La movilización de este miércoles para exigir que el Congreso rechace el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria encontró a una CGT dividida, con “libertad de acción” para sus gremios, en un clima de creciente malestar a raíz de los fuertes cuestionamientos de Cristina Kirchner al sindicalismo a través de su última carta pública.

La cúpula de la central obrera se mostró fracturada: el sector más combativo decidió plegarse a la marcha convocada inicialmente para las 13 por las dos vertientes de la CTA —que encabezan Hugo Godoy y Hugo Yasky—, los movimientos sociales y la izquierda, en un desafío al protocolo antipiquetes con el que amenaza el Gobierno. Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Abel Furlán (Metalúrgicos) serán las caras visibles de la CGT en las inmediaciones del Congreso.

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT e integrante del sector de los autodenominados “independientes”, explicó la postura oficial: “Desde la CGT hemos repudiado el veto. De cualquier manera, hay libertad de acción para quienes quieran acompañar este tipo de manifestación, pero no es un tipo específico que la institución CGT decida hacer”, dijo el último fin de semana en AM 750.

La tensión entre las distintas facciones es indisimulable. “Repudiamos la represión que vimos en los últimos dos miércoles y a los diputados que quieren darse vuelta y apoyar el veto”, se diferenció Pablo Moyano y afirmó: “Ojalá sea una marcha masiva y ojalá los diputados se enteren de que hace 20 días votaron la reforma de $13.000, es vergonzoso decirlo. Se armó toda esta pelea por $13.000 para los jubilados y estos delincuentes aprobaron un presupuesto de $100.000 millones para inteligencia”. 

En diálogo con elDiarioAR, un representante de la CGT presente en la marcha afirmó: “Creemos que es necesario acompañar todas las demandas de la sociedad en la calle, y hoy la demanda más fuerte es la de los jubilados. El ala ‘dialoguista’ insiste con bajar el perfil de confrontación con el Gobierno”. En ese sentido, cuestionó la estrategia: “¿Y qué consiguieron hasta ahora? Su resultado es cero. Ser dialoguista hasta ahora no tuvo ninguna eficacia; sostienen esa posición por un tema de confort. Milei no les dio nada, todo lo que pudo modificarse se lo hizo a través del Congreso”. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los primeros en cuestionar el veto de Milei tildándolo de “mentiroso, cruel e insensible”, decidió sumarse a marchar con los movimientos sociales como la UTEP, los sectores agrupados en el Frente Sindical, la Corriente Federal, las dos CTA, organizaciones de izquierda y organismos de derechos humanos. La columna bonaerense se reunirá a las 11, encabezada por el mandatario provincial, sus funcionarios y un grupo de intendentes bonaerenses. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso. El sector se encuentra en estado de alerta por el intento de congelar los salarios en la administración pública y los despidos que anunció Milei en diferentes áreas. Durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno. 

La tensión por la carta de Cristina 

En el último documento que publicó contra Milei, Cristina también realizó una crítica profunda hacia el peronismo al afirmar que “se torció” y “se desordenó” por varios motivos, entre ellos no haber advertido la modificación de las relaciones laborales. Según la expresidenta, de la minoría que representan hoy los trabajadores registrados en la actividad privada, sólo el 40% de ellos está sindicalizado.  

“La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”, lanzó en la carta, en una frase que se interpretó como un cuestionamiento hacia el rol de la actual conducción sindical. 

Al ser consultado por este tema, Pablo Moyano reaccionó visiblemente molesto, pidiéndole a Cristina “que dé nombres”. “La leí muy por encima. Esa crítica se tiene que dar en un debate interno y no hacerla público. Volvemos a las peleas anteriores que llevaron a este cachivache a presidente (por Milei)”, analizó el líder camionero en Radio 10. 

