La desocupación en Argentina cayó al 6,6% en el tercer trimestre de 2025, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), dato celebrado en varias esferas del Gobierno de Javier Milei.

La cifra, publicada la semana pasada por el organismo, implica una baja de 0,3 puntos porcentuales interanuales y de un punto respecto del trimestre anterior, y se traduce en 1.487.000 personas sin empleo, unas 47 mil menos que un año atrás.

El gráfico publicado por el Indec

Sin embargo, detrás de ese dato positivo en términos agregados, se consolida una tendencia que enciende alertas: el crecimiento del empleo está siendo absorbido casi exclusivamente por el trabajo informal.

En paralelo a la caída del desempleo, el Indec registró un aumento interanual de 0,7 puntos en la informalidad, que pasó del 42,6% al 43,3% de los ocupados.

Qué dice el informe que refuta al Indec

Ese fenómeno es el eje central del último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), que pone el foco no en la cantidad sino en la calidad del empleo. Según el análisis del think tank del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, el 84,5% de los nuevos puestos de trabajo creados en el último año son informales, lo que configura un mercado laboral más frágil y desprotegido.

Una cuestión de interpretación

El contraste entre ambas miradas no radica en los datos —que surgen en ambos casos de la Encuesta Permanente de Hogares— sino en la interpretación. Mientras el Indec describe un escenario de mayor actividad, con una suba de 0,3 puntos en la tasa de actividad y de 0,4 puntos en la ocupación, el Instituto Argentina Grande advierte que esa mejora se produce en un contexto de destrucción del empleo formal y del entramado productivo.

De acuerdo con el informe, desde el traspaso de gobierno entre Alberto Fernández y Javier Milei se perdieron 154.382 empleos privados registrados, con caídas en 21 de las 24 provincias. La construcción lidera el retroceso, con más de 64 mil puestos menos, seguida por la industria, que perdió casi 48 mil trabajadores formales. Incluso sectores considerados dinámicos, como minería, muestran pérdidas de empleo.

A este panorama se suma el cierre de empresas: 20.134 unidades productivas dejaron de operar desde noviembre de 2023, un promedio de 30 firmas menos por día, lo que refuerza la idea de un ajuste que impacta sobre la estructura económica de largo plazo.

Las mujeres y el empleo de baja calidad

El informe del IAG también subraya que la precarización laboral tiene un sesgo de género. El crecimiento del empleo de baja calidad golpea especialmente a las mujeres, en un contexto de fuerte caída real de los salarios públicos —hasta un 30% por debajo de 2023— en sectores feminizados como salud y educación, que además funcionan como referencia para las paritarias privadas.

El contexto

La difusión de los datos oficiales ocurre, además, en un momento de alta tensión política. El Gobierno de Milei pateó la reforma laboral para el 10 de febrero, mientras la CGT amenaza con la posibilidad de un paro general antes de que termine el año. En paralelo, la Cámara alta debatirá el próximo 26 de diciembre el Presupuesto 2026, aunque corre el rumor en Balcarce 50 que el propio Milei vete la ley en caso de ser aprobada.

En ese marco, el informe del IAG plantea que la expansión del trabajo informal no es un problema a futuro, sino una dinámica ya en marcha, incluso antes de eventuales cambios en la legislación.

Los números del Indec muestran una baja del desempleo, pero el diagnóstico del IAG advierte que esa mejora se apoya en bases endebles: más informalidad, menos empleo registrado, caída de salarios y cierre de empresas. Un escenario que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo laboral y económico en el mediano plazo.

La reforma laboral vuelve al centro del debate político. Aunque todavía no hay un proyecto presentado formalmente, voceros del Gobierno adelantaron que la iniciativa será tratada en sesiones extraordinarias después del 10 de diciembre. Se enmarca en un paquete más amplio que incluiría reformas previsionales y fiscales. Desde el oficialismo aseguran que buscan acompañar el crecimiento con nuevas reglas. Desde la oposición y el sindicalismo, en cambio, advierten que no habrá generación de empleo sin una recuperación económica sostenida.

Una de las principales preocupaciones sindicales es la posible flexibilización de las condiciones de contratación y despido. Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, planteó que “no se puede pensar una reforma laboral en un país en recesión” y recordó que las paritarias siguen pisadas, con aumentos limitados pese a la inflación. Según dijo, “la base de cualquier cambio debe ser el diálogo entre empleadores y trabajadores”.

El oficialismo, por su parte, insiste en que la legislación actual está “fosilizada” y no responde a las nuevas formas de trabajo. Durante el programa A dos voces, el laboralista Julián de Diego sostuvo que “hay convenios que no contemplan ni el celular” y defendió la idea de un “salario dinámico” que permita combinar básicos de convenio con premios por productividad. Este esquema, según explicó, “ya funciona en algunos sectores” y busca “salir de la cultura de la inflación para entrar en la de la eficiencia”.

Uno de los puntos que más controversia genera es el fondo de cese laboral, pensado como un sistema alternativo a las indemnizaciones. El proyecto contemplaría su financiamiento a través de reducciones impositivas. De Diego advirtió que, mal diseñado, el fondo podría convertirse en un nuevo “impuesto al trabajo”, pero destacó que se está discutiendo cómo sostenerlo sin afectar el salario ni la formalidad.

En relación con las indemnizaciones tradicionales, el Gobierno desmintió que vaya a imponer un tope, al menos para las relaciones laborales actuales. Según aclararon voceros cercanos al proyecto, el cálculo seguiría siendo un mes por año trabajado, con base en la mejor remuneración y un tope vinculado al convenio colectivo. “No se tocan los derechos adquiridos”, aseguraron desde La Libertad Avanza. Sin embargo, desde la CGT insistieron en que cualquier recorte “sería judicializado”.

Las pymes también fueron parte del eje del debate. Según datos citados en el programa, el costo laboral de un salario de $1.300.000 de bolsillo puede llegar a $2.300.000 para el empleador. La alta carga impositiva —entre impuestos nacionales, provinciales y municipales— desalienta la contratación. En ese marco, oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de avanzar en una reforma tributaria que alivie a los empleadores sin afectar el salario diferido (jubilación, obra social).

El sindicalismo y parte de la oposición plantearon que “la variable de ajuste es el trabajador”, ante un escenario de caída de empleo y recesión económica. Desde la CGT señalaron que en los últimos dos años se perdieron más de 250.000 puestos registrados. “Sin crecimiento no hay empleo genuino, y sin empleo no hay blanqueo posible”, resumieron.

Pese a las diferencias, hubo coincidencias en que la legislación necesita actualización, en especial para contemplar nuevas modalidades como el trabajo remoto, el multiempleo y los oficios ligados a las plataformas digitales. Pero la pregunta sigue siendo quién define esa modernización y bajo qué condiciones: una reforma sin diálogo, advirtieron desde la CGT, puede “rebotar en la justicia y generar más incertidumbre”.

