El salario volvió a perder contra los precios en enero y el dato oficial confirmó que la mejora nominal no alcanzó para recomponer el poder de compra de quienes trabajan. Según el INDEC, el índice de salarios subió 2,5% respecto de diciembre de 2025, pero la inflación del mismo mes fue de 2,9%. Dentro del promedio general, el sector privado registrado aumentó 2,1%, el sector público 1,8% y el sector privado no registrado 4,4%. La foto mensual dejó así un nuevo retroceso para la mayor parte del empleo formal, en un contexto en el que los convenios corrieron detrás de los precios y el ingreso siguió sin recuperar lo perdido desde el cambio de gobierno.

La caída golpeó sobre todo a los trabajadores registrados, porque fueron justamente los dos segmentos formales los que quedaron por debajo del IPC. El dato del sector privado no registrado fue el único que superó la inflación de enero, pero esa mejora no puede leerse de manera lineal como una recuperación del empleo informal. En una nota previa de trabajAR, basada en la serie del INDEC, elDiarioAR ya había señalado que ese componente se calcula con promedios trimestrales móviles de la Encuesta Permanente de Hogares y con un rezago metodológico de cinco meses, por lo que no refleja de manera directa los ingresos corrientes del segundo semestre ni una mejora sostenida de las condiciones laborales.

El deterioro no quedó restringido a enero. Luis Campos sostuvo en X que “la caída promedio del sector formal contra noviembre de 2023 es del 8%”, con una baja de 2,4% en el sector privado registrado y de 17,8% en el empleo público. En el mismo hilo agregó que, excluidos los primeros meses de 2024, los salarios quedaron en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, y que frente a los picos de fines de 2017 el retroceso fue de entre 21% en el sector privado y 35% en el público. Esos valores no forman parte del informe del INDEC sobre enero, pero sí aportaron una lectura de mediano plazo sobre la profundidad del ajuste salarial que atravesó el trabajo formal.

La pérdida arrastró una tendencia que ya se había consolidado en 2025. En otra cobertura reciente, trabajAR informó que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló entre enero y noviembre del año pasado una suba de 25,6%, mientras la inflación del mismo período llegó a 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales incluso en el segmento con mayor cobertura sindical y negociación colectiva. También allí se advirtió que el ajuste había sido todavía más severo en parte del empleo público y que trabajar en blanco ya no garantizó sostener el poder adquisitivo.

El impacto sobre la vida cotidiana de quienes trabajan ya apareció en conflictos concretos. A fines de enero, este medio contó que los choferes de la Línea 60 denunciaron una pérdida de casi 62% de su salario real y siguieron sin paritaria desde noviembre. En esa nota, los trabajadores advirtieron sobre la deserción de personal por los bajos ingresos y las condiciones de presión en el sector. El caso funcionó como una expresión extrema de un problema más extendido: cuando el salario corrió sistemáticamente por detrás de los precios, el deterioro dejó de ser una discusión estadística y pasó a traducirse en abandono de puestos, pluriempleo, endeudamiento y dificultad para sostener gastos básicos.

El informe de enero también mostró una brecha nítida entre el discurso oficial y la realidad del ingreso. Mientras el Gobierno empujó una agenda de reforma laboral y desregulación, los salarios formales siguieron sin recomposición. El dato oficial no mostró recuperación en el empleo privado registrado ni en el público, y volvió a ubicar a los asalariados ante una negociación desigual: paritarias con aumentos más bajos, Estado sin política general de recomposición y un sector público particularmente castigado. La suba de 2,1% en privados registrados y de 1,8% en estatales quedó por debajo del aumento del costo de vida, con alimentos encabezando la inflación de enero con 4,7%.

La discusión de fondo volvió a ser cómo se sostuvo el trabajo cuando el salario ya no alcanzó. El indicador general de enero dejó un promedio positivo en términos nominales, pero la lectura laboral fue otra: la mayoría de los trabajadores registrados volvió a perder. En el sector público, además, la contracción resultó más profunda en la comparación con noviembre de 2023, según el relevamiento de Campos. En el sector privado formal, la caída fue menor pero persistente. Y en el empleo no registrado, aun con una variación mensual superior al IPC, el propio modo de medición impidió presentar esa cifra como una mejora efectiva y actual de las condiciones de vida.

Hasta ahora no apareció ningún dato que mostrara una recomposición sostenida del salario formal. El INDEC informó otra vez una suba nominal inferior a la inflación para privados registrados y estatales, y el deterioro acumulado desde noviembre de 2023 siguió abierto.

JJD

Las 500 mayores empresas del país produjeron bienes y servicios por más de $241 billones durante 2024, según la última Encuesta Nacional a Grandes Empresas publicada por el Indec. Sin embargo, apenas emplearon a 813.836 personas asalariadas, lo que equivale al 7,3% del total de trabajadores registrados en la Argentina.

Esa brecha entre el peso económico y la generación de empleo revela un patrón estructural: una economía altamente concentrada, donde la expansión de la producción no implica necesariamente más trabajo registrado ni una distribución amplia de la riqueza. En términos de valor bruto de producción (VBP), las grandes empresas representaron el 23,9% del total nacional. En valor agregado bruto (VAB), su aporte fue del 17,4%.

El informe no analiza explícitamente el impacto social del modelo pero los datos permiten interpretar que la productividad se eleva con una baja correlación en el crecimiento del empleo asalariado. Este fenómeno se acentúa en contextos de ajuste o recuperación débil, donde las ganancias tienden a provenir de la eficiencia antes que de nuevas contrataciones.