Andrés Rodríguez fue más duro y opinó que Cristina debe “revisar mejor los números” a los que hizo referencia. “En la población económicamente activa hoy el trabajo formalizado está reducido a la mitad. Esto no es producto de que el movimiento obrero haya querido informalidad, es producto de la falta de políticas de los gobiernos de hace bastante tiempo”, dijo y contraatacó: “Durante los gobiernos que presidió la señora Cristina Kirchner tampoco se hizo una política de empleo formal firme porque siguió existiendo el subsidio a la gente que estaba en la informalidad, agravado después en el gobierno de Macri y mucho más en el de Alberto Fernández”.

Las críticas de Cristina tampoco fueron bien recibidas por los dirigentes gremiales más cercanos al kirchnerismo. Un sindicalista de la CTA, de buen vínculo con el Instituto Patria, opinó en diálogo con elDiarioAR: “Son afirmaciones del sector político que no coinciden con los embates que estamos recibiendo permanentemente. La tesis de Cristina es que el sindicalismo está disminuido en su capacidad de acción, pero hay 28 proyectos presentados en comisión para impedir la reelección en sindicatos, eliminar cuota sindical, prohibir que alguien procesado -con un proceso judicial en curso- pueda tener un cargo, un protocolo creación de fuerza especial en centros sindicales, y la lista sigue”.

En ese sentido, resumió: “Desde el lado del Gobierno ven al sindicalismo como una amenaza latente. Nadie pierde tiempo en patear a un perro muerto… si efectivamente el sindicalismo estuviera reducido a la nada, como se desprende de lo que plantea Cristina, el Gobierno no perdería tiempo en generar protocolos y toda una andanada de iniciativas con las que busca desactivar el poder de fuego de los gremios”. 

“No sirve que presente eso ahora. Interpreto que Cristina lo plantea porque es una mirada que pretende tender cierta transversalidad a sectores de clase media que miran con mucho prejuicio al sindicalismo, pero no es oportuno”, cerró. El tema signó la antesala de la protesta y promete continuar en las próximas semanas, cuando la cúpula de la CGT y el resto de los dirigentes sindicales sientan, una vez más, la presión de sus bases para salir a la calle a protestar contra las medidas del Gobierno.

LA/JJD

Con retóricas más o menos encendidas, los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC) prenuncian una temporada en el desierto a partir de 2024, para terminar con lo que suelen definir como malgasto, dilapidación o “fiesta”, que llevaría a la Argentina a “vivir por encima de sus posibilidades”.

A diferencia de otros tiempos, una parte de la dirigencia política interpreta que las proclamas de inspiración thatcherista, aquellas que enmarcan un Estado y sectores parasitarios que viven del esfuerzo de los individuos, no espantarán votos en 2023, sino que servirán para cosecharlos. La presunta competitividad de Javier Milei, cuyo sobrevuelo altera los nervios de JxC, alimenta esa línea.

El objetivo del déficit cero que el FMI planteó en 2018 —y Mauricio Macri casi consigue en un año y medio mediante hachazos presupuestarios y traumas sociales— quedó establecido como un norte para todos los postulantes la coalición de derecha. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el propio Macri dejaron saber que el Gobierno que asuma en 2023 no tendrá tiempo para dilaciones ni gradualismos.

La revisión del acuerdo con el FMI por US$ 44.500 millones gestionada por Alberto Fernández estiró los plazos para alcanzar el equilibrio. El programa supone una reducción gradual del déficit primario a 2,5% del PBI este año, 1,9% en 2023 y 0,9% al año siguiente, para después iniciar —dice el papel— una senda de equilibrio y superávit. Esa es la receta que asumieron las diferentes facciones del Frente de Todos, más allá de declaraciones del cristinismo que, a fuerza de hechos, perdió su capacidad desconcertante. Así las cosas, el déficit cero, con otros tiempos y herramientas, gobierna también la mente del oficialismo y la variante opoficialista de La Cámpora.

Sin margen

Aunque quieran, los postulantes de JxC no tendrán margen para repetir el aumento del déficit fiscal financiado con endeudamiento descontrolado, secuencia gatillada entre 2016 y 2018. Los mercados internacionales se cerraron desde entonces y todo indica que la ventana demorará un tiempo en volver a abrirse: una montaña de vencimientos espera a los próximos dos períodos presidenciales.