JJD

El diputado libertario Santiago Santurio presentó un proyecto de ley para consagrar que los repartidores de plataformas digitales no son trabajadores en relación de dependencia, sino prestadores de servicios autónomos. Si se aprueba, quedarán por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo y de cualquier norma laboral, sindical o previsional. El texto representa el intento más explícito del oficialismo por legalizar un modelo de trabajo sin derechos.

La propuesta, titulada “Régimen de Autónomos Digitales en Plataformas de Delivery”, establece que toda la relación entre las aplicaciones como Rappi, PedidosYa o Uber Eats y sus repartidores se regirá únicamente por el derecho civil y comercial. En otras palabras: serán contratos privados, no laborales.

“En ningún caso esta relación se interpretará como una relación de dependencia laboral”, señala el artículo 2 del proyecto. Para blindar esa posición, el texto prohíbe explícitamente que jueces puedan considerar lo contrario, aunque existan elementos habituales del vínculo laboral, como exclusividad, habitualidad u horario.

Libertad o desprotección

En sus fundamentos, Santurio —representante del bloque oficialista La Libertad Avanza— justifica el proyecto en nombre de la libertad individual, la autonomía de la voluntad y el libre mercado. Cita a Juan Bautista Alberdi y asegura que los repartidores “eligen libremente” cuándo y cómo trabajar, sin depender de un empleador. Según su visión, los marcos laborales actuales pertenecen al siglo XX y solo entorpecen la innovación.

Pero, en los hechos, el proyecto legitima una forma de trabajo sin salario mínimo, sin cobertura por accidentes, sin licencias, sin ART, sin aguinaldo ni aportes jubilatorios, y donde toda la carga fiscal y previsional recae sobre el repartidor.

“Es la institucionalización de la precariedad”, opinó ante este medio un abogado laboralista que prefirió no dar su nombre por temor a represalias. “El discurso de la autonomía es tramposo: estos trabajadores no tienen poder de negociación ni condiciones reales para ejercer esa libertad que el proyecto dice proteger”.

Un régimen sin Estado

El articulado también excluye la intervención del fuero laboral. Cualquier conflicto deberá resolverse en tribunales civiles o mediante arbitrajes privados, acordados entre partes que no tienen igual peso.

Las plataformas no tendrán ninguna obligación en materia de aportes ni retenciones fiscales o previsionales. Todo quedará a cargo del repartidor. Según el texto, eso no implica desprotección, sino un “cambio de paradigma”.

“Es un proyecto coherente con la ideología de un Estado mínimo. Pero lo que llama la atención es la crudeza: directamente niega la existencia del trabajo dependiente en este sector, cuando hay fallos judiciales y dictámenes que demuestran lo contrario”, señaló la socióloga laboral Ana Laura López, especialista en empleo y plataformas.

¿Qué cambiaría si se aprueba?

Hoy, en la Argentina, no existe una ley específica que regule el trabajo en plataformas, pero distintos fallos laborales —como el del caso “Rappi c/AFIP” de 2022— han reconocido la existencia de relación de dependencia. El proyecto de Santurio busca bloquear judicialmente esa posibilidad.

De aprobarse, las empresas que hoy operan en la informalidad pasarían a operar dentro de un nuevo marco formal, pero sin asumir ninguna responsabilidad laboral. Lo que hoy es precarización de hecho se convertiría en precarización de derecho.

Además, el texto deroga cualquier norma que se oponga a su interpretación, lo que podría generar un efecto de arrastre hacia otras actividades digitales.

Entre la flexibilidad y la desigualdad

El debate sobre el trabajo en plataformas no es exclusivo de Argentina. En Europa, la discusión está abierta, y países como España han optado por reconocer la relación laboral de los repartidores. En Estados Unidos, el panorama es mixto y objeto de múltiples litigios.

El problema no es la tecnología ni la flexibilidad, sino la falta de garantías básicas, advierte López. “Este proyecto parte de una ficción: que los trabajadores pueden negociar de igual a igual con las plataformas. Pero eso no sucede. No hay libertad real sin protección mínima”.

El oficialismo busca avanzar con esta ley en el marco de su agenda de desregulación laboral, que ya intentó incluir en la Ley Bases reformas que luego fueron frenadas por la Justicia. Esta vez, el blanco son los repartidores, uno de los sectores más expuestos y más invisibilizados del nuevo mapa del trabajo.

JJD

Casi 4 de cada 10 trabajadores en relación de dependencia no estaban registrados en la seguridad social, lo que eleva la tasa de informalidad entre los asalariados del país al 36,7%, y una mayoría de ellos son jóvenes, de acuerdo al último informe del Empleo Asalariado Informal y la Pobreza Laboral. Asimismo, el 40% de los asalariados vive en un hogar pobre, valor que asciende a 63% entre los informales, por lo que seis de cada diez personas asalariadas en condición de informalidad viven en un hogar pobre. Esta cifra se reduce a 27% entre los asalariados formales.

El informe fue elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria.

De los datos dados a conocer este lunes, se desprende que, en la comparación interanual, se observa un aumento de aproximadamente 1 punto porcentual. Los autores destacan que, en una mirada al largo plazo (desde 2003) ubica a la tasa de informalidad en un valor idéntico al observado en el tercer trimestre de 2008.

En el mismo sentido, destacan que desde ese año (era presidenta Cristina Fernández de Kirchner) hasta la irrupción de la pandemia a comienzos de 2020 (bajo la gestión de Alberto Fernández) la tasa de informalidad se mantuvo en valores de entre 32% y 35,7%, lo que ubica el número del tercer trimestre de 2024 arriba del registrado a lo largo de ese período. Sin embargo, más allá de las fluctuaciones, la tasa de informalidad se mantuvo con relativa constancia y en un valor muy elevado en los últimos 16 años.

Datos clave del informe

Informalidad y pobreza

En el segundo trimestre de 2024, 40% de los asalariados vivían en un hogar pobre. Sin embargo, este valor ascendía a 63% entre los informales. O sea, 6 de cada 10 asalariados en condición de informalidad vivía en un hogar pobre. Esta cifra se reduce a 27% entre los asalariados formales.

Los investigadores explican que cuando se hace la comparación entre el salario mensual y el valor de la canasta de bienes y servicios básicos (línea de pobreza individual) también se observa una gran discrepancia entre ambos grupos de trabajadores. Mientras que el 59% de los asalariados informales recibe un salario mensual inferior al valor de esta canasta, ello sucede en el 8% de los asalariados formales.

A modo de referencia, el salario mínimo promedio mensual del segundo trimestre en términos netos fue alrededor de $190 mil mientras que el valor de la canasta de pobreza promedio de un trabajador asalariado fue de $238 mil. Este panorama era diferente, por ejemplo, en 2017. En ese momento, esos valores eran, respectivamente $6700 para el salario mínimo neto y $3575 para la canasta de pobreza promedio para los trabajadores asalariados, lo que muestra claramente la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. En definitiva, estas cifras muestran que tener un puesto de trabajo en Argentina no es un reaseguro para vivir fuera de la pobreza.