El peso de pocas

El patrón de concentración también se observa al interior del propio panel (el conjunto de empresas relevadas por el estudio). Las 100 compañías más grandes explican el 45,7% del empleo total, mientras que las 50 principales reúnen el 27,6%. Solo cuatro compañías emplean el 2,3% de las y los trabajadores registrados en el conjunto .

En paralelo, las 50 firmas de mayor tamaño concentran el 51,2% del valor agregado bruto. Esa lógica de concentración abarca tanto la producción como la apropiación del excedente económico.

El costo salarial total fue de $33,5 billones, de los cuales $27,4 billones correspondieron a sueldos e indemnizaciones, y el resto a cargas patronales. A eso se suman $254.486 millones en honorarios a directores y síndicos, que no forman parte del ingreso asalariado sino de la conducción empresaria .

Capital extranjero, mayor incidencia

Las empresas con participación extranjera representan el 60,8% del total del panel, pero explican el 68% de la masa salarial, el 60,8% del empleo y el 79,4% del valor agregado bruto. También registran una utilidad neta muy superior: $14,7 billones, frente a $2 billones de las empresas nacionales.

Además, invirtieron casi siete veces más en formación de capital fijo, consolidando su dominio estructural sobre el entramado productivo del país.

¿Qué empleo crean?

Las principales ramas de actividad de estas empresas son alimentos y bebidas (21,4%), química y plásticos (16,2%) y automotriz y maquinaria (9,4%). Se trata de sectores de alta productividad, gran escala y bajo requerimiento de fuerza laboral por unidad producida.

También es relevante que el informe no incluye al agro, al sistema financiero ni a los servicios personales, que suelen tener mayor densidad de empleo, aunque con estructuras más dispersas y, en algunos casos, con mayores niveles de informalidad o precarización. Esta exclusión deja fuera una parte del entramado laboral argentino más ligada al consumo interno o al trabajo intensivo.

Una estructura que concentra

La combinación de niveles crecientes de producción con bajo impacto en el empleo registrado abre preguntas de fondo sobre la capacidad distributiva del modelo empresarial dominante. Aunque crece el valor agregado y se consolidan las utilidades, la masa de trabajadores que accede a ese crecimiento es proporcionalmente pequeña.

El 2024 cerró con una estructura empresarial concentrada, capitalizada y con márgenes crecientes, pero sin un correlato equivalente en el mercado laboral. La brecha entre rentabilidad y empleo interpela a las políticas públicas de estímulo, fiscalidad progresiva y redistribución del ingreso.

JJD

La senadora Patricia Bullrich confirmó este jueves que ya están en marcha las negociaciones en el Senado para avanzar con la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo. Desde su rol como presidenta del bloque oficialista de La Libertad Avanza, la exministra de Seguridad marcó la hoja de ruta legislativa para diciembre y aseguró que el proyecto, junto con el Presupuesto 2026, será prioridad para el oficialismo en el Congreso.

“Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar. Sabemos que algunos no la van a votar, entonces tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”, afirmó Bullrich en declaraciones radiales. La legisladora consideró que el proyecto permitirá que “los argentinos vuelvan a conseguir un trabajo formal”, aunque reconoció que “no será de un día para el otro”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa ingresará al Congreso por la Cámara alta, y el oficialismo prevé postergar para una segunda etapa los debates sobre el nuevo Código Penal, la Ley Tributaria y la Ley de Inocencia Fiscal .

Bullrich también buscó desdramatizar las tensiones internas tras la jura de los nuevos legisladores, cuando trascendieron diferencias con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. “Mi objetivo no es generar un campo de batalla, sino sacar las leyes que necesitamos”, aclaró. Y agregó: “Las cosas van a cambiar en el Senado, vamos a sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”.

En sus declaraciones, la jefa del bloque oficialista también apuntó contra el kirchnerismo, al que acusó de oponerse “por reflejo” a cualquier reforma. “Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo. No hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”, afirmó.

Qué propone el proyecto de reforma laboral

Si bien el texto aún no se presentó públicamente, el Gobierno adelantó que buscará reducir los costos laborales no salariales, limitar las multas por trabajo no registrado y reformar aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo. Para los gremios, se trata de una avanzada contra los derechos laborales y una reedición de reformas que la Justicia laboral ya declaró inconstitucionales en 2023.

Centrales sindicales como la CTA Autónoma, ATE y la UTEP ya anunciaron un plan de lucha conjunto, que incluye paros, movilizaciones y una contrapropuesta técnica con eje en la recuperación salarial, la reducción de la jornada laboral y la regulación de nuevas formas de empleo.

Desde el oficialismo, el discurso busca instalar la idea de una “modernización” del mercado laboral. Bullrich defendió la necesidad de reformas estructurales como condición para reactivar el empleo, en especial entre los sectores jóvenes e informales.

Una reforma en medio de tensiones sociales

El anuncio de Bullrich llega en un clima de creciente conflictividad. Desde el 4 de diciembre, movimientos sociales, sindicatos estatales y organizaciones territoriales comenzaron una serie de protestas con eje en la resistencia al ajuste, la defensa de la Ley de Glaciares y el rechazo a la reforma laboral.

“Diciembre puede ser un mes caliente”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP, al señalar el impacto del ajuste en los barrios populares y la falta de contención estatal. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está totalmente pulverizado”, denunció.

En paralelo, Bullrich se refirió a la continuidad del Ministerio de Seguridad, tras su salida para asumir la banca en el Senado. Dijo que su sucesora, Alejandra Monteoliva, es “una gran profesional” que ya conocía las políticas del área. “Estoy contenta porque hay continuidad en la forma de hacer las cosas”, expresó.