Otra coincidencia en JxC es que el déficit no será reducido mediante el aumento de impuestos, porque “no hay más espacio para eso”. Sus legisladores se oponen tanto a subir retenciones al agronegocio como a gravámenes especiales a sectores que multiplicaron su rentabilidad a raíz de la pandemia y la guerra en Ucrania.

El diagnóstico en la alianza de derecha deriva en un recorte de gastos del que hay pocos detalles, más allá de amenazas rimbombantes pero poco efectivas (cerrar Aerolíneas Argentinas de un plumazo) o incompatibles con la paz social (eliminar planes sociales).

Una de las precisiones que deja saber el entorno de Rodríguez Larreta es que los regímenes previsionales de excepción, que benefician a unos 3,7 millones de los 9,5 millones de jubilados, son caros, inequitativos e insostenibles.

El universo de jubilaciones de excepción abarca realidades diversas. “Se compone de dos tipos: los regímenes diferenciales, cuyo beneficio es igual al general, pero cuentan con requisitos de edad y servicios menores para tareas consideradas insalubres o que generan envejecimiento prematuro, como mineros, recolectores de residuos, ferroviarios o bailarines del Colón (son 38 profesiones en total), y los especiales, que permiten obtener jubilaciones en mejores condiciones en requisitos y/o montos”, indicó a este medio Manuel Mera, director de Protección Social del Centro para la Implementación de Políticas Públicas y la Equidad Ciudadana (CIPPEC).

El régimen general establece que un trabajador se puede jubilar a los 65 años (hombres) o 60 (mujeres), al cabo de 30 años de aportes. Entre los exceptuados de esta regla y/o con acceso a un haber jubilatorio más alto que el promedio —porque sus condiciones de jubilación establecen un porcentaje sobre el sueldo activo de entre 70% y 82%— se encuentran docentes de primario y secundario, universitarios, investigadores del Conicet, Luz y Fuerza, agentes de seguridad, militares y empleados municipales y provinciales de algunos distritos. En la mayoría de los casos, como parten de salarios no tan altos o incluso bajos, sus jubilaciones alcanzan para un retiro sin zozobras, pero tampoco lujos.

Señorías

Dos profesiones se destacan en el sentido contrario: diplomáticos y judiciales. El piso jubilatorio del 82% se aplica sobre salarios promedio muy altos. De esta manera, jueces, embajadores y sus subalternos extienden a su vida pasiva los privilegios remunerativos y de condiciones generales (vacaciones, traslados, horarios, impuestos, obra social) que gozaron durante décadas de su trayectoria laboral.  

Este grupo, el de los “especiales” con piso de jubilación más alto, hace un aporte extra sobre el sueldo durante su vida laboral que va desde el 2% (Luz y Fuerza, docentes, Conicet) al 7% (embajadores, jueces). “Los mayores aportes no alcanzan para pagar esas jubilaciones, de ninguna manera son sostenibles esos regímenes”, aclaran en CIPPEC.

En suma, la ONG identificó más de 205 esquemas de excepción que alcanzan a 3,7 millones de retirados, cuya jubilación es 85% superior al promedio del régimen general. Con números a junio de 2022, ANSES reportó el pago de 8,7 millones de beneficios previsionales, incluyendo 1,7 millón de pensiones no contributivas (invalidez, víctimas del terrorismo de Estado, veteranos de Malvinas). A ello se suman unos 600.000 jubilados que pagan estados provinciales y cajas autónomas de Fuerzas Armadas.

Este año, Rafael Rofman se sumó a los equipos de Larreta 2023. En marzo de 2021, el economista publicó “Los regímenes previsionales de excepción en Argentina”, texto que propuso "limitar el rol de los regímenes de excepción al mínimo posible”.