Más mujeres informales

La tasa de informalidad asalariada total fue 36,3%, siendo 34,2% entre los hombres y elevándose a 38,9% entre las mujeres. En promedio, la tasa de informalidad femenina a mediados de 2024 fue aproximadamente 5 puntos porcentuales más elevada que la tasa masculina. Sin embargo, dada la mayor proporción de hombres en el total del empleo asalariado (54%), éstos dan cuenta del 51% de la informalidad asalariada total.

Los jóvenes lideran el ranking de informalidad laboral

En cuanto a los rangos etarios, los jóvenes experimentan una tasa de informalidad significativamente más elevada que otros grupos etarios, al punto que en el segundo trimestre de 2024, ésta era de casi 64%, 28 puntos porcentuales más elevada que la tasa global, lo que equivale a que algo más de 6 de cada 10 jóvenes trabajadores en relación de dependencia no está cubierto por la normativa laboral y la seguridad social.

En tanto, los trabajadores asalariados de entre 45 y 64 años (60 años en el caso de las mujeres) son quienes experimentan la tasa de informalidad más baja (27,5%). Le sigue en incidencia el grupo de entre 25 y 44 años (34,4%) y el de 65 años (60 años en las mujeres) y más (47,9%).

Diferencias por nivel educativo

Casi 7 de cada 10 mujeres asalariadas de menor nivel educativo trabaja en la informalidad. Ello representa más de 4 veces la incidencia entre hombres de nivel educativo universitario. La brecha de informalidad entre hombres y mujeres casi desaparece en el nivel educativo más elevado. Por el contrario, entre las y los asalariados que no completaron el nivel secundario, esta brecha es de 16 puntos porcentuales, con mayor incidencia en el caso de las mujeres. Mientras que dentro del grupo de hombres la diferencia en la tasa de informalidad entre el grupo de menor nivel educativo y el de mayor nivel educativo es de 35,5 puntos porcentuales, esta diferencia se eleva a casi 52 puntos porcentuales entre las mujeres. 

Por tamaño de empresa

De acuerdo al informe, “el poder explicativo del tamaño de empresa se refleja aún más cuando se lo analiza de manera conjunta con el nivel educativo En efecto, las empresas de menor tamaño registran las tasas de informalidad más elevadas, independientemente del nivel de educación alcanzado. De hecho, los asalariados con nivel universitario completo registran en estas empresas una incidencia de la informalidad más elevada que los asalariados de menor capital humano en las otras dos categorías de tamaño consideradas”.  

Ello indica que el “poder formalizador” de la educación se reduce fuertemente en los establecimientos más pequeños. Mientras que la tasa de informalidad en el segundo trimestre de este año de los asalariados universitarios trabajando en firmas de mayor tamaño era 8,4%, ésta era de 14,7% en firmas de tamaño medio y alcazaba el 53,6% en las empresas de hasta 5 ocupados. 

Por regiones

La menor incidencia de la informalidad en la región patagónica se replica en los tres niveles educativos considerados. Con una tasa de informalidad global de alrededor del 36,3%, la correspondiente a los asalariados de esta región con nivel educativo bajo era del 34,4%, la correspondiente a los asalariados con nivel medio del 18,8% y del 5,1% entre los asalariados terciarios/universitarios. 

En el otro extremo, si bien las regiones NOA y NEA exhiben las máximas incidencias de informalidad tanto en el nivel educativo más bajo (con tasas del orden del 66,7%/63,9%) como en el intermedio (45,0%/43,8%), ello no es así entre los universitarios. 

En el nivel más alto de educación, las tasas de informalidad más elevadas las registran las regiones Cuyo y Pampeana. 

La brecha salarial y desigualdad

Adicionalmente a la falta de cobertura de los derechos laborales y de la seguridad social, los asalariados informales exhiben una “penalidad” salarial respecto de asalariados con similares características personales y del puesto de trabajo pero que se desempeñan en la formalidad. 

En promedio, la penalidad por informalidad es del orden del 46%. Esto quiere decir que si un asalariado formal obtiene un salario mensual de $100, un trabajador informal con igual nivel educativo, igual edad, en la misma región, trabajando en la misma rama de actividad y en una empresa de igual tamaño obtendrá una remuneración mensual de $54. 

Sin embargo, la brecha salarial global asociada a la informalidad promedia situaciones diferentes entre los diversos grupos de trabajadores. 

A modo de ejemplo, el salario promedio de un hombre de entre 25 y 44 años de edad, con secundario completo o universitario incompleto, trabajando como asalariado formal en el sector Comercio y en una empresa de tamaño medio fue de $540 mil en el segundo trimestre de 2024. En promedio, ese salario se reducía a $336 mil en el caso de los asalariados informales con esos mismos atributos y trabajando en ese sector de actividad. O sea, la brecha era de 38%. 

La combinación de esta penalidad salarial y de la mayor incidencia de la informalidad entre los asalariados de menor nivel educativo, jóvenes y mujeres (quienes, en promedio, obtienen menores salarios que el resto de los trabajadores) da por resultado una fuerte asociación entre la incidencia de la informalidad y la posición en la escala salarial. 

En efecto, en el primer quintil de ingresos laborales (20% de trabajadores con menores salarios) la incidencia de la informalidad supera el 80%. O sea, 8 de cada 10 trabajadores de menores ingresos trabaja en un puesto informal. 

En el otro extremo, en el 20% de mayores salarios, la incidencia se reduce a 6%.

La comparación con otros países de la región

La mirada regional permite identificar la posición de Argentina en materia de informalidad en comparación con otros países de América Latina.

En una región caracterizada por la informalidad y la precariedad laboral, Argentina se ubica en una situación intermedia (considerando áreas urbanas de 10 países de la región). • Uruguay, Chile, Costa Rica y Brasil registran tasas de informalidad entre asalariados de entre 9% y 21%. En el otro extremo, Perú y Paraguay tienen tasas superiores al 50%. 

Informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas.

IG

La reforma laboral pretendida por el gobierno de Javier Milei y pactada con el radicalismo, que contenía unos 53 artículos, se acotó a 18 por presión de otro bloque aliado, Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto. Entre las principales reformas del mundo del trabajo contenidas en el proyecto de ley Bases para la Libertad figuran las siguientes:

De la reforma laboral que había establecido Milei en su mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) número 70 de fines de 2023, que fue suspendida por la Justicia, se excluyó finalmente la posibilidad de echar con causa, y por tanto sin indemnización, a aquellos empleados que participen en bloqueos o tomas de establecimiento. Otro asunto que quedó afuera fue la declaración de la educación como servicio esencial, lo que acotaba los paros docentes. Tampoco se incluyó la iniciativa para descontar de la base de cálculo de la indemnización el aguinaldo y otros conceptos de pago semestral o anual.

La UCR intentó colar un artículo que impusiera un mínimo no imponible de cargas patronales, de modo de reducirlas, pero el Gobierno, atento a la caja y al objetivo de déficit fiscal cero, se opuso. Tampoco prosperó su intento de eliminar la cuota solidaria obligatoria de trabajadores de ciertos sectores a su sindicato, en un guiño del Ejecutivo a la Confederación General del Trabajo (CGT) para intentar que dé de baja su anuncio de paro general para el 9 de mayo.