También habló sobre la investigación que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con la financiera Sur Finanzas, acusada de lavado de activos. “La Justicia está actuando rápido y eso es lo importante”, dijo, y recordó que el Ministerio había elevado denuncias por inconducta ante la FIFA.

Mientras tanto, en el Senado, Bullrich se prepara para librar su primera batalla parlamentaria, en un recinto fragmentado, con bloques en reconfiguración y una oposición que aún debate su estrategia frente a un paquete de leyes regresivas.

JJD

El poder adquisitivo del salario mínimo cayó 32% entre noviembre de 2023 y abril último, según un estudio difundido hoy por la Universidad de Buenos Aires y el Conicet.

El trabajo señala, además, que esa variable mostró un nuevo retroceso en abril de 0,8%, menor al registrado en marzo, que fue del -2,1%, pero superior al de febrero, 0,4%, luego del aumento consecutivo de 0,3% en diciembre de 2024 y enero de 2025.

“El extenso proceso de merma del valor real del salario se inició en diciembre de 2023, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024”, indica el reporte coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).

Este instituto es un organismo de doble dependencia de la UBA y el CONICET, dedicado a la “investigación académica de alto nivel en el área de la economía”.

Según el estudio, esta tendencia se interrumpió momentáneamente en los meses siguientes, período durante el cual el incremento nominal acompañó la inflación, por lo que no se observaron reducciones adicionales. 

En junio de ese mismo año se produjo otra regresión (-4,4%), seguida por cierta recuperación en julio (4,3%) y por reducciones sucesivas entre agosto y noviembre de 2024.

Como consecuencia de todos estos movimientos, entre noviembre de 2023 y abril de 2025 el salario mínimo real acumuló una caída de 32%, señala.

Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, llevó a que el salario mínimo en términos reales de marzo de 2025 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

Asimismo, implicó una erosión del 62% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011.

Por su parte, en febrero de 2025 (último dato disponible) aproximadamente 10.119 personas se convirtieron en trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, de acuerdo a los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

Esto significó un leve aumento de 0,1% (5,4 mil trabajadores) entre el sector privado, el sector público y las casas particulares.

A su vez, el empleo asalariado formal total en ese mes representó una pérdida de 84.000 puestos de trabajo (-0,8%), respecto de febrero de 2024, y un detrimento de 182.000 oficios (-1,8%), respecto de noviembre de 2023.

La evolución del empleo asalariado formal total promedió comportamientos disímiles entre el sector público, el sector privado y el de casas particulares.

En el sector privado, por ejemplo, 6,26 millones de trabajadores fueron asalariados formales en empresas (excluyendo el empleo en casas particulares) para febrero de 2025. 

A fin de cuentas, se trató de un aumento de casi 14.000 puestos (+0,22%), lo que hizo volver el número al nivel de abril de 2024.

De todas maneras, la comparación contra noviembre de 2023 arrojó una pérdida de aproximadamente 108.000 empleos (-2%) y la interanual, de 38.000 (-1%).

En febrero de 2025 el valor nominal de la remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado (sin estacionalidad) fue de $1.569.990, mientras que la mediana rondó los $1.229.900.

En tanto, el sector público experimentó una tendencia decreciente desde inicios de 2024. En ese mismo mes (3,4 millones) fue 1,1% inferior al valor de febrero de 2024 (-37.000) y 1,7% menor al de noviembre de 2023 (-59.000).

Qué es el IIEP

El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) es un organismo de doble dependencia (UBA y CONICET) dedicado a la investigación académica de alto nivel en el área de la economía. Entre los principales temas de estudio de los centros y grupos de investigación que conforman el IIEP se encuentran los vinculados a macroeconomía, finanzas públicas, protección social, integración internacional, desarrollo productivo, empleo y distribución, sustentabilidad, redes y sistemas complejos, historia económica y epistemología.

El IIEP está integrado por investigadores con diversas formaciones, incluyendo economía, sociología, ciencias políticas, historia, filosofía y ciencias físicas y cognitivas. La actividad del IIEP parte del reconocimiento de la complejidad de los procesos económico-sociales, la cual es abordada desde múltiples enfoques y con diferentes métodos, favoreciendo las oportunidades de cooperación entre diversas áreas de estudio, y manteniendo a la vez las especificidades de cada campo disciplinar.

Con información de agencias.

IG

Casi 4 de cada 10 trabajadores en relación de dependencia no estaban registrados en la seguridad social, lo que eleva la tasa de informalidad entre los asalariados del país al 36,7%, y una mayoría de ellos son jóvenes, de acuerdo al último informe del Empleo Asalariado Informal y la Pobreza Laboral. Asimismo, el 40% de los asalariados vive en un hogar pobre, valor que asciende a 63% entre los informales, por lo que seis de cada diez personas asalariadas en condición de informalidad viven en un hogar pobre. Esta cifra se reduce a 27% entre los asalariados formales.

El informe fue elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria.

De los datos dados a conocer este lunes, se desprende que, en la comparación interanual, se observa un aumento de aproximadamente 1 punto porcentual. Los autores destacan que, en una mirada al largo plazo (desde 2003) ubica a la tasa de informalidad en un valor idéntico al observado en el tercer trimestre de 2008.

En el mismo sentido, destacan que desde ese año (era presidenta Cristina Fernández de Kirchner) hasta la irrupción de la pandemia a comienzos de 2020 (bajo la gestión de Alberto Fernández) la tasa de informalidad se mantuvo en valores de entre 32% y 35,7%, lo que ubica el número del tercer trimestre de 2024 arriba del registrado a lo largo de ese período. Sin embargo, más allá de las fluctuaciones, la tasa de informalidad se mantuvo con relativa constancia y en un valor muy elevado en los últimos 16 años.

