Un incidente con posibles consecuencias medioambientales en la provincia de Catamarca y la presunta subfacturación de exportaciones con millonarias consecuencias para la economía de los Estados provincial y nacional han ubicado a la minera estadounidense Livent en el rol del supuesto caso testigo sobre los riesgos del nuevo boom minero en Argentina: el litio. 

Ambas sospechas se encuentran bajo investigación en expedientes administrativos y judiciales, explicaron a elDiarioAR fuentes del Ministerio de Minería catamarqueño, el Ejecutivo nacional, la compañía y los tribunales federales. La empresa Livent Corporation niega las acusaciones por presunta subfacturación e informó que entregó un informe a las autoridades provinciales sobre el reciente incidente ambiental en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.

La explotación del litio en Argentina, que concentra el 20,5% de las reservas mundiales de este mineral, moviliza desde hace años a ambientalistas y comunidades originarias y locales que habitan los alrededores de los salares en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta (además de un proyecto en San Juan), en especial, por la cantidad de agua que la explotación de litio insume en zonas donde esta no abunda. 

Sin embargo, a las sospechas y denuncias alrededor de este negocio concentrado por empresas de capitales extranjeros y algunas locales, se suman los posibles riesgos por contaminación del agua y el ambiente, además de las posibles pérdidas millonarias ante la incapacidad de las autoridades de controlar las cantidades reales de litio extraídas de los salares del país. 

El caso testigo de estas nuevas alarmas sucede en Catamarca, donde el gobierno de Raúl Jalil ha debido iniciar en 2022 un expediente y denuncia por una supuesta maniobra de la empresa Livent para subfacturar el carbonato de litio que exporta y así disminuir considerablemente sus aportes al Estado por derechos de exportación.

Tras una auditoría de la provincia, la Dirección General de Aduana (DGA) denunció a la compañía estadounidense por el supuesto perjuicio de alrededor de US$8 millones por la diferencia de tributos entre lo que pagó y lo que debió pagar por operaciones de 2018 y 2019; y le aplicó a la empresa una multa de $7.000 millones, informó la agencia oficial Télam en julio de 2022. La acusación es en el marco de un expediente administrativo y no penal, dijo la empresa en un comunicado.

La compañía, que en Catamarca opera como Minera del Altiplano SA, es la única que se encuentra actualmente exportando productos derivados del litio extraído de Catamarca. Es investigada por las autoridades de la provincia por un incidente con un camión contratista que volcó en las inmediaciones de la mina que se encuentra en el Salar del Hombre Muerto el 4 de febrero último y volcó unos 20.000 litros de ácido clorhídrico, como informaron El Ancasti y Página 12. Este químico es utilizado para generar el cloruro de litio, otro de los productos derivados para exportación.   

“La Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera inició un sumario administrativo bajo la carátula ‘sumario administrativo ambiental: incidente ambiental por vuelco cisterna’ e ‘incumplimiento de la normativa minero ambiental vigente’”, afirmó el ministerio de Minería de la provincia a elDiarioAR. 

De acuerdo con las autoridades, “la empresa informó que llevó a cabo tareas de remediación en el sector, impuestas por el organismo minero, hecho que fue constatado por la Policía Minera en el lugar”.  “Las tareas consistieron en retirar el vehículo, limpieza de suelo y bombeo en la zona para extraer posibles residuos”, ya que el contaminante derramado en el terreno podría haber penetrado las napas freáticas.

Las sanciones que podrían aplicarse a la minera por el derrame “van desde una multa hasta una suspensión, cierre o inhabilitación”, aseguró el ministerio.

Ante las consultas de elDiarioAR, voceros de Livent en Argentina afirmaron que su posición sobre la denuncia por presunta subfacturación de importaciones de litio se encuentra publicada en un comunicado de la compañía en 2022 y que la minera entregó un informe sobre el incidente ambiental provocado por el vuelco del camión que transportaba ácido clorhídrico en la mina Proyecto Fénix y que no podía dar información al respecto. Remitió a este medio a las autoridades de la provincia.

La empresa argentina de Livent supuestamente exportaba a su vinculada del exterior productos de litio a valores “sustancialmente inferiores a los estimados de mercado y a los utilizados por otro exportador comparable”, de acuerdo a la denuncia que luego realizó la Dirección General de Aduanas, organismo nacional.

“Ninguno de los procesos administrativos iniciados por la Aduana ha determinado deficiencias  en la valuación de nuestras exportaciones, ni perjuicio fiscal alguno para el Estado Nacional,  por lo que no se ha ajustado ninguna deuda, ni corresponderá la aplicación de ninguna multa  a nuestra compañía”, respondió la compañía en el comunicado de 2022. 

Eléctrico

El litio es un negocio del presente, pero sobre todo del futuro. En Argentina, tres productos representan el 94% de las exportaciones mineras del país: oro, plata y litio. En 2021, este último sólo aportaba el 6,4% de esa torta minera. Un año más tarde, en 2022, las exportaciones de litio ya superaban el 18% del trío estrella, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Producción de la Nación. 

Las licitaciones de explotación de los salares en las provincias del noroeste implican contratos a 40 años y todo indica que ese 18% irá en alza, según sostienen los Estados nacional y provinciales y las propias mineras en sus informes a los inversores.

Este mineral es codiciado en los países desarrollados, ya que se utiliza para la fabricación de baterías de teléfonos celulares, tablets, computadoras portátiles y, como el motor del futuro, ya que se lo requerirá para hacer funcionar los vehículos eléctricos e híbridos.

