La presidenta de Propuesta Republicana (PRO) Patricia Bullrich, cuestionó este jueves la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de ley de integración socio-urbana de barrios populares, la cual fue sancionada originalmente en 2018. “Suspendieron el desalojo en los barrios populares por 10 años” dice la imagen de su publicación en Twitter.

“Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo.” sentenció Bullrich en el tuit. La ley fue aprobada con 227 votos, 39 de los cuales provenieron del espacio el cual preside. Entre los positivos, destacan Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo.

La reforma obtuvo apenas dos votos en contra, uno de Carolina Píparo de Avanza Libertad y otro de Francisco Sánchez, diputado del PRO de Neuquén, cercano a Bullrich. Marilú Quiroz y Gustavo Hein, ambos del PRO, fueron dos de los tres votos que se abstuvieron. Entre los ausentes, estuvieron Fernando Iglesias y Gerardo Milman, otros dos diputados afines.

La ex ministra de Seguridad fue cruzada por una funcionaria del Gobierno de la Ciudad. María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, le recordó que la norma había sido sancionada durante el gobierno de Cambiemos.

También a través de Twitter, Migliore dijo: “La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a 5 millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, y salió con el consenso de todo el espacio”. Aclaró que “de ninguna manera implica validar tomas o usurpaciones, la ley define territorios específicos de intervención, y estamos en contra de las tomas”.

Además, Laura Rodríguez Machado, otra diputada del PRO, dijo en sesión ayer: “Estamos aprobando la prórroga de una ley macrista, sancionada durante el gobierno de Cambiemos, que está destinada a urbanizar y darle dignidad a los barrios populares”. 

La diputada Silvia Lospennato hizo hincapié en Diputados que se trata de una ley que se va “convirtiendo en una política de Estado, de esas que nos faltan muchísimas en la Argentina”. En Twitter, retuiteó las declaraciones de la ministra porteña.

El proyecto que ahora se dirige al Senado, amplía los alcances del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), sumando 1271 barrios populares al registro de los 5687 ya contabilizados, así como establecer mecanismos para agilizar procesos administrativos, lograr urbanizaciones más completas y mejoras en el acceso a servicios públicos. Ante la inminencia del vencimiento del plazo de la ley del 2018, se prorrogó por 10 años la suspensión de los desalojos.

LC