Datos clave del informe

Informalidad y pobreza

En el segundo trimestre de 2024, 40% de los asalariados vivían en un hogar pobre. Sin embargo, este valor ascendía a 63% entre los informales. O sea, 6 de cada 10 asalariados en condición de informalidad vivía en un hogar pobre. Esta cifra se reduce a 27% entre los asalariados formales.

Los investigadores explican que cuando se hace la comparación entre el salario mensual y el valor de la canasta de bienes y servicios básicos (línea de pobreza individual) también se observa una gran discrepancia entre ambos grupos de trabajadores. Mientras que el 59% de los asalariados informales recibe un salario mensual inferior al valor de esta canasta, ello sucede en el 8% de los asalariados formales.

A modo de referencia, el salario mínimo promedio mensual del segundo trimestre en términos netos fue alrededor de $190 mil mientras que el valor de la canasta de pobreza promedio de un trabajador asalariado fue de $238 mil. Este panorama era diferente, por ejemplo, en 2017. En ese momento, esos valores eran, respectivamente $6700 para el salario mínimo neto y $3575 para la canasta de pobreza promedio para los trabajadores asalariados, lo que muestra claramente la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. En definitiva, estas cifras muestran que tener un puesto de trabajo en Argentina no es un reaseguro para vivir fuera de la pobreza.

Más mujeres informales

La tasa de informalidad asalariada total fue 36,3%, siendo 34,2% entre los hombres y elevándose a 38,9% entre las mujeres. En promedio, la tasa de informalidad femenina a mediados de 2024 fue aproximadamente 5 puntos porcentuales más elevada que la tasa masculina. Sin embargo, dada la mayor proporción de hombres en el total del empleo asalariado (54%), éstos dan cuenta del 51% de la informalidad asalariada total.

Los jóvenes lideran el ranking de informalidad laboral

En cuanto a los rangos etarios, los jóvenes experimentan una tasa de informalidad significativamente más elevada que otros grupos etarios, al punto que en el segundo trimestre de 2024, ésta era de casi 64%, 28 puntos porcentuales más elevada que la tasa global, lo que equivale a que algo más de 6 de cada 10 jóvenes trabajadores en relación de dependencia no está cubierto por la normativa laboral y la seguridad social.

En tanto, los trabajadores asalariados de entre 45 y 64 años (60 años en el caso de las mujeres) son quienes experimentan la tasa de informalidad más baja (27,5%). Le sigue en incidencia el grupo de entre 25 y 44 años (34,4%) y el de 65 años (60 años en las mujeres) y más (47,9%).

Diferencias por nivel educativo

Casi 7 de cada 10 mujeres asalariadas de menor nivel educativo trabaja en la informalidad. Ello representa más de 4 veces la incidencia entre hombres de nivel educativo universitario. La brecha de informalidad entre hombres y mujeres casi desaparece en el nivel educativo más elevado. Por el contrario, entre las y los asalariados que no completaron el nivel secundario, esta brecha es de 16 puntos porcentuales, con mayor incidencia en el caso de las mujeres. Mientras que dentro del grupo de hombres la diferencia en la tasa de informalidad entre el grupo de menor nivel educativo y el de mayor nivel educativo es de 35,5 puntos porcentuales, esta diferencia se eleva a casi 52 puntos porcentuales entre las mujeres. 

Por tamaño de empresa

De acuerdo al informe, “el poder explicativo del tamaño de empresa se refleja aún más cuando se lo analiza de manera conjunta con el nivel educativo En efecto, las empresas de menor tamaño registran las tasas de informalidad más elevadas, independientemente del nivel de educación alcanzado. De hecho, los asalariados con nivel universitario completo registran en estas empresas una incidencia de la informalidad más elevada que los asalariados de menor capital humano en las otras dos categorías de tamaño consideradas”.  

Ello indica que el “poder formalizador” de la educación se reduce fuertemente en los establecimientos más pequeños. Mientras que la tasa de informalidad en el segundo trimestre de este año de los asalariados universitarios trabajando en firmas de mayor tamaño era 8,4%, ésta era de 14,7% en firmas de tamaño medio y alcazaba el 53,6% en las empresas de hasta 5 ocupados. 

Por regiones

La menor incidencia de la informalidad en la región patagónica se replica en los tres niveles educativos considerados. Con una tasa de informalidad global de alrededor del 36,3%, la correspondiente a los asalariados de esta región con nivel educativo bajo era del 34,4%, la correspondiente a los asalariados con nivel medio del 18,8% y del 5,1% entre los asalariados terciarios/universitarios. 

En el otro extremo, si bien las regiones NOA y NEA exhiben las máximas incidencias de informalidad tanto en el nivel educativo más bajo (con tasas del orden del 66,7%/63,9%) como en el intermedio (45,0%/43,8%), ello no es así entre los universitarios. 

En el nivel más alto de educación, las tasas de informalidad más elevadas las registran las regiones Cuyo y Pampeana. 

La brecha salarial y desigualdad

Adicionalmente a la falta de cobertura de los derechos laborales y de la seguridad social, los asalariados informales exhiben una “penalidad” salarial respecto de asalariados con similares características personales y del puesto de trabajo pero que se desempeñan en la formalidad. 

En promedio, la penalidad por informalidad es del orden del 46%. Esto quiere decir que si un asalariado formal obtiene un salario mensual de $100, un trabajador informal con igual nivel educativo, igual edad, en la misma región, trabajando en la misma rama de actividad y en una empresa de igual tamaño obtendrá una remuneración mensual de $54. 

Sin embargo, la brecha salarial global asociada a la informalidad promedia situaciones diferentes entre los diversos grupos de trabajadores. 