“La reforma quedó bastante bien: el 80% de lo que planteábamos”, opina Tetaz. En cambio, el abogado laboralista y exdiputado peronista Héctor Recalde repudia la reforma: “Va a haber una lluvia de amparos judiciales porque viola la Constitución Nacional en varios artículos, entre ellos el 14,14bis,16, 29, 31, 75 inciso19”. En concreto, Recalde critica la ampliación del periodo de pruebas, la eliminación de multas al empleo no registrado, la figura del trabajador independiente con hasta cinco colaboradores “porque puede dar lugar al fraude laboral” y la posibilidad de que se modifique por convenio colectivo lo que establece la ley sobre las indemnizaciones.

AR/MG

“Parezco un cerdo comiendo garbanzo de mil formas”. La que habla es María del Carmen Díaz, tiene 55 años y es empleada de casas particulares. En los últimos meses pasó de trabajar toda la semana a hacerlo solo media jornada los lunes, miércoles y viernes. Cobra $2.000 la hora y gana 24.000 a la semana, menos de 100.000 al mes. Con eso mantiene a los cuatro hijos que viven con ella en su casa del barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31). “Escuchaba a un periodista que decía: ‘Van a pedir comida y están todos gordos’. ¿Cómo no vamos a estar todos gordos si vivimos comiendo garbanzo, polenta, masa, fideos caseros? Eso no es saludable. La gente no tiene noción de lo que es comer garbanzo, estamos como cerdos, inventando maneras de comer siempre lo mismo”, agrega María del Carmen. 

Vive al día, lo que gana el lunes tiene que alcanzar también para el martes hasta que el miércoles vuelve a trabajar. “Me estoy ajustando en un montón de cosas, a mis hijos no les puedo dar verduras o yogur. Fruta ni hablar, este año fruta no se comió. Por ahí, de casualidad, una ve alguna oferta, una naranjita, una manzanita y lo compra. Es algo que me tiene muy devastada y me da vergüenza ajena contarte esto. ¿Cómo carajo puede sobrevivir la gente así?. Estamos alimentando mal a nuestro cuerpo”, agrega. Ella es diabética, pero su dieta es en base a harinas. Por ahora consigue la medicación en la salita del barrio. También es asmática y cuando en el hospital no tienen el broncodilatador en aerosol que usa, lo compra. La última vez lo consiguió a 24.000 pesos, lo mismo que gana en una semana de trabajo. 

Escuchaba a un periodista que decía: ‘Van a pedir comida y están todos gordos’. ¿Cómo no vamos a estar todos gordos si vivimos comiendo garbanzo, polenta, masa, fideos caseros? Eso no es saludable

María del Carmen Díaz — Empleada doméstica, mamá de cuatro hijos

María del Carmen Díaz es también la secretaria General del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SiTraCP) y cuenta que hay muchos casos de trabajadoras no registradas que perdieron horas ante la crisis económica. “Mucho no podes aumentar porque les pedís que te paguen $3.000 la hora porque subió el boleto y te dicen que no te pueden pagar. Ahi vamos perdiendo trabajo, la gente te llega a pagar hasta $2.000. Ya 2.500 no te paga casi nadie. Te dicen: ”No vengas’ o buscan a otra chica. Hoy por hoy la necesidad es básica y las chicas van a trabajar por lo que sea“. Ella trabajaba para una pareja de jubilados que le redujo la carga de cinco días a uno.

Actualmente, una trabajadora registrada cobra $1.416,50 la hora, es decir, $173.758 mensuales a los que se suman antigüedad, aportes jubilatorios y obra social. Este miércoles, después de dos meses de retraso, el Gobierno nacional realizó un acuerdo con la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y se estableció un aumento del 35%, 20% para febrero y 15% para marzo. De esta manera, el incremento anual quedó en 154% contra el porcentaje de inflación que fue del 211,4%. Además, el gobierno de Javier Milei no renovó el programa Registradas que fomentaba la formalización a través del aporte del Estado del 50% del salario de las trabajadoras.

“No recuerdo un momento tan duro como éste”, dice Lorena Baez, que tiene 43 años y limpia casas desde los 15. Vive en el barrio San Ginés, en San Fernando, y trabaja en seis casas. En algunas está registrada, en otras no. Hace poco agregó la última “por hora” porque no le alcanzaba la plata. Cobra alrededor de $1.800 la hora (excepto en las que está “en blanco” donde cobra $1.500) y trabaja entre 10 y 12 horas diarias de lunes a viernes. “Es nada, nada”, repite. Junta alrededor de $200.000 al mes de los cuales destina un 60% a pagar el alquiler. Vive con su hija de 24 años, que ayuda económicamente, y su hijo de 18. “Es una situación bastante triste porque yo no sé qué es comprarse una ropa nueva o algo, es todo para la casa o la comida, no podes hacer otra cosa. Van pasando los meses y uno va recortado más, ya compro menos carne. Por más buena voluntad que uno le ponga, es una situación complicada y da mucha tristeza”, dice. Igual que María del Carmen, Lorena dejó de comprar yogur, también queso y fideos de primera marca. “Mi sueldo no me alcanza, no paga nada, tendría que trabajar sábados y domingos. Agregar una casa más porque no llegó con la plata”, cuenta. 

Además de trabajar en su ciudad, viaja a Benavidez, Vicente López y Tigre. Paga el boleto entre $270 y $420 , pero no todos los empleadores le cubren el viático. “Con algunos estoy negociando, mayormente tomo dos colectivos para ir o dos para volver. Cuando me tengan que pagar más viáticos va a ser difícil porque ellos son gente de trabajo también”, cuenta Lorena. El aumento del transporte público es otro de los problemas de las trabajadoras de casas particulares que, en muchos casos, no consiguen trasladarlo al pago. 

Una situación compleja es la que viven en la Patagonia donde el boleto de colectivo puede superar los $1.000 en tramos interurbanos. Ahí, los sueldos tienen un 35% más por considerarse zona desfavorable. “Acá, según la distancia, te sale $1.000 o $1.500 pesos y no te quieren pagar el transporte. Ocupas un día, te tomas el colectivo ida y vuelta que son $3.000 y me das $2.000 la hora. En dos horas saco $4.000, menos $3.000 del pasaje me quedan $1.000. ¿Qué le llevo a mi hijo para comer?. Dejé el cansancio, mis riñones…porque te van haciendo señas con el dedo para que te apures”, dice Sonia Kopprio, secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén, que tiene también es trabajadora. Tiene 64 años y limpia tres casas lunes, miércoles, viernes y sábados. Cobra $6.000 pesos la hora e intenta que el resto también haga lo mismo. 