En la cuenta de CIPPEC, que viene batallando hace años por la reducción o eliminación de los regímenes de excepción, el costo global de los regímenes excepcionales es de siete puntos del PBI.

La voz de esta organización no es marginal para Juntos por el Cambio, no sólo porque sus anteriores cuatro directores ejecutivos se incorporaron a esa alianza, incluida Julia Pomares, jefa de asesores de Larreta. Este año, Rafael Rofman, predecesor del citado Mera, se sumó a los equipos técnicos del postulante del PRO. En marzo de 2021, este economista y demógrafo publicó “Los regímenes previsionales de excepción en Argentina”, texto que propuso encarar “cambios para limitar el rol de los regímenes de excepción al mínimo posible”.  

Consenso

Si se eliminaran las jubilaciones excepcionales y todos los mayores de 65 años recibieran el haber medio del régimen general, el Estado podría ahorrar cuatro puntos del producto, lo que equivaldría a eliminar el déficit y pasar a superávit, evaluó Mera, docente en las universidades de San Martín y Di Tella.

El excel de CIPPEC atrae a Larreta, aunque es consciente de las obvias resistencias sociales y sindicales que dispararía una reforma de ese tipo.

Una fuente clave del proyecto presidencial de Larreta menciona a una reducción de los regímenes de excepción como un pilar del orden de las cuentas públicas, pero descree de una decisión unilateral que equivaldría a patear el tablero. Sostiene que el próximo Gobierno podrá sumar masa crítica con gobernadores, empresarios y algunos sindicatos. El caramelo de aumentar jubilaciones mínimas —47% del total de los jubilados, según ANSES—, como estipula el cálculo de CIPPEC, entrará a jugar. Entre los sindicalistas aliados se encontrarían los de los gremios más numerosos, Comercio, Construcción y UPCN (estatales nacionales), que miran los regímenes de excepción desde afuera. El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, Gerardo Martínez, y el de UPCN, Andrés Rodríguez, ocupan una silla en el directorio de CIPPEC.

Otra fuente no larretista de JxC baja el tono y advierte el veto previsible de parte de jueces prestos a poner el sello de “inconstitucionalidad” a una iniciativa que los perjudique. La voz agrega elucubraciones sobre los riesgos de ponerse en contra al estamento judicial.

Disenso

Los antecedentes del jefe de Gobierno permiten avizorar que está dispuesto a dar ciertas batallas con, por ejemplo, los docentes primarios y secundarios, cuyas jubilaciones representan el 50% dentro de los regímenes de excepción que paga ANSES. El gremio no sólo fue blanco habitual de agravios (“personas grandes”, “fracasados”, “sectores socioeconómicos bajos”, “militantes”, “adoctrinadores”) de la ministra de Educación y precandidata a gobernar CABA, Soledad Acuña, sino que también fue penalizado salarialmente por las administraciones del PRO. Los sueldos de los maestros porteños marchan marcadamente por detrás de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Patagonia y varias del Norte, según un informe del Ministerio de Educación de marzo pasado.

Aun si Larreta se arriesga a dar batalla a trabajadores supuestamente no afines, como docentes, científicos, ferroviarios y estatales de provincias, se enfrentaría a una ecuación difícil de resolver. Diplomáticos, policías, militares y jueces son, en principio, más próximos a la coalición de derecha. En el caso de funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior, sus haberes jubilatorios son entre siete y diez veces superiores al régimen general, según números de CIPPEC.

Mera argumenta que hay que “reordenar” el sistema y apuntar a un pago jubilatorio con un componente universal y otro en función de los aportes realizados, sin desconocer que ciertas profesiones justifican un trato privilegiado por cuestiones de salubridad. El responsable de CIPPEC suma su crítica a las moratorias, que se aceleraron hace veinte años, cuando Sergio Massa se hizo cargo de ANSES. En un país con más de un tercio de su fuerza laboral en negro y tormentas económicas periódicas, el registro de 30 años de aportes se torna sisifiano para muchos trabajadores. Para Mera, las moratorias son un método “irregular” de resolver un problema.