A modo de ejemplo, el salario promedio de un hombre de entre 25 y 44 años de edad, con secundario completo o universitario incompleto, trabajando como asalariado formal en el sector Comercio y en una empresa de tamaño medio fue de $540 mil en el segundo trimestre de 2024. En promedio, ese salario se reducía a $336 mil en el caso de los asalariados informales con esos mismos atributos y trabajando en ese sector de actividad. O sea, la brecha era de 38%. 

La combinación de esta penalidad salarial y de la mayor incidencia de la informalidad entre los asalariados de menor nivel educativo, jóvenes y mujeres (quienes, en promedio, obtienen menores salarios que el resto de los trabajadores) da por resultado una fuerte asociación entre la incidencia de la informalidad y la posición en la escala salarial. 

En efecto, en el primer quintil de ingresos laborales (20% de trabajadores con menores salarios) la incidencia de la informalidad supera el 80%. O sea, 8 de cada 10 trabajadores de menores ingresos trabaja en un puesto informal. 

En el otro extremo, en el 20% de mayores salarios, la incidencia se reduce a 6%.

La comparación con otros países de la región

La mirada regional permite identificar la posición de Argentina en materia de informalidad en comparación con otros países de América Latina.

En una región caracterizada por la informalidad y la precariedad laboral, Argentina se ubica en una situación intermedia (considerando áreas urbanas de 10 países de la región). • Uruguay, Chile, Costa Rica y Brasil registran tasas de informalidad entre asalariados de entre 9% y 21%. En el otro extremo, Perú y Paraguay tienen tasas superiores al 50%. 

Informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas.

IG

La desocupación en la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo trimestre de 2024 afectó a 122.500 personas, es decir al 7,3% de la población económicamente activa, lo que implica un incremento frente al 6,8% registrado para el mismo periodo del año pasado, según reveló el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

Del total de porteños que se encuentran desempleados, un 51,7% son hombres y el 48,3% son mujeres. En cuanto a la formación educativa alcanzada por la población desocupada, el 54,9% declara tener nivel medio completo o superior incompleto, mientras que aquellos que tienen estudios universitarios completos alcanzan el 23%, un aumento de 8,2 puntos porcentuales frente a la medición previa.

El informe precisó que “el 71,3% de las personas en condición de desocupación se encuentran en búsqueda activa inferior a seis meses; un año antes este guarismo se colocaba en 60,9%”, mientras que “si se amplía la ventana a los últimos doce meses, el porcentaje de población desocupada asciende a 76,4%”. En tanto que “el desempleo que supera el año calendario denominado desempleo de larga duración abarca al 23,7% de la población desocupada”.

Por otro lado, reveló que “el 85,9% de la población en condición de desocupación tiene experiencia laboral previa (cesantes)”, de los cuales el 27,4% perdió su ocupación durante el año 2023 y otro 49,6% lo hizo en los dos primeros trimestres de 2024. Mientras que el 14,1% de los desocupados no tuvieron contacto con el mercado de trabajo con anterioridad.

El reporte arrojó que “la población activa (valor absoluto) disminuye 1,9% en el último año, producto de una baja de 4,3% en la población activa femenina y de relativa constancia en la masculina”, mientras que “la población ocupada (valor absoluto) decrece 2,4% en la comparación interanual”, exhibiendo también que “la caída ocurre entre las mujeres (4,5%)”.

Al mismo tiempo, puntualizó que “el 71,3% de la población ocupada trabaja en condición asalariada”, lo que representa una disminución de 4,0% en la comparación interanual, señalando que “la reducción en la tasa de asalarización ocurre especialmente dentro de la población femenina”.

Por otro lado, especificó que “al 73,9% de la población asalariada le efectúan descuentos jubilatorios”, mientras que “al 26,1% de la población asalariada no le efectúan descuentos jubilatorios”. De esta manera, indicó que “el 7,8% aporta por sí misma a la seguridad social; el otro 18,3% no lo hace, por cuanto no tiene registro de ningún tipo en la seguridad social”.

Asimismo, el informe detalló que “el 12,5% de la población ocupada porteña registra pluriempleo (más de una ocupación)”, con un promedio de 43,5 horas semanales trabajadas en todas las ocupaciones. Además, precisó que “de la población ocupada pluriempleada, el 77,5% está en condición asalariada dentro de su ocupación principal”.

Otro aspecto que reveló el estudio es que “el 82,0% de la población ocupada se desempeña en unidades económicas de carácter privado”, sin contar el empleo doméstico en dicho porcentaje. En este marco, también indicó que “el 53,9% de la población ocupa puestos de calificación baja (operativa o no calificada)”.

A su vez, reveló que “en el segundo trimestre de 2024, la población que trabaja por su cuenta representa casi un cuarto de la población ocupada porteña (24,7%)”, remarcando que “se trata del registro más alto de la serie histórica”, al exhibir que “en volumen esta categoría ocupacional crece 5,4% con respecto a un año atrás”.

El informe completo

Con información de agencias.

IG

Un informe publicado hoy por el Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el 35% de las personas con empleo en Argentina se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Este dato se basa en los análisis del primer trimestre de 2024 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) e indica un preocupante escenario para los trabajadores del país.

“Estamos frente a un récord creciente de personas que tienen trabajo pero son pobres ya que sus ingresos familiares no alcanzan a cubrir una canasta de bienes y servicios básicos. Se trata de un fenómeno que se incrementó en los últimos años y aumentó significativamente en el último semestre (es decir en bajo la presidencia de Javier Milei)”, dice el informe, al que tuvo acceso elDiarioAR.