“Siempre se quejan de que no pueden pagar, le pedís $6.000 y te piden la resolución, pero ¿Por qué no le piden la resolución al mozo que las atiende cuando van a comer con las amigas?. Quieren que en dos horas le hagas maravillas con la limpieza y te quieren dar $2.000 pesos la hora. No, nosotros hacemos cobrar la hora 6.000, si te gusta bien y sino ‘Limpie usted, señora, porque yo con $2.000 pesos no compro nada’.La sociedad tiene una idea de que nosotras como empleadas domésticas no tenemos derecho a nada”, se queja Sonia, que en su casa tiene un ambiente destinado al sindicato. 

La sociedad tiene una idea de que nosotras no tenemos derecho a nada. Hoy nadie quiere limpiar, las compañeras cuando van una o dos veces a la semana se encuentran con lo más desagradable, pilas de platos, porque sacan hasta el último antes de lavarlo

Sonia Kopprio — Secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén

Los fines de semana hacen mateadas en las plazas a las que cada día concurren más mujeres.

“Hoy nadie quiere limpiar la casa, las compañeras cuando van una o dos veces a la semana se encuentran con lo más desagradable. Encuentran pilas de platos, porque sacan hasta el último plato antes de lavarlo, y quieren que en dos horas hagan maravilla y no te quieren pagar. Le decimos haganse valer, salgan a vender tortas fritas y ganan más. Están $3.000 pesos la docena, las vendes $2.500 y te la sacan de la mano”, agrega. 

En Argentina existe la Ley 26.844 del “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de Casas Particulares” que se sancionó en el 2013 y que regula esta actividad. Sin embargo, es uno de los sectores de la economía más feminizados y, a la vez, más desprotegidos. Lo integran más de 1,7 millones de personas, sin embargo el 75% está en la informalidad. El 95% del total está representado por mujeres, que representan el 17% de las asalariadas del país.

La crisis económica potenció la precarización de las trabajadoras de este rubro. “No puedo decir que hay desocupación, hay viveza de la parte empleadora. Son vivillos porque quieren que les hagan las cosas gratis. Han dejado empleadas sin trabajar pero son empleadores de alto nivel económico de barrios privados. Es explotación laboral porque hay casos donde las han dejado cuidando cuatro chicos de cortas edades, desde 4 meses a 4 años. Además, tienen que planchar, cocinar, hacer la papilla a los chicos, hacerle el almuerzo y dejar la cena. Nueve horas todos los días por un sueldo de 90.000. Después hablamos del 8M, son las empleadoras las que más las explotan y las maltratan psicológicamente. Las despiden, no las indemnizan y después toman gente y le dicen: ‘Yo te pago esto, si te gusta bien y sino verás’. A veces, por la necesidad la compañera la toma”, agrega Sonia Kopprio. 

Según un informe de la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA) del año 2020, el 48% de las trabajadoras de casas particulares percibe un salario inferior a la jubilación mínima y no gana lo suficiente para cubrir la canasta básica alimentaria. 

Las adaptaciones a los aumentos de precios y de transporte varían: situaciones en las que los y las empleadoras reducen la cantidad de horas porque no pueden sostener el pago al tener también devaluado su sueldo, otras en las que se concentran todas las horas en un día para pagar un solo viático y otras en las que el vínculo se mantiene intacto porque les representa un pieza determinante en la dinámica de la familia. “Fabiana cumple un rol clave en la organización familiar y laboral porque gracias a su participación podemos tener espacios de esparcimiento. En mi caso, tengo espacios laborales más amplios porque ella se queda con mi hijo”, cuenta Gisela Torchelli, abogada de 40 años. Fabiana cuida a Martín, su hijo de 4 años, y cuando tiene tiempo hace las tareas de limpieza general de la casa. 

“La prioridad es el cuidado de Martín y la limpieza es a medida de que él le de espacio. En nuestro caso, por suerte no tuvimos que reducir horario de trabajo. Por la inflación que maneja el país, cada dos o tres meses se le realiza un aumento del 30% y le pagamos 100 horas mensuales, llegue o no a completar la totalidad. Mientras tanto, yo aprovecho a trabajar en algún bar, coworking o casa de algún conocido. O bien aprovecho para hacer compras o salir con alguna amiga”, agrega Gisela.

Si bien las situaciones son disímiles, hay un punto en común: la complejidad para llegar a fin de mes. “Nosotros sobrevivimos, no es que comemos para vivir”, resume en una frase María del Carmen Díaz. 

CDB/MG

Los trabajadores informales en condiciones de obtener el refuerzo de ingresos otorgado por el Estado Nacional tienen tiempo hasta el 31 de octubre para presentar la solicitud.

La inscripción se realiza de 14 a 24 horas, a través de la página www.anses.gob.ar o de la aplicación mi ANSES.

La primera cuota de $47 mil pesos ya fue cobrada por 2,5 millones de personas y la segunda se pagará en noviembre.

En tanto, quienes se anotaron a partir del 10 de octubre y su solicitud fue aprobada, recibirán las dos cuotas juntas en un pago de $94 mil en el próximo mes.

Pueden anotarse los trabajadores de entre 18 y 64 años, que no cuenten con ingresos registrados ni ningún tipo de asistencia económica del Estado.

Para obtener esta ayuda también se debe contar con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina.

Para acceder al cobro, las personas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Otros requisitos son:

Cómo solicitar el refuerzo

Podés solicitar el Refuerzo para trabajadoras y trabajadores informales durante todo octubre únicamente de forma virtual, todos los días de 14 a 24 hs.

Antes de iniciar el trámite, te recomendamos tener a mano la CBU donde querés recibir el refuerzo. Si no contás con una CBU a tu nombre, podés tramitarla de forma gratuita antes de iniciar tu solicitud.

Paso a paso

Con información de agencias.

IG

Horarios de diez y doce horas. Salarios muy por debajo del mínimo legal, de 800 y 900 euros por jornadas completas. Alta a la Seguridad Social por menos horas de las trabajadas, incluso por la mitad. El absoluto incumplimiento de la compensación de horas extra. Alguna –o varias– de estas condiciones se repiten día sí y día también a través de testimonios anónimos del sector de la hostelería en la cuenta de @Soycamarero, cuyos mandos lleva Jesús Soriano, “camarero durante 18 años” y que ahora solo ejerce a tiempo parcial, más dedicado a las redes sociales. “Hay gente que no se los cree, pero por desgracia no tengo que inventarme nada”, explica a este medio.

Como ha ocurrido en el pasado, por ejemplo con los insultos racistas a una trabajadora de Goiko en 2019, esta semana un nuevo testimonio compartido por su cuenta de X (antigua Twitter) se hacía viral, con más de cinco millones de reproducciones. Se trataba de los pantallazos de una conversación de Whatsapp entre un jefe y un camarero, al que llevaba sin pagar su salario los dos últimos meses, como explicó el afectado a Soriano.

“Normal que no te aparezca ingresada (la nómina), estos meses no has trabajado todos los días”, dice el empleador en los mensajes. “En julio cuando te cortaste el tendón te di tres días libres. Ya no trabajaste los 30 del mes. Y en agosto, con la tontería de tu padre te fuiste día y medio a Madrid”, añade. El responsable de @Soycamarero explica que el padre del trabajador está enfermo de cáncer, en fase terminal, según le explicó el afectado.