En Argentina, que ostenta el 20,5% de las reservas mundiales de litio, existen 38 proyectos para extraerlo y comercializarlo pero sólo dos producen y exportan productos derivados de este mineral. Uno de ellos es el Proyecto Fénix, una mina ubicada en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca Allí, la empresa estadounidense Livent es una de las mineras que explota el litio.

Livent asegura que actualmente produce en Argentina aproximadamente 5.000 toneladas por año de cloruro de litio y 17.000 de carbonato de litio, pero su apuesta es superior: aspira a tener “una capacidad total anual de carbonato de litio de 60.000 toneladas métricas, así como una capacidad de 9.000 toneladas métricas de cloruro de litio”, según el comunicado de 2022.

El fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, quien tiene jurisdicción sobre Catamarca e interviene ante la Cámara Federal de Apelaciones, denunció penalmente ambos hechos, por lo que el caso es investigado en la justicia federal local. Además, se inició un expediente en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), de acuerdo a los documentos consultados por elDiarioAR.

Tras la denuncia de presunta subfacturación de exportaciones, el fiscal general requirió información a la Agencia Recaudadora de Catamarca (ARCA), a la Delegación Tinogasta de la AFIP y al Ministerio de Minería de la provincia. Además, también se le requirió información a dicha cartera sobre el derrame de ácido clorhídrico. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se le solicitó que identificara a todas las empresas mineras que operan actualmente en el Salar del Hombre Muerto y desde qué fechas operan en esa zona de la provincia.  

La fiscalía también pidió la evaluación e informes de impacto ambiental (indicando qué es lo que se extrae en cada una de las minas o salares, la contaminación generada en la zona y la ocupación de territorio); y qué tratamiento se le da a los residuos resultantes de la actividad (sobre aire, suelo y cursos de agua), y en qué ríos y en qué cantidad es tomada el agua utilizada en el proceso de extracción de minerales. 

Además, la fiscalía requirió que el Ministerio responda “con carácter urgente” si la cartera de Ambiente de la Nación tenía conocimiento e intervención en el incidente del vuelco de los 20.000 litros de ácido clorhídrico en la zona del Salar y toda la información que conozca sobre el caso, además de la evaluación sobre las posibles consecuencias tanto para el ambiente, y las medidas tomadas al respecto.

“La experiencia que tenemos como antecedente más relevante es con Minera La Alumbrera- una mina a cielo abierto para la extracción de cobre y oro que operó en Catamarca-, y cuando se llamó al máximo ejecutivo de la empresa a dar explicaciones ante la Justicia, plantaron la bandera y se fueron del país”, afirmó una fuente con conocimiento directo del expediente.

Agua

La fiscalía general también solicitó que la Dirección de Hidrología y Evaluación de Recursos Hídricos de Catamarca informe qué vertientes, ríos y lagos se encuentran en el Salar del Hombre Muerto; y de qué cauces, y en qué cantidad en litros, es extraída por día el agua que se utiliza en la explotación minera en el lugar. También requirió que el organismo identifique qué mina toma el agua de qué vertiente. Y apuntó a otra cuestión clave: pidió que se identifique la existencia en la zona de ríos subterráneos y napas freáticas; y sobre la profundidad en la que se encuentran. Pero además fue más allá: quiere que le informen la desembocadura de todos estos cauces de agua y su curso por el resto del territorio argentino.

El representante del Ministerio Público Fiscal también requirió información sobre las obras hídricas realizadas en el lugar y su envergadura a los fines de la explotación minera.

ED

La Aduana denunció la flagrante subfacturación de un toro reproductor que se pretendía exportar a Uruguay: mientras que en el Paso Internacional de Concordia-Salto su valor FOB fue declarado en USD 2.100 —aproximadamente $315.000— agentes especializados del organismo que dirige Guillermo Michel detectaron que a Barón Rojo, un Angus puro pedigree, en realidad le correspondía una cotización mucho mayor.

En efecto, uno de los datos incriminatorios descubiertos por los inspectores aduaneros fue que el toro de 950 kg con una estructura y genética de primer nivel —tal como se lo promocionaba— aparentemente había sido vendido por $1.800.000 en un remate que realizó Cabañas Santa Lucía (Ganadera del Villaguay S.A.), que luego se subió a YouTube. De ese modo, se determinó que la exportación de Barón Rojo estaba siendo subfacturada en un 80%: US$ 10.000, aproximadamente, o 1.5 millones de pesos.

En ese marco, la Dirección General de Aduanas-AFIP efectuó la correspondiente denuncia por el ilícito detectado, no obstante lo cual procedió a la liberación del animal bajo el régimen de garantía previsto en el artículo 453 del Código Aduanero, luego de exigir el pago de un seguro de caución.

Este caso fue la primera detección de una infracción en la que se utilizó, en Interior, el sistema Radar, puesto en vigencia el 29 de septiembre.

Qué es el Sistema RADAR

La Aduana puso en marcha a fines de septiembre un nuevo sistema operativo llamado RADAR que le permitirá unificar las bases de datos de todas las dependencias. De esta manera, buscan centralizar la información de los importadores para contar de forma instantánea con las denuncias administrativas, faltas o penalidades que pudo haber cometido una sociedad.

De esta manera, se busca tener una herramienta ágil a la hora de desarticular maniobras que ejecutan los importadores para aprovechar la brecha cambiaria, como la sobrefacturación de importaciones o la subfacturación de exportaciones, entre otras.

Estas medidas se enmarcan en un cuadro general de lo que el Gobierno llama “ordenamiento del comercio exterior”. Esa avanzada quedará cristalizada en las próximas horas cuando el Ministerio de Economía dé a conocer un nuevo Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

Con información de agencias.

IG