se giran las divisas, tenga una trazabilidad del ciento por ciento”, indicaron desde el Ministerio de Economía.

A grandes rasgos el sistema tendrá un análisis de la capacidad económica financiera del importador y un perfil de riesgo aduanero y fiscal que incluye haber sido detectado con maniobras de sobrefacturación de importaciones o uso abusivo de cautelares, o la no presentación de declaraciones juradas.

Tendrá una Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior y fecha de giro estimada; prevé facilidades para Pymes y Entidades Civiles principalmente con acortamiento en los plazos de pago que se reducirán a 60 de 180 días actuales. 

También establece un trámite facilitado para importaciones que no requieran acceso al mercado libre de cambios para el giro de divisas y mantiene la vigencia de las SIMIs aprobadas solamente para el caso de los importadores que no sobrefacturaron o usaron de manera abusiva cautelares.

En tanto que para los servicios se crea el Sistema de Importaciones República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE) que suplirá al actual SIMPE y en el que también se realizará un análisis de la capacidad económica financiera y de riesgo fiscal del solicitante, como en el SIRA incorpora la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior y fecha de giro estimada y mantiene vigentes las SIMPEs aprobadas.

Acceso a divisas

El otro elemento nuevo del sistema de importaciones es la cuenta Corriente Única de Comercio Exterior por el cual el banco comercial al momento de realizar la operación de acceso a las divisas deberá registrar la operación “en línea” en una aplicación de la AFIP, la cual validará: la existencia del CUIT activo, la declaración (SIRA, SIRASE o Despacho) en estado autorizado, incluyendo fecha probable de giro y los controles de saldo (cuenta corriente). Esta herramienta permitirá al Estado tener un monitoreo en tiempo real (Tablero de Control) del flujo financiero y físico del comercio exterior

El esquema será publicado en el Boletín Oficial entre martes y miércoles próximo, informaron desde la cartera que dirige Sergio Massa.

Los cambios se establecieron a partir de haber detectado al 27 de septiembre por el año 2022 valores FOB en ADUANA por US$ 57.531 millones y SIMIs por US$ 94.076 millones, es decir un 65% más de SIMI presentadas por el monto que efectivamente se importó, explicaron desde Economía.

“Con la brecha que hay es muy tentador acceder al mercado de dólar oficial y por eso estas maniobras. Detectamos que se busca de manera irregular acceder al mayor cantidad de bienes al dólar oficial”, agregaron.

También se encontraron maniobras de alquiler de SIMIs o triangulación con denuncias administrativas. En este último caso hay 715 empresas que realizaron 28.000 operaciones por US$ 650 millones de dólares. Especialmente concentradas en importadores que en el marco de la pandemia utilizaron el Decretro 333/2020 que permitía el ingreso de equipamientos médicos y se encontraron sobrefacturación de guantes, barbijos y Test de covid.

Por otro lado detectó el uso abusivo de cautelares que con la presión de fiscalización se han ido retirando de la Justicia, precisaron fuentes oficiales.

Por otro lado también se encontró la existencia de empresas que fueron alterando sus declaraciones juradas para obtener el CEF. Inflaban los créditos fiscales. Son 204 contribuyentes que lo que hacen es buscar distintos mecanismos a las fórmulas del CEF y se estima que involucra unos 9.445 millones de pesos involucrados. También se encontraron irregularidades en el uso de la zona franca de La Plata.

Télam y NA