“Tu obligación es estar aquí de lunes a domingo de 11 a 11”, reitera el jefe, lo que supone una jornada ordinaria de 12 horas diarias, por encima del máximo legal permitido e incumpliendo el necesario descanso semanal. Poco después, tras la gran difusión en redes sociales, Jesús Soriano explica que el camarero se puso en contacto con él para explicarle que la familia de su jefe había identificado el caso difundido en redes sociales y que iban a pagarle lo debido.

Muchas personas recelaron del caso, por el comportamiento tan abusivo del jefe y también por la feliz resolución tras una denuncia anónima, sin mencionar siquiera al establecimiento en cuestión. Por ello, Soriano compartió varias capturas de los correos electrónicos que le envió el afectado, al que oculta el nombre, ya que quiere mantenerse en el anonimato.

“Me contó su caso y sinceramente no creo que esta persona mienta, me contó muchos detalles, pero no quiere aparecer en los medios. Está muy mal”, lamenta Soriano. En ocasiones, ante las sangrantes situaciones difundidas, la gente pone en duda los testimonios, pero el camarero advierte de que la precariedad es una constante en gran parte del sector, que ha vivido en su propia piel. “Desgraciadamente no tengo que inventarme nada, porque no hace falta. Tristemente, llegan casos que superan la ficción”, apunta.

“He sido camarero 18 años en restaurantes, bares de pueblo, en franquicias,... de todo. Y de todos los sitios en los que he estado, el 80% tenía malas condiciones”, explica el responsable de @Soycamarero.

Entre sus peores vivencias laborales, explica el trabajo en un restaurante “con mucha afluencia de clientes, incluso con colas en la calle” en Valencia durante las Fallas. “Trabajando de lunes a domingo por 900 euros, librando solo un lunes sí otro no. Y con los pies sangrando literalmente. Eran 12 o 13 horas trabajando con muchísimo calor, con zapatos, que al final los pies te sangran”, afirma Soriano.

El sector “más incumplidor” de derechos laborales

Un vistazo a su cuenta en redes sociales ofrece un sinfín de situaciones de explotación. Como la oferta de trabajo con un horario que supone más del máximo de 40 horas semanales y que, cuando es advertido por una solicitante de empleo, recibe esta respuesta: “Se hace un día más a la semana y no se paga y tampoco se da el día libre. Esas son las condiciones de la empresa”.

O el horario en un pub de pueblo, de cuatro de la tarde a cuatro de la mañana en fines de semana, es decir, de 12 horas. Entre semana, la jornada alcanza las 10 horas y media. En principio, el horario incluye todos los días de la semana, sin ningún descanso. Si se quiere descansar uno, el lunes, el responsable explica que se descontaría del sueldo, que sitúa en los 1.200 euros al mes.

Ante las preguntas de una trabajadora, sobre si las horas trabajadas fuera de contrato se pagarían, el empleador del garito responde: “(El contrato) sería de 8 horas, pero es un pub que va poquita gente, no puedo pagar aparte más y no se puede dar de alta más de 8 horas”.

En un sector ya de por sí con bajos salarios, de los más reducidos de las distintas actividades económicas, los abusos que más recibe Jesús Soriano hacen referencia a sueldos por debajo de los mínimos legales, muchas denuncias sobre jornadas interminables, la falta de días de descanso y muchas “horas de trabajo gratis”.

Situaciones a veces tan normalizadas entre muchos empleadores, que las reconocen sin tapujos por escrito en conversaciones de Whatsapp con solicitantes de empleo e, incluso, en ofertas de trabajo colgadas en portales de empleo y páginas web. “Si por algún motivo nos retrasamos dos meses de salario, ¿usted se incomodaría?”, recoge una encuesta vinculada a una oferta difundida este jueves.

Desde los sindicatos, en CCOO coinciden en el diagnóstico de incumplimientos generalizados. “La hostelería sigue siendo el sector más desregulado, más incumplidor de la normativa laboral en este país”, sostiene Marcos Gutiérrez, responsable de Comunicación e Institucional de CCOO Servicios.

En un país de bares y turismo, se trata de un importante motor económico para el país, en el que “hay de todo”, reconoce Gutiérrez, pero explica que conviven “dos realidades”: por un lado, las compañías con más prestigio que respetan los derechos laborales, las condiciones del convenio e incluso las mejoran, donde la mayoría de personal del sector aspira a trabajar, y por otro lado “aquella otra parte de la hostelería que culturalmente entiende que las malas condiciones laborales son un peaje del sector”.

“Claro que así no hay camareros”

Con este panorama, desde los sindicatos y @Soycamarero se rebelan contra una de las máximas repetidas por los hosteleros en los últimos años: la falta de personal. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, afirmaba hace meses que “por el motivo que sea”, hay más de tres millones de personas sin empleo pero, al mismo tiempo, faltan candidatos a cubrir plazas vacantes sin cubrir.

Los motivos, explican desde la parte trabajadora, pasan por condiciones laborales “nefastas”, con salarios bajos que muchas veces no llegan para pagar una vivienda o un alquiler en muchas ciudades, sobre todo en las zonas más turísticas, así como la existencia de más alternativas en una economía al alza y con crecimiento del empleo, en máximos históricos.

“La gente ya tiene más opciones y no tiene por qué currar en estos trabajos de mierda. Mucha gente ha dado un golpe en la mesa. Antes estábamos tragando más porque no había otra, y aún se sigue tragando por necesidad, que es de lo que se nutren estas empresas, de las personas necesitadas”, considera Jesús Soriano.

Marcos Gutiérrez llama la atención sobre los discursos de algunos hosteleros sobre la falta de camareros y su llamada a traer trabajadores extranjeros para estos puestos, replicados por varios medios de comunicación en los últimos años. “Hay que mirar qué condiciones están ofreciendo. Hay provincias donde han estado con convenios colectivos sin actualizarse durante unos 15 años, como en Euskadi y Murcia, entre otras. Que están pagando salarios de 2008, cobrando precios de 2023”.

“Deben mejorar las condiciones, no que 'como ya no puedo explotar a la gente de España voy a ver si puedo explotar a gente de fuera', nos negamos”, explica el representante de CCOO, para lo que espera que contribuya el aumento de contratos indefinidos gracias a la reforma laboral.

En la parte trabajadora también rechazan que el negocio no dé para subir salarios, como alegan algunos empresarios. La hostelería es de las actividades que más ha exprimido la crisis de inflación, tras las compañías energéticas. Con un encarecimiento de los costes de apenas el 6% de 2021 a 2022, elevaron sus menús, sus cartas y sus habitaciones un 9,3%, según el Banco de España. En cualquier caso, en CCOO insisten en que “los hosteleros tienen que entender que, si la viabilidad de un negocio depende de la explotación laboral, de no cumplir con los derechos laborales, no es una empresa viable”. 