El estudio no solo señala el alto porcentaje de trabajadores pobres sino también un alarmante aumento del 32,4% en la tasa de desocupación entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024. Esto se traduce en un total de 1.088.000 personas sin trabajo, marcando un incremento de 265.950 nuevos desempleados en ese periodo.

Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024, ya durante el gobierno de Javier Milei, un total de 1.088.000 personas se quedaron sin trabajo, lo que significa un incremento de 265.950 nuevos desempleados en ese periodo, según el informe del Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El fenómeno de los trabajadores pobres, aquellos cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica de bienes y servicios, se agudizó en los últimos años. A finales de 2023, el 34,9% de los ocupados ya se encontraba en esta situación, una cifra que sigue en ascenso debido al continuo aumento de la canasta básica total. En comparación con 2017 (el segundo año de la presidencia de Mauricio Macri), los ingresos promedio de las personas ocupadas han caído casi un 40%, con una notable disminución del 14% en los últimos seis meses.

La relación entre empleo e ingresos en la Argentina actual muestra que conseguir un trabajo no garantiza una mejora en las condiciones de vida. El nivel de empleo es similar al observado tras la salida de la pandemia en el tercer trimestre de 2021, mientras que la tasa de desocupación aumenta de manera desproporcionada en comparación con el descenso de la tasa de empleo y actividad.

El informe académico también destaca que 404.000 personas dejaron de estar ocupadas entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, lo que representa una caída de 3 puntos porcentuales. De estos, 265.000 se sumaron a las filas de los desempleados y 139.000 se convirtieron en subocupados demandantes, es decir personas que trabajan menos de 35 horas semanales y siguen buscando empleo.

El análisis de los sectores económicos muestra que la construcción ha sido el más afectado, concentrando el 42,7% de los empleos perdidos. Este sector es conocido por sus altas tasas de precarización e informalidad, y la paralización de la obra pública ha sido una de las principales causas de su declive. Otros sectores gravemente afectados incluyen el comercio y los servicios financieros e inmobiliarios, directamente vinculados al poder adquisitivo y la capacidad de consumo de las clases medias y trabajadoras.

JJD

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el lanzamiento del Programa Emplea Pymes que busca fortalecer el empleo registrado y de calidad mediante un alivio fiscal para las empresas que generen puestos de trabajo formal en los próximos dos años. “Este programa significa para las pymes un alivio económico, y busca fortalecer el empleo formal y registrado y de calidad y darle a las pymes ventajas económicas”, expresó el titular del Palacio de Hacienda.

“Empieza ahora un tiempo distinto donde tenemos que mirar adelante, hacer crecer el empleo y las exportaciones, consolidando nuestro mercado interno, pero recuperando el ingreso de nuestros trabajadores. Por este motivo, desde hoy vamos a estar anunciando medidas en ese sentido como es el Programa Emplea Pymes que busca generar un clima de confianza, pero sobre todo de estímulo para el empleo formal”, explicó el ministro.

Según especificó Massa, la iniciativa propone la reducción del 100% de las contribuciones patronales para cada una de las relaciones laborales. Además, el programa prevé la continuidad del pago de un salario social complementario por un plazo de 12 meses para aquellos beneficiarios de planes sociales que sean contratados, de modo tal que solo la diferencia deba ser absorbida por el empleador.

“A su vez, el estado le condona a cada pyme el capital, los intereses y las multas por los trabajadores que regularice y los trabajadores no pierden los aportes como también el estado computará hasta 70 meses el aporte para el acceso de la jubilación” detalló.

Para recibir estos beneficios, las pymes deberán comprometerse también a no reducir la nómina laboral y a no tener ningún trabajador no registrado.

Por su parte, los trabajadores ─incluidas las cooperativas municipales y organizaciones civiles─ contarán con ART, obra social y podrán capacitarse “a partir del programa de formación social financiado por el Estado”.

Según datos de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, durante el primer trimestre de 2023, las pymes crearon 140.000 puestos de trabajo adicionales respecto del mismo período de 2022. También tuvieron un fuerte impacto en las exportaciones: el año pasado, 8.540 firmas realizaron envíos al exterior por 12.900 millones de dólares, lo que representó un incremento del 8,3% a comparación del 2021.

ACM con información de agencias.

El Gobierno creó un programa para fomentar la regularización y registración de trabajadores informales, que contempla una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo.

Se trata del Programa de Apoyo a la Registración (PAR) que se implementará en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT).

Su lanzamiento se formalizó por medio de la Resolución 596/2023 del Ministerio de Trabajo, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, el programa tendrá dos componentes:

La Resolución aclaró que el componente Registración Laboral tiene como objetivo fomentar el empleo registrado mediante el otorgamiento de un subsidio que apoye la contratación laboral bajo las modalidades reguladas por la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo.

En este caso, podrán participar, en las condiciones que fije la reglamentación, las siguientes personas y empresas:

Las trabajadoras y los trabajadores que sean incorporadas/os por un/a empleador/a en el Componente Registración Laboral percibirán, en forma directa e individualizada, una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo durante tres períodos mensuales continuos.

Por su parte, los empleadores que adhieran a este componente podrán contabilizar como parte del salario la ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, y abonarán a sus empleados, como mínimo, la diferencia necesaria para alcanzar el salario establecido para la categoría laboral que corresponda.

En cuanto al componente de seguro de desempleo, el Gobierno dispuso que para establecer la cuantía de la prestación para trabajadores convencionados o no convencionados que no cuenten con declaración de remuneración mensual, normal y habitual, se considerará el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

El Poder Ejecutivo justificó la creación de este programa al señalar que el empleo no registrado “es una de las formas más extendidas y desprotegidas del trabajo”, que genera “la exclusión de los trabajadores que no gozan de la protección de las normas laborales y de los beneficios de la seguridad social”.