En el caso de funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior, sus haberes jubilatorios son entre siete y diez veces superiores al régimen general

Al respecto, Larreta se inclina por garantizar una prestación para el adulto mayor similar a la ofrecida durante el Gobierno de Macri (PUAM), con un estipendio menor a la jubilación.

En el lado del peronismo, no abundan voces que aborden una reforma del sistema previsional, renglón que representa 45% del presupuesto anual del Estado nacional. En general, iniciativas como la de CIPPEC o el retorno a la jubilación privada, como viene deslizando Macri, disparan reacciones inmediatas ante lo que en el peronismo y la izquierda perciben como amenazas a derechos de los trabajadores.

Una excepción satelital en ese campo sería Emmanuel Álvarez Agis. Este economista, cada vez más crítico del oficialismo, habló de un régimen de jubilación universal con haberes similares para todos los retirados, más allá de cuál haya sido su aporte.

El ex viceministro de Axel Kicillof acaba de incorporarse a CIPPEC como integrante del Consejo de Administración, en compañía de los citados Martínez y Rodríguez, además de Gastón Remy (ex Vista), Sergio Kaufman (Accenture), Alberto Abad (ex AFIP) y el abogado Alejandro Carrió, entre otros. 

SL

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, rechazó las críticas del integrante del triunvirato de la CGT Pablo Moyano a la designada ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, y afirmó que “en la época de (Carlos) Menem fueron todos menemistas, incluso muchos que están en el Frente de Todos”.

“Ella se proclamó menemista y nosotros en esa época enfrentábamos al menemismo en los noventa. Ojalá que haya cambiado”, lanzó el pasado martes el referente camionero al opinar sobre quién será la sucesora de Claudio Moroni al frente de la cartera laboral.

En declaraciones radiales, el secretario adjunto de la CGT destacó que “Kelly Olmos es una compañera que tiene militancia peronista”. “La conozco, no de la época de Menem, sino cuando vino (Juan Domingo) Perón a la Argentina. Tiene una gran militancia dentro del peronismo. Con esos pergaminos, me parece que tiene capacidad, además profesional también, como para asumir la cartera de Trabajo”, remarcó.

Y, al rechazar los dichos de Pablo Moyano, agregó: “Los peronistas que atravesamos la época de Menem fueron todos menemistas, incluso muchos que están en el Frente de Todos. Que ninguno se haga el distraído. Es una realidad de la evolución de la política y de las etapas que nos tocó atravesar”. “No tengo ningún reparo en este nombramiento”, acotó.

Al ser consultado sobre cuál espera que sea la agenda de Olmos en el Ministerio de Trabajo, Rodríguez indicó: “Las dos vertebras fundamentales, que la CGT viene reclamando hace tiempo, son por un lado la política de empleo, porque hay mucha gente en la informalidad o desocupados, y por el otro que los salarios de los trabajadores formales no pierdan poder adquisitivo”.

Además, respecto a si la central obrera fue consultada para definir su designación, el líder de UPCN minimizó la cuestión: “Se aceleraron los acontecimientos con la renuncia de (Elizabeth) Gómez Alcorta, porque (Claudio) Moroni ya estaba decidido a retirarse del Ministerio. No es un tema crucial si nos consultan o no: el tema es que los nombrados tengan una relación cordial, buena, de buena sintonía con el movimiento sindical”.

Finalmente, el secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT) señaló que el acto que se realizará el 17 de octubre en Obras Sanitarias “es una reunión de debate, de conclusiones importantes. Es un acto de la militancia y de las comisiones directivas de los distintos gremios”.

Ante la consulta sobre si el presidente Alberto Fernández fue invitado a participar, Rodríguez explicó: “No invitamos a nadie externo. Lo vamos a desarrollar porque es un acto propio de los dirigentes sindicales que abrazamos al peronismo. Es un acontecimiento para intentar conformar una mesa político-sindical en vistas a lo que puede ser la campaña electoral de 2023”.

NA