Fue una promesa del presidente Alberto Fernández formalizada el 2 de mayo de 2021, hace dos años, en un acto público y televisado, con la Casa Rosada detrás y con funcionarios públicos a su izquierda y derecha. “Proyecto de ley Cuidar en igualdad” decían las pantallas gigantes. Cuidar en igualdad propone un sistema integral de cuidados que alcance a todas las edades y no sólo al recién nacido. Invita, además, a repartir la responsabilidad de las tareas, que recaen, sobre todo, en las mujeres y feminidades. El Estado pretendía tomar un rol activo en la redistribución de los roles y, por ende, de la economía. Pero en la comisión de Trabajo decidieron ir por la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo cuyo alcance se limita a la extensión de las licencias y deja afuera a los trabajadores informales y a los monotributistas.

Hace quince días los diputados que integran la comisión de Trabajo se reunieron para poner en común los 47 proyectos que versan sobre tareas de cuidado, es decir, todo ese tiempo dedicado -sin reconocimiento económico alguno- a la atención de menores de edad, convivientes o familiares y adultos mayores. Más simple: llevar y traer a la escuela o al médico, limpiar, cocinar, cuidar en caso de enfermedad. Todas estas tareas recaen en las mujeres, que dedican el doble de tiempo que los varones en esas ocupaciones. El colectivo LGBTI+ también está afectado por el mismo problema.

Los diputados decidieron empezar a debatir las licencias que atañen a los empleados en blanco. Eso, además de hacer girar un borrador para que los asesores lo analicen y llegar a un proyecto unificado. Del borrador aún no hay noticias. En general, los proyectos buscar ampliar licencias laborales, modificar las especiales y crear otras, como las licencias en casos de violencia de género. Piden, por ejemplo, que la licencia para padres y personas no gestantes pase de 2 a 90 días.

En cuanto a las infancias, otros proyectos proponen más días por nacimiento de hijos con riesgo de vida o con discapacidad, o por adopción. Hay proyectos que modifican licencias por fallecimiento de familiares directos o las contemplan para cuidar a hijos, convivientes o adultos mayores a cargo que, por enfermedad o por haber sufrido un accidente, requieren atención. También crean licencias en casos de violencia de género y para personas en tratamiento de fertilidad.

El proyecto del Ejecutivo, en el que participó UNICEF y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, prevé que la licencia por gestación, parto y post parto pase de 90 a 126 días. También incluye a las personas no gestantes con licencias de 2 a 90 días. Y contempla la creación de licencias que hoy no existen, como el caso de adoptantes, y para personas gestantes y no gestantes que sean monotributistas o autónomos. Los empleadores no deberán cubrir las licencias, sino el Estado. Unas 8 millones de personas serían beneficiadas si el proyecto se convierte en ley. Pero, por lo pronto, no entró en el debate.

Tiempo, infraestructura y dinero

En la actualidad, no todas las personas tienen el mismo derecho a gozar de tiempo para cuidar: actualmente solo 1 de cada 2 personas que trabajan tienen acceso a licencias para el cuidado de personas de sus familias como consecuencia de los altos niveles de informalidad laboral y del empleo independiente (bajo la forma de monotributo o trabajadores autónomos). Hay aproximadamente 3,5 millones de personas trabajadoras independientes y 3,5 millones de personas que trabajan como asalariados no registrados, según la Encuesta Permanente de Hogares sobre datos recabados entre julio y septiembre del años pasado. Esas personas no tienen derechos vinculado con los tiempos para el cuidado de integrantes de sus familias ni para el autocuidado. Por otro lado, la Ley de Contrato de Trabajo quedó desactualizada. Esta a punto de cumplir medio siglo, tiempo en el que el mercado laboral y las formas de empleo se han transformado.

“Reformar el sistema de licencias es dar un primer paso importante en un horizonte que debe avanzar hacia un sistema integral de cuidados que contemple el conjunto de políticas públicas necesarias”, dice la carta enviada el 23 de mayo por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, cuyas integrantes participaron de la elaboración del proyecto del Ejecutivo. Fue un mensaje de preocupación a los diputados. Natalia Gherardi, directora de la organización, dijo a elDiarioAR que “si van a discutir las licencias, deberían incluir a los trabajadores informales y cuentapropistas” porque “si solo cubren empleados en relación de dependencia, significaría mantener la exclusión de gran parte de la población trabajadora mostrando un avance relevante pero también insuficiente e injusto”.

Gherardi habla de tres pilares que hacen a un sistema integral de cuidados. “El tiempo, cristalizado en la forma de licencia a atañe a un momento de la vida, por ejemplo el otorgado por nacimiento, pero ”las necesidades de cuidados se extienden a otros momentos de la vida“. El fortalecimiento de la infraestructura y los servicios, esto jardines maternales, escuela de jornada extendida, lugares de contención y recreación para adultos mayores, sistemas de apoyo que incluyan a personas con discapacidad. Y recursos: dinero a través de subsidios. ”Hay que colocar la conversación en términos más amplios“, sugiere Gherardi.

VDM/MG

El desempleo se redujo del 7,9% en el tercer trimestre de 2021 al 6,7% en el mismo periodo de 2022, con lo que se mantuvo por debajo la barrera del 7% y tocó el menor nivel al menos desde 2016, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) volvió a publicar cifras fiables. Ya en el segundo trimestre de 2022 había descendido al 6,9%. El Indec kirchnerista, bajo sospechas de manipulación, había registrado en el tercer trimestre de 2015 un 5,9%, pero al mismo tiempo la ciudad de Buenos Aires medía en ese distrito 7,2%. En el mismo lapso de 2020, en plena pandemia y cuarentena, había llegado al 11,4% al nivel nacional.

Los distritos con menos desempleo entre julio y septiembre de 2022 fueron la ciudad de Buenos Aires (4,7%) y las provincias de Chaco (2,6%), Chubut (3,6%), Formosa (3,3%), Misiones (3,3%), San Juan (3,1%), San Luis (1,7%) y Santiago del Estero (3%). El problema radica en la calidad del empleo. Al nivel nacional, el 37,4% de los empleados trabaja sin derechos laborales, sin aportes a su jubilación ni a la obra social, en negro, como se suele llamar. Las provincias con más desocupación son Buenos Aires (8,7%), Catamarca (7,3%) y La Pampa (6,9%).

AR

Un grupo de vendedores ambulantes, denominados “manteros”, cortaba esta mañana el tránsito en avenida Pueyrredón y Bartolomé Mitre, en inmediaciones de la estación ferroviaria Once, en rechazo de los allanamientos que agentes de la Policía de la Ciudad realizan en esa zona comercial del barrio porteño de Balvanera en el marco de una causa por “ocupar la vía pública en ejercicio de actividad lucrativa”.

“Solo queremos trabajar”, “nos están robando a la gente humilde y trabajadora”, se quejaron los manifestantes.

Un amplio operativo fue desplegado esta mañana por personal de la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad, que dispuso vallas en varias esquinas de la zona para impedir el ingreso de los manteros.