La resolución

Con información de NA.

IG

La expectativa de inflación proyectada por el mercado aumentó al 7% para marzo y al 110% anual para este año, según el relevamiento realizado por el Banco Central.

En el tercer relevamiento del año, los analistas estimaron una inflación anual que estará 10,2 puntos por arriba del pronóstico de la encuesta previa. Quienes mejor pronosticaron esa variable en el corto plazo (TOP-10) también esperan una inflación del 7% para marzo y de 108,5% para 2023, 5,7 puntos mayor a la encuesta de febrero.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la mediana de las estimaciones de quienes participaron en la encuesta previa del REM sugería para febrero una inflación de 6,1% mensual, mientras que el dato observado en ese mes fue de 6,6% (0,5 puntos porcentuales mayor al pronosticado).

A su vez, los participantes del REM revisaron las previsiones para todos los períodos y ubicaron la inflación en 90% para 2024 (8,3 puntos mayor al REM previo) y en 54,6% (+0,9) para el 2025.

Respecto del IPC Núcleo, los analistas proyectaron una variación mensual de 6,8% para marzo (0,8 por arriba del pronóstico de la encuesta previa), mayor al pronóstico de quienes mejor proyectaron esa variable para el corto plazo (6,5% mensual).

Los participantes del REM revisaron al alza las previsiones de inflación núcleo para 2023, ubicándola en 109,8% (12,3 más que el REM previo), y para 2024 en 94,2% (6,3 por encima de la encuesta de febrero).

Para el 2025, los analistas proyectaron una inflación núcleo de 51,9% (0,7 puntos superior que el REM anterior).

Producto Bruto

Quienes participan del REM esperan un nivel del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2023 inferior al de 2022 en 2,7 puntos (-2,7 puntos inferior a lo proyectado en el REM previo), al tiempo que el TOP-10 de quienes mejor pronosticaron el crecimiento económico en el pasado proyecta, en promedio, una caída de 3% (una corrección a la baja de 2,2 puntos respecto del REM previo).

Para 2024, estiman un crecimiento anual promedio de 0,7% (0,3 puntos inferior a la encuesta de febrero).

Para abril, quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 72,60%, superior a la tasa promedio registrada durante marzo (70,98%).

Quienes mejor pronosticaron la tasa en el corto plazo prevén, en promedio, que la misma esté ubicado en 72,42% en abril.

Dólar

Pronosticaron el tipo de cambio nominal promedio de $215 para abril (6% de variación mensual esperada) y quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable en el corto plazo proyectaron que el tipo de cambio nominal promedio para el mismo período llegue a $215,19 (6,1% mensual de variación).

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman para 2023 un monto de US$ 74.391 millones, superior al pronóstico de los integrantes del TOP-10 que proyectaron el valor de exportaciones en US$ 73.813 millones.

Respecto a las importaciones, las proyecciones apuntaban en US$ 71.195 millones, mientras que desde el TOP-10 estimaron en US$ 71.313 millones.

Así, los participantes del REM contemplan para 2023 una caída interanual de 15,9% en el valor de las exportaciones y de 12,7% para las importaciones.

Empleo

Quienes participan del REM estiman para el primer trimestre de 2023 una tasa de desempleo en 7% de la Población Económicamente Activa. Para los integrantes del TOP10, la tasa de desempleo se ubicaría en 6,9% durante el primer trimestre de 2023. En ambos casos, prevén una suba de la tasa de desempleo durante el año.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario nominal del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) se ubicó en $ 3.800 miles de millones. Asimismo, prevén un déficit primario de $ 3.100 miles de millones para 2024.

MB con información de agencia de noticias NA

El empleo independiente es la principal fuente de trabajo formal de los últimos 3 años, según información de la consultora LCG. El mayor aumento se dio entre los monotributistas: los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado crecieron en más de 310.000 desde febrero de 2020, a lo que se sumaron 185.000 nuevos monotributistas sociales. En ese mismo período, se registraron 8.000 trabajadores autónomos menos.

En los últimos tres años, también aumentó la cantidad de trabajadores en relación de dependencia, pero el incremento no superó los 263.000 empleados. “Desde el año 2012 se observa una pérdida continua de participación de los asalariados privados sobre los puestos registrados totales, pasando del 55,6% en enero de 2012 al 48,1% actual”, indicó LCG. El empleo público creció en 173.000 personas, una suba muy por debajo de la correspondiente de los monotributistas, y pasó a representar el 26,1% del total de trabajadores registrados.

En noviembre de 2022, la tendencia de los últimos años se mantuvo: de los 47.825 nuevos puestos creados en el anteúltimo mes del año, alrededor de 27.000 correspondieron a empleados independientes, es decir, más del 55% del crecimiento total mensual. “Al interior, se destacaron los monotributistas con un aumento del 1,6% mensual sin estacionalidad, mientras que los autónomos crecieron en 0,1% mensual”, sostuvo LCG. Esto representa un aumento de 31.400 y 289 nuevos puestos en noviembre, respectivamente.

Respecto del mismo mes del 2021, el incremento asciende a 7,7% para los monotributistas del régimen simplificado (135.900 personas) y 39,7% en el caso de los sociales (156.600 nuevos individuos), según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Los autónomos también registraron un aumento, con una suba de 5.000 personas a comparación de noviembre de 2021. Así, de los 630.800 trabajadores registrados en el último año, 297.500 corresponden a individuos no asalariados.