Según indicaron fuentes oficiales, las autoridades de la Fiscalía de Flagrancias Este y del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 30 ordenaron la realización de 22 allanamientos en la zona, que se encontraba cerrada al tránsito poco antes de las 7.

Los lugares donde se realizan los allanamientos son los depósitos donde los vendedores guardan los artículos que exhiben para su venta en las mantas que ubican en las veredas de un amplio perímetro de la zona comercial de Once.

La investigación que derivó en los allanamientos fue iniciada hace tres meses, de acuerdo con fuentes policiales.

Con información de agencias.

IG

En una Argentina de profundas grietas políticas, económicas y sociales, el intento de magnicidio a la vicepresidenta abrió un debate sobre los discursos de odio hacia el Estado y la “clase política” desde un sector de la sociedad. ¿Qué relación existe entre las subjetividades políticas, las condiciones de vida de la población y la gobernabilidad? El materialismo histórico propone un orden para este tridente en el cual las condiciones materiales de existencia condicionan las relaciones sociales y las subjetividades políticas. Para ser más precisos, Carlos Marx escribió en 1858 que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual de las personas. Por lo tanto, “no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”.  

En base a este pensamiento clásico podemos afirmar que 9,5 millones de trabajadores y trabajadoras de la Argentina -que equivalen al 45% de la Población Económicamente Activa (PEA)- forman su conciencia social en base a condiciones de existencia que se estructuran en un empleo en relación de dependencia con derechos laborales “universales” que provienen de las luchas obreras de comienzos de la segunda posguerra. Dicha conquista significó el último registro histórico de ampliación masiva de las fronteras de formalización y homogeneización social a través de los derechos laborales universales en la Argentina. Un sello de la sociedad salarial incorporada por el peronismo hasta mediados de la década del setenta. Sin embargo, en la actualidad existe otro 55% de la población laboral (PEA) que vive una realidad existencial heterogénea que condiciona en forma diferente su conciencia. Este componente etéreo se reparte entre trabajadores independientes autónomos (400.000), monotributistas (1, 8 millones), trabajadores/as de la Economía Popular (7,5 millones), trabajadores en relación de dependencia no registrados, economía ilegal y desocupación abierta.

¿Es factible, de cara al futuro, homogeneizar nuevamente la sociedad argentina en el estereotipo del empleo asalariado? 

Los datos en este sentido no son auspiciosos. Desde el último cuarto del siglo XX se observa una insuficiencia de la economía tradicional para incorporar a toda la mano de obra disponible en la relación salarial formal. En la Argentina, por ejemplo, en los últimos 51 años (1970-2021), los puestos de trabajo registrados en relación de dependencia en la industria manufacturera crecieron sólo 17%, pasando de 1,01 millones en 1970 (según el Censo de 1970) a 1,18 (según datos del Ministerio de Trabajo de 2021); mientras que la población económicamente activa aumentó en ese mismo período 138% (pasando de 9 millones a 21,5 millones de personas).

Esta deficiencia en la generación de empleo con derechos plenos durante estas cinco décadas se observa también en su contracara, el crecimiento del trabajo por cuenta propia (352%) y del empleo no registrado (229%). Ambos indicadores crecieron muy por encima del incremento de la PEA (138%). Mientras que los puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado sólo crecieron 49%, según las fuentes señaladas.

Si nos enfocamos en el siglo XXI, (poscrisis de 2001-2002), los números tampoco son muy alentadores. El crecimiento promedio anual de la economía argentina entre 2004 y 2021 fue 3% y generó, en promedio, de 137.000 nuevos empleos registrados en el sector privado por año (según datos de Cuentas Nacionales del Ministerio de Economía de la Nación), cuando el crecimiento de la PEA se estima en 300.000 personas por año que ingresan al mundo del trabajo. Dichos números de generación de empleo empeoran si tomamos los últimos 10 años de la Argentina (2011-2021). Durante el mismo la producción punta a punta estuvo estancada (con un crecimiento del 0,4 % anual promedio) y se crearon sólo 25.000 empleos registrados en promedio anual en el sector privado.

En resumen, ni la economía privada ni la pública muestran una foto, o una película, que proyecte una solución laboral estructural para la Argentina a través de la expansión del empleo en relación de dependencia registrado. Por lo tanto, el desafío político de homogeneizar a la mayoría de la población en un proyecto de nación impulsado desde un Estado democrático debe pensarse desde otras perspectivas e instrumentos. 

¿Cómo homogeneizar sociedades en las que crecen formas laborales y productivas heterogéneas?

El Estado Nación es esencialmente el guardián de la homogeneidad que la política requiere para aspirar a gobernar el todo. Sin embargo, las sociedades heterogéneas se caracterizan por dejar fuera de los criterios de homogenización/formalización a una parte importante de la sociedad. Esto hace que la gobernabilidad sea débil y la política no tenga fuerza articuladora que necesita sobre el todo para impulsar un proyecto de Nación. En consecuencia, el mismo Estado es puesto en conflicto.

Si partimos de que gobernar es aspirar a ordenar la sociedad creando homogeneidades sociales desde las condiciones laborales y productivas –o, como decía Péron, “gobernar es crear trabajo digno”-  entonces en sociedades como la Argentina, donde el único instrumento de homogenización es rígido y está basado en un orden laboral que sólo incorpora al 45% de la población a través de derechos “universales”, cabe esperar gobernabilidades débiles y conflictos crecientes. Por otra parte, y de cara al futuro, ya vimos que el intento de volver a articular el todo social, restaurando la vieja “sociedad del pleno empleo”, tiene dificultades estructurales para materializarse. 

Es imperioso, entonces, flexibilizar los criterios de homogenización social para que evolucionen y reconozcan nuevos modos de trabajo y producción. Como dijimos, el componente heterogéneo de la sociedad argentina trabaja en condiciones materiales precarias e informales donde se observan subjetividades etéreas, que van desde la reivindicación de valores comunitarios, sociales y solidarios, expresados en las prácticas de la economía popular, pasando por sectores donde los valores capitalistas de la competencia, individualismo y meritocracia son dominantes en una economía informal que reniega del proyecto reflejado en el Estado; hasta subjetividades con reivindicaciones neo-fascistas que reivindican prácticas violentas y autoritarias. 

Alejar el fantasma del odio y el autoritarismo requiere volver a homogeneizar lo social, con derechos universales basados en la dignidad del trabajo, la reciprocidad y la responsabilidad hacia la comunidad. Para esto es necesario extender los criterios de formalización y reconocer un modo de producción y trabajo masivo en los sectores populares que es la Economía Popular. Esto requiere de políticas de Estado que apunten a dotar de derechos laborales a sus trabajadores y trabajadoras, diseñar instituciones que financien sus emprendimientos productivos, reconocer jurídica y fiscalmente sus unidades productivas y fortalecer sus canales de comercialización para que sean sostenibles. Ampliar las fronteras de homogenización social permite reconstruir la idea de Nación, como un proyecto colectivo, y de un Estado soberanos cuya finalidad es el desarrollo nacional.