El incremento de los puestos de trabajo formal, que alcanzó en noviembre de 2022 la cifra récord de 13.018.100, representa un avance con respecto a la situación laboral de los argentinos, pero persisten grandes desafíos. El informe de la Fundación Éforo “Caracterización de la población inactiva en edad de trabajar” del 2021 señalaba que en Argentina alrededor de 24 millones de personas se encontraban inactivos, de los cuales 8 millones estaban en edad de trabajar. Aproximadamente 4.3 millones de personas inactivas tienen más de 24 años, mientras que 800.000 jóvenes de entre 15 y 24 años no estudiaban ni trabajaban.

ACM 

El empleo formal en Argentina supera, por primera vez, el umbral de 13 millones de personas con puestos de trabajo registrados en la seguridad social. El informe “Situación y evolución del trabajo registrado” del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, elaborado con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), determinó que, en noviembre de 2022, 13.018.100 personas contaban con un puesto de trabajo registrado. Se trata del vigésimo tercer mes de crecimiento consecutivo del empleo asalariado registrado.

“Creamos 1,6 millones de puestos de trabajo, de los cuales más de 600.000 fueron puestos registrados. Tuvimos 23 meses de crecimiento del empleo registrado”, explicó Alberto Fernández en diálogo con Urbana Play.

El trabajo registrado incluye el empleo asalariado privado y público, las trabajadoras en casas particulares y el trabajo independiente, ya sea de autónomos o monotributistas. En noviembre pasado, en conjunto, el empleo formal creció un 0,4%, lo que representa una inserción de alrededor de 47.800 personas, y el incremento con respecto a noviembre de 2021 asciende al 5,1%.

El trabajo encuadrado en el monotributo fue el que más creció en el anteúltimo mes del año, con 31.400 puestos de trabajo creados. Se trata de una suba del 1,6% con respecto a octubre de 2022 para una modalidad de empleo que suele ser utilizada por empresas para no efectivizar al trabajador independiente. Los monotributistas, además, explican el 66% del crecimiento neto del número de trabajadores registrados.

Los asalariados privados fueron quienes experimentaron el segundo mayor crecimiento, con 12.000 personas, seguido por el sector público con 7.900 trabajadores. El número de monotributistas sociales, dentro de los no asalariados, cayó.

“Desde diciembre de 2019, alrededor de 880.000 personas que se encontraban en situación de desempleo, inactividad o informalidad laboral, lograron acceder a puestos de trabajo registrados en el sistema de seguridad social”, establece el informe de la cartera laboral. El crecimiento verificado entre enero de 2021 y noviembre de 2022 permitió recuperar la totalidad de empleos perdidos durante la pandemia y en el período que se extiende desde julio de 2018 hasta diciembre de 2019.

El mayor incremento en la incorporación de personal registrado se dio en el sector de la construcción, con un incremento mensual equivalente al 0,9%, seguido por la explotación de minas y canteras (0,8%), Pesca (0,8%) y Comercio (0.4%). A excepción del sector agropecuario, cuyo empleo asalariado registrado se contrajo un 0,5% anual como consecuencia de la sequía, la mayoría de las actividades lograron mantener o incrementar el nivel de trabajo formal. Comercio, Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; explotación de minas y canteras; Suministro de electricidad, gas y agua; y Enseñanza son los 5 sectores que alcanzaron, entre octubre y noviembre de 2022, el nivel más alto de empleo asalariado registrado desde enero de 2009.

Catamarca, Neuquén, Entre Ríos y Tucumán fueron las provincias con mayor crecimiento del empleo formal en noviembre del año pasado: 2,2%, 1,1% 0,9% y 0,9% respectivamente. Buenos Aires, Catamarca, La Pampa, Neuquén, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero son las provincias que mayor nivel de empleo asalariado formal registraron desde enero de 2009.

ACM con información de Télam y NA

Poco más de cuatro de cada diez trabajadores en la Argentina están en una búsqueda activa de un cambio de trabajo con mejores condiciones empleo, que equilibren salarios pero también con una mirada más equitativa entre las obligaciones laborales y la vida personal.

El resultado es producto de una encuesta on line realizada a 3.550 personas por una empresa especializada en recursos humanos. De ese trabajo surge que el 41% de los consultados quiere cambiar de empleo dado que no está conforme con su actual puesto laboral.

Entre los factores que movilizan esta acción, el 45% busca mejores condiciones, mientras que el 18% apela a un deseo personal de cambio y un 17% refiere a ambiciones vinculadas al desarrollo de la carrera.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, consideró que “a nivel global, la pandemia ha dejado en las personas una sensación de mayor claridad sobre sus objetivos personales y laborales. Esta reconsideración de lo que las personas quieren para su vida, ha puesto el foco principalmente en alcanzar un mayor balance entre la vida personal y profesional”.

“Esto hace que haya una mayor disposición al cambio, generando niveles de rotación más altos y obligando a las organizaciones a esforzarse aún más para atraer, retener y comprometer al talento”, añadió.

Ávila señaló que “más allá de las aspiraciones salariales que siempre están presentes, hoy las personas, y especialmente las más jóvenes, se inclinan por la búsqueda de un trabajo con propósito, alineado con sus valores y estilo de vida”.

Otro dato relevante del trabajo es que el 73% de los consultados a nivel nacional afirmó que trabajaría en una ciudad diferente si esto supusiera una mejora en su calidad de vida.

Igual porcentaje se manifestó a favor de emigrar del país para mejorar su situación personal.

En esa línea ocho de cada 10 encuestados aseguró que aceptaría trabajar 100% remoto para un empleador de otro país por un buen salario, aun sabiendo que no estaría teniendo aportes jubilatorios para respaldar su retiro en Argentina.

Con información de NA.